Es evidente el detrimento en la valorización que sufren los predios aledaños a los establecimientos carcelarios, con obvias consecuencias económicas para sus propietarios, además de los perjuicios en materia de seguridad, servicios públicos, contaminación ambiental y calidad de vida de los moradores del sector. Es por ello que a nadie le gusta que en su vecindario se construya un centro penitenciario y carcelario.
Este Proyecto de ley pretende compensar de alguna manera las afectaciones que sufren aquellas familias que se ven obligadas a aceptar estas condiciones de vida mediante el congelamiento, por diez años, del impuesto predial. Algo que les podrá minimizar el impacto del cambio fortuito en sus condiciones de vida.