Son ya décadas en las cuales la región del Choco ha sido transgredida con la falta de Políticas Públicas concretas, en el manejo de los recursos naturales.(Columna senadora Astrid Sánchez).
Bogotá D.C., Diciembre 12 de 2012(Columna senadora Astrid Sánchez).- No obstante múltiples actores armados han desembarcado en esta tierra para hacer de ella un eje de operaciones y constante disputa por el control de los recursos mineros, entre los cuales se destacan las grandes cantidades de oro y platino que se encuentran dispersas en el subsuelo y de cuya explotación vive aproximadamente el 80% de la población chocoana.
Esto por si solo constituye un reto al gobierno central en materia de regulación y control sobre títulos mineros; los cuales en el último año han tenido un sustancial incremento y han sido adjudicados a multinacionales, esto a su vez significando un ahondamiento en las inequidades en términos de distribución de la riqueza a los moradores de la región y a su vez motor de éxodos masivos de chocoanos al interior del país motivados por la falta de condiciones justas y equitativas a la hora de competir con la extracción industrial del oro por cuenta de estas empresas.
De otro lado, según fuentes de Minminas - Ingeominas, 154 Multinacionales ostentan 83 títulos mineros que suman 209.000 hectáreas, repartidas en los municipios de Quibdó, Rio Sucio, Bagadó, Carmen de Atrato, Medio Atrato, Acandí, Lloró, Sipi, Tadó sumado a que otras 25 empresas extranjeras tienen solicitudes en trámite de 434 títulos, que abarcan 878.000 hectáreas. Esto sin contar las 336.000 hectáreas, que el gobierno anuncio este año subastaría en territorio Chocoano con la denominación de Zonas Mineras Estratégicas, las que estamos seguros por obvias razones y por aquello del requisito del valor del canon superficiario beneficiarían solo a unos cuantos.
Serian Un Millón Cuatrocientas Mil (1.400.000) hectáreas en manos de empresas extranjeras, sin que en su adjudicación haya existido consultas a los Gobiernos Departamentales, Municipales a la Asamblea, ni a los Concejales, ni mucho menos a los líderes de Comunidades negras e indígenas, pero lo grave es, que los 47.000 Km2 de territorio, restando las áreas urbanas, casi el 40% del Departamento de ejecutarse la famoso subasta, estaría en poder de las Multinacionales.
Con todo lo anterior cabe resaltar, como las asociaciones legalmente constituidas de mineros artesanales están siendo discriminadas y marcadas como delincuentes, señalamientos que "más allá de ser ciertos" la ley los hace delincuentes y no la actividad fortaleciendo un eje de presión de diferentes actores a la hora de deslegitimar estas asociaciones, cuyas prácticas están en sintonía con el medio ambiente y por el contrario propenden por un impacto mínimo a la naturaleza en términos de contaminación y deforestación.
Por ello es claro enfatizar y analizar a profundidad la Ley 685 de 2001 la cual presenta grandes vacíos y esta no llama a consulta a las comunidades autóctonas o raizales de los sitios geográficos de explotación, para valorar los impactos tanto sociales, culturales, de afectación medioambiental y soberanía alimentaria que conlleva la explotación desmedida e industrializada que aboga por indicadores de crecimientos enmarcados en conceptos de globalización y transnacionalización de la economía. Principios que más allá de ser nuestros y novedosos no conciben la multiculturalidad y la diferencia del respeto al otro (comunidad), como una noción de un buen diseño y ejercicio de la Política Pública. Todo esto acercándonos cada vez más rápido al impacto de la Enfermedad Holandesa y los detrimentos económicos que esto conllevaría en otros sectores productivos.
Cabe mencionar como la aplicación del Artículo 1º. del Decreto 2235 del Ministerio de Defensa establece la "Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley.
Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental" esto se erige en contravía y como medida violatoria de los procesos en los cuales mineros artesanales en vía de legalización buscan la incorporación por vía legal a su actividad y se ven torpedeados al destruir su maquinaria, elemento vital para su sustento y ejerció de su única actividad económica. Es destacado resaltar como no pueden darse señalamientos de ilegalidad a los mineros artesanales por tanto si ellos se encuentran en proceso de legalización esta actividad no puede definirse como ilícita hasta tanto la Autoridad minera competente no resuelva de fondo el trámite de legalización.
El llamado al Estado es a ejercer una serie de modificaciones al Código Minero vigente o por qué no la creación de uno nuevo donde se contemplen aspectos tan importantes como la vinculación en igualdad de condiciones para los mineros artesanales o mal llamados ilegales, el respeto al medio ambiente y la forma de solventar los pasivos ambientales, ejerciendo a su vez un control sobre la prohibición de uso de mercurio para la extracción de oro y no siendo aún más importante la regulación e instrumentalización de legislatura clara para la extracción de otros minerales y sobre todo la garantía del principio de autonomía sobre sus tierras en el caso de las comunidades negras.
Cuando esta serie de factores se entretejan y sean visibles para la comunidad se podrá hablar de la "Integralidad Del Estado" y de cómo esté, en su fin más real, aboga por la inclusión de sus comunidades autóctonas garantizando respeto y un real ejercicio de soberanía a través de la buena distribución de las regalías producto de la explotación minera y más allá de eso: un reconocimiento real de sus ciudadanos en la posibilidad de que ellos estimen y evalúen los riesgos que la minería a gran escala conlleva"
Senadora Astrid Sánchez Montes de Oca
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