Sinópsis

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios, con participación ciudadana. La ley ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad, redistribución de ingresos y prevalencia del interés público. La Ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas, a las cuales deberá determinárselas un valor máximo de tal que siempre se preserve el interés público.