Presentamos demanda contra código de Policía

El próximo jueves 8 de septiembre se radicará ante la Corte Constitucional una demanda contra el recién sancionado código de policía, a partir de las 9 de la mañana.

La demanda será presentada por los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Alexander López y Víctor Correa, así como por la Representante a la cámara del Partido Verde, Ángela María Robledo y organizaciones de derechos humanos como Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La demanda formula cargos por vicios de fondo contra varias disposiciones de la Ley 1801 de 2016 y se divide en dos partes. En la primera se demandan algunas disposiciones referidas a la protesta social, ya que violan de forma directa los artículos 29 (principio de legalidad) y 37 (derecho a la manifestación pública y pacífica) de la Constitución, así como el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En la segunda parte se demandan varias normas que otorgan facultades a la Policía para trasladar o conducir a los ciudadanos afectando la libertad personal reconocida por la Constitución de 1991.

Los demandantes esperan que sean acogidas sus pretensiones en virtud de los tiempos que paz que se acercan.

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Aplazan debate de control político sobre violencia contra periodistas por ausencia de Ministro de Defensa

Ante la ausencia – con excusa – del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y por considerar de vital importancia su presencia en el debate de control político sobre violencia contra periodistas y su deber de garante del Estado, el Representante Alirio Uribe Muñoz y el presidente de la Comisión segunda, José Luís Pérez Oyuela, decidieron aplazar el debate citado para hoy.

Uribe Muñoz agradeció la presencia del Director de Seguridad Ciudadana Jorge Enrique Rodríguez Peralta, del Teniente Coronel Gabriel Bonilla, director del ESMAD, delegado de Defensoría del Pueblo, Javier Orlando Tamayo Perdomo, entre otras autoridades por su asistencia al programado debate y solicito a la Comisión Segunda se programe el debate en una fecha cercana a la que también se invite al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y sea transmitida en vivo por el canal del Congreso.

Es de destacar que luego de una hora de citado el debate, de los 19 Representantes a la Cámara, sólo hizo presencia Uribe Muñoz y el presidente de la Comisión José Luís Pérez.

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Bancada del Polo no votará por ningún candidato a la defensoría del pueblo por no cumplir con los requisitos previstos en la ley

Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz anunciaron en Plenaria de la Corporación que no votarán por ningún candidato a la Defensoría del Pueblo, por considerar que la terna presentada no cumple con los requisitos previstos según la ley 24 de 1992.

Así lo informó el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, vocero del partido, quien manifestó que la terna está mal constituida y que por tanto, la elección es ilegítima e ilegal y no puede realizarse, “Es una terna amañada que no corresponde a la meritocracia que debe operar en la función pública y al compromiso real con los derechos humanos que requiere este cargo” afirmó.

A juicio de los Congresistas, al analizar la hoja de vida del candidato Carlos Negret – según informan los medios, el más opcionado -, se observa que si bien afirma tener 8 años en el servicio público, esta experiencia no es la requerida para el cargo, por cuanto la ley exige como requisito experiencia en la rama judicial o ministerio público, y frente a esto sólo tiene 12 meses que estuvo en la Contraloría, “El resto de sus empleos públicos corresponden a la rama ejecutiva y por lo tanto no sirven para acreditar el requisito exigido por la Constitución para ocupar el cargo”, manifestaron.

Así mismo indicaron que al analizar la hoja de vida, no es claro que el requisito de experiencia se estuviera cumpliendo con el ejercicio de la profesión, esto al indicar que la experiencia que acredita es de 6 años como gerente de la empresa Negrete Velasco SAS., es decir que el hecho de ser gerente de una empresa privada, no es necesariamente equiparable a ser abogado litigante, “Pero además, no presenta las certificaciones expedidas por los despachos judiciales en las que consten de manera expresa los asuntos o procesos atendidos y las fechas exactas de inicio y terminación de la gestión del abogado, tal como se prescribe que debe hacer en los concursos públicos, para considerarla legalmente aceptable”. advirtió Uribe Muñoz.

Para la bancada del Polo Democrático Alternativo, Negret no es una persona con la formación y experiencia en derechos humanos que este cargo exige, si quiere hacerse una elección de manera seria y concienzuda y no entregarlo a los intereses de la politiquería, afirmaron.

En cuanto a la candidata Catherine Heyck, los Representantes afirmaron que si bien tiene experiencia en el sector público no completa el tiempo requerido en la Rama Judicial en la cual no tiene ninguna experiencia, como tampoco en el Ministerio Público.

En relación con el candidato Andrés Santamaría, los congresistas destacaron que a pesar de ser el único de los candidatos con experiencia en el Ministerio Publico y en particular en la entidad a la que hoy aspira dirigir, solo tiene 4 años de experiencia en dicho ámbito.

Finalmente manifestaron su descontento ya que se había exigido realizar un proceso amplio y participativo en el que la ciudadanía pudiera opinar sobre los candidatos, garantías que no se respetaron y le exigieron al presidente Santos la presentación de una nueva terna, ya que según ellos “no legitimaremos una elección por fuera de la legalidad”

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682 víctimas de agresiones por el ESMAD en lo que va corrido del año

Representante Alirio Uribe Muñoz denunció que de enero a julio del presente año, se han reportado 682 víctimas de agresiones en todo el país, en las que se encuentran comprometidos presuntamente miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, según información recopilada por organizaciones sociales.

“Lo más preocupante es que en este periodo se han reportado 6 casos en las que han perdido la vida 7 personas y se han registrado 69 casos en los que se presentaron abusos de la Fuerza pública” informó el congresista

A juicio del Representante, el ESMAD y la Policía Nacional deben explicar al país porque razón utilizan de manera arbitraria el uso de la fuerza que se traduce en muertes y heridos.

El congresista igualmente manifestó que según respuestas de los organismos de control la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad, “Frente a los 336 heridos y 7 personas muertas este año, la procuraduría no reporta investigaciones y la Fiscalía sólo reporta investigaciones en 3 casos” comentó Uribe Muñoz.

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Representante Alirio Uribe Muñoz respalda proyecto de ley que reduce el sueldo de los congresistas

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz manifestó que acompañará el proyecto de Acto Legislativo que pretende modificar el artículo 187 de la Constitución Política que establecería un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al salario de los congresistas, cuyo reajuste anual para dicha asignación correspondería al porcentaje equivalente a la tasa de inflación del año inmediatamente anterior.

El proyecto de iniciativa legislativa de las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, reduciría de 40 a 25 salarios mínimos vigentes el sueldo actual de los legisladores, reduciendo así la brecha entre el ingreso de los mismos y el promedio de los ciudadanos y ubicando la asignación salarial en un monto más acorde con el promedio de los Ministros en Colombia y los congresistas de los países de América Latina.

La radicación del proyecto fue acompañada por las firmas de más de 130 mil personas, lo que evidencia reiteradamente la necesidad, en beneficio de la equidad de revisar y modificar los montos de dichos salarios.

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Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz anuncia su trabajo intenso por la paz en la próxima legislatura

El Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe Muñoz,  anunció en el marco de la instalación de la legislatura que se inicia que su trabajo estará centrado en coadyuvar todo el trabajo por la paz que se avecina luego de la aprobación por parte de la Corte Constitucional del plebiscito, especialmente en lo que tiene que ver con el acto legislativo para la paz que contribuirá a la implementación de los acuerdos.

 “Necesitamos  que los acuerdos se reglamenten de una manera acorde, bilateral,  que realmente permitan que se garanticen los acuerdos de paz, porque sin esta reglamentación adecuada, difícilmente se van a poder materializar”, afirmó el Congresista.

Igualmente el Representante informó que tiene planeado realizar varios debates de control político, entre los que se cuentan el que se desarrollará en la plenaria de la Corporación, que será convocado junto a otras bancadas del Congreso sobre los impactos nacionales de la política distrital, al cual se citará al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el que realizará en la Comisión segunda de la Cámara sobre el papel de las fuerzas militares en el posconflicto.

“Vamos a demandar el Plan Distrital de desarrollo, a demostrar realmente cuáles son los negocios que están detrás de ese Plan de Desarrollo y cómo el alcalde Peñalosa indudablemente pretende favorecer a sectores económicos en detrimento de los intereses de la ciudad. Todo esto sin descuidar el tema de los vendedores ambulantes, de la privatización de la ETB y la no venta de la Transportadora de Gas Internacional – TGI – que es una de las empresas más importantes para Bogotá” agregó.

De otro lado, Uribe Muñoz manifestó que una de sus primeras acciones será realizar un debate en la Comisión Accidental de Seguimiento a la Fuerza Pública en relación con los últimos acontecimientos del ESMAD en el paro camionero en los que resultó muerta una persona, así como el sucedido en el municipio de Chiriguana – Cesar, entre otros, con los cuales pretende demostrar la importancia de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios para una real construcción de paz.

El Representante a la Cámara, quien integra una de las comisiones que en la actualidad está trabajando la reforma política que se adelanta junto a otras bancadas y movimientos sociales y políticos, anunció que el próximo jueves presentará una acción jurídica en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que se cumpla con la Ley 1475 de 2011 que establece la obligación a cargo del gobierno nacional de implementar el voto electrónico en Colombia.

Finalmente, Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que lo acompañen en este gran esfuerzo que se realiza desde el Congreso de la República para que en esta legislatura de la paz, “Se asegure a través de instrumentos jurídicos la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera”

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Que el gobierno dialogue con seriedad con los camioneros y les atienda sus justos reclamos: Polo Democrático Alternativo

Más de 150 mil transportadores de carga agremiados en la ACC, ANT, CCT, ATC e independientes, junto con los conductores, completan treinta y siete días de protesta sin que se tramiten debidamente sus peticiones, consistentes en pedirle al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla los acuerdos pactados con ellos en marzo de 2015 (http://bit.ly/29PtNdg).

Solicitan los camioneros que el sistema de remuneración de los fletes se revise para que puedan pagarse los altos costos de prestar el servicio y dejar una utilidad razonable, costos que son determinados por las malas decisiones oficiales, entre ellas el exagerado precio de los combustibles y el monto y número de los muy costosos peajes de las carreteras colombianas, especialmente de las concesionadas.

Los transportadores además señalan que desmontar el actual sistema de reposición de los vehículos, en el que para poder ingresar uno nuevo debe chatarrizarse otro, por uno de libre ingreso, medida presionada desde 2014 por el gobierno de los Estados Unidos, generaría una situación de caos y quiebra entre los miles de propietarios colombianos de camiones e impondría que el transporte de carga se lo tomaran los monopolios y las trasnacionales.

El problema no se resuelve militarizando las carreteras y reprimiendo con el ESMAD a quienes defienden su derecho al trabajo, represión que ya costó la muerte de un ciudadano. El gobierno nacional tiene el deber de atender y tramitar las soluciones que necesita un sector como este, de importancia estratégica para la vida nacional.

 

Jorge Enrique Robledo                                                         Alirio Uribe Muñoz

Vocero en el Senado                                                              Vocero en la Cámara de Representantes

 

Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 13 de julio de 2016

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Conozca cuáles son algunas de las normas del código de policía que serán demandadas ante Corte Constitucional

El Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe Muñoz anunció hoy que ya está preparando la demanda ante Corte Constitucional de algunos artículos del código de policía recientemente aprobado que violan las libertades fundamentales de los ciudadanos.

“Dentro de esas normas que demandaremos se encuentran aquellas que desconocen el derecho a la libertad, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad”  manifestó el Congresista.

Según explicó, entre estas está la medida denominada “traslado por protección” que no es otra cosa que una detención administrativa temporal para quienes se encuentren en la calle en estados de alteración de conciencia por consumo de alcohol o drogas, lo cual deja a la valoración subjetiva de la policía estas situaciones y viola el derecho a la libertad cuyas restricciones deben ser excepcionales y por orden judicial.

Igualmente informó que se demandaran normas que desconocen el derecho de reunión y protesta pacífica, “Esto atenta contra el derecho de reunión y el legítimo ejercicio de la protesta social. La jurisprudencia ha dicho que no puede considerarse riesgoso per se y la definición de las posibilidades de intervención para disolver son muy amplias. Además se sigue exigiendo un aviso para toda manifestación cuando este solo se justifica para las que van a ocupar vías no para todas las que son espontáneas” manifestó.

Así mismo se demandarán normas que desconocen la inviolabilidad del domicilio y derecho a la intimidad, “El Código autoriza el allanamiento de domicilio con orden escrita hecha por la policía cuando eso por regla general debe hacerse solo con orden judicial. La inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad quedan en vilo. Las causales son muy amplias para que la policía se le meta a la casa a la gente sin orden judicial”. Indicó.

Finalmente declaró que se demandarán normas que atentan contra el derecho al  mínimo vital y especial protección de vendedores informales y al derecho a la libertad de expresión en manifestaciones artísticas corporales y gráficas, por cuanto “Si hubiera oportunidades económicas y de empleo para la gente otra sería la situación, pero en este país muchas familias viven de la economía informal y la corte ha dicho que se les deben proteger su derecho al mínimo vital”

El Representante además concluyó que la demanda será presentada junto con otros congresistas que hacen parte del partido Verde y quizá organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, entre otras.

Para terminar hizo un llamado para que todas aquellas personas que quieran participar del proceso se unan a la demanda.

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Intenso trabajo legislativo del congresista Alirio Uribe Muñoz en período que termina

Un total de 21 audiencias públicas, 6 debates de control político, 13 proyectos de ley presentados como autor y/o coautor y 4 ponencias sustentadas, es el resultado del trabajo legislativo realizado en el Congreso de la República por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, durante su segunda legislatura correspondiente al 20 de julio del 2015 al 20 de junio de 2016.

Su trabajo se destacó por el irrestricto respaldo al proceso de paz que se adelanta en la Habana – Cuba – con las FARC EP, y el que está por empezar con el ELN, el apoyo a las luchas sociales desde el Congreso, las reivindicaciones de los derechos de las víctimas del conflicto y la defensa de lo público a nivel nacional con énfasis en la capital de la República.

Respaldo al proceso de paz

En concordancia con estos puntos, en especial en lo que tiene que ver con el post acuerdo, Uribe Muñoz presentó sus reparos a tres proyectos de ley que aun así siguieron su curso legislativo y pretenden en su implementación  perpetuar la guerra en el país.

El primero de ellos, sobre el cual el Congresista presentó ponencia negativa y que  pretende regular el reclutamiento y prestación del servicio militar obligatorio, hizo tránsito a segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, aunque actúa en contravía de la promesa de campaña realizada por el presidente Juan Manuel Santos de eliminar éste servicio.

Este proyecto que además aumenta la prestación del servicio militar de 12 a 18 meses fue “vendido” a la opinión pública, haciendo creer que concede beneficios a los jóvenes que presten el servicio militar, como por ejemplo, línea especial de crédito para reservistas para el ICETEX, pago de seguridad social, descuento del 20% en la matrícula para estudios profesionales, técnico y tecnológico, vinculación directa al Sena. Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda[1] ha indicado que no tiene el presupuesto necesario para la implementación de estos beneficios, engañando así a la ciudadanía, manteniendo la lógica militarista y desconociendo la posibilidad de tener una sociedad en paz.

El segundo de ellos – que se espera sea archivado por falta de trámite – es aquel que concede facultades a las fuerzas militares para combatir a las bandas criminales. Frente a este proyecto, el Representante a la Cámara Alirio Uribe ha sido enfático en manifestar, no sólo, que el proyecto no es necesario por cuanto ya se cuenta con  el marco legal y normativo para que garantice la seguridad de los colombianos, sino porque al otorgarle facultades a la fuerza pública para atacar las Bacrim, se mantendrían bombardeos y acciones militares que pueden afectar la población civil, perpetuando el conflicto. En ese sentido y acogiendo el argumento de Uribe Muñoz, el propio Ministerio de Defensa expidió la directiva permanente 0015 de 2016 en las que faculta a las fuerzas militares para combatir las bandas criminales.

El tercer proyecto – aprobado en menos de dos días – es el Código de Policía, que llegó a discusión a la Plenaria de la Cámara de Representantes en la última semana de la legislatura y con muy poco tiempo de debate fue aprobado como nueva ley de la república. A juicio del Congresista, este Código resulta lesivo para varios derechos y libertades fundamentales y  no aborda como premisa base,  cuál debería ser el papel de la Policía Nacional en un escenario como el que se acerca de posconflicto en el país, entre otras consideraciones.

De otro lado, el Representante presentó ponencia positiva en la comisión II de la cámara del que se pretendía fuera el nuevo estatuto que regulaba  la vigilancia y seguridad privada, que infortunadamente fue hundido por los partidos tradicionales, a pesar de la insistencia del congresista. El proyecto que planteaba la prohibición de la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada contenía una serie de previsiones para el reconocimiento de derechos laborales de los de los guardas o vigilantes que laboran en las empresas y cooperativas de vigilancia.

Demandas de inconstitucionalidad

Uribe Muñoz, junto con otros parlamentarios de la bancada del Polo Democrático Alternativo y de otras bancadas afines, acompañado de organizaciones sociales, interpuso durante este período legislativo 4 demandas de inconstitucionalidad contra  leyes que habiendo siendo aprobadas por el Congreso de la República, vulneran derechos y violan normas de la Constitución, a pesar que en su momento fueron objetadas por el congresista. Así, se demandó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, una reforma constitucional al Fuero Penal Militar, la Reforma al procedimiento de la Justicia Penal Militar y la Ley de Zidres.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional emitió sentencia reconociendo que algunos de los artículos demandados son contrarios a la carta política, entre estos, aquellos que permitían la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país, admitiendo, tal y como se había planteado que prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por licencias ambientales, prohibiendo la explotación minera en páramos.

Igualmente la Corte Constitucional se pronunció declarando constitucional la reforma al fuero penal militar haciendo unas interpretaciones sobre su alcance concediendo la razón a los argumentos presentados en la demanda.

La Corte aún no se pronuncia frente a las demandas contra el fuero penal militar y la ley de zidres.

Es importante mencionar que además de las demandas realizadas, el Representante también suscribió dos coadyuvancias. Una a la acción de tutela presentada por los campesinos en el caso de la Hacienda Bellacruz, frente a la cual la Corte reconoció que los terrenos baldíos deben ser adjudicados a los campesinos y otra presentada en el caso de la delimitación del Páramo de Santurban,  de la cual se espera  pronunciamiento.

Proyectos de Ley presentados

Dentro de los principales proyectos presentados en calidad de autor y/o coautor, el Representante Alirio Uribe destaca el proyecto de Ley por el cual se exalta la vida del maestro Carlos Gaviria Díaz, digno defensor de derechos humanos, erudito y demócrata en el sentido más amplio de la palabra, el cual pasó a sanción presidencial y aquel que reduce el aporte a salud de los pensionados del 12% al 4%, que con el apoyo de  los pronunciamientos de las organizaciones de pensionados y algunos oficios propios, fue aprobado en comisión séptima y plenaria de Cámara, y en la actualidad se halla pendiente de sus dos debates en el Senado de la República.

Es de anotar que este proyecto ha avanzado pese a la oposición del gobierno nacional y algunos congresistas que argumentan un alto costo fiscal que no se compadece con la injusticia que representa esta carga con nuestros jubilados.

El Congresista también destaca la radicación del proyecto de Ley que pretende delimitar el área de Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN), privilegiando el interés general, defendiendo el patrimonio público y ecológico, intentando acotar la avaricia de algunos interesados en el negocio inmobiliario, que está pendiente de primer debate y un proyecto de ley para que el Congreso de la República pueda citar a debates de control político al alcalde mayor de Bogotá en cuanto se trate de temas con incidencia nacional.

Igualmente, el Representante junto a otros congresistas radicó y promovió el Estatuto del actor que busca dar garantías laborales a este gremio, el cual fue aprobado en comisión VII y que hace tránsito a Plenaria de senado y suscribió dos proyectos de reformas a la Constitución, uno que crea el Senado regional, el cual sigue en trámite, y otro que busca dar reconocimiento como sujeto político al campesinado.

Audiencias Públicas

 De las 21 audiencias realizadas entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de junio de 2016, sobresalieron las convocadas para tratar temas que tienen que ver con la vulneración de los derechos fundamentales en sectores poblacionales como, los vendedores informales, los recicladores de oficio, consulta previa de poblaciones indígenas y afrocolombianas, reparación colectiva al movimiento sindical, pensionados y víctimas de crímenes de Estado.

Debates de control político

 Dentro de los debates de control político realizados en la legislatura que termina sobresale el realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, en octubre de 2015 sobre control de multitudes, en el que el Congresista solicitó desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y en su lugar crear un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional que pueda mediar en las situaciones de protesta con enfoque preventivo, que en ningún caso podrá portar armas de fuego o usar armas de manera letal.

Vale la pena destacar que producto de este debate se constituyó una comisión accidental de seguimiento a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, comisión en la que -dicho sea de paso – se realizó un debate sobre los recientes operativos de la administración distrital de Bogotá en el Bronx.

Igualmente promovida por el Congresista, se realizó en la Comisión de Derechos Humanos un debate sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en cuanto a retornos, pago de indemnizaciones y vivienda rural, otro realizado en la Comisión II de la Cámara sobre la situación de derechos de los migrantes – como resultado del cual la cancillería convocó en abril de 2016 el primer encuentro para la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones con participación de colombianos que residen en diversos países – y por último un debate realizado en la misma Comisión sobre el incumplimiento del deber estatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Trabajo en Bogotá

 Uribe Muñoz se destacó durante la legislatura que termina por realizar oposición activa a todas las políticas regresivas y privatizadoras del actual alcalde Enrique Peñalosa, así como por defender comunidades y derechos afectados por éstas como por ejemplo vendedores ambulantes, recicladores  de oficio, entre otras.

En este mismo sentido el Congresista realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, acompañando la defensa de la Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB – ante las iniciativas de venta de las empresas del Distrito y la defensa de la Reserva Van Der Hammen a nivel ambiental.

Así mismo, el Representante participó en una audiencia convocada por la Comisión Accidental de Bogotá para hacer seguimiento a los temas del Río Bogotá y la Minería en Páramos en el distrito, y convocó otra audiencia que se realizó en el municipio de Soacha sobre conflictos ambientales de la actividad minera.

Es de resaltar el permanente trabajo extra parlamentario del Congresista, quien permanentemente participó en foros, seminarios y conferencias sobre diversos temas, en especial sobre el código de policía, proceso de paz, minería en páramos, proyecto de ley sobre pensionados, reforma política entre  otros.

Próxima legislatura

Para la próxima legislatura el Representante Uribe Muñoz, ha anunciado que se concentrará en su labor de control político en temas concernientes a Bogotá y  fuerza pública, así como en la implementación de los acuerdos de paz con la FARC EP y el impulso al proceso con el ELN.

En este sentido realizará junto con otros congresistas un debate de control político en plenaria de la Cámara al Alcalde Enrique Peñalosa, relacionado con los impactos nacionales de las medidas adoptadas por el gobierno Distrital, con respecto al patrimonio público, el medio ambiente, la estabilidad laboral y la corrupción, que afectan la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde la oposición, el Congresista seguirá apoyando los diálogos de paz, impulsando desde su labor el llamado a la ciudadanía a respaldarlos.

Finalmente Uribe Muñoz anuncia desde ya su participación en los grupos de trabajo sobre las reformas legales y constitucionales que se requieran para la implementación de la reforma política, la creación de la jurisdicción especial de paz, la comisión de la verdad, la unidad especial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la reforma agraria que requiere el país.

 

 

[1] Esta iniciativa demandaría la cifra de1.3 billones anuales que no se encuentran contemplados en el marco fiscal que tiene contemplado el ministerio de hacienda, según respuesta emitida a derecho de petición.

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Campaña Por Una Paz Completa hace llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que inicien las conversaciones

La Campaña Paz Completa nace como una iniciativa de distintos sectores de la sociedad que buscan la solución política y negociada al conflicto armado colombiano, particularmente entre  el Gobierno Nacional y el ELN. Como Campaña, hemos entendido que la paz es una construcción colectiva, que implica la solución de conflictos históricos y estructurales a nivel  social, político y económico del país, el alcance de la justicia social y la satisfacción de los derechos humanos, por lo cual transversaliza el escenario de dialogo entre las partes y sugiere la ampliación de los escenarios de participación para todos y todas.

Desde Paz Completa, nos hemos sumado al llamado de paz de la sociedad colombiana, a través de distintas acciones públicas e incidencias políticas con el fin de ambientar estos diálogos. Son múltiples las propuestas, iniciativas e ideas que surgen todos los días en las regiones y en las ciudades con el fin de que las partes mantengan la confianza y la voluntad política para la finalización de la confrontación armada.

Por lo tanto, ante este momento coyuntural por el que atraviesan las negociaciones de paz, los movimientos sociales, eclesiales y la ciudadanía en general queremos manifestar:

  1. Que es necesario imaginar un paradigma distinto de resolución y transformación de conflictos a través del diálogo constructivo que genere los cambios que nos aparte del círculo vicioso de una participación que recorre caminos inciertos. El actual contexto nacional, refleja las consecuencias de la ausencia de modelos de participación más democráticos, creativos, constructivos y despolarizados. Esta movilización social que se da, en el marco de la Minga nacional agraria, étnica, campesina y popular, evidencia tales problemas estructurales. Hay un reclamo de transformaciones importantes para la superación del conflicto social.
  1. Para que en Colombia finalice la confrontación armada, es necesario que en la solución política y negociada del conflicto armado, se incluyan a todos los actores armados que hacen parte de él. Para esto, es necesario que tanto el Gobierno Nacional como el ELN se sienten en la mesa lo antes posible, cumpliendo su compromiso manifestado el día 30 de marzo,  de avanzar en la negociación, para el fin del conflicto,  que produce esperanza para  la sociedad colombiana.

Esperamos gestos entre las partes que logren la confianza suficiente para avanzar hacia la mesa  y en ese sentido proponemos como campaña que si el tema que está en tensión, es el tema humanitario, puedan colocarlo en la agenda como primer punto. Urge superar las tensiones  que todo proceso de negociación implica. Confiamos en la madurez y la voluntad de las partes y les animamos a que sigan con el corazón y los ojos puestos en el horizonte de un valor supremo: Un país sin conflicto social y armado, y en construcción de paz.

#QueSeSienten por una @PazCompleta

 

Campaña Por Una Paz Completa

Los diálogos son con tod@s y para tod@s

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Código de policía atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos

El Representante Alirio Uribe Muñoz, luego que no fuera aceptada la proposición de archivo del código de policía, manifestó su desacuerdo frente al mismo en virtud que dicho proyecto no aborda como premisa base,  cuál debería ser el papel de la policía nacional en un escenario como el que se acerca de posconflicto en el país.

“¿Acaso debemos seguir pensando en un ente represor que no genera confianza en la ciudadanía sino temor?, ¿en una institución que en las calles no aparece como un aliado que brinda protección sino como un peligro más para la integridad y los derechos? Ese debate debe darlo el país, pero pocos espacios hay para ello”  manifestó el congresista.

Para Uribe Muñoz, el código de policía que era un decreto de Estado de Sitio, ahora será una propuesta realizada por policías que el Congreso aprobará sin suficiente debate y que seguramente fomentará la corrupción dentro de la institución, dará sanciones discrecionales para allanar, detener, y donde multar será un gran negocio, “No es posible que este código permita capturas administrativas por agentes de policía y de manera arbitraria incluso de niños, niñas y adolescentes, y además consienta 15 causales  para que policías allanen la casa de cualquier ciudadano, violando la reserva judicial”

El congresista se mostró extrañado que luego que el proyecto durara 23 meses en el Senado de la República, quieran sacarlo o “pupitriarlo” en dos semanas en Cámara de Representantes “Y lo que es peor, que la Comisión I votara 173 artículos en bloque, sin leerlos” expresó.

Indicó que con la aprobación del código, se atacan las consecuencias de los problemas sociales pero no sus causas estructurales, criminaliza a los vendedores ambulantes pese a que la economía popular genera más de 50% empleo urbano, propone multas impagables y hace que los que no paguen no accedan a subsidios, “Es decir, criminaliza la pobreza y la falta de oportunidades en lugar de trabajar en su superación, por ejemplo, se establece como comportamiento contrario a la convivencia no pagar el pasaje en los sistemas masivos de transporte público como transmilenio o “colarse”, pero nadie ha cuestionado los costos excesivos de estos transportes para la ciudadanía y el hecho de que al menos un 11% del salario mínimo de un trabajador tenga que gastarlo en desplazarse a su sitio de trabajo diariamente en condiciones que no son las mejores

Finalmente el congresista saludo que al menos se haya tenido en cuenta una proposición que realizó frente a la inclusión en el manejo de la protesta social, una figura cívica como los denominados “gestores de convivencia” que fue probada en la ciudad de Bogotá y que aportó en la reducción de la violencia en los escenarios de reuniones masivas, “Porque primero debe estar la mediación y porque el recurso a la fuerza no debe ser la primera alternativa, sino la última, óigase bien, la última y solo puede ser la estrictamente necesaria y proporcional”

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El sector del Bronx está muy lejos de estar “recuperado”, afirmó el congresista Alirio Uribe

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, citó para este miércoles 8 de junio, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Hoover Penilla, al subsecretario de seguridad de Bogotá Daniel Mejía y a Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, a una sesión de la comisión accidental de seguimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de la fuerza pública, para que señalen cuál es el Plan de Atención social y salud pública que tienen previsto para los habitantes de calle, en virtud de la pasada intervención realizada en el sector capitalino conocido como Bronx, y las que – probablemente – en un futuro se realizarán.

La citación la realiza el congresista, sin desconocer la importancia del desmantelamiento de las estructuras criminales, pero sí enfatizando que “El operativo de la policía y de las autoridades judiciales es tan solo el primer paso de un proceso de transformación social que requiere la población víctima del entorno social que habitaba este territorio para evitar eventuales vulneraciones de Derechos Humanos”  afirmó

Uribe Muñoz, así mismo solicitará a las autoridades presentes se aclare cuál es el futuro del sector intervenido, la propuesta de renovación urbana,  si ésta va a beneficiar a las comunidades de dicho sector y si la propuesta tiene que ver con el proyecto “ministerios” que ejecutará la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, empresa de la nación, que anuncio el presidente Juan Manuel Santos en días pasados y que es objeto de resistencia de las comunidades del centro.

Para el Congresista, “Señalar que este sector ya está recuperado es irresponsable, ya que la intervención debe ser constante por lo menos en tres líneas, seguridad, social y renovación urbana, pero contando con la socialización y participación del sector afectado, no podemos seguir bajo la lógica de la represión, sin atención social.”

La Comisión accidental, está conformada además por los Representantes a la cámara, Inti Asprilla, Ángela María Robledo, Oscar Ospina, Víctor Correa,  Oscar Hurtado, Germán Carlosama y Wilson Córdoba entre otros, y fue creada en el marco del debate de control político sobre ataques del Esmad.

Finalmente, el congresista solicitará no se realicen más operativos, sin que se tenga definido el plan de intervención social  y de salud pública que permitan atender de manera integral a las personas afectadas.

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Centros de memoria piden inversión estatal

Actualmente en Colombia existen 20 lugares destinados a la memoria como iniciativas comunitarias y colectivas que requieren recursos

La red colombiana de lugares de memoria llamó la atención del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales y regionales, sobre la necesidad de diseñar una política estatal que permita a las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición que exige el posconflicto, así como la urgencia de que exista desde el gobierno una entidad que responda por la garantía de este derecho.

Durante la audiencia pública en el Congreso “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, convocada por los congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, con el apoyo y la coordinación de Fescol, el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y la Red Colombiana de lugares de memoria, diferentes expertos, académicos y funcionarios dejaron claro que la memoria es un instrumento de las víctimas en contra de la impunidad, clave en el proceso de posconflicto y que servirá también para sentar los precedentes históricos que las generaciones futuras necesitan para cambiar la historia y construir paz.

Pese a lo relevante del tema, la mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y, sin ella, sus promotores creen que están condenados a desaparecer. Según los voceros de la red, esto contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria. Este deber obliga al Estado a asignar presupuesto para estos lugares, pero quienes ejercen su derecho a la memoria, deben poder hacerlo con plena autonomía y el Estado asigna presupuesto porque es una de las formas de reparación simbólica contempladas en los procesos de transición hacia la paz.

Los actuales diálogos en La Habana, incorporan el Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y No repetición, el cual contiene como herramienta fundamental para resarcir los derechos de las víctimas y de la sociedad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Existen en diferentes regiones del país más de 20 de lugares físicos de memoria, asociados en red desde el 2015: Bosques de memoria como en Cartagena del Chairá, museos como en Caquetá, casas de memoria como la de Tumaco o museos itinerantes como el de Montes de María son sólo algunos de ellos. También son miembros de la Red tres museos y centros de memoria con financiación del Estado como el del Distrito de Bogotá, el de Medellín y el Museo Nacional de la Memoria

Expertos y congresistas coincidieron en que justicia y memoria van de la mano de un proceso de construcción de paz que tiene al centro a las víctimas. Es fundamental esclarecer los crímenes, castigar a los responsables y brindar a las víctimas una máxima reparación ya sea material, ya sea simbólica o juntas si es posible y ésta es una responsabilidad colectiva autónoma que debe liderar y financiar el Estado, no sólo para no revictimizarlas sino para que se pueda construir paz.

 

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Congresistas piden al Presidente Santos acciones urgentes para atender Minga Agraria

Frente a los lamentables hechos ocurridos en los últimos días en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la que tres indígenas han perdido la vida y otros 150 se encuentran gravemente heridos, incluidos mujeres y niños,  los congresistas Alirio Uribe, Ángela Robledo, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo,  Luis Evelis Andrade, Oscar Ospina, Inti Asprilla y Alexander López, entre otros, piden al presidente Juan Manuel Santos acciones urgentes para evitar la flagrante violación a los derechos humanos de que han sido víctimas los pueblos indígenas a causa del ejercicio de su derecho a la protesta en 21 departamentos del país.

En cartas al Presidente Juan Manuel Santos; al Ministro del Interior,  Juan Fernando Cristo; al Ministro de Defensa Nacional,  Luis Carlos Villegas; al Comandante del Ejército Nacional, General Alberto José Mejía y al Director de la Policía Nacional General Jorge Hernando Nieto, los parlamentarios piden que:

  1. Se instale de manera urgente la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, con el fin de construir la hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos pactados.
  1. Se brinde garantías al ejercicio del derecho a la protesta social que se adelanta actualmente en 21 departamentos del país y se implementen mecanismos de verificación del cumplimiento a esas garantías.
  1. Se disponga de las instituciones del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes frente a las vulneración de los derechos humanos, que han ocasionado a la fecha 150 heridos, entre los que se encuentran cuatro menores de edad, dos mujeres en embarazo, siete detenidos, dos judicializaciones y tres asesinados, dos de ellos por impactos de armas de fuego. Hechos en los que presuntamente se encuentran involucrados miembros del ESMAD y del Ejército Nacional.
  1. Se retracte públicamente como cabeza del poder ejecutivo y como comandante de las fuerzas militares de los señalamientos realizados a la Cumbre Agraria, en relación a que la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular se encuentra infiltrada por el ELN, en razón a que estas estigmatizaciones atentan contra la integridad y la vida de las personas que se encuentran en protesta.
  1. Cese la estigmatización a la protesta social y que si es del caso, se presenten pruebas concretas de las presuntas infiltraciones del ELN a la Minga, según declaraciones del Ministro Luis Carlos Villegas.

Los congresistas instaron a los Comandante de la Fuerza Pública para que se investiguen los presuntos excesos del Ejército y la Policía:  “Entre estos hechos encontramos detenciones arbitrarias, hostigamientos, sobrevuelos y excesos de fuerza en los operativos. Se nos ha informado de la presencia de miembros del Ejército Nacional en diferentes puntos de la protesta, actuaciones que no corresponden con los mandatos misionales de esta institución, tratándose de una movilización pacífica adelantada por organizaciones sociales”, anotan.

Finalmente, los parlamentarios exigen además que desde los altos mandos del Ejército y la Policía  “se investigue la eventual responsabilidad de integrantes de esas instituciones en los tres asesinatos de miembros de organizaciones indígenas ocurridos en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca (…)  hechos en los que se encontraban presentes miembros de la fuerza pública (…) y de ser el caso se sancione de manera ejemplar cualquier irregularidad, exceso o extralimitación (…)”.

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El derecho de la memoria de los pueblos

La Red Colombiana de Lugares de Memoria agrupa a más de 20 museos, centros y lugares de todo el país, que desde hace años trabajan por la búsqueda de la paz y la no repetición de los hechos violentos, a partir de la visibilización de hechos victimizantes y procesos de resistencia que aporten a la verdad y a una sociedad democrática que respete los DDHH.

La Red ha venido dialogando con diferentes ministerios y congresistas, en la perspectiva de lograr que el Estado colombiano pueda sostener y brindar acompañamiento a estos lugares de memoria que han surgido, en su mayoría, por iniciativas comunitarias en las diferentes regiones del país.

Cuando cesó el conflicto armado y la guerra, muchos países de América Latina, se vieron asaltados por un dilema: ¿Qué contar a nuestros hijos de lo sucedido?, ¿Lo debe contar el Estado o la sociedad civil?, ¿Cómo hacerlo?.

En Chile, Guatemala, Argentina y muchos otros países se crearon museos y casas de memoria, que cumplieron un rol fundamental en la educación para la no repetición. Se convirtieron en lugares creativos donde se reflexionó sobre lo sucedido, donde se dejaron de ocultar los hechos violentos y poco a poco se fue generando una nueva cultura de respeto a los Derechos Humanos. Muchos de estos procesos nacieron desde la sociedad civil, pero tiempo después el Estado los protegió y los mantuvo, sin acabar con la autonomía con la que funcionaban.

Colombia está cerca de pasar la página del conflicto armado y el tema de la memoria empezará a ser cada vez más importante. Hasta ahora la memoria ha sido una herramienta de las víctimas para reclamar un NO a la impunidad, pero ahora además, empieza a ser una manera de educar a las nuevas generaciones hacia la no repetición.

¿Y en Colombia? A pesar de no haber cesado el conflicto existen en diferentes regiones del país más de 20 de lugares físicos de memoria, asociados en red desde el 2015: bosques de memoria como en Cartagena del Chairá, museos como en Caquetá, casas de memoria como la de Tumaco o museos itinerantes como el de Montes de María son sólo algunos de ellos. También son miembros de la Red tres museos y centros de memoria con financiación del Estado como el del distrito de Bogotá, el de Medellín y el Museo Nacional de la Memoria (en construcción).

Estos lugares llevan años educando hacia el respeto a los Derechos Humanos, generando conciencia de que lo pasó nunca más debería repetirse. ¿Cree usted, lector, que este tipo de pedagogía es necesaria en el momento que vive el país?, nosotros pensamos que es más necesaria que nunca, porque es una herramienta valiosa que nos puede ayudar a voltear la página de la violencia y de su justificación.

Existe un debate abierto con el Estado colombiano pues la mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y sin ella están condenados a desaparecer. Lo cual contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria. Este deber obliga al Estado a asignar presupuesto para estos lugares, pero quienes ejercen su derecho a la memoria, deben poder hacerlo con plena autonomía y el Estado asigna presupuesto porque es una de las formas de reparación simbólica contempladas en los procesos de transición hacia la paz. Para ello es urgente definir que estos lugares de memoria tengan juntas directivas democráticas donde las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos tengan voz y voto mayoritario para que la memoria no sea dirigida desde el Estado y para que estos lugares no sufran cambios drásticos al cambiar el gobierno de turno.

La red colombiana de lugares de memoria está planteando este debate desde más de 20 lugares de memoria de todo el país, convencida de que estos lugares de memoria, igual que en Argentina, Chile o Alemania pueden ser una muy valiosa herramienta para conocer lo sucedido, educando hacia el respeto a los Derechos Humanos.

Con ese objetivo se realizará el día 2 de junio una Audiencia Pública en el congreso titulada “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”. Su objetivo es dar a conocer la realidad de estos lugares de memoria y debatir cuál debe ser su rol y su articulación con el Estado en la actual coyuntura del país.

La Audiencia Pública ha sido convocada en conjunto con los congresistas Angela María Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, junto con FESCOL y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Será transmitida por el Canal Congreso y Señal Colombia. Te invitamos a participar física o virtualmente.

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17 congresistas de diferentes partidos le piden a Peñalosa no privatizar la ETB

En una carta dirigida al alcalde de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño, congresistas del Partido Liberal, de la Alianza Verde, del Partido de la U y del Polo Democrático Alternativo, le solicitaron “retirar de su Plan de Desarrollo la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y desistir de esta idea”.

De acuerdo con la misiva, los legisladores coinciden en que, además de inconveniente para los intereses de la Capital, “la privatización de la ETB es una decisión igual o peor que la venta a menosprecio de Isagen”.

Suscribieron la comunicación los congresistas:

Senadores: Jorge Enrique Robledo; Luis Fernando Velasco (presidente del Senado); Armando Benedetti; Vivian Morales; Antonio Navarro Wolff; Sofía Gaviria; Alexander López; Alberto Castilla; Iván Cepeda y Senén Niño.

Representantes a la Cámara:Germán Navas Talero; Víctor Javier Correa; Angélica Lozano; Alirio Uribe; Inti Asprilla; Andrés Felipe Villamizar y Ángela María Robledo.

Aquí puede ver el la carta radicada:

CARTA A ALCALDE PEÑALOSA, NO PRIVATIZAR LA ETB MAY.27.16

Oficina de prensa

Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 27 de mayo de 2016

Texto de la carta al Alcalde de Bogotá:

Bogotá, 25 de mayo de 2016

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Referencia: La privatización de la ETB es una decisión igual o peor que la venta a menosprecio de Isagen.

Atento saludo.

En el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 que Usted presentó a consideración del Concejo de la Capital incluyó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Privatizar la compañía acabaría con 132 años de historia y es una decisión inconveniente para los intereses de la ciudad y los de todos los colombianos y las colombianas.

La ETB no es una empresa de teléfonos, como se dice para minusvalorarla, sino de telecomunicaciones, que no es lo mismo, y de gran importancia para Bogotá y Colombia, en razón del sector estratégico en el que actúa. Se trata de un grupo empresarial que, además de su empresa matriz, posee el 88 por ciento de Colvatel, el 75 por ciento de Skynet y el 40 por ciento de American Business Process Services. Presta servicio de telefonía fija local y de larga distancia, internet de alta velocidad, televisión digital e interactiva, telefonía móvil 4G, almacenamiento masivo en la nube y seguridad informática.

La compañía acaba de hacer, además, una inversión de $2.3 billones, la cual le dio la más moderna red de fibra óptica del país. Si la compañía no logra materializar sus importantes inversiones es por la ausencia de un adecuado plan comercial y por el pésimo manejo que a la empresa le está dando Jorge Castellanos, presidente de la compañía nombrado por Usted, señor alcalde, quien actúa como su liquidador y no como un gerente que defienda el interés público.

Hace peor la intención de privatizar la ETB el que se tramite en el Concejo sin cumplir los requisitos de la Ley 226 de 1995 y como un artículo más entre los ciento sesenta y dos del Plan Distrital de Desarrollo, cuando debería resolverse por la vía de un proyecto de acuerdo independiente que se discuta en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y en la Plenaria de la Corporación. Por lo expuesto, le solicitamos retirar de su Plan de Desarrollo la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y desistir de esta idea, peor que la venta a menosprecio que realizó el presidente Santos con Isagen.

Cordialmente;

LUIS FERNANDO VELASCO ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA

Senador Senador

Partido Liberal Partido de la U

VIVIANE MORALES HOYOS SOFÍA GAVIRIA CORREA

Senadora Senadora

Partido Liberal Partido Liberal

JORGE ENRIQUE ROBLEDO ALBERTO CASTILLA SALAZAR

Senador Senador

Polo Democrático Polo Democrático

IVÁN CEPEDA CASTRO SENÉN NIÑO AVENDAÑO

Senador Senador

Polo Democrático Polo Democrático

ANTONIO NAVARRO WOLFF ALEXANDER LÓPEZ MAYA

Senador Senador

Partido Alianza Verde Polo Democrático

GERMÁN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara

Polo Democrático

ANGÉLICA LOZANO CORREA ANGELA MARÍA ROBLEDO

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde

ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR VÍCTOR CORREA VÉLEZ

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Partido Liberal Polo Democrático

ALIRIO URIBE MUÑOZ INTI ASPRILLA REYES

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Polo Democrático Partido Alianza Verde

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Carta a Santos de parte del Polo, Verdes, Mira y Mais: Cero avances en urgente reforma electoral

Tras cuatro meses de conversaciones entre el Polo, el Partido Verde y el Mira con el gobierno nacional no hay avances en reforma electoral. La Ley 1475 de 2011 ordena que las elecciones se hagan con voto electrónico.

El Polo Democrático, el Partido Verde y el Movimiento Político Mira, constituidos como grupo para dialogar con el gobierno nacional con miras a acordar importantes y necesarias reformas al sistema electoral, en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos expresaron que “cuatro meses despúes, hay que decir que el avance ha sido ninguno”.

En la misiva, los congresistas Jorge Robledo y Alirio Uribe del Polo Democrático, Claudia López y Antonio Navarro del Partido Verde, Carlos Guevara del Mira y Luis Andrade del Mais manifiestan que “con el fin de saber si existen condiciones para avanzar en la búsqueda de coincidencias en estos asuntos de importancia nacional, dadas las gravísimas deficiencias del sistema político y electoral, incluidas muchas formas de la peor corrupción, le reiteramos nuestras ideas al respecto y respetuosamente le solicitamos decirnos cuáles de ellas podrían convertirse en olíticas públicas de su gobierno”.

Esta es la carta que los congresistas envíaron al presidente Juan Manuel Santos.

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Representante Uribe Muñoz anuncio acciones judiciales por demora en implementación del voto electrónico

En el marco de la audiencia sobre Reforma política y garantías de participación política que se desarrollará el próximo jueves 26 de mayo, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó que presentará una acción de cumplimiento para exigirle al Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, que cumpla con la implementación del voto electrónico y la identificación biométrica de los electores, tal y como está establecido en el artículo 39 de la Ley 1475 de 2011.

“Resulta inaudito que esta implementación no se haya realizado, a pesar que la ley – sancionada en julio de 2011 – establecía que el termino de implementación no podía excederse más allá de las elecciones para Congreso del año 2014”, manifestó Uribe Muñoz.

El Representante Uribe Muñoz, realizó para tal efecto, un requerimiento al Registrador nacional del estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,  Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y al Ministro de TICs, David Luna, entre otros miembros de la Comisión Asesora para la Incorporación de Tecnologías en el Proceso Electoral, en el que les solicita que informen sobre las acciones concretas que han llevado a cabo para dar cumplimiento a la ley.

Igualmente el Congresista solicitó informen sobre quiénes son los delegados de partidos o movimientos políticos que participan en la Comisión Asesora, y sobre todo, explique porqué a pesar que ya se han realizado 4 pruebas pilotos, aún no se implementa el sistema en todo el país.

“Es urgente que exista este tipo de implementación de voto electrónico y biométrico que brinde garantías y transparencia en los comicios electorales, con el fin de reducir los índices de fraude y otros delitos electorales, así como de corrupción” expresó el Representante.

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Comité demandará penalmente al presidente de la ETB

En el comité participan los senadores Jorge Enrique Robledo, Sofía Gaviria, Alexander López, Senén Niño y Viviane Morales, los representantes Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Inti Asprilla y Víctor Correa, así como las organizaciones Justicia Tributaria, CUT, Fecode, USO, Sintraisagén, Sintraisa, Sintraunicol, Sintraprevi, Sintrateléfonos, Atelca, Sindesena, Sintrae, Sintraelecol, Funtramiexco, Sindess, OCE, entre otras.

El comité se encargará de liderar acciones para detener lo que denominaron la arremetida privatizadora del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, que pretenden enajenar lo poco que queda del patrimonio público.

Como primera tarea del comité se denunciará penalmente ante la Fiscalía al presidente de la ETB, Jorge Castellanos, por falsedad ideológica y administración desleal. Según el abogado José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, el directivo habría difundido información falsa al mercado de valores que afectan el desempeño de la empresa. Además no hizo empalme con Saúl Kattan, por lo que no cumplió con la debida diligencia. Por su parte, el Concejal Hollman Morris advirtió que se denunciará también a los actuales miembros de la junta directiva por permitir que Castellanos promocione una situación financiera de la ETB que no es cierta.

El domingo a las 8:00 am está convocada una jornada de movilización por la defensa de la ETB en el Concejo de la capital, en el marco de las acciones programas por el recién creado comité nacional por la defensa del patrimonio público. También se esperan acciones iniciales en Cali por la defensa del Hospital Universitario del Valle y en Bucaramanga en defensa del acueducto.

De igual forma, desde hace varios meses se está trabajando en la campaña Unidos por Ecopetrol, que ha congregado a la USO y otras organizaciones con congresistas, concejales, diputados e incluso alcaldes y gobernadores de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Polo, Verdes, ASI y la U, para advertir sobre los planes para privatizar a la empresa más grande del país, la joya de la corona del patrimonio nacional.

Por otra parte, la senadora Viviane Morales radicó la ponencia del proyecto de ‘Ley Isagén’ en la Comisión Primera del Senado, que busca modificar la Ley 226 para que se establezcan controles por parte del Congreso de la República a la enajenación de activos.

Casos exitosos en la defensa de lo público

El comité destacó como un caso exitoso en la defensa del patrimonio de los colombianos la próxima reversión del campo Rubiales a la Nación, que se realizará el 1 de julio de este año. Esta reversión fue resultado de las acciones emprendidas por decenas de organizaciones que se unieron en la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol. Rubiales, que estaba siendo operado por Pacific – hoy en quiebra – es el campo petrolero más importante que tiene el país, con alrededor de 125.000 barriles diarios, y a partir de julio será operado directamente por Ecopetrol.

Asimismo, el 4 de julio la Nación recuperará el campo Cusiana en Casanare, lo que permitirá fortalecer a Ecopetrol en la región.

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La Reforma Política, una garantía de participación para la construcción de la paz

Con el objetivo de plantear a la opinión pública la necesidad de abrir una discusión sobre cómo debería ser una reforma que garantice la participación política para la construcción de paz, que contemple la concreción de un Estatuto de Oposición, reformas efectivas al Sistema Electoral y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de los movimientos sociales, el próximo jueves 26 de mayo se realizará en las instalaciones del Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública “Reforma Política: Garantía de Participación Política para la Construcción de Paz”, convocada por Senadores Iván Cepeda, Luís Evelis Andrade, Alberto Castilla y los Representantes a la cámara, Ángela Robledo, Inti Asprilla, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz.

La audiencia realizada en el marco del pos acuerdo y según el punto 2 de los acuerdos de la Habana, contará con la presencia del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, Viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Guillermo Rivera, Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, Magistrado Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, Directora Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, Director de  Dejusticia, Rodrigo Uprimny y el Vicedecano de Investigación y Extensión, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Alejo Vargas Velásquez.

Desde la perspectiva del principio de pluralismo, el primer panel sobre reforma política democrática, tratará principalmente el tema de las circunscripciones especiales de paz, financiación de partidos y campañas, umbral y personería, garantías para las campañas electorales, coaliciones, y sistema de partidos.

El segundo panel, hacia un Estatuto de la Oposición, revisado a la luz del acuerdo de La Habana y la Constitución de 1991, tratará sobre la reglamentación de la declaratoria de oposición, derecho a réplica, medios de comunicación, participación en organismos de control y recuento de las iniciativas adelantadas en los últimos años sobre el tema.

El tercer panel, Reforma a la Organización Electoral, tratará temas como, mecanismos de elección y nombramiento de funcionarios de la organización electoral, funciones, decisiones judiciales y administrativas, modernización del mecanismo electoral (voto electrónico), entre otros.

La audiencia también contará con la participación de diferentes sectores sociales y políticos como Mais, Partido Comunista, Progresistas, Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, PUP, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo.

Las personas interesadas en asistir, pueden realizar su inscripción en el siguiente link:http://bit.ly/1XFp8dR

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“Polo Democrático desde el Congreso facilitará que los acuerdos lleguen a feliz término”

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó su complacencia frente al anuncio realizado el día de ayer por parte del Gobierno nacional y las FARC EP, por cuanto en uno de los temas más polémicos de la negociación, “Se encontró una figura que le permite dar fuerza jurídica, política y constitucional a los acuerdos”

A juicio del Representante, “La fórmula es muy novedosa y sobre todo, ajustada al derecho internacional y a la Constitución, que garantiza que se respete el contenido de los acuerdos, su autenticidad y la bilateralidad de los mismos”

Para el Representante lo pactado por las dos partes es una herramienta muy democrática por cuanto el acuerdo pasa por el Congreso de la República a través de lo que se llama un acuerdo especial de derecho internacional humanitario en virtud de los convenios de Ginebra, pasa también por control de constitucionalidad, lo que implica que “en los acuerdos interviene el Gobierno nacional, las FARC EP, el Congreso como aparato natural legislativo y la Corte Constitucional”

Finalmente manifestó que desde “El Polo Democrático como lo ha hecho hasta la fecha va facilitar que estos acuerdos se incorporen y lleguen a feliz término

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A primer debate proyecto de ley que pretende aumentar a 18 meses la prestación del servicio militar obligatorio

Se espera que con la presencia del Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas,  el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Ministra de Trabajo Clara López, entre otros, se lleve a cabo mañana miércoles 11 de mayo, en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes el primer debate al proyecto de ley Proyecto de Ley No. 101 de 2015 Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Militares y de Policía y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de Ley No. 154 de 2015 Cámara “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”.

Estos proyectos de ley, además que van en contravía de lo expuesto por el presidente Juan Manuel Santos en su campaña, cuando prometió eliminar el servicio militar obligatorio[1], se conciben bajo la lógica de guerra, dado que mantiene los criterios de incorporación, permanencia y formación definidos para afrontar el conflicto armado, desconociendo cualquier posibilidad de que las fuerzas militares puedan contribuir a la paz, más allá de la seguridad y las armas.

A juicio del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, uno de los ponentes de los proyectos y quien solicitará el archivo de los mismos, “No se puede seguir obligando a los jóvenes a participar en el conflicto armado, cuando este ha dejado millones de víctimas, entre ellas los 1.294 jóvenes que resultaron como muertos en combate durante la prestación del servicio militar y los 7.552 jóvenes  que quedaron afectados de por vida por los daños físicos y mentales de que fueron víctimas durante la prestación del servicio militar obligatorio”

En ese mismo sentido, el Congresista manifestará su inconformidad, ya que el proyecto amplía de manera injustificada la duración del servicio militar de 12 a 18 meses, bajo el argumento de unificación de modalidades, desconociendo el derecho a la igualdad, “Es injusto e inconveniente que esta guerra la siga librando los más pobres de este país. Como se señaló anteriormente, durante los 3 últimos años se reclutó a  325.718 jóvenes, de los cuales el 65% de los jóvenes ingresaron bajo la modalidad de soldado regular y el 27% bajo la modalidad de soldado campesino”

El Representante Uribe Muñoz en su ponencia negativa, además de dar a conocer otros puntos de los proyectos de ley que van en contravía de la coyuntura que vive el país, exhorta al Congreso para que no siga legislando para la guerra, “Urge archivar este proyecto de ley, no podemos seguir obligando a los jóvenes a empuñar fusiles en el posconflicto, esto es incoherente con el mensaje de paz a las víctimas, a las familias pobres y a los mismos jóvenes

[1] Ver por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=gpTUF7AvVU0

http://www.elespectador.com/noticias/paz/una-vez-se-firme-paz-farc-se-elimina-el-servicio-milita-articulo-496325

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Consejo Territorial de Planeación del Distrito advierte que Plan De Desarrollo de Bogotá, presentado por Peñalosa, no especifica fuentes de recursos

En el marco del Foro Las Políticas Sociales del Plan de Desarrollo de Bogotá, realizado hoy en el Congreso de la República, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz dio a conocer el concepto que emitió el Consejo Territorial de Planeación del Distrito, según el cual, el plan presentado por Peñalosa además de no contar con un enfoque de derechos, ni de género, ni equidad, no especifica las fuentes de recursos, “de manera que no es posible analizar la viabilidad financiera del mismo” afirmó el congresista.

El concepto presentado el pasado 29 de marzo, por el Consejo Territorial de Planeación, fue producto de un análisis concienzudo y crítico que contó con el acompañamiento de un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional.

En este sentido Uribe Muñoz destacó del Concepto su análisis que pone en evidencia, el poco financiamiento para los diferentes programas sociales enunciados en el anteproyecto, donde la prioridad a la de infraestructura y movilidad es notorio, dejando relegado los programas sociales en un segundo y tercer nivel.” Al Concejo le preocupa “el excesivo énfasis en la asignación presupuestal en este sector, pues dos estrategias, Movilidad (la estrategia 3.2.9)  con la de Transporte regional, (3.4.5) suman el 59% de los recursos.

El Congresista del Polo Democrático Alternativo, resaltó así mismo, que  en dicho Plan,  no hay una planeación en el abordaje de los temas de construcción de paz, aspectos de los cuales la ciudad capital no puede sustraerse, como tampoco  medidas de inclusión para poblaciones especiales, entre otros temas

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Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que reduce el aporte de los pensionados en salud del 12 al 4%

Con 102 votos fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de Ley 008 de 2015, por medio de la cual se reduce el aporte de los pensionados al sistema de seguridad social en salud, del 12% al 4%, después de cerca de un año desde su radicación.

Esta es la segunda estación del proyecto de Ley 008 de 2015, le restarían 2 en Senado y la correspondiente sanción presidencial para convertirse en Ley de la República. El deseo de sus autores, como el de la población pensionada del país, es que avance y no se hunda como iniciativas anteriores, por falta de trámite en el Congreso.

La iniciativa legal, autoría de congresistas del Polo Democrático Alternativo, el partido MIRA y el partido Alianza Verde, pretende modificar la Ley 100 de 1993, y disminuir este aporte de los pensionados, lo cual para sus autores y ponentes es un acto de justicia distributiva: “no es justo que los pensionados después de contribuir como trabajadores durante 25 o 30 años, y hayan alcanzado difícilmente la pensión, tengan luego que pagar por empleador y trabajador sin ser ninguna de las dos categorías sociales, sino una persona mayor de edad y sujeto de especial protección”, afirmó el congresista Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá.

El proyecto beneficiaría a por lo menos 2 millones de personas que tienen derecho a una pensión en Colombia, siendo en su gran mayoría de escasos recursos, pues como lo afirma el mismo representante Uribe Muñoz “De acuerdo con información oficial, el 80% de los pensionados del país perciben una pensión equivalente a un salario mínimo, y solo un 5% del total de jubilados recibe mesadas superiores a 4 salarios mínimos legales”.

Esta es una reforma legal, que el propio presidente Juan Manuel Santos avaló en su candidatura a la reelección, sin embargo, ha recibido conceptos contradictorios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmando que su costo (cercano a los 3 billones de pesos) se sale de las cuentas del gobierno nacional, y que no existiría forma de llenar ese vacío presupuestal.

Al respecto, el mismo representante Uribe Muñoz afirma que el proyecto incluyó en su sustento fuentes alternativas para financiar este faltante en el sistema de salud, como la eliminación de beneficios tributarios a grandes empresarios o la reducción del presupuesto militar. “Estamos pensando en construir paz en Colombia, y eso se logra dando bienestar a la gente, en este caso es intentando mejorar el ingreso disponible de nuestros adultos mayores. Esta y otras políticas, se pueden financiar incluso sin reformas tributarias; hemos expuesto opciones, y cada vez surgen más alternativas, como cobrar a los evasores que tienen rentas en paraísos fiscales, por ejemplo. ¿Se imagina usted cuánta plata podría tener el fisco colombiano si el listado de “Panamá Papers” pagara lo que corresponde?”, aseveró el representante del Polo.

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Actores radicaron proyecto que garantiza sus derechos laborales, culturales y de autor

Con la autoría de más de 20 congresistas de todos los partidos políticos, y el apoyo de varias organizaciones, la Asociación colombiana de actores ACA, radicó el proyecto de ley que establece el Estatuto del actor, y la profesionalización de la labor actoral. La iniciativa regula las condiciones de trabajo con garantías de seguridad social para asegurarles una vejez digna a los profesionales de la actuación en Colombia.

Bogotá, 20/04/2016. La Asociación de Actores Colombianos (ACA) comenzó hace dos años a trabajar en la propuesta que hoy se radicó como proyecto de ley, y que busca garantizar los derechos laborales, culturales y de autor, de ese gremio.

La propuesta contempla reducir la intermitencia e inestabilidad laboral de los actores y crea unaSubcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los actores profesionales.

“El subsidio se concederá para reemplazar los aportes del actor o actriz como trabajador independiente, durante los periodos de tiempo en los que no esté vinculado contractualmente y como excepción a lo contemplado en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 100, la base de cotización será del promedio del valor cotizado en los últimos seis meses, estipula el proyecto.

Además, este gremio de artistas pide la profesionalización de su labor, que actualmente es considerada como un oficio, con el fin de que en todas las producciones audiovisuales, el 90 % de los actores contratados sean profesionales. Esto, según el proyecto, significa que tenga “un título profesional de maestro en artes escénicas o títulos afines; experiencia de trabajo actoral mayor de 10 años acumulados y certificados o la combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo de cinco  años”.

La Asociación ACA explicó que por medio de esta ley serán protegidos los derechos patrimoniales (de autor y materiales) de los actores, pues muchas veces ellos deben ceder estos derechos cuando firman determinados tipos de contrato. “La imagen del actor en promoción de marcas deberá ser reconocida como contrato aparte en sus honorarios”, propone la ley, la cual añade: “La remuneración debe hacerse de forma separada al salario, honorarios o cualquier otra remuneración que corresponda a la labor o servicio desempeñado por el actor o actriz no podrá entenderse como parte de su remuneración”.

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“El accionar paramilitar en Colombia es real, Según denuncias de las propias comunidades. No solo es crimen organizado”

En el marco de la audiencia sobre persistencia del paramilitarismo, convocada por los Congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, éste ultimo  manifestó que  existe una gran coincidencia entre las agresiones (asesinatos, amenazas, ataques) a defensores de derechos humanos, entre los que caben líderes campesinos, afros, juveniles, reclamantes de tierras, con las zonas donde existe según informaciones de las propias comunidades presencia paramilitar.

En efecto, tal y como lo demuestran los gráficos presentados, la coincidencia entre los asesinatos presentados por el Programa Somos Defensores en el primer trimestre del año, con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación es del 70%, teniendo en cuenta además que la responsabilidad de estos hechos corresponden a un 66% a grupos paramilitares y un 32% a actores desconocidos, según Somos Defensores.

El Congresista además dio a conocer que “Algo similar ocurre si cruzamos la jurisdicción municipal en la que se ubican los 20 batallones Especiales Energéticos y Viales, con los municipios donde hacen presencia con mayor fuerza grupos paramilitares. Según los cruces realizados, en cerca de la mitad de los territorios que tienen amplia presencia éstos grupos, como por ejemplo, Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Segovia y Zaragoza (Antioquia), Valledupar (Cesar), Tumaco y Jurisdicción de Tumaco (Nariño) y Puerto Rico (Caquetá), existe una presencia militar fuerte[1]

 Frente a la restitución de tierras y la incidencia del paramilitarismo, Uribe Muñoz ha denunciado que al cruzar los mapas de las áreas microfocalizadas para restitución remitida por la Unidad de Restitución con corte al 26 de agosto de 2015, con la caracterización municipal del informe de la Fundación Paz y reconciliación, se evidencia que en no menos de 160 municipios corresponden a zonas con presencia de una o más de estas bandas criminales, “En total, el traslape de las áreas microfocalizadas con los municipios con presencia paramilitar, asciende a no menos de 5.170.852 hectáreas, es decir, cerca del 45% del total del área microfocalizada a nivel nacional para la restitución de tierras” manifestó el congresista

Para Uribe Muñoz es claro que el accionar paramilitar actual es concordante, no sólo con el fracaso del supuesto proceso de desmovilización y la ineficiente aplicación de la ley 975, sino con la  incapacidad del Estado para controlar la reincidencia de los pocos desmovilizados reales que volvieron a las armas, los disidentes, es decir, aquellos que no se desmovilizaron incluidos jefes de distinto nivel que ocuparon pronto áreas de presencia paramilitar y sobre todo nuevos reclutados en grupos emergentes.

En la audiencia representantes de varias organizaciones de víctimas, del movimiento social y de derechos humanos expusieron la grave situación que se vive en varias zonas del país, entre ellas: Bajo Atrato, Catatumbo, San José de Apartadó, Cauca, Nordeste Antioqueño, Magdalena Medio, Buenaventura, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, San Vicente del Caguán, Puerto Gaitán y Tolima, así como contra la población estudiantil de Colombia.

Las organizaciones que participaron son, entre otras: Acasa, Ascamcat, Aheramigua, Credhos, REDDHFIC, Red de derechos humanos del Putumayo, Caguán Vive, Fundación DHOC, Aceu, Feu, la Onic, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, Asodecas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio de Colombia, las Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

[1]Investigaciones hechas por la Fundación Paz & Reconciliación han permitido observar que, por ejemplo, en áreas de extracción minera, como el departamento del Chocó, pequeños mineros se refieren a la policía nacional como las “Águilas verdes”, pues cobran para permitir el ingreso de maquinaria pesada a las áreas de explotación aurífera.

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Centrales exigen al gobierno nacional rendir cuentas en materia de reparación colectiva al movimiento sindical

Las organizaciones sindicales marcharán el 9 de abril a nivel nacional. En Bogotá, la concentración se hará en el Centro de Memoria a las 11:00 a.m.

El próximo 8 de abril en el Congreso de la República el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, PDA, Alirio Uribe Muñoz, citará a las autoridades nacionales a rendir cuentas sobre los avances en el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical. La audiencia es convocada por petición de las Centrales Sindicales CUT, CTC y la Confederación CGT; la Coordinación Capítulo Colombia Fsis /Sindicatos Globales (UITA, ICN, ITF, INDUSTRIALL, ISP - UNI) y con el apoyo de las organizaciones sociales: Cajar, ENS y Cedetrabajo.

El 9 de abril de 2014, representantes de las tres centrales se reunieron con el Presidente de la República Juan Manuel Santos, con la directora de la Unidad para las Víctimas, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el director de la Unidad Nacional de Protección, el Fiscal General de la Nación, y los ministerios de Trabajo, Justicia y del Derecho, Hacienda, Interior y Agricultura y allí se acordó la creación de una Mesa de concertación de alto nivel con el objetivo que la misma logrará impulsar el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, el cual se considera de importancia para la construcción de un país en paz.

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“La participación de la sociedad civil en el proceso que se inicia con el ELN es muy relevante”:

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó frente al inicio de los diálogos con el Gobierno y el ELN, que es un sueño hecho realidad para el conjunto de la sociedad civil que desde diferentes regiones del país venía reclamando por la importancia de pasar a la fase dos de la negociación con este grupo insurgente, “Hoy es un día muy especial para Colombia. Sin duda que si se acaba la guerra ganamos todos y sin duda que si hacemos una paz completa esa paz puede ser más estable y mucho más duradera”

De igual manera el Congresista, además de agradecer a las partes involucradas,  referenció la valentía con la que han asumido el paso dado, “Hay que agradecer al Gobierno Nacional, al ELN, por tener la valentía de dejar de la posibilidad de continuar una guerra y optar por una construcción de paz.

Frente a los componentes de la Agenda, Uribe Muñoz destacó que en la fase pública se diera relevancia a la participación de la sociedad civil “El gran trabajo que tenemos que hacer es convocar a que la sociedad civil participe, ya que de este se van a derivar los puntos que se requieren para transformaciones, para la paz, el tema de víctimas, de seguridad para la paz, de dejación de armas y el tema de garantías para la acción política”

Finalmente el Congresista quien es también copresidente de la Comisión de paz de la Cámara de Representantes, anunció que “Desde el Congreso vamos a respetar dos principios: primero la bilateralidad, es decir que vamos a legislar sobre lo pactado por las dos partes y segundo el de autenticidad, ósea que el Congreso no modificará lo acordado en el trámite legislativo”

Es un día muy importante para el país. Después de la independencia de Colombia tal vez poner fin a la guerra y fin al conflicto armado puede ser el hito histórico más importante después de la independencia.

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Congresistas visitan la Tramacúa para verificar situación de internos que estaban en huelga de hambre

Los Congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Víctor Correa y Alberto Castilla visitan este sábado 19 de marzo, la Penitencieria de Alta Seguridad La Tramacúa de Valledupar, con el fin de verificar la situación de los 244 internos que desde el pasado 23 de febrero hasta el 17 de marzo se encontraban en huelga de hambre.

Los prisioneros que resistieron levantaron el día de ayer jueves la huelga de hambre, luego que se reunieran con Marcela Abadía – delegada de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el Brigadier General Jorge Ramírez Aragón – Director General del INPEC – quienes en reunión con el Comité de Derechos Humanos se comprometieron a modificar el régimen interno y brindarles mejores condiciones de detención.

De tal manera autorizaron el uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima.

Los parlamentarios en su visita harán seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional al dar respuesta a la tutela T-282 de 2014 en la que ordenó al INPEC y a la propia cárcel Tramacúa, asegurar el suministro de agua potable, no recibir nuevos prisioneros hasta contar con cantidad de agua potable suficiente, acondicionar a los presos de utensilios para asear sus celdas, los baños y saciar su sed por las noches, así como acondicionar el área del rancho para que tenga un sistema de almacenamiento de agua y terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico.

Igualmente evaluaran si el INPEC ha tomado medidas para resolver el problema de hacinamiento, la falta de atención médica, los actos de tortura que reportan los internos y la grave crisis de salubridad que afronta el penal, situaciones a la cual la propia Corte Constitucional había dado un plazo de 10 días ante el incumplimiento de la tutela el pasado mes de febrero.

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Esperamos que Presidente Santos terne para el cargo de defensor del pueblo a mujeres con reconocida trayectoria en la materia

En el marco de la plenaria realizada en la Cámara de Representantes en la que se aceptó la renuncia del defensor del Pueblo  Jorge Armando Otálora, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, solicito al Presidente Juan Manuel Santos, frente a la escogencia de la terna que lo reemplazará que “Se realice un proceso transparente, respetuoso de la equidad de género y con participación de la sociedad civil”

Para el Congresista, el nuevo defensor del Pueblo debe ser un abogado como lo exige la Constitución, pero no cualquiera, ya que no se imagina a un jurista formado en derecho de las empresas o a un experto en remates judiciales que sacan a diario a los deudores de UPAC o UVR de sus viviendas

“Tampoco queremos a un abogado penalistas que haya sacado paramilitares o políticos corruptos de la cárcel o a un asiduo defensor del ESMAD que golpea a quienes ejercen el derecho a la protesta como el Defensor del Pueblo, ni mucho menos, un figurín político, acomodado a los intereses del gobierno nacional o lo que sería aún más grave, un amigo de los enemigos de la paz”

Uribe Muñoz manifestó su deseo para que el cargo sea ocupado por una mujer, reconociendo que en los 25 años de existencia de la Defensoría ninguna mujer ha ocupado dicho puesto logrando así“avanzar en superar el déficit de participación de las mujeres en los cargos de alto nivel dentro del Estado y en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es la igualdad de género”

En ese marco, solicitó además al Presidente Santos presente una terna conformada sólo por mujeres defensoras de derechos humanos con una amplia y reconocida trayectoria en la materia,“Ya hemos visto muchos casos en que se conforma una terna en la que se incluye una mujer solo por cumplir el requisito de ley de cuotas, pero sin ninguna opción real de quedar. En esta oportunidad debe ser diferente”

Finalmente exhortó para que en esta elección tenga participación la sociedad civil.

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“No se puede poner a cuidar el queso a los ratones”

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó frente a la creación de una Comisión Especial de Alto Nivel para investigar a fondo las irregularidades denunciadas dentro de la Policía Nacional, que si bien es importante, “La Comisión debe ser imparcial en las labores investigativas que adelante, pero el nombramiento de Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda y quien tuvo contratos con ésta entidad, lo único que nos sugiere es que esto no va pasar. Su nombramiento es como poner a cuidar el queso a los ratones”

El congresista, así mismo denunció en Comisión segunda de la Corporación, donde se desarrolló un debate de control político citado por el centro Democrático sobre corrupción en la policía que, no hay voluntad política para que los órganos de control y de justicia sancionen de manera ejemplar las irregularidades en materia penal disciplinaria y fiscal en el sector defensa, que se revelan en los informes presentados por la Contraloría, la procuraduría y la Fiscalía.

“Por ejemplo, frente a responsabilidad penal, teniendo en cuenta diversos delitos de las fuerzas militares, se halló que con corte a diciembre de 2015 (para todas las fuerzas), de 23.572 procesos, sólo 6.075, el 25,8% está en estado activo, en comparación con 17.497 investigaciones, el 74,2% que se encuentran en estado inactivo”, preciso el Congresista

Según los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación y el propio Ministerio de Defensa, de estas más de 23 mil investigaciones, el 47% (11.181) corresponden a tipos penales vinculados con delitos contra la administración pública (5.607), contra la fe pública (3.653) y contra el patrimonio económico (1.921). En cada uno de estos casos el estado inactivo de las investigaciones es 67,4%, 77,6% y 77,8%, respectivamente.

“Es decir, cerca de la mitad de los delitos en las fuerzas militares corresponden a hechos de corrupción, abuso de autoridad, estafa, concusión y falsedad; y en más de un 75% no tienen desarrollo en materia de justicia” manifestó Uribe Muñoz.

Lo mismo sucede en materia de responsabilidad fiscal, es decir cuando se usan dineros públicos de manera distorsionada para beneficiar a privados o terceros. Según la Contraloría, en el sector defensa consolidado apenas  se referencian 78 procesos para todas las fuerzas, de los cuales sólo en 13 casos se halló responsabilidad. “Sobresale y resulta inaudito que a pesar de contar con una cantidad considerable de hallazgos en los últimos tiempos que incluso han trascendido a nivel mediático, en el caso de la Policía Nacional, no se halla relacionado ni un solo caso”

En el caso de la Procuraduría sucede algo similar en el cuanto al sector defensa en general. De 49.759 procesos disciplinarios, apenas se tienen 3.008 acciones de la procuraduría entre 2002 y 2015 (es decir 107 sanciones por año). De estas 3008 sanciones, 784 corresponden a medidas de suspensión, 752 destituciones, 666 destituciones con inhabilidades y 496 multas. Las demás corresponden en su gran mayoría a amonestaciones y represiones.

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No hay voluntad política ni financiera para la implementación de la Ley de Mujer Rural

El Representante Alirio Uribe Muñoz, uno de los convocantes a la audiencia pública sobre el balance de aplicación de la ley de mujer rural (731 de 2002) que se desarrolló en el Congreso de la República, manifestó su preocupación por la falta de voluntad política y financiera de éste y anteriores gobiernos en la implementación de la misma.

“Las cifras hablan por sí solas. No sólo dedica un 30% del presupuesto del Ministerio en programas de Desarrollo Rural, cuando debería ser del 50% siendo equitativos, sino que cuando entramos a verificar lo de ese supuesto 30%, pues nos encontramos con que el Gobierno no nos da cifras fiables. Según respuesta que nos hicieron llegar, el presupuesto para mujer rural en el 2005 tuvo una apropiación de $500.000, en 2006 de $200.000, en 2011 de $1.000.000 y en 2014 de $13.256.000. Realmente nos preguntamos si son las cifras de un Ministerio o un chiste mal gusto.”

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En ese mismo sentido, indicó el congresista “El propio Ministerio de Agricultura manifestó que ha gastado 17 mil millones de pesos en programas de desarrollo rural, pero no dice en qué ha gastado ese dinero, y si uno mira el presupuesto del gobierno anterior y si se hubiese aplicado ese 30% para las mujeres rurales el presupuesto debería haber sido de más de un billón de pesos y no de sólo 17 mil millones”

Para el Representante Uribe Muñoz, lo que existe es un engaño del gobierno frente a la política pública de mujeres rurales. “No es posible que a pesar de haberse creado una secretaria de mujer rural, tampoco se haya nombrado a la fecha la directora de esa entidad”

Por último manifestó sentirse muy decepcionado frente a los resultados de la audiencia, “El ministro no asistió, los delegados que nos envió no explican las cifras que envió el ministerio, lo cual implica que nos veremos compelidos a hacer una audiencia de control político para que nos explique si la ley se está aplicando si hay de verdad voluntad política del gobierno frente a este importante tema para las mujeres rurales”

A la audiencia asistieron aproximadamente 300 lideresas de organizaciones campesinas y populares, que fueron convocadas por los Representantes Ángela María Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe, con el propósito de evaluar el pobre cumplimiento de la ley 731 de 2002 que básicamente – al parecer – se quedó como muchas otras leyes, sólo en el papel.

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Congresistas del Polo y de la Alianza Verde, y organizaciones campesinas, demandaron la Ley de Zidres

ván Cepeda, Alberto Castilla, y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo, y Ángela Robledo e Inti Asprilla, de la Alianza Verde,  junto a integrantes de la Cumbre Agraria y otros ciudadanos, radicaron ante la Corte Constitucional la demanda de forma y de fondo contra la Ley 1776 de 2016, conocida como la Ley de Zidres.

Los principales argumentos de la demanda se centran en una presunta afectación a la ley de baldíos, al introducir, según los demandantes,  medidas regresivas en torno a la garantía del derecho a la territorialidad campesina, especialmente en cuanto dispone la entrega de bienes baldíos de la nación a personas indeterminadas para el desarrollo de proyectos dentro de las denominadas zonas Zidres, y permitiendo la acumulación de tierras originalmente adjudicadas como baldíos.

Otro aspecto demandado es el que tiene que ver con una presunta imposición de un modelo de asociación a los campesinos. Los demandantes afirman que la figura de asociación mediante la cual se proponen alianzas entre campesinos y empresarios, resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, entre los que se cuentan el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al territorio campesino y la dignidad humana.

Los congresistas demandantes también recalcaron la posible vulneración de los derechos constitucionales de participación ciudadana y de la potestad que tienen los municipios de definir el ordenamiento de los usos del suelo, entre otros.

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Delegación de parlamentarios europeos de visita en Colombia, manifiestan su apoyo al proceso de paz

Con el objetivo de respaldar el proceso de paz y expresar su solidaridad y apoyo a los líderes políticos y sociales que actúan como facilitadores en el proceso, entre ellos el Senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, se encuentra en Colombia una delegación de parlamentarios europeos.

La misión fue organizada por los Congresistas del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar y Víctor Correa y del Partido Verde, Ángela María Robledo e Inti Asprilla Reyes y la ONG Justice for Colombia.

La delegación internacional está integrada por Jeffrey Donaldson MP, Parlamentario del Partido DUO en el Parlamento Británico, Mark Durkan MP, Parlamentario del Partido SDLP en el parlamento británico y John McCallister, diputado de la Asamblea del Norte de Irlanda. Los acompaña también Mariela Kohon, Directora de Justice for Colombia y Sarah Merrill de la misma organización.

En el marco de la misión se reunieron con la Cancillería, el Procurador General de la Nación, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, Congresistas y otras autoridades del alto gobierno de Colombia

En su declaración final, los parlamentarios europeos declararon su complacencia al gobierno colombiano, a las FARC EP y a la sociedad en general por todos los avances logrados hasta el momento, recalcando su irrestricto apoyo al proceso.

“Queremos expresar nuestro respaldo al proceso de paz que ha emprendido Colombia hace ya un tiempo y como ciudadanos provenientes de una región que también vivió un conflicto armado por varios años y que logró unos acuerdos de paz que han sido exitosos y que nos han permitido avanzar en la consolidación de la democracia pluralista e incluyente en medio de la diversidad, creemos firmemente que la resolución de los conflictos debe darse mediante la negociación y el diálogo y por eso creemos que Colombia va por un buen camino” manifestaron

Igualmente resaltaron que el contexto de negociación es una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y públicas colombianas, y el ejercicio legítimo del control político que se ejerce desde el parlamento sobre los distintos estamentos de gobierno.

En esa medida se pronunciaron por las acciones de estigmatización y el proceso disciplinario que ha emprendido el Procurador General de la Nación en contra del Senador Iván Cepeda Castro, quien desde su curul como congresista ha sido un asiduo defensor del proceso de paz, al tiempo que ha desarrollado su labor de control político proponiendo debates que son propios del trabajo de un congresista en Colombia y en cualquier país del mundo que tenga un régimen democrático.

“Ese tipo de respuesta ante la labor parlamentaria crítica, envía un mensaje negativo a la sociedad colombiana, y afecta los cimientos de la democracia, la democracia, la cual antes que debilitarse, debe fortalecerse para poder avanzar en mejorar sus instituciones y mecanismos de representación y participación política en el escenario del posconflicto”

De tal manera, colocaron a disposición de la opinión pública, los pronunciamientos suscritos por cientos de parlamentarios de Europa, a los que les preocupa que se cercene el debate democrático, tomando represalias contra quienes ejercen su derecho y cumples su deber de hacer control político.

DECLARACIÓN

La misión parlamentaria que en esta oportunidad visita Colombia la conformamos Jeffrey Donaldson MP, Parlamentario del Partido DUP en el Parlamento Británico, ex militar y negociador del proceso de paz de Irlanda del norte , Mark Durkan MP, Parlamentario del Partido Social democrata SDLP en el parlamento británico ex Vice primer ministro de Irlanda del norte y negociador del proceso de paz y John McCallister, diputado de la Asamblea del Norte de Irlanda. Nos acompaña también Mariela Kohon, Directora de Justicefor Colombia y Sarah Merrill coordinadora del grupo parlamentarios Amigos de Colombia, de 85 parlamentarios del Reino Unido.

A través de la organización Justice for Colombia nosotros y otros políticos de Irlanda del norte hemos venido acompañando el proceso de paz de colombia desde el inicio del diálogo.

Nos hemos reunido con ambas partes, el gobierno incluyendo el Presidente y equipo negociador y las FARC en varias ocasiones en Colombia y en la habana para compartir experiencias de nuestro propio proceso de paz. Les felicitamos al gobierno, las FARC y a la sociedad colombiana por todos los avances logrados y nos ofrecemos para seguir apoyando el proceso en donde sea útil.

La visita tiene como objetivo respaldar el proceso de paz y expresar su solidaridad y apoyo a los líderes políticos y sociales que actúan como facilitadores en el proceso, entre ellos el Senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro y ha sido organizada por los Congresistas del Polo Democrático: Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar y Victor Correa y del Partido Verde: Angela María Robledo e Inti Asprilla Reyes y la ONG Justice for Colombia.

En el marco de la misión nos hemos reunido con la Cancillería, el Procurador General de la Nación, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, Congresistas y otras autoridades del alto gobierno de Colombia

Queremos expresar nuestro respaldo al proceso de paz que ha emprendido Colombia hace ya un tiempo y como ciudadanos provenientes de una región que también vivió un conflicto armado por varios años y que logró unos acuerdos de paz que han sido exitosos y que nos han permitido avanzar en la consolidación de la democracia pluralista e incluyente en medio de la diversidad, creemos firmemente que la resolución de los conflictos debe darse mediante la negociación y el diálogo y por eso creemos que Colombia va por un buen camino.

Por supuesto es deseable que el gobierno colombiano pueda sentarse a dialogar con todos los grupos armados ilegales, ya lo ha hecho con las FARC-EP, es importante que igualmente pueda hacerlo con el ELN y que sea un proceso inclusivo.

Igualmente, consideramos importante que la sociedad colombiana en su conjunto pueda prepararse adecuadamente para la transición hacia el posconflicto, desde sus regiones apartadas, en las que con más fuerza se han vivido los impactos de la guerra hasta las grandes ciudades que también deben ser solidarias y que también podrán beneficiarse de las ganancias de la paz. Por ello es fundamental el papel de los medios de comunicación y que puedan darse garantías a los líderes y facilitadores del proceso de paz, desde el respeto por la libertad de opinión y el pluralismo.

También creemos que el contexto de negociación es una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y públicas colombianas, y el ejercicio legítimo del control político que se ejerce desde el parlamento sobre los distintos estamentos de gobierno.

En esa medida nos preocupan mucho las acciones de estigmatización y el proceso disciplinario que ha emprendido el Procurador General de la Nación en contra del Senador Iván Cepeda Castro, quien desde su curul como congresista ha sido un asiduo defensor del proceso de paz, al tiempo que ha desarrollado su labor de control político proponiendo debates que son propios del trabajo de un congresista en Colombia y en cualquier país del mundo que tenga un régimen democrático.

Ese tipo de respuesta ante la labor parlamentaria crítica, envía un mensaje negativo a la sociedad colombiana, y afecta los cimientos de la democracia, la democracia, la cual antes que debilitarse, debe fortalecerse para poder avanzar en mejorar sus instituciones y mecanismos de representación y participación política en el escenario del posconflicto.

Con esos objetivos ponemos a disposición de la opinión pública, los pronunciamientos suscritos por cientos de parlamentarios de Europa, a los que les preocupa que se cercene el debate democrático, tomando represalias contra quienes ejercen su derecho y cumples su deber de hacer control político.

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Demandantes de Reforma al Fuero Penal Militar anuncian seguimiento a la aplicación del fallo de la Corte Constitucional

Los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe y Ángela María Robledo, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, conjuntamente con otras 8 organizaciones de derechos humanos[1] y algunos familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos celebramos la decisión de la Corte Constitucional sobre la sentencia proferida respecto de la demanda presentada el pasado 15 de julio de 2015, contra el acto legislativo que reforma el Fuero Penal Militar.

Sin embargo a diferencia de lo señalado por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que destacó la decisión como un “gesto de calificación del fuero penal militar”,  los demandantes consideran que la decisión de la Corte Constitucional no modifica el ordenamiento jurídico vigente, motivo por el cual anuncian seguimiento a la aplicación del fallo, “para que esto no signifique que las investigaciones por graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH hagan tránsito a la Justicia Penal Militar”  manifestaron.

Aunque en primer término solicitaban en la demanda que se declarada inexequible dicha reforma, los demandantes formularon como petición subsidiaria, que en caso de declararse la exequibilidad de la norma acusada, la Corte estableciera algunos parámetros de interpretación en su sentencia, de tal manera que fuera diáfano y absolutamente claro para todos los funcionarios judiciales que todas las conductas delictivas cometidas por miembros de la fuerza pública deben ser investigadas y juzgadas aplicando de manera concurrente, simultánea y complementaria, tanto las normas y principios del DIH, como las del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Para los demandantes, “la interpretación que acogió la Corte Constitucional, demuestra una vez más su compromiso con la vigencia irrestricta de los derechos humanos en el país, a pesar de que hubiéramos preferido una sentencia que declarara inexequible el Acto Legislativo para evitar cualquier duda y ambigüedad

En ese sentido, la Corte Constitucional dejó en claro que  “en la investigación y juzgamiento de conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado, se debe aplicar tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La reforma constitucional introducida al artículo 221 de la constitución, no excluye la aplicación concurrente y complementaria de ambos ordenamientos jurídicos”.

[1] Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Centro de Estudios Juan Gelman, la Fundación Nidia Erika Bautista, Asfaddes, Reiniciar y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

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Cámara haría debate de control político por incendios forestales

El Representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe Muñoz, recorrió desde tempranas horas el territorio que se ha visto afectado por los incendios forestales en la última semana en la capital, con el fin de definir responsabilidades y explorar la posibilidad de realizar un debate de control político apenas se inicie el período legislativo.

“Nosotros vamos a formular cuestionarios a la CAR, a la Alcaldía, con miras a estudiar la posibilidad de hacer un debate de control político porque nos parece que no se está acatando la sentencia del consejo de Estado de 2013 que imponía una serie de medidas, como por ejemplo sustituir el retamo espinoso que es una planta que fácilmente se incendia en los cerros de la ciudad, y sustituirla por plantas nativas”, afirmó el congresista.

Acompañado por técnicos, expertos ambientalistas, entre ellos Héctor Álvarez de la Mesa de Cerros Orientales, el congresista pudo observar que aún persisten zonas en las cuales el fuego no se ha apagado totalmente y que en tal medida afecta la población cercana donde se producen, “Lo que queda claro es que no hay un plan de manejo ni de mitigación sobre los bordes orientales de los cerros de la ciudad donde hay más de 55 barrios, 28 de los cuales son ilegales”

Uribe Muñoz, visitó el barrio El Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, uno de los más afectados por el incendio forestal, así como el barrio El Dorado de la localidad de Santa fe y los llamados Tanques de San Dionisio, donde pudo conocer por parte del Teniente de Bomberos encargado Nelson Bermúdez, que el incendio se está desplazando en sentido Nororiente.

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“Estamos evaluando la posibilidad de hacer un debate de control político sobre responsabilidad en el tema de incendios forestales”

El Representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe Muñoz, recorrió desde tempranas horas el territorio que se ha visto afectado por los incendios forestales en la última semana en la capital, con el fin de definir responsabilidades y explorar la posibilidad de realizar un debate de control político apenas se inicie el período legislativo.

Uribe informó que a la fecha, no se ha acatado la sentencia del Consejo de Estado emitida en el año 2013, la cual imponía una serie de medidas, como por ejemplo, sustituir el “retamo espinoso” que es una planta que fácilmente se incendia en los cerros de la ciudad, y sustituirla por plantas nativas.

“Nosotros vamos a formular cuestionarios a la CAR, a la Alcaldía, al Ejército, ya que según habitantes de la zona, el incendio se inició dentro de la Escuela de Apoyo Logístico, que es un área totalmente reservada, por tanto habría que investigar quiénes son los verdaderos responsables” manifestó el congresista.

Acompañado por técnicos, expertos ambientalistas, entre ellos Héctor Álvarez de la Mesa de Cerros Orientales, y la líder social Edith Parada, el congresista pudo observar que aún persisten zonas en las cuales el fuego no se ha apagado totalmente y que en tal medida afecta la población cercana donde se producen, “Lo que queda claro es que no hay un plan de manejo ni de mitigación sobre los bordes orientales de los cerros de la ciudad donde hay más de 55 barrios, 28 de los cuales son ilegales”

Uribe Muñoz, visitó el barrio El Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, uno de los más afectados por el incendio forestal, así como el barrio El Dorado de la localidad de Santa fe y los llamados Tanques de San Dionisio, donde pudo conocer por parte del Teniente de Bomberos encargado Nelson Bermúdez, que el incendio se está desplazando en sentido NorOriente.

 

Tanto la congresista Ángela Robledo como el representante Inti Asprilla anunciaron que se declararán en oposición deliberativa al Gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá.

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Congresistas solicitan a Defensor del Pueblo su renuncia

En una carta dirigida hoy al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, varios congresistasn entre ellos, los Representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo, Víctor Correa, Angélica Lozano, Ana Cristina Paz, Inti Asprilla, Oscar Ospina y los Senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Robledo y Claudia López, le piden se separe del cargo, para así poder asumir su defensa, sin afectar la institución que representa.

Igualmente los congresistas requerien a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten las investigaciones correspondientes, y se apliquen las sanciones más drásticas, en caso de encontrarse responsable de las conductas mencionadas.

Finalmente, los parlamentarios solicitan  se brinden todas las garantías de atención psicosocial, jurídica y de seguridad a las personas que han hecho las correspondientes denuncias.

Carta Otálora Denuncias 25Ene2016 (1)

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Polo alista acciones y tareas para resistir intentos de privatización de las empresas públicas de Bogotá por parte de Peñalosa

Con el propósito de hacer un balance del pasado proceso electoral del mes de octubre de 2015, así como determinar las acciones y tareas políticas a realizar este año frente a los anuncios de privatización de las empresas públicas de Bogotá por parte de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se llevó a cabo el pasado jueves 14 de enero en la Casa Amarilla, una amplia reunión con líderes y dirigentes de la capital encabezada por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón.

En efecto, a la reunión asistieron integrantes de los equipos de organización y gerentes zonales y locales de la pasada campaña política del Polo Democrático en Bogotá, así como excandidatos a ediles y al Concejo de la capital, quienes conjuntamente con la exaspirante a la Alcaldía, Clara López, el senador Senén Niño, el concejal Nelson Castro y el presidente del Comité Ejecutivo Distrital de la colectividad amarilla, Nelson Linares, hicieron un detallado análisis del pasado proceso electoral y determinaron proyectar las actividades a realizar este año, las cuales estarán dirigidas a defender y reivindicar las políticas públicas del modelo de ciudad social e incluyente  ejecutadas  por las tres últimas administraciones distritales.

La presidenta del Polo Democrático dijo que igualmente se proyectaron las tareas para asumir una contundente resistencia a los anuncios de privatización de las empresas de Telecomunicaciones (ETB), Acueducto y Aseo de la capital que viene haciendo el alcalde Peñalosa.

Para desarrollar estas acciones políticas en defensa del patrimonio público de la ciudad, los más de 200 líderes que participaron en la reunión coincidieron en la necesidad de reorganizar las coordinadoras locales del Polo y convocar a reuniones a los representantes de los sindicatos, organizaciones sociales y sectores poblacionales como indígenas, afros, LGBT, mujeres y jóvenes.

Igualmente, se trabajará por reactivar la convergencia social y política que respaldó la candidatura de López Obregón a la Alcaldía de Bogotá, de la cual hicieron parte además del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, MAIS, Progresistas, Poder Ciudadano, y líderes liberales y conservadores.

“Este es el primer paso para concretar la gran convergencia alternativa con miras a respaldar la refrendación de los acuerdos a que se lleguen en la mesa de negociaciones de paz en La Habana y la necesaria democratización del país”, señaló López Obregón.

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Primera entrega colectiva de restos mortales de víctimas del conflicto sepultadas como no identificadas en cementerios del meta

Hoy, 17 de diciembre, los restos mortales de 29 personas sepultadas en condición de no identificadas en Cementerios de los Llanos Orientales serán entregados a sus familiares.

La entrega de estas personas, víctimas del conflicto social y armado colombiano, la realizará el Gobierno Nacional, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y se realiza en el marco de la implementación de las medidas inmediatas del Acuerdo de búsqueda de desaparecidos, dado a conocer a través del comunicado 62 de la Mesa de Negociación de Paz y es la primera entrega colectiva que se realiza en condiciones de dignidad para las víctimas y familiares de personas inhumadas.

Se harán presentes el Alto Comisionado Para la Paz; el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, y Paula Gaviria, de la Unidad Nacional de Víctimas.

En el acto público de “Reconocimiento y dignificación a víctimas del conflicto armado”, que se desarrollará en la ciudad de Villavicencio, participarán también 77 familias más, a algunas de las cuales se les hizo entrega de los restos mortales de sus seres queridos entre 2013 y 2015 y otras que están en la espera de identificación y reconocimiento.

Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 45 mil víctimas de desaparición forzada. En el Meta, según Censo Nacional de Personas No Identificadas, en sólo cinco cementerios se encontrarían los restos mortales de 2 mil 292 personas no identificadas.

De estas personas se han identificado 830, ubicado a 260 de los familiares y entregado 77 de los restos mortales. A este ritmo, se requerirían de 144 años para hacer entrega digna de los cuerpos a los familiares de las víctimas del conflicto social y armado que han sido sepultada en estos sementeros.

Los familiares involucrados en este proceso han definido como una condición que la entrega de los restos mortales se haga en ceremonia privada, con presencia sólo de sus allegados, sus acompañantes y funcionarios del Estado.

El acto se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio el 17 de diciembre de 2015 de 9:00 am a 12:00 pm., en el Hotel Wyndham Garden Villavicencio, Kilómetro 3.5 vía Quisqueya, Vereda Brisas de Upía, Meta, Vía Restrepo, Meta.

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Polo anuncia oposición a Peñalosa en Bogotá

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático de Bogotá expidió una declaración pública en virtud de la cual anuncia que esta colectividad política declara desde ya la oposición al gobierno de expresión neoliberal que en la capital de la República regirá a partir del 1 de enero de 2016.

“Será Peñalosa quien implementará la privatización de los bienes públicos y, aún más grave, el que cercenará los derechos ya adquiridos en educación, salud, movilidad y bienestar social, para beneficiar a los financiadores de su campaña, que no son otros que los representantes del gran capital financiero nacional e internacional”, expresa en uno de sus apartes la declaración, razón por la que el Polo Democrático llama a sus dirigencia encabezada por sus congresistas, concejales y ediles en la capital, así como a su militancia, a actuar en consecuencia.

El texto de la declaración es el siguiente:

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático Alternativo comunica a la opinión pública su decisión de declararse en oposición al programa del gobierno de Enrique Peñalosa, e insta a sus representantes a la Cámara, concejales, ediles, coordinadoras, militantes y simpatizantes, a actuar conforme a esta definición.

El gobierno de Enrique Peñalosa y los programas esbozados por él en la campaña electoral contradicen el programa presentado por nuestra candidata y el Ideario de Unidad del Polo. Será Peñalosa quien implementará la privatización de los bienes públicos y, aún más grave, el que cercenará los derechos ya adquiridos en educación, salud, movilidad y bienestar social, para beneficiar a los financiadores de su campaña, que no son otros que los representantes del gran capital financiero nacional e internacional.

Anunciamos a la opinión pública que el metro que con tanta urgencia requiere la ciudad será sometido a nuevos estudios, y la capital del país podría ver frustrado una vez más este anhelo de más de 70 años, todo para proteger el negocio  del oligopolio de Transmilenio. De igual manera, el  Plan de Ordenamiento Territorial no estará al servicio del uso democrático del suelo urbano y rural, sino que se supeditará a los intereses de los grandes constructores, haciendo más gravosa la  especulación e impidiendo que la mayoría de la población no logre soluciones adecuadas de vivienda.

Se incrementarán los impuestos y se crearán nuevas tributaciones según lo propuesto en sus alocuciones  radiales y televisivas. De manera descarada, el nuevo alcalde se jacta del modelo de privatización de las vías planteando la construcción de APP con peajes en el interior de la ciudad, lo que afectará fundamentalmente a las capas medias, que utilizan sus vehículos para el ingreso y manutención de sus familias.

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo, en concordancia con lo establecido en nuestro IV Congreso del Partido, ratifica su apoyo a la solución política negociada del conflicto armado interno y al diálogo civilizado para solucionar las divergencias. En la actual coyuntura histórica, el logro de la paz es una de las principales tareas del Partido y de su agenda política nacional.

El Polo Democrático promoverá la organización y movilización de la ciudadanía acorde con los postulados anteriormente presentados, con igual énfasis en oposición a las políticas retardatarias, antinacionales y al modelo económico excluyente del actual  gobierno presidido por Juan Manuel Santos y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

COMITÉ EJECUTIVO DISTRITAL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

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Víctimas presentarán propuestas sobre garantías de no repetición

Mañana miércoles 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los congresistas Alberto Castilla, Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe, así como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, organizaciones sociales y sindicales, realizarán una audiencia pública sobre garantías de no repetición, en el marco de la cual los asistentes presentarán propuestas sobre el tema que se harán llegar a la Mesa de la Habana, en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Al evento que se realizará en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, a partir de las 8:00 a.m., fueron invitados los Ministros de Defensa, Luís Carlos Villegas, del Post Conflicto, Rafael Pardo, y del Interior Juan Fernando Cristo.

La audiencia tendrá cuatro paneles temáticos, reforma a la doctrina militar, Acceso a la justicia para las víctimas, desmonte del Paramilitarismo como garantía de no repetición y Garantías de participación política y social en el posconflicto y el rol de los medios de comunicación

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Migrantes colombianos solicitan a la cancillería se reglamente el Sistema Nacional de Migrantes

El próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes un debate de control político sobre la situación de los derechos de los migrantes colombianos, convocado por los congresistas Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático Alternativo y Jorge Muñoz, Representante a la cámara de los colombianos en el exterior perteneciente al partido Mira.

Al debate han sido citados  María Ángela Holguín – Ministra de Relaciones Exteriores – , Luís Eduardo Garzón -Ministro del Trabajo-, y como invitados, Paula Gaviria – Directora Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas – y Jorge Armando Otálora – Defensor del Pueblo.

El debate tiene como objetivo incidir en la creación de de una mesa técnica de trabajo que en seis meses elabore la propuesta de reglamentación de la Ley 1465 de 2011 en la cual se garantice amplia participación y protagonismo de los migrantes, y que de vida real al Sistema Nacional de Migraciones,  pues la ley ya cumple 4 años sin haber sido reglamentada.

Así mismo se solicitará a la Cancillería que se cree el Viceministerio de Migraciones y Desarrollo, tal y como lo ordena el numeral 2 del Artículo 4 y se establezcan los mecanismos adecuados para garantizar una adecuada y plural conformación de la Mesa de la Sociedad Civil que pueda representar las diversas expresiones de los colombianos en el exterior y que se escuche a los migrantes en el marco de la construcción de los Acuerdos de Paz de La Habana

Igualmente los parlamentarios convocantes instarán al Ministerio la creación obligatoria en todos los Consulados de una Oficina para Asesoría jurídica permanente, ya que en la actualidad este servicio especializado no se tiene en todos los consulados o la asistencia jurídica que se presta es deficiente.

Estadísticamente, según cifras reportadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el número de migrantes internacionales se calcula en 214 millones de personal, es decir que 3.1% de la población mundial son migrantes. El 49 % de migrantes en el mundo son mujeres. Si las personas migrantes se juntaran, constituirían el quinto país más poblado del mundo.[1]

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores el total de nacionales en el exterior asciende  a 4.7 millones de colombianos. Es decir, que más del 10% de los colombianos viven en el exterior, aunque esta cifra puede no dar cuenta de la totalidad del fenómeno. Otros estudios dicen que solo en Venezuela, pueden vivir más de 4 millones de colombianos, por lo que se cree que la cifra de colombianos en el exterior, ronda los 6 millones de personas.

En 2014, del total de salidas de colombianos el 31,6% se dirigió hacia Estados Unidos como el principal destino, seguido por Venezuela (13,4%), Panamá (10,6%), Ecuador (8,9%), México (7,2%), España (5%), Perú (3,2%), Brasil (2,7%) y Chile (2,2%), entre otros.

El debate será transmitido por el Canal del Congreso y vía streaming por la página del Representante a la Cámara Alirio Uribe: www.aliriouribe.com

 

[1] Cifras tomadas de Boletín Hechos y Cifras 2014 de la OIM. Disponible en:http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2. Consultado en noviembre de 2015.

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Mañana se presenta otra demanda contra Ley que reestructura la Justicia Penal Militar

Los Congresistas  Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro, así como  representantes de varias organizaciones sociales[1], radicarán mañana martes ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del Código Penal Militar y  la ley que reestructura la Justicia Penal Militar  que fue promulgada en julio de este año y que pretende implementar a través de ésta el sistema penal acusatorio.

A juicio de los demandantes, la reforma desconoce la competencia restrictiva para conocer de delitos distintos a los propios del servicio, viola derechos de las víctimas, atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares y la restricción para otorgar funciones de policía judicial a las fuerzas militares, al tiempo que resulta violatoria de principios básicos de la administración de justicia como la autonomía y la imparcialidad.

La ley igualmente revive aspectos ya declarados inconstitucionales y desconoce estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La demanda será presentada a partir de las 10:00 a.m. en la Corte Constitucional.

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Polo Democrático pide al gobierno de Santos protección para senador Iván Cepeda ante intento del Procurador de acallarlo políticamente

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo encabezado por su presidenta, Clara López Obregón y el secretario general, Gustavo Triana Suárez, enviaron una carta al primer mandatario Juan Manuel Santos y al presidente del Congreso de la República, solicitándoles brindar la suficiente protección al senador de esta colectividad, Iván Cepeda Castro, a quien el procurador Alejandro Ordóñez busca acallarlo políticamente a través de una sanción disciplinaria que, según ha trascendido, tiene previsto hacerla efectiva a partir del próximo mes de diciembre.

El texto de la misiva de la directiva nacional del Polo Democrático, la cual se hace extensiva al propio Procurador, es el siguiente:

Bogotá D.C. Noviembre 10 de 2015

Doctores
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Luis Fernando Velasco
Presidente Senado de la República de Colombia
Alejandro Ordoñez
Procurador General de la Nacional
Ciudad.

Respetuoso saludo.

Por medio del presente escrito y siendo respetuosos de las normas internas de Colombia, manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión adoptada por el doctor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, de proferir PLIEGO DE CARGOS por una presunta falta grave en la que habría incurrido con dolo por una supuesta extralimitación de funciones el Senador IVÁN CEPEDA CASTRO, senador de nuestro partido, defensor reconocido de Derechos Humanos, cofundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y activo propiciador de las conversaciones en busca de la paz.

Estos esfuerzos por la paz y la reconciliación están vinculados, con la acción de millones de víctimas, que esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero sobretodo que cese la violencia que tan duramente ha golpeado a la población colombiana. El Senador Iván Cepeda Castro ejerce la oposición en los espacios democráticos e institucionales y tiene la honrosa designación de copresidente de la Comisión de Paz del Senado de la República de Colombia.

Le pedimos al Gobierno y a los diferentes poderes públicos en Colombia, le brinden protección a los derechos del Senador Iván Cepeda Castro, especialmente el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación política, el debido proceso, igualmente las condiciones para ejercer la oposición política y sobre todo a ser juzgado penal y disciplinariamente, por un juez competente y un tribunal autónomo e independiente, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

De igual forma, comentarles que estaremos muy pendientes y atentos de lo que pueda suceder con nuestro parlamentario y defensor de Derechos Humanos IVÁN CEPEDA CASTRO, pues no deja de llamar la atención que en un momento tan trascendental e histórico como el que vive Colombia, para intentar ponerle fin a un conflicto interno de décadas, se adopten decisiones de corte autoritario que recortan el derecho a ejercer la oposición democrática.

Comité Ejecutivo Nacional del PDA


Clara López Obregón   
Presidenta

Gustavo Triana Suárez
Secretario General

C.C.:
Cuerpo Diplomático
CIDH – OEA
UNASUR
Asamblea de Derechos Humanos – ONU

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Gobierno Nacional anuncia reglamentación de la consulta previa a espaldas de los pueblos indígenas y étnicos

Mañana 19 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la audiencia pública “¿Reglamentar o no? Consulta previa y otros mecanismos de participación”, convocada por los congresistas Ángela María Robledo, Luís Evelis Andrade, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, la cual tiene como objetivo escuchar las posiciones de grupos étnicos y comunidades campesinas frente a los obstáculos que actualmente existen para garantizar la participación efectiva de estos grupos sociales.

De manera particular se discutirá sobre la visión de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas frente a la presentación de un proyecto de ley estatutaria de origen gubernamental que reglamentaría la consulta previa. Asimismo se debatirá sobre la ausencia de mecanismos de participación para comunidades campesinas y los obstáculos que los gobiernos locales, el gobierno nacional y órganos de control han puesto a la realización de consultas populares como medio para participar en decisiones sobre el ordenamiento territorial.

A la audiencia fueron invitados Pedro Santiago Posada – Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior -, Fernando Iregui Mejía  – Director Agencia Nacional de Licencias Ambientales -, Luis Fernando Andrade – Director Agencia Nacional de Infraestructura – Mauricio de La Mora – de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como Patricia Tobón – Organización Nacional Indígena de Colombia -, Daniel Garcés – Proceso de Comunidades Negras -, delegados del Coordinador Nacional Agrario y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Héctor León Moncayo – Investigador de ILSA, entre otros académicos interesados en la defensa de los derechos de estos grupos.

Las comunidades étnicas  ven con desconfianza los intentos de reglamentación de la consulta previa, aunque no hayan adelantado una acción de gran magnitud encaminada a rechazarlos, ya que consideran que si bien es necesario aclarar diversos aspectos de procedimiento frente al tema de la consulta, este es un asunto que les compete a ellas autónomamente y que no puede desviar la atención sobre la esencia del derecho a la consulta que no es otro que garantizar otros derechos fundamentales de los grupos étnicos.

El senador Luis Evelis Andrade Casamá afirmó que “la consulta previa ya está reglamentada, que la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio Internacional 169 de 1989, es clara. Las comunidades indígenas y afrodescendientes esperan que el Estado garantice sus derechos, así como la correcta y oportuna aplicación de las reglas definidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.  Agregó que la consulta previa como derecho fundamental es, además, una oportunidad para que el Estado escuche a las comunidades y la ejecución de los proyectos resulte en pro del interés general.

A juicio del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, “Es necesario que el gobierno nacional, tenga en cuenta las diferentes visiones sobre consulta previa que tienen las comunidades étnicas afectadas, sus propuestas y la pertinencia de la presentación del proyecto de ley estatutaria por parte del Gobierno, que a propósito, no las ha tenido en cuenta ni siquiera en la formulación del mismo”. Igualmente, el parlamentario manifiesta la necesidad de reformar la Directiva Presidencial No.10 de 2013 sobre consulta previa, ya que “como está formulada no respeta los derechos de los grupos étnicos y se ha convertido más en un obstáculo para el desarrollo y no como la garantía de un derecho fundamental a la cual está obligado el Estado en virtud de normas internacionales de derechos humanos”.  

 Para el senador Iván Cepeda,  La consulta previa a las comunidades étnicas en los distintos proyectos minero-energéticos y en las obras infraestructura en Colombia ha sido nula. Aunque se han ido ganando espacios en las luchas sociales y en las instancias judiciales, como la Corte Constitucional, han surgido otros obstáculos para no realizar la consulta. Por eso, el Gobierno y el Congreso deben contar con la participación de los grupos étnicos antes de debatir el proyecto que reglamente este mecanismo, pues es un tema que atañe a la soberanía nacional, a la defensa del ambiente y a la supervivencia de las comunidades, como elemento esencial en la construcción de la paz”.

Por su parte, el Senador Alberto Castilla se refirió a la manera como los mega-proyectos también afectan tierras y territorios campesinos e impactan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria de la nación: “Los grandes proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura han impactado negativamente a los grupos étnicos y su derecho a la consulta previa no ha sido debidamente garantizado. La situación del campesinado colombiano es aún más precaria, pues el Gobierno ni siquiera reconoce a campesinos y campesinas como grupo social ni su representación política. En consecuencia, el gobierno ha venido obstaculizando  mecanismos ya reconocidos como la consulta popular. Nosotros demandamos el reconocimiento del campesinado como grupo social y que se les brinde un mecanismo de participación efectiva para tomar parte en todas las decisiones que los afecten”.

De igual forma, Ángela Robledo, representante a la Cámara señaló que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y negras que es necesario regular de tal manera que se garantice su protección efectiva. “Es necesaria una regulación que brinde a las comunidades de herramientas que les permita garantizar la participación y la representatividad de las diversas comunidades que confluyen en el territorio.

Ángela Robledo aseguró que los representantes del Estado están llamados a proteger los derechos fundamentales de estas comunidades en vez de atacarlos y deslegitimarlos: “He escuchado en varias oportunidades al vicepresidente Vargas Lleras emprender contra estas consultas. Uno podría asegurar que el vicepresidente es enemigo de la consulta previa.

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A debate extralimitación de funciones del ESMAD y la Fuerza pública

Desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y en su lugar crear un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional que pueda mediar en las situaciones de protesta con enfoque preventivo, que en ningún caso podrá portar armas de fuego o usar armas de manera letal, solicitará el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, en el marco del debate de control político que se desarrollará a partir de las 3:00 P.M. en Plenaria, mañana miércoles 28 de octubre

La solicitud la realizará ya que el ESMAD, además de no cumplir con la misión para la cual fue creado, su accionar y evidente extralimitación de funciones ha generado graves violaciones a los derechos humanos, principalmente los derechos a la integridad física, a la vida y al derecho de reunión y protesta pacífica.

A pesar que a la fecha no existe un reporte oficial de las autoridades encargadas de investigar estos casos, el Banco de Datos del Cinep en el período 2002-2014 ha documentado 448 agresiones con un total de 3.950 víctimas, en las que se encuentran presuntamente involucrados miembros de la fuerza pública y el ESMAD,  de las cuales se reportan 137 casos de personas heridas, 91 casos de detenciones arbitrarias, 107 casos en los que se reportó amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso 2 casos de violencia sexual.

Cabe destacar que estas cifras presentan un subregistro,  toda vez que los ciudadanos víctimas no denuncian por miedo, por desconocimiento de los procedimientos del ESMAD o por dificultades de acceso a las entidades donde se interponen las denuncias, lo cual es particularmente relevante para los casos de las agresiones acaecidas en zonas rurales, en marchas en carreteras entre otros.

No obstante la dimensión de estas cifras, la Policía Nacional reporta que desde la creación del ESMAD, sólo tiene iniciadas 188 investigaciones disciplinarias, 29 que fueron iniciadas de oficio y 131 a petición de la víctima, pero no remiten ni el estado actual de la investigación, ni el detalle de las investigaciones, los disciplinados o las causas.

En el marco del debate, el Representante a la Cámara, además dará a conocer la letalidad de las armas utilizadas por el ESMAD, el porqué este escuadrón no cumple con sus funciones, el Manual para el Servicio de Policía en Atención a Multitudes y algunos casos representativos de su uso que ha causado graves afectaciones a la población, entre otros puntos de relevancia.

Al debate fueron citados el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, Director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino, así como, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia Todd Howland.

 

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¿Se debe regular el trámite de extradición?

Con la confirmación de asistencia del señor Ministro de Justicia,  Yesid Reyes, se realizará mañana 9 de octubre a partir de las 9:00 a.m. en las instalaciones del auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, una audiencia pública en la que discutirá la pertinencia de modificar el trámite de extradición en Colombia.

La audiencia convocada por los congresistas Víctor Correa, Germán Navas Talero, Alberto Castilla, Inti Asprilla y Alirio Uribe Muñoz, pretende analizar de fondo el polémico proyecto de ley 009 de 2015 que precisamente busca regular el trámite de la extradición.

A la misma también fueron citados Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, María Ángela Holguin, Canciller y José Leonidas, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A juicio de los citantes, “El gobierno nacional ha tenido una postura discriminatoria en la regulación de la extradición al excluir cientos de connacionales que enfrentan este proceso, limitando sus efectos solo a las insurgencias”

 

 

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Decreto de Minvivienda pone en riesgo población recicladora

Para el senador Alberto Castilla y el Representante a la Cámara Alirio Uribe, defensores de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esté tramitando un proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones”, que vulnera los derechos de la población recicladora.

Para el Representante “Estas medidas van en contradicción de las consideraciones de la Corte Constitucional, que ha calificado a los recicladores como una población sujeto de especial protección del Estado, ordenando medidas de protección especial  en su favor”

Según el legislador, una vez promulgado este acto, los recicladores independientes perderían el reconocimiento vía tarifaria que vienen recibiendo por parte de la UAESP, como reconocimiento a la labor de las y los recicladores en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los mandatos de la Corte Constitucional. De otro lado, se pretende implementar un mecanismo de mercado y libre competencia, en el cual las organizaciones de recicladores quedarían en franca desventaja frente a empresas grandes y consolidadas. Impone también medidas de previsión financiera especialmente sobre las organizaciones de recicladores, dificultando aún más su operación.

El  Parlamentario le recordó al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que el contenido del proyecto de Decreto señalado es potencialmente regresivo en tanto éste desconoce los avances que se han dado en el reconocimiento de los derechos a esta población, en particular aquellos reconocidos en el bloque de sentencias proferidas por la Corte Constitucional desde el año 2003, que ha declarado a la población recicladora como sujeto de protección especial de derechos. Asimismo le advierte que de acuerdo con el ordenamiento legal, cualquier medida de carácter administrativo que contraríe lo dispuesto en una o más sentencias, potencialmente podría significar fraude a  resolución judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el senador Castilla considera necesario que se escuchen las propuestas de las organizaciones de recicladores, y que en ningún caso, se adopten medidas que resulten regresivas y/o generen vulneraciones a los derechos de esta población. La construcción de la reglamentación del servicio público de aprovechamiento de que trata el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y que tiene una incidencia nacional, no debe realizarse sin concertar con la población que devenga su sustento de esta actividad. Por lo tanto, le solicita al ministro que se amplíen los términos de la consulta de este proyecto de decreto, o en su defecto, que tal proyecto de reglamentación sea descartado.

Los congresistas recalcaron que preocupa la influencia del exministro de Vivienda y actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en este ministerio y su estrecha relación con los empresarios de los servicios públicos. Como su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, perteneciente al gremio de las empresas de servicios públicos. Otra de las amistades cercanas es Alberto Ríos, empresario del aseo y uno de los principales financiadores de las campañas políticas de Vargas Lleras. Con el poder de intervenir en la contratación de los servicios de basura, agua y alcantarillado que  otorgó la Ley de Vivienda, a esta cartera en el 2012, donde se permite al Ministerio de Vivienda asignar y otorgar Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para entregarle la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los privados, con este nuevo decreto que se encuentra en consultas, se estaría beneficiando una vez mas a los amigos y allegados al Ministerio y dejando en situación de indefensión  a la población recicladora.

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Colombia necesita cese al fuego bilateral y de las hostilidades

En medio del anuncio del acuerdo sobre el punto de justicia entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2015 tanto las FARC-EP como el Gobierno Nacional han mantenido el cumplimiento del cese unilateral al fuego y la medida anunciada de desescalamiento respectivamente. Durante este último mes de ejecución de cese unilateral las partes trabajaron en la Habana, en el punto víctimas y en la subcomisión de fin del conflicto. En ese sentido, recibieron la visita de los delegados del Secretario General de Naciones Unidas, la Presidencia pro tempore de UNASUR, en donde se escucharon visiones sobre mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Situación que contrasta con ya no solo la presencia, sino también movilización de ejércitos paramilitares en algunas zonas del país y la generalizada violencia política que se ha gestado por motivo de las elecciones de las autoridades locales.

El Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes por la Paz han podido constatar en este periodo y en anteriores informes, que el cumplimiento del compromiso adquirido por la FARC-EP de cese unilateral al fuego y el cumplimiento de la medida de desescalamiento por parte del Gobierno, ha significado grandes beneficios para las comunidades que habitan en las regiones donde más fuertemente se ha desarrollado el conflicto armado; representando especialmente un aumento de la capacidad de movilización, seguridad y condiciones para un mejor desarrollo económico[1].

De la misma forma, el Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes por la Paz han obtenido evidencias que la ofensiva militar de la fuerza pública no ha cesado, sin embargo, ha notado un descenso en acciones militares entre la Fuerza Pública y la Guerrilla de las FARC-EP, a pesar de ello en este periodo hubo ocho bajas guerrilleras. En igual sentido, comunidades en varios departamentos del país, han denunciado que a diferencia de meses anteriores, no es la fuerza pública, ni las FARC-EP quienes han afectado la población civil necesariamente, sino que son las fuerzas paramilitares con amenazas, intimidaciones y agresiones (19 hechos documentados en el presente informe) las que han venido atentando contra la seguridad y tranquilidad.

El Gobierno Nacional por su parte, ha estado enfrentando un conflicto binacional que ha representado el cierre de la frontera con Venezuela, la deportación de cientos[2] de colombianos y colombianas, y el distanciamiento con uno de los países tradicionalmente promotor y garante de los acuerdos de paz para la terminación del conflicto en Colombia, lo cual ha puesto en evidencia otras realidades de conflicto nacional en la zona.

Así mismo, paralelamente, y de manera unilateral (sin consultar con la delegación de paz de las FARC-EP) , el Ministro del Interior radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Acto legislativo para la implementación de los acuerdos de paz, el cual crea una comisión especial al interior del Congreso, para legislar acerca de lo que se pacte en la Habana y le otorga Facultades extraordinarias al Presidente para expedir Decretos para facilitar y asegurar la implementación del fin del conflicto.

Con la llegada del nuevo Ministro de Defensa se ha registrado un cambio en el lenguaje, lo cual no quiere decir que otros aparatos del Estado hayan dejado de trasgredir compromisos y de crear un ambiente de desconfianza que impide la existencia de un real desescalamiento del conflicto y la promoción continua de una paz duradera. En el sector justicia, se ha venido desconociendo el debido proceso y la jurisdicción especial indígena. Pero al contrario, no se han dado acciones contundentes por parte de ninguna de las instituciones del Estado u orden de captura reciente por los hechos atribuibles a las estructuras paramilitares.

En el marco de este periodo de veeduría ha trascendido que el Gobierno y el ELN van a dar el paso hacia la fase formal y pública de los diálogos, lo cual lleva a alentar a que lo antes posible se establezca de manera concreta la negociación y se armonice con el proceso avanzado con las FARC-EP.

Es importante resaltar que la sociedad necesita conocer más sobre los resultados, alcances y beneficios del proceso de paz para generar un respaldo mayor al proceso. El ambiente general de tranquilidad que se ha establecido desde el inicio del cese unilateral al fuego, reflejado en las encuestas y en los pronunciamientos de las comunidades que piden la continuidad del mismo, demandan la urgencia de que las partes pacten un cese bilateral.

[1] Véase segundo informe de veeduría al Cese al Fuego Unilateral y las hostilidades. Frente amplio por la paz, 2015.

[2] Véase: Http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/prensa/comunicados/comunicados-2015/agosto-2015/2090-gobierno-nacional-continua-brindando-asistencia-a-los-colombianos-deportados-de-venezuela

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Minería acabará con lo que queda de “Colombia Magia Salvaje”

Aprovecho para saludar la presencia de ciudadanos provenientes de Gachantivá (Boyacá), Suesca (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca) y de la ciudad de Bogotá, y decir de manera respetuosa, que solo somos una pequeña muestra de la tragedia por la que atraviesa nuestro país, por efectos de la actividad minera indiscriminada. Los conflictos ambientales y sociales de la minería no son solo un problema de Bogotá y el altiplano, sino que es un problema de país, la nación entera está afectada por este problema… y no solo es un problema del ser humano, también de los animales, de las plantas, de la vida entera. La vida, esa que según demuestran hallazgos científicos, es explicada por la existencia del agua y unas condiciones particulares. Pues bien, este preciado líquido es uno de los factores que a veces parece abundante ante una lluvia, pero no. Es escaso, es limitado, y la actividad del hombre, y en especial de las industrias extractivas, la están agotando.

Saludo también la presencia de las entidades citadas y concernidas con estos asuntos, como son la Agencia Nacional de Minería, las Corporación Autónomas Regionales de Cundinamarca y Boyacá, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, los alcaldes de Soacha y Gachantivá, el Instituto Alexander Von Humboldt y las entidades de control fiscal y disciplinario, así como la Defensoría del Pueblo.

Igualmente saludar a los televidentes que nos siguen en directo por el Canal del Congreso. Sean todos y todas bienvenidos a esta audiencia pública sobre los “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Algunos casos de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense”.

Para permitir el saludo de mis colegas y dar espacio a las intervenciones centrales de las comunidades y casos que se van a exponer, doy inicio a mi corto discurso de instalación de esta audiencia:

Por estos días está en cartelera de cine la película “Colombia, Magia Salvaje”, la cual describe con unas imágenes de alta calidad, solo algunas de nuestras mayores riquezas, y precisamente comienza por un ecosistemas fundamental para el abastecimiento de agua para los animales, las plantas y el ser humano: los páramos.

Ojalá los funcionarios de Planeación Nacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el resto de su gobierno vean la película y les duela un poco en la conciencia su percepción del desarrollo nacional, fundado como desde hace dos décadas en la actividad minera. Si fueran consecuentes, reformarían la Ley 1753 de 2015 o Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 y demás políticas en contra de la vida y a favor de la indiscriminada acumulación de capital.

Vale afirmar, sin temor a equivocarme, que el Plan Nacional de Desarrollo, no es nacional, no es público, no es de interés general. Es un plan de negocios del sector privado, una garantía legal para la acumulación sin control del sector privado. Ejemplo de esto es la actividad minera.

Comencemos por los páramos. La Ley de manera eufemística se presenta como una norma que prohíbe la minería en páramos, lo cual al leer por encima pareciera cierto, pero la norma tiene una trampa que fue la que como Polo demandamos ante la Corte Constitucional.

Si bien el artículo 173 del PND prohíbe la minería en páramos, quedan vigentes la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental o con instrumento de control y manejo ambiental equivalente que hayan sido otorgados antes del 9 de febrero de 2010 para minería, y 16 de junio de 2011 para actividades petroleras. Con esta excepción quedan vivas las concesiones que cumplan esas condiciones, las cuales podrán seguir ejecutándose.

En la investigación que se hizo para la demanda, se encontró que hay 448 concesiones otorgadas con anterioridad al 9 de febrero de 2010 que entrarían dentro de la excepción y que estas se ubican sobre 26 ecosistemas de páramos de nuestro país, entre los cuales hay varios en Cundinamarca y Boyacá. Páramos como el de Sumapaz, el de Cruz Verde en el oriente de la ciudad de Bogotá (colindando con Choachí). Otros como el Páramo de Guerrero, el Páramo del Almorzadero, de Pisba, de Rabanal, también están en esta misma situación.  La siguiente tabla muestra los 26 páramos que están en esta condición:

 

No.ZONA DE PARAMONo.ZONA DE PARAMO
1ZP – ALMORZADERO14ZP – GUERRERO
2ZP – ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE15ZP – IGUAQUE – MERCHÁN
3ZP – BELMIRA16ZP – JURISDICCIONES – SANTURBÁN – BERLÍN
4ZP – CERRO PLATEADO17ZP – LA COCHA – PATASCOY
5ZP – CHILES – CUMBAL18ZP – LOS NEVADOS
6ZP – CHILÍ – BARRANGÁN19ZP – NEVADO DEL HUILA – MORAS
7ZP – CHINGAZA20ZP – PISBA
8ZP – CITARÁ21ZP – RABANAL Y RÍO BOGOTÁ
9ZP – CRUZ VERDE – SUMAPAZ22ZP – SIERRA NEVADA DEL COCUY
10ZP – DOÑA JUANA – CHIMAYOY23ZP – SONSÓN
11ZP – FRONTINO – URRAO24ZP – SOTARÁ
12ZP – GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS25ZP – TAMÁ
13ZP – GUANTIVA – LA RUSIA26ZP – TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA

Lo anterior contradice las disposiciones de la Constitución referidas al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales, así como el derecho al agua y el patrimonio público que representan estos ecosistemas de páramo, que están en riesgo de degradación permanente por diversas amenazas, pero muy fuertemente por la actividad minera.

Sumado a lo anterior, además la Ley da la categoría de PINE (Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos) a la actividad minera, concepto de política pública que tiene las prerrogativas constitucionales de utilidad pública e interés social, que legitimaría expropiar a los ciudadanos de cualquier lugar del país donde este un título minero categorizado como PINE, pero además no permitiría el retorno de los despojados, pues la Ley del Plan de Desarrollo dice que el juez de restitución de tierras debe abstenerse de restituir el predio objeto de abandono o despojo si se esté traslapa con un PINE (que puede ser una carretera 4G, una hidroeléctrica o un título minero). ¿Qué esperanza de real materialización de la paz y la convivencia nos dan unas políticas de estas características?

La Ley en un anexo incluyo un listado enorme de proyectos PINE, visionarios y regionales, muchos de los cuales son proyectos mineros. Pues bien, al cruzar el listado de 72 proyectos con mayores conflictos a 2013 identificados en el tomo 4 del libro de la Contraloría (pág. 273-276) con los proyectos listados como PINES en el anexo del artículo 5 del PND 2014-2018, se encuentra correspondencia en gran parte de estos, destacándose los siguientes:

  • Proyecto de exploración minera La Colosa (Departamento del Tolima).
  • Proyecto generación minera Angostura (Páramo de Santurbán, Departamento de Santander)
  • Hidroeléctrica de Ituango (Departamento de Antioquia)
  • Ampliación de la producción de carbón en el Sector La Jagua (Departamento de Cesar)
  • Proyecto Multipropósito El Quimbo (Departamento del Huila)
  • Doble calzada Santa Marta – Barranquilla y variante de Ciénaga (Departamento de Magdalena)
  • Proyecto de exploración minera Gramalote (Departamento de Antioquia)
  • Expansión de la producción de níquel mina Cerromatoso (Departamento de Córdoba)
  • Túnel de la Línea (Departamentos del Quindío y Tolima)
  • Proyecto de exploración minera Buriticá (Departamento de Antioquia)

Es decir, estos proyectos que engendran serios problemas, ahora son de utilidad pública e interés social ¿Por qué? ¿Qué entendemos por estos preceptos constitucionales del artículo 58 de la Carta de 1991?

De esta manera, se les da seguridad jurídica a las multinacionales en contra del derecho al agua de los ciudadanos, pues se valida la explotación en títulos traslapados con áreas de páramo. Triste realidad y llamado para que se movilice la ciudadanía de casos emblemáticos como El proyecto Angostura en el Páramo de Santurbán (Santander) y el proyecto La Colosa y el Ecosistema de Páramo del Parque Nacional de los Nevados (Tolima)

Por eso demandamos estas normas del Plan de Desarrollo, esperando que el órgano de revisión Constitucional, en su juicio y por el bienestar ciudadano declare la inexequibilidad de estos artículos, y ojalá de todo el Plan. Nuestros páramos y el agua que es para el bienestar general, no puede ser botín en una rifa indiscriminada de nuestros territorios.

Ahora bien, el problema no es solo el ambiental, es económico, social y cultural. Como a cada arista de incidencia no me puedo referir, terminaré señalando algunos de los problemas económicos. Quizás porque sin agua y sin plata, ahí si sentimos como ciudadanos los problemas.

Por efecto de la minería combinada con TLC’s es que tenemos un dólar por encima de los 3000 pesos. El auge de la minería en un primer momento nos revaluó la moneda y con esto quebró la industria nacional y el agro. Con la caída de los precios del petróleo, el carbón y demás bienes básicos, no llegan los dólares y al contrario se van, dejándonos atrás la ruina de nuestras empresas industriales y la producción agropecuaria. Ahora todos los alimentos que antes producíamos y hoy las importamos, se hacen más caras y por eso ya se siente en el bolsillo, que el salario no aguanta para comprar el mercado. La inflación es uno de los síntomas de la profundización de los síntomas de la enfermedad holandesa que ya venimos padeciendo hace algunos años.

Por efecto de la minería, debido al agotamiento de la bonanza y la caída de los precios, nos dejó un hueco fiscal de por lo menos 10 billones de pesos para el próximo año, según algunos analistas. Así, subirán los impuestos a los ciudadanos de a pie, pues los empresarios (muchos de estos, empresarios mineros) dicen que no pagan más y si no se van del país. No chantajean con indicadores como el desempleo, y así se perpetúa la espiral de la desigualdad.

Pero a pesar de todos estos males, es el sector consentido por la política pública, Es como un síndrome de Estocolmo del gobierno nacional, que se explica por la cooptación de los intereses privados en el manejo de la política pública.

¿Cómo se ve el privilegio a la política minera en el PND 2014-2018? Pues bien, en el PND 2010-2014 o Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones (que es el artículo que define cuál política tendrá plata y cuál no), el sector público representado en las fuentes del gobierno nacional y las entidades descentralizadas, aportaron para la locomotora denominada “Desarrollo Minero y Expansión Energética” la suma de 3,2 billones de la época; mientras que el sector privado se planteó aportaría más de 93 billones. Es decir, la relación de aporte al desarrollo minero nos daba que por cada 100 pesos de inversión en minería, el Estado participaba con 3 pesos, mientras que el privado lo hacía con 97 pesos. Esto es consecuente con un período de auge del sector minero.

Y ahora que está de capa caída el sector minero-energético, cuando la decisión eficiente y lógica debiera ser bajar los recursos para el sector minero y dedicarlo a otros como la industria y el agro, sucede todo lo contrario.

El sector privado, que en su racionalidad económica entiende la situación de declive de la actividad minera y petrolera, prevé que en el cuatrienio apenas aporte 65,7 billones, lo cual es un decrecimiento del -37% en términos reales comparado con el PND 2010-2014. Sin embargo, en el caso del sector público la acción es contraria. Al sumar las fuentes del gobierno nacional central, el descentralizado, el Sistema General de Participaciones (SGP) y hasta las regalías, el sector público aportará en inversión 12,8 billones de pesos. Es decir, que de cada 100 pesos de inversión en el sector minero, 84 serán del sector privado y 16 del sector público. Así, la participación del Estado en materia de recursos destinados al desarrollo minero se quintuplico. Esto un despropósito, una malversación.

Con este lamentable contexto, en este mismo lugar donde estas disposiciones contrarias a los intereses del público se dictan y aprueban, favoreciendo a unos cuantos personajes (naturales o jurídicos), damos apertura al debate franco sobre los efectos de la actividad minera indiscriminada en los territorios y espacios locales.

Nuestras historias

Tener una vivienda digna también es un derecho humano

Resulta importante aprovechar este espacio de reflexión en torno al derecho a la vivienda, para recordar que cuando hablamos de la vivienda digna, no nos referimos solo a una necesidad de la vida diaria que se expresa en  tener un lugar donde habitar, donde dormir, donde desarrollar la esfera de la vida privada, el espacio para vivir en familia. La vivienda es también un DERECHO HUMANO y es muy importante no perder de vista ese horizonte en su exigibilidad y reivindicación.

En el ordenamiento internacional, el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido principal, aunque no únicamente, por el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia desde el año 1974  el cual dispone (art.11) que los Estados partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia y que los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el intérprete autorizado del PIDESC, ha considerado que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare solo con el mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. Al contrario, el Comité ha indicado que el derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales y debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

En la Observación General No. 4 el Comité del Pacto ha considerado que para que una vivienda pueda considerarse adecuada es necesario que se cumplan las siguientes 7 condiciones:

  1. a) seguridad jurídica de la tenencia que implica protección legal contra el desahucio u otras amenazas.
  2. b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura:
  3. c) gastos soportables: se refiere a que los costos relacionados con la vivienda no deben ser tan altos de tal manera que impidan la satisfacción de otras necesidades básicas. En consecuencia, los Estados deben adoptar medidas como subsidios y formas de financiación encaminados a garantizar las necesidades de vivienda de toda población.
  4. d) habitabilidad: significa que la vivienda debe ofrecer un espacio adecuado para proteger a sus ocupantes del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento, riesgos estructurales y vectores de enfermedad y la garantía de la seguridad física para sus ocupantes. Debe también contar con servicios de agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado; instalaciones sanitarias y de aseo; almacenamiento de alimentos; eliminación de desechos; drenaje; y servicios de emergencia.
  5. e) asequibilidad: que tiene que ver con el acceso y la obligación de proteger especialmente a los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja frente al acceso, como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en zona de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la tercera edad y los niños.
  6. f) lugar: la ubicación de la vivienda debe permitir el acceso a los servicios, a los sitios de trabajo, a los servicios de salud, a las escuelas, entre otros. Igualmente la vivienda no debe estar ubicada cerca a fuentes de riesgo o de contaminación que afecten la salud de sus habitantes.
  7. g) adecuación cultural: este componente se refiere a la forma en que se construye la vivienda, los materiales utilizados y que las políticas en que se apoyan deben permitir la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

En el ámbito interno, el modelo de Estado Social de Derecho que fue el adoptado por la Constitución de 1991 establece en el catálogo de derechos, varios Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre estos está el derecho a la vivienda digna. La Constitución consagra este derecho en el artículo 51 en el que se señala: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”

Este derecho a la vivienda digna es un derecho humano, fundamental y plenamente exigible y así lo ha reconocido la Corte Constitucional. En un principio no fue reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo que pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, debido a que éste se encuentra dentro del rango de los denominados “Derechos económicos, sociales y culturales” los cuales se caracterizan por su contenido principalmente prestacional. Sin embargo, la posición de la Corte Constitucional ha ido cambiando paulatinamente y luego se afirmó que el derecho a la vivienda digna podía excepcionalmente ser objeto de protección a través de la acción de tutela, por ejemplo en los casos en los que su desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso.  Más recientemente la Corte ha desarrollado un criterio más garantista, reconociendo derechos sociales como derechos fundamentales en forma autónoma. Así, en la actualidad el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo “y lo determinante es su traducción en un derecho subjetivo y su relación directa con la dignidad humana.”[1]

La sola lectura del artículo de la constitución nos indica varias de las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de este derecho: en primer lugar no se trata de cualquier vivienda sino de una vivienda que atienda al principio de dignidad. Ahí es donde podemos recordar a los cientos de colombianos que habitan en casas de cartón, lata o plástico, o en cambuches temporales. Pero también cabe preguntarse por la garantía de dignidad en los programas de vivienda de interés social promovidos por el Estado. Hace una semana en un debate de control político que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos sobre la Ley de Víctimas, constatamos parte de los graves problemas que tiene la garantía del derecho a la vivienda en zona rural en los programas que cuentan con subsidios del Estado.  Se mostró allí como para la atención a víctimas, que no tienen que pasar por los procesos de concurso abierto en convocatorias sino que tienen asignación directa por postulación de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras o el Incoder, a pesar de tener subsidios asignados, los problemas operativos y de diseño del programa no permiten que las viviendas sean efectivamente construidas. Las cifras del Banco Agrario que es el responsable de la vivienda rural, mostraron que en 4 años de vigencia de la ley, tan solo el 12% de los subsidios adjudicados se había convertido en una casa real. Ahora bien, mirando las condiciones de las casas que se construyen con el subsidio, hay que resaltar que se proyectan áreas de tan solo 36metros cuadrados por familia. Es acaso esto garantía de dignidad para una familia campesina, víctima, desplazada?  A nivel urbano la situación no es mucho mejor. La vivienda de interés social tiene áreas reducidas mientras existen los grandes proyectos urbanísticos de las capitales en donde construyen apartamentos de 200 metros cuadrados o 150 metros cuadrados. La inequidad en esa materia, y las profundas diferencias que tienen las viviendas de quienes pueden pagarlas inclusive a costos inusitados y aquellos que a duras penas logran acceder al subsidio del Estado son verdaderamente un factor que acentúa y profundiza la desigualdad social.

A nivel urbano, la vivienda es un elemento estructurante de la ciudad pues justamente se relaciona con una de las cuatro funciones que según los teóricos contemporáneos cumplen las ciudades: “residir, desplazarse, trabajar y recrearse”. En este sentido, la vivienda se integra con el resto de elementos constitutivos de la ciudad, con los atributos que ésta le ofrece (equipamiento, espacio público, servicios de movilidad).  Es importante también la relación entre los asentamientos informales y el crecimiento urbano, ya que dichos asentamientos han llegado a representar en la última década cerca de una tercera parte de los nuevos desarrollos en las ciudades. La tendencia observada en la década de los noventa, donde la participación de los asentamientos informales se incrementó en casi un 20%, puede tener como origen, entre otros, la falta de respuesta de las ciudades para la generación de áreas para la localización de proyectos de vivienda para hogares de bajos ingresos, a lo que suman los problemas del mercado de suelo y vivienda para hogares de bajos ingresos como las restricciones de liquidez, los altos precios del suelo urbano y la escasa flexibilidad de la oferta habitacional.

Un tercer elemento que surge directamente de la lectura de la Constitución, es la obligación del Estado de proveer sistemas adecuados de financiación para la adquisición de vivienda. Lo que tenemos en el país es que no solo no hay suficiente acceso a los programas de crédito para poder acceder a una vivienda digna, sino que además estos programas de crédito están basados sobre una excesiva ganancia para el sector financiero,  de manera que en muchos el mismo financiador terminado despojando de sus viviendas a las personas. En esta audiencia hay varias personas que son víctimas del sistema financiero, del UPAC, que han pagado el valor de sus casas varias veces y aun así las están perdiendo a manos de la justicia civil. Los miles de procesos ejecutivos y ejecutivos hipotecarios son los que ocupan los primeros lugares en las cifras por tipo de procesos que ocupan la atención de los juzgados civiles en todo el país. En Bogotá por ejemplo, de acuerdo con los datos del Consejo Superior de la Judicatura desde enero a abril del 2015 ingresaron un total de 18.816 procesos ejecutivos, frente a 15.780 que salieron en el mismo periodo. De estos 4.902 ingresos fueron en la ciudad de Bogotá. A eso se dedica la justicia civil en Colombia, a cobrarle por la fuerza y hasta quitarle la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas para favorecer intereses de los bancos.

En esta audiencia seguramente escucharemos varios de estos casos y muchos otros que dan cuenta de la necesidad que tenemos de avanzar en reformas estructurales frente a los modelos que hasta ahora no han permitido el disfrute adecuado de la vivienda digna para todos y todas los colombianos y colombianas. Estos programas deben tener en cuenta las necesidades de la población, la equidad y la sostenibilidad ambiental.  Hemos evidenciado como el crecimiento de las ciudades viene copando con proyectos de vivienda zonas verdes, que antes fueras de bosque. Por ello es necesario poder equilibrar estas políticas con un ordenamiento territorial sostenible.

 

 

[1] Corte Constitucional, sentencia T-163 de 2013

Nuestras historias

Menos bala, menos gabela, menos deuda, más educación

  1. Características principales del Presupuesto

De acuerdo con el proyecto radicado que se encuentra próximo a aprobación en primer debate, “El PGN para 2016 asciende a $215,9 billones, suma que representa un incremento del 2,5% respecto al presupuesto vigente. De esta cifra, $126,7 billones (57,8%) corresponde a gastos de funcionamiento, $48,6 billones (22,5%) al pago del servicio de la deuda y $40,6 billones (18,8%) a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 25%, inferior en 1,1 puntos porcentuales al de 2015”.

Como el presupuesto crecerá apenas 2,5%, esto significa que el monto del presupuesto para el año 2016, decrecerá en términos reales, pues la inflación esperada para la próxima vigencia es de 3%. Esta es la austeridad inteligente de la que habla el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

  1. Mermelada y Deuda a costa de Inversión.

De acuerdo con el proyecto de Ley, el presupuesto de inversión disminuye un 10,7%, el servicio de la deuda crece 3,1% y el funcionamiento lo hace en 7,4%.

Es decir, decrecen los recursos para garantizar derechos, obras públicas y demás, y aumentan los recursos para pagar burocracia (lo cual tiene relación con la mermelada) y deuda pública.

Sobre la deuda, este es un inamovible por lo que establece la constitución política en el artículo 351:

“El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública”

Es decir, se puede bajar el presupuesto para salud, educación, servicios públicos y demás garantías ciudadanas, pero jamás se podrán tocar las deudas con nuestros acreedores. ¿Por qué un país, supuestamente soberano y legítimo debe renunciar a no pagar a los acreedores ante las prisas de una crisis, por ejemplo?

Esto necesita ser reformado. Ojalá los congresistas de distintas bancadas y las organizaciones sociales nos acompañen en esta idea que tenemos que construir. Sabemos que se radicó en abril de este año el proyecto de Acto Legislativo 198 de 2015, autoría de los congresistas Óscar Fernando Bravo Realpe, Élbert Díaz Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Rodrigo Lara Restrepo, Samuel Alejandro Hoyos Mejía, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Fernando de la Peña Márquez y Carlos Germán Navas Talero, pero no incluye en sus modificaciones a este artículo constitucional, que el Congreso en efecto pueda modificar las partidas para la deuda pública. Si la deuda no se toca, los derechos nunca van a poder ser financiados efectivamente.

Ejemplo de esto es el mismo proyecto de presupuesto, que en el servicio de la deuda, resulta que el pago de amortizaciones disminuye un 6,5%, mientras el pago de intereses sube 17,6%. Esto quiere decir simple y llanamente que no estamos endeudando para pagar intereses, es decir, una pirámide de la deuda pública.

  1. Potencial vicio de inconstitucionalidad del proyecto de Presupuesto

Ahora bien, el proyecto puede engendrar un serio vicio de incosntitucionalidad, y es el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, respecto del gasto público social y la lectura del inciso tercero de este artículo.

El artículo 350 dice:

ARTICULO 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.

Con lo establecido en este artículo, claramente disminuir el presupuesto de inversión en 10,7% (pasando de 45,4 billones en 2015 a 4,6 en 2016) claramente sería inconstitucional, si la Constitución hiciera alusión al componente grueso de inversión del presupuesto.

Ahora, supongamos que sea solamente del componente de inversión del denominado gasto público social, donde se clasifican por parte del gobierno los sectores de: trabajo y seguridad social, educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico y cultura, deporte y recreación.

Al examinar comparativamente los cuadros del gasto público social, se halla que apenas crece 27 mil millones de pesos (pasando de 116,469 a 116,496) entre esta vigencia y la próxima, de un rubro total que incluye tanto funcionamiento como inversión. Es decir, se le está haciendo trampa al artículo 350 de la constitución, en cualquiera de las dos lecturas del inciso tercero. Y es más grave la trampa si se tiene en consideración que los 27 mil millones no alcanzan a cubrir la pérdida de poder adquisitivo esperada.

  1. Reiteramos las propuestas

Ahora, siempre se nos dice a los del Polo que somos “el no a todo” que no tenemos propuestas. Y no, la gente debe saber que nosotros tenemos propuestas, las cuales nunca son acompañadas por las mayorías del Congreso y por el gobierno nacional (¿cuándo será que el Ministro de Hacienda le avala una proposición al Polo en materia de presupuesto?), ojalá sean algunas de las que nuevamente esbozaremos:

4.1. Eliminar beneficios tributarios

El propio gobierno en el proyecto de presupuesto descompone y describe los denominados “beneficios tributarios” (página 250):

La legislación colombiana contempla, entre otros, los siguientes: la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, la utilidad en la enajenación de acciones, la distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés  social, las capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas, el componente inflacionario de rendimientos financieros, las recompensas; la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, los gananciales, la indemnizaciones, las donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas, las participaciones y los dividendos, los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. Sin embargo, también se incluyen algunos beneficios tributarios, como los dividendos.

Estos beneficios tributarios, de acuerdo con el propio gobierno (y con cifras desactualizadas, pues están con base a datos de 2013 es decir declaraciones de renta de 2014), ascienden a 47,6 billones de pesos, lo cual representa un costo fiscal de 6,7 billones de pesos. De esos 6,7 billones de pesos, 4,7 son por exenciones, deducciones o descuentos en materia de impuesto de renta a empresas, y los restantes 1,9 billones de personas naturales también sujetas a impuesto de renta y complementarios.

6,7 billones de pesos es solamente el costo fiscal bajo el esquema tributario regresivo que tenemos, imaginen lo que sería si las empresas y las personas ricas del país pagaran lo que corresponde. 6,7 billones es casi 3 veces el presupuesto que se asignará a las Universidades Estatales, sin pensiones, en 2016 (2,4 billones).

La propuesta del Polo que coincide con el Banco Mundial (cosa rara sin duda, nunca coincidimos con la Banca Multilateral), no es otra que eliminar estos beneficios, que son para un puñado de empresas, bancos y personas.

En el caso de la deducción de activos fijos, es inconcebible, y lo cita el propio proyecto, es para 38 empresas, 34 del sector privado y 4 del sector público/mixto. Ese beneficio tan particular le cuesta a la nación 3,32 billones de pesos (es decir, cerca del 10% de todo el presupuesto que se destina al Ministerio de Educación), que se tienen que compensar con más tributos como el IVA, el impuesto al consumo, etc. Estos beneficios los tienen desde la época de Álvaro Uribe Vélez, ya fue suficiente la gabela.

4.2. Reducir el Gasto Militar

Si hay un rubro del presupuesto público que no tiene componente de inversión en el fondo, es el destinado para Seguridad y Defensa. Todo es gasto al fin de cuentas.

Esto lo advertimos en el debate del entonces proyecto de Plan de Desarrollo 2014-2018, hoy Ley 1753 de 2015: el presupuesto de seguridad y defensa crece en comparación con el plan de desarrollo precedente en 54%. Es el rubro de mayor crecimiento en todo el Plan de Desarrollo, el cual tiene por subtítulos Paz, Educación y Equidad. ¿Cómo es que se tiene una visión de solución negociada del conflicto armado con los actores insurgentes, y se habla de construcción de paz, y a la vez se destinan 93 billones para las fuerzas militares y policiales en el cuatrienio?

Esta posición que sustentábamos en del debate al Plan de Desarrollo, la exponemos nuevamente en el debate del presupuesto.

Veamos cómo es la contradicción con la construcción de la paz:

Mientras el Ministerio de Defensa sube su presupuesto en 1,5 billones de pesos (de 18, 8 billones en 2015 a 20,2 en 2016) y la policía en 0,8 billones de pesos (de 8,2 billones en 2015 a 9 en 2016), el Ministerio de Agricultura, que concentra políticas para el desarrollo rural, y es uno de los actores fundamentales para el acuerdo 1 de la agenda de paz en La Habana, ve reducido su presupuesto en un 50%, pasando de 4,2 billones en la actual vigencia a 2 billones de pesos en 2016.

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 (página 132)

Vale decir, que tales erogaciones se hacen en un marco de total inequidad, pues al hacer los cálculos de los gastos de personal, resulta que la categoría de soldados y alumnos  de defensa perciben en promedio mensual 955.000 anuales, la categoría de “fuerzas militares” perciben 4,5 veces más.

Así, a jóvenes los pobres se les caza en los barrios populares en las denominadas “batidas”, se los llevan a la guerra para pagarles una miseria por sus servicios a la patria, y los ponen a matarse con otros campesinos o personas humildes que están en las guerrillas y que no perciben lo que el Estado Social de Derecho obliga a otorgarles: vivienda, salud, educación, empleo.

La propuesta entonces es simple (y reiterada por el PDA: disminuyamos el presupuesto de Defensa y Seguridad, de 29,2 billones entre ejército y policía, a al menos 20 billones, y que estos 9 billones sirvan para la construcción de infraestructura educativa en todos los niveles.

Así, vale la consigna: menos bala, menos gabela, menos deuda, más educación. Eso convertido en ecuación nos debe llevar a real paz y prosperidad.

Nuestras historias

La actividad minera está afectando gravemente comunidades en Bogotá y el altiplano Cundiboyacense

El próximo jueves 17 de septiembre se llevará a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República, a partir de las 8:00 a.m. la audiencia pública  “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Casos representativos en  Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense” convocada por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz.

A la audiencia están citados el Ministro Ambiente, los directores de las CAR de Boyacá y Cundinamarca, la secretaría de Ambiente de Bogotá, los alcaldes de Soacha y Gachantiva,  la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Alexander Von Humboldt.

El objetivo de la audiencia es mostrar cómo la minería está afectando gravemente comunidades urbanas y rurales en Colombia, en materia ambiental social y económica.

En la audiencia pública se presentarán 5 casos emblemáticos de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense: Bogotá (afectaciones de la extracción de materiales de construcción en las zonas de Potosí y la Cuenca del Río Tunjuelito); Soacha y el impacto de la actividad minera en el área urbana y en ecosistemas del páramo de Sumapáz; Suesca y los efectos sociales y ambientales de la extracción y procesamiento de cemento; y el potencial arrasamiento de ecosistemas y bosques en el municipio de Gachantivá.

“Ahora que está en cartelera esa película “Colombia, Magia Salvaje”, es bueno preguntarle a las instituciones del orden nacional y territorial, cómo es que se pretenden cuidar nuestras aguas, nuestros suelos y la biodiversidad existente. Que no nos salgan con discursos, sino con acciones, pues las comunidades ciertamente no quieren afectaciones a su bienestar, y el camino al desarrollo no puede ser solo con minería, hay que estimular otras visiones y actividades económicas más sustentables”, afirmó el representante a la Cámara Alirio Uribe.

En el caso de Gachantivá, municipio del centro de Boyacá, casi la totalidad del municipio quiere un destino distinto a la minería. Y en tal sentido parece ir la administración municipal, la cual antes de finalizar el período legal pretende dejar listo el proyecto de acuerdo para realizar la consulta popular. “La consulta popular será la que nos dé la legitimidad de nuestras reivindicaciones como campesinos y defensores de la riqueza natural de nuestro municipio, allí con total certeza el 99% de los habitantes dirá NO a la minería y SI a la vida”, dice Clara Ángel, una de las integrantes del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá.

Sin embargo, no todas las administraciones locales están pensando en mecanismos de  control estricto a la actividad minera a nivel territorial, ejemplo de esto es el caso de Soacha (Cundinamarca) municipio vecino de Bogotá que sufre graves alteraciones tanto en el área urbana como en las zonas rurales por cuenta de la minería.

De acuerdo a información oficial, el área titulada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ocupa cerca del 20% del municipio dejando a su paso graves daños ambientales y sociales. Al respecto la actuación de las autoridades ambientales del municipio encargadas del control de la minería, deja mucho que pensar. En revisión de documentos oficiales de la administración municipal, aparecen referencias de una  posible vinculación familiar de la Directora de la Oficina Ambiental de Soacha con representantes legales de los títulos mineros actualmente vigentes. “¿Sera que acaso en Soacha el “ratón está cuidando el queso de la minería”, y por esto no se hacen efectivos ni se implementan los planes de manejo ambiental de las canteras, dejando a su paso miles de hectáreas con pasivos ambientales que luego se convertirán en futuros barrios subnormales de Soacha?”, es la pregunta que se lanza al aire por parte de un vocero del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio.

En Cundinamarca y Boyacá se hallan muchas coincidencias en materia de conflictos, tipo de explotación y hasta empresas involucradas. Es el caso de Cementos Tequendama, empresa que instaló a escasos metros del casco urbano de Suesca (Cundinamarca) una planta cementera, la cual ha ocasionado graves conflictos ambientales y en materia de salud, según denuncian voceros del Movimiento Cívico Aire Puro para Suesca. Esta misma empresa es denunciada por habitantes de Gachantivá, la cual a pesar de tener licencia ambiental y título otorgado por la ANM, por oposición de las comunidades locales, no ha podido entrar en fase de explotación.

De esta dinámica de la actividad minera no es ajena la ciudad de Bogotá, donde las canteras para la explotación de materiales de construcción y su procesamiento, tornan difícil las condiciones de vida en las áreas periféricas de la ciudad. En tal dinámica se ven afectadas localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Ejemplo de esto son las afectaciones sobre la cuenca alta del río Tunjuelito y los daños que ocasionan la extracción de materiales de construcción en el sector de Potosí, localidad de Ciudad Bolívar. “La actividad minera en nuestros territorios ocasiona enfermedades, daño a nuestros espacios comunes, afecta la vida de una zona con graves problemas sociales y con escasas oportunidades. La minería termina beneficiando a unas cuantas empresas como Cemex y Holcim, las cuales derivan altas rentabilidades, no compensan a la ciudad por los daños y el empleo que generan es mínimo y precario”, afirma Andrey Tellez, vocero del Movimiento Cívico “No le saque la piedra a la montaña”.

Estos casos serán objeto de amplia denuncia en la audiencia pública convocada por el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, donde serán voceros de estos municipios y comunidades los que expongan y denuncien los graves conflictos ambientales sociales y ambientales en sus territorios.

“Aparte de la película que se promociona en todo el país, y que retrata nuestra riqueza, está para la ciudad de Bogotá la oportunidad de transformar esta realidad, de buscar adecuarnos al cambio climático. Bogotá este fin de semana acogerá la cumbre de ciudades como preparación para la cumbre del Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París. Que bueno sería que se escucharan estos casos y se plantearan reales soluciones para la ciudad de Bogotá y la región centro del país.”, concluyó el representante del Polo.

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Polo se abstiene de asistir a reunión convocada por presidente Santos para presentar proyecto reglamentario de acuerdo de paz

En relación con la reunión convocada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para la presentación del proyecto de acto legislativo que busca reglamentar los acuerdos de paz con las Farc,  el Polo Democrático Alternativo se permite declarar que:

1.    El Polo ha respaldado y continuará respaldando de manera decidida los procesos de paz con las Farc y con el Eln. La paz estable y duradera es la condición para el fortalecimiento de la democracia en la sociedad colombiana.

2.    El Polo decide abstenerse de asistir a dicho encuentro, puesto que incluye temáticas contempladas en el punto 6 de la agenda de La Habana, que debe ser producto de acuerdos entre las partes comprometidas en las conversaciones de paz.

3.    El Polo no fijará posición frente a cualquier iniciativa legislativa hasta que se conozca el texto completo del proyecto que presentará el Gobierno Nacional a través de las bancadas de la Unidad Nacional en el Congreso.

Bogotá, 14 de septiembre de 2015.

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Frente Amplio por la Educación solicita que se les garantice presupuesto suficiente para la Educación

El Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz es un proceso de construcción conjunta, articulación, dialogo, organización, incidencia y movilización por la educación. En su horizonte de sentido está la construcción de un movimiento educativo y pedagógico nacional, al alcance de todos y todas, que contribuya al posicionamiento de un debate público sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea concebida como un derecho y un bien común en nuestro país.

Es por ello que jóvenes estudiantes de secundaria, de universidades, del SENA, las/los que no tienen en dónde estudiar; docentes de colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, procesos organizativos y educativos de pueblos ancestrales indígenas, de afrocolombianos, de campesinos; colectivos LGTBI, de madres y padres de familia, de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales, redes y plataformas del pensamiento crítico del país, nos hemos encontrado en el FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACION, LOS DERECHOS Y LA PAZ.

Como resultado de nuestros análisis e investigaciones, plasmadas en las ponencias que presentamos en la audiencia, consideramos que el Estado Colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que todas las niñas y los niños participen de una educación pública de excelencia, brindando atención y desarrollo desde la primera infancia y en la educación preescolar, para que luego puedan acceder a una educación pública primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa, con aprendizaje pertinentes y efectivos; de esta forma, con urgencia, a tiempo, y con el presupuesto que se requiere, las escuelas, pueden orientar sus recursos y sus posibilidades en combatir las desigualdades, incorporándose a la lucha por la paz, la dignidad y la justicia social de cada pueblo, cultura y grupo social en el que están inmersas. Como garante del derecho, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de la construcción, fortalecimiento y universalización de los sistemas públicos de educación.

El Estado colombiano se ha encargado de hacer privado lo que es público y utilizarlo para fines particulares o de pequeños grupos que se lucran de lo que es de todos reforzando así la estructura social de castas, elites y grupos económicos exclusivos y excluyentes, e incrementando la pobreza y la exclusión social.

DENUNCIAMOS:

- La creciente influencia de redes de empresarios en la determinación de la política pública educativa, que muchas veces, buscan incorporar valores y prácticas que proceden del mundo privado, así como orientaciones que buscan reformar la política pública educativa para favorecer intereses ligados a sus estrategias de negocio y crecimiento.

- La atención a más del 50% estudiantes que realizan estudios de nivel superior, es en universidades privadas, que en muchos casos es de bajísima calidad.  La reducción de las transferencias de recursos de la nación a las universidades públicas, por lo cual los recursos propios de cada Institución se convirtieron en su principal fuente de financiación.

- La decisión del Estado de transferir buena parte del presupuesto educativo al ICETEX, privilegiando los préstamos a las y los estudiantes, para que puedan acceder a la educación superior y acentuar así el modelo privatizador y excluyente.

- Programas como ‘Ser Pilo Paga’ y subsidios focalizados, así como la profundización del modelo de colegios en concesión: Financiación a instituciones privadas con recursos públicos y un modelo de endeudamiento de las familias colombianas.

- El recorte sistemático de presupuesto y el déficit presupuestal actual del SENA.

- El recorte de un 20% de los recursos a la ciencia y la tecnología, quedando en tan solo 270mil millones de pesos para el año 2016: la ciencia y la investigación necesitan inversión.

- La precarización laboral docente y administrativa, debida a la desfinanciación de la educación pública, que se manifiesta en los bajos salarios a profesores de todos los niveles, ascensos restringidos a las y los docentes, principalmente los del estatuto 1278.

- La criminalización de la protesta social, que ha llevado a la cárcel a miles de jóvenes, de estudiantes, de docentes y de personas de las comunidades educativas, como es el caso de los 13 jóvenes detenidos recientemente; así mismo, los asesinatos selectivos de docentes, líderes estudiantiles y sindicalistas.

EXIGIMOS:

- Construir y adecuar las instalaciones educativas y universitarias públicas, que respondan a las necesidades de todas las personas con discapacidad, que tengan en cuenta las cuestiones de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y de excelencia; aumentar sustancialmente la oferta de docentes, apoyando de manera significativa sus procesos de formación y mejorando sus condiciones económicas, posibilitando de esta manera una valoración social digna de la profesión docente.

- Garantizar el presupuesto que requiere la educación pública, para promover la formación integral de las y los estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel profesional, técnico o tecnológico, que tenga en cuenta el desarrollo del país, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía, la valoración y respeto por diversidad cultural.

- Garantizar los recursos económicos para el acceso a la educación pública, en condiciones de igualdad a todas las personas, en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y afros, y la población en situaciones de vulnerabilidad por causas del conflicto y de la pobreza.

- Garantizar y reconocer el derecho de la población colombiana a la organización, participación y movilización. Propugnar por el fortalecimiento de los sindicatos de docentes y de los movimientos sociales por el derecho a la educación. La movilización estudiantil y de la comunidad educativa, es fundamental en la promoción del debate público, la generación de conciencia colectiva y los avances en las políticas públicas. La vivencia de la gestión democrática es clave. Las leyes que impiden tal participación deben ser cambiadas por otras, que garanticen la participación intencionada, sea al interior de las escuelas o en el espacio público.

- La educación debe estar sujeta al control público, lo que significa que las políticas educativas deben elaborarse con la participación activa de las comunidades académicas y educativas, de manera transparente y estar sujetas al debate público, involucrando la participación ciudadana en la discusión, y la correspondiente rendición de cuentas. Sectores como el Magisterial, secundarista, Movimientos sociales y populares, el SENA, Profesores y directivas de universidades, estudiantes universitarios, organizaciones y plataformas sociales decidimos convocar y organizar esta audiencia por presupuesto digno para la educación, pues nos negamos a aceptar que las políticas públicas educativas de la nación colombiana se sigan orientando, desde afuera y desde arriba, a favor del sector privado con la única y mezquina imposición de las estrategias de formación del capital humano que impone el credo neoliberal deshumanizante.

Por ello, reafirmamos unitariamente que la educación no es una mercancía, porque los seres humanos, huéspedes transitorios de la madre tierra, no somos una mercancía. Hemos confirmado que la paz, deber y derecho de todas y de todos, no significa simplemente el fin de la insurrección armada, sino que sobretodo implica superar la dualidad rotunda entre las palabras y la acción real que afecta todas las dimensiones de la realidad.

Hemos decido emprender de nuevo la travesía, recordando caminos que nutren nuestras trayectorias como el del Movimiento y la Expedición Pedagógicos de otras décadas.

Hoy volvemos a tomar curso a partir de las huellas de viajes anteriores. En la perspectiva de las pedagogías populares y críticas del continente indio, afro, mestizo latinoamericano, hemos convocado a confluir en la construcción del FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, POR LOS DERECHOS Y LA PAZ.

Con estas exigencias y denuncias, plasmadas en las ponencias de los sectores en esta audiencia aportaron avances significativos, creemos que fruto de múltiples esfuerzos entorno a la incidencia en la política educativa, a la movilización por los derechos y la paz para todas y todos los colombianos, a la multiplicación de la convocatoria fundamentada en la reflexión pedagógica y a la participación política en todos los lugares del país y en relación con procesos hermanos de los pueblos latinoamericanos.

Bogotá D.C. septiembre 10 de 2015

FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, LOS DERECHOS Y LA PAZ. UPN. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez. Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia – OACEP-. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa. Red Distrital de estudiantes de secundaria – REDES. FUNPES. Toma Conciencia. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL. COES. SINDESENA. Congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Alberto Castilla y Senén Nino.

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La educación no se compra, mi derecho no se vende

Ha iniciado en el Congreso de la República el debate en torno al Presupuesto General de la Nación para el año 2016. La Colombia más educada y en paz, meta difundida por el Gobierno Nacional, no pareciera verse reflejada en un presupuesto para la educación que se basa en el desconocimiento de una crisis desatada en el sector educativo a todos los niveles y que profundiza la visión de una educación como mercancía, orientada a las necesidades del mercado y reproductora de las grandes brechas sociales de nuestro país.

La educación para la paz requiere de una inversión prioritaria por parte del Gobierno Nacional, por el contrario nos encontramos ante un presupuesto que para inversión en educación solo otorga 1,8 billones de pesos, recursos en su mayoría orientados hacia las entidades privadas vía créditos (ICETEX) y subsidios, un recorte del 20% para la ciencia y la tecnología, el 40% para el deporte y del 15% para la cultura[1], elementos todos centrales para la formación integral de los jóvenes.

En el contexto de crisis estructural de la educación, el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz, surge como una plataforma de unidad de actores sociales y políticos para confrontar este modelo educativo. En esta plataforma nos encontramos jóvenes estudiantes de secundaria, del SENA, de universidades, y aquellos y aquellas que no tienen en dónde estudiar; maestras y maestros de preescolar hasta universidades; directivas académicas de universidades públicas; procesos organizativos y educativos, madres y padres de familia; colectivos de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales, redes y plataformas de los pensamiento críticos del país; así como congresistas de diversos partidos políticos, alarmados por esta situación a la que han llevado a la educación en Colombia.

Como colombianos preocupados por el futuro de la educación y en la defensa de su garantía como derecho, nos hemos dado cita para abrir nuevamente el debate frente a nuestro futuro.

En razón a esto convocamos a los medios de comunicación, masivos y alternativos, para informar y cubrir los escenarios en que nos manifestaremos, el primero de éstos será la audiencia pública a desarrollarse el próximo jueves 10 de septiembre en el Congreso de la República (Salón Boyacá) a partir de las 8:00 am.

 

Frente Amplio por la Educación, los derechos y la paz.

UPN. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez.  Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia –OACEP-. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa.   Red Distrital de estudiantes de secundaria -REDES. FUNPES. Toma Conciencia. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL. COES.  SINDESENA. Representantes a la Cámara Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa.  Senadores Alberto Castilla y Senen Niño.

[1] Ministerio de Hacienda. Presupuesto general de la Nación 2016 “Responsabilidad fiscal y social en un entorno económico”. Presentación, Diapositiva 15.

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Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denuncia falta de garantías para el retorno y la reparación a las víctimas

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco de un debate de control político de la Comisión de Derechos Humanos, al que fueron citados Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, Francisco Solano gerente del Banco Agrario y Aurelio Iragorri Ministro de Agricultura, que faltan garantías para la reparación y el retorno de las víctimas en condiciones de dignidad, según lo ordena la ley de víctimas y restitución de tierras.

Uribe Muñoz señaló que en materia de indemnizaciones administrativas que son un componente de la reparación integral, se evidencia poco avance en la respuesta efectiva, según lo corrobora el reciente informe presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la ley 1448,  que indica que en promedio se ha avanzado sólo en un 7.7% de la implementación de esta medida en el territorio nacional, lo que permite concluir que a cuatro años de vigencia de la ley, no se ha avanzado en la proporción debida conforme a su vigencia

Para el caso de Bogotá, esta situación es aún más grave según el informe, de 612.134 víctimas residentes en la capital, de las cuales 525,264 son víctimas de desplazamiento, sólo 15.833 han recibido la indeminización administrativa, es decir el 2.59%.

A esto se le suma, la desfinanciación global de la ley que incide en la falta de recursos para cumplir con las indeminizaciones, como lo demuestran las propias cifras: entre 2012 y 2015 se pasó de 110.584 víctimas indemnizadas a 22.188, lo cual coincide con los recursos asignados, que se redujeron de 704.448 millones de pesos en 2012 a 96.162 millones en 2015.

En cuanto al derecho a la vivienda digna en el sector rural, el Congresista denunció que pese a que la Ley establece un acceso preferente de la población víctima a programas de subsidios de vivienda en las distintas modalidades promovidas por el Estado, hay serios retrasos en su cumplimiento, “A 4 años de vigencia de la ley, sólo se ha materializado la entrega de 516 viviendas, a pesar que han sido asignados  4.393 subsidios de vivienda de interés social rural por parte del Banco Agrario, lo cual es muy grave pues la disponibilidad efectiva de la vivienda es un factor que incide tanto en la intención de retorno como en la materialización del mismo”, manifestó el Representante.

Frente al derecho al retorno o la reubicación en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, Uribe Muñoz cuestionó el hecho que además de no existir planes de retorno en todos los municipios del país, los que hay, no cumplen ni con la necesidad, ni con la satisfacción de las personas, “Algunos de los predios asignados para las víctimas no ofrecen las condiciones de seguridad adecuadas, a lo que se le suma que el tiempo que demanda la implementación de todas las fases de retorno es largo, debido en parte a la inoperancia de los escenarios interinstitucionales y al incumplimiento de compromisos de las entidades competentes para la atención de estos procesos, en particular de los entes territoriales”

Finalmente el Congresista manifestó su preocupación, ya que al cruzar los datos de la Agencia Nacional de Minería, con los de la Unidad de Restitución de Tierras, se encontró que de los 12 millones de hectáreas en las que se está implementando la restitución (área microfocalizada), hay casi un millón de hectáreas que tienen título minero vigente, lo que cuestiona si realmente las víctimas van realmente a ser restituidas en estos territorios.

No se debe olvidar además que el Plan Nacional de Desarrollo imposibilita la restitución en predios donde haya grandes proyectos de infraestructura, mineroenergético, entre otros (PINES), sustituyéndola por la compensación, es decir que en estos casos las víctimas no volverán a sus tierras, sino que deberán ser reubicadas o recibirán dinero, perdiéndose así la esencia de  lo que significa el retorno.

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Polo Democrático insta a partidos y dirigentes a deslindar crisis fronteriza con Venezuela de sus agendas políticas y electoreras

El Polo Democrático Alternativo a través de su presidenta, Clara López Obregón, al suscribir la declaración de los partidos políticos colombianos respaldando las actuaciones del Presidente de la República en el caso de la crisis fronteriza con Venezuela, instó a las colectividades y a sus dirigentes a deslindar esta grave situación humanitaria de sus agendas políticas y electoreras.

López Obregón fue enfática en señalar que no se puede aprovechar electoralmente “tan desafortunada situación para debilitar los procesos de paz con las Farc y el ELN que van por buen camino, así como la integración latinoamericana de UNASUR bajo cuyo amparo 20 mil colombianos gozan de visa de trabajo y otros 20 mil de estudio en los diversos países miembros, entre otros tantos beneficios”.

Igualmente, la presidenta del Polo condenó en forma enérgica la deportación indiscriminada y la violación de derechos humanos a que las autoridades de Venezuela han sometido a humildes familias colombianas, desplazadas hacia este país en buena medida por el accionar del paramilitarismo.

Adicionalmente, la vocera del Polo Democrático hizo un llamado al gobierno del presidente Santos a persistir en la vía diplomática para encontrarle vías de solución a la crisis fronteriza.

Expresó también su apoyo a la decisión adoptada por el primer mandatario colombiano en el sentido de convocar a los cancilleres de UNASUR para buscar una solución dialogada a este problema humanitario.

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Hacia la dignificación del reciclador de oficio: alternativas para la prestación del servicio

Comienzo esta intervención diciendo que “Todos esperamos ser reconocidos”

Cualquiera puede notar que cuando se hacen las cosas bien en el trabajo, en la casa, en la vida misma, en el fondo cada ser espera el reconocimiento del otro, reconocimiento que es distinto de la complacencia. Es el reconocimiento que a veces espera del jefe, del amigo, del familiar, a partir del esfuerzo, del aporte o incluso si lo quieren así llamar, de un sacrificio realizado. No es el ánimo de recibir la palmada en la espalda, es un asunto más profundo, es el reconocimiento para la acción, para movilizarse.

Pero el reconocimiento es también un asunto de política, un problema de clase. Quizás hoy el trabajador de la fábrica que peleaba con el patrono por mejores salarios, sea más bien la excepción y no la regla. El neoliberalismo ha sabido desmovilizar a la clase, ha sabido desarticularla, así como ha sabido desarticular a los sindicatos de los trabajadores. Muchos que pasaron a engrosar el desempleo, muchos jóvenes sin oportunidades de contrato laboral, muchas mujeres cabeza de familia, entre otros, no se les clasifica como trabajadores, se les llama “personas en el rebusque”, “cuenta propia”, “emprendedores”, etc. De un momento a otro no tienen contradictor, no existe la contraparte del patrón, luego no se le permite reconocerse como trabajadores. Desapareció la explotación del hombre por el hombre, y entonces es la explotación del hombre por sí mismo. No es así.

Todos son trabajadores, todos hacen parte de una misma clase, todos siguen haciendo parte de los circuitos de acumulación de capitalismo. Si esto no fuera así, el 50% del ingreso total de la economía no estaría en el 1% de la población. Muchos teóricos, estudiosos del asunto de las categorías sociológicas han denominado a estos seres del rebusque como economía de las clases populares. A mí me gusta el término: ¿qué más popular que lo popular?

Pero, ¿de quiénes hablamos cuando nos referimos a las clases populares?, ¿serán una minoría, será un asunto marginal de la política pública, un asunto menor de la preocupación de la ciudadanía?

En Colombia, que no solo en Bogotá tenemos distintas actividades que para los tecnócratas, para quienes diseñan la política pública les denominan informales (sin formalidad), excluidos o incluso “población problema”. ¿Quiénes son? Pues bien, son proveedores de distintos servicios públicos (que no solo domiciliarios, pero sí públicos porque se hacen y se prestan para los ciudadanos de a pie):

  1. El vendedor ambulante que ofrece a un precio honesto y por lo general en condiciones normales de higiene una arepa, un vaso de salpicón, pizza, empanadas, etc.
  2. El conductor de bicitaxi o mototaxi, que con la fuerza motriz de sus piernas o las de un pequeño motor, ofrece recorridos en distancias largas o cortas, a donde el servicio de transporte público no puede o no le es rentable llegar.
  3. El constructor, ruso o reparador de las casas de la localidad, conocido por vecinos, sin tarjeta distinta de presentación que la de su experiencia, contada por boca propia o ajena.
  4. Y por supuesto el reciclador de oficio, quien a partir de la sabiduría de las prácticas reconoce y clasifica los bienes, desperdicios para unos, activos valiosos para ellos.

La lista es larga, y bien podría seguir… Todos comparten unos imaginarios sociales, una misma discriminación en los espacios (de trabajo, de habitación y de socialización), hasta idénticos señalamientos. Y todos, al fin de cuentas, así algunos intenten teorizar y llamarlos emprendedores, cuenta propia, etc., todos son clase trabajadora.

A estos trabajadores, ciudadanos con igualdad de condiciones ante los  papeles de la Constitución y la Ley, se les señala, se les impide su progreso, se les inhibe de la participación o incluso se les criminaliza. Ejemplo de esto último es que hoy en el Congreso de la República marcha el proyecto de Ley de reforma al código de policía, que criminaliza la protesta, que permite los allanamientos sin una orden judicial, que le lleva más garrote a aquellas personas que en las calles buscan el sustento diario a partir de la venta de bienes y servicios, actividad que es legítima, pues en efecto la realizan y hay demanda para lo que ofertan.

En el caso de los recicladores de oficio, la demanda está: en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, etc., así como en cualquier ente territorial hay necesidad de manejar el aprovechamiento de los productos para reciclar. Hay organización, hay ganas de aportar. Y por el lado de la oferta, al ser catalogado como un servicio público, se encuentra la reglamentación, y entonces ante las buenas intenciones de algunas administraciones choca la reglamentación y la contratación: por un lado la formalidad de la ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos y por el otro la ley 80 de 1993 de contratación estatal.

Ante estas limitantes, las organizaciones de trabajadores del reciclaje, a pesar de obtener un reconocimiento a la importancia de su oficio y a la posibilidad de contratación que da la jurisprudencia, se halla ante la desidia y falta de reconocimiento legal de su labor y su posibilidad de contratación con el Estado por parte del gobierno nacional y el legislativo.

Por eso este espacio que saludo, es el propicio para que las organizaciones de recicladores expresen sus preocupaciones, expongan sus propuestas, y de la mano con las autoridades competentes, se abran puentes de diálogo y materialización de las reivindicaciones de los recicladores de oficio. No puede ser que los dueños de las artesanías, de zonas francas, hijos de un innombrable,  se queden con el oficio y el negocio de miles de trabajadores del país, o que los subcontraten y consoliden el monopolio. Es momento de exigir el reconocimiento como actor competente, eficiente y sustentable en materia social y ambiental. El reciclador de oficio debe tener la posibilidad cierta y segura para hacer parte de la cadena de valor que genera el reciclaje y aprovechamiento, en mejores condiciones para la competencia.

Las leyes de contratación y de servicios públicos nacieron como políticas pro-mercado, son la legitimación de la entrada del neoliberalismo, deben reformarse para que el actor la clase popular, esa mayoría apartada por factores legales y burocráticos de la garantía del derecho al trabajo y la participación, tenga cabida.

Las instituciones y las leyes son factores simbólicos que determinan a quién se reconoce y a quién no. Distintos países de américa latina, tienen o están estructurando el ministerio de la economía popular, Argentina es el caso más reciente que está contemplando esta figura, ¿por qué nosotros no si tenemos las mismas formas de producción, comercialización y de identidad en el trabajo y sus formas? Esto se logra a través de la construcción de poder popular, del empoderamiento de las gentes que a pesar de generar valor son considerados peyorativamente en la política pública como informales, excluidos, entre otros. Pues bien, comencemos por el reciclaje, comencemos por la posibilidad de contratación en condiciones de dignidad con el principal empleador de cualquier nación: el Estado. Y debatamos no la posibilidad de realizarlo, sino como materializamos este derecho.

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Hacia la dignificación del gremio reciclador de oficio

La Mesa Bogotá Región de Recicladores de Oficio, organizaciones del proceso distrital y de los procesos locales, organizaciones de municipios cercanos a Bogotá, recicladores y recicladores de oficio independientes realizaran este viernes, a partir de las ocho de la mañana una Audiencia Pública en el Congreso de la Republica, para mostrar y exigir las adecuaciones de las leyes 142 de servicios públicos y 80 de contratación pública, como únicas formas para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional entre otras con las sentencias la  T- 724 del 2.013, T-291 del 2.019, los Autos  275 del 2.011,  268 de 2010, 084 de 2012 y 366 de 2014, que garantiza los derechos  de los recicladores de oficio, sus organizaciones y el gremio en general.

En Colombia, en diferentes instancias territoriales se viene realizando una serie trabajos de consolidación de Modelos de Aprovechamiento, Propuestas de metodología tarifaria, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Manuales Técnicos Operativos para el Servicio de Aprovechamiento entre otros. Pero todos tienen la dificultad que las mencionadas leyes se formularon antes del reconocimiento por parte de la Corte Constitucional a los Recicladores de Oficio, por las entidades se excusan para no actuar de fondo en la solución de la problemática. Por lo anterior, se hace necesario actualizar dichas leyes, teniendo en cuenta la especificidad de los recicladores de oficio como población de especial protección, para concretar las acciones en los diferentes territorios.

Al avanzar en estos cambios en las leyes, no solo se beneficiara el gremio reciclador de oficio, sino que impactara a las otras poblaciones marginadas y en pobreza, que en Colombia registra cifras superiores a  14 millones  doscientos diez mil personas pobres (El Espectador 25 de julio 2.013). Las expresiones sociales,  la búsqueda por la equidad y los derechos, son la balanza de la negociación de cese del conflicto armado, para ser instrumentos que garanticen el llegar a la Paz por medio de la justicia social.

La Audiencia Pública está orientada a  todos los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, para aportar y acompañar  este proceso de reivindicación y concreción de los derechos de la población recicladora de oficio

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Se debe acelerar el desescalamiento: V informe de veeduría cese unilateral al fuego

El Frente Amplio para la Paz, las iglesias y Constituyentes por la Paz con Justicia Social habiendo aceptado constituirse en veedores del cese unilateral declarado nuevamente por las FARC- EP, presentan a la mesa de negociaciones en La Habana, sociedad colombiana en su conjunto y comunidad internacional el informe comprendido entre el 20 de julio al 20 de agosto.

Lo distintivo frente a otros ejercicios de esta naturaleza radica en la capacidad que se desprende de la presencia de nuestras comunidades rurales y populares en las zonas de conflicto. En el informe se analizan las acciones que permiten tanto valorar el cumplimiento del cese de las FARC-EP como el desescalamiento por parte de la fuerza pública.

Concluimos que el cese ha sido cumplido y que la tendencia al desescalamiento se ve interferida por acciones de la fuerza pública y el paramilitarismo, estos últimos por ejemplo impiden en este momento el desminado, acción sobresaliente de cara al cese bilateral.

En el período documentado se observa con preocupación las acciones contra la vida e integridad de defensores/as de derechos humanos, líderes y lideresas de las comunidades; junto a la persecución y estigmatización, en tanto sujetos colectivos, que son víctimas afrodescendientes, campesinos e indígenas. Sin embargo, recibimos esperanzados el hecho que este periodo se constituya en la actividad violenta más baja en el conflicto desde 1974.

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Comisiones de paz del Congreso radican proyecto de servicio social alternativo al servicio militar obligatorio

Los miembros de las comisiones conjuntas de paz del Congreso de la República, encabezados por los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe,  Alberto Castilla, y Víctor Correa, del Polo Democrático, y Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, radicaron el proyecto de Acto Legislativo que tiene como propósito crear el Servicio social para la paz. Con esta iniciativa los jóvenes podrían optar por el servicio social en distintas áreas y entidades del Estado, si no se inclinan por el servicio militar.

La iniciativa, que consta de dos artículos, recoge en un solo marco jurídico la propuesta de un servicio social que les permita a los jóvenes alternativas distintas a la de las armas, y ser partícipes de la construcción de la paz. El proyecto modifica el artículo 22 de la Constitución Política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”,adicionándole un inciso con el que se crea un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, que será reglamentado por la ley, y que sería equivalente o alternativo a la prestación del servicio militar, actualmente obligatorio.

Con este proyecto, los jóvenes podrían optar por el servicio social, si no se inclinan por el militar. Por su carácter civil y social, enfocado en el derecho y el deber de la paz, se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello, y tendrá una duración de 12 meses.

La iniciativa también modifica el artículo 216 de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, permitiendo que solo los colombianos que así lo decidan, podrían tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, sin perjuicio de que una ley reglamente los casos en que debido a una guerra exterior, sea necesario hacer un llamado general a tomar las armas.

La tarea de los jóvenes en este momento histórico, es desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios

La creación de un servicio social para la paz con rango constitucional se justifica en la necesidad de diversificar las opciones para que los jóvenes cumplan con sus deberes ciudadanos, y en la construcción de una cultura de paz basada en la garantía de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho

Esta reforma constitucional les dará a los jóvenes la posibilidad de vincularse a los deberes con su país de una manera alternativa, a través de la comprensión del conflicto y la apertura para el perdón. Los jóvenes, desde los consejos municipales y departamentales de paz, pueden hacer pedagogía por la paz, o prestar servicios sociales en el campo

Al radicar este proyecto depositamos nuestra esperanza de crear una sociedad menos violenta cada día, una sociedad donde se entienda que la única manera de servir al país no son las armas, afirmaron los congresistas.

Ha sido la misma institucionalidad, la que ha exhortado a crear alternativas para que los jóvenes puedan cumplir con sus deberes ciudadanos en contextos no militarizados, también como lo recomendó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La iniciativa legislativa contó con el aporte de las organizaciones de objetores agrupadas en el Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, entre las que se encuentran: Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad Tejuntas, la Asamblea Nacional de Objetores de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación Popular, Disentir, Alborada, entre otras.

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¿Reforma o Contra Reforma Agraria del Gobierno Santos?

  1. ¿Qué se entiende por Reforma Agraria?

 Lo primero que hay que decir es que la reforma agraria NO ES una política marxista, comunista. Es una política de origen liberal, es una política burguesa, que propende por el uso adecuado de la tierra y la ampliación de la democracia participativa, redundando en indicadores mejores de crecimiento económico y bienestar social. En Colombia muchos sectores han satanizado la reforma agraria, mostrándola como una política que propende por la expropiación de la tierra y la afectación de los derechos de los campesinos o propietarios legítimos de la misma. El Estado colombiano creó el Instituto de la Reforma Agraria (INCORA) mediante la ley 135 de 1961, misma ley que creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Después de muchos años, de corrupción es verdad, le cambiaron el aviso al Instituto, hoy es el INCODER –  Instituto de Desarrollo Rural, que tampoco ha hecho desarrollo rural y tampoco reforma agraria. Y de la UAF, ni hablar, le fastidia a los gobiernos desde su creación y en particular en la actualidad, donde los grandes cacaos se quieren quedar con las tierras de la Nación (los baldíos) y aquellas en manos de los campesinos, ejemplo de esto es lo que pasa en la Altillanura (que bien hemos sabido denunciar como PDA), y ejemplo de lo que pretenden hacer con la UAF y la reforma agraria es el proyecto de las ZIDRE (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico), que antes se les llamo PEDAF (Proyectos Especiales de Desarrollo Agrario y Forestal).

Yo hago un llamado a la coherencia al gobierno nacional, al presidente Santos y al Ministro de Agricultura: si vamos a hablar de reforma agraria, retiren inmediatamente el proyecto de ley de ZIDRES. No es concebible desde un punto de vista lógico que hablemos de reforma agraria en el discurso, de mirar el uso eficiente de las tierras, que quedemos aterrados con las cifras del Censo Nacional Agropecuario; y por otro lado siga su tránsito en el Congreso la Contrareforma Agraria de las ZIDRE.

Edmundo Flores, reconocido académico mexicano en temas de Reforma Agraria escribía hace unas décadas, que en los países en vías de desarrollo se lograba por 3 mecanismos:

  1. Comprarla: es decir, que el Estado compre a los terratenientes y redistribuya la propiedad a campesinos sin tierra.
  2. Tener un tío rico: es decir, que así como ocurrió en Taiwan o Japón después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos financie la reforma agraria.
  3. Confiscar predios usurpados o sin uso económico eficiente. Que el Estado, valido en su poder, guiado por el principio de función social de la propiedad que hace parte de nuestra jurisprudencia constitucional desde 1936, y después en la constitución de 1991, se expropie a aquellos que se han apropiado irregularmente de la tierra del Estado (con notarías chimbas, con fallos judiciales vacuos, con venta de mejoras que son falsa tradición), y por supuesto se aplique la prescripción adquisitiva de dominio, llevándola a 5 años, tal y como se pensó en 1936 con la Ley 200.

En nuestro país, donde no tenemos recursos fiscales suficientes para comprar tierras en propiedad privada legítima (pues no se le va a pagar a los despojadores de las víctimas y del Estado… ¿o sí), donde el tío rico (EEUU en este caso) no tiene voluntad política ni financiera para financiar tal empresa, se debe hacer una reforma del tipo 3. Es lo más justo, lo más democrático y una forma de compensación histórica al campesinado y las comunidades étnicas.

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Congresistas solicitarán la suspensión de contratos de concesión petrolera en curso en el Putumayo

Con el objetivo de denunciar las afectaciones en materia ambiental y social causadas por la actividad petrolera en Putumayo, se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto una Audiencia Pública que se desarrollará a partir de las 8 de la mañana en el Aula Máxima del Colegio San Francisco de Asís, en Puerto Asís – Putumayo.

La Audiencia “La Amazonía se mueve contra las fumigaciones y las petroleras” fue convocada por la Mesa de Organizaciones Sociales del departamento y los congresistas Ángela María Robledo, Víctor Correa, Oscar Ospina, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, quienes estarán presidiendo el evento.

Dentro de las multinacionales petroleras que han venido afectando las comunidades indígenas y campesinas por la presencia y desarrollo de operaciones de exploración y explotación, se encuentran,  Amerisur Exploración Colombia Ltda, Consorcio Colombia Energy Operada por Vetra, Gran Tierra Energy, Ecopetrol y Pacific Rubiales.

Los Congresistas solicitarán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), frente a las denuncias remitidas por la Mesa de Organizaciones Sociales, la suspensión inmediata de los contratos de concesión petrolera en curso, así como la celebración de nuevos contratos y el otorgamiento de nuevas licencias ambientales en el departamento del Putumayo, hasta tanto no se verifique el cumplimiento de todas las recomendaciones, compensaciones y reparación de todos los daños ambientales causados hasta por todos los proyectos en curso hasta la fecha.

Igualmente pedirán al INCODER, culminar los procesos de titulación dentro de la zona de reserva campesina y la zonificación ambiental de la misma, y apoyar la formulación del Plan de Manejo Ambiental, como parte de su estrategia de planificación y protección del territorio y sus recursos, respetando definiciones en materia de vocación del suelo, desarrollo de renglones productivos, participación comunitaria y defensa ambiental y que se inicien o culminen los proceso pendientes de saneamiento, ampliación o reestructuración de resguardos indígenas.

Y al Ministro del Interior, le instarán por el respeto irrestricto por el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, esto por cuanto si bien no hay una ley que ordene la consulta previa para las comunidades campesinas ni frente a la zona de reserva campesina, en todo caso los planes y programas de los proyectos empresariales deben guardar coherencia con el plan de desarrollo sostenible que desarrollan las reservas campesinas.

Se espera que a la Audiencia pública asistan delegados de la CAR, Ministerio del Medio Ambiente, del Interior, Corpoamazonía, Defensoría del Pueblo, INCODER, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quienes fueron convocados con antelación.

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Corte Constitucional admite demanda al fuero militar

A partir de mañana jueves 6 de agosto comienzan a correr los plazos que la Corte Constitucional fijó para realizar intervenciones ciudadanas, frente a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo que amplía el Fuero Penal Militar y que fue interpuesta en días pasados por los Congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe e Iván Cepeda (Polo Democrático), por la Mesa técnica sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y familiares de víctimas de falsos positivos.

En el auto admisorio, la Corte les solicitó a varias facultades de derecho de universidades públicas y privadas, que se pronuncien sobre la demanda, así como al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección General de la Policía Nacional y Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares.

Este órgano constitucional anunció además que a partir del 6 de agosto y hasta el 21 del mismo mes, queda abierta la posibilidad de que organizaciones sociales, académicas, jurídicas presenten sus intervenciones ciudadanas.

De acuerdo con los demandantes, la nueva norma constitucional afecta tres principios básicos de la Constitución Política: obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley, argumentos que constituyen en la demanda los tres cargos principales.

Ángela Robledo, representante a la Cámara  de la Alianza Verde, dijo que la Corte dio un paso muy positivo para la justicia en Colombia e invitó a los ciudadanos a que participen de esta convocatoria que abre el alto tribunal para debatir sobre el tema. “Creemos que la ciudadanía en general y los centros académicos van a respaldar esta demanda contra la reforma al fuero penal militar por considerar que al aplicar exclusivamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, y dejar de aplicar las del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o enfrentamientos que reúnan las condiciones del DIH, existe riesgo de que haya impunidad en graves violaciones de derechos humanos”.

El representante Alirio Uribe Muñoz dijo que confía en que la Corte Constitucional dé la razón sobre la demanda presentada “que a todas luces lo único que hace es aumentar la impunidad en casos relacionados con delitos cometidos por la fuerza pública”

Su colega del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda afirmó que: “Espero que la Corte, como lo hizo ya en una oportunidad, declare que el Fuero Penal Militar es inconstitucional y violatorio del derecho de las víctimas y del principio de igualdad ante la justicia”.

Esta demanda fue radicada el pasado 15 de julio en coordinación con  la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR y Marcha Patriótica, entre otros.

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Mesa de garantes invita al gobierno acepte sustitución gradual de cultivos ilícitos y no vuelvan las fumigaciones en el Catatumbo

Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), por proteger los derechos de los campesinos y las alternativas que plantean para un proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Los garantes reconocemos el informe de la ONU sobre aumento de cultivos ilícitos en todo el país, pero también rechazamos la estrategia de fumigación que se ejecutaría a partir de agosto. Pedimos al Gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones, por sus efectos nocivos contra la salud de  las personas y los animales, y el envenenamiento de los suelos.

La fumigación en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro con grandes costos sociales y económicos, que fácilmente se extendería por todo el país.

Es necesario que el Gobierno Nacional, al “desescalar” la guerra con la insurgencia, acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y no entre en un proceso de “escalamiento” máximo del conflicto social, en el que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o no dé salida a las demandas de las organizaciones y comunidades. Un paro en el Catatumbo hoy, en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de concertación de varios años.

Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el Gobierno tome en cuenta y contemple implementar la propuesta presentada por los campesinos en la vereda La Angalia del municipio de Tibú, para una sustitución gradual de cultivos ilícitos, de tal manera que sea la alternativa a la erradicación forzada.

Los garantes invitamos a Ascamcat y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar las iniciativas pedagógicas concretas, como la de La Angalia, para que la región pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como lo plantean los preacuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.

Bogotá, 28 de julio de 2015,
 
Iván Cepeda, senador de la República por el PDA.
Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
S.J. Francisco de Roux.
Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Alianza Verde.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el PDA.

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Radicado proyecto de ley que reduce el aporte de salud de los pensionados

Ante la secretaria general de la Cámara de Representantes comparecieron este martes 21 de julio los representantes Alirio Uribe y Óscar Ospina para radicar el proyecto de Ley que reduce el aporte de salud de los pensionados del 12% al 4%.

“Nosotros sí cumplimos la promesa, dijimos cuando se hundió el proyecto 183 de 2014 hace un mes, le prometimos a los pensionados de Colombia que íbamos a radicar una nueva iniciativa en ese sentido, aún con la oposición del gobierno nacional, y acá estamos.”, afirmó el representante Uribe del Polo Democrático Alternativo

El proyecto de Ley igualmente está firmado por integrantes de partidos Mira, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, lo cual le da mayores posibilidades de avance y legitimidad en el debate en el Congreso.

El proyecto de Ley busca una de las reivindicaciones de los pensionados, el cual consiste en disminuir el aporte que le descuentan mensualmente de sus mesadas pensionales del 12% al 4%, promesa de campaña del entonces candidato-presidente, Juan Manuel Santos.

“El presidente Santos le falló a los pensionados, dijo que iba a impulsar el proyecto 183, y luego su ministro de hacienda hizo que se hundiera. Eso no es serio, y menos con un proyecto que fue producto de un proceso de concertación con los pensionados y los trabajadores”, aseveró el representante caucano de la Alianza Verde, Óscar Ospina.

Y es que el asunto no es para menos, pues lo que se pretende es beneficiar a la mayoría de pensionados de Colombia, quienes sienten cada vez más la reducción de su ingreso neto disponible a final de mes. Al respecto el representante Uribe Muñoz manifestó que “es un asunto de justicia: no son trabajadores activos y tampoco empleadores, luego no hay razón para que paguen por los dos, y menos cuando cuatro de cada cinco pensionados reciben una pensión igual al salario mínimo”.

El proyecto iniciará debate en la comisión séptima de Cámara, donde tiene asiento el representante Óscar Ospina, y sin duda tendrá la oposición firme del gobierno nacional, el cual ha manifestado que no pueden apoyar la iniciativa dado que tiene un costo fiscal de 2,6 billones de pesos. Ante eso el representante Ospina asevero: “en la exposición de motivos argumentamos, por ejemplo, como eliminando los beneficios tributarios a las empresas se liberarían recursos, que a 2014 ascendieron a 47,6 billones de pesos. Esa cifra es 18,3 veces lo que cuesta la iniciativa de los pensionados para el gobierno. Entonces menos gabelas para los empresarios y más ingreso para los pensionados, eso es lo justo y democrático”.

Al respecto el colega del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe, enfatizó que “en efecto, que reduzcan las gabelas a los empresarios, y también que le bajen al presupuesto para la guerra, que como denunciamos en el debate al Plan de Desarrollo creció un 54% llegando a 92 billones de pesos. La paz se construye no con balas, sino dando garantía de derechos a la gente, en este caso disminuyendo la afectación a los ingresos de los pensionados.”

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En instalación de legislatura 2015-2016, bancada del Polo ratifica que continuara respaldando las luchas de los colombianos

En la instalación de la presente legislatura, la bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo manifestó que continuará respaldando las luchas sociales de los colombianos y actuando por la defensa de los derechos humanos, los sectores menos favorecidos, la soberanía nacional, los recursos naturales, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la paz con justicia social, todo esto en el marco del ejercicio de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos.

Los congresistas del Polo anunciaron que continuaran con su labor de hacer control político y seguimiento a los proyectos de ley que afectan los derechos de los ciudadanos, entre los que se destacan, el Código de Policía y Convivencia, la ley que crea las Zonas de Integración y Desarrollo Económico y Social – Zidres -, la reforma tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Nación 2016, la ley estatutaria de administración de justicia que reglamentará la reforma de Equilibrio de Poderes, entre otros.

Los congresistas de la bancada resaltaron que su labor estará enfocada en apoyar e impulsar,  el proyecto de reforma constitucional de Servicio Social para La Paz,  el proyecto de ley del Estatuto del Actor, el proyecto de los pensionados, que era uno de los compromisos del Presidente Juan Manuel Santos y que se hundió al terminar la legislatura y que busca reducir de un 12% al 4% la cuota de salud para los pensionados, la reforma al Estatuto de Bogotá, la ley en homenaje a Carlos Gaviria, un proyecto de ley que busca garantías procesales frente al trámite de extradición de nacionales colombianos, y una reforma constitucional para alcanzar el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Igualmente anunciaron desde ya, debates de control político sobre la ley estatutaria de salud, autopréstamos autorizados por el gobierno a Luis Carlos Sarmiento Angulo, fondos de pensiones, despojo y la acumulación ilegal de tierras, salud y minería, violaciones de derechos humanos cometidas por el Esmad y las consecuencias de la suscripción de convenios entre empresas mineras y petroleras y las fuerzas armadas.

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Corte admite demanda contra PND y abre posibilidad de intervenciones

La corte Constitucional admitió la demanda presentada en días anteriores por los Congresistas Alirio uribe Muñoz, Iván Cepeda, Víctor Correa, Alberto Castilla e integrantes de la Cumbre Agraria, contra el Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo abrió plazo para intervenciones ciudadanas entre el próximo 23 de julio hasta el 6 de agosto.

La demanda que presentó la bancada del Polo Democrático Alternativo ante la Corte Constitucional se dirige contra siete disposiciones de las dos últimas leyes aprobatorias del Plan Nacional de Desarrollo PND.

Es indispensable que la persona o personas que firman la intervención asistan personalmente ante la Corte a radicar el escrito (en la Secretaría de la Corte Constitucional, ubicada en el Palacio de Justicia), o que realicen una “nota de presentación personal” de sus firmas ante cualquier notaría.

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Veeduría del alto al fuego de las FARC – EP

La presente es la declaración producida luego de la reunión que sostuvieron en la ciudad de La Habana el 18 de julio de 2015 delegados del Frente Amplio por la Paz, representantes de iglesias, integrantes de las Constituyentes por la paz, Red Universitaria por la Paz y de organizaciones locales de víctimas con la Delegación de Paz de las FARC-EP acerca de la veeduría del alto al fuego unilateral anunciado por la guerrilla el 8 de julio de 2015:

Se aproxima el 20 de julio, fecha emblemática para nuestro país que este año estará acompañada con la buena noticia del inicio del sexto alto al fuego unilateral anunciado por las FARC-EP el pasado 8 de julio. Durante los cinco meses del más reciente de ellos, iniciado el 20 de diciembre de 2014, el Frente Amplio por la Paz realizó a través de sus organizaciones y de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ciudadanas la veeduría al cumplimiento de este compromiso. Esta tarea se recogió en cinco informes que dan cuenta en cifras y aspectos cualitativos de los beneficios de acallar los fusiles y sembrar hechos de paz y convivencia para el país, en particular, para los pobladores que viven en las zonas de mayor incidencia del conflicto armado.

La disminución significativa de muertes y heridas en acciones bélicas, así como el ahorro de recursos económicos durante este período resultaron históricos, y contrastan con el doloroso balance de los momentos de desarrollo e intensificación del conflicto armado. El Frente Amplio pudo constatar que además de evitar la muerte o las lesiones a la integridad de muchos miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la guerrilla; la ostensible disminución de la afectación de la infraestructura, así como la suspensión de bombardeos, permitieron a la población civil el ejercicio de sus derechos a la vida, a la integridad y a las garantías sociales.

También dimos cuenta de acciones ofensivas de la Fuerza Pública en las que se evidencia violación a principios del DIH en persona de los insurgentes e igualmente afectaciones a la población civil.

Es claro que la terminación del alto al fuego unilateral de las FARC-EP dejó atrás lo alcanzado, y para tristeza de todas y todos trajo nuevamente dolor y destrucción del territorio.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que los tres acuerdos preliminares a los que se ha llegado, las declaraciones de alto al fuego unilateral, el comienzo del programa de descontaminación de los territorios de artefactos explosivos, el anuncio de la desvinculación y no reclutamiento de menores de edad, y los otros gestos unilaterales o bilaterales de carácter humanitario han sido un resultado de gran valor del proceso de paz, que esperamos fructifiquen pronto en el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades.

De nuevo aceptamos el llamado de la Delegación de Paz de la guerrilla a realizar la veeduría del alto al fuego unilateral, esta vez en conjunto con iglesias y las Constituyentes por la Paz; hecho que consideramos relevante no solo para las tareas encargadas, sino para la posibilidad de fortalecer los lazos con otros sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la transformación efectiva de nuestro país. Exigimos al Gobierno las garantías necesarias para ejercer esta labor. Saludamos el acuerdo sobre pedir la participación de un representante del Secretario General de Naciones Unidad y otro de la Presidencia de UNASUR para las tareas de verificación.

Creemos firmemente que es hoy el momento de orientar el proceso de paz por el camino irreversible del desescalamiento del conflicto armado, del cese bilateral definitivo al fuego y a las hostilidades, y de los acuerdos que pongan la base de la paz estable, democrática y duradera.

Creemos que llegó el momento de pactar un acuerdo con un concepto amplio de justicia, que tenga en su base la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También llegó el momento de desistir del ultimátum como método de negociación, de las advertencias de pararse de la Mesa de Conversaciones, de desescalar el lenguaje belicista predicando con el ejemplo propio.

Esperamos que esta vez el desescalamiento se materialice en acciones recíprocas por parte del Estado y de las Fuerzas Militares conforme al acuerdo dado a conocer recientemente por las partes, y anunciamos que en esta ocasión también haremos veeduría social y ciudadana a los compromisos que ha adquirido el Gobierno en esta materia.

Queremos advertir nuestra preocupación por la persistencia, o nueva presencia, del paramilitarismo en extensas zonas del país, la continuidad de los nexos con los agentes del Estado, la presencia de los representantes de la parapolítica y sus herederos en las próximas elecciones.

Nos preocupa que se esté preparando una nueva fase del desarrollo de este fenómeno como estrategia paramilitar para poner en peligro el escenario posterior a la firma de los acuerdos. Por eso otorgamos gran importancia a la creación de una comisión para la no repetición del paramilitarismo como parte de los acuerdos de La Habana. De igual forma, rechazamos la nueva ola de capturas, investigaciones e imputaciones a reconocidos líderes sociales y defensores de derechos humanos, el uso de la fuerza contra la protesta social, la persecución contra los miembros del Congreso de los Pueblos y de Marcha Patriótica. Sobre estos dos aspectos anunciamos que elaboraremos en el próximo mes un informe de nuestra veeduría.

El movimiento social en Colombia de iniciativas por la paz alcanza gran articulación y confluencia. Por ejemplo, las plataformas de organizaciones reunidas en Clamor Social por la Paz; los procesos rurales y populares convocados en la Cumbre Agraria; sectores del sindicalismo como la CUT y la USO, avanzando en el proceso de construcción de un espacio multilateral por la paz. En este escenario hemos construido una nutrida agenda común; la asamblea de trabajadores por la paz, las cumbres regionales y nacionales por la paz, las constituyentes nacionales por la paz, todas estas apuestas buscan confluir en diciembre en un encuentro en el que el objetivo es construir el movimiento social por la paz.

Estamos convocando a otros sectores del espectro social, político y religioso a reunirnos en el Encuentro Nacional de Paz los próximos 22 y 23 de julio para potenciar esta agenda, para proteger la negociación de La Habana e iniciar urgentemente el diálogo con las otras insurgencias.

Hacemos un llamado urgente a toda la sociedad colombiana a avivar su sentimiento por la paz, creer que es posible construir juntos un país en armonía y esperanza para las presentes y futuras generaciones, sumarse a los millones de veedores y veedoras que creemos en la paz; así como reiteramos nuestro llamado a los medios de comunicación a promover la construcción de nuevos imaginarios de reconciliación y esperanza que encaminen el sentir de los colombianos y colombianas a apostar por el fin de la guerra en todos los territorios.

También reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional y al ELN a iniciar con prontitud la fase pública del proceso de conversaciones y la creación de la mesa de diálogos entre ambas partes.

La paz con justicia social que soñamos y que vamos a materializar debe ser integral, duradera y democrática.

 

FRENTE AMPLIO POR LA PAZ / REPRESENTANTES DE IGLESIAS

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Encuentro Nacional de Paz

La consolidación de los avances del proceso de negociación y la superación de las dificultades actuales, demandan una respuesta vigorosa por parte del más amplio conjunto de la sociedad.

Las negociaciones que están en curso son la oportunidad histórica excepcional para que el país entre en la senda de la paz sostenible. Los pactos ya logrados en cuatro puntos de la agenda indican que se avanza
positivamente en dirección al Acuerdo final de terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera.

Contrasta el avance en La Habana con el retroceso en la favorabilidad de la opinión en el país. Ello se debe en gran medida al hecho de que en los meses de abril, mayo y junio se perdió el alivio sentido durante los 5 meses de tregua unilateral de las FARC-EP y la suspensión de los bombardeos por parte del gobierno.

Es evidente que, en este momento crucial, el escalamiento de las acciones militares representa serias amenazas para las conversaciones en La Habana, para las exploraciones que se adelantan con el ELN, para la confianza de la sociedad en la terminación del conflicto y para la seguridad, los derechos, la calidad de vida y la tranquilidad de las comunidades y de toda la ciudadanía.

Esa experiencia de disminución de la intensidad de las confrontaciones significó una enorme ganancia para las comunidades y para toda la sociedad, se tradujo en menos desplazados y muertos en medio del conflicto.

Significó también un sensible incremento del apoyo ciudadano al proceso.

Por ello es urgente que se retome ese camino, se inicie el plan de desminado humanitario en Antioquia y Meta, se sostengan los compromisos de no reclutamiento de niños/as y adolescentes y no agresión a las mujeres y, sobre todo, se acelere el trabajo de la subcomisión técnica que está diseñando los pasos hacia el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades.

Ante las dificultades crecientes es preciso responder políticamente fortaleciendo la más amplia Confluencia en defensa de los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC-EP y del pronto paso a la etapa de negociación formal con el ELN asumiendo las características propias de este movimiento insurgente.

El anuncio sobre la Comisión de Esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y no Repetición es un hecho trascendental que le da mejores posibilidades a los pactos sobre justicia transicional en su conjunto y a los que se refieren al fin del conflicto, la ratificación y verificación.

Estamos ante la oportunidad de la paz como nunca había ocurrido en décadas de intentos de ponerle fin al largo ciclo de violencia y confrontaciones armadas en Colombia y por ello es fundamental el pronunciamiento de muchos a favor de las conversaciones y en respaldo a las acciones colectivas y múltiples manifestaciones ciudadanas que exigen mantener la mesa sin pausa y detener la violencia y la guerra. Los movimientos sociales que adelantan sus propias acciones de legítima protesta social también se han pronunciado en este sentido. La voluntad mayoritaria de paz que se expresó el 15 de junio de 2014, segunda vuelta presidencial, no puede frustrarse.
#La PazEs Ahora
[email protected][email protected][email protected]
Luis Sandoval 3112281812 – Camilo González 3107724959 – Maricela Londoño 3153808649.
Adriana Rodríguez 3187955445 – Leonardo González 3105850575
Por ello, para fortalecer los avances y superar las dificultades, convocamos un Encuentro Nacional por la Paz, que se reunirá en Bogotá los días 22 y 23 de julio.

El Encuentro Nacional por la Paz se propone hacer un llamado a todos los colombianos y colombianas a
rodear de apoyo el proceso de salida política del conflicto, a redoblar las iniciativas por la paz, a coordinar las  muy diversas agendas de acción que están promoviéndose en todo el país, a demandar diálogo eficaz con los movimientos sociales, a aprovechar el debate electoral que toma impulso con la inscripción de candidaturas y programas para fortalecer la construcción de paz, a examinar la vía des des escalamiento y la exigencia de pactar el cese bilateral definitivo de fuego y hostilidades, a respetar los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, a preparar la validación de los acuerdos.

Agenda Encuentro Nacional de Paz

FIRMAN: Comité de Impulso y Acompañamiento al Consejo Nacional de Paz, Representante Ángela Robledo, Representante Inty Asprilla, Representante Alirio Uribe, Representante Víctor Correa, Representante Carlos  Guevara, Representante Harry González, Representante Clara Rojas, Senador Iván Cepeda, Senador Horacio Serpa, Senador Antonio Navarro, Senador Roy Barreras, Campaña Reconciliación Colombia, Frente Amplio por la Paz con Justicia Social y Democracia Plena, Clamor Social por la Paz, Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Unión Sindical Obrera USO, Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ, Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Movimiento Progresistas, Fundación Nuevo Arco Iris, Corporación Viva la Ciudadanía, INDEPAZ, Justapaz, Asamblea por la Paz – USO, Iglesia de Dios MYI, Paz y reconciliación, CODHES, CAJAR, MENCOLDES – Pacto Nacional por la paz, Redunipaz, Comité Permanente Defensa DDHH,
Colombianos en el Exterior, Asociación MINGA, Vamos por los derechos, Poder ciudadano, Comité Distrital de Impulso CDP, Planeta Paz, Nuevo Arco Iris, LGBTI, Escuela de Paz, Iniciativas de Mujeres por la Paz, ANDAS, Colectivo LGTI por la paz, Asociación Campesina del Valle de Cimitarra, Iglesia Presbiteriana, Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, Semanario VOZ, Partido Comunista de Colombia PCC, Casa de la Mujer, Cinep, Ruta Pacífica de las Mujeres, Pensamiento y Acción Social PAS, Fundación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres, Paz y Seguridad” , Foro Nacional por Colombia, Sistema Universitario del Eje Cafetero, Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, Confederación Colombiana de ONG, Fundación Cultura Democrática FUCUDE, Movimiento Nacional Carcelario DECOLPAZ, Corporación Cultural Claudicantes FUNDESCO, Fundación Tejidos del Viento, Agrupación Permanente de Derechos y Paz APDEPAZ (Argentina), Corporación Nacional Unificada de Educación Superior CUN, Mesa de la Cuenca del Río Salitre

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Congresistas demandarán fuero penal militar por inconstitucional

Los congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde),  Alirio Uribe e Iván Cepeda (Polo Democrático) radicarán demanda de inconstitucional del fuero penal militar el próximo miércoles 15 de julio a las 10 de la mañana en la Corte Constitucional.

Los legisladores en conjunto con La Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Familiares de Víctimas de Falsos Positivos, radicarán en la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo 01de 2015 (parcial), “por el cual se reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”, más conocido como Ampliación al Fuero Penal Militar, recientemente  sancionado por el Presidente Juan Manuel Santos.

Los firmantes demandarán la sustitución de por lo menos tres pilares esenciales de la Constitución Política: la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos, el principio de autonomía judicial como manifestación del principio de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley.

En el marco de la presentación de la demanda, se realizará un plantón de las organizaciones que apoyan esta iniciativa.

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Balance sobre personas no identificadas encontradas en cementerios y tumbas clandestinas

COMUNICADO DE PRENSA

Balance sobre personas no identificadas encontradas en cementerios y tumbas clandestinas

El senador Iván Cepeda y el representante a la Cámara, Alirio Uribe liderarán la audiencia que tiene por objeto conocer el estado actual del proceso de identificación y entrega de restos de cientos de personas que fueron sepultadas como no identificadas (PNI) en diferentes cementerios y en tumbas clandestinas del país, especialmente en zonas de conflicto en los Llanos Orientales colombianos.

Por iniciativa de los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda y Alirio Uribe, se llevará a cabo este miércoles una audiencia pública en la que se presentarán los resultados en el proceso de identificación, inhumación y entrega de restos a los familiares, de las personas que fueron enterradas como no identificadas en cementerios de Granada, Villavicencio, La Macarena y Vista Hermosa (Meta), y San José del Guaviare (Guaviare).

En el encuentro se conocerán las cifras, la ruta que deben seguir los familiares para lograr la identificación y entrega de los restos, y los avances para iniciar el proceso en otros cementerios de Colombia.

A la audiencia confirmaron su asistencia el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés. También se espera que acudan el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, entre otros funcionarios.

Organizaciones convocantes: Corporación colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, Cinep, Corporación Avre, Comisión intereclesial de justicia y paz, Corporación claretiana Norman Pérez Bello, con el apoyo de PCS.

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Mañana se presentará el Estatuto del Actor

¿Qué quieren proponer los actores? ¿Por qué necesitan crear una Ley del Actor? ¿Qué contiene dicha ley? ¿Qué ha pasado en este primer año de la existencia de su sindicato? Estos interrogantes serán respondidos cuando el sindicato que reúne a 1271 actores colombianos, la Asociación Colombiana de Actores ACA, presente lo que será el primer paso para la creación de la Ley del Actor Colombiano, que será radicada próximamente ante el Congreso de la República. La cita será el próximo martes 23 de junio, a las 8:45 a.m., en el Teatro Nacional Fanny Mikey (Calle 71 # 10 – 25).

Con la presencia de su presidente Santiago Alarcón, su vicepresidente Ernesto Benjumea, toda la Junta Directiva de ACA y otros miembros del sindicato, al igual que representantes de la Organización de Directores, dirigentes de Actores Sociedad Colombiana de Gestión y voceros de diferentes entidades sindicales, además de todos los congresistas que han estado comprometidos con ACA, como Angela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Luis Fernando Velasco, Alirio Uribe, Oscar Ospina, los senadores Claudia López y Alexander López, así como los representantes Angélica Lozano, Juan Carlos Losada y Víctor Correa, se presentará a la opinión pública el Estatuto del Actor, que establece un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en Colombia.

Al evento se ha invitado a miembros de las diferentes bancadas con asiento en el Congreso, así como a las autoridades nacionales, regionales y locales, en áreas como el trabajo, la cultura, las telecomunicaciones y las TIC, a representantes de la industria audiovisual, de los gremios del sector que se han ido organizando, de otras organizaciones sindicales y, por supuesto, a todos los medios de comunicación nacional y a agencias internacionales de prensa.

La Asociación Colombiana de Actores – ACA – se fundó el 26 de mayo de 2014 con la nutrida asistencia de 699 actores de alto reconocimiento nacional, con el objetivo de trabajar juntos para dignificar la profesión de actor en Colombia. Hoy cuentan con 1271 miembros activos que participan en sus distintos grupos de trabajo y atienden enérgicamente sus convocatorias, como se pudo ver en la pasada audiencia pública “Mentiras conocidas y verdades por conocer”.

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Polo pide votar negativamente Proyecto que reglamenta las ZIDRES

Hoy, martes 16 de junio se debatirá en plenaria de Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 223 con el que se pretende crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios con antecedentes de baldíos por parte de empresas nacionales y extranjeras y con efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra.

Organizaciones nacionales, campesinas, de productores e internacionales lo analizaron de manera rigurosa y confirmaron una serie de anomalías que ya habían sido advertidas desde 2010 momento a partir del cual el gobierno ha insistido en modificar la ley agraria.

En esta ocasión, además, el análisis permitió evidenciar que gran parte de los argumentos que el gobierno ha presentado como ventajas y beneficios del Proyecto de Ley, carecen de sustento y que la información que se ha presentado a la opinión pública, no corresponde con la realidad del contenido del articulado.

Por considerarlo de vital importancia, adjuntamos dos importantes apreciaciones sobre el mismo.

Lo que oculta Proyecto de Ley 223-2

Las falacias Proyecto d eLey 223-2

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Congresistas denuncian nuevos casos de acumulación de tierras.

Los congresistas del Polo Democrático Iván Cepeda, Jorge Robledo, Alberto Castilla, Alirio Uribe y el congresista del partido Alianza Verde, Inti Asprilla denunciaron, previo a la plenaria de la Cámara de Representantes en la que se debatirá el Proyecto de Ley 223 con el que se pretende crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), nuevos casos de acumulación irregular de predios con antecedentes de baldíos.

En rueda de prensa, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, dio a conocer que la empresa INVERBOSQUES, cuyos socios son empresarios de Medellín, reportaron a la alcaldía de Puerto Carreño –Vichada – ser propietarios de 13 predios cuya área totaliza 12.038 hectáreas, de las cuales manifiestan tener en explotación (cultivo forestal de eucalyptus pellitia y acacia mangium) el 23% (2.813 hectáreas).

Esta información que fue solicitada mediante derecho de petición a la alcaldía de Puerto Carreño, discrepa de la información reportada en 2011 al diario Portafolio[1] por la misma empresa (que era de 4450 hectáreas), y difieren con la información reportada en la página web, en la que aparece que a 2014 tienen 52 fincas (y no 13) con un área plantada de 7.280 hectáreas.

Para Uribe Muñoz, “Es claro que INVERBOSQUES, utilizó una de la diversas tipologías de acumulación de baldíos, acumulando Unidades Agrícolas Familiares – UAF- encubriendo la real dimensión de un proyecto en cabeza de una única empresa, incluso en la información que reportan”

En efecto, en la cartografía publicada en la página Web de Inverbosques, se cuentan 52 predios, varios englobados en polígonos colindantes que en la mayoría de los casos corresponden con la Unidad Agrícola Familiar de la zona relativamente homogénea. El área total de estos predios suma aproximadamente 50 mil hectáreas, es decir, un 66% más de lo reportado en la respuesta al derecho de petición. A juicio del Representante, “Sería bueno que la empresa, nos dijera ¿Por qué no se remite información sobre las restantes 39 fincas?, ¿Por qué la empresa Inverbosques no reporta la totalidad de los predios?”

Es de resaltar que entre las diversas tipologías de acumulación de baldíos, está la denunciada en el caso de la Familia Campo-Lizarralde, la cual consiste en acumular Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en su solo gran proyecto por varios mecanismos, primero, combinando la creación de empresas con los mismos socios; segundo, comprando predios colindantes con miembros de una misma familia; y tercero, acumulando simplemente a través de una misma empresa.

Finalmente, el Congresista solicitó a las autoridades competentes se investigue la empresa INVERBOSQUES y se vote negativamente el proyecto de ley que crea las ZIDRES y que será debatido en plenaria, antes de terminar la legislatura.

[1] http://www.portafolio.co/economia/reforestacion-vichada-seduce-ejecutivos

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Polo y de la Alianza Verde solicitaron archivo del proyecto de ampliación de Fuero Penal Militar

Congresistas del Polo Democrático Alternativo y de la Alianza verde, solicitaron el archivo del acto legislativo que pretendía ampliar el Fuero Penal militar, ya que a su juicio, entre otras cosa, la modificación del artículo 221 de la Constitución Nacional, presenta una visión distorsionada del Derecho Internacional Humanitario.

Según los parlamentarios, en primer lugar, el proyecto da una condición al Derecho Internacional Humanitario que no tiene conforme a los contenidos y obligaciones del mismo, es decir, lo convierte en una especie de técnica de investigación y juzgamiento, desplazando el carácter prohibitivo de las normas del DIH.

En segundo lugar, pretende excluir la obligación del Estado colombiano de aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, que establece que el derecho a la vida es inderogable, imperativo y que no admite exclusión.

Y en tercer lugar, amplía el marco de aplicación del DIH más allá del conflicto armado interno a “un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario”, lo que podría derivar en una ampliación del fuero penal militar a escenarios de disturbios, protesta y movilización social y conllevara a perpetuar la guerra, situación contraria a la que se buscando a través de los diálogos de paz.

Para el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz,  “La ambigüedad en la formulación del texto permitiría la posterior aprobación de normas que, con base en esta reforma, amplíen el fuero penal militar en su reglamentación, como se quiere hacer con el proyecto de ley 129 de 2014 vulnerando el  derecho de las víctimas a la verdad, justicia  y las garantías de no repetición.

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Polo demanda Plan Nacional de Desarrollo

La bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso y la Cumbre Agraria, radicaron este miércoles la demanda de inconstitucionalidad, por vicios de forma y de fondo, contra la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Los demandantes pretenden que se declare la ilegalidad de varios apartes, como la norma que permite la actividad minera en zonas de páramo.

La demanda que presentó la bancada del Polo Democrático Alternativo ante la Corte Constitucional se dirige contra siete disposiciones de las dos últimas leyes aprobatorias del Plan Nacional de Desarrollo PND. Una de ellas es el artículo 173, el cual contiene una excepción a la prohibición general de no realizar actividades de explotación minera, exploración y explotación petrolera en ecosistemas de páramos.

Conforme a las denuncias hechas por el senador Iván Cepeda, existen 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos con los que cuenta Colombia como el de Chingaza, que surte de agua a varias ciudades capitales. Estas concesiones mineras en páramos cuentan con más de 118 mil hectáreas, de las cuales, más de 11 mil hectáreas están afectadas por cuatro proyectos petroleros. “Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano”, expresó el legislador.

Del mismo modo, se busca que declare la ilegalidad de los artículos 20, 49, 50, 51 y 52, que reglamentan los denominados Proyectos de Interés Estratégico Nacional PINE, y que establecen la imposibilidad jurídica de la restitución de tierras en predios en los que haya Proyectos de Interés Nacional Estratégico. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el territorio nacional.

El representante a la Cámara, Alirio Uribe, afirmó que la norma que crea los proyectos PINE,rompe con la separación de poderes, entregando al ejecutivo la reglamentación de unos proyectos que son asimilados de utilidad pública, es decir, se puede expropiar en nombre de la minería, las hidroeléctricas y las obras viales. Se desconocen otros derechos, como los de las víctimas del despojo violento de la tierra, pues la norma obliga al juez de restitución a abstenerse de devolverle la tierra a la víctima si el predio se traslapa con un PINE. Así, privilegiaremos una 4G a la restitución de las víctimas”, concluyó.

La demanda también se dirige contra el artículo 20 que amplía una figura de concesión minera, denominada Áreas de Reserva Estratégicas Mineras y crea las de reserva para la formalización y para el desarrollo minero-energético. Según los demandantes, con estos preceptos se le da al Gobierno facultades excesivas sobre el ordenamiento territorial, por encima de los entes locales, se desconoce el concepto de desarrollo sostenible, y se estaría violando  el mandato constitucional relacionado con la protección de los trabajadores agrarios y la producción agropecuaria, de los cuales se desprende el derecho a la alimentación y los derechos de soberanía y seguridad alimentaria. Según datos oficiales, de las 11.430 áreas con vocación agrícola existentes en el país, el 10.35 % se encuentra sobre las áreas estratégicas creadas en el PND.

Para el senador Alberto Castilla, “son las comunidades las que deben decidir si le dan vía libre a la minería o no, y cómo lo hacen, o si deciden darle otros usos a los territorios, los cuales repercutan en el bienestar colectivo y no en el de las grandes empresas. Sobran las pruebas que demuestran los graves impactos, riesgos y conflictos que ha generado la minería, y lo que hacen las normas que demandamos es abrirle paso a esta actividad de manera indiscriminada. Eso no tiene sustento constitucional y le hemos pedido a la Corte que así lo declare”.

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Con la aprobación de la reforma al fuero militar, Estado colombiano renuncia a su obligación de aplicar tratados sobre DDDHH

Los cambios introducidos en la Segunda Vuelta de Reforma Constitucional a la Justicia Penal Militar[1], a punto de ser aprobada en el Congreso de la República, imponen una visión distorsionada del Derecho Internacional Humanitario que ha venido aplicando y difundiendo el Ministerio de Defensa como pauta obligatoria y exclusiva de investigación y juzgamiento de los militares y policías implicados en graves violaciones a los derechos humanos.

De este modo, el Estado Colombiano, mediante la reforma de un solo artículo, pretende renunciar a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a su aplicación simultánea y complementaria cuando se produzcan afectaciones a la vida, integridad y libertad de los civiles en el contexto del conflicto armado, y aún fuera del conflicto, por ejemplo cuando se aleguen muertes de civiles en presuntas “condiciones objetivas” de enfrentamiento que se dejan a interpretación discrecional de la Fuerza Pública.

Esta renuncia a que los miembros de la Fuerza Pública tengan que responder por las garantías básicas de los derechos humanos, en aras de superar una supuesta inseguridad jurídica a los miembros de las fuerzas militares y de policía implicados en casos de falsos positivos y crímenes contra los derechos humanos, coloca a todos los colombianos y colombianas como víctimas indefensas del accionar de las fuerzas armadas y de policía, cuando con estas acciones resulten afectados por violaciones al derecho a la vida y a sus derechos y libertades básicas.

El Estado Colombiano está obligado a respetar y aplicar de manera integral y de buena fe, los pactos y tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y no puede simplemente deshacerse de sus compromisos internacionales bajo ningún pretexto.

No se puede poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas, y colocar en situación de inseguridad jurídica a la totalidad de los colombianos y colombianas, quitándoles las protecciones internacionalmente garantizadas por los tratados de derechos humanos, para sustituirlas por la entronización constitucional de una visión distorsionada del derecho internacional humanitario, entendida como facultades ilimitadas, unilaterales e irrestrictas de la Fuerza Pública para afectar y no responder por vulneraciones a la vida y libertades de las personas que se encuentran en medio de operaciones militares y policiales, y para el uso privilegiado de medios y métodos desproporcionados en el uso de la fuerza que priorizan la muerte de los adversarios y de quienes estén cerca de ellos[2].

Por la defensa de las protecciones internacionales de los derechos humanos y el cumplimiento genuino del derecho internacional humanitario, entendido como limitación y restricción de medios de guerra para la protección a los afectados por los conflictos, garantía básica de la convivencia en cualquier Estado de Derecho y reconocido en todas las sociedades democráticas, llamamos al Gobierno y al Congreso Nacional a archivar el Proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia Penal Militar y en su lugar, resaltar y reforzar en todas sus decisiones la necesidad de aplicar de menara irrestricta y en todas las situaciones las garantías básicas de los tratados internacionales de derechos humanos.

Bogotá, 4 de Junio de 2015

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Pensionados saldrán en marcha desde Cali a Bogotá

Desde Cali, saldrá mañana lunes 8 de Junio, la primera Marcha por la Unidad y Dignidad del Pensionado Colombiano, que se espera llegue a Bogotá el próximo 18 de junio para realizar la primera Cumbre Nacional de Pensionados, que tiene como propósito visibilizar la crítica situación por la que atraviesa este sector, así como la de los adultos mayores del país, ante el desamparo y olvido  por parte del Estado Colombiano.

Organizados en la Alianza Interinstitucional de Jubilados y Pensionados de Emcali y la Alianza Nacional de Pensionados, los adultos mayores, reclaman del gobierno, que se resuelva de fondo la situación del pasivo pensional del Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados ante la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a rebajar los aportes de Salud del 12% al 4%, entre otras cosas.

En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 183 de 2015, que precisamente pretende que la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sea del 4% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

Los pensionados también reclaman el incremento anual de las mesadas con el porcentaje más favorable, entre el incremento del IPC, y el incremento del salario mínimo, la no aplicación de cuotas moderadoras a los beneficiarios, pero sobre todo que se instale una mesa de concertación con el gobierno nacional, en la que se discutan estos y otros temas que los afectan en su cotidianidad.

Serán por ahora 35 marchantes, que saldrán del  monumento a la solidaridad en Cali (Av 3 Norte con Calle 34) a las 7:30 de la mañana, con destino al municipio de Buga, donde pernoctarán la noche del lunes 8 de junio, para continuar su recorrido hasta Bogotá.

 

Recorrido

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Congresistas manifiestan su preocupación a EUROLAT por negar intervención en la asamblea de defensora de derechos humanos colombiana

Ocho parlamentarios colombianos enviaron una carta, a la mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana –EUROLAT – con sede en Bruselas, por intermedio de la Cancillería, en la que le manifiestan su preocupación frente a los hechos sucedidos el pasado jueves 4 de julio con una defensora de derechos humanos colombiana, a quien le negaron la posibilidad, previamente oficializada, de intervenir en el marco del evento que realizan.

Según la información recibida, los Eurodiputados Luis de Grandes Pascual y Agustín Díaz de Mera tomaron la palabra con comentarios descalificatorios sobre la representación de las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia, en cabeza de la abogada Yessika Hoyos, dejando entrever una supuesta cercanía con una de las partes dialogantes en la Habana, concretamente, con las FARC EP

Yessika Hoyos, además de hacer parte del grupo de 60 víctimas invitadas por las partes a los diálogos de la Habana, es integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización defensora de Derechos Humanos, con trayectoria reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, fue invitada oficialmente para intervenir en nombre y representación de la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,  la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, OIDHACO, en la sesión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, con una ponencia sobre “el proceso de Paz en Colombia desde la perspectiva de la sociedad  civil”.

A juicio de los parlamentarios, entre ellos, los Senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo, y los Representantes, Alirio Uribe Muñoz, Víctor Correa, Ángela María Robledo,“Desde diferentes escenarios, y en particular desde las Comisiones de Paz del Congreso de la República de Colombia, hacemos esfuerzos enormes por el reconocimiento y respeto de las víctimas en este Proceso, y desafortunadamente este tipo de acciones no ayudan, sino que por el contrario, generan desconfianza e inseguridad en la sociedad civil, en particular en las Plataformas de Derechos Humanos que han respaldado estos diálogos en pro de una Paz estable y duradera, con acciones constructivas y propositivas”

 En la comunicación enviada a través de la Cancillería Colombiana, los congresistas, le solicitan a la Mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana –EUROLAT – se aclare la situación presentada con la defensora de derechos humanos, “dado que se realizaron distintas aseveraciones que afectan su integridad y su condición de víctima del conflicto”

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No existe un interés real del Gobierno para garantizar la protección de los defensores de DDHH

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco del debate de control político sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que no existe un interés real por parte del gobierno para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, ni por investigar, ni sancionar a los responsables.

Ejemplo de ello, lo constituye el hecho de que a pesar que el Sistema de Información sobre agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia- SIADDHH  del Programa Somos Defensores reporta 1762 agresiones contra defensores en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscalía General de la Nación, sólo manifiesta tener 442 casos de investigaciones penales en proceso, en el período 2009 – 2014, incluyendo los que se encuentran en las Fiscalías Seccionales (389) y en las Fiscalías Nacionales Especializadas de DDHH y DIH, (53)“Lo que demuestra que más de la mitad de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos se encuentra en la impunidad, ya que no conocemos el estado de las 1.320 agresiones restantes”, manifestó el congresista.

Según Uribe Muñoz, en el mismo sentido, la Fiscalía reportó tener en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, sólo 53 casos abiertos, de 60 asignados, 35 en investigación preliminar, 17 en instrucción y sólo 1 en juicio, una cifra realmente pequeña para la magnitud de la situación que día a día soportan los defensores en Colombia.

Frente a casos de homicidio, la situación es mucho más preocupante, reclamó el Representante,“La Fiscalía sólo reportó que está investigando 51 homicidios en el período 2009 – 2014 – 29 en seccionales y 22 en la Unidad – , frente a 283 que tenemos reportados entre 2010 – 2014, según el SIADDHH,  lo que nos evidencia que el 82% de los homicidios se encuentran en la impunidad, es decir, que la Fiscalía no conoce o no sabe de los 232 casos restantes”

Igual pasa frente a las amenazas. De 1.148 amenazas reportadas por el SIADDHH entre 2010- 2014, la Fiscalía solo  está investigando 388 del período 2009 – 2014 (360 en Seccionales y 28 en la Unidad),  ¿Qué pasó entonces con las 760 amenazas restantes?, se preguntó el Congresista.

Y lo que es más alarmante, de las 34 amenazas masivas que llegaron a los correos de aproximadamente 700 defensores entre los meses de septiembre de 2014 a marzo de 2015, (15 de septiembre a diciembre y 19 en el primer semestre de 2015), la Fiscalía no reporta ninguna investigación, ocho meses después de realizadas las denuncias.

El Representante a la Cámara igualmente denunció la inefectividad de la Unidad Nacional de Protección – UNP- , que reportó que de 37.444 solicitudes de protección recibidas desde su creación en el año 2012,  el 56% fueron desestimadas al no cumplir los requisitos de “La Matriz de Riesgo”,y de las   15.305 solicitudes correspondientes al año 2014, apenas se hicieron 6.957evaluaciones nuevas de riesgo, 9 con ponderación de riesgo extremo, 4.232 con riesgo extraordinario y 2.716 con riesgo ordinario, “Es decir, menos de la mitad de las solicitudes entran al proceso de evaluación para acceder a medidas de protección, con el agravante que al menos el 39% son clasificadas como de riesgo ordinario, por lo que no se garantiza el acceso y permanencia de las medidas en el tiempo”, indicó.

Para Uribe Muñoz, estas cifras y la desarticulación de medidas, demuestran que la política establecida por el gobierno nacional no resuelve de fondo la grave situación de los defensores,debido a que el enfoque implementado en los decretos y políticas públicas, priorizan las medidas materiales y asistencialistas, dejando a un lado las medidas políticas que implican el reconocimiento de la legitimidad de la labor de la defensa de derechos humanos, el respaldo desde todas las esferas del Estado a la labor de defensores y las acciones de prevención que podrían tener mejores resultados y haber salvado muchas de las vidas que hoy ya perdimos”

En este sentido, el Representante a la Cámara, manifestó  la necesidad de superar el esquema militarista, para que se garantice de manera integral la protección de los lideres/as y la exigibilidad de derechos, teniendo en cuenta que las y los defensores son constructores de paz y en este contexto de negociación por una paz estable y duradera, es fundamental fortalecer la participación de la sociedad civil, “De esta manera es necesario crear una política pública integral, que sea construida de manera participativa y concertada con la población y que tenga como principales factores la prevención y protección de agresiones contra defensores) de derechos humanos, lo que constituiría un gran gesto de paz por parte del del Gobierno Nacional, pues no habrá solución para el conflicto sino garantizamos la vida y la integridad de los ciudadanos, de los defensores y de las organizaciones en todo el territorio nacional”

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​El Estado colombiano le está haciendo conejo al Plan de Acción Laboral suscrito con E.U.

“Vamos a mostrar que el TLC no solo ha sido lesivo para los intereses y la economía colombiana, sino que no ha mejorado las condiciones de los trabajadores”, afirmó Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático, citante al debate de control político que este miércoles 27 de mayo le hará al Gobierno por el incumplimiento del Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito hace 4 años por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, como condición previa a la firma del TLC entre ambas naciones.

Al debate, que se realiza a pocos días de iniciarse la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT del 1-13 de junio), están citados el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora; como también está prevista la participación de directivos de la CUT en nombre de los trabajadores, un representante de la AFL-CIO, principal confederación sindical de Estados Unidos, y de un vocero del comité de seguimiento al PAL por parte del Congreso de este país, quien enviará un video con sus puntos de vista sobre el tema.

Como se sabe, en abril de 2011 los gobiernos de Barack Obama (USA) y Juan Manuel Santos (Colombia) suscribieron el Plan de Acción Laboral, el cual incluye 37 medidas concretas que el gobierno debió adoptar sobre diez grandes temas, dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en el campo laboral, la formalización, la protección del derecho de asociación sindical, la protección del derecho de negociación colectiva, y la superación de la violencia antisindical y la impunidad.

“El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no ha resultado beneficioso para Colombia. Nos están inundando de mercancías y ajustes institucionales, y ni siquiera los sectores que se pensaba iban a resultar favorecidos han encontrado beneficios pasados más de dos años de la entrada en vigencia. Y frente al Plan de Acción, cuatro años después de su entrada en vigencia persisten las violaciones a las normas laborales y las agresiones contra los trabajadores sindicalizados. El Estado colombiano le está haciendo conejo a su cumplimiento en rigor”, dijo a esta Agencia Uribe Muñoz al hacer un balance de los primeros 4 años del PAL.

 Agregó que los incumplimientos de los compromisos laborales por parte del estado colombiano podrían conllevar a la instauración de quejas en el marco de tratados comerciales, y a su vez sería impedimento para que Colombia entre al club de buenas prácticas de la OCDE.

El dirigente político sustentó sus apreciaciones con base en datos como el déficit en cuenta corriente en el período 2012-2014, que pasó de 11.305 millones de dólares a de 19.780 millones. Y en materia de empleo citó el informe de la ENS sobre la implementación de PAL, que revela que a pesar de las mejoras en la tasa de desempleo, la creación de puestos de trabajo se da principalmente en la informalidad, que puede superar el 60% del empleo total.

Se recuerda que en el mes de abril pasado las centrales sindicales, tanto de Colombia como de Estados Unidos, denunciaron los incumplimientos del PAL por parte de Colombia, al igual que lo hicieron la ONG internacional Coljusticia y la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Lo más grave es la intermediación laboral

Para Uribe Muñoz la situación más crítica se da por cuenta de la intermediación laboral, prohibida mediante la Ley 1429 de 2010, como también considera crítica la criminalización de la huelga y la protesta.

Según este parlamentario, la intermediación laboral solo cambió de mecanismos, transitando de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) a las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), a los contratos sindicales, las empresas de empleo temporal y a otras formas de tercerización que se han inventado los empresarios para evitar la contratación directa para labores misionales, lo cual dificulta y entraba el derecho de asociación sindical, al igual que lo hace la proliferación de pactos colectivos en las empresas. No en vano la tasa de sindicalización de Colombia no alcanza a ser del 5%, una de las más bajas del mundo.

Esto se debe, según  él, a que el Estado colombiano no ha querido reglamentar la Ley 1429 (art. 63). De ahí que una de las principales solicitudes que se elevarán al Gobierno Nacional será el ajuste de esta norma. Porque buena parte de los derechos que les son conculcados a los trabajadores derivan del hecho de no tener un contrato directo, estable, con garantías para el ejercicio de los derechos de asociación, negociación colectiva y empleo con buenas condiciones laborales.

Vamos a hacer propuestas para que el Estado juegue el rol que debe jugar, en el sentido de proteger los derechos de los trabajadores y hacer cumplir las normas con mecanismos eficaces y sanciones disciplinarias, administrativas y penales. Si bien el Ministerio ha impuesto muchas multas por tercerización, éstas no se han cobrado adecuadamente y no avanzan las investigaciones”, puntualizó el parlamentario citante al debate.

Para él, los empresarios inescrupulosos se han aprovechado de la vaguedad en las normas y la actitud pasiva del gobierno nacional para mantener la tercerización y desconocer garantías laborales. “Por tanto resulta contradictorio que el gobierno del presidente Santos pretenda entrar a la OCDE, cuando no cumple con los requisitos mínimos de protección de los derechos laborales, y tampoco sanciona de manera efectiva las prácticas abusivas de las empresas”, agregó.

 Pero así como prevalece la impunidad en la contratación tercerizada, en la investigación y condena de los crímenes contra sindicalistas la impunidad es casi total. Dijo que ante los serios problemas de impunidad en lo jurídico y la criminalización de las reivindicaciones laborales, se exigirán garantías y ajustes en materia penal.

Finalmente, manifestó su esperanza de que el Ministerio de Trabajo esta vez tome cartas en el asunto. “Un Ministro de Trabajo como Luis Eduardo Garzón, que no es culpable del cúmulo de normas antilaborales que hay en el país, que impiden la contratación directa de los trabajadores, podría pasar a la historia si actúa de una  manera eficaz y se compromete con estos temas, así como se comprometió cuando fue dirigente sindical”, señaló, al tiempo que recordó que el éxito en un posible posconflicto pasa por construir una robusta agenda laboral.

 

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Congreso entregará condecoración póstuma al defensor de DDHH, Luis Fernando Wolff Isaza

En el marco del debate de control político citado por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos citado para mañana miércoles 27 de mayo, se entregará una condecoración póstuma a los familiares del profesor y defensor de derechos humanos Luis Fernando Wolff Isaza, quien fuera asesinado el pasado 27 de abril en la ciudad de Medellín.

Wolff Isaza, quien era miembro destacado del Polo Democrático Alternativo y del Frente Amplio por la Paz, fue ultimado por dos sicarios que iban en motocicleta y hasta la fecha, las autoridades no han esclarecido las causas de su homicidio.

La Condecoración será entregada por su destacada e invaluable contribución a la lucha por la paz y la instauración de la democracia política, social y económica en el país.

El profesor y defensor de Derechos Humanos Luis Fernado Wolff Isaza era Ingeniero Civil de la Facultad de Minas, Universidad Nacional sede Medellín, Magister en Ciencias Sociales con énfasis en Gerencia del Desarrollo Social, Universidad de Antioquia, Magister en Ciencias Sociales con énfasis en Educación, Universidad de París XII Val de Marne (Francia), Diploma de Estudios Avanzados de Tercer Ciclo (Doctorado), Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Fue cofundador del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez” de Antioquia, Miembro de la Comisión Ciudadana de la Asamblea Regional de la Sociedad Civil por la Paz, Antioquia, Socio fundador y presidente de la corporación para el Desarrollo de la Sociedad Civil y Representante del sector académico en la Asamblea Constituyente de Antioquia.

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de profesores de la Universidad Nacional, APUN- Medellín en varios periodos, fue presidente de la asociación en 2007.

Hombre preocupado por hacer respetar los derechos ciudadanos y políticos, colaboró y  defendió a la ciudadanía del oriente Antioqueño organizando el movimiento cívico del oriente y fue un insistente defensor de los derechos laborales de los trabajadores y por ello contribuyó a la fundación de la reconocida Escuela Nacional Sindical-ENS.

A consideración del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, Las garantías políticas para los defensores y defensoras de Derechos Humanos son fundamentales en esta nueva etapa de construcción de paz, por ello este reconocimiento al profesor Wolff es una forma de exigir al Estado colombiano las garantías  y mecanismos de protección necesarias para los líderes y lideresas del país”

Su legado seguirá vivo en cada uno de sus compañeros, estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos  y procesos sociales de los que hizo parte.

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En Comisión Segunda de Cámara se debatirá el Plan de Acción Laboral suscrito con EEUU

Incumplimiento de las normas laborales por parte de Colombia, podría conllevar a instauración de quejas en el marco de tratados comerciales, y a su vez sería impedimento para que Colombia entre al club de “buenas prácticas” de la OCDE.

A más de 4 años de haberse suscrito el Plan de Acción Laboral entre los gobiernos de Barack Obama (USA) y Juan Manuel Santos (Colombia), persisten las violaciones a las normas laborales, al derecho a la organización de los trabajadores y continúan las agresiones contra los trabajadores sindicalizados. El incumplimiento del Plan de Acción por parte del Estado colombiano, es la principal conclusión que comparten centrales sindicales de ambos países, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), y el representante a la Cámara de Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, quien citó a debate de Control Político al Ministro de Trabajo y otras autoridades para que respondan sobre este particular ante la Comisión Segunda (de asuntos internacionales y derechos humanos) el próximo miércoles.

“El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no ha resultado beneficioso para Colombia. Nos están inundando de mercancías y ajustes institucionales, y ni siquiera los sectores que se pensaba iban a resultar favorecidos, han encontrado beneficios pasados más de dos años de la entrada en vigencia. Y frente al Plan de Acción, el Estado colombiano le está haciendo conejo a su cumplimiento ”, afirmó Uribe Muñoz.

Y es que los indicadores y las cifras sustentan estas apreciaciones. A nivel macroeconómico, la cifras resultan preocupantes, pues en el período 2012-2014 el déficit en cuenta corriente pasó de 11.305 millones de dólares a  19.780 millones. Y en materia de empleo, de acuerdo con un informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS) sobre la implementación de Plan de Acción Laboral, se revela que a pesar de las mejoras en la tasa de desempleo, la creación de puestos de trabajo se da principalmente en la informalidad, que dependiendo la metodología de medición puede superar el 60% del empleo total.

Pero la situación es crítica en cuanto a la intermediación laboral, prohibida mediante la Ley 1429 de 2010, así como la criminalización de la huelga y la protesta. A consideración de la Oficina del Representante Comercial de los EEUU, y en coincidencia con la ENS, la intermediación solo cambio de mecanismos, transitando de las Cooperativas de Trabajo Asociado – CTA a las SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas), Contratos Sindicales y otras figuras que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. Esto se debe a que el Estado colombiano no ha querido reglamentar la Ley 1429 (art. 63), y esa es una de las principales solicitudes que se presentarán al gobierno nacional. De la misma manera, que se exigen garantías y ajustes en materia penal, ante los serios problemas de impunidad y criminalización de las reivindicaciones laborales.

“Esto quiere decir que empresarios inescrupulosos se han aprovechado de la vaguedad en las normas y la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo  para mantener la tercerización y en sí la pérdida de garantías laborales. Por tanto resulta contradictorio que el gobierno del presidente Santos pretenda entrar a la OCDE, cuando no cumple con los requisitos mínimos de protección de los derechos laborales y tampoco sanciona de manera efectiva las prácticas abusivas de las empresas. De la misma manera que es contradictorio que proponga más TLC con otros países, por ejemplo Costa Rica o China, cuando con solo el de Estados Unidos lo que el país ha obtenido es amplias pérdidas de los trabajadores y de los industriales colombianos y aumentar las ganancias de los importadores y las empresas multinacionales norteamericanas”, puntualizó el congresista del Polo.

El debate fue citado por la preocupación existente entre centrales sindicales, Coljusticia, la Escuela Nacional Sindical, el Congresista Alirio Uribe Muñoz, entre otros.

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Vamos por los Derechos en cabeza de Ivan Cepeda, instó al IV Congreso para que se apruebe una política de alianzas lo más amplia posible

El Senador Ivan Cepeda, en nombre del Colectivo Vamos por los Derechos, tendencia al interior del Polo, saludó a los 766 delegados al IV Congreso, a quienes les instó a resolver las contradicciones con respeto y cordialidad en el interior del partido, para lo que, en nombre de Vamos por los Derechos, propuso convertir en norma estatutaria el respeto de las personas y de las opiniones para de esta forma contribuir a erradicar de la controversia entre sectores y líderes de izquierda el maltrato y la descalificación, “El respeto mutuo, el reconocimiento de los demás son la base para la unidad del partido, para su fortalecimiento y para crear el ambiente propicio de la convergencia con todas las fuerzas del espectro de la izquierda”

Cepeda en nombre de Vamos por los Derechos, manifestó la necesidad de plantear una posición radical a favor de la terminación de medio siglo de guerra en Colombia, ” Hemos afirmado que culminar el conflicto armado por la vía del diálogo es un imperativo histórico, ético, humanitario, social y político, que debe comprometer al Estado, a los partidos políticos, a las insurgencias, y al conjunto de sectores y movimientos sociales”

Y agregó ” Para alcanzar esta aspiración suprema, se requiere enfrentar con decisión los factores que amenazan los procesos de paz, que buscan retrotraer al país a la guerra indefinida y profundizar nuevos niveles de degradación del conflictoarmado”, haciendo una clara referencia a los sectores de ultraderecha que usan la perversa herencia militarista reforzada en los últimos años por el régimen uribista en fracciones de las fuerzas armadas y en fracciones del poder nacional y regional, que manipulan a la opinión pública con la invención de toda clase de falsificaciones y mentiras.

Sobre este punto, el Senador propuso elaborar una agenda que contenga las acciones necesarias para defender los procesos de paz, participar en la refrendación y la aplicación de los acuerdos, para esto y para materializar el Ideario del partido en programas de desarrollo de los gobiernos locales y nacional enfocados hacia la paz , el Senador Ivan Cepeda, manifestó impulsar la propuesta de creación de la Vicepresidencia de Paz y Derechos Humanos contenida en la declaración que han consensuado los compromisarios.

Así mismo Cepeda, insistió en la firme convicción que tiene Vamos por los Derechos, sobre necesidad de afianzar la unidad y la convergencia de la izquierda para construir un nuevo poder en Colombia, e hizo un llamado para que en el marco del IV Congreso, se apruebe una política de alianzas lo más amplia posible “que incluya, entre otros, a la Unión Patriótica, al Partido Comunista, a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos, al progresismo, a la ASI, a MAIS, a la Alianza Verde, al Frente Amplio por la Paz, a la Cumbre Agraria, a Clamor Social por la Paz, a Dignidad Agropecuaria, convocando a todos los movimientos y sectores sociales”

Finalmente, Cepeda, instó para que el IV Congreso se pronuncie contra el intento de propiciar una carrera armamentista en América, contra los intentos de ingerencia en Venezuela y otros países latinoamericanos, contra las prácticas de exportación del paramilitarismo y de los llamados golpes blandos, así como contra la intención de convertir a Colombia en un país exportador de tropas al extranjero a través de misiones militares, “El Polo Democrático Alternativo continuará defendiendo la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros países, y reafirmará su apoyo a la integración latinoamericana y del Caribe”

Cerrando la Intervención, Cepeda, Invitó para que “mañana salgamos de aquí unidos a conquistar los gobiernos locales y a construir poder en los próximos años”

Texto completo de la intervención del senador Iván Cepeda

El Colectivo Vamos por los Derechos saluda el IV Congreso del Polo Democrático Alternativo, y a sus 766 delegadas y delegados elegidos por 418 mil personas: un gran esfuerzo colectivo que demuestra que somos una fuerza política con espíritu democrático y con considerable respaldo social. Esta exitosa consulta nos ratifica que los momentos estelares en el recorrido político del Polo –como por ejemplo, la significativa votación del maestro Carlos Gaviria en 2006, la votación por Clara y Aída en 2014, o el trabajo de nuestra bancada en el Senado y en la Cámara- son el fruto de nuestro compromiso con las luchas sociales y también el resultado de la diversidad de nuestras perspectivas políticas.

Vamos por los Derechos valora la diferencia y la diversidad en el Polo que son cualidades propias de un proceso no hegemónico, e insta a resolver las contradicciones con respeto y cordialidad en el interior del partido. Proponemos convertir en norma estatutaria el respeto de las personas y de las opiniones para de esta forma contribuir a erradicar de la controversia entre sectores y líderes de izquierda el maltrato y la descalificación. El respeto mutuo, el reconocimiento de los demás son la base para la unidad del partido, para su fortalecimiento y para crear el ambiente propicio de la convergencia con todas las fuerzas del espectro de la izquierda.  Invitamos a que mañana salgamos de aquí unidos a conquistar los gobiernos locales y a construir poder en los próximos años.

Así en el espíritu de esa diversidad y en forma respetuosa, al comenzar este congreso, Vamos por los Derechos quiere dejar consignadas su visión, sus convicciones y sus propuestas sobre algunos de los principales temas de la actual situación política.

La terminación del conflicto armado y la paz

Vamos por los Derechos plantea una posición radical a favor de la terminación de medio siglo de guerra en Colombia. Concebimos el fin del conflicto armado como la cuestión estratégica primordial para construir las condiciones democráticas que nos permitan acceder al gobierno y construir un nuevo poder en los próximos años. Hemos afirmado que culminar el conflicto armado por la vía del diálogo es un imperativo histórico, ético, humanitario, social y político, que debe comprometer al Estado, a los partidos políticos, a las insurgencias, y al conjunto de sectores y movimientos sociales. Desde nuestra perspectiva, en esta coyuntura histórica lo que está en juego es la cuestión de nuestra viabilidad como Nación y nuestra contribución en el proceso de integración latinoamericana. Por eso, la terminación del conflicto armado mediante acuerdos como apuesta trascendental va más allá de los afanes e intereses sectoriales y momentaneos  de cualquier actor  político o económico, nacional o internacional.

Para alcanzar esta aspiración suprema, se requiere enfrentar con decisión los factores que amenazan los procesos de paz, que buscan retrotraer al país a la guerra indefinida y profundizar nuevos niveles de degradación del conflicto armado. Nos referimos concretamente a los sectores de ultraderecha que usan la perversa herencia militarista reforzada en los últimos años por el régimen uribista en fracciones de las fuerzas armadas y en fracciones del poder nacional y regional, que manipulan a la opinión pública con la invención de toda clase de falsificaciones y mentiras, que mantienen la capacidad para potenciar las aspiraciones de fracciones del narcotráfico y del paramilitarismo, que piden “paz sin impunidad” y al mismo tiempo atacan al Poder Judicial por condenar a sus cómplices en crímenes de lesa humanidad, que en definitiva le proponen al país la absurda tesis que es preferible mantenernos en la guerra que construir una salida civilizada. Estas fuerzas configuran una alianza que necesita la guerra para acrecentar sus recursos  económicos y de poder político, son los enemigos de la paz a quienes no les importa empujar al país al abismo de la violencia, con tal de lograr sus objetivos; son sectores que de manera oportunista cuando no pueden contener los avances del proceso de negociación, proponen su dilación indefinida, para reacomodarse y sabotear con más fuerza la posibilidad de paz. ¡La dilación solo le sirve a esos guerreristas! Llegó el momento de ponerle punto final al conflicto armado por la vía de la solución política.

Es urgente avanzar en la disminución de las acciones armadas hasta alcanzar el cese bilateral y definitivo de hostilidades; la culminación exitosa del proceso de negociación y la firma de acuerdos con las FARC; el inicio de las negociaciones y culminación exitosa del proceso y firma de acuerdos con el ELN y el EPL; el desmonte total de las expresiones del paramilitarismo y del neoparamilitarismo; privilegiar la verdad, la reparación del daño y la restauración de la dignidad de las víctimas, la reparación a la sociedad, la justicia, la reconstrucción del tejido social, de las organizaciones y territorios afectados por el conflicto; las transformaciones institucionales que se requieran para garantizar la no repetición; la refrendación popular de los acuerdos con la más amplia legitimidad posible; la implementación de los acuerdos con una perspectiva de desarrollo e integración territorial, la prevalencia de los derechos, la construcción de la democracia y la superación de la desigualdad. Es necesario apoyar los elementos que contienen los acuerdos de La Habana: la base de una reforma agraria integral, la apertura democrática y la nueva política con relación al narcotráfico sin criminales aspersiones de glifosato –decisión que respaldamos- y con sustitución por proyectos agrícolas.

Por lo tanto, el Polo debe elaborar una agenda que contenga las acciones necesarias para defender los procesos de paz, participar en la refrendación y la aplicación de los acuerdos. Debemos prepararnos para una transición turbulenta, con las fuerzas del establecimiento pretendiendo mantener el actual estado de cosas o empujando hacia la regresión autoritaria y conservadora, incluso para el intento de configurar el tradicional Frente Nacional que han utilizado las élites para evitar todo tipo de cambio sustancial en Colombia. Tenemos que materializar el Ideario del partido en programas  de desarrollo de los gobiernos locales y nacional enfocados hacia la paz. Para impulsar esta orientación política apoyamos la propuesta de creación de la Vicepresidencia de Paz y Derechos Humanos contenida en la declaración que han consensuado los compromisarios de nuestras tendencias, la cual respaldamos en su integridad.

Sobre el modelo neoliberal 

Estamos convencidos de que las reformas para el cambio y la transformación de Colombia no van a provenir del establecimiento. Desde siempre hemos tenido plena conciencia de la naturaleza neoliberal del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y por eso creemos que nadie debe cosechar vanas ilusiones en que este gobierno hará las reformas que exigimos. Y eso se pone en evidencia en sus políticas públicas. El gobierno en contravía del sentir de las mayorías nacionales hizo aprobar un plan nacional de desarrollo que en lugar de potenciar la implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC e incentivar el inicio de las negociaciones con el ELN, bloquea y constriñe estas posibilidades.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 –que compendia y complementa los TLC, las imposiciones de la OCDE y las leyes de acaparamiento de tierras- representa la visión del capitalismo en su fase más destructiva, con la que las transnacionales intentan terminar de extraer todos los recursos de la naturaleza, para mantener el régimen de extrema desigualdad y enriquecimiento en el planeta. De ese proyecto forman parte la destrucción del campesinado, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes; la explotación de los páramos, la privatización del agua, el desvío del cauce de los ríos, la comercialización de nuestra biodiversidad, y otras aberraciones semejantes. La destrucción que se está realizando y que se planea realizar a gran escala en los próximos años en Colombia representa, ni más ni menos, que un crimen ecológico contra la humanidad y también el arrasamiento de poblaciones enteras.

Por eso el Polo debe plantearse como tarea estratégica derrotar el Plan de Desarrollo  mediante la movilización social y la demanda por inconstitucionalidad de la ley que lo contiene. Proponemos la realización de la Cumbre nacional contra el neoliberalismo y el hambre  para diseñar una estrategia concertada. Hoy más que nunca, el Polo debe seguir en las calles y en las carreteras del país hombro a hombro con los movimientos sociales y las comunidades apoyando la protesta popular y la movilización.

Sobre la Democracia

Realmente causa gracia ver a ex presidentes colombianos ir a otros países a impartir lecciones de democracia cuando han gestado en su propio país un régimen esencialmente autoritario y corrupto. La clase política gobernante en Colombia es la menos indicada en el continente para hacerle la moral a otros sobre libertades y transparencia. En nuestra agenda política es plenamente vigente la tarea de construcción de la democracia real, entendida no como un sistema electoral sino como un sistema político con verdadera separación de poderes que garantice condiciones para el ejercicio de la oposición, que garantice los derechos de todos y no solo de las minorías, que garantice la ampliación de libertades, que garantice el derecho a la comunicación y no la manipulación permanente de la opinión pública.

En este orden de ideas, no podemos olvidar las lecciones de nuestro maestro Carlos Gaviria quien insistía en que la sociedad colombiana no ha sido una sociedad democrática y quien sostenía que la educación es el ingrediente básico para construir en Colombia una verdadera democracia, porque la ignorancia es una poderosa herramienta que utilizan las élites para privar a la gente de su capacidad de decisión. Para que exista una sociedad ilustrada para la participación democrática se requiere la educación pública universal de calidad, y por eso el Polo ha respaldado y seguirá respaldando sin vacilación el justo movimiento del magisterio por sus derechos a una vida y trabajo dignos.

De igual forma, el Polo requiere debatir acerca de las condiciones necesarias para que en el futuro próximo se dé un proceso constituyente que reforme el Estado y el sistema político.

Sobre nuestras alianzas y nuestra perspectiva de poder

Vamos por los Derechos tiene la firme convicción de que nuestra táctica y estrategia políticas deben incorporar como elemento insoslayable de la unidad y la convergencia de la izquierda para construir un nuevo poder en Colombia. El IV congreso del Polo debe aprobar una política de alianzas lo más amplia posible que incluya, entre otros,  a la Unión Patriótica, al Partido Comunista, a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos, al progresismo, a la ASI, a MAIS, a la Alianza Verde, al Frente Amplio por la Paz, a la Cumbre Agraria, a Clamor Social por la Paz, a Dignidad Agropecuaria, convocando a todos los movimientos y sectores sociales (a las organizaciones de mujeres, a los estudiantes, a la población indígena, afrocolombiana, campesina, a los trabajadores, Rom, LGBTI a las personas con discapacidad) para construir una amplia plataforma de lucha, una agenda de reformas que materialice plenamente el Estado Social de Derecho, que genere el modelo de desarrollo económico orientado a eliminar la pobreza, y a la defensa de la soberanía nacional. Desde este mismo punto de vista, el Polo debe abrir más espacio a los nuevos liderazgos regionales, con fuerte presencia y conducción de las mujeres, de los jóvenes y de los líderes de los movimientos sociales.

De cara a las elecciones de octubre por la alcaldía de Bogotá lo que está en juego en la campaña es la preservación y consolidación de la política social agenciada por los gobiernos de los últimos diez años. No debemos permitir que esa política sea arrasada por el tsunami neoliberal que representan los candidatos del establecimiento, la política social que han agenciado los gobiernos de izquierda es patrimonio de la ciudadanía. En octubre consolidaremos la senda del cambio y la transformación eligiendo a nuestra presidenta, Clara López Obregón, como Alcaldesa Mayor de la Capital de la República, como antesala de nuestro triunfo en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2018.

Sobre Nuestra América

Para finalizar, es necesario hacer un llamado a enfrentar la estrategia de la restauración conservadora en Latinoamérica y su expresión de ultraderecha militarista en nuestro país. El IV congreso debe pronunciarse contra el intento de propiciar una carrera armamentista en Nuestra América, contra los intentos de injerencia en Venezuela y otros países latinoamericanos, contra las prácticas de exportación del paramilitarismo y de los llamados golpes blandos, así como contra la intención de convertir a Colombia en un país exportador de tropas al extranjero a través de misiones militares. El Polo Democrático Alternativo continuará defendiendo la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros países, y reafirmará su apoyo a la integración  latinoamericana y del Caribe.

Vamos por la paz con justicia social
Vamos a ganar el poder local para la paz
Vamos a conservar el gobierno para la izquierda en Bogotá
Vamos a transformar a Colombia
¡Viva el Polo Democrático Alternativo!

 

 

 

 

Nuestras historias

“Crónica sobre un Plan de Desarrollo que ni es Plan, ni es de Desarrollo”

Desde su radicación en el Congreso de la República el Polo Democrático Alternativo manifestó su postura crítica frente al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018 titulado “Todos por un nuevo país”, por cuanto es un Plan que profundiza las desigualdades del país y más que trazar líneas generales estratégicas, resulta una colcha de retazos en las que se modifican una diversidad de normas, se introducen previsiones en diversas materias que no atienden al interés general y que nos llevan a concluir que en realidad se trata de un Plan de Desarrollo para unos cuantos y por un país que sigue sin resolver sus problemas estructurales.

Hemos asumido por ello un papel crítico desde la oposición, pero también proactivo en la actividad legislativa, por lo cual trabajamos en la elaboración de una serie de propuestas que fueron presentadas y sustentadas ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, con el respaldo de otros congresistas de la bancada del Polo Democrático Alternativo, buscando eliminar aquellas disposiciones que claramente contravienen los intereses de los sectores populares y buscando adicionar temas que el Plan olvidó.

Así, nuestra protesta contra el Plan estuvo acompaña de propuestas, que construimos escuchando la voz de diversos sectores sociales en una Audiencia Pública realizada el 19 de febrero de 2015 cuando apenas iniciaba la discusión de la primera versión del texto, luego en la sesión ampliada del Concejo de Bogotá realizada el 16 de marzo y revisando los análisis, documentos y aportes que hicieron diversas personas y organizaciones que reconocieron la importancia de esta ley y aportaron su mirada crítica.

En las sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes durante la última semana de abril en las que se debatió el proyecto, presentamos tres grupos de propuestas[1]. Un primer grupo que planteó la eliminación de aquellos artículos más nocivos para el país, muchos de los cuales además de inconvenientes resultan contrarios a la Constitución. Así, pedimos eliminar por ejemplo el artículo que otorga  facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que suprima o cree entidades del sector agrario desconociendo al Congreso de la República y la importancia de que estos temas sean objeto de deliberación pública. También rechazamos tajantemente las disposiciones que amplían los términos de las concesiones mineras y todas las demás que mantienen los privilegios de la gran minería y que desconocen que  la prohibición de la minería en páramos es absoluta, en un Plan de Desarrollo que vuelve a dejar en evidencia el afán del gobierno por promover la actividad minera a cualquier costo y aun pasando por encima de la voluntad de los entes territoriales y las comunidades, imponiendo el centralismo para el licenciamiento minero.

En total solicitamos eliminar 38 artículos de los propuestos en el texto del Plan que fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, entre ellos aquellos que ampliaron los términos para las concesiones mineras, que flexibilizan y reducen los términos para el licenciamiento ambiental, los que constituyen medidas regresivas en materia educativa y defendimos la televisión pública nacional, rechazando el aumento en la inversión extranjera en esta y la reducción de la cuota de pantalla.

Un segundo grupo de propuestas que radicamos para la discusión ante la Cámara de Representantes plantearon modificaciones en el contenido y redacción de varios de los artículos del Plan y el contenido de las Bases.[2] Una de estas proposiciones buscaba modificar la destinación de los 25 billones de pesos asignados al rubro de seguridad y defensa para trasladarlos a sectores entre los que sobresalen salud, educación, paz, empleo y derechos humanos, buscando así que este fuera un verdadero plan para la paz. También dimos la pelea porque el metro de Bogotá tuviera una meta concreta en el plan y no quedara diferido en el tiempo como lo planteó el Gobierno Nacional. Insistimos en que el Vaupés siguiera siendo considerado un departamento amazónico y no parte de los llanos orientales como propone la regionalización del Plan. También, trabajamos junto a la bancada de parlamentarios de Bogotá, porque la ciudad capital tuviera un apartado especial y así dimos el debate que llevó a que en la segunda versión presentada por el Gobierno Bogotá ya no estuviera incluida en la denominada Región Centro Oriente sino que apareciera como distrito capital. (Para ver las modificaciones completas ir al link:cuadro_proposiciones_articulos_modificaciones_todos.docx)

 

SÍNTESIS DE LOS ARTÍCULOS CON PROPUESTAS[3]

Artículos que pedimos eliminarArtículos que pedimos modificar
El 10, 15,19, 20, 23, 27, 33, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 81, 104, 105, 109,128, 139, 142, 151, 154, 159, 172,179, 180 y 183.5, 56, 57, 58, 177, 262 y las Bases del Plan en varios apartados.

El tercer grupo de propuestas que radicamos, contenían artículos nuevos que buscaban  incorporar y visibilizar en el Plan temas y sectores que este había olvidado. Así, propusimos incluir el enfoque de género a favor de las mujeres rurales que está absolutamente ausente en el proyecto presentado por el gobierno y en consecuencia planteamos la incorporación de medidas como: que en los programas de adjudicación y titulación el 50% de las tierras de sean tituladas o adjudicadas a mujeres rurales y en los programas de formalización de la propiedad rural las mujeres fueran priorizadas; que se creara un fondo especial de financiación de los pasivos contraídos por mujeres víctimas de desplazamiento, despojo, abandono o fenómenos climáticos y que se reactivara efectivamente el FOMMUR.  Igualmente se establecía que previa consulta y concertación, el gobierno nacional adoptara una Política Pública Nacional de Protección y Garantía de los derechos de las mujeres rurales que considere a las mujeres afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, e indígenas de todo el territorio nacional. Finalmente se abogó por la creación de una institucionalidad propia y especializada en los asuntos de mujeres rurales, que llene el vacío que hasta el momento hay en esta materia y que permita que haya una entidad dedicada de ello a la atención de este sector de la población.

También propusimos un artículo nuevo para que en Plan quedara claro el compromiso del gobierno con la recuperación del Río Bogotá y la definición de zonas excluídas de minería en la sabana. Igualmente proyectamos la inclusión de la realización de una auditoria ciudadana de la deuda pública, varias medidas para mejorar el acceso a los servicios públicos, la defensa de los acueductos comunitarios, políticas especiales para la  población en situación de discapacidad y la población mayor (adultos mayores). Quisimos hacer realidad la constitución de 1991, buscando la gratuidad en la educación, la cobertura universal y la dignificación de los docentes, entre otros temas que fueron parte de nuestras propuestas. (Para ver el contenido completo de las propuestas de nuevos artículos dirigirse al link:   cuadro_proposiciones_articulosnuevos_todos.docx)

En total formulamos propuestas para incorporar 34 artículos nuevos, aunque ninguno tuvo el aval del Ministerio de Hacienda. y por ello no fueron considerados en la plenaria de la Cámara. Al respecto cabe recordar que el margen de acción que tiene el Congreso de la República en relación con el Plan Nacional de Desarrollo es muy reducido, ya que por mandato de la Ley 152 de 1994, que establece el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan, para que el Congreso pueda introducir modificaciones al Plan de Inversiones Públicas se requiere aprobación por escrito del Ministro de Hacienda[4]. Esto limita la capacidad de incidencia de los Congresistas en los programas o proyectos de inversión, lo que es aun más grave en el caso de los legisladores que pertenecen a la oposición.

Transcurridas tres sesiones de la plenaria de la Cámara el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en la Cámara de Representantes y en luego lo fue en el Senado. Así, el Plan que es para favorecer los intereses de unos cuantos y no de todos será ley de la república. Nosotros  seguiremos en la defensa de los derechos de colombianos y colombianas y adelantaremos el análisis riguroso, para presentar las demandas de inconstitucionalidad que sean necesarias para defender la constitución y los intereses del pueblo colombiano. Ya hemos visto en años anteriores que normas aprobadas en la Ley del Plan de Desarrollo han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, así que seguiremos adelante, este trabajo aún no termina.

 

 

 

[1] Dentro del trámite legislativo el nombre técnico para estas propuestas es de conformidad con el reglamento del Congreso el de proposiciones y estas fueron suscritas también por los Representantes German Navas Talero y Víctor Correa y el Senador Senen Niño.

[2] El Plan Nacional de desarrollo está constituido por un articulado y por un documento adjunto que hace parte de la Ley el cual se denomina Bases del Plan de Desarrollo.

[3] Tener en cuenta que la numeración de estos artículos es la del texto de la ponencia presentada para Segundo Debate del Proyecto de Ley No. 200/2015 (Cámara) y 138/2015 (Senado) “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 todos por un nuevo país”, el cual puede tener variaciones en el texto definitivo luego de la aprobación en Senado.

[4] Dice el artículo 22 de la Ley 152 de 1994: “Modificaciones por parte del Congreso. En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público.”

Nuestras historias

Gobierno debe suspender las fumigaciones de inmediato, atendiendo las recomendaciones de Min Salud

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, dejó constancia en Plenaria de la corporación, la necesidad que existe de que el Gobierno Nacional suspenda las fumigaciones con Glifosato, según recomendación del Ministro de salud, Alejandro Gaviria, “No podemos esperar más tiempo para evitar cientos de muertes por afectaciones con este químico, ni esperar que el Ministro de Defensa se convenza de la necesidad de adoptar otras medidas que no sea el uso del Glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito.”, manifestó.

Según el Parlamentario, “Nosotros recibimos denuncias en nuestra oficina todos los días, sobre personas afectadas con esta problemática. La última de ellas, del 16 de marzo, hacía referencia a las comunidades de las veredas Tacamocho, Teches, Los Trozos, La Usura y Charcon del municipio de Anorí (Antioquia), quienes se quejaron de la afectación causada a aproximadamente 100 familias campesinas de la zona, a todos sus cultivos y potreros con animales, debido a la fumigación indiscriminada con glifosato, que duró una hora y dejó a la población en estado de zozobra y tensión”

Estas fumigaciones, además de causar cuantiosas pérdidas económicas – ya que se prevé una temporada de desabastecimiento por la pérdida de los cultivos de pancoger -podrían ocasionar una crisis de salud pública debido a la  intoxicación de animales y de personas, ya sea por el consumo de alimentos y fuentes hídricas contaminadas o por el contacto directo con el agente químico.

Según las denuncia de la comunidad, estas fumigaciones en los últimos años, más que tener el objetivo de perseguir los cultivos de uso ilícito, se han constituido en formas de constreñir y violentar a la población civil.

Al respecto, el Congresista recordó que como integrante de una organización social, y junto con otras organizaciones sociales y ambientales, instauró  en el año 2005, una Acción Popular contra el Ministerio del Medio Ambiente específicamente y otras autoridades pertinentes, “En la que le solicitábamos impedir la utilización del glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito en el territorio nacional, a sabiendas de la grave afectación ambiental y humano que estaba causando en las comunidades en las que se estaba utilizando”

Las cifras hablan por sí solas. Según la vicepresidencia, entre 1987 y 1998 se destruyeron 425.000 hectáreas, alrededor de 152 millones de toneladas de biomasa a causa de esta actividad. Se ha calculado que por cada hectárea para cultivar coca se eliminan 4 de selva haciendo que 30% de la deforestación colombiana se deba a esta actividad ilícita. La exposición del suelo a los químicos que se usan para adecuar al terreno puede retrasar por varios años la introducción de cultivos alternos, así como erosionarlo.

Hay una gran variedad de trastornos de la salud que son adjudicados al glifosato. Dentro de estos se encuentran daños gastrointestinales, problemas respiratorios, afecciones al sistema nervioso,  cáncer, daños al sistema reproductivo y posibles mutaciones del ADN. Los síntomas más evidentes, y que se presentan con mayor frecuencia en los niños, son la irritación ocular y la aparición de llagas que invaden el cuerpo.

La situación empeora cuando se tiene en cuenta que los campesinos pueden intoxicarse, no solo por la recepción directa del glifosato en el momento de una fumigación, sino  también por la presencia de esta sustancia en animales y cultivos lícitos aledaños, de los que la población depende para su sustento y alimentación. Los expertos afirman también que el herbicida es capaz de afectar a todos los eslabones de la cadena alimenticia, aumentando así el espectro de terror y llegando finalmente incluso a humanos que viven lejos de la región de conflicto.[1]

Por estas razones, el Representante Uribe Muñoz, enfatizó en la necesidad de acoger las recomendaciones, no sólo del Ministro Gaviria, sino de varios organismos científicos y de expertos en la materia que sustentan que el glifosato podría estar relacionado con la aparición de un cáncer conocido como Linfoma de No-Hodgkin, y en que se señala que experimentos en animales también sugieren que el glifosato, uno de los herbicidas más vendidos en el mundo, está relacionado con la probabilidad de generar otros tipos de tumores en piel, riñón y páncreas.

[1] http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1168

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La creación de un frente unitario, piezas clave para el IV congreso del PDA

Como parte del proceso de preparación para el IV Congreso del Polo Democrático Alternativo, se realizó en el día de hoy el Encuentro Nacional Polo Paz, que estuvo liderado por la presidenta del partido, Clara López Obregón, quien fue acompañada por los parlamentarios Iván Cepeda, Senén Niño, Alberto Castilla y Alirio Uribe, así como por las cabezas de las 120 listas de delegados que acompañaron la propuesta de Polo Paz en la consulta del Polo y varias listas fraternas de otras expresiones polistas.

“Al Encuentro Nacional Polo Paz vinieron delegados y delegadas de todos los departamentos del país y de todos los sectores poblacionales. Estuvimos deliberando durante largas horas en cinco comisiones alrededor de nuestras tesis sobre la paz, la unidad, la manera de concretar la vocación de poder del PDA y, sobretodo, de la necesidad de generar una gran confluencia unitaria con todos los sectores de izquierda y democráticos de Colombia”, dijo López Obregón.

La Paz y Unidad

La comisión primera propuso una agenda concreta para que el Polo asuma una actitud protagónica frente a las negociaciones de paz, convirtiéndose en eje central de la actividad partidaria, puesto que la paz interesa a todo el pueblo colombiano y, desde luego, al partido interesado en la defensa de la vida y la convivencia.

La comisión segunda abordó la propuesta de Unidad desde la perspectiva de la construcción de un frente unitario que busque, en un momento en el que se camina hacia la solución política del conflicto armado, una reagrupación de la izquierda y demás sectores democráticos para luchar por el poder y así, enviar un mensaje de unidad con miras a lograr establecerse como una alternativa de gobierno.

La Gobernabilidad y la unidad partidaria se convirtieron en el tema de la tercera comisión. En ella se resaltó la importancia de lograr una unidad interna dentro del PDA, la cual convoque a una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas que tengan la capacidad de ser gobierno y por ende, se puedan convertir en una opción de poder real.

Cumbre para elaborar un modelo alternativo

En la cuarta comisión se habló sobre la Defensa de lo público para la construcción de un modelo alternativo. Al respecto se convino plantearle al IV Congreso un gran Encuentro Nacional de organizaciones sociales y políticas de carácter pluriétnico y pluricultural para elaborar la propuesta concreta de un modelo alternativo al neoliberal que vienen impulsando los distintos gobiernos. En ella, se destacó la necesidad de defender el patrimonio público como elemento programático de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores, que incluye los saberes y conocimientos ancestrales de distintos sujetos, la biodiversidad, las selvas, la tierra, el agua, el espectro y el espacio urbano ante una nueva arremetida del neoliberalismo.

Solidaridad continental

En la comisión quinta se trató el tema Internacional, donde se tocaron varios subtemas, pero uno de los más importantes es el que habla acerca de que el Polo Democrático siempre denunciará cualquier amenaza o intrusión extranjera hacia los pueblos hermanos, sea de tipo militar, económica, judicial o comunicativa y continuará defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

La Unidad y la Democracia

Por último, la dirigente política volvió a hacer un llamado para conseguir la unidad dentro del PDA: “En víspera de la consulta reiteré lo que había dicho en carta pública semanas antes a los otros sectores del Polo, y era que una vez terminado el proceso electoral, tendríamos que sentarnos a un diálogo unitario, en el cual debemos aproximar nuestras diferencias. Por ejemplo, nosotros pensamos que el ‘ni-ni’ de ni Santos ni de Uribe que plantea el senador Robledo, se debe ubicar en código de paz: ‘ni el modelo económico neoliberal que profundiza el gobierno de Santos, ni el guerrerismo antidiálogo de paz de Uribe’”.

“Estamos en plena disposición de buscar consensos sobre este y otros temas, sin olvidar lo que expresaba el maestro Carlos Gaviria en el sentido de que los consensos son paralizantes. Si no se logra el consenso tendremos que acudir a la regla de oro de la democracia, sometiendo a votación los disensos para garantizar la unidad y el respeto, tanto de las minorías como de las mayorías”, agregó López Obregón.

Amplia participación

En esta cumbre participaron 275 delegados en representación de los más de 400 delegados y delegadas de Polo Paz al IV Congreso del Polo, provenientes de todas las regiones del país, incluidos los 88 de Bogotá, quienes quedaron con la tarea de adelantar asambleas semejantes en todos los departamentos para discutir las tesis y continuar con el debate de las proposiciones y los proyectos sobre los cuales se deliberó en el día de hoy.

“Quiero agradecer la participación activa y propositiva de todos los delegados y delegadas que asistieron hoy. Invitarlos a que hagan sus asambleas municipales y departamentales alrededor de los temas que nos convocaron, para prepararnos para un IV Congreso unitario, por la paz, por la justicia social y por el gran frente unitario que vamos a construir para cambiar a Colombia. Unir para cambiar a Colombia”, finalizó López Obregón

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Metro de Bogotá no quedó priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo

Así lo denuncio el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, quien al revisar la ponencia del PND que empieza a ser discutido mañana en plenaria, descubrió que en el articulado para segundo debate,  no existe ninguna disposición que propenda por la materialización del proyecto Metro de Bogotá.

“Nos parece una insensatez por parte de la Nación, que luego de hacernos soñar con el Metro para Bogotá, ahora no exista en los 262 artículos de la ponencia, la referencia alguna sobre el tema” manifestó

Y agregó “Solo  mencionan como una generalidad, la posibilidad legal de que a través de distintas fuentes se pueda financiar (artículo 33). Nada más”

A principios de año, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, ya había dejado entrever que debido a los problemas fiscales, no se podría garantizar la participación de la Nación en la financiación de este megaproyecto necesario para Bogotá. Esta posibilidad cada vez más se hace notoria.

En las bases del Plan de Desarrollo (aparte subtitulado “C.​Conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la región Centro-Oriente y Bogotá D. C.”), en lo correspondiente a las metas para el distrito capital, no se halla priorizado el SITM Metro de Bogotá. Estas son las metas que establece el PND para Bogotá (página 660):

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Sin embargo, en la ponencia radicada el pasado jueves se anexa otro documento que es la “Regionalización del Plan Plurianual de Inversiones 2015-2018”, donde se caracterizan tres tipos de inversiones: los proyectos visionarios (que son a largo plazo, que no tienen asegurado diseño ni financiación), los PINES (Proyectos de Interés Nacional y Estratégico) y los de orden territorial. En el caso del Metro de Bogotá, la segunda línea se establece como un  proyecto visionario, y la primera línea se caracteriza como PINE, pero no se prioriza en el Plan. Todo parece indicar que al Metro el gobierno nacional le quiere hacer conejo.

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Polo en Cámara de Representantes anuncio demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto de PND

Los Representantes a la Cámara, Germán Navas Talero, Víctor Correa y Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo, además de reiterar su voto negativo contra el proyecto de PND, que actualmente cursa en esta corporación, anunciaron que realizarán y acompañarán las demandas de inconstitucionalidad a esta norma.

“Las demandas se presentarían entre otras razones por violar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, por promover el exceso de delegación de facultades reglamentarias que se conceden al gobierno en una proporción importante del articulado, por la violación del principio de unidad de materia, y por supuesto, por la extralimitación del gobierno nacional sobre las demás autoridades, en especial lo relacionado en materia tributaria y ambiental”, manifestaron los Congresistas, en una constancia que radicaron ante la plenaria de esa institución.

En la misma, los Representantes, dejaron por sentado que el proyecto de ley no es un “Plan”, como tampoco de “Desarrollo”, en los términos de bienestar de la Nación

A  juicio de Uribe Muñoz,  “El documento que se dispone a aprobar el Congreso de la República, es en realidad una colcha de retazos, un salpicón de normas que abusan del carácter orgánico de la Ley, que apunta a denotar el aprovechamiento del gobierno nacional y de sus agentes económicos representados, para aprobar normas en 45 días que merecerían el análisis del legislativo, por lo menos en 2 años”

Los congresistas reiteraron una vez más, que incluso el título del mencionado plan “Todos por un Nuevo País”, es una falacia, ya que en realidad, para ellos, es, “Unos cuantos por el país de siempre”. “Para eso crearon la figura de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – PINE-, que no son más que proyectos que en materia económica siguen bajo la lógica extractiva, mediante la rifa al mejor postor de nuestros bienes comunes” afirmaron.

Así mismo, la bancada denunció el crecimiento nominal en un 54% de los recursos para seguridad y defensa (gasto militar), en comparación con el PND precedente, según lo revela la distribución de los recursos de inversión del cuatrienio 2014-2018, “No puede ser un plan de desarrollo para la paz un texto que no tiene un solo artículo que vaya en coincidencia con los diálogos de paz en La Habana (Cuba), con la guerrilla de las FARC.”

Finalmente los integrantes del Polo Democrático Alternativo, dejaron claro que colocaron a consideración del Congreso y del Gobierno Nacional, representado en el Ministro de Hacienda y el director de Planeación Nacional, más de un centenar de proposiciones como bancada, que seguramente no tendrán el aval del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pero que por lo menos esperan queden como constancia ante la ciudadanía.

CONSTANCIA DE VOTO NEGATIVO PND 2014-2018_FINAL (1)

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En Colombia 9 millones de personas no tienen acceso al acueducto

En el marco de la audiencia sobre gestión comunitaria del agua en Colombia, que se realizó en el Congreso de la República, el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, exigió al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales sobre el agua como derecho fundamental, bien común y público, “En su Observación General número 15, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, define el derecho al agua indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna”, manifestó.

Igualmente solicitó se ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que así mismo cumpla con sus obligaciones emanadas de la Constitución Política frente a la protección y conservación de todas las fuentes hídricas: Páramos, nacimientos de agua, pozos profundos, ríos y quebradas.

“Esto porque es muy desalentador saber que en Colombia, no todos disponen de agua potable”, indicó. Solo el 52% de los municipios se suministra agua las 24 horas del día y de 222 municipios la cobertura en acueducto en el sector rural no supera el 30%.

A juicio del Representante, “A sabiendas que en el país, aproximadamente 9 millones de personas no tienen acceso a acueducto y hay 14.4 millones que viven en riesgo de escases de agua y más de 20 registran una situación de vulnerabilidad, es que se hace cada vez más necesario que se reconozcan las organizaciones comunitarias del agua, no desde la perspectiva legal, sino desde los territorios como procesos de construcción popular”

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“La CAR debe ajustarse a las normas ante licencia ambiental concedida a Cementos Tequendama en Suesca”

Así lo exigió el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, en el marco de la audiencia pública que se realizó en este municipio, que contó con la masiva participación de la comunidad y se distinguió por la ausencia de la mayoría de autoridades ambientales que previamente se habían invitado.

“Hace cinco meses la comunidad presentó 13 recursos de reposición a la CAR, en la que solicitan reconsideren el otorgamiento de una licencia ambiental a Cementos Tequendama, para explotación de áreas silíceas en la jurisdicción de la vereda Chitiva alto, a sabiendas que la ley protege áreas de reserva forestal protectora”  manifestó el congresista.

En efecto, la ley 1450 establece claramente en el artículo 2014 que, en las áreas de reserva forestal protectora, no se podrán desarrollar actividades mineras, ni se podrán sustraer para tal fin, norma que se complementa con la resolución 130 de 2014 que establece la prohibición de desarrollo de actividades de explotación y exploración minera en estas zonas y con varias  sentencias del Consejo de Estado que ordenan proteger las cuencas del río Bogotá.

Uribe Muñoz, igualmente anunció que desde el Congreso seguirá trabajando frente a la exclusión minera en Bogotá y la sabana de Bogotá, “el lunes que viene estamos citados para debatir el Plan Nacional de Desarrollo y en este marco vamos a presentar una serie de proposiciones sobre este tema, porque estamos muy preocupados que se quiera convertir a Colombia en un gran hoyo, destruyendo ecosistemas, acabando con el agua”

El Representante también se refirió a los trabajadores de la empresa cementera que también asistieron a la audiencia, a quienes les manifestó no estar en contra de ellos, “Yo a lo que estoy llamando es a que no se sigan dando licencias, como se vio en años anteriores, porque no queremos ver a las montañas de Suesca, hechas canteras, nosotros somos enemigos es de que se afecte el medio ambiente, que se dañen los ecosistemas, de que se afecten los sistemas de páramo en este país.”

Finalmente el parlamentario les alentó a realizar una consulta popular sobre el tema, “ya que es un mecanismo que se está usando por las comunidades en todo el país y que recientemente la Corte Constitucional acaba de reafirmar, en el sentido en que las licencias mineras no sean realmente licencias ambientales, sino que también sean licencias sociales, que todas las poblaciones, las comunidades puedan decidir de como se utiliza el suelo, y los sectores conlindantes”

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Alirio Uribe Muñoz insta a autoridades ambientales, para que respondan por posible desastre ambiental en Suesca – Cundinamarca

Cansados del ruido, la contaminación del aire, el cambio del paisaje, los daños en las viviendas cercanas, entre otras afectaciones, y al engaño a que fueron sometidos por la Sociedad Cementos Tequendama S.A., pobladores del municipio de Suesca, organizados en un colectivo ciudadano con el apoyo del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, realizarán este jueves 23 de abril una audiencia pública, en su municipio, que tendrá como principal objetivo, plantear la realización de una consulta popular, para que la propia comunidad defina la pertinencia de continuidad de actividades de la empresa cementera mencionada.

A la audiencia, que se realizará en el Aula Múltiple de la Escuela General Santander, a partir de las 2:00 p.m., fueron invitados la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Contraloría y Procuraduría delegadas para el medio ambiente y asuntos ambientales y agrarios, autoridades que se espera puedan resolver las inquietudes de los pobladores de Suesca.

A juicio del Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, “Las entidades ambientales, no se han tomado en serio la protección de Reservas Forestales, entre ellas la de Suesca, no es posible que el Ministerio del Medio Ambiente, relindere zonas, solo para beneficiar a empresas – en este caso Cementos Tequendama – sin tener en cuenta el daño que puede causar a la comunidad, en todos los sentidos, y que entidades como la CAR, no respondan ágilmente la solicitud de la ciudadanía para que no se le otorgue licencia ambiental a la cementera”

Respecto al objetivo principal de la audiencia, de plantear la realización de una consulta popular, el senador Alberto Castilla expresó: “Las consultas populares, reconocidas en la Constitución Política como uno de los mecanismos que permiten profundizar la democracia, ha sido poco utilizado en Colombia. De manera creativa y acertada, diversos movimientos populares surgidos con ocasión de la amenaza del extractivismo a los territorios, han comenzado a demandar su uso y aplicación. Bajo la óptica de estos movimientos, la participación es concebida como poder de decisión y la consulta como el medio para obtener ese poder. La Constitución respalda esta visión de la democracia, que implica un cambio en el rol que asumimos como ciudadanos y ciudadanas frente al rumbo de nuestras vidas, y que además demanda cambios profundos en la forma en la que se ejerce el poder”

Según el Colectivo Ciudadano de Suesca, la Sociedad Cementos Tequendama S.A., obtuvo su licencia de construcción de la planta de producción en el año 2003, a pesar que el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) definía que el uso del suelo del mencionado municipio era de característica agropecuario y eco turístico, gracias a una decisión de un ex funcionario de la alcaldía – que ahora trabaja para la empresa -, que emitió una circular en la que permitía usos industriales para suelos del municipio, contrariando el Esquema de Ordenamiento Territorial.

De esta forma, Cementos Tequendama, instaló su planta de procesamiento de materiales para la producción de cemento, que actualmente funciona a pocos metros del parque principal del municipio y su casco urbano, en territorio que fue parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca alta del río Bogotá.

No contentos con esto, Cementos Tequendama, obtuvo el año pasado en el mes de octubre, licencia ambiental para la explotación de arenas silíceas y gravas en el municipiogracias, esta vez, al Ministerio de Medio Ambiente, que realinderó la Zona de Reserva Forestal, y sustrajo aproximadamente 262 hectáreas, pertenecientes al polígono del título minero solicitado por Cementos Tequendama, con lo cual la zona quedo libre para ser explotada por la cementera.

A la fecha, la comunidad espera que la CAR, resuelva varios recursos interpuestos el año pasado, con los que se busca dar reversa a la licencia ambiental otorgada.

Para los organizadores de la audiencia, que ven cómo se deteriora cada vez más su población, “Es urgente poder hacer esta consulta popular, para no solo, frenar las afectaciones ambientales que está produciendo Cementos Tequendama, sino para impedir la explotación a cielo abierto que traerá más daños ambientales, si es que antes la CAR no resuelve lo de la licencia”

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418 mil votos obtuvo el Polo Democrático en su consulta interna

Como un éxito democrático, calificó la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, la consulta de este domingo, en la cual se obtuvo más de 418 mil votos, similar a la votación total para el Congreso de la República, que fue en el mes de marzo del año pasado, cuando se alcanzaron cerca de 541 mil votos.

“Esto muestra un partido consolidado, con presencia en todos los municipios del país y con capacidad de movilización y vocación de poder. Como presidenta del partido siento una profunda satisfacción, al haber pasado de 161 mil votos en la consulta anterior a casi 420 mil en la actual, lo que demuestra que el Polo Democrático Alternativo continúa su proceso de fortalecimiento dentro de criterios de democracia y participación activa de toda su militancia y de todos sus simpatizantes”, afirmó López Obregón.

Así mismo, la dirigente reiteró que al fortalecerse la democracia de los partidos, se fortalece la democracia del país, pues el Polo Democrático Alternativo, con los resultados de esta consulta, se consolida como una fuerza con capacidad de disputarse el poder regional y sobretodo, el de Bogotá.

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“Inversión en minería se multiplicó en un 400 por ciento”

Gran acogida tuvo la audiencia pública Minería en Zonas de páramo y Plan Nacional de Desarrollo, que se realizó este viernes en el Congreso de la República, y que fuera convocada por el Comité Ambiental por la Defensa del Agua y el Páramo de San Turbán, y los Congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Senén Niño, Alirio Uribe Muñoz y  Claudia López y Angélica Lozano del partido verde.

La audiencia pública tenía como objetivo analizar la afectación que están sufriendo los ecosistemas por causa de la exploración y explotación minera en diferentes regiones del país. Por ello, el auditorio se llenó con la presencia de personas venidas de diferentes lugares de Colombia, con la misma problemática ambiental y minera, en especial de ecosistemas de páramos como el Sumapaz, Berlín, Cortadera, Caracolí y San Turbán.

Frente al tema, el Representante Alirio Uribe Muñoz, cuestionó varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo que de una u otra manera, estarían beneficiando directamente a tres multinacionales mineras, “Uno no entiende porque el Plan Nacional de Desarrollo, no agencia el desarrollo industrial, la industrialización del país y sigue aplicando medidas que son antipopulares, medidas que van en contra del medio ambiente y medidas que son también anti económicas”

Según el Congresista, en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, el Estado intervenía apoyando la minería con 3.2 billones de pesos, y ahora con este nuevo Plan, con 12.8 billones, “Es decir, el apoyo e inversión en minería se multiplicó en un 400 por ciento”. Paradójicamente en el sector privado pasa lo contrario, pasó de una participación de 93 billones a 65, “Mientras el sector privado disminuyó la inversión en minería en un 37% el Estado la cuadruplica” manifestó Uribe Muñoz.

“Lo que más duele – Insistió el parlamentario – es que de esos 12.8 billones de pesos, un billón es del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, es decir plata que tenía que ir a educación y salud, se va para la minería

Uribe Muñoz igualmente denunció que el artículo 19 del proyecto del PND, plantea una regresión en materia minera, “Ellos plantean garantías al trabajo y formalización y resulta que lo que hacen es someter a los pequeños y medianos mineros a la gran minería a través de la figura del subcontrato, a través de lo que llama el PND las alianzas productivas”, lo que implica que los pequeños y medianos mineros, deban comprarle insumos y vender su producción a los grandes mineros – no al valor comercial o al del mercado – , sino al precio que ellos les quieran pagar.

“Lo mismo pasa con el artículo 22 del PND, que es totalmente discriminatorio, con la pequeña y mediana minería” agregó el Parlamentario, ya que a su juicio, establece unas condiciones de capacidades económicas y técnicas, que hacen que los pequeños mineros estén excluidos, y favorece a los grandes empresarios mineros, “causando en últimas que los pequeños mineros desaparezcan o sean subcontratistas de la gran minería”

Pero para el Representante, el engaño no termina ahí, “El artículo 177 que se refiere a la delimitación ambiental, no es como se dice para proteger los recursos, sino para darle seguridad jurídica a los empresarios mineros, ahí no se está buscando proteger el medio ambiente, proteger el agua, sino que se quiere blindar obviamente a esos grandes mineros” concluyó

Finalmente Uribe Muñoz, manifestó su desacuerdo con el nuevo ordenamiento territorial, “Yo quiero insistir en esto, porque este país ha sido mapeado y ordenado territorialmente en función de la guerra y en función de los intereses mezquinos de las empresas nacionales y trasnacionales, y yo creo que la paz de este país pasa porque mapeemos este país para la gente, obviamente habrá que delimitar este país y decir estas tierras tienen vocación agrícola para economía campesina, territorios indígenas, etc, estas áreas son protegidas, estas áreas tienen vocación agroindustrial, estas áreas tienen vocación minera”

Bajo estas consideraciones, argumentó el Congresista, “Es indudable que este PND no nos va dar paz, el PND es  la paz de los ricos, los que llevan 50 años acumulando, la oligarquía de este país que a partir del despojo y la violencia,  quieren hacer su paz, es decir, seguir ganando plata, seguir acabando este país, explotando los recursos, y ojala sin pagar impuestos, este es el mundo ideal para ellos”

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Minería en ecosistemas de Páramos y Plan Nacional de Desarrollo

Minería en ecosistemas de páramos y Plan Nacional de Desarrollo, será el tema principal a tratar el próximo viernes 17 de abril, en una audiencia convocada por el Comité Ambiental por la Defensa del Agua y el Páramo de San Turbán, y los Congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Senén Niño, Alirio Uribe Muñoz y  Claudia López y Angélica Lozano del partido verde.

Dentro de los invitados a la audiencia que se realizará en el salón Luís Guillermo Vélez del Congreso de la República a partir de las 9:00 a.m., se encuentran, el Consultor legal ambiental, ex asesor jurídico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Rodrigo Negrete, el geólogo, experto en minería, ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente y profesor, Julio Fierro, el biólogo reconocido por sus estudios sobre especies y cobertura vegetal de las zonas de páramo en Colombia, Mario Avellaneda, expertos ambientalistas en ecosistemas de páramos.

Por parte del Gobierno están citados, Gabriel Vallejo, Ministro de Medio Ambiente, y por el Ministerio de Minas y Energía asistirá el Director de Minería Empresarial, Pedro Enrique Perico. Igualmente estará Ludwing Arley Anaya de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Germán Ignacio Andrade, subdirector científico del Instituto Von Humbolt.

En el marco de la Audiencia, se presentarán varios casos en dónde existen concesiones mineras en ecosistemas de páramos, a saber, Páramos en el Tolima, Páramo de Sumapaz, Páramo de Berlín, Páramo de la Cortadera, Páramos de Guerrero,  y páramo de Caracolí.

La audiencia se realiza a una semana de realizarse el próximo 24 de abril, una nueva movilización en defensa del páramo de San Turbán,  que organiza el Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán.

Es de recordar que el pasado 19 de diciembre, el Ministerio de Ambiente, produjo una resolución en la que se delimita el páramo de Santurbán presentándola como una medida de protección, pero en la que se reduce el páramo de 198 mil a 98 mil hectáreas, permitiendo a su vez, que las compañías mineras Eco Oro (antigua empresa canadiense GreySta) AUX, entre otras permanezcan en el páramo y puedan formular sus proyectos.

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Polo Democrático elige este domingo 766 delegados a su IV Congreso Nacional

La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, rodeada de parlamentarios, concejales y dirigentes de su partido, invitó a todos los ciudadanos para que participen en la consulta interna del partido a realizarse este domingo 19 de abril, votando por las listas nacionales, regionales y poblacionales en todos los departamentos del país con el propósito de elegir a los delegados y delegadas al IV Congreso Nacional de la colectividad, en la que se fijará su rumbo político a corto y mediano plazo.

“Tenemos una expectativa de que el partido en su conjunto pueda colocar una cifra récord de no menos de 250 mil votos en la consulta interna, lo que sería un éxito”, dijo López Obregón. En la consulta anterior en el año 2012 se obtuvieron 161 mil votos.

El senador Iván Cepeda recalcó que el Polo es el único Partido que elige su Congreso por voto popular. En sus estatutos no están contemplados los derechos propios por lo que los dirigentes deben someterse a elecciones periódicas.

Al respecto el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, manifestó  ” Todos los partidos deberían hacer una consulta popular, para renovar sus direcciones, es decir que no sea por abolengo, hereditarias o a dedo. Con la elección del domingo lo que buscamos es que el partido salga fortalecido, unido, que demos ejemplo democrático a los demás”

En esta ocasión, se inscribieron 5663 candidatos y candidatas de todo el país (2002 mujeres, 1627 hombres y 1834 jóvenes), en 290 listas nacionales generales, territoriales, internacionales y  poblacionales (LGBTI, Rrom, Indígenas, Afros, Raizales), superando la participación del año 2012 cuando se inscribieron 3605 candidatos.

Para el caso de la consulta internacional, es de destacar que el Polo Democrático es la única colectividad que tendrá elecciones en el exterior con 27 candidatos en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Reino Unido, Alemania, España, Bélgica y Suiza.

“En este proceso participativo -dijo López Obregón- el Polo Democrático quiere promoverse como un partido amplio, diverso, moderno, con vocación de poder y capacidad de forjar alianzas democráticas alrededor de un frente unitario, el cual le permita ser la opción para llevar a cabo la transformación que necesita el país”.

“Queremos unir para cambiar a Colombia. Unir para cambiar la manera como se hace la política, unir para cambiar el modelo económico y unir para garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos, especialmente de los sectores sociales tradicionalmente excluidos y vulnerados de nuestro país”, agregó  la presidenta del Polo.

En esta convocatoria electoral se escogerán los 766 delegados y delegadas al IV Congreso que se llevará a cabo en el mes de mayo, y en el que se decidirá no solo sobre su rumbo político sino que además se designarán las nuevas directivas del partido.

Las directivas y líderes del Polo Democrático tanto en el ámbito nacional como en las regiones, hicieron un llamado para que todas las personas habilitadas salgan a votar este domingo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha confirmado que pueden votar todas las personas incluidas en el censo electoral, incluyendo los nuevos cedulados hasta el 19 de diciembre de 2014 en los mismos puestos de votación en que los ciudadanos se han inscrito para votar. El domingo, 19 de abril estarán habilitados los mismos puestos de votación que operaron en las anteriores elecciones en 1300 cabeceras municipales y 1985 corregimientos. Además del Polo que adelanta su consulta en todo el territorio nacional, estarán realizando sus consultas en algunos municipios el partido Conservador (15 municipios), el Partido Liberal (9) y el Centro Democrático (42).

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La marcha hacia la era de la paz en el vientre de la sabana andina

Por: Héctor Arenas

El jueves 9 de abril una marea humana desfiló en Bogotá desde el Centro de la Memoria hasta el Parque Simón Bolívar. Era el día de las víctimas, de su memoria, convertido por la fuerza de los hechos en una acción social por la paz. Por primera vez el gobierno Distrital declara día cívico para sus funcionarios y estudiantes, facilitando su participació en este tipo de actosn, la cual destacaba por sus chaquetas blancas. ¿De la protesta social al testimonio mudo institucionalizado?

Decenas de millares de seres humanos diversos caminaron el 9 de abril desde la memoria hasta la ‘naturaleza’ acompasados con un solo palpitar en los corazones: paz, paz, paz. Paz en La Habana, pero con paz en las veredas, en los barrios, con la construcción cotidiana de la paz, paz con el pan y la cultura compartidas, con el respeto a cada ser como práctica cotidiana.

En esta marcha, las mujeres brillaron como el sol que acompañó la marcha: “mujeres si señor, de Colombia lo mejor”, cantaban mientras sus pasos recorrían los kilómetros y kilómetros que median entre el Centro de Memoria Histórica y el Parque Simón Bolívar. Una variación en las rutas tradicionales que significó un formidable acierto del alcalde Petro. Una marcha que significó un esfuerzo notable, pero satisfactorio esfuerzo para los mayores, las personas que hicieron el recorrido en sus sillas de ruedas, y los hombres, mujeres y niños que atravesaron valles y montañas, cruzaron selvas y vadearon ríos para expresar su clamor de paz y su necesidad de trocar el miedo a las balas y las bombas por la concentración en la siembra y el cuidado de sus cultivos. La ruta permitió a este pueblo humilde y olvidado, pero fuerte y determinado, que vino con escaso alimento y agua, observar y medio conocer el hábitat de los ciudadanos bogotanos.

Los jóvenes dejaron claro, y con ellos reverdecen la esperanza de quienes han llegado al otoño de la vida, que su conciencia está clara y limpia, y que su sentido de organización y su espíritu de unidad gestaran hazañas impensadas en la senda ardua hacia la paz genuina. “Juventud Rebelde”, “Hijas e Hijos”, los jóvenes en los que Bolívar es ejemplo y Gaitán símbolo que ilumina, pusieron el ritmo de la marcha, el ritmo del corazón, del tambor uterino, de la fiereza martiana y la energía colectiva.

La pluralidad de la paz y de la memoria

Caminando Carlos Vicente de Roux, uno de los dos candidatos del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá, nos compartió su “razonable optimismo” en un proceso de paz y unas negociaciones a las que “no se les debe exigir resultados inmediatos, porque es necesario tener en cuenta la complejidad de un conflicto con más de cincuenta años de duración”.

Sobre Jorge Eliecer Gaitán, caminando, Carlos Vicente, nos dice: “Gaitán fue un pionero formidable en la tarea de reunir los anhelos populares y fue profético en la tarea de abrir la participación de los sectores populares en la construcción de su porvenir. Si hubiese llegado a la presidencia, pese a las eventuales limitaciones de su programa, habriamos tenido un país no desangrado, un ejemplo de democratización temprana en América Latina, una nación más justa. Su apuesta por los caminos de la paz hacia el poder estatal debe ser recordada en todo su infinito valor”.

El sol arrecia, y debemos buscar una sombra para protejernos. Sin mucho tiempo para buscarla, logro una cachucha que no lleva el logo de Santa Fe ni el de Millonarios, y continuamos esta tarea fascinante de escuchar la maravillosa diversidad hoy reunida. Maritzé Trigos, es francesa y ha trabajado en Colombia durante años, con esa labor abnegada y sin vitrinas en la cual se enraízan los más hermosos frutos colectivos. “Esta marcha es un signo de la unidad popular soñada por Camilo Torres. La paz no se hace en un momento, es indispensable la organización popular y la democracia participativa, una economía justa, y una vasta recuperación del proceder ético en todas las esferas, ética para la paz y la paz con ética, en eso trabajamos”.

Patricia Ariza, la mujer excepcional que ha consagrado la vida a la cultura compartida como factor decisivo de la dignificación de nuestro pueblo, aparece en el camino, y nos dice: “Estamos muy cerca de llegar al punto irreversible de la paz, pero llegar a ese punto depende de nuestro trabajo”. ¿Y Gaitán?, le preguntó, mirándo a sus bellos ojos, y Patricia responde: “Estos días he pensado mucho en mi padre que era artesano Gaitánista”. A buen entendedor… ¿Cuántos hombres justos, acompañaron a Gaitán?, ¿cuántas mujeres y hombres justos formaron hijas e hijos para el decoro de esta patria nuestra? Una audaz joven estudiante de colegio nos alcanza a escuchar y mientras coloca una pegatina en un escudo de un policía, nos dice: “Si a Gaitán le hubiesen permitido vivir, tendríamos una vida mejor, con nuestros derechos respetados”.

Hace años escuchamos a Donka en una reunión de las izquierdas en una sala del barrio Teusaquillo y me impresionó su fuerza y su claridad. Ahora la encontramos junto al monumento de Gaitán en la calle 26 y le preguntamos por el proceso de negociación, y responde: “Bien, avanzando. Pero hay que abrir la participación. Es fundamental para que el proceso se complete, mantener la movilización por la paz. Esta marcha formidable revela que nadie podrá lograr la paz solo, ni nadie podrá conducir este proceso solo. Todos somos necesarios, precisamos una paz con todos los colores”. Y Gaitán, le preguntamos, y ella dice: “Tenemos el pacto Gaitán, estamos trabajando en un pacto generacional, reuniendo memoria e ímpetu, sed de saber y experiencias”.

Con el rabillo del ojo alcanzamos a ver a José Antequera, y le hacemos una seña para que nos conceda un par de minutos en medio de este rio tumultuoso de una multitud ya inmune a la miserable propaganda de los que derivan su existencia, que no su vivir, de la guerra, y José siempre cordial se detiene y nos comparte: “La mesa de negociación recibe hoy un extraordinario y deseado impulso. Los que se oponen a la paz han construido durante lustros una maraña jurídica contra la paz, y favorable en cambio a la impunidad. Pero los movimientos sociales, con su expresión contudente y unánime en favor de la paz, señalan que nos hay obstáculo que no se pueda remover. Y que en el camino hacia la paz no hay imposibles.

Gaitán es la memoria de un grito silencioso que desnudó el país político, hoy se expresa el país nacional, el sentir popular y se expande la conciencia del inmenso daño que se causó a nuestra nación al truncar con la violencia la democratización que Gaitán encarnaba”.

El sacerdote Francisco de Roux realizó una extraordinaria gesta de paz en el Magdalena Medio y también ha consagrado su vida a esta causa colectiva de varias generaciones que hemos vivido en medio del horror de la guerra y la miseria. Recordamos con hondo respeto y aprecio eterno su respaldo decidido a un hombre tan menudo como él, tan gigante como él: Javier Giraldo. “Estamos en un momento muy serio del proceso hacia la paz. Pero el proceso es fuerte, es sólido. Estamos en un momento definitivo para los acuerdos en tres ejes decisivos: Verdad, Justicia y Reparación.

Considero de enorme importancia la carta del Papa Francisco invitando a tres cosas: a construir una sociedad más justa y fraterna, luchando contra toda forma de injusticia, inequidad y corrupción. En segundo lugar a comprender que la paz es un proceso, y no se agota en un momento. Hay que arriesgarse a cimentar la paz desde las victimas, restaurando su dignidad, construirla desde los excluidos, los marginados. Y, en tercer lugar, que la iglesia ha de ser hospital de campo. No olvidar la alegría de tener presente al príncipe de la paz, a Jesucristo, el que hace posible la reconciliación en medio de tantas divisiones. Cada uno de nosotros, cada espacio, debe convertirse en espacio de paz para las victimas y los victimarios, que cada uno de nosotros, cada parroquia, cada espacio, sea espacio de sanación, donde sea posible darse cuenta del daño sufrido y causado, donde sea posible experimentar el arrepentimiento, y también el perdón”.

John es un joven caleño, que se destaca por su capacidad organizativa de jóvenes desde su trabajo en Cali y ahora en la Secretaria de Integración Social, marcha con su hermosa novia: Jeny, y los dos nos conceden un instante para compartir sus impresiones: “La movilización de hoy es una muestra de que el proceso está llegando a buen termino. Confluyen en ella, de manera asombrosa, múltiples procesos sociales e institucionales con un solo sentir: cese del conflicto armado y construcción de paz en la vida cotidiana. ¿Gaitán? ¡Nuestro ídolo, nuestro guía!”.

Sin olvidar

Caminamos cerca del lugar donde el nueve de abril de 1948 arrojaron centenares de cuerpos acribillados por armas oficiales bajo órdenes de Mariano Ospina, presidente de aquel entonces. Hombres y mujeres, mayores y jóvenes que enloquecieron de dolor cuando un sicario delirante fue utilizado por los hombres que acordaron cegar la vida de Gaitán que se perfilaba ya como próximo presidente de Colombia.

Encontramos una mujer que admiramos por su lucha titánica de lustros: Tatiana Roa, que ha consagrado su vida a las causas ambientales en Colombia, y nos brinda su palabra: el proceso de negociación lo entendemos como solución política a un alzamiento en armas de las insurgencias. Hay un clamor de los movimientos sociales porque el proceso tenga completud y se incluya al Eln. La finalización del conflicto armado hará visibles conflictos económicos y ambientales. Hay un modelo económico que es violento y es indispensable dar el paso a variar ese modelo, con base en la organización popular”.

Aún no hemos desayunado y son casi las once de la mañana, el hambre y la sed se dejan sentir. No ha sido fácil contemplar la gente que ha venido de las regiones y sin un céntimo en el bolsillo esperan un refrigerio que no acaba de llegar. Entre la multitud encontramos un compañero de estudios a quien conocímos en 1980, cuando ambos comenzábamos la carrera de Jurisprudencia, un vallenato lúcido que ahora realiza una labor formidable, haciendo mucho con poco, dirigiendo el Archivo Distrital. Gustavo Ramírez, me convida una bebida y un par de arepaehuevos que calman el estomago y despejan la mente. Nos brinda su reflexión sobre el proceso de paz: “Creo que los diálogos y la negociación fueron muy bien planteados en su metodología y por eso sus resultados hasta ahora existosos. Ojalá puedan acordar un paso esencial muy pronto: el cese bilateral de fuego”.

Sobre Gaitán: “Hay que reinterpretar el nueve de abril para no volver a asesinar a los verdaderos héroes, para que renazcan sus sueños y sus logros, para que se irrigue su ejemplo. Hay que recordar, no el asesinato, sino los ideales del asesinado, el sentido de su lucha, su firmeza en adelantar su colosal batalla contra el régimen oligáquico en el marco de la Constitución, declinando el uso de la violencia aunque estaba en sus manos acudir a la legitima defensa de un movimiento perseguido bajo el signo del exterminio. Hay que recordar sus ideales y dar a conocer la forma en que sirvió al pueblo de sus desvelos”.

Resistencia y acción múltiple

A Eduardo Carreño y a Soraya Gutiérrez, les conocí gracias a la invitación que me hizo el amigo madroleño Antonio Girón para que le ayudase a editar un libro que elaboraba sobre la asombrosa gesta de un organismo de derechos humanos que con su valor y su talento jurídico han merecido el reconocimiento y la admiración nacional e internacional: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sus ideas son precisas y valiosas en este enriquecedor mosaico que hoy tenemos el privilegio de registrar.

Eduardo: “El proceso de negociación lo contemplamos con esperanza. Lo clave es que no se levanten de la mesa. Hay un problema delicado: el resto del movimiento guerrillero está por fuera, y el paramilitarismo que no negoció su entrega, está por fuera. Hay temas específicos que tienen que ver con la justicia y deben ser conocidos y enriquecidos con el aporte ciudadano. También es muy importante que se consolide el proceso de organización popular que exija el cumplimiento de los acuerdos que se hagan, y que las garantías de no repetición se establezcan”.

Soraya: “Lo que uno percibe en este momento en el proceso de negociación es mucha presión por parte de sectores duros de las fuerzas armadas. Eso lo evidencia la renuncia de los generales que asesoraban a Mora y el retorno de éste a La Habana. Pareciera, entonces, que no hay voluntad de reconocer la participación de las fuerzas militares en la persecución de la diferencia, ni voluntad de modificar la estructura de las fuerzas militares en función de un escenario inédito en nuestra historia: un nuevo tiempo sin conflicto armado fratricida. Estas circuntancias entraban la dinámica de la mesa de negociación, la polarizan”.

“Gaitán rompe la historia de Colombia. Es un pionero en América Latina en la construcción de un orden social desde las bases. Identificó y le enseño a su pueblo a identificar el régimen oligárquico y enfrentarlo. El asesinato de Gaitán en 1948, es un punto culmen del proceso de exterminio del movimiento gaitanista, un barbaro proceso iniciado desde 1945″.

El país más allá de Bogotá

Camino junto a la multitud a lo largo de la calle 26. Impresiona el colorido de la marcha. Es grato contemplar a las wiwas, las wayuu, los nasa, los kogis, los muiscas, las emberas, la raíz nativa de nuestra tierra. Le pregunto a una bella mujer wayuu, dinos por favor la palabra wayuu para la paz: wapuswüwa anotun ti maaka, ¿qué traduce?, le digo, y nos contesta: “Todos construimos la paz”. La palabra paz en wayuu no se puede expresar sino como construcción de paz, construcción colectiva de paz.

Palabra que nos retrotrae en el tiempo. Imposible no recordar en este momento a Jaime Garzón, cuando nos recordaba su trabajo de pedagogía constitucional con el pueblo wayyu y la comunidad le tradujo el articulo 12 de la Constitución que señala: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”: y en la traducción wayuu la redacción quedaba así: “Pedazo, diez- dos: Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”. Con ese articulo que nos aprendamos, decía Jaime Garzón, con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país.

Marchamos y en nuestro corazón habitan tantos que nos faltan, que nos fueron arrancados: Manuel Cepeda, José Antequera, Luis Eduardo Guerra, Tirso Vélez, Iván Villamizar, y millares de hombres y mujeres cuyo único delito fue su compromiso vertical con la demanda de justicia a un pueblo humilde, burlado una y otra vez, condenado al hambre y la ignorancia, a la ausencia de salud y el techo precario, a la publicidad frustrante en lugar de la cultura que da alas.

En el camino aparece Mónica, una periodista que trabaja con la radio de la Universidad Distrital, está entrevistando al profesor Moncayo, a quien en un instante le rodea una pequeña multitud que recuerda y aprecia su heroíca batalla por la libertad. Le pregunto a Mónica por su apreciación del proceso, y nos comparte: “con la esperanza y el sentimiento de que ya es hora de que los colombianos por fin podamos ver algo de ese sueño largo tiempo postergado: la paz”

El profesor Moncayo termina de saludar a quienese se le han acercado, y nos dice: “Como caminante de la paz me siento muy orgulloso de estar en esta marcha. Siento que el trabajo nacional e internacional que adelanté en su momento, rinde frutos de diversas maneras. Mi trabajo actual es en pedagogía activa por la paz”.

“La paz viene del vientre”

Un grupo de campesinos e indígenas de Arauca camina en el recodo por el cual la marcha se enrumba en dirección al norte, y dos de ellos nos comparten su apreciación sobre el proceso con ese lenguaje sencillo, claro y directo de los seres humanos que forjan su conciencia en el trabajo con la tierra: “¡Estamos mamados de la guerra, de la ultraderecha y de la ultraizquierda¡ Queremos la paz porque tenemos cincuenta años de guerra, queremos que Dios meta la mano para que la negociación salga adelante por nuestra gente, por la naturaleza, por el agua. ¡Donde hay asentamientos negros, hay abandono! La paz debe ser con justicia, porque sino queda vivo el caldo de cultivo de la guerra”.

Una mujer que les acompaña, interviene: “Que sigan los diálogos para que podamos tener paz y no haiga más guerra. Que mejor haiga tranquilidad” Que consideración tiene de Jorge Eliecer Gaitán, le pregunto, y la mujer nos responde: “no le conozco”. Una joven a su lado dice: “Me parece que una vez lo mencionaron en la escuela, pero no sabemos quien es”.

Pasa un grupo de jóvenes entonando una canción que levantó los corazones en la tarima montada en la calle 26: “Por las calles en cada esquina, se ve la lucha como germina. No nos roban más la alegría, resistimos todavía”.

A Lucho Acosta, líder de la Guardia Indigena caucana, le saludé por primera vez en la estremecedora movilización social que tuvo lugar el 6 de marzo del 2008, cuando el movimiento de victimas de crímenes de Estado, el liderazgo de Iván Cepeda, y la conciencia colectiva de un asombroso tejido de organizaciones sociales, lograron un imposible: organizar una expresión conjunta que mostrara al país la diferencia, la otra cara de las cosas, la existencia de un movimiento social que no por exigir justicia podía ser estigmatizado como terrorista, como fue la pretensión de la campaña de odio instaurada por quien aún insiste en una guerra que no libran directamente, pero les rinde mezquinos beneficios de todo orden.

Lucho nos comparte su apreciación sobre el proceso y sobre Gaitán: “Es una esperanza para el país. La mesa es un espacio para armonizar, un espacio que irriga la esperanza de terminar la guerra que sufrimos y hemos sufrido. Para nosotros el tema de la tierra es fundamental. Desde el año 1971 estamos en la lucha por la recuperación de la tierra. Con los campesinos y las comunidades afro compartimos esa necesidad de la tierra, que es un tema decisivo para alcanzar la paz.

Ojala logren pronto un acuerdo de cese bilateral del fuego, porque les permitirá avanzar con más confianza en los otros puntos.
Para nosotros Gaitán es un grito de rebeldía frente a la injusticia y la barbarie, es un símbolo, un ejemplo para nuestros pueblos que quieren la vida y luchan contra la injusticia”.

Una mujer wayuu pasa al lado, y exclama en voz alta para que Lucho y todos los allí reunidos oigan: “La paz viene del vientre”…. pienso que esta sóla expresión debería ser reflexionada por toda la marcha y por la mesa de negociación. ¿En qué condiciones crecen hoy los bebes en los vientres? ¿En paz y sosiego? ¿En abandono, angustia, hambre y conflicto? ¿Cómo discurren sus primeros años? ¿Entre carencias, penurias, insultos y golpes? ¿En labor serena y alegría?

En medio de la caminata irrumpe una mujer cuyo rostro me resulta conocido, la miro a los ojos, y ella dice: “¿Cuántos años han pasado? Es Katlyn Declerrq, una extraordinaria mujer belga que ha consagrado su vida a la niñez, a la defensa de una niñez asediada por los maltratos y los abusos tempranos. Recuerdo grato la calidez con que nos recibió un medio dia dominical en su hogar en Bruselas, cuando intentaba comprender por qué el lenguaje de la Unión Europea de defensa de derechos humanos no se traducía en una exigencia real de frenar los crímenes y los atropellos cometidos por agentes de estado del gobierno de Uribe Vélez.

Katlyn nos comparte su apreciación del proceso y sobre Gaitán: “Bastante positivo, uno de los más profundos a diferencia de los demás. En este proceso se aprecia que la sociedad civil está mucho más involucrada. Se ha abierto la conciencia de que todos aquí necesitan la paz: y es necesario construir el camino conjunto que permita alcanzarla.

Gaitán es una figura que todavía unifica al pueblo colombiano”.
Alirio Uribe Muñoz, quien presidio el Colectivo de Abogados y resultó electo a la Cámara de Representantes en el 2014, no descansa. Su sentido ético, su valor, y su compromiso con la construcción colectiva, son ejemplares. Es valioso conocer su impresión sobre la marcha: “¡Espectacular! Muy nutrida y con una presencia asombrosa de los jóvenes. Un respaldo claro al proceso de paz, y una expresión inocultable de una Colombia que quiere un país diferente y está dispuesta a laborar para lograrlo”.

Al escucharlo, recuerdo los años de estudio en la facultad de Jurisprudencia y la devoción que experimentábamos por el estudio de la Justicia y el Derecho. La belleza que alcanza una sociedad capaz de encausar y resolver sus conflictos en el marco de unas normas básicas de respeto. El sano orgullo colectivo de librar fieras contiendas donde la razón y la elocuencia ocupan los escenarios que se convierten en espacios de pedagogía ciudadana. Y en contraste, la pena infinita al contemplar una comunidad en la que el insulto y el atentado han sido los medios de imposición de los intereses de la minoría. Una comunidad en la que se aturde a la gente para que no piense. Hay una vasta tarea colectiva para construir una forma de vida colectiva del tamaño de nuestros mejores sueños.

En la sombra

Finalmente llegamos al verde sosiego del Parque Simón Bolivar, se siente la pureza del aire germinado en sus arboledas. La multitud se tiende, comparten como Jorge Cáceres, el amigo martiano, las bebidas que refrescan; colocan sombrillas que protejan del sol aún inclemente.

Antes de que comience el concierto decido regresar a casa para transcribir las notas de este mosaico de respuestas. En el camino encuentro al Alcalde Mayor que camina casi al final de la marcha, y no puedo evitar la tentación de solicitar su impresión sobre este acontecimiento: “Esta asombrosa marcha significa no sólo un respaldo claro al proceso de paz, sino la expresión de una ciudadanía que construye y anhela construir la paz. Hay un inmenso movimiento ciudadano integrado por nuevas ciudadanías que no cabe ya en los moldes del odio. Hay un caudal cultural que ha abierto la era de la paz. Y en esto, no hay retorno”.

Casi a punto de tomar el autobús para retornar al centro de la ciudad, diviso a Iván Cepeda Castro. Iván es una cristalización de lo mejor de nuestro pueblo. Su tremenda sencillez aurea su formidable y veloz capacidad de análisis. Preguntamos por su impresión sobre la marcha, y nos dice: “En primer lugar, esta marcha significa un respaldo masivo sin precedentes al proceso de paz. Un respaldo masivo integrado por diversos sectores sociales y políticos que se expresaron en Bogotá y en diversos lugares del pais. En segundo lugar, es necesario tomar nota de la irrupción de nuevos actores, nuevas subjetividades colectivas tanto en el escenario de la paz, como de la construcción que se avecina: “Juventud Rebelde”, “Marcha Patriotica”, las nuevas ciudadanías fortalecidas en Bogotá por la administración Petro. En tercer lugar, aparece muy clara la necesidad cierta de variar el modelo económico para que responda a la construcción de la paz, y la exigencia de las victimas de variar los discursos y las expresiones de condolencia por una institucionalidad y unas políticas públicas que reparen lo que se puede reparar y respondan a sus necesidades impostergables. En cuarto lugar: es manifiesta la necesidad de terminar con el vacío que significa la ausencia del Eln en el proceso de paz. Y en quinto lugar, es imprescindible relevar la tremenda importancia de la cultura en el proceso de paz y en la construcción de la paz”.

Voces diversas, realidades y sueños que caminaron juntos durante este 9 de abril que ojalá no quede como uno más, sino como el reflejo y la clara expresión de paz de una sociedad dispuesta a jugarcela por ese sueño.

Con esa esperanza en mi mente, recorriendo en ella todas las imágenes que me regaló esta marcha, ahora sí puedo tomar el bus rumbo a casa, para trascribir y organizar la nota sobre las víctimas del prolongado desangre colombiano, de la guerra sin descanso que han tenido que sobrellevar tres o cuatro generaciones de connacionales, del recambio generacional que está viviendo la resistencia popular, expresada en esta marcha en la sabana andina, anhelantes de paz, pero con justicia e inclusión social.

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¿Por qué decir no a la privatización de ISAGEN?

La defensa de lo público es uno de los pilares de la visión, esencia y acción política del Polo Democrático Alternativo. Y es con este fundamento que he manifestado mi total rechazo a la venta de la cuota accionaria de la Nación en ISAGEN, así como a otras formas de privatización de los distintos recursos de los colombianos representados no solo en empresas, sino en otros activos como las tierras baldías, los recursos del subsuelo, las selvas, el agua, los valores culturales y ancestrales.

Saludo la actitud de los sindicatos del sector energético y organizaciones pro defensa de lo público y de la equidad social, así como el análisis de expertos que con cifras y estudios rigurosos demuestran la inconveniencia económica de vender el 57,61% de las acciones de la empresa ISAGEN que están en poder de la Nación en la actualidad.

Coincido con la razones de expertos, organizaciones sociales, copartidarios del Polo y sindicatos, en que resulta falaz y contradictorio el discurso gubernamental el cual pregona que la venta de esta empresa generadora de energía para el país, es el cambio de un activo por otro, que en el caso del “otro” son las denominadas autopistas 4G. Este mismo argumento del gobierno Santos, fue esgrimido por su antecesor, Álvaro Uribe Vélez para privatizar TELECOM y otras empresas. ¿Qué resultó de estas operaciones? Que los recursos de las ventas sirvieron para pagar deuda pública ilegítima, corrupción, y detrimento patrimonial pues estos activos se vendieron a menosprecio.

Adicionalmente, vender ISAGEN no daría ni para el 10% del costo estimado de las denominadas vías de cuarta generación, y en un contexto de presión fiscal, mucho me temo que resulten entregando los recursos a los acreedores financieros. En esto coincido plenamente con los argumentos esgrimidos por algunos expertos en que si hay recursos para financiar distintas políticas: podríamos eliminar las cuantiosas exenciones tributarias, utilizar la plata en reservas internacionales que ganan 0% de interés en el extranjero, aumentar los tributos a los grandes contribuyentes. A estas le sumaría otras dos: realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública o bajar el presupuesto de seguridad y defensa.

Así mismo, y en coherencia con lo anterior, no es admisible que pretendan vender un activo de los colombianos, a la vez que estimulados por la OCDE pretenden subir el impuesto del IVA en una reforma tributaria. Es decir, nos quitan la casa y nos suben el valor de la hipoteca. Así no se genera paz y justicia social.

Ahora bien, tampoco es admisible la venta de ISAGEN cuando los recursos obtenidos sean para financiar una política de infraestructura regresiva en materia de derechos, pues como lo establece el PND 2014-2018, por medio de los denominados PINES (Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos), si en el trazado de una vía hay un reclamante de restitución de tierras, no se le podrá devolver su predio, puesto que prima la carretera sobre el derecho de la víctima. No se puede privatizar una empresa como ISAGEN con el fin de obtener recursos que financien obras que revictimizarían a la población que ha sido despojada u obligada al abandono de sus tierras. Eso no sería el reemplazo de un activo por otro, sino el reemplazo de un activo por una injusticia.

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Candidatos de Vamos, se comprometen a trabajar de forma ética y profesional al interior del Polo

En días pasados los candidatos de Vamos por los Derechos, firmaron un acta de acuerdos y compromisos, en el marco de la consulta interna del partido, que dan cuenta de la forma ética y profesional con que los integrantes de Vamos realizan su trabajo personal y político.

Entre estos acuerdos están:

1. Que las y los delegados que representan este Colectivo ante el Congreso del PDA asuma la integridad de las conclusiones del último encuentro Asambleario de Vamos por los derechos.

2. Que manejen y conozcan los estatutos del PDA

3. Que las y los delegados no se encuentren incursos en ninguna falta disciplinaria  de cualquier tipo antes los organismos de control.

4. Que implementen actitudes de disciplina y de identidad política con el colectivo de Vamos por los Derechos frente a la participación del Congreso del PDA.

5. Que tengan capacidades de autogestión comunicativa de la campaña para la consulta.

6. Se tendrá un equilibrio de participación entre quienes han venido participando de manera activa al interior del Colectivo y las y los nuevos candidatos.

7. Las y los candidatos firmarán un acta de compromiso enmarcados en estos perfiles y criterios planteados por este Colectivo en el marco de la ética, la paz y los derechos humanos.

8. En aras de resaltar el valor del a ética y la democracia, no se aceptarán prácticas clientelistas de compra y venta de votos en  ninguna campaña electoral.

9. Las personas que refieran o recomienden candidatos o candidatas se harán responsables por su actuar en la participación de esta consulta y del Congreso del PDA

10. Ser de izquierda y demócrata y tener un acumulado y pasado de reconocimiento de su trayectoria ejemplar.

 

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Proponen Servicio Social para la Paz, alternativo al Servicio Militar Obligatorio

En convocatoria a las Comisiones conjuntas de Paz de Senado y Cámara con el General Oscar Naranjo y con el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se reunen con el fin de presentarles el Proyecto Social para la Paz que fue dado a conocer por el Proceso Distrital de Objetores por Conciencia a dichas Comisiones, fue la principal solicitud realizada hoy por los Congresistas del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla, Iván Cepeda, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz.

La solicitud la realizaron los parlamentarios, luego que los jóvenes sustentaran ante las Comisiones la pertinencia del Proyecto de Acto Legislativo en el marco del proceso de paz que se adelanta en la Habana.

La iniciativa que consta de dos artículos y que fue construida con el apoyo técnico jurídico de los congresistas Iván Cepeda, Alberto Castilla, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz, recoge en un solo marco jurídico la propuesta de un servicio social que les permita a los jóvenes alternativas distintas a la de las armas, pero que sobre todo les permita ser partícipes de la construcción de paz.

El proyecto modifica el artículo 22 de la Constitución Política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, adicionándole un inciso con el que se crea un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, que será reglamentado por la ley, y lo que es más importante, sería equivalente o alternativo a la prestación del servicio militar, actualmente obligatorio.

“Frente a este punto queremos ser claros, no pretendemos acabar con la prestación del servicio militar, presentamos otra alternativa, así los jóvenes tendríamos las dos posibilidades, o empuñar las armas o construir desde las regiones con diversas acciones y dinámicas, una cultura de paz basada en el respeto y garantía de los derechos humanos”, explican los objetores.

El Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, agrupa otras organizaciones juveniles, entre otras, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC- Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad – Tejuntas – Justapaz, Asamblea Nacional de Objetores de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación Popular, Disentir, Alborada, entre otros.

La iniciativa también modifica el artículo 216 de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, otorgándole sustento normativo y jurídico a la objeción de conciencia y permitiendo que solo los colombianos que así lo decidan, podrían tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, sin perjuicio que una ley reglamente los casos en que debido a guerra exterior, sea necesario hacer un llamado general a tomar las armas.

“Esta modificación la hacemos teniendo en cuenta que si bien el artículo 216, hace obligatorio tomar las armas para defender la soberanía nacional, la Corte Constitucional ha manifestado en diversas sentencias que ese es un deber relativo y a su vez, ha intervenido para proteger derechos fundamentales que se han visto vulnerados en desarrollo del reclutamiento de los jóvenes para el servicio militar, como en el caso de las batidas ilegales y otras violaciones al debido proceso de reclutamiento”, indicaron los objetores.

Finalmente, tanto los jóvenes objetores, como los parlamentarios que contribuyeron a la realización del Acto Legislativo, dejaron claro que su interés, no es ir en contravía de los derechos y deberes constitucionales como ciudadanos, sino ampliar estos derechos y deberes, dar nuevas opciones coherentes con la actual coyuntura, con los tiempos de paz, y sobre todo, permitir que los jóvenes sean constructores de paz desde el respeto de sus libertades.

A juicio del representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, “la creación de un servicio social para la paz con rango constitucional se justifica en la necesidad de diversificar las opciones para que los jóvenes cumplan con sus deberes ciudadanos, y en la construcción de una cultura de paz basada en la garantía de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho”

En el mismo sentido, el Senador Alberto Castilla indicó que la propia institucionalidad colombiana ha recomendado crear alternativas para que los jóvenes participen de la construcción de paz: “Resulta indispensable que quienes han sufrido con rigor los efectos del conflicto, como es el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tengan opciones distintas a la prestación del servicio militar, y que en general la juventud pueda cumplir con sus deberes ciudadanos en contextos no militarizados. Incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica recomendó explícitamente al Gobierno Nacional la creación de un servicio civil alternativo al militar, que permita que los y las jóvenes se vinculen a programas de promoción de los Derechos Humanos”.

Para el senador Iván Cepeda, “la tarea de los jóvenes en este momento histórico, es desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios”.

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El Colectivo Vamos por los Derechos, saldrá a marchar por la Paz este 9 de Abril

El Colectivo Vamos por los Derechos, tendencia política al interior del Polo Democrático, con vocación unitaria y con una perspectiva de derechos individuales y colectivos para la trasformación de Colombia hacia la Paz, la Democracia y la equidad social, invitó a la todos sus integrantes y a la ciudadanía en general, representada en diferentes sectores sociales y políticos a salir masivamente a movilizarse el próximo 9 de abril en el marco de la conmemoración del día de las Víctimas del conflicto.

Dos de las cabezas más visibles que conforman el Colectivo Vamos por los Derechos, el Senador Iván Cepeda Castro y el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, se unieron a este llamado en virtud de lo que representa esta actividad a nivel nacional, local y regional.

“Ahora más que nunca debemos salir a marchar, no sólo por la solución política al conflicto, por el cese bilateral permanente entre las partes, sino por las víctimas de todos los sectores, que son los que durante estos años de conflicto han dado sus vidas”, manifestó Uribe Muñoz.

En el mismo sentido, el Senador Cepeda instó a participar en las actividades que tanto desde el gobierno nacional como el local, se están organizando, “Esta movilización debe expresar el sentir de los Colombianos, el apoyo a los diálogos de la Habana, la refrendación de los acuerdos y la exigencia  por la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas”

El Colectivo Vamos por los derechos hará presencia desde las 9:00 de la mañana en la calle 26 con carrera 19, en la esquina del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, lugar en el que se espera se concentren los integrantes que vendrán desde las diferentes localidades de Bogotá.

Así mismo, desde las diferentes regiones del país donde milita el Colectivo, saldrán a manifestarse por su deseo de paz.

 

 

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¿Política de Formalización laboral en crisis?

“El auge del petróleo” era hasta hace poco el escenario económico propicio para el fortalecimiento empresarial privado, la generación de un lugar utópico denominado confianza inversionista, pero sin duda la consecuencia de un clima útil donde las utilidades se transforman rápidamente en nuevos y emprendedores negocios, aplicando claro está el principio de la redistribución de la riqueza “pero solo entre los dueños y señores del capital”.

Y es que la caída de los precios internacionales que lo sitúan en las ultimas semanas por debajo de los 58 dólares, son la muestra de que el negocio no era tan bueno como parecía, y que las “grandes y prosperas empresas” son tan frágiles que ante la primera dificultad prefieren dejar de extraer el crudo y reservarse la productividad para mejores tiempos.  Hoy podemos decir que el discurso de la prosperidad se difuminó y cedió su orgullo frente al entramado de la llamada globalización económica y del libre comercio.  Aquí es donde el asalto se convierte en duda y los compromisos se disuelven en la bruma, la consecuencia inmediata: el despido de los trabajadores de la industria del petróleo.

De este panorama surge una pregunta básica ¿Estamos preparados para el libre comercio y sus variables económicas que encuentran soporte en relaciones laborales propias del siglo XVIII? No pensemos solo en quienes afortunadamente se benefician de la contratación directa, recordemos la existencia de aquellas personas que durante años han mantenido relaciones contractuales con estas empresas mediante múltiples figuras jurídicas que revisadas con detenimiento contribuyen al  desconocimiento de la realidad.   La verdad es una, y aún no es revisada: la mayoría de los llamados “contratistas” realizan actividades misionales permanentes, pero está condición se omite, se oculta o se disfraza.

Por esto, la exigencia de formalización laboral se ha convertido en una lucha de los trabajadores y sindicatos en Colombia, en busca de que se reconozcan las políticas internacionales del denominado “trabajo decente”.  Y se esperaría que estas solicitudes fueran canalizadas por el Ministerio del Trabajo mediante la aplicación adecuada de las normas que rigen la materia, lo cual revisado con detenimiento no está ocurriendo.

Resulta muy preocupante que para el cumplimiento de las normas laborales y de la política de formalización se avale la utilización ilegítima de figuras jurídicas como el contrato sindical, los acuerdos de formalización laboral, y la utilización de “filiales de empresas”, mecanismos que de una u otra forma no garantizan  los compromisos pactados en el escenario del Plan de Acción Laboral Obama- Santos.   El resultado es nefasto, escenarios de trabajo que no están acordes con la política de trabajo decente que se implementa en el mundo.

Desde mi curul parlamentaria estaré realizando seguimiento detenido a estos asuntos, de tal manera que con el apoyo de las Centrales Sindicales, y por qué no, de los empresarios comprometidos con los escenarios de paz que deseamos construir, se logre un diálogo social acorde a los derechos de quienes desean trabajar de forma humana en un Estado de Derechos.

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El Polo rechaza la justicia política y exige justicia en derecho

La bancada del Polo rechaza las propuestas del presidente Santos, la anterior y la expuesta en días pasados, de mantener la justicia política para favorecer a unos cuantos privilegiados y extendérsela a más funcionarios. Salvo el Presidente, el resto de colombianos deben someterse a la justicia en derecho.

De acuerdo con las normas de hoy, el Presidente de la República, los magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación son juzgados por el Congreso, por lo que tienen el privilegio de gozar de una justicia política que genera impunidad, como lo ha demostrado el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, bien llamada de “Absoluciones”. En cambio, el resto de ciudadanos están sometidos a una justicia en derecho dictada por jueces y magistrados, que sí fallan de acuerdo con criterios jurídicos y no políticos.

El único funcionario que debe ser juzgado por el Congreso es el Presidente de la República. Sin embargo, la mal llamada reforma de “equilibrio de poderes” no soluciona este problema. Por el contrario, lo profundiza. Porque amplía el número de funcionarios –Vicepresidente, Procurador, Defensor del Pueblo y al Contralor– a los que se les aplicaría la justicia política.

“La Comisión de Aforados de la reforma de Santos es un remedo de la Comisión de Absoluciones”, pues los altos funcionarios seguirán siendo juzgados por el Congreso. Por estas razones, el Polo mantiene su propuesta de reforma de poderes, en la que todos los funcionarios, a excepción del Presidente, sean juzgados por jueces y magistrados que fallen en derecho, no de acuerdo con las conveniencias políticas.

Jorge Enrique Robledo                     Alirio Uribe
Vocero en el Senado                           Vocero en la Cámara de Representantes

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“El Movimiento sindical debe convertirse en actor político para cambiar este país”

En el marco del Encuentro Sindicalismo por la Paz, que se llevó a cabo el día de hoy, el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, instó a los asistentes a movilizarse y empezar a colocar en la agenda pública, la agenda de los trabajadores, ya que “Es clarísimo que el tema laboral, sindical, de la economía informal, de los bajos salarios de los trabajadores, la tercerización laboral, pensional, no es un tema que esté en la agenda de las negociaciones de paz”

Para el Congresista, la firma en la Habana, es apenas la cuota inicial, “de los escenarios que hay que desatar en términos de desafíos políticos para la construcción de la paz, una vez le quitemos la neblina al conflicto armado”

A su juicio, el aumento de la movilización en estos dos últimos años, más que en los 35 años anteriores, es porque se supero el miedo, lo que hizo que se desataran las fuerzas sociales naturales de la movilización, “Ahora es necesario que se visibilice el conflicto que está aplazado en Colombia, con los campesinos, con los indígenas, con los afros, con las mujeres, con los estudiantes, y por supuesto, con el movimiento sindical cuyo desafío es restablecer, por ejemplo, la tasa de sindicalización”

Uribe Muñoz, recordó que desde que se creó la CUT en 1985, el tema que se ha debatido en la OIT, no es el tema de la libertad sindical, o el del derecho a la asociación, a la huelga, sino, el de la violencia antisindical, “Cuando nace la CUT hablábamos de un 20% de tasa de sindicalización, la guerra sucia la ha reducido hoy al 4%, la ha reducido en un 80% , es decir los patronos se beneficiaron de los crímenes contra los sindicalistas, se enriquecieron con los crímenes de los sindicalistas”,manifestó.

Igualmente, el Representante a la Cámara, fue vehemente al hacer un llamado para que el movimiento sindical negocie el modelo económico del país, “Ustedes si lo  pueden hacer, los trabajadores son negociadores por excelencia a través de la contratación colectiva, los campesinos pueden negociar una reforma rural, los indígenas pueden negociar la defensa del territorio, de los bienes comunes, de la naturaleza”

“Y para lograr esto”, indicó “Si no nos juntamos, si no nos movilizamos, si no cogemos esa agenda social por 50 años aplazada y la convertimos en opción política para construir poder popular, la paz del pueblo nunca la veremos, porque la paz de los ricos es ganar plata y no pagar impuestos”

Finalmente, Uribe Muñoz, recordó al sindicalista Jorge Ortega, quien fuera asesinado hace 18 años en el marco de un Paro Nacional Estatal “Le dijimos al gobierno en reuniones múltiples van a matar al compañero Jorge Ortega y efectivamente lo asesinaron llegando a su casa, acá en Bogotá, en memoria del compañero, vamos a cambiar este país”

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Tribunal de aforados debe ser independiente

El Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz,  propuso la eliminación de la comisión de acusaciones y el establecimiento de un nuevo mecanismo eficaz, judicial y alejado del Congreso para juzgar a los altos funcionarios del Estado que conozca de los nuevos y de los actuales procesos en curso.

La propuesta, la realizó el Vocero del Polo, en el marco de la Audiencia pública convocada por las Comisiones Segundas conjuntas de Senado y Cámara, en la que se debatieron los problemas que aquejan al poder judicial, sus posibles soluciones y la necesidad de una reforma estructural a la justicia.

A juicio del congresista, La opción puede en efecto ser la de crear un tribunal independiente, pero también puede ser no crear nuevas instituciones -más burocracia – y dotar de estas funciones a una sala especializada a la Corte Suprema de Justicia, como se ha propuesto desde algunos sectores”

Según la propuesta, el esquema colombiano es un sistema de privilegios e impunidad, que lo único que hace es perpetuar la inequidad y el hecho de que los delincuentes de cuello blanco nunca sean alcanzados por la justicia.

“Los juicios políticos pueden llegar a ser pertinentes para funcionarios como el presidente y el vicepresidente, pero no para magistrados o para el fiscal general, y aun aceptando la importancia que pueden tener los juicios políticos, eso debe desligarse y diferenciarse de la responsabilidad penal”,agregó el parlamentario.

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Bacrim no deben ser reconocidas como actores del conflicto armado

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, solicitará  en Comisión Segunda, el archivo del proyecto de ley que autoriza a las fuerzas militares combatir las BACRIM, que fuera presentado por el ex senador Juan Lozano en Octubre de 2013 y que sólo hasta ahora fuera retomado.

En la ponencia negativa que presentará el Congresista, éste aclara que comparte  con el autor de la iniciativa, que el Estado está en la obligación de combatir todos los grupos criminales, entre ellos las BACRIM, pero, se separa de la propuesta de habilitar a las fuerzas militares para combatirlaspor cuanto esto significarían un retroceso frente al entendimiento de la naturaleza de estos grupos y la optimización de mecanismos para combatirlos.

A juicio del Congresista, las bandas criminales “No deben ser reconocidas como actores del conflicto armado, sino, estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país”, tal y como lo considera la Policía Nacional[1] y lo hizo entender, el propio Presidente Juan Manuel Santos en el 2011, cuando manifestó que las BACRIM son grupos del crimen organizado y no grupos armados ilegales.

Según Uribe Muñoz, lo que se debe hacer es “establecer una política integral, que permita la desarticulación de estas organizaciones criminales, con componentes eficaces de investigación y judicialización de todos los crímenes que hayan cometidos sus miembros, bien sea a través de su captura o de su entrega, así como también la ejecución de todas las acciones que lleven a debilitar su capital económico, los niveles de corrupción, las redes criminales nacionales y trasnacionales de lavado de activos y narcotráfico y las fuentes de financiación”

De tal manera, El Estado Colombiano asumiría la responsabilidad que le corresponde, garantizando que las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley desarrollen operaciones para desarticular estas estructuras dentro del marco de la justicia ordinaria, “Lo que significa que lo deben hacer bajo la coordinación de la Policía Nacional en el marco de una política integral de desarticulación del crimen organizado”, puntualizó el Representante.

Finalmente, para el Representante, incluir a las bandas criminales como parte del conflicto armado o considerarlo como un grupo armado organizado en los términos del derecho internacional humanitario, envía un mensaje a la sociedad colombiana, de que en el congreso se quiere perpetuar el conflicto armado, dado que como lo señala el proyecto de ley con estos grupos no se puede llevar un proceso de paz ni una desmovilización.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Intervención de la Policía Nacional. Acta de la Mesa de Estudios Permanente, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2012, págs 1-3.Información recolectada como parte de la inspección judicial ordenada por medio del auto 052 de 2013. Citado en Auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional.

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“¿Mientras se fortalece la paz en la Habana, se declara la guerra a las comunidades en Colombia?

Durante el día de hoy el Frente Amplio para la Paz se encuentra en el Departamento de Arauca dando a conocer el tercer informe del cese unilateral al fuego declarado por las FARC – EP desde el pasado 17 de diciembre de 2014. Ha escogido hacerlo allí para visibilizar la problemática en orden público y afectación de los Derechos Humanos que afecta a la población; y para convocar a ELN y gobierno nacional a también iniciar el camino del diálogo.

En el informe que hoy se presenta, se reconoce el cumplimiento al cese, y se detallan los hechos que han permitido consolidar el proceso: plan conjunto de desminado, suspensión de bombardeos del gobierno, etc.

Se presenta de fuente oficial, el significativo reducimiento de la voladura de oleoductos, y su equivalente en costos.

Por otra parte se hace una descripción de los eventos informados por las organizaciones sociales del país, en la que se concluye un preocupante resurgimiento de la presencia paramilitar en el país, así como las numerosas amenazas a líderes sociales, junto a la conducta de excesivo uso de fuerza por parte de los uniformados ante el ejercicio legítimo del derecho a la protesta por parte de las comunidades, haciendo foco especialmente en Cauca, Sur de Bolívar y el mismo Arauca.

El informe cierra con un conjunto de conclusiones y recomendaciones

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Fidupetrol: ¿pagando coimas y acumulando tierras baldías?

La Fiduciaria Petrolera S.A (Fidupetrol), que por estos días es parte en el escándalo de corrupción, por el presunto pago para revisión de tutela al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chlajub, a través del abogado Víctor Pacheco (abogado de la firma fiduciaria que está en liquidación), tendría también que responder por un hallazgo presentado por el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, relacionado con tierras baldías.

De acuerdo a la respuesta a un derecho de petición formulado por el representante del Polo a la Superintendencia de Sociedades, sobre las propiedades de bienes inmuebles con antecedentes de baldíos por parte de diversas empresas y esquemas fiduciarios, aparece Fidupetrol en Liquidación SA, como una sociedad que ostenta 18 predios bajo la modalidad de contrato de fiducia mercantil, 11 en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y 7 en el municipio de Aguachica (Cesar). Estos esquemas fiduciarios han sido denunciados por otros integrantes del Polo, como el caso del exrepresentante Wilson Arias y el actual Senador Iván Cepeda Castro, con los casos de Forest First, la Hacienda Bellacruz y la Hacienda El Brasil.

“El INCODER, la Contraloría General de la República y as autoridades competentes deberían poner lupa sobre estos contratos mercantiles, que involucran una gran cantidad de bienes que fueron entregados a beneficiarios de reforma agraria, y ahora están en cabeza de una fiducia en liquidación que además presuntamente pagó coimas. Chirisamente uno de los predios en el Cesar se denomina “La Tutela. ¡Vaya casualidad!”.

La investigación de casos como estos apenas inicia, según Uribe Muñoz. En su entender, hay mucha olla podrida encubierta bajo el manto de encargos fiduciarios, y es necesario destapara para conocer de los negocios de personas naturales y jurídicas que utilizando esta figura de los encargos fiduciarios, se saltan la ley.

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En Colombia los Movimientos Sociales son víctimas de la guerra, Mientras en La Habana se negocia La Paz

En rueda de prensa de la “Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular”, realizada en el auditorio de la ONIC  ´Kimy Pernía Domicó´, el Consejero Mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias Arias, denuncio que la subcomisión de derechos humanos, garantía y paz de la cumbre agraria no fue instalada como lo afirma en comunicado el  gobierno nacional,  por falta de voluntad política del ministro Juan Fernando Cristo quien no escuchó a los voceros como estaba establecido para el día de hoy. Mientras se sigue  recrudeciendo de la represión, y vulneración de derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario que están viviendo nuestras comunidades campesinas, indígenas y afrodecendientes a lo largo y ancho del país.
 
Mientras se habla de paz en la Habana y en giras internacionales por parte del Gobierno, al interior del territorio nacional se viven las más violentas arremetidas por parte de la Fuerza pública: ESMAD, Policía Nacional y Ejército Colombiano con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones, falsos positivos en los departamentos del Tolima, Caquetá, Putumayo, Arauca, Meta, Casanare y Bolívar. El uso de armas  no convencionales arrojan en lo corrido del año cerca de 150 heridos, 700 personas desplazadas, entre otras afectaciones sociales, económicas y políticas en los  municipios de Corinto, Suarez Buenos Aires, Santander de Quilichao, Toribio en el Cauca, Acarí, en la región  del Catatumbo, Puerto Asís y Sur de Bolívar dando tratamiento a las comunidades de actores armados.
 
 
A esta situación se suma la presencia e incremento del accionar de  grupos paramilitares y sus incursiones por los territorios contra la sociedad civil, dejando cerca de 1500 personas en confinamiento, 30 asesinatos selectivos, un sin número de panfletos amenazantes, detenciones arbitrarias y acciones que enardecen el sentir de nuestras comunidades.
 
 
Esta rueda reiterará el  llamado al Presidente Juan Manuel Santos y a todas las instancias oficiales encargadas, a responder a esta grave situación de persecución y guerra que por diferentes sectores se vive en los territorios colombianos; a dar garantías efectivas al ejercicio de la organización y movilización social máxime cuando ha expresado su voluntad de paz; dejamos claro al país nuestra voluntad de caminar por las vías del diálogo y la concertación, sin embargo, sin garantías por parte del Gobierno para dar pronto cumplimiento a los acuerdos pactados, nos veremos en la necesidad de potenciar nuevamente la movilización y paro del movimiento campesino, agrario, étnico y popular en Colombia.
 
 
Además del Consejero Mayor de la ONIC,   participaron en la rueda de prensa el representante a la cámara,  Alirio Uribe;  por la  UP, Ayda Abella; Enigdo Pertuz, de ANAFRO –  PCN;   Cesar Jerez,  de ANZOR  y  Cumbre Agraria; Teofilo Acuña, Congreso de los Pueblos; Oscar Salazar de  Marcha Patriotica; Jeison Pava de MOVICE; José Esquivel de UTL Angela Robledo y Alejandro Rivera – edil.
 

En documento adjunto podrá encontrar el informe en formato PDF, también podrá descargarlo leerlo o descargarlo en el siguiente enlace:  http://issuu.com/cumbreagraria/docs/balance_situaci__n_de_vulneraci__n_

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Congresistas rechazan decisión del Incoder que permite a empresario Efromovich continuar ocupando baldíos reclamados por campesinos de la Hacienda Bellacruz

A través de una declaración, los senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla y Jorge Robledo, y el representante a la Cámara Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo, y el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, cuestionaron la reciente Resolución del Incoder que revoca decisiones que habían favorecido a las comunidades campesinas de la antigua Hacienda Bellacruz (Cesar), en la reclamación de 1.200 hectáreas de tierras baldías, de las cuales fueron despojados por grupos paramilitares.

La decisión del Incoder le concede a la empresa Dolce Vista, de propiedad de Germán Efromovich, la tenencia de los predios en cuestión y devuelve el proceso a como estaba hace 25 años.

Con esta decisión además de tumbarse ese proceso de clarificación que se realizó tras el desplazamiento masivo y despojo de las familias campesinas que desde esa época venían reclamando la titularidad de estas tierras, también se tumba las decisiones de 2012 y 2013 con las cuales se habían recuperado esos baldíos para la Nación, con el fin de ser posteriormente entregados a los campesinos.

Bogotá, 6 de marzo de 2015.

Declaración conjunta:

Los congresistas firmantes rechazamos de manera enfática la Resolución Efromovich (334 del 19 de febrero de 2015 del Incoder), a través de la cual se deja sin efecto decisiones anteriores del Incoder y del antiguo Incora, logradas a través de un proceso de clarificación de la propiedad y de recuperación de baldíos, que determinaron que dentro de la antigua Hacienda Bellacruz, existían al menos 1.200 hectáreas baldías de la Nación.

Con esta decisión, el Incoder favorece a la La Dolce Vista -LDV-  sociedad de capital mixto creada en Panamá y dedicada al desarrollo, siembra y extracción de aceite de palma en Colombia. La cual hace parte de una compleja cadena de empresas que conforman una sociedad transnacional, que para el caso concreto se encuentra radicado en el grupo brasilero Sinergy, en cabeza de German Efromovich.

Es importante precisar que el acaparamiento de la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda la Gloria existe una historia de despojo, lograda a partir del desplazamiento de 13 veredas campesinas, del asesinato de sus líderes, de argucias jurídicas y de una fuertísima arremetida paramilitar. Los campesinos que han denunciado el caso y quienes siguen solicitando la recuperación de baldíos para ser entregados a ellos como sujetos de reforma agraria lleva más de 25 años.

 

Ésta acción es una muestra más de las actuacioness del Gobierno dirigidas a favorecer los intereses particulares de grandes empresarios, en detrimento de los derechos del campesinado, las cuales concuerdan con el “proyecto de ley Urrutia” (ley 133/14 Cámara), y con las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que afectan los derechos de las comunidades campesinas.

Firman:

Iván Cepeda Castro

Jorge Enrique Robledo

Alberto Castilla

Alirio Uribe

Inti Asprilla

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Congresistas solicitan al Gobierno que se realice una Auditoria de la Deuda Pública

Se realice una auditoría de la deuda pública, que permita conocer la realidad del endeudamiento público, sus beneficiarios y sobre todo, el destino de los billones de pesos que anualmente pagan todos los colombianos, solicitaron hoy Al Gobierno  los Representantes a la Cámara, Ángela María Robledo, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz, así como los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda Castro, en alianza con la Plataforma Ciudadana por la Auditoría de la Deuda Pública, en el marco de la Audiencia pública “Por una Paz sin Deuda con los Derechos”que se realizó en las instalaciones del Congreso.

Para el vocero del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, “La  sugerencia la hacemos para saber cuánta deuda ya no es válida, para que nos devuelvan lo que se ha pagado de más y para que aquellos empréstitos que se hicieron vulnerando la ley, sean declarados ilegales e ilegítimos, tomando como ejemplo países como Ecuador y Argentina donde se ha puesto coto a la expoliación”.

Según Alberto Castilla, una auditoría a la deuda sería una de las fuentes de recursos públicos para las inversiones que requiere la paz. “La afirmación del ‘fracking para la paz’ usada por el gobierno es inadmisible, igual que incrementos del IVA para financiar el llamado posconflicto. La consolidación de la paz requiere cambios en el modelo de desarrollo y en las políticas públicas, liberar recursos de la deuda pública podría contribuir a ello”.

Ángela Robledo, representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso dijo que el presupuesto general de la nación a punta de deuda es una vergüenza nacional y no aporta a la construcción de la paz y menos del postconflicto. Robledo aseguró que El Presupuesto está des-financiado ya que se proyectó un precio de crudo por barril a $100 y la realidad es que en 2015 el precio será de la mitad $50. Este presupuesto se basa en recursos no renovables, que acaban el agua, no generar recursos a partir del trabajo regional y generan la necesidad de endeudarse cada vez más y más. Este endeudamiento no garantiza derechos fundamentales mínimos y sí alimenta mayor pobreza y exclusión”.

Por su parte, El senador Iván Cepeda, lamentó que “actualmente no exista una política pública para el posconflicto, y que el Plan Nacional de Desarrollo no contemple el monto necesario para afrontar los primeros diez años de esa etapa”. Aseguró que es necesario replantear la participación de la banca multilateral y de los organismos internacionales en el proceso de paz colombiano, y afirmó que se les debe reclamar una moratoria o condonación de la deuda para construir la paz.

La audiencia contó con la presencia de Ángel Furlan, Coordinador del Programa sobre Deuda Externa Ilegítima de la Federación Luterana Mundial, quien presentó su ponencia sobre los procesos de endeudamiento en el ámbito internacional, especialmente en el caso Argentino de donde es oriundo y del Uruguayo Ramiro Chimuris, quien realizó un acercamiento sobre las experiencias de auditoría de la deuda pública en Brasil y Ecuador.

El evento se realizó ad portas de que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 se apruebe en el Congreso, y a sabiendas de que siendo el servicio de la deuda pública un componente principal del Plan, representa el 22.6% del presupuesto, sobrepasando la inversión en educación y salud.

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Audiencia Pública: Por una Paz sin Deuda con los Derechos

La Plataforma Ciudadana por la Auditoría de la Deuda Pública, en alianza con los Representantes Alirio Uribe Muñoz y Angela María Robledo, y los Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar, Víctor Javier Correa Vélez e Iván Cepeda Castro, convocamos a la  Audiencia Pública “Por una Paz sin Deuda con los Derechos”, el jueves 5 de marzo, desde las 8:30 a.m., en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República (Carrera 7ª No. 8­68).

Mientras en La Habana Cuba se desarrolla el proceso de paz con la insurgencia de las FARC­EP, en el Congreso está próximo a ser votado el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014 – 2018, que según el   Presidente   Santos   tiene   tres   pilares   fundamentales:   Paz,   Equidad   y   Educación.   Uno   de   los componentes centrales del PND es el servicio de la deuda pública, que representa el   22,6%, del presupuesto, sobrepasando la inversión en educación y salud, por ejemplo.

La pregunta de fondo es por la visión de paz que expresa el articulado radicado en el Congreso, y por las maneras como afecta a los diversos sectores de la población colombiana, con el agravante de la caída de los precios del petróleo, que ya generó consecuencias: el congelamiento en la ejecución de 6 billones de pesos para el año 2015, especialmente en inversión social. Durante los próximos 4 años se prevé que los recortes serán del orden de 90 billones de pesos.

La problemática del endeudamiento público y los planes de ajuste impuestos por los acreedores para asegurar el pago (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial principalmente), han generado graves consecuencias en todos los países donde sus “fórmulas” de austeridad han sido aplicadas. Durante la audiencia , expertos de Argentina, ampliarán lo ocurrido con los llamados fondos buitres, en Europa y especialmente en Grecia, donde el pasado 25 de enero tomó el gobierno la Coalición de Izquierda Radical Syriza, con el compromiso de desmontar las políticas de austeridad que les han impuesto, las cuales además de no ser solución, han agravado la crisis económica.

Como alternativa, los convocantes a la Audiencia Pública, proponemos la realización de una Auditoría de la Deuda Pública, que permita conocer la realidad del endeudamiento público, sus beneficiarios y sobre todo, el destino de los billones de pesos que anualmente pagamos todos los colombianos. Una experiencia de referencia que será dada a conocer durante la audiencia, es la de Ecuador, donde fueron esclarecedores e indignantes los hallazgos de  la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público CAIC, instancia independiente del gobierno que durante 2008, investigó los “préstamos, (..) negociaciones y renegociaciones” entre 1976 y 2006.

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Gobierno pretende aumentar el presupuesto de inversión para seguridad y defensa en más de 25 billones

El Vocero del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, quien fuera uno de los Representes designados por la Comisión Segunda de la Cámara, para conformar una subcomisión que se encargará de rendir informes y recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que cursa actualmente en el Congreso, anunció que radicará una proposición en la que se modifique el presupuesto de inversión en el rubro de seguridad y defensa, que a su juicio es exagerado – sobre todo en el escenario de paz que se adelanta actualmente – trasladando estos recursos para la garantía de derechos fundamentales y sociales.

La propuesta surge a raíz de su preocupación, al develar que en el PND se esté pensando aumentar el presupuesto de inversión para seguridad y defensa en más de 25 billones de pesos con respecto al pasado Plan.

“En el plan de desarrollo pasado en el presupuesto para seguridad y defensa se asignaron 59,5 billones en inversión para los cuatro años, y en el proyecto del plan actual, esa cifra asciende a 91,2 billones. Eso es superior en un 54% en términos nominales (aproximadamente 25 billones de pesos de hoy). Esto comparativamente significa 3 veces lo que el gobierno nacional central destinará para educación (30,1 billones), y 6,5 veces lo que se asignará para mejorar las condiciones de salud (13,1). Y eso solo es presupuesto de inversión. Si tenemos en cuenta el rubro de funcionamiento, lo que se asignaría para seguridad y defensa podría fácilmente superar los 200 billones entre 2014 y 2018”, afirmó el vocero del Polo Democrático Alternativo

Y agregó: “Es una total contradicción decirle a la población que la paz está cerca, pero en cambio de llevar educación, servicios públicos, salud y demás derechos a las ciudades y territorios, se esté pensando en darle más plata a las Fuerzas Militares”

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La responsabilidad penal en la justicia transicional, debe ser diferenciada

El vocero del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, manifestó frente a la propuesta planteada por el Ex presidente César Gaviria sobre justicia transicional, que es necesario en primer lugar, establecer una comisión de la verdad y de esclarecimiento histórico, en la que se fijen los máximos responsables de todos los actores intervinientes en el conflicto armado.

“De ésta manera se puede pensar en una fórmula de justicia transicional, en la que, entre más verdad se sepa por parte de un actor determinado, más se pueda bajar la responsabilidad penal. Como en una especie de balanza.”, manifestó.

Sin embargo aclaró, que esta responsabilidad debe ser diferenciada, “No es lo mismo cuando un grupo ilegal comete crímenes, a unos agentes estatales que abusando de su ejercicio constitucional de poder, cometen crímenes. Ahí la situación es mucho más grave, es por eso que el derecho internacional, no prevé ni amnistías ni indultos para crímenes de Estado”

Para el Congresista, es muy importante que este debate comience ahora y que se defina qué mecanismos se deben aplicar, para que se cumpla el objetivo de la justicia transicional, que es saber la verdad, que las víctimas tengan reparación integral y que no se repitan los crímenes.

Finalmente, Uribe Muñoz resaltó sobre la necesidad de conocer quiénes fueron los máximos responsables, no sólo de los grupos armados ilegales, sino también los responsables desde el Estado, “los miembros de la fuerza pública que han estado comprometidos con desapariciones, con falsos positivos, etc, y aquellos actores que han estado detrás de toda esta guerra sucia. No podemos olvidar que en el marco de la ley de justicia y paz, se han compulsado más de 17 mil copias frente a empresarios, alcaldes, gobernadores, miembros de la fuerza pública, que de alguna manera fueron coparticipes del tema del paramilitarismo”

https://youtu.be/vClR4T6Im7g

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El PND profundiza las desigualdades

El próximo viernes, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda, entregará al Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, para su estudio y aprobación. No obstante la expectativa y a pesar de tener un título sugerente: “Paz, Equidad y Educación”, el PND genera  varias  preocupaciones y dudas sobre el contenido y financiación de las políticas que cimentarán el desarrollo nacional.

La primera preocupación es sobre la financiación de las políticas públicas, pues el escenario macroeconómico y el panorama fiscal no son los mejores, esto ante la caída estrepitosa del precio del petróleo y la desaceleración de la economía.

De acuerdo con algunos analistas, así como por parte de la Contraloría General de la República, el gobierno nacional tendría un déficit anual superior a los 17 billones para los próximos cuatro años, que tendrían que ser financiados con más impuestos y mayor endeudamiento[1]. Al respecto, vale la pena mencionar que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el déficit a financiar, solo para este año, será de 22,9 billones de pesos[2], que se pretende subsanar con mayor endeudamiento y con una reforma tributaria estructural, que de seguir los lineamientos regresivos de la OCDE, sería pagada por los trabajadores del país, aumentando el IVA del 16% al 18% y reduciendo las transferencias a los entes territoriales.

En segundo lugar, está la visión misma del desarrollo nacional contenida en el Plan. Respecto al componente de Paz, por ejemplo, en el texto de las bases, el PND no hace alusión a políticas concretas que apunten a tal pretensión. Al contrario, profundiza las desigualdades y factores que llevaron al conflicto. Por ejemplo, en materia de desarrollo rural, el texto de las bases propende por la entrega de las tierras a grandes empresarios del agro y crearía el denominado “Derecho Real de Superficie”, que en el contexto de despojo violento del que han sido víctimas los habitantes rurales y el acaparamiento irregular de tierras que ha acontecido en los últimos tiempos, representa una barrera adicional para la construcción de una paz estable y duradera.

Es de destacar que éste Derecho Real de Superficie, fue excluido del proyecto de Ley que terminó convirtiéndose en la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas. Con este derecho, un predio tendría dos propietarios: el dueño del predio (que es el derecho real de propiedad) como tal y el dueño de todo lo que haya en su superficie (el derecho real de superficie), es decir, plantaciones, edificios, construcciones, etc. En la discusión de la Ley de víctimas, mediante este mecanismo se pretendía que la tierra despojada en cuanto a propiedad reposara en el dueño (la víctima), pero que el despojador o comprador de buena fe, mantuviera cultivos por períodos que por lo general van de 40 a 60 años y es además transmisible por herencia (es perpetuo de hecho).

Este derecho real lo ha planteado también el gobierno nacional, para entregar en arrendamiento a grandes empresarios por 60 o 100 años los predios baldíos de la nación, que según la constitución  deben servir para facilitar el acceso a la propiedad a campesinos sin tierra[3].

En tercer lugar, ante la caída del precio del petróleo, la baja producción y la no compensación de la revaluación, el componente de equidad (producto del crecimiento económico, y de la facilidad de acceso a recursos por parte de los entes territoriales) en el PND no  se evidencia.  De hecho el actor principal, no es como se esperaría las comunidades y los ciudadanos, sino, tal como lo expresa el documento de bases del plan, los empresarios y la cooperación internacional. Así, paz y equidad, se conciben como productos del crecimiento económico.

Es tal la fe del círculo virtuoso paz-crecimiento-desarrollo, propuesta en el PND, que se estima que al firmar la paz, según algunos estudios citados en el documento de bases del plan, la tasa de crecimiento económico sería anualmente superior al 4,4% adicional. Vale anotar que la tasa de crecimiento de largo plazo de Colombia es 5%, por lo que la paz duplicaría esta tasa.

Sin embargo, este círculo en realidad no es tan virtuoso, dado que Gobierno en el PND sigue estructurando el desarrollo en megaproyectos mineros, y en una política comercial que privilegia los Tratados de Libre Comercio, que está demostrado son causantes de la debacle de la industria nacional

Por último está la educación, que falta ver con cuántos recursos se financiaría en el cuatrienio. Del documento se nota el privilegio a la financiación por la demanda, y en particular el crédito subsidiado, que en el caso de la educación superior se canalizarían por medio del ICETEX. Al respecto, todo parece indicar que se adoptarán las recomendaciones de la OCDE, que establecen que la financiación se otorgará de acuerdo a resultados, a lo que se proponen bolsas concursables en las que competirían las instituciones educativas, profundizando así en la inequidad, y limitando seriamente la posibilidad de materializar la educación como derecho.

A todo lo anterior están los miedos por los potenciales micos que se cuelen, bien sea por parte del gobierno o de los legisladores, esto teniendo como precedentes las anteriores leyes de plan de desarrollo.

Ojalá estas preocupaciones sean despejadas en la radicación del proyecto por parte del gobierno, y en verdad se propenda por una sociedad en la que su economía pueda crecer y el desarrollo vaya de la mano y en congruencia con un ideal de paz y justicia social. Si esto no ocurriera, no queda otra opción a los sectores democráticos del país que oponerse a esta iniciativa.

[1] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0432/articulo05.html (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014)

[2] Véase:http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/12292014-abc-plan-financiero-2015 (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014)

[3] Sobre las pretensiones de esta figura, que fue excluida del proyecto que terminó convirtiéndose en la Ley 1448 de 2011, véase:http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Diciembre/Paginas/20111202_09.aspx (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014)

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Polo Democrático y Alianza Verde: en defensa de autonomía universitaria y libertad de cátedra

En defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde convocaron para el pasadoe lunes, 27 de octubre a las 8 am, a una audiencia pública en el salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.

Durante la sesión, la MANE, principal organización de estudiantes del país, presentó su propuesta para dar mayor participación a los educandos en los gobiernos universitarios.

Según los estudiantes, en la mayoría de las instituciones de educación superior del país su representación, y aún la de los profesores, no alcanza ni siquiera al 20%. En la Universidad Nacional, por ejemplo, solo 2 de 9 miembros del consejo directivo son escogidos democráticamente.

El Representante Alirio Uribe Muñoz, manifestó la importancia de realizar este tipo de audiencias públicas, para “llamar a la reflexión al cuerpo universitario y al país en general sobre la autonomía universitaria, la criminalización del pensamiento crítico, y el derecho a disentir”.

Por su parte el Senador Iván Cepeda aseguró que “es necesario preservar el espacio universitario como un espacio libre de cualquier intromisión nociva por parte de los gobiernos o de particulares. Por ejemplo, es muy preocupante que sobre los profesores de educación superior se ejerzan presiones de carácter político, o que se les condicione en el campo disciplinario por sus posiciones políticas, como ocurrió en el caso del profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán. Esto riñe con la posibilidad de que en Colombia exista una verdadera autonomía universitaria”, concluyó el congresista.

También respalda la convocatoria el senador del Polo, Alberto Castilla, quien se comprometió con esta causa porque considera esencial en un estado social de derecho que exista “una universidad abierta, plural e independiente en su ejercicio académico”.

Claudia López, senadora de la Alianza Verde, a su vez, resaltó la importancia de la pluralidad de pensamiento y la libertad de expresión “como un pilar de la formación académica de Alta Calidad que necesita el país”. López documentó en sus investigaciones sobre la parapolítica como los centros universitarios de vastas zonas del país fueron un objetivo de los grupos armados ilegales, como las AUC. “Esto incidió en el aumento de la corrupción y el control social de esos grupos sobre la población” aseguró. La senadora también rechazó que se utilice la autonomía universitaria como un parapeto para actuaciones cuestionables como las que denunció en el debate sobre educación, en la plenaria del Senado, el pasado mes de septiembre.

La audiencia también contará con la presencia de los Representantes a la Cámara, Angela María Robledo, Angélica Lozano y Víctor Correa.

Los estudiantes y los parlamentarios esperan que a través de esta audiencia se reconozca la importancia de la autonomía y la democracia en las políticas públicas sobre educación superior.

 

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Respuesta a columna de Opinión del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón: Las Instituciones, el Estado y la Paz En Colombia

DIH no fue creado para que el esfuerzo bélico se realice con mejores o más eficaces métodos sino que procura establecer límites para proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que dejan de hacerlo”.

Tal vez en mi opinión sea la respuesta más sintética y clara que le pueda brindar al Ministro Juan Carlos Pinzón, quien en columna del diario El Tiempo del Lunes 8 de diciembre de 2014, expresa su “frustración y Preocupación”  a propósito de las investigaciones y seguimientos que viene realizando, entre otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, HRW en Colombia sobre los “Blindajes” que propone la reforma al Fuero Penal Militar.  Semanas atrás tuvimos oportunidad de realizar un debate de control político en la Cámara de Representantes, en el que –salvo epítetos, señalamientos y evasivas- Pinzón no refirió ninguno de los elementos de juicio que el movimiento de DDHH ha expresado frente a la reforma del FPM y ¡mucho menos contestó alguna de las interrogantes preparadas en el debate!.

No se puede confundir al país diciendo que no se entiende porque organizaciones defensoras de Derechos Humanos como HRW, mas de  17 organizaciones internacionales, 12 expertos de Naciones Unidas y hasta el Consejo de Política Criminal señalan que estas reforma de carácter constitucional y legal son inconvenientes porque generarán mas impunidad, cuando el contenido las iniciativas legislativas promovidas por el Ministerio de Defensa pretenden que todos los delitos cometidos por militares activos sean relacionados con el servicio, excluyendo siete: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Esta redacción es engañosa, ya que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual al no estar tipificados así, pasaran a ser competencia de los Tribunales Militares, al igual que todas vulneraciones de Derechos humanos y las Infracciones al Derecho internacional Humanitario, entre ellas, el Homicidio agravado, homicidio en persona protegida, interceptaciones ilegales, terrorismo, tráfico de armas, pillaje y concierto para delinquir (nexos con paramilitares o BACRIM)

La Justicia Penal Militar  conocerán todos los delitos incluidos los delitos comunes, que nada tienen que ver con la función de las fuerzas,  el objetivo principal es que todas las investigaciones de la justicia ordinaria donde están involucrados miembros de las fuerzas militares pasen a ser competencia de la Justicia Penal Militar, convirtiéndose el Fuero Penal Militar en un mecanismo  más de impunidad.

A las claras está que en el marco de una negociación de fin del conflicto, el gobierno deba generar unas líneas prioritarias con relación al “respeto por los derechos humanos” y lo sitúa como una “política ordenada por el Presidente de la República y prioridad en el país”. No obstante y como hemos venido revelándolo, dicho compromiso parece no obligar al conjunto de las FFMM, a quienes, dicho sea de paso, he convocado a defender como parte de la Institucionalidad, pero bajo el deber absoluto del respeto por la vida.

Lo anterior teniendo en cuenta que el responsable de diseñar la Estrategia y la Planeación de la política de consolidación de la Seguridad Democrática entre 2006 y 2009, olvida que durante ese tiempo el país tuvo que sobrellevar el vergonzoso escándalo producto de la directiva 029 de 2009, las constantes vulneraciones a la integridad de la población civil, el copamiento de la vida cotidiana en vastas regiones del país bajo la tesis de la sospecha del auxilio a las insurgencias.  Olvida igualmente que los efectos dentro de la sociedad fueron devastadores y que sólo hasta ahora se están conociendo las primeras condenas frente a estos escabrosos hechos.

En efecto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se ha manifestado frente al terrible fenómeno de las “ejecuciones extrajudiciales”; pero encuentro con sorpresa que Pinzón equivoca no solo el planteamiento de la ACNUDH-Colombia, sino el sentido protectivo que propone, pues el numeral 43 del literal C de Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones  Unidas para los Derechos Humanos,  Adición “Situación de los derechos humanos en Colombia”, ¡expresa lo contrario!:

“El ACNUDH-Colombia interactúa diariamente con las fuerzas militares, con las que mantiene una relación abierta, franca y productiva. No obstante, la cooperación es más fluida en la esfera de la prevención que aquella relacionada con las violaciones actuales y pasadas. Al ACNUDH le preocupa que algunas autoridades militares solo consideren violaciones de los derechos humanos las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, una posición que es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Otro motivo de preocupación es que, a pesar de la información disponible, cada año el Ministerio de Defensa y las autoridades militares indican que no se han presentado denuncias de violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, existe la necesidad de pasar de la negación al reconocimiento de las violaciones actuales y pasadas, y de darles respuesta.”

Aún estamos esperando las respuestas que el Ministerio debe ofrecer para blindar el objetivo superior de la paz, pues la población colombiana, debe caminar en conjunto hacia la reconciliación, el hastío de la guerra es innombrable, como innombrable se hace que a nombre de la “defensa de las instituciones” se quiera encubrir la verdad frente al conflicto armado y las repercusiones que ha tenido en la vida nacional, dejar los epítetos, los señalamientos y la cólera pueden ser un primer paso ministro.

 Referencias:

  • http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2013.pdf
  • http://www.elespectador.com/noticias/politica/human-rights-watch-insiste-fuero-militar-garantiza-impu-articulo-531411
  • http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-reforma-del-fuero-militar/14944326

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Comisiones de paz del Congreso y miembros de la sociedad civil piden al Gobierno y al ELN que se instale la mesa de conversaciones con ese grupo

Quienes suscribimos esta carta lo hacemos con la preocupación de que, no obstante el anuncio de la fase exploratoria de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN hace seis meses, aún no se ha producido la instalación formal de la mesa de conversaciones. Esa preocupación proviene de nuestra convicción de que, sin un proceso con el ELN, la paz de Colombia no será completa. Destacamos los adelantos significativos que se han logrado en los puntos de acuerdo con las Farc, sin embargo, no vemos conveniente que se profundice el desfase que provoca continuar avanzando con el proceso en La Habana, mientras se atrasa el comienzo de los diálogos con el ELN.

Reconocemos la iniciativa del ELN de plantear la participación social y ciudadana en los diálogos de paz, por ser uno de los temas cruciales para el país, no solo para el buen desarrollo de un proceso hacia el fin del conflicto, sino para el desarrollo de la democracia en Colombia. Estamos atentos y dispuestos a promover la intervención activa de la población civil en la búsqueda de la paz y consideramos que para que se produzca es indispensable, cuanto antes, la apertura de la mesa de conversaciones.

Sabemos que en la fase exploratoria del proceso se han presentado obstáculos que pueden y deben ser superados con la buena voluntad de las partes para llegar al objetivo propuesto de una paz duradera para nuestro país. Por eso, esperamos que este llamado contribuya en época decembrina a estimular el arranque del proceso de paz que se ha anunciado, y ponemos a disposición nuestro trabajo en procura de alcanzar esa meta.

FIRMAN LA CARTA:

  1. Iván Cepeda
  2. Roy Barreras
  3. Antonio Navarro
  4. Horacio Serpa
  5. Ángela Robledo
  6. Alirio Uribe

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Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, exhorta para que se atienda la crisis carcelaria

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos en 1950, con el fin de divulgar a “los pueblos del mundo”, la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de las naciones.

El lema de este año, “Derechos Humanos 365”, entraña la idea de que todos los días se debe propender por la defensa y promoción de los mismos. En  este marco, exhortamos al gobierno colombiano para que como garante de nuestros derechos, duplique sus esfuerzos para hacer que éstos sean respetados y fije su mirada en aquellos sectores menos favorecidos, víctimas, desplazados, estudiantes, campesinos, mujeres, LGTBI, entre otros, a quienes día a día se les vulneran sus derechos.

En especial, hacemos un llamado para que se revise la crisis humanitaria al interior de los centros penitenciarios, se diseñen políticas públicas de rehabilitación y resocialización de los internos, se les garantice el acceso a los derechos fundamentales, principalmente en el área de salud, servicios públicos básicos y en general se les brinden oportunidades para que puedan cumplir sus penas en condiciones dignas. Es urgente que se atienda el llamado del  defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ha dicho en varias oportunidades que la situación carcelaria en Colombia atraviesa una de sus peores crisis, alcanzando niveles de hacinamiento que superan el 400 por ciento en algunas cárceles.

Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, insta a las autoridades encargadas de la protección de las víctimas, de los líderes defensores de derechos humanos, de periodistas alternativos y comunitarios, a  que se les den reales garantías para ejercer su trabajo, máxime si se tiene en cuenta que entre julio y septiembre del presente año, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de DDHH en Colombia -IADDHH-, registró un total de 186 agresiones individuales contra defensores(as), discriminados en 157 amenazas, 15 asesinatos, 9 atentados, 1 detención arbitraria, un caso del uso arbitrario del sistema penal y 3 hurtos de información.

Además, hacemos un llamado para que todos los proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso, sean estudiados, aprobados y/o archivados coherentemente con la actual coyuntura y en aras del proceso de paz que se adelanta en la Habana.

La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, saluda a todas aquellas personas que desde cada rincón del país luchan por estos preceptos, pero sobre aquellos que han dedicado su vida a la prevención de actos de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

 

INÉS LÓPEZ FLÓREZ

PRESIDENTA

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Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, instauró queja disciplinaria contra Superintendente de Notariado y Registro

El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, radicó a instancias de la Procuraduría General de la Nación, queja disciplinaria contra el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez por extralimitación en sus funciones, al actuar como impulsor del proyecto de Ley 133 de 2014 Cámara que trata de reformar la política de baldíos y crea las denominadas ZIDRE – Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico.

Según el representante del Polo, el superintendente Vélez de acuerdo al manual de funciones específico para su cargo (definido en la resolución 6128 de 2011, así como en el decreto 2163 de 2011), no puede formular ni impulsar a instancias del legislativo un proyecto de Ley como el 133, pues en nada se relaciona con su cargo.

“La superintendencia de notariado y registro es una entidad de vigilancia y control y de acuerdo con la normatividad vigente, el superintendente no es competente para actuar como ministro de agricultura, impulsado o formulando política pública en materia de tierras o incluso de productividad, como asevera él”, afirmó el representante Uribe Muñoz.

Así mismo, otra de las faltas que se relacionan en la queja tiene que ver con la contradicción en el ejercicio de su cargo como superintendente de notariado y registro y su actuación como vocero del gobierno en el proyecto de Ley 133. Esto porque la superintendencia de notariado y registro es una de las entidades que tienen por deber aclarar las denuncias sobre acumulación irregular de baldíos, en tanto que el proyecto de Ley 133, entre otras busca reinterpretar y reformar la ley 160 en lo concerniente a los baldíos.

“Es decir que el superintendente en vez de estar impulsando un proyecto de ley para permitir concesiones de baldíos, legalizar acumulaciones irregulares e incluso expropiar a los campesinos, debería estar es vigilando y tomando acciones concretas para recuperar las tierras de la Nación apropiadas ilegalmente por distintos actores, incluidos grandes empresarios nacionales y foráneos. Es decir, el gato que debe cazar los ratones, se está comiendo el queso, y eso no puede ocurrir.”

“Solo esperamos que el ministerio público verifique la actuación del Superintendente Jorge Enrique Vélez, y defina la existencia o no de falta disciplinaria.”

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Nueva forma de acaparamiento de tierras para obtener beneficios, mediante figuras jurídicas ambientales

Acumuladores de tierras con antecedentes de baldíos ahora quieren convertir parte de compraventas irregulares en figuras ambientales, que le permitirán acceder a beneficios tributarios, construir políticas públicas territoriales y además acceder a derechos como el consentimiento previo ante obras de infraestructura, proyectos mineros, entre otros. Esto acudiendo a la figura ambiental denominada Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC).

Estas denuncias fueron presentadas por el vocero del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, para los casos de predios de la familia del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y de la empresa Palmar de Altamira SAS (perteneciente al grupo empresarial Manuelita SA), casos de acumulación de baldíos denunciados el año pasado por el exrepresentante a la Cámara Wilson Arias Castillo.

El primer caso es el de la empresa Palmar de Altamira SAS, que pertenece al grupo  Manuelita S.A., que a través de su representante legal, Juan Carlos Morales, solicitó ante Parques Nacionales Naturales[1]constituir como RNCS un área de 816 hectáreas de las más de 3000 que comprende siete predios ubicados en el municipio de Orocué (Casanare). En estos predios la empresa tiene cultivos de palma aceitera. Por medio de esta solicitud, que de ser validada por Parques Nacionales, no solo se “blindaría” la acumulación irregular de baldíos (violando lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 160), sino que además accedería a incentivos tributarios, garantías de participación en políticas de desarrollo regional y derecho al consentimiento previo en obras públicas, derechos a los que accedería según lo dispone el artículo 11 del decreto 1996 de 1999.

Al respecto el representante Alirio Uribe expresó que “estas personas que vulneraron la ley 160 de 1994, y que actualmente son investigados por organismos de control, además de potencialmente acceder a beneficios tributarios, se quieren parecer a las comunidades indígenas y étnicas del país, quienes tiene el derecho a la consulta previa”

Palmar de Altamira SAS, Hacienda San José SAS y Aceites Manuelita SA, son tres de las empresas que hacen parte del Grupo Empresarial Manuelita SA, originario del Valle del Cauca, que fueron denunciadas por el representante  Wilson Arias en Mayo de 2013, por acumulación de predios con antecedentes de baldíos por encima de la Unidad Agrícola Familiar, algunos de los cuales, fueron adquiridos en transacciones con reconocidos testaferros de narcoparamilitares como “Alias Cuchillo”.

El otro caso denunciado por el Representante Alirio Uribe Muñoz, tiene relación con los predios adjudicados irregularmente a un primo del actual ministro de Agricultura (el señor Pablo Valencia Iragorri[2]) y otros personajes que no eran sujetos de reforma agraria, tal y como fue denunciado por el exrepresentante del Polo, Wilson Arias en 2013. Sin embargo, los actuales propietarios de estos predios, que se denominan “Santana”, “El Gavilán” y “El Cachicamo”, y que hoy están en propiedad empresas cuyos socios son familiares del ministro Iragorri (Julián y María Alejandra Valencia Iragorri) y del señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (hijo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo), que también se pretende sean constituidas en Reservas Naturales de la Sociedad Civil, no son solicitados por ellos, sino por el señor Alejandro Olaya Velázquez, representante legal de la Fundación Palmarito.

Esta fundación sirve de tramitadora para constituir estas RNSC, no solo sobre estos predios, sino de otros que están en propiedad de personajes como Sandra Bessudo Lion, quien hace algunos años sonara como ministra de ambiente del gobierno Santos I.

La fundación Palmarito en su estructura societaria tiene como principal al señor Jorge Londoño Riani, empresario reconocido del sector hotelero, sobresaliendo también los nombres de Julián Valencia Iragorri y Juan Guillermo Gaviria Vélez, quien al parecer es hermano del actual senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.

Estas denuncias del representante Uribe Muñoz representan argumentos adicionales para mostrar la inconveniencia del proyecto de Ley 133 de 2014 que crea las ZIDRE, y al mismo tiempo revela los graves conflictos de intereses que rodean al actual ministro de agricultura, quien de hecho se tuvo que declarar impedido para el trámite del proyecto en mención.

 

[1] Entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, encargada de recibir solicitudes y registro de las RNSC

[2] Sobre el caso, véase: http://www.bluradio.com/42903/lo-dicho-por-wilson-arias-son-calumnias-pablo-valencia-sobre-baldios-en-vichada (revisado: 3 de diciembre de 2014; 5:58 pm).

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En detrimento de la industria nacional, se aprueban en comisiones segundas, TLC con Corea y Alianza del Pacífico

Los integrantes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, solicitaron ante sesiones conjuntas el archivo de los proyectos de Ley de aprobación del TLC con Corea y de la Alianza del Pacífico, discutidos con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional.

A las sesiones conjuntas asistieron los Ministros de Agricultura, Aurelio Irragori, Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la Ministra de Comercio, Industria y Comercio, Cecilia Álvarez Correa, quienes realizaron lobby permanente para lograr la aprobación de los tratados comerciales.

En su afán por aprobar los proyectos, los Congresistas de las dos comisiones segundas no aprobaron se declarara sesión informal, con la cual se pretendía escuchar representantes de gremios y sindicatos que se encontraban en las barras, a pesar de haberse tramitado su presencia con anterioridad. Entre ellos estaban, Diógenes Orjuela de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT -, Alberto Macias, Vicepresidente de Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes –ACOLFA, Germán Rodríguez del grupo Pro Industria y el profesor universitario Mario Valencia.

El Representante Uribe Muñoz, dejó constancia de la irresponsabilidad del Gobierno de querer aprobar estos proyectos sin contar con estudios rigurosos sobre las implicaciones sectoriales que tendrían estos acuerdos comerciales,  “Elevé a instancias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en octubre de este año un derecho de petición indagando sobre los estudios que fundamentan la necesidad y conveniencia de este acuerdo comercial, a lo cual obtuve como respuesta dos estudios: el primero es un estudio-análisis de conveniencia de ampliación del comercio entre estos dos países, realizado por FEDESARROLLO en 2008; y el segundo es un análisis de factibilidad realizado también por FEDESAROLLO en el año 2009”, manifestó el congresista, quien agregó que esto es sólo un ejemplo de la falta de interés por evaluar la conveniencia de los tratados.

Para el congresista, las supuestas oportunidades que trae el TLC con Corea, a la hora de analizarlas, no son más que ilusiones, “En el sector agropecuario, Corea importa US$26.00 millones en alimentos provenientes de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y China, países que comparados con Colombia, tienen mayores niveles de competitividad en materia de precios”

En Proposición presentada, los Congresistas Cepeda y Uribe Muñoz, dejan claro que es por lo menos una contradicción en materia de política pública, apostarle con alta probabilidad de pérdida a otro tratado de libre comercio, teniendo como evidencia el fracaso actual del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Finalmente los Tratados fueron aprobados en las comisiones segundas, para que sigan su curso en las Plenarias en un Congreso que no tiene en cuenta el escenario de un país que busca la paz con justicia social, y que tramita tratados comerciales que traen consecuencias funestas para la actividad industrial del país, la tasa de desempleo y el avance tecnológico de la Nación.

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Tratado con la Unión Europea firmado por Presidente Santos, debe pasar por el Congreso

Los voceros del Polo Democrático Alternativo, Senador Jorge Enrique Robledo y el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, hicieron llegar una carta al Presidente Juan Manuel Santos, en la que le solicitan les informen la fecha en la que el Gobierno nacional presente al Congreso el acuerdo militar que ha suscrito con la Unión Europea, en el que se establece el marco jurídico “para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, frente al cual, el Polo Democrático no está de acuerdo.

Para los Congresistas, “Este tratado apunta a que soldados y policías colombianos se pongan al servicio de los intereses económicos, políticos y militares de las potencias europeas”, motivo por el cual manifiestan su rechazo para que se ratifique.

Además, según expresan en la carta, el tratado es inconstitucional, ya que en ninguna parte de la Constitución se autoriza para que “soldados y policías colombianos puedan ponerse al servicio de las determinaciones militares de otros países”

 Finalmente, le recuerdan al Presidente Santos que el tratado debe pasar por el Congreso y ser revisado por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia.

Por considerarlo de vital importancia, trascribimos la carta completa

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2014

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Ciudad

Ref.: El inaceptable acuerdo militar de Colombia con la Unión Europea debe ser aprobado o no por el Congreso.

Señor Presidente:

El 5 de agosto pasado, su gobierno suscribió con la Unión Europea un tratado que establece el marco jurídico “para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, que es como llaman a la participación de tropas colombianas en las operaciones militares de la Unión Europea.

Este tratado apunta a que soldados y policías colombianos se pongan al servicio de los intereses económicos, políticos y militares de las potencias europeas, razón por la cual desde ya le manifestamos nuestro rechazo a que se ratifique.

El tratado no solo es inconveniente; también es inconstitucional. Porque la Constitución le asigna a la fuerza pública las funciones de proteger la soberanía e independencia del país y las libertades públicas de los ciudadanos, y en ninguna parte autoriza que los soldados y policías colombianos puedan ponerse al servicio de las determinaciones militares de otros países.

Además, según la Constitución (artículos 150 y 241), este tratado debe ser aprobado o no por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional, antes de entrar en vigencia. Sobre las bases de guerra estadounidenses en el territorio de Colombia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional (concepto del 13 de octubre de 2009 y Auto 288 de 2010) señalaron que este tipo de acuerdo militar debe cumplir con este procedimiento. Y fue precisamente por violar dicho trámite que la Corte declaró inexequible su aprobación exclusiva por el gobierno.

Por esta razón, le solicitamos informarnos cuándo llevará el gobierno al Congreso el acuerdo militar con la Unión Europea, donde el Polo Democrático Alternativo propondrá que no sea aprobado.

 Agradecemos su atención.

 Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                              ALIRIO URIBE MUÑOZ

Vocero del Polo Democrático                            Vocero del Polo Democrático

Senado de la República                                     Cámara de Representantes

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Primer encuentro nacional del Frente Amplio por la Paz

El pasado 15 de noviembre de 2014 se realizó el primer Encuentro Nacional para el impulso del Frente Amplio, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá y estauvo precedido el 14 de noviembre por un panel internacional.

Este es un Encuentro Nacional  representativo y deliberatorio, de delegados y delegadas de procesos, organizaciones y liderazgos sociales  y  políticos de carácter popular, democrático y de izquierda, nacionales, regionales y locales.

Este primer encuentro tiene como objetivo propiciar un espacio de intercambio y construcción colectiva, interesados en la construcción colectiva de un Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social.

El viernes 14 de noviembre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., se llevó a cabo un panel con delegados y delegadas internacionales, para conversar sobre las Experiencias de los Frentes Amplios en los diferentes países de América Latina y transitar por la Unidad de los Pueblos Latinoamericanos, que tendrá lugar en el Auditorio Luís Guillermo Vélez del Congreso de la República.

Entre estos invitados se encuentran, Kjeld Jakobsen delegado de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo y Leonilda Zurita, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas y Originarias “Bartolina Sisa”, de Bolivia, responsable de relaciones internacionales del MAS, y una de las asesoras más cercanas al Presidente de Bolivia, Evo Morales

El sábado 15 de noviembre de dio inicio al Encuentro, el cual se realizó en la Universidad Autónoma de Colombia a partir de las 8:00 de la mañana.

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Documentación sobre Ejecuciones Extrajudiciales será entregada a la Corte Penal Internacional

El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz en el marco del debate de control político sobre Ejecuciones Extrajudiciales,  entregará a la Corte Penal Internacional, toda la documentación que tiene, frente a la responsabilidad de altos mandos militares activos en los llamados falsos positivos.

“Como lo manifesté en el debate los que están condenados son en su mayoría soldados suboficiales, no se ha procedido contra los generales, entonces me parece importante que la Corte Penal tenga conocimiento de que frente a los más de seis mil casos de falsos positivos, no ha avanzado ninguna investigación hacia ningún general ni en materia penal, ni en materia disciplinaria y que no hay ninguna política decidida para parar con estas práctica”, manifestó el Congresista.

Igualmente reiteró su solicitud al Gobierno y a la Unidad Nacional para que retire los proyectos de ley que buscan que los falsos positivos pasen de la justicia ordinaria a la justicia penal militar

El congresista así mismo solicitó la destitución de varios generales de la cúpula militar comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos, “En el sentido en que por acción y omisión, tienen algún nivel de responsabilidad por víctimas de falsos positivos, que ocurrieron cuando ellos tenían mando militar”

Finalmente el Representante Alirio Uribe Muñoz, denunció una campaña difamatoria en su contra  de la extrema derecha, impulsada por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez, a raíz de unos hechos que ocurrieron el 30 de septiembre de 1985, “Está claro que ese día fui detenido  por ser joven, estudiante de sociología de la Universidad Nacional y quedó judicialmente probado que yo no tenía nada que ver con esos hechos, después como abogado del colectivo tuve conocimiento de este caso y en este proceso la Comisión interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano porque los 11 jóvenes que fueron asesinados ese día fueron ejecutados con tiros de gracia a menos de un metro y se declaró la responsabilidad del Estado a nivel internacional”, indicó

Al respecto aclaró que la propia Corte Suprema de Justicia, anuló las decisiones de la justicia penal militar por los hechos del 30 de septiembre de 1985, ordenó investigar al general José Manuel Vargas Villegas que era el comandante de policía Bogotá a otros cuatro mayores, dos coroneles, dos capitanes, cuatro tenientes, 27 agentes de la policía, dos cabos precisamente por  la masacre que hicieron en el suroriente de Bogotá.

A juicio del congresista del Polo Democrático Alternativo, “Están tratando de usar un falso positivo para neutralizar mi debate sobre falsos positivos”

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Polo Democrático considera inconstitucional el proyecto de ley sobre baldíos

El vocero del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz manifestó en una audiencia pública realizada en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la inconveniencia de aprobación del proyecto de ley 133 de 2014, más conocida como ley de baldíos.

A juicio del Polo, “Éste es un proyecto a todas luces inconstitucional, que vulnera muchos derechos, por ejemplo el derecho a la consulta previa de las comunidades negras, indígenas, y aún de las comunidades campesinas como sujetos ancestrales”, manifestó el congresista.

De igual manera alertó al Congreso ya que según informó, el proyecto reproduce los vicios del Plan de Desarrollo 2010-2014, con los denominados, en ese entonces Proyectos Especiales de Desarrollo Agrícola y Forestal – PEDAF- en la medida en que violan lo dispuesto en el artículo 64 de la Carta, que dispone que el Estado debe propender por el acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios

Para Uribe Muñoz, la aprobación de estos proyectos, incluido el de equilibrio de poderes y otros, van en contravía de las negociaciones de paz que reproduce  uno de los factores objetivos de la violencia permanente en Colombia, como es la distribución inequitativa de la propiedad rural, “Pareciera que tuviéramos dos agendas, una agenda en la Habana en materia de paz, en materia de tierras y una agenda diferenciada, que además viola todos los acuerdos que se han firmado de parte del gobierno con todas las protestas campesinas, en las que se ha establecido la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la tierra”

El vocero del Polo Democrático recordó que varios congresistas de su partido, han denunciado que este proyecto beneficia a las multinacionales como “Cargill, multinacional estadounidense que tienen más de 70 mil hectáreas, Riopaila Castilla, ingenio azucarero del Valle del Cauca (cerca de 50 mil hectáreas), Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los banqueros más ricos del planeta (cerca de 20 mil hectáreas), entre otros nacionales y extranjeros, son los que se están beneficiando del acaparamiento de tierras”

Finalmente, el Representante anunció la realización de un debate “que próximamente tendremos con el Senador Jorge Robledo, en el que vamos a  denunciar otras formas de acumulación de tierras que desde nuestro punto de vista son ilegales, y que se están usando otras figuras legales para validar la acumulación irregular de estas tierras”

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Representante Alirio Uribe Muñoz solicitó se retiren las cinco iniciativas legislativas sobre Fuero Penal Militar que cursan actualmente en el Congreso

Se retiren y archiven las cinco propuestas que cursan actualmente en el Congreso sobre reforma al Fuero Penal Militar, fue una de las solicitudes que realizó el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, al Presidente de la República, Juan Manuel Santos y al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el marco del debate de control político sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

Uribe Muñoz, igualmente solicitó al gobierno, la destitución de varios generales de la cúpula militar comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos, “En el sentido en que por acción y omisión, tienen algún nivel de responsabilidad por víctimas de falsos positivos, que ocurrieron cuando ellos tenían mando militar”.

Entre ellos se encuentran el Mayor General Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Comandante del Ejército Nacional, bajo cuya jurisdicción en la IX Brigada con sede en el Huila, se cometieron 44 casos de falsos positivos, según la Fiscalía General de la nación, el Mayor General Hernán Giraldo Restrepo, Jefe de la Junta asesora en Washington para el tema de los derechos humanos, frente al cual manifestó el Congresista “No podemos tener en Washington en temas tan delicados como derechos humanos a un general que la fiscalía reporta que durante su jurisdicción ocurrieron 72 casos de falsos positivos”, y el Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez Espinel, Comandante de la Quinta División bajo cuya jurisdicción se cometieron 72 casos, quien al parecer asumirá en diciembre la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia.

A juicio del Representante, “Estos generales de una u otra manera se beneficiaron, obviamente por el tema de los falsos positivos en la medida en que ellos ascendieron también en la cúpula militar como resultado de una política en la que se consideraban que los ascensos  se hacían con bajas en combate”

El Congresista del Polo Democrático Alternativo también pidió que exista mayor cooperación en las investigaciones para esclarecer los falsos positivos. Al respecto, manifestó “Nos preocupa que el procurador si bien ha adelantado 5.600 investigaciones, tiene archivadas como más de 2.500 y solamente ha abierto pliego de cargos y ha sancionado a 290 militares, por otro lado, la fiscalía tiene más de 3.400 investigaciones activas, pero solamente ha emitido sentencias condenatorias contra 814 militares

Finalmente el Representante insistió en la necesidad de escuchar a la comunidad internacional “Hay varios informes de la Comisión Interamericana, de Naciones Unidas, de Organizaciones No gubernamentales, que le piden a Colombia no expedir leyes que violen el derecho internacional, normas que no son convencionales, que violan la jurisprudencia en el sentido en que las graves violaciones a los derechos humanos jamás pueden ser competencia de la Justicia Penal Militar.”

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Polo democrático en Alianza por la defensa de Campo Rubiales

Senadores y Representantes del Polo Democrático, sindicatos, organizaciones sociales, y académicos entre otros, anunciaron la conformación de la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol, que tendrá como fin la defensa del principal campo petrolero del país, y exigirle al presidente Juan Manuel Santos que Ecopetrol asuma la operación de este campo, después que termine el contrato con Pacific Rubiales en marzo de  2016

El anuncio lo hicieron en el marco de una rueda de prensa realizada en el Congreso de la República, a la que asistieron delegados de las comunidades afectadas por la explotación y exploración del crudo, Rodolfo Vecino, presidente de la Unión Sindical Obrera, los senadores Jorge Robledo, Alberto Castilla y los Representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y Víctor Correa.

Al respecto, el vocero de la bancada del Polo Democrático Uribe Muñoz manifestó su extrañeza por la ausencia en la Alianza del gobierno nacional que a su juicio, “debería estar acá defendiendo el patrimonio de los Colombianos, en nombre de Ecopetrol que tiene la capacidad técnica y financiera y que puede indudablemente asumir la explotación de estos crudos pesados”

No hay que olvidar que si Ecopetrol asume la operación de Campo Rubiales, le significaría ingresos adicionales de por lo menos 2.400 millones de dólares anuales, recursos que incluso podrían aumentar con la implementación de técnicas como la perforación infill.

Uribe Muñoz además manifestó su preocupación frente a las denuncias presentadas por las comunidades, “los que hemos estado en Rubiales y en estas zonas, conocemos la contaminación tan terrible que ha generado la empresa, en los morichales en los ríos en los nacederos de agua, conocemos la contaminación que produce la carretera, conocemos todos los líos que ha habido con la seguridad de la gente, los desplazamientos, que se esté utilizando incluso la ley de restitución de tierra, para quitarles las tierras a las comunidades en favor de las multinacionales, que se esté matando gente y que se esté paramilitarizando esa región para favorecer a las multinacionales”

Igualmente el Representante denunció el incumplimiento a nivel laboral de la multinacional Pacific Rubiales, que viene explotando los campos petroleros en el municipio de Puerto Gaitán desde hace 25 años, siendo estos terrenos, uno de sus principales activos y que en la actualidad, según él, tiene a más de 20 mil trabajadores tercerizados

De tal manera, el Representante a la Cámara, hizo un llamado al Presidente Juan Manuel Santos, al gerente de Ecopetrol y a todos los colombianos para que “Defendamos ese patrimonio de todo el país y que precisamente exijamos que cese la explotación petrolera y cese el contrato que hay con Pacific Rubiales en el 2016”

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El acuerdo por lo superior 2034, no es ni un acuerdo ni es por lo superior

Lo primero que hay que decir es que el denominado acuerdo por lo superior no es ni un acuerdo ni es por lo superior. Es en realidad una imposición y por lo inferior. A qué viene esta afirmación. Quienes asistimos al lanzamiento de este acuerdo en el auditorio León de Greiff, notamos que tal modelo es una imposición de ciertos actores alinderados con ideas tales como:

  1. Los logros de la cobertura en educación deben estar jalonados por el sector privado;
  2. La educación debe ser una inversión individual atada a la dinámica productiva (pertinente). Pertinencia que se busca para un país cuyo modelo económico puede ser caracterizado como reprimarizado y Es decir, hay que estudiar o formarse para trabajar en las minas, pues ese es el modelo económico que determinaría la educación.; y
  3. Que hay que innovar en nuestra estructura organizacional educativa propendiendo por incluir nuevos actores, acceder a los retos de un mundo globalizado e incluso, acabar de un tajo con reivindicaciones de corte liberal como que el sector público debe ser el principal proveedor de la educación de sus ciudadanos, y que la autonomía universitaria es un derecho acorde con la libertad de pensamiento y el desarrollo del conocimiento. Sobre este asunto haré énfasis más adelante.

Así, no fue en vano que la MANE haya tenido que tomarse la palabra casi a las malas en ese evento, y que los más rechiflados hayan sido en su gran mayoría representantes empresariales y del sector financiero. Con ellos es el acuerdo, el acuerdo por la imposición de un modelo regresivo en materia de educación.

Al respecto valga decir, bien sea porque el gobierno va de la mano con los intereses del empresariado y las finanzas, o porque nuestros funcionarios no son capaces de hacer las estimaciones, las proyecciones y las políticas de acuerdo a una realidad dada, o bien por las dos cosas, este denominado “acuerdo por lo superior” al igual que la fallida reforma a la Ley 30 de 1992 en 2011, no es más que un simple copy-page de lo que establece el documento del Banco Mundial del año 2010 titulado: “Aprendizaje para todos: Educación Estrategia 2020” y principalmente en las recomendaciones de política que establece el Consejo Privado de Competitividad en el cual se acuerdan y establecen por consenso entre los gremios empresariales las políticas del país. Es decir, un puñado de personas y empresas son realmente los autores con los que se acuerda, todo de espaldas al 9,999% de la población. En estos órganos de decisión no caben propuestas de sindicatos, organizaciones estudiantiles, población diferencial, y mucho menos la opinión pública. Y lo que es peor, casi nadie sabe de la existencia de este órgano consultivo y decisorio en materia política.

Basta con revisar los informes de este órgano gremial, para ver que ni el ejecutivo ni algunos legisladores que han posado como ingenioso autores de diversas iniciativas, en realidad lo son. Solo para mencionar algunas reformas y leyes que han salido de este Consejo: la reforma tributaria, la ley de primer empleo, aspectos de la reforma a la justicia, la denominada sostenibilidad fiscal y las políticas en salud y educación. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la propuesta actual de reforma tributaria consistente en aumentar la tarifa del IVA de 16% a 18% y la ampliación de la base del impuesto al patrimonio, salió de este órgano colegiado [1] gremial

Así, quien quiera saber qué va a proponer el gobierno o los integrantes de la unidad nacional en materia de reformas, no tiene que gastar su tiempo interpretando intereses, negociaciones. No. Basta con que lean los informes del BID, el FMI, del Banco Mundial o del Consejo Privado de Competitividad, y ahí anticiparán lo que viene.

Y la política, tampoco es por lo superior. No. Es por la oferta educativa más básica, concentrada en educación técnica que quieren asimilar a la formación profesional que ofrece el SENA, a sabiendas que obedecen a criterios y conceptos sustancialmente diferentes. No es extraño entonces que el gobierno siga las pautas del Banco Mundial en el referido informe, y busque una reforma al sistema educativo en su conjunto. Por eso es que hay que sumar en la movilización social a los padres de familia, a los adolescentes e incluso a los niños, pues las reforma que impulsa este organismo multilateral a nivel mundial es a todo el sistema educativo en su conjunto. Es decir, esto no se agota en el SENA y la educación superior con la Ley 30, sino que incluye a su vez una reforma a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1993).

Ahora bien, en lo que respecta a la educación superior, se plantea consolidar la trampa hasta ahora desarrollada, consistente en incluir como educación superior la formación profesional del SENA (cifra: entre 2003 y 2013, la cobertura en el SENA aumentó un 600% y este aumentó fue el que condujo a inflar las cifras en educación superior). Esta pretensión desconoce que  esta forma de aprendizaje no obedece a ciclos propedéuticos (por niveles o etapas… cualquier persona sin saber escribir incluso, puede estudiar en el SENA, distinto a los ciclos de primaria, bachillerato, universidad, etc.), por mencionar solo una de las grandes diferencias; a la vez que buscan quitarle o transferirle sus recursos (mermados de hecho por la eliminación de los parafiscales en la pasada reforma tributaria) a entes privados por considerarlo un monopolio, desconcentrando los recursos y transfiriéndolos a las nuevas universidades de garaje para la mayoría que serían en realidad “SENAS de Garage”. Esto no es invento, basta leer algunos apartes del informe del Consejo Privado de Competitividad de 2013 y la exposición de motivos de proyectos de Ley como el 054 de 2011, así como la reforma al contrato de aprendizaje del exministro Rafael Pardo Rueda, para que contrasten estas afirmaciones.

Es así, como lo advierten los profesores Leopoldo Múnera y Víctor Manuel Gómez, y excongresistas del POLO que abanderaron la crítica y posterior hundimiento del proyecto de reforma a la Ley 30, que lo que se propone es establecer un límite, una cota superior al acceso de la educación de los más pobres e incluso de las clases medias, dejándoles solo la posibilidad de especializarse en artes y oficios, sin acceso al conocimiento científico. Así, la educación no cumpliría su rol de equidad en el mediano plazo, sino que exacerbaría las brechas existentes, dejando la posibilidad de acceso en condiciones de calidad a la gente de mayores recursos, mientras el grueso de la población se especializa en oficios para un sector productivo diezmado cada vez más, pues la industria que es el principal sector absorbente de esta mano de obra, es víctima de la bonanza minero-energética por efectos de la denominada enfermedad holandesa.

Ante estas circunstancias, definitivamente quedan dudas sobre las bondadosas ofertas del gobierno actual para dar sostenibilidad a una idea de superación del conflicto armado y la sostenibilidad de esta superación en condiciones de justicia social. La educación, está demostrado en la evidencia empírica, es una política que en condiciones de acceso y permanencia dignos y democráticos, y con financiación estatal, conduce a mejores resultados en materia de equidad.

Ahora, en esta coyuntura por la búsqueda y legitimación de negocios a partir de un derecho social como la educación, se debe sumar a la represión fiscal a las que se avocan las universidades e instituciones públicas y la regresividad de políticas de reforma educativa, el grave atropello a la autonomía universitaria, a manos de una institución innecesaria, inoperante en su real función y perseguidora del pensamiento crítico y las libertades individuales como es la procuraduría. Es más que necesaria la reforma a ese organismo, sin que se imponga un monstruo peor, producto de la alianza entre el ejecutivo y el legislativo como lo establece meridianamente la actual reforma política de autoría del gobierno nacional que actualmente hace curso en el congreso de la República.

Saludamos y celebramos que nuevamente como hace unos años atrás, estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y ciudadanos en general, movilicemos nuestras mentes y cuerpos en pos de una real transformación de políticas y derechos sociales como la educación. Para construir una sociedad distinta, más democrática, más justa, educarnos es una obligación, una obligación ejercida como un derecho fundamental.

Muchas gracias.

UTL Alirio Uribe Muñoz

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Proyecto de Ley de Presupuesto no contribuye a la materialización del postconflicto

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, anunció su voto negativo al Proyecto de Ley Anual del presupuesto general de la nación que empezó a discutirse en la plenaria de la corporación, por cuanto a su juicio,  “Este proyecto de ley, no está acorde con el actual proceso de paz que se adelanta en la Habana, en el que se debe contemplar un componente específico que contribuya en la materialización del postconflicto, y que contemple todas las necesidades sociales para la construcción y materialización de la paz como un derecho”

Para el Congresista, el proyecto no solo no articula políticas de crecimiento y desarrollo económico de mediano plazo con los mínimos logrados en materia política social y económica en Cuba, sino que además, tal como se presenta, está desfinanciado en 23,8 billones de pesos, si se tiene en cuenta que los ingresos son de 203,6 billones y los gastos de 216,2 billones.

“No son solo los 12,5 billones que faltan para cubrir los 216,2 billones de pesos, sino que hay otros 11 billones que no tienen sustento y que dependen de la aprobación del proyecto de reforma tributaria, es decir, si se aprueba este proyecto de Ley tal como está, se estarían apropiando recursos inexistentes que podrían poner en peligro las finanzas públicas a futuro, por lo cual el mismo podría ser demandado, por autoridades competentes”, manifestó el congresista.

Para el vocero del Polo Democrático Alternativo, es preocupante como partido de oposición, que sólo se deje un margen de maniobra para recursos como salud, educación, rama judicial, entre otros, de tan sólo de 68.5 billones de pesos, mientras que para pago de deuda pública y seguridad y defensa se designen 71 billones de pesos, representados en un 35% del presupuesto nacional.

A lo que se le une, que en el caso de la deuda, “nos estemos endeudando para pagar intereses”, manifestó el Congresista, “ya que al menos el 40% de estos recursos, es decir 19 billones de pesos, irían al pago de intereses, esto sin incluir la deuda oculta que está detrás de las vigencias futuras y de las alianzas publico privadas que según los cálculos de la Contraloría alcanzan 246 millones de pesos entre el año 2010 y 2014”

Y en el caso del gasto militar, el 73% sea para gastos de personal “y no propiamente para los soldados, y los patrulleros que son los que reciben menos salario, el soldado profesional apenas 1.7 billones y los soldados regulares y campesinos apenas una bonificación de 90 mil pesos” indicó Uribe Muñoz.

Finalmente Uribe Muñoz manifestó que no es cierto como se ha dicho por los ponentes que sea el crecimiento más importante de la historia en materia presupuestal, pues es la tasa más baja desde 2012, “En 2012 la tasa de crecimiento del presupuesto fue de 9,5%, en 2013 14,1% y en la actual vigencia de 7,5%. Para 2015 será apenas del 6,4%.”

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Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz denuncia penalmente a Ministro de Defensa por las batidas ilegales

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, anunció en el marco del debate de control político que se desarrolló en la Comisión Segunda, sobre las batidas arbitrarias con fines de reclutamiento, que presentará denuncia penal contra el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el Coronel Mauricio Martínez Ricardo, Jefe de Reclutamiento, por los delitos de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, prolongación ilícita de privación de la libertad, abuso de autoridad, fraude a resolución judicial y homicidio culposo, entre otros.

La denuncia la realiza el Representante basado en las múltiples evidencias presentadas por jóvenes, madres y padres de familia que han resultados afectados con las acciones ilegales que adelantan los uniformados mediante las llamadas “batidas” en las que unidades militares reclutan forzadamente a jóvenes de sectores pobres, los cuales son abordados y conducidos a la fuerza en camiones, mucha veces sin placa, a distritos militares y horas después enviados a zonas de conflicto, como Arauca, Guaviare, Casanare, en las que los uniformados cometen un sinnúmero de arbitrariedades, y demuestran total desconocimiento de los derechos fundamentales, normatividad y jurisprudencia.

Al respecto, Uribe Muñoz manifestó que “conocedor de esa situación vamos a poner en cabeza del fiscal general toda la evidencia física, los testimonios, la cantidad de denuncias por presuntos hechos punibles que se hayan podido cometer consistentes en abusos de autoridad, concierto para delinquir, detenciones arbitrarias e incluso de homicidios culposos”

La acusación presentada en el marco del debate de control político, anexa varios casos de jóvenes que recientemente fueron detenidos ilegalmente, que demuestran las violaciones a los derechos humanos de las que han sido objeto por parte de los uniformados.

Igualmente sustenta la denuncia, la preocupación por la incorporación de muchachos entre 18 a 21 años, que han sido incorporados de manera ilegal, siendo llevados por los comandantes a unidades militares en zonas de conflicto, omitiendo la categorías legales de prestación de servicio, sin ningún tipo de enteramiento militar a combatir a las guerrillas que llevan muchos años en conflicto, por lo que son presa fácil de estos grupos, como ocurrió el pasado 20 de julio de 2013 en Fortul (Arauca) donde fallecieron 17 soldados regulares del Batallón Especial Minero-energético y vial No. 14.

 De tal manera, “Queda evidente que se están colocando a los muchachos más pobres del país, de los estratos 1,2, y 3 que son los que conforman el 99% del reclutamiento que se hace en el país colocando en zonas de alto riesgo estos muchachos muchos de los cuales, lamentablemente han sido dados de baja por las guerrillas por otros grupos ilegales” indicó el congresista.

Finalmente el Representante a la Cámara manifestó su complacencia frente al hecho que desde el Ministerio de Defensa se esté pensando la posibilidad de eliminar el servicio militar obligatorio.

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“Los TLC no van de la mano con la construcción de un país en paz con justicia social”

En el marco del foro que se desarrolló en el Congreso de la República sobre los Tratados de Libre Comercio, la industria y el empleo nacional, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó como imperiosa la necesidad de construir un modelo de desarrollo diferente, “ante la visión de un país en paz con justicia social, lo que implica transformar el actual modelo de acumulación de capital que nos rige”

Para el congresista que fuera invitado por el grupo Proindustria (Acolfa, Acopi Bogotá, Acopi Santander y Asinfar), “No es tan cierto eso de que al haber más población en Estados Unidos, cada uno de estos ciudadanos, represente en  esencia un consumidor de nuestros productos, así como tampoco es verdad que desde hace años estuviéramos preparados para asumir tratados”. Ejemplo de ello, indicó Uribe Muñoz, es lo que acontece con el agro colombiano, “No en vano, los campesinos se han tomado las vías y quizá lo vuelvan hacer en corto plazo”

El Representante Uribe Muñoz quien asistió al evento junto con el Senador Jorge Enrique Robledo, propuso – más allá de los análisis que siempre llegan a la misma conclusión, es decir, la inconveniencia de los tratados – que se debe exigir la revocatoria de los mismos, o por lo menos, considerar la posibilidad de renegociar gran parte de los tratados firmados, así como de aquellos que ya entraron en vigencia, “Las pérdidas acumuladas en apenas 2 años de entrada en vigencia del TLC con EEUU, es una evidencia de sustento, más cuando este apenas es un coletazo en materia comercial y que no contempla el impacto del componente de protección de inversiones”

Igualmente manifestó la necesidad de revivir el concepto de mercado interno, es decir la necesidad de generar condiciones para impulsar la producción, teniendo como referente el mercado local y no únicamente el externo, en lo cual todos los sectores son estratégicos, pero en especial la agricultura y la industria.

Frente a este ítem, informó que se han estado estudiando una serie de propuestas que “irían en línea con el deber ser de un Plan Nacional de Desarrollo para la Paz”, entre las que sobresalen, la recuperación de tierras con antecedentes de baldíos, apropiadas ilegalmente por parte de empresas nacionales y extranjeras, así como de aquellas tierras ociosas en poder de ganaderos, terratenientes y especuladores, y la creación de institucionalidad, que genere condiciones para el desarrollo del mercado interno, “Algo así como versiones mejoradas y democráticas de lo que en su momento fueron el Instituto de Fomento Industrial y el IDEMA, creando a su vez un verdadero Instituto para la Reforma Agraria y una banca pública de fomento para la industria, el agro y las economías de los sectores populares”

Finalmente, propuso el Representante Uribe Muñoz, no perder de vista en el quehacer político, la integración latinoamericana, “pensar en una moneda única, en un comité de defensa y seguridad, y en formas de actuación en bloque en materia comercial y política”

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Polo Democrático radicó reforma política alternativa contra la “mermelada” y la corrupción

El pasado martes 23 de septiembre, el Polo presentó su proyecto de reforma política en rueda de prensa en el salón de sesiones de la Comisión V del Senado de la República. 

El Proyecto del Polo propone una verdadera reforma política, que genera las  condiciones para un adecuado equilibrio de poderes entre las ramas del poder público. Plantea concurso de méritos para elecciones de magistrados y altos dignatarios, una elección de los órganos de control que garantiza la independencia y transparencia de cargos como el del Procurador, Defensor, Contralor y Fiscal. Persigue el clientelismo y la “mermelada”. Propone la Silla Vacía por corrupción. Refuerza garantías para la oposición como mantener el voto preferente o las listas cerradas en las campañas políticas, disminuir del umbral del 3% al 2%, garantizar plena financiación estatal de las campañas políticas y reforzar el Estatuto de Oposición.

El proyecto fue preparado en respuesta a la reforma del Gobierno, que concentra el poder en el ejecutivo, ofrece mayores prebendas al legislativo, preserva el clientelismo y la impunidad y afecta considerablemente las minorías políticas.

 Firmado.

 

Jorge Enrique Robledo                                      Alirio Uribe

Vocero PDA Senado                                             Vocero PDA Cámara

 

Alexander López Maya                                       Víctor Correa

Senador                                                                   Representante a la Cámara

 

Alberto Castilla Salazar                                       Germán Navas Talero

Senador                                                                   Representante a la Cámara

 

 

Iván Cepeda Castro                                                 Senen Niño 

Senador                                                                     Senador

 

 

 

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