El Proyecto deroga, suprime y modifica algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991 y de los Decretos-leyes 2265,2271 y 2376 de 1981 y de la Ley 65 de 1993 y Ley 333 de 1996, con el propósito de suprimir todo lo relacionado con los Jueces Regionales, Tribunal Nacional y Fiscales Delegados ante ellos y de asignar jurisdicción y competencia a los Jueces Penales del Distrito. También establece como competencia de los Jueces Penales del Distrito el conocimiento de delitos graves. Por otro lado, conserva la reserva de identidad de testigos para casos excepcionales, mantiene la detención preventiva, elimina la Consulta, elimina la reserva de identidad de funcionarios judiciales y dicta disposiciones transitorias que impidan traumatismos procesales y congestión de despachos judiciales.