Proyecto de ley que busca penas para el empleado o representante legal de empresas prestadoras de servicio de telecomunicación, de Internet o de cualquier otra red computacional, electrónica, digital o similares que sin justificación satisfactoria altere, destruya, oculte o niegue la entrega de información requerida judicialmente. La pena se incrementará de una tercera parte a la mitad cuando el objeto de la investigación tenga que ver con delitos de secuestro, homicidio, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, robo de propiedad intelectual, espionaje industrial, trata de personas, estímulo de prostitución de menores y pornografía infantil.