El 12 de octubre, día de la resistencia de los pueblos indígenas, se inició la "Minga Indígena, Social y Popular en Defensa de la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía":senadora Gloria Inés Ramírez

La Minga "acompaña una salida negociada al conflicto armado" y solicita a las FARC y al Gobierno Nacional "no suspender ni levantarse de la mesa hasta tanto no le hayan puesto fin al conflicto armado".

Así mismo, es la continuación del proceso de movilización de los caficultores, los lecheros, los arroceros, los papicultores, los paneleros, los pequeños mineros, los camioneros, los educadores, los estudiantes, el movimiento sindical y otros sectores campesinos y urbanos que han venido movilizándose en todo el país en los últimos meses en rechazo a la política gubernamental y en demanda de soluciones a sus múltiples problemas. También piden que se cumplan los acuerdos, que, como es costumbre inveterada, se firman para salir del paso y luego son burlados por el gobierno.

Otra vez, mientras los más altos funcionarios gubernamentales aseguran que son respetuosos de la protesta social, descargan contra los manifestantes el salvajismo de la fuerza pública, en particular del ESMAD, como ha ocurrido en los departamentos de Sucre, Guajira, Huila, Cauca, Valle del Cauca y otros lugares, con saldo de numerosos heridos y detenidos, al tiempo que el Presidente de la República afirma con la mayor desfachatez que todos los acuerdos están siendo rigurosamente cumplidos.

Ante esta situación, manifestamos nuestro más firme respaldo a la Minga Indígena, Social y Popular, exigimos al gobierno respetar la protesta, cumplir los compromisos adquiridos y atender las justas peticiones de los pueblos indígenas y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de la más amplia solidaridad tanto al movimiento indígena como a todos los sectores que enfrentan la reaccionaria política del gobierno de Santos y piden soluciones reales a los innumerables problemas que cada día golpean con mayor fuerza al pueblo colombiano.

Recife, Brasil

Firme defensa de los derechos de la mujer hizo Gloria Inés Ramírez ante América Latina y varios países europeos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, quien se encuentra en Recife, Brasil, participando por Colombia en la IX Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, hizo una encomiable defensa de los derechos de la mujer.

La conferencia inició el pasado 17 de septiembre y se extenderá hasta mañana sábado, cuenta con la asistencia de más de 750 personas   en representación de sindicatos  de América Latina, el Caribe y 9 países de Europa.

Por Colombia participan Fecode, Ecode, Aspu, y la congresista Gloria Inés Ramírez Ríos, quien es una de las cofundadoras  de la Internacional de la Educación para América latina y defensora acérrima de la educación.

En su ponencia Ramírez desglosó la problemática de la mujer en cuanto a la participación de esta en la política partidaria y sindical. Expresó que aunque ha habido algunos avances, siguen existiendo barreras que generan condiciones de desigualdad en los dos ámbitos.

“Resulta indispensable democratizar la esfera social para que se pueda ampliar la participación partidaria”, dijo, agregando que “es necesario que las mujeres se posicionen en las altas esferas donde se toman las decisiones públicas más importantes y en la movilización y participación social”.

En cuanto al género y mercado laboral la senadora apuntó que a pesar de las transformaciones en favor del mejoramiento del trabajo de las mujeres, persisten factores que acentúan la explotación y opresión en razón de su género, pues las trabajadoras deben afrontar múltiples situaciones de discriminación en el mundo laboral.

En América Latina el desempleo de las mujeres es un 35 por ciento más alto que el de los hombres según la CEPAL y el desempleo de las mujeres de menores ingresos es del 21 por ciento, mientras el de las de más altos ingresos es del 4 por ciento, explico la legisladora.

Participación sindical de la mujer

Según la Escuela Nacional Sindical, las necesidades, derechos e intereses de las mujeres trabajadoras han sido poco visibles en las luchas sindicales, debido principalmente a que las organizaciones se han caracterizado por ser básicamente masculinas y patriarcales y porque las mujeres sólo en los últimos años han visto la necesidad de vincularse al mundo sindical.

“Es necesario fortalecer la participación de las mujeres en los sindicatos para revertir las condiciones de discriminación en el mercado laboral expuestas. Es indispensable promover el liderazgo y la ocupación de las mujeres en espacios de toma de decisión y dirección sindical”, expresó entre otros puntos Ramírez.

Participación política de las mujeres

La participación política de las mujeres latinoamericanas ha sido una lucha constante por la ampliación del concepto de ciudadanía y un proceso de construcción de un espacio de participación en lo público y en las luchas sindicales, sociales y educativas.

La elección popular de varias mujeres para ejercer la presidencia de varios países desde 2005 marcó un punto de inflexión en la política regional. Es un logro histórico haber alcanzado esta investidura.

En Colombia existe un rezago con respecto a los avances que han tenido en los últimos años los demás países latinoamericanos, en especial durante los gobiernos de izquierda. En la historia colombiana la elección de presidentas no ha sido posible.

“Para garantizar la participación de la mujer en la política se deben implementar: leyes de cuotas de género; cuotas voluntarias en los partidos políticos y crear una bancada de Mujeres”, sentencio finalmente Ramírez

Por último la congresista abordó el tema de la relación mujer-educación para lo cual propuso entre otras cosas ampliar los derechos de la mujer en la educación construyendo para ello modelos pedagógicos con perspectiva de género.

“Las mujeres queremos el poder, pero un poder diferente, no para dominar, para coartar, para silenciar o para generar privilegios; sino un conjunto de poderes positivos que empoderen a otras mujeres y hombres en el ejercicio de su ciudadanía plena”, finalizó Ramírez Ríos.

En el día de hoy llegó al correo electrónico de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos un mensaje fechado el 10 de septiembre de 2013, a las 17:06, suscrito por la banda paramilitar Los Rastrojos, en el que hace amenazas de muerte a Iván Cepeda, Wilson Arias, Gloria Inés Ramírez y a todos los congresistas del Polo Democrático Alternativo, a Piedad Córdoba, Andrés Gil, Javier Cuadros, Alirio García y los demás integrantes de la Junta de la Marcha Patriótica, al Colectivo de Abogados, al Comité de Presos Políticos y a la Corporación Yira Castro, así como a los dirigentes Alfonso Castillo, de ANDAS;  Marco Romero, de COHDES; Rigoberto Jiménez, de la Coordinación Nacional de Desplazados y Eberto Díaz y Huber Ballesteros, de FENSUAGRO.

El comunicado tiene iguales rasgos a los de otro que fue publicado el 4 de agosto de este año por la misma banda paramilitar con graves amenazas contra numerosos dirigentes sindicales y contra varias organizaciones y personas, entre ellas, las que aparecen de nuevo en la lista de condenados a muerte bajo la acusación de ser guerrilleros y de preparar los paros campesinos por orientación de la guerrilla.

En varias ocasiones hemos advertido al gobierno sobre el riesgo de que en la medida en que avancen los diálogos de La Habana se recrudezca el sabotaje de la ultraderecha y el militarismo contra el proceso de paz, pero, en vez de atender nuestras demandas, desde las más altas esferas gubernamentales, comenzando por el Presidente de la República, lo que se ha hecho es lanzar toda clase de señalamientos y estigmatizaciones contra las justas protestas de los campesinos y otros sectores, acusándolos de estar infiltrados por la guerrilla y de propiciar desórdenes orientados por la Marcha Patriótica, que son las mismas calumnias que ahora utiliza el paramilitarismo para proferir amenazas.

El gobierno debe tomar en serio estos hechos criminales, detrás de los cuales están, sin ninguna duda, lo que durante muchos años se han lucrado económica y políticamente de la guerra y pretenden perpetuarla para seguir utilizándola en favor de sus ilegítimos y espurios intereses.

En lo que respecta a la Senadora Gloria Inés Ramírez, en varias ocasiones ha sido objeto de amenazas similares, así como de montajes judiciales y otros hechos de persecución política que sólo se explican por su compromiso inalterable con los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los oprimidos y explotados de nuestro país.

Ante la gravedad de la situación, llamamos a la comunidad internacional, en particular a los organismos de derechos humanos, a movilizar la más amplia solidaridad con los amenazados y fortalecer el apoyo al proceso de paz. Así mismo, convocamos al movimiento sindical y popular colombiano, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los demócratas a cerrar filas contra quienes pretenden impedir a sangre y fuego que podamos encontrar caminos de paz y reconciliación. 

Al gobierno, le exigimos una política firme y coherente para defender las conversaciones de La Habana, enfrentar a los criminales que sabotean los anhelos de paz de nuestro pueblo y brindarles la debida protección a los amenazados.

UTL H.S. GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2013

"Las crecientes protestas constituyen una demostración del fracaso de la política económica y social del gobierno": senadora Gloria Inés Ramírez Ríos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, en conjunto con el Gobierno de Uruguay y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organizan el encuentro internacional.

"Esto rectifica unas decisiones arbitrarias e ilegales del Consejo Nacional Electoral, pero queda pendiente el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y reparación para las víctimas por parte del Estado": senadora Gloria Inés Ramírez.

Ayer fueron los cafeteros, los cacaoteros, los arroceros y otros sectores agropecuarios; después vinieron los fabricantes de calzado

En audiencia pública organizada por la Comisión Legal para la Equidad Mujer, se presentaron los detalles del proyecto de ley "Rosa Elvira Cely", que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, pero que aún no ha sido llevado a discusión a plenaria de Senado.

En la actividad, a la que asistieron representantes de varias organizaciones sociales y mujeres independientes, fue expuesto el panorama sobre violencia contra las mujeres en Colombia.

Contexto que encuentra en el proyecto de ley "Rosa Elvira Cely" una oportunidad para el país, y aunque hace trámite en la Comisión Primera de Senado, aún no es discutido en sesión plenaria y se requiere por lo menos un debate en esta instancia para que continúe su curso legislativo.

Situación que asumirá la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer con la solicitud a la mesa directiva del Senado para que la incluyan en el orden del día de las siguientes plenarias de este período legislativo.

De acuerdo a datos de 2012 presentados por Medicina Legal, en el país cada tres días una mujer es violentada; estadística que ha puesto a Colombia en el deshonroso tercer lugar a nivel latinoamericano con casos de feminicidio.

Es por estos índices que para la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer es imperante avanzar en una legislación que disuada y prevenga el máximo delito contra el género femenino: el feminicidio; La vicepresidenta de esta célula especial, la senadora Arleth Casado (Partido Liberal), destacó que el país debe apropiarse de toda iniciativa con sustento legal para la protección de la mujer.

La senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), autora del proyecto de ley conocido como "Rosa Elvira Cely", expuso en su intervención los alcances de su iniciativa.

"No basta con que se conmuevan por un momento. Necesitamos directrices públicas que acaben con esta violencia", llamó la atención la senadora Ramírez al rememorar algunos de los hechos violentos contra mujeres registrados en el país en los últimos años.

La legisladora dijo que el objeto central de su proyecto de ley es el de tipificar el feminicidio como delito autónomo, con el que se castigue la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La iniciativa pretende modificar el Código Penal colombiano en dos artículos, donde se adiciona el concepto de feminicio y quién incurre en ese delito; además prevé dar instrumentos a los operadores de justicia para que puedan actuar con diligencia y no entren en interpretaciones que revictimicen a las mujeres.

Adicionalmente, vincula artículos que establecen causales de agravamiento de la pena y restricciones a beneficios de ley. "Estamos presionando para que hayan elementos de prevención. Aunque estos artículos están en debate, hay que consensuarlos pero buscaremos que nuestros objetivos no se pierdan", afirmó la senadora Ramírez.

Para el doctor Carlos Valdez, director del Instituto de Medicina Legal e invitado al foro, es clave el diagnóstico científico y técnico del feminicidio para que dejen de ser simples casos de "lesiones personales" u "homicidios agravados".

Valdez expuso siete compromisos de la entidad que representa con los que quieren tener un rol más protagónico que contribuya a acabar con este delito a través de la investigación, protocolos de acción y educación.

Belén Saenz, representante en Colombia de la ONU mujeres, presentó un breve informe de la Relatora Especial del organismo multilateral en el que indica que el feminicidio requiere una repuesta inmediata de todos los Estados.

Recordó que todos los miembros de la ONU están obligados a trabajar en leyes para penalizar delitos conexos contra el género femenino; "Colombia firmó la convención de ONU Mujeres para combatir violencia de género. No obstante sabemos que el acceso a la justicia es un reto. Los índices de violencia siguen presentado un incremento alarmante".

Saenz puntualizó en que el proyecto constituirá un avance significativo a acabar la violencia contra la mujer pero sugirió que "debe ser acompañado de claros procesos de implementación de justicia".

La jurista Isabel Agatón, de la organización de mujeres "Sí Justicia", asistente a la audiencia pública, dijo que esta solicitud obedece al "deber ético e inapazable de aprobación de este proyecto de ley para hacer honor de las mujeres que han muerto por el hecho de ser mujeres".

En el evento se realizó un breve acto en memoria de Rosa Elvira Cely (Q.E.P.D.), víctima mortal en un hecho de violencia de género el año pasado en Bogotá.

Prensa Senado

"La Ley 789 atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales": senadora Gloria Inés Ramírez.

El 16 de abril del presente año, la Comisión Séptima de Senado aprobó en primer debate la ponencia presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos (PDA), al Proyecto de Ley No. 82 de 2012 Senado, "Por la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo, de la Ley 789 de 2002".

De esta manera, si el proyecto se convierte en ley, se eliminarán las normas sobre flexibilización de los contratos laborales, ampliación de la jornada laboral y recorte de los pagos adicionales por horas extras dominicales, festivos y desvalorización de los contratos de aprendizaje, y se establece que la liquidación de las vacaciones en dinero se hará con base en el último salario devengado.

La ponencia de la senadora Gloria Inés se fundamentó en el parágrafo del artículo 46 de la mencionada Ley, que alienta al Congreso a tomar la iniciativa de presentar un nuevo proyecto cuando no se hayan logrado los efectos prácticos para la generación del empleo. En efecto, distintos estudios de varias universidades reconocidas han demostrado cómo las disposiciones han tenido un efecto marginal en la generación de empleos y, por el contrario, han contribuido a la precarización laboral. Inclusive, el entonces Procurador Edgardo Maya, señaló que la Ley 789 "atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales consignados en la Carta Política y los Tratados internacionales."

La tasa de desempleo en el mes de febrero del presente año fue de 11.8%, mientras que en el mismo mes del 2012 era del 11.9%, lo cual quiere decir que sólo disminuyó en una décima, que es una cifra ridícula, de la cual el Gobierno no debe sentirse orgulloso . Por otra parte, la Escuela Nacional Sindical ha demostrado cómo "apenas el 32% de los colombianos que trabajan, tiene condiciones de trabajo decente porque la mayor parte de los empleos de la economía son de mala calidad."

Además, más de la mitad de la población está en condiciones de informalidad. De acuerdo con el Dane, del total de ocupados, el 51.2% tenía un empleo informal. Por su parte, el Banco de la República considera trabajadores informales a los que no contribuyen a la seguridad social y de acuerdo con esta definición la informalidad está en el 62%. Estas cifras dieron lugar a que el último Informe del Panorama Laboral de América Latina de la OIT clasificara a Colombia entre los cuatro países de la región con mayor informalidad.

Ante esta realidad, el Proyecto de Ley aprobado pretende recuperar las condiciones laborales y materiales para los trabajadores con las siguientes propuestas: en primer lugar, restablecer la jornada de trabajo diurno de 6am a 6pm. En segundo lugar, restablecer los límites de los turnos de trabajo y recuperar el reconocimiento de los recargos por horas extras, dominicales, festivos y trabajo nocturno y establecer que la compensación en dinero de las vacaciones se haga con base en el último salario devengado.

En tercer lugar, el proyecto recupera el carácter laboral del contrato de aprendizaje en respuesta a algunos de los problemas por los que atraviesan los aprendices, gravemente desprotegidos desde la aplicación de la Ley 789, a fin de que se cumplan los Convenios de la OIT y se restablezca su afiliación a la seguridad social, lo mismo que el derecho a recibir una formación integral profesional y una remuneración justa por su trabajo.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado acogieron la Ponencia y la aprobaron por unanimidad, lo que representa un paso importante para la recuperación de los derechos que habían sido cercenados por la Ley 789 de 2002. No obstante, tanto el movimiento sindical como los aprendices del Sena y de otras entidades de formación profesional, deben estar alerta para que en lo que resta del trámite legislativo no se vayan a frustran los avances logrados en la Ponencia para primer debate.

Prensa senadora Gloria Inés Ramírez

El día 5 de marzo de 2013, el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, les anunció a los venezolanos y al mundo la triste noticia de que a las 4 y 25 de la tarde había fallecido el Comandante Presidente de esta nación hermana, Hugo Rafael Chávez Frías.


Inmediatamente, millones de venezolanos comenzaron a movilizarse hacia el Hospital Militar y el Palacio de Miraflores y a las calles y plazas de todo el país para manifestar su dolor y reafirmar su respaldo a la Revolución Bolivariana, mientras algunos medios de comunicación de Colombia hablaban apenas de “cientos” de personas y ponían a los micrófonos a analistas políticos de la derecha, algunos para vaticinar que lo que le espera a Venezuela es la incertidumbre, cuando no el caos. Para ellos, Chávez vivo era la causa de todos los males  y, ahora, su muerte será la causa del desastre. Es la práctica inmoral de los mercaderes de la información al servicio del gran capital nacional y transnacional.


Hugo Chávez fue un ser humano excepcional, ejemplo de militar patriota que, a diferencia de otros que actúan como verdugos de su propio pueblo, hizo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una institución comprometida con el proceso revolucionario de su país.


Durante sus catorce años de gobierno (1.999 – 2.013), el Presidente Chávez debió enfrentar los más difíciles desafíos: el golpe de Estado de 2002, un referendo revocatorio promovido por la derecha en 2004, varias huelgas impulsadas por los empresarios,  campañas difamatorias y calumniosas de los sectores más retardatarios de la prensa, la hostilidad permanente del imperialismo gringo y de sus gobiernos títeres como el de Uribe Vélez. El sueño dorado de la reacción era sacarlo del poder.


Una y otra vez, la respuesta del pueblo venezolano fue rodearlo de un respaldo firme y generoso como reconocimiento a su política nacional e internacional y a su obra de gobierno.


El Presidente Chávez recuperó para su patria la soberanía nacional y la dignidad, atropelladas durante muchos años por los imperialistas, llevó adelante un ambicioso plan de reformas democráticas en favor del pueblo y fue factor determinante de los cambios progresistas y de izquierda que se desarrollan en América Latina y El Caribe.


Rescató para su país los recursos naturales, comenzando por el petróleo, acabó los desmanes de las compañías transnacionales, puso en marcha un nuevo tipo de relaciones internacionales fundadas en la solidaridad y la independencia y bajo su influjo nacieron la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericana UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se apartan del tutelaje de Estados Unidos y avanzan en nuestra integración regional.


Fue un luchador consecuente contra la dominación imperialista y por la soberanía nacional y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Su gran preocupación fueron los pobres y desprotegidos y para ellos puso en marcha programas de educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros, que la derecha descalifica como “populismo”, pero que hicieron de Venezuela uno de los países latinoamericanos con mayores avances en políticas sociales.


Para nuestro país, a pesar de la hostilidad de la derecha y de las frecuentes descalificaciones del gobierno de Uribe, fue un factor determinante en la liberación de varios cautivos en manos de las FARC y, como lo reconoce el Presidente Santos, le hizo una gran contribución al proceso de conversaciones que se desarrollan en La Habana en procura de la paz, en donde Venezuela participa como país acompañante.


El Comandante Chávez deja para su país y para América Latina y El Caribe un legado imborrable de realizaciones, pero su mayor mérito es haber despertado la conciencia de los venezolanos y latinoamericanos que cada vez comprenden mejor el valor de la dignidad, la independencia y la justicia social y que sabrán defender las conquistas logradas,  consolidar el proceso de la Revolución Venezolana y multiplicar las luchas y las victorias a lo largo y ancho de nuestro Continente.


La profunda crisis en que se debate el capitalismo y el desastre social que está causando en todo el mundo, demuestran que es un sistema caduco mandado a recoger por la historia y que el futuro les pertenece a las fuerzas del cambio y a los procesos progresistas y revolucionarios que se desarrollan en América Latina.


En esta hora de dolor y luto, les hacemos llegar a los familiares, del Comandante Hugo Chávez, al gobierno y al pueblo venezolano nuestras profundas condolencias y nuestra más firme solidaridad y unimos nuestra voz a las de los millones de hombres y mujeres  que levantan la consigna “Chávez vive, la lucha sigue!”.


Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2013

La senadora de la República electa por el PDA y el Partido Comunista Colombiano, en el marco de la IV Junta Nacional de Fensuagro realizada el fin de la semana anterior en el municipio de Viotá, Cundinamarca, instó al pueblo colombiano a participar decididamente en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

El lanzamiento de esta nueva esperanza social se realizó con éxito en Bogotá el pasado 20 de febrero con la participación de más de 1.500 delegados de al menos 1.000 organizaciones sociales de todo el país.

En su intervención en la junta de Fensuagro la senadora criticó la mal llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, porque nunca se tuvo en cuenta la opinión de los supuestos beneficiarios, excluye de la reparación a las víctimas anteriores a 1985 y a quienes fueron despojados antes de 1991, fija un tope de 20 millones de pesos a las indemnizaciones y un plazo de 10 años para hacerlas efectivas.

“A pesar de la campaña mediática para destacar sus beneficios, los resultados son extremadamente precarios, y a la sombra de esta ley el paramilitarismo ha devenido en los “ejércitos anti-restitución”  que han asesinado a más de 70 líderes de tierras y que cometen toda clase de crímenes para que los despojadores puedan quedarse definitivamente con las propiedades de los despojados”, indicó la Ramírez.

Las anteriores leyes –anotó Ramírez- no son para darles tierra y condiciones a los campesinos para que puedan trabajar y vivir dignamente, sino de incorporarlos a los grandes proyectos agroindustriales de los capitalistas como mano de obra barata para producir biocombustibles y productos de exportación, en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Así mismo hizo con la Reforma Tributaria porque castiga fuertemente a los asalariados de ingresos medios y altos y a los sectores medios de la población. “El IVA es un impuesto regresivo, de manera que la gran mayoría de bienes y servicios de la canasta familiar quedarán gravados de forma general mediante este impuesto”, dijo.

Sobre la ampliación del fuero penal militar expresó que este  fue impuesto por la ultraderecha y el militarismo, quienes rechazan las condenas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la propia justicia colombiana, contra numerosos militares y policías, y tiene por objeto amparar con la impunidad los crímenes de la Fuerza Pública contra la población civil.

Citando al profesor Ricardo Bonilla, la congresista explicó que mientras tres millones de familias tienen apenas 5 millones de hectáreas, 3 mil grandes propietarios acumulan 40 millones de hectáreas de tierra.

En el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0.87 y el de tierras a 0.86, lo que pone a Colombia entre los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo.

A la problemática anterior la legisladora agregó que el 70% de los campesinos no tiene título de propiedad y que mientras la tierra dedicada a cultivos agrícolas sólo llega a 4.9 millones de hectáreas, hay 38.8 millones con ganadería extensiva, en manos de grandes propietarios. “Esta situación origina que en el campo el 64.5% de la población se concentra en la pobreza y el 29.2% en la miseria”, aseveró.

Frente a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, dijo que es urgente la construcción de un frente amplio por la paz para rodear el proceso frente al saboteo de la ultraderecha y el militarismo y trabajar en la construcción de propuestas para ser entregadas a la Mesa de Conversaciones de La Habana.

“Es importancia de que todas las fuerzas democráticas y de izquierda se movilicen en apoyo de las conversaciones de La Habana y en demanda de un acuerdo que corresponda a los anhelos de paz con democracia y justicia social y soberanía nacional de la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Ramírez Ríos, invitando a las y los colombianos a participar en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, para logar estos objetivos.

En el día de ayer, más de 12 mil trabajadores de la empresa Carbones del Cerrejón, en el Departamento de la Guajira, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN, después de cumplir todos los requisitos contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, iniciaron una huelga de carácter indefinido que tiene como objetivo demandar de la empresa la solución satisfactoria del pliego de peticiones presentado por el sindicato.  

Carbones del Cerrejón es propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Xtrata Glencore, que, al igual que otras empresas extranjeras dedicadas a la minería, obtienen multimillonarias ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales, la degradación del medio ambiente, el pago de escasas regalías al Estado y la sobreexplotación de los trabajadores, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de ellos están vinculados mediante formas tercerizadas de contratación.  

Desde finales de noviembre de 2012, el sindicato le presentó a la empresa un pliego de peticiones pero, luego de cumplidas las etapas de negociación previstas en la ley, no hubo acuerdo en ninguno de los puntos principales debido a la posición intransigente de los empresarios, por lo que el sindicato procedió a convocar a sus afiliados a que decidieran entre la convocatoria de un tribunal de arbitramento y la huelga. El resultado fue contundente, pues el 96.76% de los socios votó por la huelga, que a partir del día de ayer se hizo efectiva.  

Es importante destacar que el pliego de peticiones del sindicato no se limita a demandas exclusivamente laborales, sino que contempla aspiraciones muy sentidas de la población, como la responsabilidad de la empresa en el desarrollo de las comunidades, la preservación del medio ambiente, la generación de empleo decente y la dignidad de las familias de los trabajadores. En síntesis, lo que pide el sindicato es que se cumpla el mandato constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”.

Como representantes de la oposición en el Congreso de la República y como voceros de los explotados y oprimidos de nuestro país, le expresamos el más firme respaldo a la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón, les pedimos al gobierno y a los empresarios asumir una actitud que posibilite la pronta y satisfactoria solución del conflicto y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de toda la solidaridad a los trabajadores del Cerrejón y a su organización sindical SINTRACARBÓN.

Teniendo en cuenta que el 9 de febrero se celebra en Colombia el Día del Periodista, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi saludo afectuoso y mis felicitaciones por esta fecha tan importante en su vida profesional.

De manera especial, les expreso mi solidaridad a los periodistas de la prensa independiente, a quienes sufren presiones y persecuciones y a los familiares de quienes han sido víctimas de crímenes por su compromiso con la verdad y con los intereses de nuestro pueblo.

Considero que el Día del Periodista debe ser ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de una libertad real de prensa y sobre la necesidad de lograr una profunda democratización que impida la concentración monopólica de los medios de comunicación en manos de grandes grupos económicos que los ponen al servicio de sus intereses.

Por la coyuntura especial que vive el país, les hago un llamado cordial a trabajar para que los medios no sean utilizados para atizar la guerra y torpedear los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y, más bien, se pongan al servicio de la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Una abrazo caluroso para todas y todos los periodistas y trabajadores de la prensa en su día.

El periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente de la República, afirma que “llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto”. De dónde le resultan cinco meses, si las conversaciones comenzaron el 19 de noviembre del año anterior? Él, que hizo parte de las reuniones exploratoria que condujeron a la suscripción del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sabe mejor que nadie que dicho acuerdo, que apenas se limita a definir la Agenda y la reglas de juego para las conversaciones, requirió más de seis meses de trabajo (entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012), por lo que resulta desproporcionado reclamar resultados sobre los temas de fondo en el breve término de dos meses.  

El Presidente de FEDEGAN, reconocido opositor a la salida negociada, se negó a participar en el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, realizado en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre por el PNUD y la Universidad Nacional a instancias de la Mesa de Conversaciones de La Habana, y ha dicho abiertamente que “el proceso de paz no va para ninguna parte”.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal afirmó que “El proceso de paz comenzó mal”, porque no se cumplieron requisitos que, a su juicio, han debido pedírseles a las FARC antes de iniciar los diálogos, olvidando que una forma de impedir el diálogo es hacer exigencias que sólo pueden ser resueltas en la mesa de conversaciones.

No podían faltar las declaraciones provocadoras del Procurador General de la Nación, otro enemigo jurado de la paz, quien ha dicho que los guerrilleros que tengan condenas no podrán participar en política, con lo cual desconoce abiertamente el delito político.

Mientras tanto, el máximo jefe de la ultraderecha y el guerrerismo, Álvaro Uribe, ataca permanentemente el proceso de diálogos, porque para él la única alternativa aceptable es el exterminio militar de los guerrilleros o su rendición. Lo que en realidad quiere el señor Uribe es la guerra infinita que le permita seguir derivando de ella dividendos políticos.

Al comienzo de las conversaciones la organización Colombianas y Colombianos por la Paz les propuso a la partes acordar una “tregua o cese al fuego bilateral” y, desde entonces, las FARC han insistido en la propuesta, encontrando siempre la negativa rotunda del gobierno, que lo que anuncia reiteradamente es la intensificación de la ofensiva militar.

Las FARC, por su parte, ordenaron una tregua unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013, pero la reiniciación de hostilidades y la captura de algunos integrantes de la Fuerza Pública, cuya liberación ya ha sido anunciado por las FARC, les sirvió de pretexto a los enemigos de la paz para lanzar una nueva ofensiva contra las conversaciones de La Habana, cuando de lo que se trata es de una consecuencia de negociar en medio del conflicto.

La posición del Gobierno Nacional ante la andanada guerrerista del militarismo y la ultraderecha es confusa, por decir lo menos. Unas veces dice que hay“avances” en el proceso, lo que hace suponer que las cosas van bien. Otras, descalifica las propuestas de la guerrilla, hace amenazas y pone ultimátums, como el de que el Acuerdo Final debe concretarse a más tardar en noviembre de este año. Un día afirma que no volverá a referirse a Uribe y otro les pide respeto a las FARC para “la dignidad del Presidente Uribe”. Con razón, el columnista de El Tiempo, Pedro Medellín, concluye que “la negociación está en un momento difícil, más por cuenta de las interferencias y el mal manejo de los que están fuera de la mesa y del propio Gobierno”.

Lo cierto, es que no ha habido ni habrá un proceso de paz, exento de dificultades, lo que no impide que se pueda avanzar, como lo consignan las FARC en un reciente comunicado en el que dicen que “Nadie se ha puesto de pie o anunciado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdo significativos que representan avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz”.

Todos estos hechos demuestran que para que las conversaciones puedan llegar a feliz término deben sortear múltiples y difíciles obstáculos que sólo podrán superarse con la más amplia movilización de las masas para defender el proceso de paz.

Es el momento de unir todas las fuerzas partidarias de la paz en un Frente Amplio y dotarlo de una agenda de lucha para impedir que los sectores guerreristas cumplan sus objetivos de sabotear los diálogos, y hay que convertir las conversaciones en un proceso que nos conduzca a la “construcción de una paz estable y duradera”, tal como se consigna en el Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC.

El pasado 10 de noviembre, a las 8:30 a.m., FUE ASESINADO EN LA CIUDAD DE Soacha por parte de dos sujetos que lo atacaron a bala, el compañero EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, militantes del Partido Comunista Colombiano e integrante dela Marcha Patriótica, mientras departía un café con algunos amigos.

El compañero Sánchez era, además, un destacado dirigente comunal del municipio de Soacha, y su asesinato es la materialización de la campaña de calumnias y hostigamientos contra los integrantes de la Marcha Patriótica que se viene adelantando a lo largo y ancho del país por los sectores más derechistas e intolerantes.

Por eso, al tiempo que condenamos de la manera más enfática este abominable asesinato, le exigimos al gobierno adoptar medidas prontas y eficaces para proteger la vida e integridad de los militantes de la oposición, le solicitamos a la justicia esclarecer los hechos y castigar a los responsables intelectuales y materiales y llamamos a la opinión pública a movilizarse para cerrarles el paso a los criminales que siguen actuando impunemente contra quienes ejercen el legítimo derecho a disentir y a hacer oposición.

Hace algunos días, Colombianas y Colombianos por la Paz les propusieron al gobierno y a la guerrilla acordar una “Tregua Navideña” bilateral y, ante esta propuesta, las FARC respondieron desde La Habana que la estudiarían y que, en todo caso, sería el Secretariado de esa organización el que tomaría cualquier decisión al respecto.

Algunos medios de comunicación, caracterizados enemigos de la paz e incendiarios de la guerra, tergiversaron la propuesta y la presentaron como si hubiera sido hecha por las FARC, y el gobierno, por boca del Presidente de la República dio como “respuesta contundente” que “no hay tregua ni cese al fuego”, al tiempo que el Ministro de Defensa afirmó que la posición del gobierno es “no dar mayor importancia a informaciones que muchas veces no tienen coherencia”.

Así mismo, refiriéndose a los temas de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, el Presidente Santos precisó que “No estamos negociando el Estado, ni el modelo de desarrollo, ni las políticas públicas. Lo que queremos es llegar a unos acuerdos para poner fin al conflicto”.

Estos hechos demuestran que por encima de los discursos oficiales sobre una supuesta voluntad de paz, lo que prevalece en el gobierno es una férrea posición belicista y que lo que pretende es limitarse a unos “acuerdos para poner fin al conflicto”, sin ocuparse de las causas que le dieron origen, para evitar que vuelva a reproducirse.

Resulta muy preocupante la actitud cada vez más soberbia e intransigente del gobierno, que sólo considera aceptables sus propias propuestas y que descalifica permanentemente las ideas e iniciativas de los demás, sin siquiera examinarlas.

Por consiguiente, esperamos que esta no sea la posición que va a imponer en la Mesa de Conversaciones, cuyos trabajos se iniciarán el próximo lunes en La Habana, y que las partes tengan la capacidad de asumir una actitud constructiva que conduzca a unos acuerdos que sean la base de “la paz estable y duradera” de que habla el Acuerdo General suscrito el 26 de agosto de este año.

Esta situación también pone de presente la importancia y la urgencia de movilizar a la opinión pública para impedir una nueva frustración de los anhelos de paz con democracia y justicia social del pueblo colombiano.

En mi condición de Senadora de la República y como Defensora de Derechos Humanos, ante la H. Plenaria de este Órgano Legislativo, dejo constancia sobre la inconveniencia para el país y para la administración de justicia, de aprobar la reforma constitucional al Artículo 221 de la Carta Política que amplía el fuero penal militar por las siguientes razones:

1.    Es una verdad probada e incontrovertible que la aplicación del fuero penal militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, ha traído como consecuencia la más absoluta impunidad para sus perpetradores, la que a su vez ha estimulado la continuidad e incremento de dichas violaciones, razón por la cual, la Constituyente de 1991, limitó los alcances del fuero penal militar al establecer que de los delitos cometidos por la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, en otras palabras, que las violaciones a los derechos humanos no podían ser conocidas por la justicia castrense sino por la justicia penal ordinaria.

2.    De ser aprobado este esperpento jurídico, estaríamos contribuyendo a un retroceso democrático y a un desconocimiento de las decisiones jurisdiccionales que del Alto Tribunal Constitucional, que mediante la Sentencia C-387 de 1997[1], en providencia de innegable riqueza jurídica, estableció con toda precisión los límites del fuero penal militar, cuyo contenido y alcance ha sido complementado con idénticos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

3.    Igualmente se estaría desoyendo los serios y profundos pronunciamientos de Organismos Internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas y de Human Rights Watch entre otras organizaciones de derechos humanos, que de manera reiterada han sido enfáticos en considerar acertadamente, que la justicia penal militar no constituye un tribunal de justicia imparcial, independiente y eficaz en la investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos en que se encuentran incursos cientos de agentes de Fuerza Pública, como es el caso de los 3.500 “falsos positivos” que se han perpetrado en el país, especialmente durante los dos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos avances en las investigaciones y juzgamiento de los responsables, materiales e intelectuales deja mucho que cuestionar.

4.    Para quienes hemos compartido de tiempo atrás el dolor y la tragedia que enfrentan las Víctimas de Crímenes de Estado, sabemos que el empeño de fortalecer el fuero penal militar a través de reformas legales o constitucionales, tiene objetivos claros pero no declarados, aunque muy evidentes, que buscan impedir que la justicia ordinaria se ocupe de investigar los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra en que ha incurrido la fuerza pública, muchos de ellos a cambio de prebendas que ofenden la dignidad de las víctimas y la majestad de la justicia.

5.    Lo que se pretende en el fondo, de ser aprobado este nuevo Golpe de Estado a la Carta Política del 91, es la excarcelación masiva de los militares sindicados o condenados por la justicia ordinaria o, el no sometimiento a la misma de otros centenares de uniformados comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, como ha podido establecerse de los procesos que actualmente se adelantan bajo su jurisdicción, donde la dilación, la burla, la amenaza para jueces y fiscales, la estigmatización de las víctimas y sus representantes, es una táctica permanente a la que se acude, dando lugar a la más oprobiosa impunidad.

6.    Es pertinente recordar al Congreso de la República, que la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional, han trazado criterios claros y precisos en relación con la aplicación del fuero penal militar, en razón de lo cual resulta contraproducente que en una reforma se constitucionalicen los delitos que quedarían cobijados por el fuero penal militar y los que quedarían excluidos del mismo, propuesta que se anuncia desde ya como sumamente lesiva a los caros intereses de la justicia, pues pese a lo indicado al final del articulado propuesto sobre independencia e imparcialidad, el resto de normas establecen un marco de actuación que impedirá la realización de la justicia a través de un órgano independiente e imparcial.

7.    Como lo señalado de forma persistente el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch en su carta dirigida al Presidente de la República, permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios abusos, advierte de suyo la impunidad de estos hechos, por cuanto como se ha reiterado insistentemente durante todo el debate congresional que ha transcurrido en las dos vueltas para su aprobación, la justicia penal militar carece de la independencia, imparcialidad y, por ende, también de la credibilidad necesarias para asegurar que militares que cometieron abusos sean sometidos al rigor de la justicia.

8.    A su vez, la creación de un “Tribunal de Garantías Penales” de composición cívico - militar con facultades para determinar la legalidad de todas las investigaciones o procesos contra miembros de la fuerza púbica acusados por cualquier delito en el que estén comprometidos, no solo dilata la aplicación del Principio de la Debida Diligencia en las investigaciones y juzgamientos de los crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública, sino que hará más difícil la etapa de pruebas, dando lugar a la violación del principio de igualdad, de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos en favor de las víctimas.

9.    Con mucha valentía el Señor Vivanco ha expresado que el Ministro Pinzón ha intentado minimizar y soslayar la preocupación de los organismos internacionales y del Movimiento de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, sobre la remisión de los casos de “falsos positivos” a conocimiento de la justicia penal militar con el argumento de que estos no tienen “relación con el servicio”.

10.  Sin embargo, justamente el propósito de la reforma al añadir un párrafo al artículo 221 de la Carta, dispone que las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por miembros de las fuerzas de seguridad “serán conocidas exclusivamente” por la justicia penal militar. 

11.  Comentario aparte merece la pretensión de establecer una jurisdicción especial para la Policía, pues se trata de una novedosísima idea que quizás no exista en ningún otro Estado de Derecho y bajo Sistema Democrático alguno, pues se trata de un cuerpo civil que cumple funciones de protección para el ejercicio de los derechos fundamentales y de investigación para prevenir la comisión de nuevas conductas delictivas, y no de un cuerpo militar sometido a la disciplina de una jurisdicción de militares para los militares.

12.  Otro aspecto preocupante del contenido de la reforma, es permitir que violadores de derechos humanos cumplan medidas privativas de la libertad o purguen penas de prisión en instalaciones militares o agencias de inteligencia, lo que se constituye en un verdadero peligro para la sociedad, las víctimas y sus representantes, pues desde allí pueden trazarse planes en su contra, dado el privilegiado “status” y poder de que gozan en ellas. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con los verdugos del senador Manuel Cepeda Vargas.

13.  Finalmente si esta reforma se impone como se ha anunciado por los medios masivos de comunicación, el mismo Estado estaría abriendo de par en par, las puertas para que intervenga la Corte Penal Internacional por la ineficacia en la administración de justicia y por desconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado Colombiano con la Comunidad Internacional en materia de administración de justicia, de protección y reparación integral a las víctimas y del compromiso de no repetición de los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra que se han cometido de tiempo atrás por agentes del Estado.

Por todo lo anterior, anuncio mi VOTO NEGATIVO a la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo No. 07 de 2011.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer en La Haya (Holanda) el fallo sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, como respuesta a una demanda presentada por el gobierno de Nicaragua desde el año 2001.  

El fallo ratifica la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Serranilla, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño y Roncador, al norte de las islas, y Este Sudeste y Alburquerque, al sur del archipiélago, pero modifica el Tratado Esguerra Bárcenas, suscrito entre los dos países en 1928, y cambia los límites marítimos de manera que le quita a Colombia miles de Kilómetros de mar sobre los cuales venía ejerciendo soberanía, con graves consecuencias para el país, particularmente para los pobladores del archipiélago y, en especial, para los pescadores.  

El Presidente de la República, en su alocución pública manifestó al respecto que “No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el Tratado, que ella misma había declarado válido y vigente” y anunció que, aunque el gobierno es respetuoso del Derecho, “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el Derecho Internacional para defender nuestros derechos”.

Diversos especialistas en el tema, por su parte son escépticos de que el fallo vaya a ser revisado o modificado, y lo más seguro es que estamos ante un hecho cumplido, lo que no obsta para demandar de los organismos competentes nacionales esclarecer dudas e interrogantes, como la eficacia de la defensa que representó a nuestro país o el desconocimiento por parte del gobierno del concepto del Consejo de Estado en el sentido de que no era necesario acudir a los tribunales internacionales, y cuyo Presidente ha dicho recientemente que es “algo que ya se preveía desde 2007, cuando decidieron poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal internacional”. Las responsabilidades políticas, si las hay, deben quedar claras ante el país.

De todas maneras, la decisión de la Corte Internacional de Justicia crea una nueva situación en las relaciones entre Colombia y Nicaragua que debe ser abordada por los dos gobiernos de manera constructiva con el fin de resolver los problemas que surgen de la aplicación del fallo, entre ellos, el de que los habitantes del archipiélago que derivan su subsistencia de la pesca. Lo que impone la realidad es afianzar la amistad y trabajar en proyectos integracionistas que beneficien a los dos países.

Por consiguiente, al tiempo que rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia, nos oponemos a cualquier manifestación de chovinismo, pues estamos convencidos que, más allá de nuestras diferencias, el futuro de América Latina está en la unidad para enfrentar conjuntamente los retos que se nos plantean y lograr el desarrollo económico y social, la justicia social, el pleno respeto a nuestra soberanía nacional y un futuro mejor para nuestros pueblos.

En lo que respecta a los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, les expresamos nuestra solidaridad y exigimos para ellos una mayor atención del Gobierno Nacional a fin de contribuir efectivamente a la solución de sus problemas y superar el abandono a que han estado sometidos.

A partir del día de hoy, se inició en La Habana la segunda y decisiva etapa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, con el objetivo de lograr un acuerdo que posibilite una “paz estable y duradera”.

En lo inmediato, se discutirá el tema del Desarrollo Agrario Integral, y después vendrán el del fin del Conflicto, el de la participación política, el de la solución al problema de las drogas ilícitas y el de las víctimas, en el orden que sea acordado por las partes.

Aún cuando todos estos temas tienen relación directa con la política de gobierno, llama la atención que tanto el Presidente de la República como el jefe de la comisión gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, repiten con insistencia que no se van a negociar ni el modelo de desarrollo ni las políticas del gobierno, lo que plantea serios interrogantes acerca de cuál es la verdadera disposición del gobierno de comprometerse en acuerdos que vayan más allá de la desmovilización y desarme de los guerrilleros y que se ocupen de las causas que originaron el conflicto y que lo han mantenido vivo durante tantos años.

El vocero gubernamental afirma, igualmente, que “No habrá concesiones de carácter militar, ni cese del fuego, ni zonas desmilitarizadas”, que no es el momento de discursos y que lo que debe haber es “acuerdos concretos y realistas” en el menor tiempo posible. En otras palabras, que las conversaciones deben supeditarse a los afanes reeleccionistas del Presidente Santos.

Esta posición contrasta con el anuncio de las FARC, que saludamos, en el sentido de que “acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública y privada”, con el fin de “generar una medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado”.

Esperamos una actitud consecuente del gobierno para que el cese de operaciones decretado por las FARC no vaya a ser saboteado por los enemigos de la paz.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, apenas se anuncia que habrá una página web y que posteriormente se darán a conocer otros mecanismos, pero es evidente que el tema no despierta mayor interés en el gobierno, que lo que pretende es eludir la discusión de los principales problemas del país.

Si a ello se les suman los persistentes ataques de la ultraderecha, que rechaza cualquier negociación y que sólo tiene como alternativa el aniquilamiento militar de la insurgencia o su rendición, todo hace prever que el proceso estará expuesto a múltiples riesgos y dificultades, y que es urgente acompañarlo de un sólido respaldo popular y de la movilización caudalosa de las masas para conducirlo a un final satisfactorio.

Por eso, al tiempo que saludamos el inicio de la discusión de la agenda invitamos a las partes a asumir una actitud constructiva y llamamos a todos los sectores amantes de la paz a comprometerse en la defensa del diálogo y a trabajar para que sus conclusiones respondan a los anhelos de paz con democracia, justicia social y soberanía nacional, de la mayoría del pueblo colombiano.

Durante los días 14 y 15 de noviembre del año en curso se llevó a cabo en

la ciudad de Florencia la Mesa Regional de Paz, con la participación de 280

asistentes de 133 organizaciones procedentes de los departamentos de Caquetá,

Amazonas, Vichada y Vaupés, quienes entregaron importantes informes, análisis

y propuestas sobre el conflicto y sus causas y sobre los cambios que necesita el

país para superar la violencia y construir la paz.

Especialmente interesante resultó la intervención del Gobernador del Caquetá,

Víctor Ramírez Loaiza, con su tesis de que para alcanzar la “paz estable y

duradera”, se necesita primero, de manera urgente, una “paz real” que se

fundamente en el respeto al derecho a la vida, así como su iniciativa de que “si

en medio de las negociaciones no hay un silencio de los fusiles, proponemos que haya un

pacto de la prensa a nivel nacional y regional que silencie la publicidad de la guerra”.

También son de destacar sus condenas a la corrupción como uno de los factores

generadores de violencia, su invitación a las empresas transnacionales a apostarle

al proceso de paz, su llamado a la Mesa de Conversaciones de La Habana

a lograr acuerdos mínimos de respeto a la población civil y su consideración

de que “la paz no debe permitir un desarrollo económico local justo y solidario, un

fortalecimiento de la economía interna con reconversión de la producción, la protección

y restauración ambiental, el rescate de la soberanía alimentaria y, por consiguiente, la

generación de equilibrios económicos, sociales y políticos incorporando a los sectores

poblacionales excluidos”.

De esta manera, avanzan con pleno éxito las Mesas Regionales por la Paz,

convocadas por las comisiones de Paz del Senado de la República y la Cámara

de Representantes, siendo de destacar que en todas ellas los distintos sectores

participantes se pronuncian por la realización de cambios democráticos a fondo

en las estructuras económicas, políticas y sociales del país, lo que contrasta

con la posición del gobierno que considera que su política es intocable y que las

conversaciones deben limitarse a “acuerdos para poner fin al conflicto”, ignorando las causas que lo han generado.

A finales del presente mes culminará la primera ronda de las Mesas Regionales

por la Paz y luego se organizarán las relatorías para hacerlas llegar a la Mesa de

Conversaciones de La Habana, con la esperanza de que sean tenidas en cuenta

por las partes.

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo con pleno éxito en la ciudad de Sincelejo la primera mesa regional por la paz, en desarrollo de la programación hecha por las comisiones de paz del Senado de la República y la Cámara de Representantes, con el propósito de habilitar espacios para que las organizaciones sociales puedan expresar sus problemas, opiniones y propuestas para ser entregadas posteriormente a la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que sesionará en la ciudad de La Habana (Cuba).

 A esta primera cita concurrieron 350 personas en representación de 223 organizaciones, y hubo 45 intervenciones que reflejaron los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, con propuestas claras, concretas y enriquecedoras que ponen de manifiesto el interés de la opinión pública por hacer parte del proceso, por rodear las conversaciones de La Habana y por contribuir al éxito del diálogo para la paz.

En el día de mañana, una segunda mesa sesionará en la ciudad de Barranquilla y luego seguirán las de Villavicencio, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Florencia y Bogotá, para cubrir todas las regiones del país. Más adelante habrá una segunda ronda de mesas con el mismo cubrimiento, para garantizar que ningún sector se quede sin la posibilidad de participar, pues la paz no es un asunto exclusivo entre el gobierno y la guerrilla, sino un problema de la sociedad.

Este meritorio esfuerzo del Congreso de la República por aportarle su contribución al proceso de paz, cuenta con el apoyo técnico eficiente del Sistema de Naciones Unidas, que trabaja en la organización de las mesas y la elaboración de las relatorías que serán entregadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana con el fin de que sean tenidas en cuenta en las deliberaciones y en el acuerdo que todos esperamos como resultado final para acabar cerca de 50 años de conflicto interno y darle paso a una nueva era de paz estable y duradera para todos los colombianos.

Desde hace más de 15 días, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial organizados en ASONAL JUDICIAL adelantan un PARO NACIONAL que tiene como propósito demandar del Gobierno Nacional compromisos serios y concretos para hacer efectiva la nivelación salarial establecida en la Ley 4ª. de 1992.

La respuesta del gobierno al conflicto no puede ser más contradictoria y absurda, pues de una parte, el propio Presidente de la República ha reconocido la justeza de las peticiones y, de otra, ha propuesto que la nivelación se haga en un plazo de quince años y ha declarado que el paro es ilegal.

Olímpicamente se olvida de que el que está en la ilegalidad desde hace veinte años es el gobierno, que no ha cumplido con la ley 4°, que los trabajadores del Poder Judicial se vieron forzados a ir al paro precisamente porque sus innumerables peticiones nunca fueron resueltas, es decir, que lo que están haciendo es ejercer el derecho a la protesta consagrado por la Constitución Política Nacional, y que la facultad de calificar las huelgas no le corresponde al gobierno, sino al Tribunal del Distrito Judicial competente, según la Ley 1210 de 2008.

Resulta insólito que mientras ASONAL JUDICIAL propone un plazo razonable de cuatro años para hacer la nivelación salarial, el gobierno tenga la osadía de pedir quince años más para cumplir con el mandato legal. En qué país del mundo se necesitan 35 años para darle cumplimiento a una norma que se supone es de ejecución inmediata? Cuántos empleados y funcionarios habrán muerto, o se habrán jubilado o habrán salido del Poder Judicial en los pasados 20 años, sin que se les haya reconocido el derecho a la nivelación? Cuántos más tendrían que correr igual suerte en los próximos 15 años, de prosperar la propuesta del gobierno?

Ante esta situación a todas luces injusta y arbitraria, respaldamos firmemente la justa lucha de ASONAL JUDICIAL, exigimos al gobierno cumplir sus obligaciones legales en vez de amenazar y sancionar a los trabajadores y llamamos al movimiento sindical y a la opinión pública a rodear de la más amplia solidaridad a los servidores de la Rama Judicial.

1. No tiene carácter abortivo sino anticonceptivo,
2. Su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto,
3. Las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y
4. Hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.

En el día de hoy se instala en Oslo, la capital de Noruega, la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el fin de desarrollar la Agenda prevista en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito en la ciudad de La Habana (Cuba).  

Se trata de un hecho de la mayor importancia para nuestro país, que es el resultado de prolongadas luchas y grandes esfuerzos del movimiento popular por conseguir que se aceptara que la única alternativa sensata para ponerle fin al conflicto interno que durante medio siglo nos ha afectado tan gravemente, es la salida negociada.  

Aunque el temario de conversaciones tiene limitaciones evidentes, puesto que deja al margen problemas muy sentidos por la mayoría del pueblo, el Acuerdo General prevé mecanismos de participación que puedan posibilitar que sean tratados, por lo que es necesario organizar la participación popular y la elaboración de propuestas para ser presentadas a la Mesa, a fin de enriquecer el diálogo y procurar que sean acogidas, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz que esperamos la mayoría de los colombianos debe incluir los cambios económicos, políticos y sociales que ataquen las causas que generaron el conflicto e impidan su reproducción.

No ignoramos que el proceso que se inicia tiene poderosos y agresivos enemigos que buscarán por todos los medios, como lo han hecho en otras ocasiones, torpedear el buen suceso de las conversaciones. Es deber del gobernó otorgar las debidas garantías para la movilización del pueblo y adoptar todas las medias encaminadas a impedir los sabotajes y provocaciones de los enemigos de la paz.

Saludamos alborozados la iniciación de las conversaciones y llamamos a los sectores democráticos y de izquierda y a todos los partidarios de la paz a rodear el proceso, a promover la participación y a organizar la movilización para que Colombia pueda, por fin, conquistar la paz con democracia y justicia social tan largamente esperada.

En los últimos días se ha recrudecido la persecución oficial contra sectores de la oposición política. El 13 de septiembre fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el dirigente de la Marcha Patriótica Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en momentos en que iba a tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Barcelona (España), en donde debía iniciar una gira por Europa para dar a conocer la importancia del diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Luego de permanecer varias horas retenido por la policía y gracias a la intervención de la Ex senadora Piedad Córdoba y otros dirigentes de Marcha Patriótica, Andrés Gil fue dejado en libertad al no encontrarse ningún requerimiento judicial en su contra.

Al día siguiente fueron detenidos en el Departamento de Antioquia Juan Alberto Galeano Ruíz, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz y familiar de la Ex senadora Piedad Córdoba; Ana Francisca Pérez, del movimiento Marcha Patriótica, y Luz Helena Hernández. Según declaraciones del Director General de la Policía, José Roberto León Riaño, los detenidos pertenecen al Frente 36 de las FARC y están acusados de la comisión de diversos delitos.

Que sepamos, ninguna autoridad los ha juzgado ni ha demostrado que las sindicaciones que se les hacen corresponden a la verdad; sin embargo, han sido presentados públicamente por el Director de la policía como peligrosos terroristas, sin el menor derecho a controvertir tan grave acusación.

Estos hechos son demostrativos de la doble moral que caracteriza al régimen dominante, que dice tener la mejor disposición para la solución negociada del conflicto y anuncia que habrá plenas garantías para la oposición, pero en la práctica continúa con la misma campaña macartista y de persecución que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez.

Ante esta situación, manifestamos nuestro enfático rechazo a la persecución contra la Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianas por la Paz y otras organizaciones, exigimos respeto al derecho a disentir y hacer oposición y demandamos del gobierno contribuir a la creación de un clima favorable a la negociación para ponerle fin al conflicto que por tantos años ha golpeado a nuestro país.

Al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con quienes son víctimas de atropello oficiales, llamamos al movimiento popular a respaldar el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC y a demandar las debidas garantías para que pueda conducir a un acuerdo que garantice la paz con democracia y justicia que anhelan la mayoría de los colombianos.

Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2012

Me permito dejar la presente constancia en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, en relación con el Proyecto de Ley No.  193 de SENADO, 096 de 2011 –CÁMARA-.“Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”

El objetivo del proyecto de Ley de modificar la Ley 975 de 2005 tiene buenas iniciativas en el marco de coordinar las leyes existentes en materia de justicia transicional y reparación de víctimas. Estamos de acuerdo con la incorporación del criterio de priorización de casos que implica establecer un orden para realizar la investigación de los hechos delictivos mayores. Lo cual, sería compatible con las obligaciones internacionales  del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar penalmente las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia.

Sin embargo, rechazamos la interpretación de dicha priorización como un sinónimo de selección de casos, dado que ello implica renunciar a unos por investigar otros, criterio que generaría impunidad e iría en contra de los derechos de reparación integral de las víctimas. Adicionalmente, considero que debería evaluarse con mayor detenimiento el siguiente punto del proyecto de Ley:  el artículo 24 que introduce un nuevo artículo 23ª sobre Reparación Integral en la Ley 975 de 2005 que dice que las todas las víctimas serán reparadas de conformidad con el modelo contemplado en la Ley 1448 de 2011.

Este artículo olvida los problemas que ha presentado la reparación de las víctimas contemplada en dicha Ley, que acogió inicialmente una visión bastante estrecha del concepto de reparación, cuyo núcleo central está constituido por la  denominada indemnización por vía administrativa que implica un contrato de transacción entre la víctima y el gobierno, en donde ésta debe renunciar a futuros procesos judiciales o litigios para poder obtener un pago por concepto de su victimización.

Esta visión demasiado limitada de lo que significa la reparación implica la renuncia a la justicia, lo que profundiza el estado de cosas inconstitucional producido por la recurrencia de la vulneración de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado ante los cuales ha fallado la Corte Constitucional en varias sentencias como la T-025 de 2004.

Además, la aplicación de la medida de indemnización administrativa ha tenido distintos problemas advertidos por el Informe conjunto de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.[1] Entre ellos cabe destacar lo siguiente:

1.    No existe claridad en las normas existentes: Decreto 1290 de 2008 reglamentario de la ley 975 de 2005 y la aplicación del Decreto 4800 de 2011 reglamentario de la Ley 1448 de 2011 sobre la manera de tasar la indemnización administrativa. Es preocupante que tampoco las víctimas cuenten con información precisa respecto de su situación y los procedimientos de pago. 

2.    Las distintas medidas establecidas por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 plantean un escenario de reparación administrativa con recursos insuficientes para realizarla en la práctica de manera efectiva teniendo en cuenta lo que se estableció en el Conpes 3726 de 2012.

3.    El enfoque que ha adoptado el Gobierno otorga prioridad a la adopción de criterios fiscales de “sostenibilidad fiscal” más que a la satisfacción y restitución efectiva de los derechos de la población desplazada.

4.    Por otra parte, las indemnizaciones administrativas han sido guiadas por el criterio del “menor costo posible” y se han reducido cada vez más: “Al comparar el decreto 1290 de 2008 con el decreto 4800 de 2011 de siete hechos victimizantes seis fueron tasados con los mismos montos, salvo en el caso del delito de desplazamiento forzado en que la reparación administrativa pasó de 27 SMLV a 17 SMLV”[2]

5.    Existe una tendencia cada vez más creciente a reconocer menos población en situación de desplazamiento, sin que exista claridad de las razones por las cuales esto sucede. Lo que da cuenta de un subregistro de la población víctima de la violencia y en consecuencia vulnera la restitución de sus derechos.

6.    La indemnización administrativa ha implicado el desconocimiento de la dimensión de la reparación por daños morales causados por el conflicto armado que no se pueden solucionar solamente con un “contrato de transacción” de bienes o dinero.

Por estas razones resulta preocupante que el Proyecto de Ley en curso adopte el mismo modelo de reparación de las víctimas establecido en la Ley 1448 sin tener en cuenta las falencias del mismo. Por lo tanto, aunque la iniciativa legislativa  tiene aspectos positivos al pretender articular la Ley 975 de 2005 con la Ley de Víctimas aún tiene bastantes puntos grises que deben aclararse.

En relación con la aprobación por parte de la sesión plenaria del Senado de la República del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2013, en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, me permito dejar la siguiente

CONSTANCIA:

Ante la imposibilidad de hacer un examen exhaustivo de la totalidad del Presupuesto General de la Nación, me limito a señalar algunos aspectos que considero de especial importancia:

1.    No obstante las afirmaciones del Gobierno sobre la concepción social del presupuesto, al examinar las cifras se encuentra un divorcio considerable con la realidad, como lo demuestra el hecho de que 45.5 billones, que representan más del 17% del Presupuesto, se destinan al servicio de la deuda pública, y 26.5 billones son para seguridad y defensa, es decir, para la guerra, de manera que sólo estos dos rubros, que, a nuestro juicio, nada tienen que ver con el gasto social, suman más de la tercera parte del presupuesto nacional.

2.    La población vulnerable y las víctimas de la violencia, frecuentemente sirven de temas para hacer discursos políticos, pero el tratamiento presupuestal dista mucho de concordar con las palabras. En efecto, el presupuesto destinado para la población vulnerable y desplazada es insuficiente para la reparación de las víctimas de la violencia.

En el caso de las víctimas, la asignación aprobada es mucho menor a los $13.5 billones de pesos que distribuyó el Conpes 3712 en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 para la indemnización administrativa, el subsidio de vivienda y demás programas que ya había advertido la Contraloría eran insuficientes para cumplir con los efectos de reparación integral.

La estrategia central del Gobierno para atender a la población vulnerable sigue siendo el Programa Familias en Acción, que alcanzó cubrir 2.235.065 de familias de los niveles 1 y 2 del Sisbén en 2010^[1] y 364.579 familias desplazadas en el 2011^[2], mientras la Red Unidos ha acompañado a 1.406.926 familias en extrema pobreza y desplazadas, que también hacen parte del programa Familias en Acción.^[3] Sin embargo, estos niveles de cobertura son insuficientes si se comparan con las 4.974.786 familias en situación de pobreza, 1.789.793 en situación de indigencia^[4] y 1. 228.894 familias desplazadas.^[5] 

Además, tales programas no van más allá del asistencialismo, en la medida en que no rompen con el ciclo de la pobreza ni con la desigualdad, sino más bien mantienen a las familias en un umbral tolerable de la misma, sin brindar soluciones estructurales basadas en garantía de derechos y mejoramiento de ingresos.

Su bajo costo de inversión, que corresponde al 0,3% del PIB para Familias en Acción y 0.1% del PIB para la Red Unidos,^[6] se compensa con los altos réditos políticos que genera la utilización de estos programas en las contiendas electorales en favor de los partidos de gobierno.^[7]

De otra parte, en la distribución del presupuesto se puede ver cómo para los demás programas sociales, como subsidios a ancianos indigentes, atención a invalidez y otros, los recursos son paupérrimos para brindar una verdadera protección social a quienes por su situación de vulnerabilidad requieren la atención del Estado a través de políticas integrales que hagan realizables sus derechos.

3. En cuanto a los recursos para vivienda, el presupuesto de funcionamiento para el año 2013 es de 1,3 billones de pesos, mientras que el de inversión es de 582 mil millones de pesos,^[8] lo que indica que los recursos se orientan principalmente a atender los gastos del aumento de la burocracia, antes que a la inversión en los programas del Ministerio.

Aunque el presupuesto para el programa Soluciones de Vivienda Urbana aumenta en un 25.6%, y el de Vivienda Rural, a cargo del Banco Agrario, aumenta en un 54.8%, esto se hace a costa de la disminución significativa de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, al cual se le quitan 891 mil millones de pesos. Estas cifras confirman los pronósticos de los análisis que aseguraban que los programas de vivienda “gratis” y los Macroproyectos disminuirían los recursos asignados para el Subsidio Familiar de Vivienda que administra esta entidad.

El recorte presupuestal en los subsidios hace más difícil el ejercicio del derecho a la vivienda de por lo menos 15 millones de familias que hoy soy arrendatarias y aspiran a  adquirir una vivienda propia.

El artículo 62 del Presupuesto contempla que el Subsidio Familiar de Vivienda puede aplicarse tanto en zonas rurales como urbanas para beneficiar a la población desplazada perteneciente a comunidades indígenas y afrocolombianas conforme con los mandatos legales. No obstante, el recorte presupuestal a FONVIVIENDA hará nugatorios tales beneficios.

De otra parte, el recorte presupuestal contradice abiertamente la meta del gobierno de construir un 1 millón de viviendas en el cuatrienio, 244 mil de las cuales serían Viviendas de Interés Social que tendrían el apoyo de Fonvivienda.^[9]

A pesar de que la vivienda está incluida como una de las “locomotoras”, en la distribución del presupuesto es la que tiene la menor participación, con apenas un 3.5% del presupuesto de inversión, a lo que se agrega que según el último Informe de Camacol, Colombia es el segundo país que destina un menor porcentaje del gasto público en vivienda (0.5%) del PIB en América Latina, después de Chile.^[10]

4. En materia de educación, el presupuesto aprobado para el año 2013 apenas tiene un incremento del 0.2% con respecto al del año anterior, que resulta insuficiente,   entre otras, por las siguientes razones:

·        No compensa el recorte injustificado que tuvo en el año 2012 y menos aún atiende las recomendaciones del Programa Educación Para Todos 2015, de la Unesco, que dice que debe estar entre el 6% y el 7% del PIB.

·        Una situación especialmente grave es la que tiene que ver con las universidades estatales, pues mientras el Presupuesto General de la Nación creció en un 12,2%, las asignaciones para ellas tan sólo se reajustaron en un 3.6% para funcionamiento y en un 3% para inversión, lo que en pesos constantes significa que se les congela el presupuesto, no obstante la crisis financiera que atraviesan y las necesidades que tienen de mejorar su infraestructura física y académica para elevar la cobertura y calidad de la educación. 

·        La negativa del Congreso a incrementar mínimo en 1 billón de pesos las apropiaciones presupuestales para las universidades estatales, hecha por distintos sectores universitarios, impide solventar el déficit que arrastran y que las tiene al borde de la ruina, lo que se traducirá en la autofinanciación, particularmente con el incremento de las matrículas y el desarrollo de actividades que no corresponden a su misión, afectando la calidad académica.

5. En el presupuesto no fueron incluidas las partidas necesarias para que el Gobierno Nacional pueda cumplir con la Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó pagarles a las madres comunitarias una remuneración no inferior al salario mínimo legal, lo que abre interrogantes sobre si el Gobierno tiene la decisión de cumplir este mandato.

El 18 de septiembre del presente año fueron asesinados en el municipio de Saravena (Arauca) el dirigente del Partido Liberal Juan Manuel Mogollón Reyes, ex candidato a la gobernación de Arauca apoyado por el Polo Democrático Alternativo, y el dirigente del magisterio araucano José Eder Mina, cuyos nombres se agregan a la interminable lista de víctimas del conflicto interno en el Departamento de Arauca.

Estos hechos criminales demandan explicaciones de parte de las autoridades, pues resulta inaudito que en una de las regiones más militarizadas del país los autores de los asesinatos puedan actuar con plena libertad contra la vida de las personas.

Los dirigentes asesinados eran personas reconocidas por su compromiso con los intereses populares y con la paz, lo que hace más execrable el crimen cometido contra ellos y debe motivar el más amplio repudio de toda la opinión democrática del Arauca y del país.

Condenamos de la manera más enfática el asesinato de Juan Manuel Mogollón y José Eder Mina, exigimos del gobierno medidas eficaces para proteger la vida e integridad de todos los araucanos, pedimos a la justicia esclarecer los hechos y castigar ejemplarmente a los responsables y les hacemos llegar a los familiares de las víctimas nuestra más sincera expresión de condolencia y solidaridad.