La presente ley tiene por objeto adoptar medidas de prevención, protección, investigación y atención necesarias, para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de los colombianos, residentes en el territorio nacional y en el exterior, víctimas y posibles víctimas del tráfico o trata de personas, en desarrollo de los artículos 1°, 13, 16 y 17 de la Constitución Política.