El proyecto de ley busca cambiar el procedimiento para la aprobación de ascensos de los oficiales de insignia de la fuerza pública. Específicamente, dicta disposiciones acerca de la aprobación de los ascensos, las hojas de vida de los candidatos, la responsabilidad de entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entre otros aspectos propios del procedimiento.