· Comisión Segunda sesionó en la localidad de La Candelaria.

· La comunidad manifestó su preocupación por los altos índices de inseguridad, microtráfico aledaño a los colegios y universidades, habitante de calle, recuperación del patrimonio cultural y población flotante.

· Representante Tatiana Cabello se comprometió a llevar cada problema expresado por los habitantes de la localidad al Distrito.

Bogotá D.C., agosto 14 de 2017 (CD).- La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sesionó hoy en la localidad de La Candelaria, en la capital colombiana. El objetivo era abordar la grave problemática de inseguridad, microtráfico aledaño a los colegios y universidades, habitante de calle, recuperación del patrimonio cultural y población flotante. Así mismo, darle continuidad al compromiso de diálogo permanente con la comunidad y llevar los problemas expresados por la comunidad ante la administración Distrital.

“Fue una sesión enriquecedora tanto para los habitantes de la localidad de La Candelaria, como para nosotros como Representantes a la Cámara. Quedamos muy contentos porque se cumplió el objetivo: escuchar a la comunidad y contribuir a la solución de los problemas manifestados, llevándolos ante las secretarias distritales especializadas en cada tema expúesto. En efecto, vinieron representantes de diferentes sectores de la localidad, quienes manifestaron todas sus preocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con microtráfico aledaño a los colegios y universidades, habitante de calle, recuperación del patrimonio cultural y población flotante”, explicó Cabello.

Uno de los compromisos más significativos, de la Representante Cabello, fue terminar el primer ciclo de visita a las seis primeras localidades y llevar cada problema ante el gobierno distrital con el fin de trabajar en pro de soluciones. La idea es que los Representantes a la Cámara de la Comisión II sean garantes de los compromisos que se han hecho en dicho todas las audiencias públicas. El propósito es que se puedan analizar diferentes alternativas, que permitan darle solución a los problemas que se presentan en La Candelaria.

“Seguiré acercando al Congreso a todas las Localidad de Bogotá, vamos a terminar este primer ciclo de visitas con dos localidades que nos faltan y seguimos con las demás. El compromiso es visitar las veinte localidades de Bogotá”, concluyó la Representante Cabello.

Así quedó manifiesto durante el debate de control político que adelantó esta semana la Comisión Segunda de la Cámara, por citación de la Representante por el Centro Democrático Tatiana Cabello.

Según la congresista, la demanda desborda en un 54.6% la capacidad carcelaria,  siendo el norte y  el occidente del país, las regiones que presentan mayores índices de hacinamiento, con 82.3 y 79.0%  respectivamente.

Sostuvo Cabello que las inadecuadas políticas criminales del Estado que no orientan su accionar a la resocialización para bajar los índices de reincidencia y  la corrupción, que absorbe los recursos destinados para atender la situación, llevaron a que la declaratoria de urgencia manifiesta hecha hace 3 años se mantuviera en el tiempo, cuando es un mecanismo expedito para subsanar una situación puntual.

Para el representante vallecaucano por Cambio Radical, José Luis Pérez, la caótica situación tiene su origen en que se le cargó a las entidades territoriales la responsabilidad de  los sindicados, quienes están siendo atendidos con el mismo presupuesto destinado a los condenados, cuando los sindicados alcanzan a constituir el 40% de la población carcelaria.

Coincidieron  los parlamentarios en la necesidad de revisar la legislación del régimen penitenciario para revaluar la pertinencia de que sean los entes territoriales quienes asuman esta responsabilidad y ajustar el presupuesto teniendo en cuenta la totalidad de la población carcelaria.

El próximo 19 de agosto se cumpliría un año desde que el gobierno venezolano decidió, de manera unilateral, cerrar sus fronteras con Colombia. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la reapertura de la misma.  Hoy, 13 de agosto, hay paso fronterizo desde las 5:00 a.m., como se anunció después de 51 semanas.Lo preocupante del asunto es que no hubo un solo pronunciamiento que condenara la decisión del cierre. Es decir, no se hizo alusión a la manera indigna en que fueron tratados nuestros  compatriotas, ni al trato de criminales que recibieron, y mucho menos que sus pertenencias y proyectos de vida hayan sido destruidos. 

La reapertura será gradual, se dio a conocer a los colombianos. Pero, además,  está condicionada a cinco medidas que tambien fueron anunciadas.

Celebro la reapertura de la  frontera, pero condeno de manera vehemente el silencio cómplice del Gobierno Nacional,  frente a los abusos de las autoridades venezolanas. Lamento que el papel  de Venezuela como garante en los diálogos de La Habana, le dé licencia para atropellar a los nuestros.

Sobre las cinco medidas que condicionan la reapertura, existen graves incertidumbres y hay interrogantes que debo plantear.  Particularmente es cuestionable el anuncio de la creación de un documento de identificación especial para las personas que viven  en territorios de frontera. ¿Qué alcance tendrá este documento? ¿Qué derechos otorgará a los venezolanos en nuestro territorio? Específicamente pregunto si los venezolanos que portan esta tarjeta podrán votar en nuestro país. Parece claro que la decisión de abrir la frontera obedece  a la necesidad del gobierno de importar los cientos de miles de votos de los colombianos que viven en Venezuela, y no a la necesidad de resolver la crisis económica que se ha suscitado como consecuencia del cierre.

¿Y qué derechos quedarán restringidos para los colombianos que lo porten en Venezuela? Si este documento será dado de manera exclusiva a quienes puedan acreditar que viven en territorios fronterizos, ¿qué pasará con las personas que quieran cruzar la frontera y no lo porten? Es por eso que, por vía de un derecho de petición, solicitaré al Ministerio de Relaciones Exteriores que aclare estos interrogantes. No se debe tomar esta decisión, como acostumbra este gobierno, de espaldas al país.

Debemos preguntar, además, al Gobierno Nacional si tendrá el desparpajo de cobrar a los colombianos, víctimas de su silencio cómplice por un año completo,  por el documento que los identifica como habitantes de territorios fronterizos. Ya bastante daño se ha hecho en el gobierno de Juan Manuel Santos a la economía de los territorios de frontera, y a las personas que los habitan. Resulta ofensivo e indignante que se estudie si quiera la posibilidad de cobrar a los colombianos por la expedición de este documento. Europa abrió sus fronteras hace dos décadas y un lustro, pero Colombia y Venezuela dan un paso atrás y dejan el libre tránsito de dos pueblos hermanos en el pasado.

Entre las cinco medidas mencionadas está el incremento del pie de fuerza en los cruces de frontera identificados. Debemos cuestionarnos si esta medida sola no resultaba suficiente, para responder a los cuestionamientos venezolanos, con los que justificaron el cierre originalmente. Cabe preguntar si la coordinación de nuestras Fuerzas Militares y las venezolanas no era una necesidad urgente hace mucho tiempo, y sobretodo si era necesario esperar un año completo para adoptar dicha medida en virtud de poder dar reapertura a la frontera.  

El Gobierno se ufana de sus relaciones diplomáticas y ha alardeado, de manera particular, de su relación con la dictadura vecina. Pero lo cierto es que nunca, como en este gobierno, han sufrido tanto los habitantes de la frontera Colombo-Venezolana. La posición del Gobierno Nacional frente a la dictadura  ha sido cobarde y arrodillada, como lo ha sido con las FARC en sus negociaciones,  como si no pudiera independizar la diplomacia con Venezuela de los diálogos con dicho grupo terrorista.

Las cinco medidas adoptabas por el gobierno y que condicionan la reapertura de la frontera legitiman la decisión de Venezuela de haberla cerrado en un principio y justifican la perpetuación de dicho cierre. Lo que es peor, estas cinco medidas no pueden garantizar de ninguna manera que la frontera vaya a permanecer abierta y no sea cerrada de nuevo para satisfacer las necesidades políticas del dictador del vecino país, que acostumbra -como su antecesor- culpar a Colombia de todas las desgracias que causan su ineptitud y su modelo económico y político fallido.