La mujer, la gran víctima

SOFÍA GAVIRIA CORREA

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”, afirmaba el Nobel de la Paz Elie Wiesel. Por eso, en este mes de mayo, el de las Madres, vale la pena revisar el panorama del maltrato a la mujer en nuestro país. Colombia es signataria de las principales convenciones internacionales en cuanto a derechos de las mujeres (Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, 1948; Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,1952; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,1966; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, “CEDAW”, 1979; Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, 1994; Convención de Beijing,1995, entre otras varias de la más alta importancia).

Sin embargo, las cifras que, a continuación, presentaremos demuestran que, aunque, cuantitativamente, la cifra de mujeres víctimas es muy similar a la de hombres, cualitativamente, la mujer ha sido mucho más victimizada y de muchísimas formas, y que, definitivamente, la mujer, especialmente la mujer víctima, no ha sido una de las prioridades de este gobierno:

- Con 4’311.599 mujeres víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres representan el 49.73% del total de sobrevivientes del conflicto. De ellas, hasta el 30 de octubre de 2016, sólo habían sido indemnizadas 377.400.

- Estadísticas conservadoras divulgadas por El Tiempo hablan de que el 92% de los menores reclutados por las Farc que sufrieron violencia sexual eran niñas. Es aberrante el caso, por ejemplo, de Héctor Albeidis Arboleda, el llamdo “Enfermero de las Farc”, acusado por desmovilizadas de haber practicado más de 500 abortos forzados.

- La Dijin reveló en su informe Sisma Mujer que en promedio cada 20 minutos una mujer es agredida sexualmente en nuestro país. Y Medicina Legal asegura que en el 85 % de los casos de violencia sexual contra mujeres, las víctimas son niñas entre los 10 y los 13 años.

- Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, más de 100 municipios de 23 departamentos tienen alerta de violencia sexual contra la mujer.

- La directora de Oxfam, Aída Pesquera, calcula que, durante los cinco primeros años del gobierno Santos, 875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual (violación, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social).

- Aunque, en el RUV, están registradas 18.544 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual (de las cuales, hasta el 24 de mayo de 2017, la UARIV sólo había reparado a 6.903), se dice que hay un 78% de mujeres que, por vergüenza, no han denunciado las formas de violencia de las que han sido víctimas, como indica la Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015, publicada en agosto de 2017, en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”.

Si bien estos son los reflejos más dolorosos del machismo y la violencia contra la mujer que este gobierno no ha sabido enfrentar, detrás de esto están la discriminación laboral, social y política, que no podemos soslayar y que merecen, cada una, varias columnas con estadísticas igualmente escandalosas. “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”: es el llamado de Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU.

Estoy segura de que, con el compromiso de Iván Duque y de su coequipera Marta Lucía Ramírez, acabar con la distorsión cultural del machismo, que se refleja en tantas violaciones de los derechos de las mujeres, será una prioridad para el gobierno y que lograrán desarrollar una campaña real y efectiva de igualdad entre hombres y mujeres, seguridad, justicia y protección eficaz contra las mujeres más vulnerables. Por eso, todas las mujeres colombianas y los hombres con criterio de equidad deben apoyar esta fórmula.

* Senadora de la República

La impopularidad del presidente Santos registrada en las últimas encuestas nacionales refleja el descontento general por la falta de coherencia del Gobierno en materias tales como la tributaria, la de seguridad, la del respeto a las decisiones del constituyente primario, la de la justicia, la de la propiedad privada, la del medioambiente, la de la inclusión, la de la corrupción y la de las víctimas. A estas hay que sumar la inconsistencia de un discurso de descentralización, precisamente desde el gobierno más centralista que hemos tenido desde los tiempos de Núñez, que diezma cada día más la autonomía de gobernadores y alcaldes y centraliza los recursos en los bolsillos de los ministros, con miras a un año de elecciones.

Prueba de esa bipolaridad es la perorata del presidente Santos sobre la construcción del desarrollo y de la paz desde los territorios, mientras impulsa iniciativas tan centralizadoras como el nuevo proyecto de Acto Legislativo de Regalías, el cual establece adjudicar centralizadamente, desde el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, ocho billones de las regalías que, por derecho, son recursos que deben ser asignados directamente por alcaldías y gobernaciones a través de los OCAD. 

En mis visitas a las poblaciones más vulnerables de 31 de nuestros 32 departamentos, he constatado cómo, por estas mismas causas, la inmensa brecha de desarrollo que, históricamente, ha separado a las grandes ciudades y a los sectores rurales del país se ha profundizado durante este gobierno. Y este desequilibrio ha sido decisivo, justamente ahora, en el desencadenamiento de los serios paros que está enfrentando el país.

Casi todas las necesidades básicas insatisfechas que padece la población en regiones mal llamadas periféricas, como el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y buena parte del Caribe Colombiano, son reflejo del olvido que sufren esas zonas, por culpa del centralismo.  Ante un panorama semejante, caldo de cultivo de las distintas violencias, no resulta exagerada la aseveración del escritor y político gallego Alfonso Rodríguez Castelao de que “No hay más solución que el federalismo para llegar a la paz”.

Pero, contrario al derrotero de este gobierno, la descentralización debe partir de un proceso de planeación y de proyección desde los propios territorios: sólo a través de la educación para la participación responsable de las comunidades y del efectivo delineamiento de las prioridades de los territorios se puede allanar el camino.  Jalonar de manera eficiente las vocaciones económicas que cada región determine, a mediano y largo plazo, aseguraría el abastecimiento del mercado nacional e internacional en aras de garantizar una economía sólida y competitiva en cada territorio.  Al decir de De Gaulle, la descentralización es “La única vía que conduce al espíritu de empresa”.

El fracaso de la "descentralización" inscrita en la Constitución del 91, en la mayoría de los casos no se ha debido a mala fe o a corrupción de los gobernantes locales, sino a la falta de acompañamiento del Gobierno nacional y de capacitación para el manejo de los presupuestos que, por derecho, deben ser ejecutados por alcaldes y gobernadores.

Sin duda alguna, una mayor equidad en la distribución, una mayor autonomía en los presupuestos y  una mayor participación ciudadana en el manejo de los mismos generarían un desarrollo mucho más parejo en toda la geografía nacional.  Un ejemplo sobresaliente en todo el país fue el presupuesto participativo en las comunas de Medellín, que permitió la participación activa y juiciosa de cada comuna en las decisiones respecto al presupuesto de inversiones y la veeduría a su respectivo cumplimiento.

La descentralización ha sido esencial en el crecimiento de las mayores naciones del mundo, casi todas federalistas, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Bélgica, Alemania, Austria, Suiza, Italia y España, entre otras muchas de desempeño económico ejemplar. Como liberales y discípulos de Santander, que siempre preconizó las virtudes del federalismo (en la onda de autores como Montesquieu, Kant, Madison y Víctor Hugo),  estamos convencidos de la conveniencia de la consolidación no sólo de una Antioquia federal, sino de una Colombia federal. Valga la pena recordar que, en nuestro país, este tema tan importante no ha sido promovido exclusivamente en Antioquia, sino que ha gravitado siempre en departamentos como el Valle del Cauca y en regiones como la Costa Caribe, bajo el liderazgo de otro liberal comprometido con la autonomía regional, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

Como decía Tocqueville, el federalismo fue creado “para unir las ventajas diversas que resultan de la grandeza y de la pequeñez de las naciones”.  Desde el Congreso, seguiremos luchando por esa Colombia federal, donde departamentos y municipios reciban, efectivamente, los recursos que, por mandato constitucional, les corresponden, pues, para alcanzar la modernización, la competitividad, la primacía del interés general y la equidad, las regiones deben potenciarse, y la democracia, repartirse mejor.

*Senadora de la República

Codirectora del Partido Liberal

“Tenemos fe en que el Senado, a la hora de debatir, tendrá en cuenta que el apoyo al proceso de paz no puede partir de obviar a las víctimas”.

Medellín, febrero 7 de 2017.- Como explicábamos en la columna anterior, esta semana, el Senado entra a discutir el Proyecto de acto legislativo 02 de 2016 de Cámara (acumulado con el Proyecto de acto legislativo 03 de 2016 de Cámara), “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

La Cámara de Representantes lo ha debatido ya y el resultado es verdaderamente desolador para las víctimas. Es vergonzoso ver cómo, nuevamente, se aprobó priorizar a los victimarios, muy por encima de los derechos y de la dignidad de las víctimas. Por ello, como hemos anunciado desde hace algunos días, presentaré a la plenaria del Senado un bloque de proposiciones nacidas del sentir de las más de 68.000 víctimas congregadas en la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, en aras de que remita el nuevo atropello que se está configurando no sólo contra las víctimas, sino contra el grueso del pueblo colombiano y contra los principios básicos de la democracia, de la justicia y de lo que debe ser la paz.  Estas son algunas de las nuevas proposiciones que sumamos ahora a las que hemos expuesto en días anteriores:

- Los grupos ilegales que sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden tener ninguna injerencia ni en la conformación ni en el funcionamiento del Comité de Escogencia que seleccionará a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y al director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado.

- Los victimarios tienen que reparar a sus víctimas con sus bienes, colectivos e individuales, conforme al inventario de daños causados, sin condicionar a estas a reconciliarse.  

- Los victimarios deben cumplir la reparación a sus víctimas, antes de poder recibir beneficios.

- Los fondos aportados por los victimarios para la reparación deberán ser complementados con recursos estatales definidos en rubro del Presupuesto General de la Nación, priorizarán los municipios con mayor número de víctimas e incluirán recursos de cooperación.

- Los victimarios no podrán controlar los mencionados recursos.

- Deben prevalecer las víctimas y sus organizaciones sobre los victimarios en presupuesto, atención, garantías, ejecución, difusión, desestigmatización y protección en toda medida o decisión social, económica, política, judicial o humanitaria, incluido acceso a tierras, vivienda, educación, salud, vinculación laboral, contratación, planes nacionales o asignación de curules en corporaciones públicas.

- La participación de las víctimas deberá ser en proporción 6 a 1 respecto a sus victimarios o a los delegados de estos, en cuanto a la planificación, decisión, ejecución, verificación, seguimiento, evaluación, control y veeduría del desarrollo de los acuerdos y sus recursos, en toda política, programa, comisión y entidad legislativa, administrativa y ciudadana que sea creada o conformada, en razón de los mismos.

- Es precido prohíbir durante, al menos, cincuenta años, la divulgación y el uso de simbología, himnos e insignias alusivos a los grupos ilegales desmovilizados. Los diseños y la ubicación de los monumentos del posconflicto deberán ser elegidos por las víctimas y no podrán hacer apología a los victimarios.

- En el caso de los miembros de grupos ilegales que suscriban acuerdos con el Gobierno nacional, los máximos responsables no podrán ser eximidos por desconocimiento o falta de control sobre sus subordinados cuando estos hayan actuado con ocasión o en relación directa o indirecta con el grupo o por conductas donde la existencia del grupo ilegal haya sido la causa de su comisión o haya jugado un papel sustancial en la capacidad, decisión, manera o en el objetivo del perpetrador para cometer el delito.

- No pueden estar habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales o para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, que sean máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Con la misma cohesión, coherencia e independencia con que hemos librado otras batallas a lo largo de este proceso de paz, las víctimas defenderemos estas propuestas, cuya aprobación es la última esperanza que nos queda antes de tener que deplorar que las tres ramas del poder en Colombia, autistas, incapaces de hacer frente a los problemas más urgentes del país, hayan quedado sometidas a los autores de los crímenes más atroces que haya conocido nuestro continente, y no al contrario, como sería lógico en cualquier Estado de Derecho.  Como decía Montesquieu, el padre del equilibrio de poderes: “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. 

Tenemos fe en que el Senado, a la hora de debatir, tendrá en cuenta que el apoyo al proceso de paz no puede partir de obviar a las víctimas y que, si los derechos de estas no son garantizados, el éxito del proceso tampoco podrá serlo.

"La protección a los Derechos Humanos siguió evolucionando en el discurso, pero, en los hechos, pareciera que hubiera retrocedido": senadora Sofía Gaviria Correa.

Medellín, enero 17 de 2017.- "All men are born equal", es el principio base de la fundación de los Estados Unidos, esa que consolidaron Washington, Adams, Jefferson, Jackson, Franklin y Hamilton, quienes soñaron con un país en el que todos tuvieran asegurado el ejercicio de los derechos en igualdad. Para llegar a esa meta, en esa gran nación, el proceso ha sido lento: tomó más de un siglo lograr que las mujeres, los pueblos autóctonos y los afroamericanos pudieran acceder a esa igualdad. Luego, hace muy poco, les llegó el turno a las minorías sexuales, y, apenas en el último mandato, se hicieron importantes esfuerzos por que los millones de inmigrantes ilegales pudieran gozar de los derechos de todos.

Esta revolucionaria noción de igualdad, que implica una ruptura conceptual con el antiguo régimen de privilegios legales para unos pocos, fue desarrollada durante la Ilustración, especialmente por Rousseau, y fue oficializada por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos, en 1787, para, poco después, quedar eternizada en el lema de la Revolución Francesa, que clamaba por "Libertad, igualdad y fraternidad".

Ese es el gran recordatorio del presidente Obama, en el discurso de despedida que pronunció en Chicago, el pasado martes. Aunque este presidente , de profundo criterio social, para muchos no llenó las expectativas (sobre todo, en materia de política internacional y de defensa de los Derechos Humanos allende las fronteras de su país), claramente es un hombre que pone a pensar al mundo y es un líder comprometido con esos valores fundamentales que, en la política oportunista e individualista de hoy, están siendo soslayados. Valga la pena mencionar las reflexiones urgentes de la Unión Europea, en la lucha contra los nacionalismos de diferentes tipos, en aras de respetar la diversidad, siempre entendida con una base común en la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos, independientemente de sexo, raza, lengua, religión, origen, ideología política o cualquier otra característica individual.

Esa es la gran reflexión con la que comenzamos el año, luego de que, en el 2016, la protección a los Derechos Humanos siguió evolucionando en el discurso, pero, en los hechos, pareciera que hubiera retrocedido. El año pasado, a causa de la amenaza terrorista, se llegó al impensable de que las dos grandes naciones fundadoras de la Teoría del Equilibio de Poderes, Francia e Inglaterra, entraran en la lista de aquellas que avanzan en esta involución. En Inglaterra, el crecimiento del antieuropeísmo tiene en vilo al país, y, en Francia, con excusa en los atroces ataques terroristas, se sospecha que se ha llegado al extremo de permitir que la principal agencia de seguridad de ese país esté violando los Derechos Humanos, fuera del territorio de Francia, justificándose en la necesidad de defender la seguridad nacional. "La democracia puede tambalear cuando se entrega al miedo", es una de las más contundentes frases del discurso de Obama, que pueden aplicarse ante este panorama.

Esta semana, vendrán a Colombia el presidente francés, François Hollande, y el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, quienes visitarán zonas de agrupamiento de las Farc. En un mundo globalizado, los hechos no pueden leerse aisladamente. Por ello, esta visita pone a estos dirigentes europeos en la mira de si, efectivamente, su política de lucha contra el terrorismo y su defensa de la igualdad es de principios o si es una política oportunista, proteccionista e imperialista. En consecuencia, desde la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), hacemos un llamado a estos importantes líderes del Viejo Continente, para que no sólo se entrevisten con nuestros victimarios, sino, con mucha mayor razón, con nosotros, las víctimas de esos perpetradores de los hechos más atroces que conozca la humanidad.

Así mismo, apelamos al presidente Hollande y al ministro Steinmeier para que alcen su voz (de tanta resonancia en el mundo) para que, efectivamente, las Farc cesen la ejecución de hechos victimizantes, para que, en esas zonas de concentración que van a visitar, no haya más presencia de menores reclutados forzosamente por las Farc (que, desde hace tiempo, deberían estar con sus familias y en programas estatales de recuperación) y para que las Farc, finalmente, entreguen al mundo la verdad sobre el paradero de las 704 secuestradas por ellos, de quienes sus familias ignoran totalmente el sino.

El Código Penal de Francia garantiza la igualdad de las personas ante la aplicación de la ley, cuando dispone que: "Las personas que se encuentren en condiciones similares y que sean juzgadas por las mismas infracciones deben ser juzgadas según las mismas reglas". Por ende, durante la estadía en Colombia del presidente francés y del ministro alemán, los colombianos demócratas, los que creemos en el Estado de derecho y en que la Ley es para todos, tenemos el reto de transmitirles a las grandes potencias el mensaje de que ese discurso que defienden con vehemencia sobre la imposibilidad de aceptar los medios terroristas para luchar por las ideas no debe ser una responsabilidad exclusiva de los demócratas en su territorio sino en todos los territorios.

La Comisión Séptima del Senado aprobó una proposición de la senadora Sofía Gaviria Correa en el sentido de realizar una audiencia pública sobre la falta de viviendas para las víctimas del conflicto armado en Bogotá. La Capital Colombiana alberga alrededor de 600 mil víctimas, en su mayoría, desplazados.

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Luego de la refrendación del Congreso de la República del nuevo acuerdo de paz, el país empieza a girar en torno al postconflicto y en la reparación de las víctimas del conflicto armado, que suman alrededor de 8 millones de personas diseminadas en los principales centros urbanos de Colombia.


En lo relacionado al derecho a tener una vivienda, las víctimas del conflicto armado, siguen pidiendo a gritos soluciones al gobierno nacional y a los entes territoriales. Por ejemplo, en Bogotá, donde hay cerca de 600 mil desplazados, los proyectos del Distrito han sido escasos, que aún se sigue resaltando la entrega de 361 soluciones de vivienda en el Parque la Hoja, en el centro de la ciudad, en 2015.


“En Bogotá hay 600 mil víctimas registradas, ya se podrá imaginar cuál podrá ser el déficit porque la mayoría son desplazadas; las víctimas tienen que ser prioridad y habrá que ver con rigor las cifras que siempre son encontradas”, aseguró la senadora Sofía Gaviria Correa, citante de la audiencia pública.


A esa sesión que tendrá lugar en el recinto de la Comisión séptima (por determinarse la fecha), estarán citados los representantes del ministerio de vivienda y de la alcaldía de Bogotá con el fin de que rindan cuentas sobre los proyectos encaminados a proteger a las víctimas. “De los más de ocho millones de víctimas registradas, sólo han sido reparadas 590.000 (menos del 8%)”, escribió en su blog la senadora Sofía Gaviria.


El año pasado, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, informó que 43.000 familias desplazadas habían sido beneficiadas con viviendas gratuitas. La misma entidad, a finales de 2013, estimó que “el 42,5% de los hogares en situación de desplazamiento por el conflicto interno, manifestó ser arrendatarios sin contrato escrito, y sólo un 25,1% habita viviendas con títulos de propiedad”.

Por estos días, además del seguimiento al proceso de paz y a la renegociación de un nuevo acuerdo, todos los colombianos, especialmente los congresistas, nos hemos concentrado en examinar el alcance de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Y, al evaluarla, nos encontramos no con la reforma estructural que todos esperábamos, sino con una colcha de retazos.

El ministro Cárdenas ha logrado con ella lo que parecía imposible: que a un mismo proyecto se opusieran los empresarios y los trabajadores; los estratos altos y los bajos; la derecha y la izquierda. Tal vez lo más criticado ha sido la idea de castigar a la clase media y a la baja, al aumentar el IVA al 19%, en abierta contravía al programa del Santos del 2010, que declaraba que “el aumento del IVA retiene la capacidad de compra y disminuye la dinámica comercial”.

Hoy, el Ministro de Hacienda presenta esta adición como una alternativa para no gravar la canasta familiar, pero omite decir que sesenta alimentos de la misma ya están gravados con el 5% y que lo cierto es que, de todos modos, la canasta familiar, que equivale al 41% del gasto de las familias en Colombia, sí se verá afectada por esta reforma, a través del incremento que habrá en los costos de la comercialización de los alimentos, a causa del alza de la gasolina (absolutamente injustificada, como ha explicado múltiples veces mi colega y copartidario el senador Luis Fernando Velasco). Además, el IVA es un impuesto que tiene un carácter plurifásico, pues se aplica en cada una de las etapas necesarias para que los productos lleguen hasta el consumidor.

Así, en el camino, sin necesidad de gravar más la canasta familiar, esta reforma hará que los productos de la misma se encarezcan considerablemente. Si la prioridad de un país como Colombia tiene que ser la erradicación del hambre y de la desnutrición, ¿podremos lograrlo a través de una reforma que desfavorece la producción y la comercialización de los productos básicos para la alimentación de todos?

Por lo demás, la propuesta del Gobierno no hace la revisión que urge de qué debe estar y qué no en la canasta familiar, en pos de lograr una mejor aproximación a lo que debe ser gravado con el IVA. ¿Cómo justificar, por ejemplo, que los aceites refinados, las margarinas y las grasas, base para cocinar el 70% de los alimentos en Colombia, queden por fuera de la canasta familiar y, por tanto, sean gravados en un 19%? ¿Y, mientras tanto, cómo es posible que la cerveza sí sea considerada como parte de la canasta familiar? Esto sin hablar de cómo la reforma afectará a la gran mayoría de los asalariados de nuestras ciudades, que, por razones de tiempo, tienen que almorzar diariamente fuera del hogar. Estos almuerzos subirán de precio por cuenta del impuesto al consumo, a las grasas y a la gasolina. Estas son solo algunas de las muchas “cascaritas” de las cuales la reforma está plagada, las cuales, sin duda, disminuirán considerablemente la capacidad adquisitiva de nuestra clase media.

Es cierto que la Nación necesita llenar el creciente hueco fiscal al que nos tiene enfrentados la administración de Cárdenas, el cual, como se prevé, seguirá hinchándose (los más optimistas afirman que nuestra economía no crecerá más del 1% el año entrante y que su desaceleración continuará hasta el año 2022). Pero este panorama sombrío no se resuelve desestimulando la inversión, ni mucho menos obligando a todos los hogares del país a apretarse el cinturón, sino a través de estrategias alternativas, como las 22 que propusimos al Gobierno, el año pasado, para evitar la venta de Isagén.

Si el Gobierno insiste en esta reforma y sigue negándose a estudiar las otras posibilidades, especialmente las relacionadas con fortalecer la lucha contra la corrupción y con generar en la ciudadanía confianza en que los impuestos irán a donde tienen que ir y que redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de todos, los colombianos deberemos adelantar un juicio político al Ministerio de Hacienda.

Es inconcebible que, en lo que va corrido del gobierno de Santos, esta sea la tercera reforma tributaria que presenta. ¿Dónde quedó el candidato presidencial que, en el 2010, afirmaba que “Las reformas tributarias generan inestabilidad jurídica?”. Mauricio Cárdenas, dentro de su visión conservadurista, debería entender que tres reformas tributarias consecutivas son la invitación clara a salir corriendo del país o a nunca llegar a Colombia a hacer inversiones importantes en proyectos de desarrollo. En próximas columnas, seguiremos compartiendo nuestras consideraciones sobre otras amenazadoras sorpresas que nos trae la reforma.

En el Palacio de Nariño, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió con los representantes de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) para escuchar las propuestas que las víctimas de las distintas organizaciones agrupadas en la federación han formulado como aporte para una nueva negociación con las Farc.
 

Al encuentro asistieron la senadora liberal Sofía Gaviria, presidenta honoraria de la federación; Herbin Hoyos, presidente ejecutivo, y Ximena Ochoa, Reinel Barbosa, Esneida Saavedra, Luis Orlando Lenis, Sigifredo López y Derly Pastrana, entre otros, en representación de colectivos de víctimas afro, indígenas, campesinas, LGBTI, víctimas de minas antipersonales y uniformados víctimas, congregados en la federación. Por parte del Gobierno asistieron, aparte del Primer Mandatario, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara.

En la reunión, las víctimas explicaron al mandatario varios de los puntos que conforman el bloque de propuestas preliminares que pusieron en consideración del Gobierno, desde la semana pasada. Tras la evaluación de varios puntos, el Presidente de la República aseguró a los delegados de las víctimas que se comprometería, inicialmente, con los siguientes:

- Exigir la liberación de los secuestrados que estén vivos en poder de las Farc, como requisito para la renegociación.

- Buscar que las Farc entreguen las coordenadas de las personas desaparecidas por ese grupo, antes de la firma definitiva.

- El Presidente de la República se reunirá con familiares de los secuestrados y desaparecidos.

- La entrega de todos los menores reclutados por las Farc, con veeduría de la Federación.

- Se programará una reunión con la directora del ICBF, para garantizar la debida entrega de los menores, de cara al país.

- Los bienes de las Farc se destinarán a reparar a sus víctimas.

- Veeduría internacional para la búsqueda de bienes de ese grupo terrorista.

- Las medidas humanitarias continuarán mientras haya cese al fuego.

- Las víctimas discapacitadas tendrán prioridad.

- No habrá abuso o perjuicio contra ningún agricultor.

- Será protegido el territorio de los indígenas Yukpas, donde se había aceptado inicialmente establecer una zona de concentración de las Farc.

- Se promoverá una Ley de Veteranos de Guerra.

- Se condecorará a los uniformados actualmente en servicio, "porque triunfaron". "El triunfo de un soldado es la paz", aseveró el mandatario.

- No será suprimido del acuerdo el contenido correspondiente al enfoque de género y a la sensibilización frente a los crímenes de odio debido a condición sexual diversa.

Las demás propuestas de las víctimas serán llevadas a La Habana, donde serán discutidas con las Farc, para que, posteriormente, algunas de ellas sean incluidas en los acuerdos.

El Presidente de la República se refirió a la importancia de la reunión, al expresar: "Necesito la ayuda de las víctimas para que este proceso concluya lo más pronto posible (...) Hay que tener en cuenta el factor tiempo, pues no podemos permitir que las Farc comiencen a desmembrarse, antes de la firma".
 

Por su parte, la senadora liberal Sofía Gaviria invitó a los líderes de la renegociación a no actuar en clave electoral, a la hora de desarrollar esta nueva etapa, ante lo cual, el Presidente de la República asintió, expresando que "El proceso se envenena si se politiza".
 

La senadora Gaviria concluyó afirmando que "Las víctimas estamos comprometidas con la paz y buscamos que, en aras de la cristalización de la misma, nos sea concedido el espacio necesario para que se pueda afirmar que somos el centro del proceso. Esperamos que la evaluación de nuestras propuestas conduzca al equilibrio que anhelamos todos los colombianos, para que nos sintamos todos vinculados a un nuevo pacto por la paz".

Ante la plenaria del Senado de la República, la senadora Sofía Gaviria denunció el hecho de que “el señor Alejo Vargas, encargado de coordinar las propuestas de las víctimas en la Mesa de La Habana, reconoció la existencia de una política de invisibilización de las víctimas de las Farc críticas del proceso”.
 

La senadora Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y codirectora del Partido Liberal, aseguró que esto se dio a pesar de la voluntad explícita de las víctimas de las Farc por participar en el proceso “de forma independiente y empoderada”.
 

Reiteró la denuncia de que, en el 2014, la Federación Nacional de Víctimas de las Farc redactó un bloque de 33 propuestas para aportar al proceso, las cuales nunca recibieron respuesta, formal o informal, de los negociadores, para concluir protestando por el hecho de que, tras el triunfo del “No” en el plebiscito, el Presidente de la República ha aplazado dos veces una reunión prevista con líderes de las víctimas de las Farc.  Este encuentro es clave, según la congresista, para presentar una nueva serie de propuestas que las víctimas de las Farc tienen, en aras de una renegociación de los acuerdos.
 

La parlamentaria manifestó su inquietud de que se pretenda acallar a las víctimas y expresó que, en múltiples audiencias que ha presidido, se ha encontrado con víctimas que le han expresado su temor de no ser reparadas si no apoyaban el “sí” en el plebiscito.

Un congresista responsable no puede votar como firmando un cheque en blanco. Por ello, la semana pasada, rechacé que el Gobierno presentara ante el Congreso el plebiscito sin incluir la pregunta a votar. Sin embargo, como era previsible, la plenaria dio vía libre al mismo. A primera hora del día siguiente, el país conoció cual sería la pregunta. No sin sorpresa, constaté que es inductiva y equívoca, pues afirma que el acuerdo firmado es el paso necesario para “la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

No puede ser cierto que el conflicto se acabe con este acuerdo, porque en éste no están incluidos todos los actores violentos que hacen parte del conflicto. A pesar de que se puede pronosticar que, gracias a este pacto, la mayor parte de las Farc se desmovilicen y, por tanto, efectivamente, la violencia remita sustancialmente (efectos que hemos sentido desde que inició el cese bilateral de hecho), seguirán en actividad el ELN, las Bacrim, los remanentes del EPL y de las Farc y la delincuencia común. Sin vincularlos a este proceso, será imposible romper el ciclo de resolver los problemas mediante la violencia o la ilegalidad y nuestro país no podrá alcanzar las condiciones para que no florezca ningún otro conflicto violento en su seno.

No podemos olvidar, además, que la justicia tiene que ser gobernada por el principio de igualdad. Esto implica que toda persona ha de ser juzgada según las mismas reglas, sin ninguna discriminación o trato preferencial, por condición o ideología. En palabras simples: “Una Justicia que no es la misma para todos es igual que una mesa con patas, cada una, de distinta longitud: ni se puede ni se debe sostener”, como afirmara Dedi.

En consecuencia, si tienen derecho a amplias prerrogativas los máximos perpetradores de delitos de lesa humanidad en Colombia, que son los guerrilleros de las Farc, también tienen que tenerlo todos los demás que han caído en los círculos de la ilegalidad. Por ello, si las Farc son favorecidas con merced, necesitamos un perdón para todos, para que el sedimento que quede no sea la ironía de “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”, contra la que protestaba Neruda.

Al considerar todo lo anterior, debemos asumir este momento de tanta ilusión por la paz, como una entropía que es la oportunidad que tenemos que aprovechar para llevar a nuestra nación a un orden nuevo, en el cual el Estado sea capaz de garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de sus derechos y la resolución de los conflictos, a través de la administración de la justicia y no de la violencia. Entonces, es necesario hacer “borrón y cuenta nueva” y sellar un nuevo pacto social por la legalidad de todos los actores. Este pacto tiene que ser sin exclusión alguna, pues lo que necesitamos para que haya paz en Colombia es el íntimo convencimiento de todos los ciudadanos de que vivir en la legalidad nos hará desarrollar como nación y permitirá al Estado enfocar sus esfuerzos en aquello que tiene que ser lo esencial: garantizar los derechos fundamentales de sus nacionales.

Ese pacto, en aras de reiniciar el camino, no podría exigir, sin embargo, el perdón, ni mucho menos la reconciliación entre víctimas y victimarios, que se ha convertido en el caballito de batalla de los irredentos del proceso (hasta llegar al punto de que, en el acuerdo, se lee reiteradamente que la reparación de las víctimas está subordinada a una reconciliación anterior). Tras perfeccionar este nuevo pacto nacional, la ley deberá imperar con todo su rigor, no podrá haber perdón por parte del Estado y todos los organismos de Justicia deberán desarrollar su tarea con máxima eficiencia.

Por el momento, todos los dirigentes y las fuerzas del país, de la mano del Estado, tenemos que impulsar una cultura de la no violencia, un cambio general de mentalidad, un verdadero compromiso del ciudadano con la ética, un nuevo contrato social. De lo contrario, no habrá en Colombia un cambio real, ni mucho menos paz.

Ante la plenaria del Senado de la República, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa corporación, la senadora liberal Sofía Gaviria, dejó constancia de las denuncias presentadas por 32 gobernadores indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, en audiencia pública realizada por la Comisión de Derechos Humanos, en la ciudad de Medellín.  En dicha audiencia, los gobernadores, con actas de defunción como pruebas, hicieron pública la muerte, en lo que va corrido del año, de 51 niños y 11 adultos, por enfermedades prevenibles, como malaria, diarrea, vómito y tos ferina, entre otras dolencias, en su mayoría sobrevenidas por desnutrición grave.

Según los gobernadores, los casos más dolorosos se están presentando en los resguardos de Opogadó, Uva Ipogue, Pichicora y Alto Rìo Quía. “No hay puestos de salud en los resguardos, y, en la cabecera municipal, donde sí los hay, no se atiende con diligencia a los indígenas ni hay personal que hable su lengua. Para recibir atención médica, los habitantes de los resguardos tienen que hacer recorridos en canoa o en lancha, que pueden tardar entre ocho y diez horas, lo cual se dificulta notablemente cuando hay que trasladar enfermos y cuando no se cuenta con los recursos para esos complicados desplazamientos”, resumió la senadora Gaviria.

Gaviria aseveró que, tras las denuncias, la Comisión de Derechos Humanos buscará servir de puente con el Ministerio de Salud y con el del Interior, responsable de la situación de los indígenas, para encontrar las soluciones más prontas para esta crisis y anunció que “Con la misma insistencia con la que la Comisión se ha encargado de denunciar los indignantes casos de desnutrición y de fallecimientos por causas asociadas a la misma, en el departamento de La Guajira, y con la misma energía con que, esta semana, haremos nuestra sexta gran brigada de salud en ese departamento, nos desplazaremos a Bojayá y llevaremos hasta allá al Gobierno, para que, por fin, se entere de esta crisis y cumpla con las funciones constitucionales que está eludiendo”.

La congresista concluyó que “Casos como el que acabamos de exponer, donde hablamos de 51 niños fallecidos, en pocos meses, en un solo municipio, nos reafirman en la convicción de que es necesario que el Congreso ejerza, con todo vigor, control político sobre el tema de la desnutrición, no sólo en La Guajira, sino en todo el país”.

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

A pesar de que llevamos ya más de dos años manifestando nuestra indignación por la muerte de miles de niños en La Guajira a causa de la desnutrición (casi 4.800, desde el 2007, según la CIDH), y a pesar de que la prensa ha hecho eco de estas denuncias y ha instado a la indispensable reacción gubernamental y social en este caso, nos hemos enterado, con dolor, del fallecimiento por estas mismas causas, de otros tres niños Wayuu: dos de catorce meses y otro de ocho, en los últimos  días. Con el deceso de Fabiola Epinayú Uriana, serían 34 los registros oficiales de niños muertos en La Guajira, en lo que va corrido del año, por desnutrición y enfermedades asociadas a la misma. Y, en el caso específico de Fabiola, se hace, de nuevo, evidente la culpa de las autoridades, teniendo en cuenta que se produjo al día siguiente de que fuera admitida una acción de tutela contra el ICBF, para que fueran amparados sus derechos fundamentales a la vida y a la salud. 

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

Desde que la Comisión VII del Senado, de la cual formo parte, decidiera aplazar la decisión sobre un proyecto de ley que buscaba la prohibición del asbesto en Colombia, quienes tomamos esa determinación hemos sido objeto de comentarios ofensivos y poco ponderados. Quiero, entonces, compartir con ustedes las consideraciones que nos llevaron a esa deliberar en esa dirección.

Aunque, según estudios científicos internacionales, todos los tipos de asbesto son cancerígenos, el más nocivo para la salud, ese que ha causado la inmensa mayoría de los casos de enfermedades ocasionadas por este material, es el de los asbestos anfíboles. En nuestro país, estos no se utilizan desde hace tres decenios y han sido regulados por normas, como la Resolución 2400 de 1979 y Ley 436 de 1998. Desde entonces, la única variedad de asbesto manipulada en Colombia es la del crisotilo, reconocida por ser la menos nociva para la salud. 

La OMS, entre otros, señala que los trabajadores del asbesto son quienes tendrían mayores riesgos de salud relacionados con este, por manipularlo en su condición volátil y que es mínimo el impacto del asbesto en las personas que viven en edificaciones con tejas, tanques o tuberías de esta materia. 

Por ello, a la hora de emitir un concepto, es importante revisar casos como el del municipio antioqueño de Campamento, donde funciona la cantera de asbesto Bricolsa, generadora del 99.5% del recaudo municipal por concepto de Industria y Comercio. En el más de medio siglo que lleva esta cantera en funcionamiento, en ese municipio no se ha registrado ningún caso de enfermedad asociada al asbesto. Así lo han confirmado el alcalde municipal, Jorge Iván Durán, y la Dirección Local de Salud de Campamento.

En otros municipios, como Manizales, Yumbo y Sibaté, en los que operan fábricas que transforman el asbesto bajo estrictos protocolos de seguridad y salud ocupacional, la prevalencia de enfermedades ocasionadas por este también es mínima. 

Esta información hace necesario un estudio riguroso sobre el impacto del asbesto en la salud de todos los trabajadores relacionados con el mismo, no sólo para que los senadores podamos votar con base en datos claros y confiables, con los cuales no contamos, sino para asegurar que la salud de esos trabajadores no esté actualmente en riesgo.

En consecuencia, los senadores acordamos con el Ministerio de Salud adelantar, en el plazo de seis meses, dicha investigación, además de la sistematización de los estudios nacionales pertinentes que existan hasta el momento. 

Si esa investigación confirma que la prevalencia en Colombia de enfermedades causadas por el asbesto es tan baja, podría dar luces sobre las particularidades del asbesto nuestro o sobre las del modo en el que lo tratamos. Pero, si demuestra que están en peligro los trabajadores o quienes habitan alrededor de fábricas y minas, no habría que esperar cinco años para prohibir el asbesto, como propone la promotora del proyecto, sino que sería necesario hacerlo de inmediato. En tal caso, habría, además, que obligar al Gobierno, a pesar de su actual negativa, a través del Ministro de Hacienda, a destinar, con toda prontitud, la partida de sustitución de los empleos que se perderían por esta causa.

Paralelamente a esto, debemos también evaluar los sustitutos del asbesto, la mayoría de los cuales también han se encuentran en el país y han sido señalados como posibles cancerígenos.

Por otro lado, el Ministerio del Trabajo ha reconocido la eficiencia en la protección de la salud de los trabajadores, gracias a la juiciosa obediencia que ha tenido la industria del asbesto de las reglamentaciones de seguridad y prevención existentes en el país, bajo la rigurosa supervisión de la Comisión Nacional de Salud del Asbesto Crisotilo y Otras Fibras. Similares regulaciones ha impuesto la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), en los Estados Unidos, logrando el control y la seguridad suficientes para que no se haya considerado necesario prohibir el asbesto en ese país, de los llamados “desarrollados”.

Es apenas justo conceder el beneficio de la seguridad científica, al país, y el de la seguridad jurídica, a los empresarios que han invertido sus recursos en este sector y a las 65.000 familias cuyo sustento depende del mismo. Pero la disyuntiva no es entre el derecho a la vida y el derecho al trabajo, sino la de tomar decisiones basadas en datos científicos o decisiones emotivas y políticamente correctas.

Expreso mi total solidaridad con aquellos que, como Ana Cecilia Niño, han enfermado a causa del asbesto. Este es un drama que no se puede negar, y, por ello, necesitamos claridad, para lograr solucionarlo.

Quiero hacer caso omiso de las ofensas y de la estigmatización que se ha querido hacer de mi posición y creo que esta es una oportunidad para, en un ejercicio de fortalecimiento de la democracia, vigorizar los canales de comunicación con quienes disienten de mi postura. Espero que esta coyuntura permita que el Congreso y sus más duros críticos comencemos una etapa constructiva, siempre con miras a la Colombia nueva que todos anhelamos, una nación que, con el paso del tiempo y el desarrollo, logre estar libre de asbestos y de todas las sustancias que puedan ser nocivas, como lo buscara mi hermano Aníbal, quien, como alcalde de Medellín, fue el primer mandatario del país en materializar el compromiso de construir edificaciones libres de asbesto y de otros materiales tóxicos.

Espero que esa Colombia nueva que proyectamos sea un país donde las discusiones fundamentales se hagan con aplomo y con serenidad y no con insultos y con bullying a través de las redes sociales.

En una expectativa de paz, ciertamente, los colombianos tenemos que desarmar los espíritus y fortalecer nuestra capacidad de argumentación.

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado

Codirectora Partido Liberal Colombiano

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

La semana pasada, los senadores Jorge Robledo, Antonio Navarro, Iván Duque y quien escribe estas líneas convocamos a una audiencia pública sobre el proyecto de la Ley de Licores, actualmente en trámite en el parlamento.

En dicha audiencia, expertos hicieron claridad sobre la inconveniencia de ese proyecto de ley, desde el punto de vista económico, social, cultural y regional  y señalaron que, en vez de reducir el contrabando, lo promueve. En palabras del senador Jorge Robledo, este proyecto fomenta el llamado “contrabando técnico”, ese que se hace con visos de legalidad.

Uno de los temas analizados, el cual queremos resaltar, fue el de la incidencia del alcohol en la salud y el bienestar de los colombianos, el cual rara vez se aborda en el debate público, a pesar de ser una problemática que requiere atención urgente. 

Baste ver estadísticas como las siguientes: 

-      El 12,15% de las personas entre 12 y 65 años presenta un consumo riesgoso o perjudicial de alcohol.  

-      El 29,7% de los colombianos ingiere diez o más tragos de alcohol en un solo evento.

-      El 57% de las víctimas fatales en accidentes laborales estaba bajo efectos del alcohol.

-      La edad promedio de inicio de consumo de alcohol está en los 12 años.

-       El 70 % de los menores ha probado bebidas alcohólicas; el 55,7 % lo consume con cierta regularidad; al menos el 46 % lo hace en presencia de sus padres y el 51% ha comprado bebidas alcohólicas.

En este punto, quiero detenerme, pues parece que no estamos comprendiendo lo que implica ser el país más precoz de la región en alcoholismo juvenil.  Los problemas del consumo temprano de bebidas alcohólicas en Colombia afectan desde la salud, hasta la estabilidad escolar, laboral y familiar, terminando por irradiar las distintas esferas de la vida social.

El efecto más inmediato es el de la pérdida de talentos para el desarrollo del país, a causa de problemas de aprendizaje y memoria, bajo rendimiento y deserción escolar.

Sin hablar de una mayor probabilidad para los menores consumidores de licor de ser víctimas de violación, robo y agresión o de convertirse ellos mismos en agresores.

No menos graves son las dificultades sociales que pueden sobrevenir, como pérdida de productividad, problemas familiares, desempleo y conductas sexuales de riesgo.

Para, finalmente, considerar las afectaciones a la salud de los menores que puede traer el consumo de alcohol, que incluyen trastornos del sistema endocrino, gástricos y cardiovasculares, cáncer de mama, boca, garganta, esófago e hígado, presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y vulnerabilidad frente a enfermedades respiratorias e infecciones.  Además de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y hasta demencia.

Ante este panorama preocupante, se hace necesaria una gran alianza entre productores, distribuidores, reguladores y educadores, con la comunidad en general, para desarrollar planes que lleven a un consumo responsable del alcohol. Resulta paradójico que el Estado, quien detenta el monopolio de los licores en nuestro país, sea, precisamente, quien tenga que adelantar estas campañas. 

Teniendo en cuenta esto, durante la gobernación de mi hermano Aníbal Gaviria, fui partidaria de la idea de que el Departamento de Antioquia vendiera la Fábrica de Licores e invirtiera esos recursos en algún sector estratégico y altamente competitivo, como el hidroeléctrico, donde sí es moralmente aceptable y necesaria la participación del Estado.  

Diez años más tarde, el argumento ético de que no podemos tener un Estado cantinero y tahúr, para mantener la salud y la educación, sigue siendo válido, pero, mientras no se establezca una fuente alternativa para la financiación de estos servicios fundamentales, es absurdo que, de buenas a primeras, mediante normas como las que trae la Ley de Licores, se desmonte el monopolio de los licores, cuyas rentas representan cerca del 35% de los recursos propios de los departamentos.

Tenemos que lograr la racionalidad en la definición de las leyes, para alcanzar un acceso a los mercados justo, que no vulnere las finanzas de nuestros departamentos ni las de los comerciantes que le han apostado a la legalidad.  Por ello, en la próxima legislatura queremos no sólo continuar con la revisión del proyecto de Ley al que nos hemos referido hoy, sino también con la de la ley que impide a los conductores unos mínimos de consumo de licor, permitidos en naciones tan estrictas en sus regulaciones, como las europeas o en los Estados Unidos. Esa ley, presentada y aprobada en un contexto doloroso, es otro ejemplo que se sale de los parámetros racionales de los que estamos hablando. 

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado

Codirectora Partido Liberal Colombiano

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

A la hora de hablar de la ratificación de los acuerdos de La Habana, parece que los irredentos de estas negociaciones están utilizando una estrategia de “escalamiento”, hacia una generosidad ilimitada de los colombianos:  periódicamente, lanzan una idea-proyectil a la opinión pública y, cuando, por cansancio en la discusión, pareciera que el público ya está resignado a tragarse ese “sapo”, lanzan un “sapo mayor”. Y así sucesivamente, hasta alcanzar lo que han buscado desde el principio, que es lograr que los grandísimos triunfos en la negociación que han conseguido las Farc sean blindados indefinidamente. 

Veamos:

-      Al haber prometido que los acuerdos serían refrendados por los colombianos y al saber que había alto riesgo de que los mismos los desaprobaran en un referendo, el Gobierno propuso un plebiscito. Y, temiendo que el elector primario no lo acompañara en los porcentajes en que lo haría durante un gobierno de alta popularidad, dispuso que en tal plebiscito se recortara la exigencia de participación mínima, propia de toda herramienta de este tipo.

-      Considerando que, al someter la refrendación a un plebiscito acomodado, este fácilmente puede ser hundido en la Corte o en las urnas (dado el descontento de los colombianos, en cuanto al contenido de los acuerdos sobre víctimas y sobre justicia), los irredentos del proceso le apostaron a un acto legislativo que, en un país ya presidencialista, concedería poderes extraordinarios al Presidente de la República.  Ahora, la participación que quiso mutilarse no fue la del electorado, sino la de sus representantes: los parlamentarios, porque pretendía impedir que todos los congresistas que fuimos elegidos participáramos en la discusión.  Con el agravante de que formulaba para la aprobación de este acto legislativo un procedimiento expedito que se saltaba cualquier procedimiento legal utilizado en los procesos de paz anteriores.

-      Últimamente, nos hemos encontrado con el galimatías de que, además de que tengamos que tragarnos el engendro jurídico del Acto Legislativo para la Paz, algunos digan que lo pactado en La Habana debe ser un acuerdo especial que, por su propia dimensión, tenga peso de tratado internacional y sea elevado a carácter constitucional.

Ramón Elejalde Arbeláez es uno de los máximos perfiles antioqueños del humanista comprometido con los principios del Partido Liberal.  Surgió de las bases del Liberalismo en el municipio de Frontino y ha obrado, a lo largo de su vida, a nombre de nuestra colectividad, como diputado, parlamentario, profesor y decano universitario, ensayista y columnista de opinión, labores a través de las cuales se ha convertido en un pensador que hace parte de lo mejor de la inteligencia viva del Partido Liberal, modelo de la tenacidad, de la honestidad, de la dedicación, de la potencia, de la sensatez y de la capacidad directiva en favor del bien común necesarias para contribuir justamente al avance intelectual y social del país.

En su desempeño cívico, social y académico, este caballero, adalid en numerosos campos del funcionamiento de la patria, ha sabido utilizar sus aptitudes especiales para aplicarlas, además de lo teórico, a lo práctico, en el manejo de importantes procesos conducentes al desarrollo del país.

En la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, este eterno propagador de los principios liberales presentó su nuevo libro, “Don Mateo Rey”, un compendio de “crónicas de barbarie en el Occidente Antioqueño”. En él, se narran hechos reales sufridos por la población de Frontino, en los últimos tres decenios, constituyéndose en un “zoom” al drama de un municipio que se repitió, con dolor, en muchos otros municipios de Colombia, como Trujillo, Valle; El Salado, Bolívar, o Aguachica, Cesar, por sólo mencionar algunos, donde,  a causa de la ausencia de la Ley, campearon primero las diferentes guerrillas y después el paramilitarismo, mostrando todas sus aristas de horror y de sevicia.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado dio voz a los miembros de minorías religiosas victimizados en razón de sus creencias.

Bogotá D.C., abril 29 de 2016. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizó en la mañana de este viernes una audiencia pública, donde participaron representantes de diversas comunidades cristianas que han sido víctimas del conflicto en Colombia.

La organizadora de este acto público fue la senadora liberal Sofía Gaviria, quien, como víctima, ha enarbolado la defensa de las víctimas en el Congreso: “Desde la Comisión y desde la Federación de Víctimas, hemos venido adelantando actividades para denunciar el drama de los distintos grupos sociales victimizados por los actores armados: los afros, los indígenas, las mujeres, las minorías LGBTI, los empresarios del campo y los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros sectores. En esta ocasión, escuchamos, tal vez por primera vez en el Congreso, a aquellos que han sido víctimas a causa sus convicciones religiosas”.

La senadora Gaviria, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cree, además, que uno de los derechos a los que no se ha prestado suficiente atención es al de la libertad de cultos.  Al respecto, la congresista recuerda que “La carta magna establece, textualmente, en su  artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos, que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.

En el acto, se mostraron, a través de ponencias y testimonios, los distintos escenarios de victimización a diversas comunidades religiosas en Colombia y  se analizó la evolución  que, en materia jurídica, ha tenido la libertad de cultos en Colombia, destacando el aporte que la Constitución Política de 1991 realizó.

Una continua y sistemática violación de la libertad de cultos  ha sido el común denominador  en la historia de Colombia, desde la Conquista, fue la conclusión a este respecto. Sin embargo, la parlamentaria Gaviria considera que la protección de esta libertad merece ser reforzada tanto como los demás derechos fundamentales, ya que existe el respaldo constitucional y la obligación de las entidades del Estado para garantizar su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano: “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

En el evento, además, la Comisión Nacional de Mujeres condecoró a la senadora Gaviria, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y como fundadora de la Federación Nacional de Víctimas de las Farc, “por su trabajo para visibilizar a los cristianos que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia”.

La directora del ICBF, Cristina Plazas, declaró en la radio que el motivo por el cual pedí su renuncia, la semana pasada, es que el instituto por ella dirigido no ha firmado contratos en los últimos meses con la Fundación Lucerito, de la que soy cofundadora.

Es cierto que hace once años fui una de las 120 personas agrupadas para crear esta entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de auxiliar a niños y jóvenes víctimas de violencia sexual, pero desde hace más de diez años no hago parte de su junta directiva, ni tengo vínculo alguno con la entidad. Sin embargo, he seguido los pasos de Lucerito y, con complacencia, he sido testigo de cómo durante todos estos años, la fundación ha cumplido a cabalidad con su finalidad, apoyando la recuperación de 5.890 menores. En ese tiempo, ha sido la única entidad de su género en atender a víctimas menores de cinco años de edad y en operar  en zonas rurales. Por ello, me indignó enterarme de que, en diciembre pasado, 150 menores, que estaban siendo atendidos por la institución, en el Quindío, quedaron sin ninguna protección o apoyo por parte del ICBF.  La desatención a estos niños vulnerables, y no la adjudicación alguna de contratos a la Fundación Lucerito, es lo que he reprochado públicamente a Cristina Plazas.

Plazas olvidó mencionar que esta muestra de negligencia no es la razón principal por la que he pedido su renuncia.  Valga la pena hacer un veloz repaso de los motivos que he expuesto, desde hace meses, en columnas de opinión y en audiencias y debates de control político en la Comisión Séptima del Senado y en la Comisión de Derechos Humanos, que presido:

1. Cristina Plazas ha faltado a su función de rendir cuentas ante el Congreso. De las más de 19 ocasiones en las que ha sido citada a comisiones y plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado, solo ha comparecido ante el legislativo seis veces; es decir, a menos de una tercera parte de las citaciones.

2. Bajo la dirección de Plazas, se han incumplido los acuerdos gubernamentales pactados con las madres comunitarias, relacionados con contratos, salarios y prestaciones sociales. Esto ha generado una crisis que derivó en el gran paro que acaba de terminar y para el fin del cual varios congresistas tuvimos que mediar.

3. Han sido múltiples las investigaciones existentes contra el ICBF de Plazas y contra los adjudicatarios del mismo, por reiteraciones en prevaricato, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin formalidades.

4. A pesar de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor incidencia de embarazo adolescente, Cristina Plazas no ha establecido una política pública eficaz, de alertas tempranas o de prevención, en cuanto a salud sexual y reproductiva de menores: cada año, hay más de 165.000 niños nacidos de adolescentes.

5. Plazas no ha puesto en operación los mecanismos necesarios para evitar el maltrato infantil y el abuso sexual a menores, cuya estadística ha aumentado preocupantemente durante su administración. Mucho más grave esto, cuando este abuso ocurre en los mismos hogares del ICBF.

6. Cristina Plazas ha faltado a su obligación de brindar atención integral a los menores víctimas del conflicto.  

7. A causa de una mala implementación de procedimientos por parte del ICBF, las adopciones, en los últimos cinco años, se han reducido en un 62%, lo que vulnera el derecho fundamental de los niños a tener una familia.

8. El ICBF de Cristina Plazas no está brindando a nuestros niños condiciones que garanticen su derecho a la alimentación. La grave situación de inseguridad alimentaria está causando frecuentes escándalos de muertes por desnutrición en La Guajira. Esta situación se repite en Chocó, Guainía, Vaupés, Vichada, Santander y Huila, entre otros departamentos.  En 2015, se notificaron 260 muertes de menores de cinco años, por desnutrición y 808 por causas asociadas a la misma, y en las 12 primeras semanas de 2016, se registraron 53. 

9. Cristina Plazas no ha hecho lo necesario para que el país cuente con estadísticas serias y fiables acerca de la situación de la niñez en Colombia, indispensables para la racionalización e inversión adecuada de los recursos públicos.  Plazas incumplió con su deber de tener lista, para el 2014, la encuesta quinquenal de Situación Nutricional, la ENSIN, insumo básico para verificar avances y proponer acciones en seguridad alimentaria en el país.

Cristina Plazas no puede desviar la atención de la opinión pública, ni buscar crear escándalos o mantos de dudas donde no puede haberlos. Lo único cierto es que la dirección del ICBF le quedó grande y que esto ha afectado a los cientos de miles de menores y familias que deberían recibir atención integral de esa entidad.

Columna de opinión de la senadora Sofía Alejandra Gaviria.

Medellín, abril 8 de 2016. Durante tres años, senadores de casi todas las bancadas hemos acudido a todos los recursos posibles para impedir la venta de Isagén: proyectos de Ley, proposiciones, debates de control político, demandas ante tribunales, constancias de rechazo a esa enajenación, exposición de alternativas para obtener los  recursos necesarios sin tener que vender la empresa, cartas a las empresas oferentes en la venta, entre otras numerosas acciones.

El Gobierno ignoró este clamor del Legislativo y enajenó las acciones que todos los colombianos poseíamos en Isagén, una empresa estratégica para el país en términos energéticos, ambientales, sociales, de competitividad y de seguridad nacional. En consecuencia, ante el Congreso, que tiene entre sus funciones no solamente la de hacer las leyes, sino también la de controlar el buen desempeño del Ejecutivo, se propuso una moción de censura contra el responsable de la decisión de la venta de Isagén, el Ministro de Hacienda.

Aunque la moción todavía no ha sido votada, el pasado lunes, en debate en plenaria, se hizo pública la posición de la mayoría de los senadores. El resultado previsto es que será hundida esta muestra de indignación y de protesta del Legislativo, ante la falta de atención a sus recomendaciones por parte del Ejecutivo.

Desde el comienzo, fui una de las impulsoras de esta iniciativa, pero, sorpresivamente, el lunes mismo, mi partido, el Liberal, tomó la decisión de votar en bloque en contra de la moción, lo cual, conforme a la Ley de Bancadas, me imposibilita para apoyar la misma, con mi voto o con alguna intervención en el debate, so pena de perder mi investidura.

De este modo, se concluye que, en el Liberalismo, la censura no terminó siendo al ministro, sino a los congresistas que defendíamos la moción. 

Triste y sorprendente ver cómo, en contravía de la función original del senado, que es, justamente, la de ser santuario de la democracia y del sano debate de los argumentos, a causa de decisiones como la tomada por mi partido, no pudo desarrollarse el ejercicio amplio y libre que era de esperarse, para que todos los senadores pudiéramos enriquecer el debate con nuestra diversidad de pensamientos.

Paradójicamente, tras el debate, quien más perdió fue el Liberalismo, un partido que había defendido, mayoritariamente, la no venta de Isagén y que, basado en su principio histórico de proteger el patrimonio público, había liderado la mayoría de las acciones anteriormente mencionadas, que emprendimos para impedir esa nociva transacción.

Al imponer a todos sus senadores una postura en contra del ideario mismo del partido, con el pretexto de que estamos comprometidos con la paz, el partido, de nuevo, se arrodilla, ciego, ante el Ejecutivo, y continúa perdiendo la bandera de la defensa legítima de la primacía del bien común sobre el bien particular.

El Partido Liberal debió haber sido consecuente, respetar la coherencia de quienes seguimos en la línea de la defensa del patrimonio público y no amordazarnos, ni impedir mantener nuestra postura en un debate abierto y plural.

Tras su enorme trabajo desarrollado para evitar la venta de Isagén, que habría debido amainar su preocupante desprestigio, el senado, al no reafirmar en este debate su independencia, ha retrocedido hacia convertirse en un congreso que, en vez de preservar el principio de representación del pueblo que lo eligió, prefiere hacer prevalecer los intereses de un Ejecutivo que toma decisiones en contra del interés general.   Según Henri Saint Jean de Bolingbroke, si el parlamento apoya al gobierno ilimitadamente, hay un retorno del Estado hacia el absolutismo: el legislativo existe, pero no tiene ningún poder real.

El senado perdió una gran oportunidad para recobrar su dignidad, hacia la representación real de los colombianos; un urgente paso hacia la recuperación de su credibilidad,  para que esta sagrada institución volviera a ser, como su nombre lo indica, un senatus, máximo ente consultivo, integrado por los más sabios.

Qué falta nos hacen en los debates actuales verdaderos liberales, como Alberto Lleras Camargo, que insistía en que “La esencia misma de la democracia es una transacción, y por eso ella se refleja fielmente en las asambleas, donde la voz de las minorías no se ahoga estérilmente ante la tiranía del poder. Los regímenes absolutos clausuran los Parlamentos porque tienen una concepción también absoluta del bien público”.

Triste día para el senado y para el Partido Liberal.

Sofía Gaviria Correa
Senadora de la República
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Codirectora del Partido Liberal

Durante tres años, senadores de casi todas las bancadas hemos acudido a todos los recursos posibles para impedir la venta de Isagén: proyectos de Ley, proposiciones, debates de control político, demandas ante tribunales, constancias de rechazo a esa enajenación, exposición de alternativas para obtener los  recursos necesarios sin tener que vender la empresa, cartas a las empresas oferentes en la venta, entre otras numerosas acciones.

 El Gobierno ignoró este clamor del Legislativo y enajenó las acciones que todos los colombianos poseíamos en Isagén, una empresa estratégica para el país en términos energéticos, ambientales, sociales, de competitividad y de seguridad nacional. En consecuencia, ante el Congreso, que tiene entre sus funciones no solamente la de hacer las leyes, sino también la de controlar el buen desempeño del Ejecutivo, se propuso una moción de censura contra el responsable de la decisión de la venta de Isagén, el Ministro de Hacienda.

Aunque la moción todavía no ha sido votada, el pasado lunes, en debate en plenaria, se hizo pública la posición de la mayoría de los senadores. El resultado previsto es que será hundida esta muestra de indignación y de protesta del Legislativo, ante la falta de atención a sus recomendaciones por parte del Ejecutivo.

Desde el comienzo, fui una de las impulsoras de esta iniciativa, pero, sorpresivamente, el lunes mismo, mi partido, el Liberal, tomó la decisión de votar en bloque en contra de la moción, lo cual, conforme a la Ley de Bancadas, me imposibilita para apoyar la misma, con mi voto o con alguna intervención en el debate, so pena de perder mi investidura.

De este modo, se concluye que, en el Liberalismo, la censura no terminó siendo al ministro, sino a los congresistas que defendíamos la moción. 

Triste y sorprendente ver cómo, en contravía de la función original del senado, que es, justamente, la de ser santuario de la democracia y del sano debate de los argumentos, a causa de decisiones como la tomada por mi partido, no pudo desarrollarse el ejercicio amplio y libre que era de esperarse, para que todos los senadores pudiéramos enriquecer el debate con nuestra diversidad de pensamientos.

 Paradójicamente, tras el debate, quien más perdió fue el Liberalismo, un partido que había defendido, mayoritariamente, la no venta de Isagén y que, basado en su principio histórico de proteger el patrimonio público, había liderado la mayoría de las acciones anteriormente mencionadas, que emprendimos para impedir esa nociva transacción.

Al imponer a todos sus senadores una postura en contra del ideario mismo del partido, con el pretexto de que estamos comprometidos con la paz, el partido, de nuevo, se arrodilla, ciego, ante el Ejecutivo, y continúa perdiendo la bandera de la defensa legítima de la primacía del bien común sobre el bien particular.

 El Partido Liberal debió haber sido consecuente, respetar la coherencia de quienes seguimos en la línea de la defensa del patrimonio público y no amordazarnos, ni impedir mantener nuestra postura en un debate abierto y plural.

 Tras su enorme trabajo desarrollado para evitar la venta de Isagén, que habría debido amainar su preocupante desprestigio, el senado, al no reafirmar en este debate su independencia, ha retrocedido hacia convertirse en un congreso que, en vez de preservar el principio de representación del pueblo que lo eligió, prefiere hacer prevalecer los intereses de un Ejecutivo que toma decisiones en contra del interés general.   Según Henri Saint Jean de Bolingbroke, si el parlamento apoya al gobierno ilimitadamente, hay un retorno del Estado hacia el absolutismo: el legislativo existe, pero no tiene ningún poder real.

 El senado perdió una gran oportunidad para recobrar su dignidad, hacia la representación real de los colombianos; un urgente paso hacia la recuperación de su credibilidad,  para que esta sagrada institución volviera a ser, como su nombre lo indica, un senatus, máximo ente consultivo, integrado por los más sabios.

Qué falta nos hacen en los debates actuales verdaderos liberales, como Alberto Lleras Camargo, que insistía en que “La esencia misma de la democracia es una transacción, y por eso ella se refleja fielmente en las asambleas, donde la voz de las minorías no se ahoga estérilmente ante la tiranía del poder. Los regímenes absolutos clausuran los Parlamentos porque tienen una concepción también absoluta del bien público”.

Triste día para el senado y para el Partido Liberal.

*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Codirectora del Partido Liberal

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

En días pasados, escándalos sexuales han eclipsado el drama más doloroso que está sufriendo Colombia, que es la falta de atención a aquellos que deberían el objetivo máximo del cuidado del Estado: nuestros niños. La comisión de Derechos Humanos del senado viene trabajando activamente para hacer los controles necesarios en aras de visibilizar esta situación y de proteger debidamente a nuestros menores. En consecuencia, la semana pasada, por iniciativa del senador Alexander López, realizamos una audiencia de casi siete horas de duración, en el Capitolio Nacional, en la cual se buscó hacer control político al ICBF sobre la crisis de desnutrición de los niños wayuu, en La Guajira (a la cual hemos venido desarrollando veeduría, con informes médicos y sociales más que alarmantes) y sobre otra crisis, menos conocida: la de las madres comunitarias en todo el país.

Escuchamos, entonces, las inquietudes y denuncias que, respecto del modo en que la actual administración del ICBF ha sorteado estas crisis, tenían para exponer representantes de diversos estamentos de control, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, cuya delegada para la Familia, Ilva Miryam Hoyos, anunció que la gravedad de la hambruna en La Guajira tiene méritos suficientes para adelantar formalmente una investigación disciplinaria a la directora del ICBF y al Gobierno Nacional. Por su parte el viceministro de Trabajo reconoció múltiples fallas en la gestión y en la contratación por parte de Bienestar Familiar.

Paradójicamente, quien no se hizo presente en la audiencia fue la directora del ICBF, Cristina Plazas, quien, de este modo, además de no cumplir con sus funciones de proteger a los niños colombianos, falta nuevamente a su obligación de rendir cuentas ante el Congreso.

La mayor parte del tiempo consagrado a la audiencia fue invertida en oír con atención las quejas de madres comunitarias venidas de todo el país. Sus acusaciones más frecuentes eran por causas tan graves como la desatención e improvisación en la atención a los niños, así como en la entrega de alimentos y servicios por parte del ICBF o sus operadores; irregularidades en la contratación de asociaciones y operadores para el año 2016 y en el proceso de calificación de estándares del año 2015, y, muy especialmente, la vulneración de los derechos de madres y trabajadores en la contratación laboral para el año 2016. De estas revelaciones, lo más delicado fue escuchar reiteradamente que, por la no contratación de madres comunitarias para el cuidado de los niños, más de 300.000 de ellos quedarán desprotegidos.

Este gobierno se comprometió a tener como pilares la paz, la protección a la niñez y la equidad, pero lo único cierto es que, viendo los resultados del ICBF, la niñez sigue siendo la población más desamparada del país. El hecho de que, en lo que va corrido del 2016, según el Instituto Nacional de Salud, hayan fallecido seis niños solo en La Guajira, por desnutrición y por abandono del Estado, es la sumatoria de las equivocaciones y de la falta de compromiso, de responsabilidad y de capacidad de Cristina Plazas, al frente del ICBF.

En la plenaria del Senado, las diversas fuerzas unidas por salvar a nuestros niños citaremos al ICBF a un debate urgente para que responda, esta vez sí, por las crisis que hemos venido denunciando. Si las cabezas de la Defensoría del Pueblo y de la Policía han caído recientemente por escándalos relacionados con asuntos de intimidad, el hecho de que estén muriendo niños de hambre en toda la geografía nacional merece, indudablemente, que rueden las cabezas de los responsables, en pos de contratar a personas ejemplares, con capacidad técnica y compromiso moral.

No queremos discursos de funcionarios tomándose fotos con niños enfermos ni queremos más shows publicitarios, sino acciones efectivas del Estado. ¡No más dilaciones! ¡No más excusas! Queremos que el ICBF nos muestre una política seria en la que se erija como principal lo que siempre debió haber sido prioritario: la seguridad alimentaria y el cuidado integral de la niñez.

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado Coordinadora Frente Parlamentario Contra el Hambre

Columna de la senadora Sofía Gaviria.

El asunto de la refrendación ciudadana de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc es materia que compete a todos los colombianos, pues de esta derivará la legitimidad de lo pactado. El Gobierno ha propuesto un plebiscito con umbral reducido, que, al ser de una sola pregunta, no dejaría que los votantes decidieran a fondo sobre el contenido de cada uno de los puntos. Y, por el otro lado, las Farc insisten en que debe convocarse una nueva asamblea nacional constituyente, en la cual habría que concederles a ellos un determinado número de curules, sin necesidad de ser elegidos por el pueblo.   

Según confirman reputados constitucionalistas, lo más probable es que la Corte Constitucional tumbe el proyecto del plebiscito, con lo cual, en vez de afianzar su independencia, terminaría haciéndole un gran favor al Gobierno, pues este quedaría investido de amplios poderes para firmar un acuerdo con las Farc, sin tener que acudir a las urnas.  Pero, en caso de que la Corte diera vía libre al plebiscito, la situación no devendría más sencilla: este, de todos modos, estaría condenado al fracaso, pues, al aprobar un acuerdo totalmente desequilibrado a favor de los victimarios, sin ninguna proporcionalidad en las penas, conduciría a que el pueblo se inclinara por el No.  Esto puede pronosticarse fácilmente, ya que, según encuestas y sondeos, el grueso de los colombianos está inconforme con el contenido de los acuerdos. El pueblo siente que este compromiso sella la paradoja de que, mientras que la mayoría de los colombianos de bien que se levantan todos los días a trabajar honradamente, siguen carentes de educación, de salud, de vivienda, de empleo y de tantos otros factores de bienestar; las Farc, que llevan más de medio siglo cometiendo sistemáticamente delitos de lesa humanidad, van a terminar en la impunidad, sin reparar a sus víctimas y, sobre todo, convertidos en los dueños de la verdad.

En la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, siempre constructivos, estamos comprometidos con la salida negociada al conflicto armado en Colombia; pero no con una salida que ataña sólo a unos cuantos sectores de la sociedad, sino una en la cual todos los colombianos nos sintamos vinculados.  Por esto, al ver el galimatías actual de la refrendación de los acuerdos y, para evitarle a la sociedad el dolor de tener que votar negativamente la refrendación de una paz que todos anhelamos, queremos aportar una nueva alternativa, un recurso intermedio entre el plebiscito y la constituyente: lo pactado en materia de reforma agraria, de narcotráfico y cultivos ilícitos y de implementación y verificación de los acuerdos podría refrendarse a través del plebiscito que propone el Gobierno; pero lo negociado en cuanto a Justicia y Víctimas, los dos temas fundamentales del acuerdo, debe ser consultado mediante un referendo de seis preguntas precisas. Estas deberán tener en cuenta no sólo las concesiones que se harían a las Farc, sino también las inquietudes y propuestas de las víctimas, esas que venimos reiterando desde que nos organizamos como Federación, y a las cuales nunca hemos recibido respuesta por parte de la Mesa de La Habana, a pesar de que hicimos entrega oficial de las mismas al jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, en noviembre del 2014. Entre los temas que abarcarían las preguntas, se encontrarían los relativos a las penas que tendrían que pagar los guerrilleros, la participación de los mismos en política, la verdad y la reparación. 

La realización de este referendo es un asunto de respeto del Estado hacia todos los ciudadanos, en su capacidad de decidir. Sin duda, la sociedad colombiana está preparada y madura para pronunciarse sobre estos asuntos, que competen a todos. Por ello, sería necesario que implicara voto obligatorio, para que, efectivamente, haya una refrendación nacional de fondo mediante la cual todos los colombianos nos sintamos enlazados a la decisión general y estemos comprometidos con los acuerdos. Si se logra aprobar este mecanismo, ya nadie podrá decir que no fue tenido en cuenta a la hora de decidir y será mucho más probable que lo que se pacte conduzca a una verdadera paz y no a la perpetuación del conflicto.

Por el momento, la idea ya está lanzada.  Hace pocos días, en Cartagena, se la presentamos personalmente a Humberto de la Calle.  Estamos comprometidos con sacarla adelante y esperamos que esta vez el Gobierno sí nos oiga, que las víctimas sí seamos tenidas en cuenta, para que, por fin, pueda ser cierto eso de que estamos en un proceso plural que tiene como centro a las víctimas y no a las Farc.

 *  Presidenta Comisión de derechos Humanos del Senado

Presidenta honoraria Federación Colombiana de Víctimas de las Farc

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

Esta semana, me desplacé hasta el departamento de La Guajira para adelantar una brigada de salud organizada por la Comisión de Derechos Humanos del senado, que presido. El objetivo de esta actividad era el de hacer veeduría a los avances en cuanto a las medidas cautelares que dictó, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños y adolescentes wayuus, ante la muerte por desnutrición de 4.770 niños de esa etnia, desde el 2007, contando la situación de sólo 900 de las 4.000 rancherías que hay en toda La Guajira.

Gracias a la ayuda de empresas y personas comprometidas, como la EPS Coosalud, la Fundación por la Vida y la Equidad y de médicos especialistas de Antioquia y de Atlántico, se pudo realizar una brigada para evaluar las condiciones de salud de casi 500 niños wayúu (300 en Manaure y 200 en la Alta Guajira) y de unos 100 adultos (en su mayoría, madres gestantes).

Este evento no contó con el apoyo del ICBF, pues, a la directora de esa entidad nos hemos cansado de invitarla a las actividades sobre la niñez que ha realizado la Comisión, pero nunca ha asistido. Invitamos al Ministerio de Salud a vincularse a esta iniciativa, pero, por problemas de tramitología, no nos pudo apoyar. ¡Este país! Aprovechamos, entonces, para verificar con independencia y sobre el terreno, el cumplimiento de las medidas cautelares.

Durante tres días, confirmamos las denuncias de líderes wayuus independientes, de que el abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica. A medida que se asciende a la Alta Guajira, la desnutrición es más severa y más generalizada. La lactancia materna se extiende hasta el próximo embarazo, porque los niños no tienen nada más para alimentarse. Esto estaría bien, pero son madres desnutridas que no están pasando los nutrientes necesarios a sus hijos. Constatamos abundancia de problemas por parásitos, conjuntivitis, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel causadas por un sistema inmunológico debilitado a causa de la desnutrición y de la falta de agua. La simple evaluación de la coloración, cantidad y calidad del pelo de estos niños sirve fácilmente para diagnosticar el déficit nutricional en que se encuentran. Hay, además, infestaciones de piojos, que producen enfermedad en los niños. Y, por la falta de agua, las condiciones de aseo son sumamente precarias y los servicios sanitarios, pésimos, lo cual provoca que las enfermedades contagiosas se propaguen con mayor facilidad. El riesgo de tuberculosis es muy alto. Los niños se siguen muriendo de desnutrición, sin poder ser atendidos en centros hospitalarios, pues los que hay en el perímetro están destruidos y abandonados. Muchos niños no están registrados y muchos otros, que sí lo están, no tienen ninguna cobertura por parte de alguna EPS ni del Sisbén.

El gobierno les prometió pozos a estas comunidades y no cumplió, y los pocos que hay no funcionan. Aunque siempre han padecido la carencia de agua, ahora, esta es más fuerte que nunca. Y, como donde no hay agua, no hay vida, los cactus se murieron, los chivos no tienen qué comer y son escasas las crías de pollos o gallinas. Fue difícil acceder a estos sitios, a causa de la precariedad de las rutas. Pero, cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la crisis no es solamente de desnutrición y salubridad, sino también de educación, de vivienda y de formas de sustento. Para resumir, lo que hallamos fue poblaciones totalmente desamparadas por el Estado. Los niños que logran sobrevivir al hambre quedan marcados para siempre con una cicatriz biológica causada por su desnutrición crónica. Faltan programas, infraestructura y especialistas en atención a salud primaria y promoción de la salud. Hasta el momento, no se nota ningún avance del ICBF hacia el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. La negligencia por parte de las instituciones responsables del cuidado de estas comunidades es indignante. Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas le quedó grande el ICBF. El Gobierno no puede mantener en sus cargos a funcionarios de libre nombramiento y remoción que han fracasado estrepitosamente en el ejercicio de sus funciones, que incluyen responder por la vida de personas, particularmente de niños. Como comisión de Derechos Humanos del senado, haremos los controles pertinentes y acudiremos a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una necesaria investigación sobre este drama, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la obstinada ineficiencia y la corrupción probada en el ICBF. * Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado Coordinadora Nacional Frente Parlamentario Contra el Hambre Esta semana, me desplacé hasta el departamento de La Guajira para adelantar una brigada de salud organizada por la Comisión de Derechos Humanos del senado, que presido. El objetivo de esta actividad era el de hacer veeduría a los avances en cuanto a las medidas cautelares que dictó, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños y adolescentes wayuus, ante la muerte por desnutrición de 4.770 niños de esa etnia, desde el 2007, contando la situación de sólo 900 de las 4.000 rancherías que hay en toda La Guajira. Gracias a la ayuda de empresas y personas comprometidas, como la EPS Coosalud, la Fundación por la Vida y la Equidad y de médicos especialistas de Antioquia y de Atlántico, se pudo realizar una brigada para evaluar las condiciones de salud de casi 500 niños wayúu (300 en Manaure y 200 en la Alta Guajira) y de unos 100 adultos (en su mayoría, madres gestantes). Este evento no contó con el apoyo del ICBF, pues, a la directora de esa entidad nos hemos cansado de invitarla a las actividades sobre la niñez que ha realizado la Comisión, pero nunca ha asistido. Invitamos al Ministerio de Salud a vincularse a esta iniciativa, pero, por problemas de tramitología, no nos pudo apoyar. ¡Este país! Aprovechamos, entonces, para verificar con independencia y sobre el terreno, el cumplimiento de las medidas cautelares. Durante tres días, confirmamos las denuncias de líderes wayuus independientes, de que el abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica. A medida que se asciende a la Alta Guajira, la desnutrición es más severa y más generalizada. La lactancia materna se extiende hasta el próximo embarazo, porque los niños no tienen nada más para alimentarse. Esto estaría bien, pero son madres desnutridas que no están pasando los nutrientes necesarios a sus hijos.

Constatamos abundancia de problemas por parásitos, conjuntivitis, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel causadas por un sistema inmunológico debilitado a causa de la desnutrición y de la falta de agua. La simple evaluación de la coloración, cantidad y calidad del pelo de estos niños sirve fácilmente para diagnosticar el déficit nutricional en que se encuentran. Hay, además, infestaciones de piojos, que producen enfermedad en los niños. Y, por la falta de agua, las condiciones de aseo son sumamente precarias y los servicios sanitarios, pésimos, lo cual provoca que las enfermedades contagiosas se propaguen con mayor facilidad. El riesgo de tuberculosis es muy alto.

Los niños se siguen muriendo de desnutrición, sin poder ser atendidos en centros hospitalarios, pues los que hay en el perímetro están destruidos y abandonados. Muchos niños no están registrados y muchos otros, que sí lo están, no tienen ninguna cobertura por parte de alguna EPS ni del Sisbén. El gobierno les prometió pozos a estas comunidades y no cumplió, y los pocos que hay no funcionan. Aunque siempre han padecido la carencia de agua, ahora, esta es más fuerte que nunca. Y, como donde no hay agua, no hay vida, los cactus se murieron, los chivos no tienen qué comer y son escasas las crías de pollos o gallinas.

Fue difícil acceder a estos sitios, a causa de la precariedad de las rutas. Pero, cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la crisis no es solamente de desnutrición y salubridad, sino también de educación, de vivienda y de formas de sustento.

Para resumir, lo que hallamos fue poblaciones totalmente desamparadas por el Estado. Los niños que logran sobrevivir al hambre quedan marcados para siempre con una cicatriz biológica causada por su desnutrición crónica. Faltan programas, infraestructura y especialistas en atención a salud primaria y promoción de la salud. Hasta el momento, no se nota ningún avance del ICBF hacia el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. La negligencia por parte de las instituciones responsables del cuidado de estas comunidades es indignante.

Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas le quedó grande el ICBF.

El Gobierno no puede mantener en sus cargos a funcionarios de libre nombramiento y remoción que han fracasado estrepitosamente en el ejercicio de sus funciones, que incluyen responder por la vida de personas, particularmente de niños.

Como comisión de Derechos Humanos del senado, haremos los controles pertinentes y acudiremos a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una necesaria investigación sobre este drama, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la obstinada ineficiencia y la corrupción probada en el ICBF.

* Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado                                                                             Coordinadora Nacional Frente Parlamentario Contra el Hambre

Declaraciones de la senadora Sofía Gaviria.

Desde el pasado lunes, la Comisión de Derechos Humanos del senado realizó en el departamento de La Guajira una brigada de salud y una visita de tres días de veeduría a los avances en cuanto a las medidas cautelares que, gracias a las denuncias de líderes wayuus independientes, dictó, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "para preservar la vida y la integridad personal" de los niños, y adolescentes wayuus, ante la muerte por desnutrición de 4.770 niños de esa etnia, desde el 2007.

Con el respaldo de entidades privadas y de médicos especialistas de Antioquia y de Atlántico, la comisión evaluó las condiciones de salud de casi 500 niños wayúu (300 en Manaure y 200 en la Alta Guajira) y de unos 100 adultos (en su mayoría, madres gestantes).

Al finalizar la visita, la presidenta de la comisión, la senadora liberal Sofía Gaviria dio a conocer las conclusiones de la veeduría. La congresista afirmó: "Confirmamos las denuncias de que el abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica.

Constatamos abundancia de problemas por parásitos, conjuntivitis, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel causadas por un sistema inmunológico debilitado a causa de la desnutrición y de la falta de agua. La simple evaluación de la coloración, cantidad y calidad del pelo de estos niños sirve fácilmente para diagnosticar el déficit nutricional en que se encuentran".

La parlamentaria añadió que "Por la falta de agua, las condiciones de aseo son sumamente precarias y los servicios sanitarios, pésimos, lo cual provoca que las enfermedades contagiosas se propaguen con mayor facilidad" y alertó que el riesgo de tuberculosis es muy alto en estas comunidades.

Durante la visita, la comisión se encontró también con que los niños se siguen muriendo de desnutrición, sin poder ser atendidos en centros hospitalarios, pues los que hay en el perímetro están destruidos y abandonados. "Muchos niños no están registrados y muchos otros, que sí lo están, no tienen ninguna cobertura por parte de alguna EPS ni del Sisbén", agregó la senadora Gaviria.

Respecto del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, la conclusión fue que "Hasta el momento, no se nota ningún avance".

"Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas le quedó grande el ICBF", concluyó la parlamentaria.
 

Columna de opinión de la senadora Sofía Gaviria.

El hecho de que Isagén fuera mayoritariamente de propiedad del Estado era prenda de la salvaguardia del inmenso tesoro de agua, fauna y flora que esta empresa custodiaba; aseguraba la competitividad del país en materia de energía, y garantizaba la soberanía energética nacional. Por esto, los colombianos, de todas las procedencias sociales e ideológicas, nos sorprendimos negativamente ante el anuncio del Gobierno Nacional de privatizar un bien esencial para el bienestar de nuestros nacionales, justamente cuando la mayoría de las grandes potencias del mundo se precian de tener el control accionario de sus mayores hidroeléctricas.

La privatización de Isagén es un asunto que compete directamente al Partido Liberal, no sólo porque la Constitución de 1991, engendrada e impulsada por el Liberalismo, indica, en su artículo 365, la finalidad social de los servicios públicos y la importancia de que estos dependan del Estado, sino, sobre todo, porque nuestro partido, una colectividad socialdemócrata que defiende el bien común por encima del bien particular, tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa del patrimonio público.

Actuando en consecuencia con este sagrado principio liberal, apelamos a todos los medios posibles para lograr que el Gobierno Nacional reconsiderara la decisión de privatizar a Isagén, confiando en que el Gobierno escucharía el clamor unánime de una colectividad que, además de haber conseguido las mayores victorias sociales de los colombianos y de representar a millones de ciudadanos que la han elegido en las urnas, ha sido indispensable para la aprobación en el Congreso de los principales proyectos de este gobierno. Así pues:

- Redactamos una constancia pidiendo que no se vendiera Isagén. Fue firmada por 80 senadores, de todos los partidos con presencia en el Senado, generando un consenso rara vez visto en toda la historia del Congreso.

- Propusimos que, en el Plan Nacional de Desarrollo, se incluyera un artículo que impedía que se vendiera Isagén en las condiciones actuales. Logramos que fuera aprobado por el grueso de los senadores, pero, por influencia del Gobierno, el artículo desapareció del Plan, en la conciliación.

- Citamos al Ministro de Hacienda a un debate de control político, en la plenaria del Senado, en el cual quedó demostrada la inconveniencia de la venta de Isagén por motivos económicos, fiscales, ambientales, culturales, sociales, estratégicos, de competitividad y de seguridad nacional.

- Recogimos 22 propuestas de opciones para construir las vías 4G sin tener que acudir a la venta de Isagén (formuladas por congresistas de cuatro partidos) y las enviamos al Ministro de Hacienda.

- Redactamos una demanda para anular el decreto que autoriza la venta de las acciones del Estado en Isagén, porque atenta contra los principios de Planeación, Economía, Responsabilidad y Transparencia que debe observar toda transacción estatal.

- Presentamos el proyecto de Ley “Isagén”, que busca impedir la privatización de las empresas energéticas públicas, sin previa autorización del Congreso.

- Nos unimos a la propuesta de escribir cartas para intentar disuadir de participar en la subasta de Isagén a las empresas que se estaban postulando para la misma.

A pesar de las acciones múltiples encabezadas por el Partido Liberal para impedir la venta de Isagén y de lo adverso que resulta este momento para una decisión tan perjudicial como esa transacción, precisamente cuando el país está siendo testigo de los dramas producidos por la ineficacia de las electrificadoras privadas (especialmente, en la Costa Caribe), el Gobierno Nacional no cesó en su empecinamiento por privatizar la segunda productora de energía del país. La mayoría accionaria de Isagén fue adquirida por el fondo canadiense de inversión Brookfield, cuestionado seriamente por corrupción.

Teniendo en cuenta esto, no podemos estar ni satisfechos ni tranquilos.

A través de sondeos con los ciudadanos y con los representantes electos por los mismos, los congresistas, ha sido demostrado que el querer de la inmensa mayoría de los colombianos es el de conservar el patrimonio público. Y la prioridad del Partido Liberal, conforme a su ideario, es la de acompañar y defender los intereses de todos los colombianos.

El Gobierno ha ignorado este clamor. Por eso, hoy, al ver que el Gobierno Nacional no desistió de la nefasta idea de la privatización la empresa y que, en consecuencia, Colombia ha perdido una entidad clave para su estabilidad energética, los liberales debemos ser más coherentes y consecuentes que nunca. Por ende, como muestra de indignación y de protesta, debemos insistir en la propuesta de apartarnos de la coalición de la Unidad Nacional y buscar que, desde el Congreso, se adelante un juicio político al Gobierno nacional. Esperamos que la Ley “Isagén” sea aprobada, para que lo poco que nos queda a los colombianos en materia energética no termine también en manos de negociantes extranjeros.

* Codirectora nacional del Partido Liberal 

Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado

El pasado viernes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que presido, realizó, en el Capitolio Nacional, el Foro “Justicia, Sistema Penitenciario, Impunidad y Derechos Humanos”. El objetivo de ese encuentro fue el de hacer, desde el Congreso, evaluación profunda de la crisis que atraviesa actualmente la justicia en nuestro país.

El evento contó con la participación, como panelistas y moderadores, de altos representantes de las principales instituciones interesadas en el tema, como el CICR, la ONU, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el INPEC, la Federación Nacional de Municipios, la de Departamentos, la Alcaldía de Medellín, la academia y, por supuesto, el Congreso, cuyo presidente, Luis Fernando Velasco, narró su propia experiencia como víctima de los absurdos de la justicia, y el Ministerio de Justicia, en cabeza del doctor Yesid Reyes, quien, durante la clausura del evento, hizo claridades trascendentales sobre las necesarias reformas que su cartera ha estado impulsando para compensar el drama del sistema penitenciario en Colombia. De las cuatro temáticas fundamentales que se desarrollaron en el evento, quisiera centrarme, justamente, en la del panorama de nuestro sistema penitenciario. 

La única forma eficaz de castigar que ha encontrado la humanidad para disuadir a las personas de cometer delitos es el aislamiento, el encarcelamiento. Sin embargo, en este ejercicio de buscar la justicia solo pretendiendo castigar y aislar a quien ha hecho daño a la sociedad, hemos perdido elementos fundamentales, como la búsqueda de que la condena venga acompañada de arrepentimiento profundo por el reo y de que este entienda el daño hecho a la sociedad y a él mismo en términos morales de su actuar. La justicia no puede olvidar el objetivo de que, consecuencias de este arrepentimiento sentido, deben ser la solicitud de perdón y un compromiso real de no repetición de los hechos victimizantes. 

Las condiciones de hacinamiento y de violación sistemática a los derechos humanos en nuestras cárceles están conduciendo a que estas penas se aparten de su objetivo de resocialización. En la mayoría de los casos de los reos reincidentes, se hace efectiva esa máxima terrible de que “Aquí el bueno se hace malo, y el malo se hace peor”. 

Nuestro sistema carcelario no puede olvidarse de la necesidad de reeducación y reconstrucción moral y de vida, que es su fin mismo. Muy pocas de nuestras cárceles cumplen con los requisitos humanitarios internacionales. Por ello, necesitamos que el proceso de justicia transicional que comenzaremos sirva para que Colombia mejore sus condiciones carcelarias, no solamente para que los guerrilleros puedan pagar sus penas en condiciones dignas, sino también para que las decenas de miles de colombianos que, están en situación de privación de la libertad, puedan resocializarse en condiciones "humanas".

De ningún modo, las cárceles deben conducir a corromper al individuo, sino a mejorarlo como persona. Como escribió Foucault, es “necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos”.

Es necesario también mencionar que uno de los pecados más grandes de esta democracia es que, en Colombia, una tercera parte de los reclusos del país sean sindicados que llevan años en las cárceles a la espera de juicio. De los más de 120.000 encarcelados, casi 40.000 no han sido condenados. Qué infamia. Con esperanza, vemos cómo el gobierno nacional ha venido impulsando iniciativas para agilizar estos procesos a través de proyectos de ley hechos con legisladores acuciosos. Uno de estos proyectos, aprobado hace pocos días, establece que ningún sindicado puede estar privado de la libertad, a la espera de juicio, durante más de un año (dos años, en los casos de delitos de difícil investigación). Pero el reto y la solución del problema no está en cambiar la ley sino en su imperio. 

No habrá paz sin justicia, ni justicia sin paz. Por ello, tenemos que  torcer la idea de Borges de que “cuando se entra a una cárcel, no se sale de ella nunca. Lo de menos son las rejas”. Debemos hacer de las cárceles centros productivos que los seres humanos, al salir, no olviden nunca, pero porque fue una experiencia constructiva que les servirá para dar frutos en una nueva vida.

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado 

Codirectora del Partido Liberal