Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante liberal a la Cámara por Bogotá

Terminó el proceso de entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una de las fases clave dentro del Acuerdo de Paz firmado entre esa guerrilla y el Estado Colombiano. Con la entrega del armamento comienza, como lo mencionó Jesús Santrich, miembro del secretariado, su movilización a la legalidad.

En las 26 zonas transitorias veredales de normalización, funcionarios de la ONU han recibido en las últimas semanas fusiles, pistolas, metralletas y diverso equipamiento de mediano y largo alcance con los que antes se sembró el miedo y el terror en los campos de Colombia. ¿No es una buena noticia que esas armas ahora estén en contenedores?

Creo que detractores y defensores de este proceso de paz coincidirán en un rotundo SÍ como respuesta a esa pregunta.

He insistido con vehemencia desde mi escenario como representante a la Cámara por los bogotanos en la urgencia de avanzar con certezas en este frágil proceso. Mucho más cuando desde distintos escenarios se ataca e incluso se amenaza con desmontar los evidentes logros que nos han dado estos meses sin la confrontación fratricida de más de 50 años con las FARC.

Cada arma entregada es una certeza y genera una certificación como paso previo a la amnistía de los antiguos combatientes. Es decir, la renuncia del arsenal es la llave para reincorporar a la vida democrática a aquellos colombianos que se pusieron al margen de la ley al querer defender sus ideales políticos. Según cifras oficiales, 6.934 miembros de esa guerrilla están haciendo tránsito hacia la vida civil gracias a este proceso.

El presidente Juan Manuel Santos les informó a los colombianos que, en solo siete meses de implementación de los Acuerdos de Paz, este es uno de los más rápidos y de mayor eficacia, comparándolo con otros esfuerzos similares. Eso sí queda pendiente que se explique con claridad que va a suceder con la recolección del material escondido en más de 900 caletas que se calcula hay a lo largo de todo el país.

Tomé con respeto el título de una gran obra que publicó hace más de 80 años Ernest Hemingay para esta columna, porque creo que esas palabras describen con certeza el crucial momento que estamos viviendo. Que ese adiós a las armas sea la bienvenida a la esperanza de la construcción de un país mejor; de una Colombia en paz.

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

Si el Gobierno y el Distrito cumplen con el cronograma que se ha hecho público, los bogotanos verán en funcionamiento el Metro en el año 2022. Pero para que ese anhelo de más de medio siglo se haga realidad ya están corriendo procesos y se están tomando decisiones de las que debemos estar pendientes para que no se siga perdiendo tiempo.

Precisamente, hace algunos días ProBogotá invitó a la bancada de parlamentarios de la ciudad en la Cámara de Representantes para dialogar con Andrés Escobar, gerente de la empresa responsable del proyecto; en este encuentro nos entregaron información valiosa que considero importante compartir con todos los habitantes de la capital y la región, pues estos avances son asuntos que nos competen a todos.

Superado el debate de si el trazado es elevado o subterráneo (de hecho, nos contaron que el viaducto se construirá sobre columnas circulares, con altura cercana a los 12 metros, en forma de gran ‘U’ para mitigar el ruido y alimentación eléctrica con tercer riel); el primer asunto sobre el que quiero llamar la atención es la decisión de establecer el patio taller en el municipio de Mosquera y no en predios del Distrito.

Aunque en la reunión se ventilaron algunas dudas sobre los eventuales riesgos de inundación de esos terrenos y posibles inconvenientes de las negociaciones con el municipio y el Departamento, el gerente aseguró que estos temas se han considerado y que la determinación obedece a la mejor alternativa técnica dentro de un universo de varias posibilidades que se estudiaron. Las relaciones de Bogotá con sus vecinos son un asunto sensible al que le he hecho seguimiento en mi papel como Representante a la Cámara, por eso espero con la mejor voluntad que se hayan superado los roces innecesarios que estimuló la Administración Peñalosa a comienzos de su mandato con los municipios de la Sabana. De hecho, el gerente Escobar informó que en esos predios se construirá una estación multimodal para extender también a los habitantes de Cundinamarca los beneficios de la primera línea. Sin embargo, sobre este tema estaremos muy atentos, pues el propio Alcalde advirtió hace poco que el asunto puede hacer retrasar el cronograma y el mismo Presidente Santos se ofreció como mediador para superar el impasse. La inversión para este solo asunto asciende a los casi 600 mil millones de pesos.

Otro asunto sobre el cual están preguntando los bogotanos, principalmente los afectados, es el de la adquisición de los predios que serán necesarios para garantizar el recorrido que va desde el Portal de las Américas hasta la Autopista Norte con 127. También es necesario comprar inmuebles en los alrededores de las 15 estaciones que tendrá la primera línea en sus 25 kilómetros de recorrido. Un primer barrido del Distrito indica que ya se identificaron cerca de 1.600 predios que se deben adquirir, según se ha informado las ofertas ya se están haciendo en algunos sectores del suroccidente. En este punto le pido a la Administración y a la gerencia del Metro especial atención a las comunidades con las cuales se están reuniendo en Chapinero, Kennedy y sectores del recorrido de la primera línea en el suroccidente. En mi despacho he recibido varias inquietudes sobre lo que pueden o no pueden hacer los propietarios a quienes se les congelaron los precios de sus viviendas desde hace ya varios años.

Todos esperamos que esta megaobra ayude a reorganizar urbanísticamente la ciudad, por eso miro con expectativa la decisión de incorporar criterios arquitectónicos y paisajísticos que permitan que el metro sea un elemento de mejoramiento del espacio público y de los sectores a su alrededor generando una renovación urbana en todo el recorrido y, no al contrario, impactando negativamente las zonas debajo del viaducto como sucedió en algunos tramos del Metro de Medellín.

Ha asegurado el Distrito que también se está avanzando en el Traslado Anticipado de Redes (TAR), uno de los grandes dolores de cabeza y razón recurrente de las demoras en obras públicas. Según el cronograma, la apertura de la licitación del proyecto debería hacerse en el segundo semestre de este año y las obras iniciarían a finales del próximo. Como se ve, el Distrito está realizando una carrera contrarreloj en la que esperamos cumpla el objetivo de llegar a la meta sin retrasos ni sobrecostos (el precio inmodificable del proyecto sigue tasado en 13,9 billones de pesos). La bancada de Bogotá de la Cámara de Representantes estará atenta a que se cumpla lo anunciado y a prestar toda la colaboración para que en el 2022 el metro sea una realidad y no el proyecto más cacareado en la historia de Colombia.

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

Robo de cámaras, problemas de seguridad, aumento de basuras, consumo y venta de drogas e inconvenientes generalizados en el comercio de las localidades de Mártires, Candelaria y Santa Fe, son algunos de los efectos que los bogotanos han denunciado luego de cumplirse un año de la intervención que hicieron las autoridades en el sector del Bronx y otras ollas de droga del centro como ‘Cinco Huecos’ y ‘San Bernardo’.

Desde mediados del año anterior he venido alertando, en mi papel como Representante a la Cámara por los bogotanos, sobre la necesidad de disponer de políticas integrales que complementen la operación que se llevó a cabo a finales de mayo de 2016. Luego de las sesiones especiales que la Comisión Segunda de la Corporación ha llevado a cabo en las localidades de Mártires y Kennedy -entre otros aspectos, decisión histórica que avalé con mi firma- queda claro que son muchos los aspectos que aún se deben ajustar para considerar es proceso como exitoso.

Reconozco que la intervención era una acción que estaba en mora de ser asumida por las autoridades del Distrito. También, sus efectos inmediatos en la mejora de los indicadores de seguridad de las localidades del centro y el hecho de que no existan espacios que se consideren como “repúblicas independientes” vedadas a la acción de la justicia y la ley. Sin embargo, esos son tan solo algunos aspectos de un complejo asunto en el que, considero, es fundamental puntualizar la atención de los seres humanos que están afectados por el consumo de drogas. Es decir, que se aborde urgentemente el asunto de salud pública de los habitantes de calle.

Si algo ha quedado claro en las reuniones de las últimas semanas con las comunidades de los barrios Veraguas, El Progreso, Eduardo Santos, El Vergel, Santa Isabel, Ricaurte, La Sabana, Paloquemao, La Estanzuela, Voto Nacional, San Victorino, La Favorita, Santa Fe y Samper Mendoza, entre muchos otros; es que los residentes aún no perciben los beneficios de esa intervención.

En la sesión realizada el 22 de mayo en la JAL de Los Mártires, en la que infortunadamente se ratificó el desprecio del actual Alcalde por el Congreso, pues no se hicieron presentes las cabezas de las entidades del Distrito, comerciantes y ciudadanos afirmaron que el fenómeno de indigencia en la localidad se ha disparado luego de la intervención del Bronx. Aseguraron también que el cuadrante que va de la avenida Caracas a la carrera 18, entre calles 10 y 7, sigue dominado por mafias de narcotráfico en el que estratégicamente se han robado cámaras de seguridad para que no se monitoreen las actividades ilegales. La comunidad siente que se han multiplicado los problemas con la recolección de basuras, los malos olores y la venta de drogas.

“El efecto ha sido evidente en la valorización de nuestros predios y en las bajas ventas de establecimientos de repuestos como el mío”, me comentó Engelbert Rodríguez uno de los habitantes que estuvo presente en este encuentro.

La Comisión Segunda hizo días después el ejercicio de sesionar en la localidad de Kennedy y, curiosamente, los asistentes se quejaron también por los efectos que en la seguridad de los barrios El Amparo y María Paz ha tenido la intervención del centro. La diáspora a la que se vieron obligados los habitantes de calle ha hecho que prácticamente no exista localidad de Bogotá en la que no se hayan percibido inconvenientes en temas de seguridad, consumo de droga y aumento de indigencia.

Es evidente que quedaron muchos cabos sueltos y pareciera que el Distrito no estaba preparado para hacer un tratamiento integral al tema de habitantes de calle. Lo sucedido en el Bronx es un termómetro que nos puede dar luces para llevar a cabo en el país procedimientos que tengan en cuenta todos los ángulos de este asunto. Pero insisto en que en el centro de este esfuerzo deben estar los seres humanos enfermos por la adicción; este es un asunto que también tiene que ser abordado desde la perspectiva de atención en salud y no simplemente el de seguridad.

Desde mi espacio como congresista alzo la voz para decir NO a la segregación territorial o poblacional en Bogotá. No podemos seguir profundizando el camino de la estigmatización; soluciones integrales y atención a los justos reclamos que hacen los bogotanos afectados por la problemática social que se generó con la intervención del Bronx.

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

Luego de que la mayoría de colegas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes decidieran en buen momento archivar la propuesta inconstitucional de referendo que buscaba prohibir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y solteros, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre los retos que nos plantean los mecanismos con los que, como Nación, hemos decidido hacer realidad la democracia participativa.

Más de 100 procesos de revocatorias de mandatarios locales, la decisión de Cajamarca de prohibir la minería en su territorio, el plebiscito de los Acuerdos de Paz, la consulta Antitaurina e, incluso, en un ámbito más local, el cabildo abierto sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); son tan solo algunos ejemplos que han dejado en nuestra sociedad varias inquietudes sobre lo vinculantes que puedan llegar a ser las decisiones que, acudiendo a esos mecanismos, se tomen.

Hace tan solo algunos días, los habitantes de Ocaña (Norte de Santander) y El Copey (Cesar) fueron convocados a las urnas para decidir si los alcaldes de esas poblaciones continuaban o no en sus puestos. Aunque en ambos casos la victoria del SI fue contundente (16.432 contra 360, en Ocaña, y 3.383 contra 72, en El Copey), en ninguno se consiguió el umbral requerido, luego los mandatarios podrán terminar sus periodos.

Planteo de entrada que mi posición siempre ha sido profundizar todos los instrumentos que favorezcan y promuevan la participación ciudadana. En ese campo llevo muchos años jugándomela en escenarios políticos, académicos y sociales con el fortalecimiento de la pedagogía democrática y he propuesto una evaluación sobre las condiciones para que las nuevas generaciones entiendan la importancia de participar en todas las decisiones de nuestra democracia.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mencionó un punto clave en el debate de la Comisión Primera: los derechos de grupos minoritarios. “Si hoy dejamos que se utilice un referendo para decidir sobre los derechos de las minorías sexuales, nada impide que mañana se utilicen sobre los derechos de grupos religiosos o étnicos y esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia”, manifestó.

Otros, con respecto al descontento con algunos alcaldes municipales o de grandes ciudades, consideran que cuando el Congreso bajó el número de firmas y de votos para revocar mandatarios favoreció el desborde y la inestabilidad afectando las garantías de los ciudadanos y de quienes fueron elegidos por voto popular.

Pero hay más asuntos para analizar: en la reciente consulta popular en Cajamarca, Tolima, la mayoría de habitantes dijo No a la actividad minera en su municipio, no obstante, sería como si hubiera ganado el Sí, porque parece tomar fuerza en el Gobierno Nacional la posición de que no afecta exploraciones autorizadas antes de realizarse la consulta y de que las decisiones sobre el subsuelo atañen a la Nación y no a los municipios.

En Bogotá, el cabildo abierto sobre la ETB que se llevó a cabo hace algunas semanas dejó varías preguntas. Si bien no es vinculante, quedó en el aire su pertinencia si desde el comienzo se sabía que el Distrito no iba a cambiar su opinión.

¿Qué tan preparados estamos como sociedad para asumir estos y otros debates? ¿Sirven para zanjar diferencias o para exacerbar la polarización que vivimos como país?

La Constitución de 1991 favoreció la democracia participativa para complementar y ampliar la representativa que teníamos antes de su vigencia. Poniendo la lupa en su desarrollo nos damos cuenta que aparecieron paulatinamente instancias como los consejos de cultura, juventud y paz, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia y las veedurías ciudadanas, entre otros muchos, que, buscando darle desarrollo a ese espíritu, nos llevan a preguntarnos si lo que han decidido los ciudadanos en esos espacios ha sido realmente tenido en cuenta por sus mandatarios.

El debate es de profundas consecuencias y lo que ha sucedido en las últimas semanas nos confronta con respecto al tipo de democracia que queremos. No podemos poner en riesgo la institucionalidad solo recolectando unas firmas, pero tampoco podemos perder los espacios de participación que hemos consolidado. El equilibrio que se encuentre entre la consolidación de la democracia representativa y el fortalecimiento de la participativa será clave. Este es un análisis urgente al que no debemos darle la espalda en el Congreso.

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

Hace algunos días finalizó la histórica visita del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a Colombia; la primera que realiza a un país de América Latina en 72 años y un gesto con el que la comunidad internacional nos indica que está viendo una salida real a la terminación de un conflicto armado que nos ha consumido como Nación durante más de 50 años.

“Somos testigos de un proceso de paz irreversible, en que el Consejo de Seguridad va a continuar prestando la asistencia que sea requerida”, afirmó el uruguayo Elbio Roselli, en una de sus últimas declaraciones en el país como cabeza de la delegación que trajo a 13 de los 15 embajadores titulares ante la ONU de los países que conforman el Consejo de Seguridad. Un asunto cuya trascendencia no se nos puede convertir en paisaje: aquí estuvieron los representantes de las cinco naciones que son miembros permanentes (EE.UU., Reino Unido, Rusia, Francia y China), más las otras que tienen asiento en esa instancia (Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajistán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia).

La importancia de esta visita radica en que la imparcialidad de la ONU es una señal de que hay una salida efectiva al conflicto armado. La muestra de que el mundo está apoyando a una sola y única Colombia que le apuesta a la paz y a la reconciliación.

El propio comisionado de paz Sergio Jaramillo resumió el asunto de una forma contundente: “los miembros del Consejo vieron lo que a veces los colombianos olvidan: se acabó una guerra”.

La historia de Colombia y de sus múltiples violencias nos muestra trazos de los errores que hemos cometido explorando soluciones incompletas y experiencias que nos han dejado a medio camino en el esfuerzo para lograr que no se utilicen las armas en la defensa de un ideario o de una posición en la democracia. Para aplacar la violencia política de mediados del siglo pasado se optó por el esquema excluyente del Frente Nacional que solo tuvo en cuenta a dos partidos en el amplio espectro del pensamiento; para el desafío que planteó el narcotráfico se echó mano de una política de sometimiento que hizo agua con el escape de Pablo Escobar de la Catedral y que atomizó organizaciones criminales que siguieron llevando violencia a las regiones; para desterrar la sombra perversa y criminal del paramilitarismo se puso en marcha una Ley de Justicia y Paz que no tuvo en cuenta de forma adecuada a las víctimas y es el antecedente directo de lo que hoy es conocido como ‘Bandas Criminales’ o Bacrim.

Sin embargo, ahora la comunidad internacional, a través de la imparcialidad de la ONU, se muestra interesada en servir de garante de un proceso distinto de más de cinco años que tiene a las víctimas y a la reconciliación en el centro del esfuerzo.

Como Representante Liberal a la Cámara por Bogotá y miembro de la Comisión de Paz del Congreso tuve la oportunidad de reunirme con los embajadores del Consejo de Seguridad que destacan a una sola voz el compromiso de las partes para llevar a buen puerto la desmovilización completa y la entrega de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Obstáculos y desafíos siempre existirán, pero lo importante es que el mundo ve como “irreversible” este trabajo que explora caminos en el reconocimiento y respeto de la diferencia para avanzar de manera conjunta como Nación.

Dijo el Presidente Juan Manuel Santos, al destacar esta visita, que los miembros del Consejo de Seguridad por lo general viajan a los países tratando de arreglar problemas buscando la paz (el último viaje lo habían hecho a Nigeria ocupándose de la grave situación humanitaria causada por la presencia del grupo Boko Haram): “Aquí vienen a celebrar que la paz se está construyendo”.

Creo con firmeza que hay objetivos superiores que debemos arropar de manera conjunta como colombianos; la paz y la reconciliación están entre ellos. La visita del Consejo de Seguridad es un llamado de atención sobre la responsabilidad que todos tenemos para que el proceso que se inició con las FARC finalice bien y sirva para animar el sueño de una paz completa, llevando a buen término también la mesa de diálogo que se abrió con el ELN.

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante a la Cámara por Bogotá

El frenesí informativo que por estos días envuelve a Colombia ha desplazado de la agenda pública temas urgentes que aún nos quedan por resolver: las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalizar el proceso de desmovilización y reconciliación con los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Terminada la negociación de paz con esa guerrilla, preocupa la falta de interés en los debates que realizamos en el Congreso a las normas incluidas en el fast track, para  acelerar los procesos de implementación de lo acordado. También que no se mire con atención la histórica marcha final de más de 5.000 combatientes que pactaron con el Gobierno compromisos concretos para dejar atrás 50 años de violencia política. Pero más inquietante aún es que se instale, después de muchos años e intentos, la fase pública de negociaciones con el ELN y el asunto apenas sea mencionado en los titulares de los medios de comunicación del país.

Insisto en que la paz que se negoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la que se espera concretar con los elenos son dos procesos frágiles unidos por el mismo cordón umbilical: “la paz completa”. Forma con la que el Presidente Juan Manuel Santos bautizó esta nueva oportunidad. Los gestos gallardos que estábamos exigiendo los convencidos de que la reconciliación entre los colombianos es posible, se han dado: Odín Sánchez y el soldado Fredy Moreno Mahecha están en libertad; por su parte el Gobierno indultó a los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Enrique Valero. Hechos que permitieron que hoy ya sea oficial una negociación entre las partes en Ecuador.

Sentarse no es el fin del conflicto, pero si una señal cierta de que el rumbo tomado hace más de seis años con las FARC marca la ruta para cerrar la espiral de violencia en la Nación. Los últimos cinco gobiernos, desde distintas posiciones políticas, intentaron avanzar en ese propósito. Tal vez sea en esta ocasión, cuando ya el presidente Santos tiene el sol de su administración en la espalda, la coyuntura para que todos los partidos políticos pactemos dejar por fuera este proceso de los avatares de la campaña política que parece haberse adelantado. 

Es un hecho que la negociación será difícil, esta guerrilla dice no ser un representante del pueblo, sino su mediador y por eso insisten que es la sociedad la que debe negociar. Por eso, las partes acordaron trabajar en dos subcomisiones: una que diseñará la fórmula para que la sociedad participe y la otra que construirá la ruta de gestos humanitarios para establecer confianza. Signos claros de que el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación y la participación son puntos en los que se puede avanzar y así desescalar el conflicto y abandonar definitivamente la práctica del secuestro en el territorio colombiano.

"Quiero creer que en esta oportunidad el ELN sí tiene la decisión de abandonar la violencia. Por nuestros hijos ojalá sea así", trinó el día de la instalación de la mesa el ministro Juan Fernando Cristo, cuyo padre fue asesinado por esa guerrilla en 1997. Mensaje de una víctima que nos alienta a mirar con esperanza lo que viene. Nuevamente, como Liberal y colombiano pongo a disposición de las partes y del país entero mi papel como Representante a la Cámara por Bogotá para que pronto se llegue a un acuerdo de paz con el ELN.

• Se debatirán las supuestas acciones fuera del Plan de Inteligencia por parte del DNI y el funcionamiento de los Gastos Reservados, entre otros temas.
• Debate de control fue propuesto por el representante Andrés Felipe Villamizar y se realizará en la Comisión Segunda de la Cámara.

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó hoy citar a la cúpula del Ministerio de Defensa, Policía, Ejército, Fiscalía y Dirección Nacional de Inteligencia para que le expliquen al país la grave situación protagonizada por el almirante (r) Álvaro Echandía, Jefe de la DNI, y Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía General con respecto al manejo de información reservada de los servicios de inteligencia del país.

La proposición radicada por el representante liberal Andrés Felipe Villamizar busca evaluar la presunta violación a lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política que consagra el principio democrático, participativo y pluralista del país. Según Villamizar, la seguridad y la defensa no solamente son asuntos sensibles sino que hacen parte del bien público y fundamentales para la prevalencia del interés general consagrado en la Carta Magna.

“Asistimos en las últimas semanas a un nuevo escándalo que involucra el manejo de información reservada. Es fundamental que el Gobierno Nacional le explique al país lo que sucedió con el Almirante Echandía y el ex director del CTI. Reconocemos que existen asuntos reservados, pero quedan muchas inquietudes en el ambiente y esos cuestionamientos deben ser respondidos a la opinión pública”, manifestó Villamizar.

El debate que se llevará a cabo el próximo martes 29 de noviembre a las 10 am busca que se resuelvan inquietudes como las supuestas acciones fuera del Plan de Inteligencia por parte del DNI, el funcionamiento de los Gastos Reservados, si el Consejo Nacional de Seguridad tenía conocimiento y autorizó la operación ‘Andrómeda’, los mecanismos de coordinación y cooperación entre todos los organismos de inteligencia o si el CTI está facultado para realizar inteligencia o contrainteligencia, entre otros aspectos.

De hecho, uno de los asuntos de fondo es tratar de establecer si el organismo de inteligencia realizó vigilancia a un partido político en contra del principio  democrático, participativo y pluralista consagrado en la Constitución.

• El Representante Andrés Felipe Villamizar propuso un foro para consolidar lo aprendido en el proceso que culminó con la Constituyente de 1991.
• Comisión de Paz del Congreso se reunió con líderes jóvenes de las movilizaciones ciudadanas.

El representante liberal  Andrés Felipe Villamizar propuso hoy un gran foro para contrastar las lecciones que dejó la experiencia de la Séptima Papeleta y la Constituyente de 1991 con las actuales movilizaciones ciudadanas que tienen como protagonistas a los jóvenes.

En el marco de un encuentro realizado en la Comisión de Paz del Congreso con las organizaciones y colectivos que lideran las marchas y manifestaciones que buscan la implementación de los Acuerdos de La Habana, Villamizar Ortiz propuso un encuentro en el cual los colombianos que hace más de 25 años lograron cambiar la Constitución de 1886 dialoguen con los jóvenes que hoy presionan para que se haga realidad lo convenido con la guerrilla de las FARC.

“‘La Pensadera por la Paz: de la Séptima Papeleta a las actuales movilizaciones ciudadanas’ es una idea para enriquecer el activismo ciudadano que nos ha mostrado una nueva esperanza luego de la derrota del SÍ en el Plebiscito. Debemos reconocer el papel de las nuevas generaciones en esta etapa crucial de Colombia y tratar de consolidar lo aprendido con la Séptima Papeleta hace más de 25 años”, manifestó el Representante Liberal.

El objetivo es que estas experiencias puedan ayudar también en la fase pública de negociaciones que se inician con el Ejército de Liberación Nacional.

La Comisión de Paz del Congreso, de la que hace parte Villamizar, realizó una sesión especial en la que se escuchó a los líderes de las movilizaciones. Se busca seguir desarrollando este tipo de encuentros y consolidar espacios como foros, debates y audiencias que continúen fortaleciendo las movilizaciones y la presión civil para hacer realidad la implementación de los Acuerdos de Paz.

• El Representante Andrés Felipe Villamizar le propone al Presidente.
• Insiste en la necesidad de tener en cuenta a las nuevas generaciones en los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia.
• Es urgente avanzar en pedagogía democrática ante los altos índices de abstención en el país.

En carta dirigida al Presidente de la República Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Villamizar Ortiz, representante liberal a la Cámara por Bogotá, pidió que las organizaciones juveniles tengan también presencia en la mesa de diálogo nacional que está organizándose después de la victoria del NO en el Plebiscito del pasado 2 de octubre.

“Quiero con respeto seguir insistiéndole que permita la participación de las nuevas generaciones de colombianos en ese espacio para lograr finalmente la construcción colectiva de una paz duradera y real para nuestra patria”, afirmó Villamizar Ortiz en la misiva en la que también pide el apoyo de los partidos políticos, organizaciones sociales y fuerzas vivas del país para que permitan la presencia de los ciudadanos del futuro en la revisión que tendrán los acuerdos logrados en La Habana.

A comienzos de abril pasado, el Representante Liberal dirigió una misiva a Santos donde hizo una propuesta para que se aprovechara la refrendación del 2 de octubre y se permitiera la votación simbólica de las personas entre 14 y 17 años, como paso urgente para fortalecer la pedagogía y cultura democrática en una nueva etapa en la historia de Colombia. Sin embargo, fue el propio Consejo Nacional Electoral quien le cerró el paso a esta idea, pero la abstención superior al 62% en este ejercicio electoral –aseguró Villamizar- vuelve a poner en la agenda pública un problema al que no se le puede dar más espera; es fundamental involucrar a las nuevas generaciones en las grandes decisiones de la Patria y, por qué no, que voten de manera simbólica en las elecciones presidenciales.

“¿Qué hubiera pasado si se hubiera permitido desarrollar un voto simbólico en el Plebiscito? ¿Qué mensaje le hubieran dado los jóvenes de este país a los votantes del SÍ y del NO?”, se preguntó Villamizar, que además es Presidente de la Comisión Accidental de Juventudes de la Cámara.

Consciente de la necesidad de avanzar en este tema, el Representante ha promovido la ‘Organización Voto Joven’ que reúne a más de 60 personas entre los 14 y 25 años que desarrollan un activismo en pro de la participación de los ciudadanos del futuro y provenientes de distintos sectores políticos y organizaciones sociales. Ellos prepararon votaciones simbólicas en instituciones de Bogotá, Santander, Cundinamarca y Boyacá en donde participaron 2.059 estudiantes: 1.267 de ellos le dijeron SÍ a los acuerdos y 782 apoyaron el NO. 835 de forma espontánea respaldaron la posibilidad de que se establezca el Voto Joven para los colombianos entre 14 y 17 años.

“Este es solo un sondeo de un trabajo respaldado por los mismos jóvenes y es la excusa para insistir en que son los ciudadanos del futuro quienes realmente tendrán el reto de entender la democracia de una manera diferente y de apropiarse de la participación y de la política. Esas generaciones, que hoy tienen menos de 18 años, son los verdaderos depositarios de la paz en Colombia, por favor Señor Presidente, téngalos en cuenta”, puntualizó el Representante Liberal.

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Por Andrés Felipe Villamizar
Representante Liberal a la Cámara por Bogotá

La dolorosa derrota de los que apoyamos el SÍ en el Plebiscito pasado, por fuerte que sea, abrió un necesario espacio de diálogo en el que es fundamental no sólo tener en cuenta a los promotores del NO. Conocida la no refrendación de los acuerdos de La Habana; voceros de las regiones, las víctimas, los indígenas y los afros reclamaron un espacio en la mesa de diálogo nacional que se debe encargar de revisarlos. Llamo la atención desde este espacio sobre la necesidad de tener también allí sentados a los jóvenes del país.

Si es para los ciudadanos del mañana para quienes se construye esta, ahora, esquiva paz; la nueva etapa de la negociación debe comenzar con el pie derecho permitiendo la participación de los jóvenes, y de todos los sectores, que se sintieron excluidos en este proceso.

En abril pasado les propuse al Gobierno y al Consejo Nacional Electoral que permitieran el voto simbólico de los jóvenes en el Plebiscito del 2 de octubre como parte de una urgente y necesaria pedagogía democrática. La abstención del 62% registrada en esa cita electoral le da razón a mi propuesta y ratifica que nuestro sistema pide a gritos reformas para que las nuevas generaciones puedan opinar sobre las decisiones trascendentales de la Patria y, por qué no, puedan votar de manera simbólica en las elecciones Presidenciales.

Como Liberal, Representante a la Cámara, Presidente de la Comisión Accidental de Juventudes, pero principalmente, como colombiano hago un respetuoso llamado al Presidente de la República, los Partidos Políticos, organizaciones sociales y fuerzas vivas del país para que apoyen la presencia de las nuevas generaciones en la revisión que tendrán los acuerdos de La Habana. Sobre este particular, el pasado 4 de octubre dirigí una carta al Presidente Juan Manuel Santos en la que insistí que, para corregir los errores de los acuerdos que no fueron avalados es necesario que los anhelos de paz tengan la participación de los ciudadanos del futuro.

Desde el triunfo en junio pasado del Brexit en Inglaterra, vengo insistiendo en la necesidad de aprender de las lecciones más allá de las fronteras, tristemente en Colombia el asunto resultó igual: las viejas generaciones decidiendo por el futuro de toda una Nación. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera permitido desarrollar un voto simbólico en el Plebiscito? ¿Qué mensaje le hubieran dado los jóvenes de este país a los votantes del SÍ y del NO?

Consciente de la necesidad de avanzar en este tema, desde la Cámara de Representantes he promovido la Organización Voto Joven que reúne personas entre los 14 y 25 años que desarrollan un activismo en pro de la participación de los ciudadanos del futuro, todos provenientes de distintos sectores políticos y organizaciones sociales. Ellos realizaron votaciones simbólicas en instituciones de Bogotá, Santander, Cundinamarca y Boyacá en donde participaron 2.059 estudiantes: 1.267 de ellos le dijeron SÍ a los acuerdos y 782 apoyaron el NO. 835 de forma espontánea respaldaron la posibilidad de que se establezca el Voto Joven para los colombianos entre 14 y 17 años.

Este es solo un sondeo de un trabajo respaldado por los mismos jóvenes y es la excusa para insistir en que son los ciudadanos del futuro quienes realmente tendrán el reto de entender la democracia de una manera diferente y de apropiarse de la participación y de la política. Esas generaciones, que hoy tienen menos de 18 años, son los verdaderos depositarios de la paz en Colombia, por favor Señor Presidente, téngalos en cuenta.

BOLETÍN DE PRENSA

Bogotá septiembre 21 de 2016

Comisión Accidental de Juventud

Audiencia Pública sobre Participación Juvenil en la Cámara de Representantes

• Más de 200 jóvenes de organizaciones sociales y culturales, partidos políticos, colegios y universidades estarán presentes en el encuentro.

• Participarán también el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y  Colombia Joven.

El próximo jueves 22 de septiembre en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República está citada una Audiencia Pública para estudiar el tema de participación de los jóvenes. En el encuentro también se abordarán los retos en los escenarios post Plebiscito y el desarrollo de lo planteado en este tema en los Acuerdos de Paz de La Habana.

En la Audiencia estarán presentes Guillermo Rivera, viceministro del Interior; Mario Puerta, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Andrés Felipe Villamizar, presidente de la Comisión Accidental de Juventud de la Cámara de Representantes, e intervendrán más de 20 jóvenes líderes en representación de organizaciones sociales y culturales, partidos políticos, colegios y universidades.

• Fecha: Jueves 22 de Septiembre
• Hora: 8:00 a.m.
• Lugar: Salón Luis Carlos Galán Congreso de la República
• Inscripciones al correo: [email protected]

Por Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Representante liberal en la Cámara por Bogotá

Como ninguna otra, la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio será la encargada de ratificar la esperanza, cada vez más cercana, de darle fin al conflicto interno más largo de la región. Ese escenario nos plantea el reto de ampliar y fortalecer los mecanismos de participación para que, con la voz de todos los colombianos, se pueda construir la reconciliación en el posconflcito.

Aprobada por la Corte Constitucional la refrendación de los acuerdos vía Plebiscito, insisto en la oportunidad que nos brinda este hecho histórico para que comencemos con el pie derecho una real pedagogía democrática permitiendo que los jóvenes entre 14 y 17 años puedan participar, de forma simbólica, en esta trascendental decisión.

La paz es un derecho y un anhelo, permitir el voto simbólico motivará a las nuevas generaciones a seguir participando en las decisiones clave de nuestra democracia.

Luego de que se escuche la voz de los colombianos, que estamos seguros le darán un ‘Sí’ categórico a la paz, la Cámara de Representantes y el Senados tienen el reto y el compromiso de establecer el marco legal y jurídico que traduzca en hechos concretos los avances acordados en La Habana. Dijo el Presidente Juan Manuel Santos en la instalación de las sesiones ordinarias que este es el Congreso del posconflicto; gran responsabilidad para esta Cámara de Representantes en la que tienen asiento todas las regiones de la patria.

Dejación de las armas, garantías para la participación política –principalmente de los jóvenes, desarrollo agrario, derechos de las víctimas, solución al problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos son algunas de los temas clave que siguen como desarrollo del camino que trazan el Acto Legislativo para la Paz, la firma del acuerdo de terminación del conflicto y el Plebiscito.

Son tiempos, entonces, de comenzar a hacer realidad, a través de la democracia y con la participación de las nuevas generaciones, un país justo que le cierre el paso a la inequidad y a los espacios que consolidó la violencia en décadas anteriores.

Diálogo, participación, respeto por la opinión ajena, debate juicioso y compromiso de trabajo continuarán guiando la labor que más de 17.000 bogotanos me encomendaron en las últimas elecciones. Mi compromiso es seguir trabajando incansablemente para hacer realidad el clamor nacional de la reconciliación.

Por Andrés Felipe Villamizar
Representante liberal a la Cámara por Bogotá

Colombia vive un punto de inflexión en su historia. Estamos a semanas de darle una salida negociada al conflicto interno más largo de la región, pero preocupa que en las ciudades, especialmente en Bogotá, los retos futuros de la reconciliación parecieran pasar por debajo del radar.

Entrando directo al asunto; le propongo a la Veeduría Distrital que, además de sus funciones para promover la transparencia, luchar contra la corrupción y ayudar en la eficiencia en la gestión pública distrital, incluya con generosidad democrática la discusión de los mecanismos de participación en las localidades. Y más concretamente, en la discusión sobre la pertinencia del Voto Joven en nuestra ciudad y nuestro país.

No es un secreto que diferentes sectores políticos han cuestionado la existencia de la Veeduría, cuando se tienen otras instituciones y procedimientos para avanzar en el control preventivo. Me abstengo de participar en el debate, pero sí llamo la atención sobre la existencia de espacios de discusión en las localidades, promovidos por la entidad, que bien pueden liderar un diálogo democrático sobre los retos de la reconciliación en las comunidades y nuestra sociedad en general.

En mi opinión, el perfil de las tareas de la entidad, no ha dejado ver la existencia de 90 cabildantes estudiantiles, que representan a sus comunidades ante el Concejo y la Administración. Los observatorios ciudadanos en cada una de las localidades de Bogotá también están entre los damnificados por la poca visibilidad como espacio de análisis de lo que sucede en las calles, barrios y comunidades de la capital.

Sostengo, con algo de vergüenza, que ni el Estado ni sus instituciones están conectados con las nuevas generaciones. La cultura política casi no existe entre las personas menores de 18 años y nulos son los esfuerzos oficiales para generar una real pedagogía democrática para los jóvenes. ¿Por qué no aprovechar los espacios que ha consolidado la Veeduría para sembrar semillas de diálogo en las comunidades?

No es para las viejas, dispersas y conflictivas generaciones para quienes se construye una paz que sea verdadera y logre potenciar a Colombia en el mundo del futuro. Es para quienes vienen, aquellos que van a crecer en la búsqueda de consensos, en la organización colectiva de realidades incluyentes, de oportunidades y de desarrollo sostenible. Respetar a las minorías, no discriminar, poder participar y que se escuche a todos los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, son sin duda los retos de la nueva democracia colombiana en tiempos de paz. Bien podría la Veeduría ser propositiva en el examen de sus tareas frente a los inminentes retos del posconflicto.

El Voto Joven, los mecanismos que promuevan la participación y tener en cuenta la opinión de los colombianos entre 14 y 17 años constituyen la mejor pedagogía democrática para un país que tiene el reto de promover la construcción de la reconciliación.

El Plebiscito que estudia la Corte Constitucional es la oportunidad para comenzar con pie derecho esa tarea, pero se requiere ser constante. La presencia de la Veeduría en las localidades es una oportunidad que no se puede desaprovechar; sus espacios de discusión, como los de los colegios, juntas de acción comunal y los de las organizaciones civiles de todas las tendencias, son escenarios naturales donde debe promoverse el diálogo, el debate y la participación en cuanto a los desafíos que plantea la firma de un acuerdo para terminar el conflicto con las FARC.

La paz venidera nos impone la responsabilidad moral de construir un país que dialogue, que escuche a todos los colombianos sin importar su edad. Solo de esta forma se generara una dialéctica que nos ayude a reducir las desigualdades y entender las diferencias.

Por Andrés Felipe Villamizar
Representante liberal a la Cámara por Bogotá

“No he podido votar en la que probablemente haya sido la decisión política más importante que se ha tomado en Reino Unido, y es irreversible. Mi futuro ha cambiado por completo”, la afirmación es de Erin Minogue, una estudiante británica de 17 años, lamentando el hecho de que en el referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea no se hubiera permitido participar a los jóvenes entre 16 y 17 años.

La declaración aparece en la versión en línea del diario catalán ‘La Vanguardia’, porque desde el pasado 23 de junio en Europa no se habla de otra cosa que las consecuencias de la salida de las islas británicas de la unidad europea. Desde ese mismo día, en Colombia el tema predominante ha sido el anuncio del fin del conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Ambos asuntos, que parecieran disímiles y tan lejanos como los kilómetros que los separan, tienen múltiples puntos en común; la refrendación es uno al que me quiero referir.

La apretada victoria de quienes apoyaron la salida (tan sólo por 833.400 votos) permitió ver el efecto de la decisión por poblaciones. Anota el portal alemán ‘DW’ que los mayores de 50 años hipotecaron el futuro en el que van a tener que vivir los jóvenes del Reino Unido.

Según una encuesta de YouGov UK, el 65 por ciento de los votantes entre 18 y 24 años eligió permanecer en la Unión Europea; mientras que para los mayores de 65 años, la opción del Brexit aglutinó el 60 por ciento. Al final fueron los adultos mayores los que decidieron lo que sucederá en las próximas décadas en el reino que conforman Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. El título de la nota de la ‘DW’ lo resume mejor: “Brexit: gracias al voto de la tercera edad”.

No es sencillo conseguir en la Registraduría datos concretos sobre lo que sucede en nuestra vereda con respecto a la participación de los jóvenes en elecciones, pero una encuesta de Cifras y Conceptos para la segunda vuelta de la elecciones presidenciales del 2014, mostraba que más del 60 por ciento de los consultados (con edades entre 18 y 24 años) votarían en blanco o no mostraba interés sobre el asunto. Para nadie es un secreto que los enormes porcentajes de abstención en Colombia (que varía entre el 46% y 51%), por lo general, se concentra en los “ciudadanos recientes”.

Tanto Gobierno como las FARC anunciaron el jueves pasado que se acogerían a la determinación de la Corte Constitucional con respecto a la refrendación de los acuerdos propuesta vía Plebiscito. Infortunadamente, la Ley no les permite a los menores de 18 años participar en jornadas electorales, pero esta es, sin duda, la oportunidad para que las nuevas generaciones se pronuncien sobre un asunto trascendental en la Nación (como lo fue en el Reino Unido la permanencia en la UE). Hay que aprovechar este punto de quiebre para pensar en mecanismos concretos de pedagogía democrática.

El Plebiscito permitiría invitar a los menores entre 14 y 17 años a depositar un voto simbólico que, estoy seguro, mostrará el apoyo de los jóvenes de este país a los acuerdos logrados en Cuba.

Respetar a las minorías, poder participar y que se escuche a todos los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, son sin duda los retos de la nueva democracia colombiana en tiempos de paz y algunas claves que nos quedan como lección del reciente referendo en el Reino Unido.

Los vientos de reconciliación nos imponen la responsabilidad moral de construir una democracia del diálogo que permita escucharnos los unos a los otros. Soy un convencido de que la única manera de lograr esto es realizando una profunda discusión sobre nuestro sistema y la forma en la cual debemos hacer pedagogía en torno a qué es la democracia para los jóvenes en Colombia, aquellos para quienes se está construyendo la paz venidera.

Mi respetuoso llamado para la Corte Constitucional es que apruebe el plebiscito. Mi invitación a los partidos políticos, el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las nuevas generaciones de este país es que apoyen y alienten la participación y el Voto Joven para que empecemos con pie derecho una Colombia en Paz.

Por Andrés Felipe Villamizar
Representante liberal a la Cámara por Bogotá

Como buen soldado del ideario liberal, he respondido con hechos y disciplina las directrices de mi partido; sin embargo, en el caso de la propuesta de venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), tomo distancia de la posición adoptada por la bancada en el Concejo. Mi esencia socialdemócrata me impide apoyar una iniciativa que les quitará a los bogotanos uno de sus principales activos y afectará en materia grave recursos y programas que benefician hoy a jóvenes y ciudadanos de menores recursos, y a toda la capital.

Y es que son más las dudas que las certezas que deja regadas en el camino la propuesta de enajenación que nos llega reencauchada desde las lejanas épocas de la primera administración de Enrique Peñalosa. Por ejemplo, en los últimos años el Distrito ha invertido más de 2,3 billones de pesos en actualización de redes y mejoras en el servicio de fibra óptica. No tiene ningún sentido que la respuesta a semejante desembolso sea una valoración (sin sustento técnico que se conozca) que supera el billón de pesos.

Varias inquietudes acompañan lo que hoy muchos vemos como un despropósito: ¿Está adecuadamente valorada la compañía? ¿Cuánto cuesta la infraestructura (redes, inmuebles, ductos, postes y otros activos)? ¿Se valora el privilegio de la ETB de tener como principal cliente a la propia Administración Distrital? ¿Cuánto le costará en el futuro a la ciudad la prestación privada de los servicios que hoy le proporciona la Empresa de Telecomunicaciones?

Preguntas que hoy no tienen respuestas claras, pero el panorama se oscurece aún más cuando pareciera que la intención de la actual Administración es la de marchitar este activo estratégico. Alcalde y directivas revelan en medios de comunicación información confusa sobre su estado actual; los trabajadores denuncian parálisis administrativa, cerramiento de portales sin justa causa y equipamiento nuevo que no se instala y queda arrumado. De confirmarse estos hechos ¿qué deben pensar los cientos de miles de bogotanos y colombianos que hoy son clientes de la Empresa?

El deber de un administrador público es mejorar el servicio que presta, no afectarlo para facilitar su privatización. ¿Por qué la ETB sí pudo fortalecerse y crecer en los años en los que Enrique Peñalosa estuvo fuera de la Alcaldía? ¿Por qué, después de las lecciones que nos dejó la reciente venta de Isagén, nos siguen recitando el credo privatizador como la única solución para conseguir recursos de inversión?

La ETB de hoy no es la vieja compañía de teléfonos de hace varios años; en su portafolio de servicios cuenta con una extensa red de fibra óptica al hogar, televisión interactiva digital, telefonía móvil 4G con cobertura nacional y costos competitivos. Es decir, tiene todo para seguir en el mercado como empresa pública. ¿Por qué no pensar en estrategias para fortalecer su funcionamiento y así evitar un oligopolio que solo perjudicará a los usuarios?

Por último, pero no menos importante, la entrega de la ETB,  impide que la Capital pueda profundizar proyectos sociales soportados en la tecnología como los 29 portales interactivos que llegan a localidades con necesidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Sumapaz y Kennedy, entre muchas otras. Esto sin contar con los millonarios recursos que anualmente entrega la compañía para que la Universidad Distrital siga siendo alternativa de educación para jóvenes bogotanos que no tienen cómo pagar una institución privada.

¿Por qué en vez de vender la ETB no se fortalece y potencia para que sus utilidades sigan financiando proyectos sociales de la Administración Distrital? Desde la Cámara de Representantes y como liberal socialdemócrata me declaro alerta y atento a los múltiples cuestionamientos que siguen sin respuesta en este debate.

Precisamente, es el Plebiscito que anunciaron los integrantes de la mesa de negociación en La Habana, la oportunidad para volver la mirada a las nuevas generaciones: las depositarias de la reconciliación en Colombia. Llamado que ratificaron decenas de jóvenes enarbolando el cartel de ‘Voto Joven por la Paz’ que circuló en la Asamblea que se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

Respetar a las minorías, no discriminar, poder participar y que se escuche a todos los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, son algunos de los retos de la nueva democracia colombiana en tiempos de paz. Nuestras nuevas generaciones deben crecer con el espíritu de construir consensos y realidades incluyentes con más oportunidades y un desarrollo sostenible.

Por eso envié a comienzos de abril pasado una carta al Presidente Juan Manuel Santos para que les permita a hombres y mujeres entre los 12 y 17 años ejercer un voto simbólico como primer paso en una necesaria pedagogía y cultura democrática. 

El Plebiscito que ratificó el Gobierno es la oportunidad para que se invite a los menores de edad a depositar un voto que mostrará el apoyo de los jóvenes de este país a los acuerdos logrados en Cuba y, muy seguramente, a los venideros con el ELN, cuando llegue ese momento.

La firma de la paz no es el fin del conflicto sino el primer día de una nueva realidad enfocada en el ser humano y la sociedad. Por eso me la juego para que el Voto Joven sea una realidad.

Los representantes a la Cámara Angélica Lozano Correa, Ángela María Robledo Gómez, Tatiana Cabello Flórez, Efraín Torres Monsalvo, Olga Lucía Velásquez, Alirio Uribe Muñoz, Carlos Eduardo Guevara, Carlos Arturo Correa, Germán Navas Talero y Andrés Felipe Villamizar Ortiz elegidos en Bogotá por los partidos de la U, Verde, Centro Democrático, Polo Democrático, Mira y Liberal, rechazamos las afirmaciones irrespetuosas del alcalde Enrique Peñalosa con respecto al trabajo de la bancada elegida en la ciudad.

“Casi que hay un sindicato de todos los congresistas para ver cómo se oponían a cualquier apoyo a Bogotá. Lo único que une a todos los congresistas es cómo no le ayudan a Bogotá, y eso que buena parte de ellos tienen muchos votos en la ciudad”, citan los medios en declaraciones hechas por el mandatario en el foro ‘Diálogos para la planeación regional de un nuevo país’ del Departamento Nacional de Planeación.

Actúa de manera cínica el Alcalde al criticar públicamente el trabajo de los congresitas que lo han invitado en repetidas ocasiones a la Cámara de Representantes para que les explique a la ciudad y el país lo que piensa la Administración Distrital sobre temas sensibles como la Reserva Van der Hammen, el Metro, las relaciones de la capital con su región y Cundinamarca y el ordenamiento en las localidades, para mencionar sólo algunos asuntos prioritarios.

Los Representantes a la Cámara que suscribimos esta Declaración reiteramos públicamente la invitación que distintos colegas, de casi todos los partidos elegidos en el Congreso, le han hecho para revisar esos y otros temas fundamentales como el Río Bogotá, el futuro de los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el plan de residuos sólidos, el fortalecimiento de la participación y la política para jóvenes, entre otros.

Dada la actitud del mandatario de los capitalinos con el Congreso, su menosprecio por el trabajo realizado y su interés de ventilar los asuntos de Bogotá en los medios y no en los recintos de nuestra democracia, la bancada de Representantes de la ciudad anuncia un proyecto para modificar la Ley 5 que busca establecer investigaciones y sanciones al Alcalde cuando este no asista a las sesiones en las que sea citado.

Los consensos y no las imposiciones; el diálogo y no la acusación; el trabajo conjunto y no la desavenencia es lo que le conviene al presente y al futuro de Bogotá. Reflexione Señor Alcalde.

Firman

Andrés Felipe Villamizar Ortiz

Representante por el Partido Liberal

Angélica Lozano Correa

Representante por el Partido Verde

Ángela María Robledo Gómez

Representante por el Partido Verde

Tatiana Cabello Flórez

Representante por el Partido Centro Democrático

Efraín Torres Monsalvo

Representante por el Partido de la U

Olga Lucía Velásquez Nieto

Representante por el Partido Liberal

Alirio Uribe Muñoz

Representante por el Partido Polo Democrático

Carlos Eduardo Guevara

Representante por el Movimiento Político Mira

Carlos Arturo Correa Mojica

Representante por el Partido de La U

Germán Navas Talero

Representante por el Polo Democrático

Columna de opinión del eepresentante Andrés Felipe Villamizar

Dos nombramientos recientes han generado debates en redes y en la opinión pública: el de Alan Jara al frente de la Unidad de Víctimas y el de Jorge Eduardo Londoño en el Ministerio de Justicia. Para ambos, antes siquiera de posesionarse al frente de sus cargos, llovieron rayos y centellas; situación que nos propone una reflexión sobre el alcance del ejercicio de la crítica, el disenso y la generalización en la política local.

En uno y otro caso, y en general con casi todos los movimientos que se hicieron en el último ajuste del Gabinete del Presidente Santos, se dejaron oír cuestionamientos por eventuales intereses políticos, fuertes denuncias de corrupción e incluso desmentidos por vínculos familiares con personas al margen de la ley.

Nunca he trabajado con el doctor Jara, pero como liberal y colombiano seguí de cerca su drama personal y familiar en los oscuros años en que estuvo privado de la libertad por cuenta de las FARC; de hecho, siempre estuve apoyando el Acuerdo Humanitario. Entiendo que su paso por la Gobernación del Meta no estuvo exento de polémicas, sin embargo, fueron también los medios (Revista Semana) quienes dieron cuenta en noviembre pasado de su escogencia como uno de los finalistas del premio “Mejores alcaldes y gobernadores 2012-2015” que promueve la organización Colombia Líder y cuenta con el apoyo de la Fundación Éxito y el Banco Davivienda. Asunto que no es de poca monta.

Con respeto he de apartarme de la posición asumida en este asunto por Clara Rojas, mi copartidaria y compañera de bancada de Bogotá, quien en redes sociales y medios manifestó reparos a la designación de Jara al frente de la Unidad de Víctimas. Confieso mi desconcierto por la especie que dejó en el aire la apreciada colega de que esa decisión podría convertir la Unidad en “fortín político”.

“Hay una serie de cuestionamientos sobre dos artículos de prensa que hablan de su papel como gobernador, sobre detrimento patrimonial y otras investigaciones…”, afirmó la representante Rojas en declaraciones dadas a la emisora La FM el 21 de abril.

Capacidad, cualidades, experiencia y sensibilidad parecen suficientes razones para esperar de Jara una gestión igual de buena, o mejor, que la que tuvo su antecesora Paula Gaviria. Ya son casi 8 millones de personas las que están oficialmente en el Registro Único de Víctimas, una cifra que clama sobre la necesidad de unirnos en defensa y atención de esos colombianos a quienes la violencia los ha tocado de frente.

Dejo claro que estas no son defensas de oficio ni tampoco hay aquí un cálculo político. Pero como en el caso de Jara, al recién nombrado Ministro Londoño también le corrió pierna arriba una crecida de aguas negras, y a tan solo unas horas de habérsele nombrado, otra respetada colega, la representante María Fernanda Cabal, le acusaba vía Twitter de tener hermano guerrillero encargado de las finanzas de las Farc. Horas después ella misma debió rectificar la información.

En medio de la división que creó en el Partido Verde la designación de Londoño, todo el cuerpo de Representantes y Senadores fuimos puestos en el canasto genérico de políticos corruptos cooptados por la mermelada. La estudiosa senadora Claudia López aprovechó el nombramiento para advertir en redes y medios sobre las corruptas relaciones del Ejecutivo y el Legislativo.

“Este gobierno le roba plata del presupuesto de los colombianos, para que el señor Cárdenas, que por eso es un héroe en el Congreso, la distribuya en cupos  que asigna de 5, 10 o 15 mil millones para comprar congresistas y los apoye...”. Declaraciones en La W.

No me siento aludido y uno mi voz a la de muchos otros representantes y senadores para que se respete el trabajo del Congreso y se confíe en el recto juicio del Gobierno en esta etapa. En momentos de pésima imagen de la Corporación, debe ser nuestro compromiso rescatar su carácter deliberativo y dialéctico con criterios de responsabilidad, seriedad y buen juicio. Mi llamado es para que esperemos las ejecutorias de los nuevos funcionarios y después sí criticarles y hacerles control político, si las condiciones así lo requieren. También que se reconozcan sus buenas decisiones. Pero para que una u otra cosa suceda, lo primero y fundamental es dejarlos posesionar y trabajar para después sí evaluar su gestión.

• La cita es el próximo jueves 14 de abril en la Asamblea Departamental
• Propuesta por los representantes Andrés Felipe Villamizar, Jack Housni y Ana Paola Agudelo.

El próximo jueves 14 de abril, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizará una sesión especial en la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de escuchar a las instituciones y ciudadanos luego del pronunciamiento del 17 de marzo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio con Nicaragua.

Precisamente, el pasado 31 de marzo, la Comisión Segunda, encargada de los temas de política internacional, nacionalidad, fronteras y fuerzas públicas, entre otros asuntos; aprobó la propuesta de Andrés Felipe Villamizar Ortiz, representante liberal, para revisar directamente en el Archipiélago los efectos del pronunciamiento de la CIJ. La moción fue suscrita por los representantes Jack Housni Jaller y Ana Paola Agudelo.

A la sesión están invitados los raizales, autoridades locales y nacionales, gremios y fuerzas vivas para que expresen sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el Departamento.

• Lugar: Asamblea Departamental. Avenida Francisco Newball # 6-92. Sector Carpinter Yard.

• Hora: 9:00 a.m.

Carta del representante Andrés Felipe Villamizar. 

- El primer ejercicio de esta propuesta se haría en el Plebiscito por la Paz que analiza la Corte Constitucional.

- Países como Costa Rica cuentan ya con experiencias positivas escuchando a las nuevas generaciones.

Permitir la participación simbólica de los jóvenes menores de 18 años en algunas de las elecciones populares, es el centro de la propuesta que esta semana le hizo Andrés Felipe Villamizar Ortiz, representante liberal a la Cámara por Bogotá, en carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos como parte de una urgente pedagogía para la paz.

“Una democracia de consensos se construye dándoles a todos la oportunidad de expresar sus opiniones con respecto a los asuntos fundamentales que nos unen como nación”, manifiesta Villamizar Ortiz en la misiva en la que se propone que hombres y mujeres entre los 12 y 17 años puedan ejercer el voto simbólico. “La paz es la construcción de una nueva democracia”, explicó.

Países como Costa Rica cuentan ya con experiencias positivas escuchando a las nuevas generaciones. En este sentido el Representante liberal considera fundamental que los jóvenes puedan hacer oír su voz en la construcción colectiva de una paz que ayude a fortalecer nuestra democracia.

“El Plebiscito por la paz que analiza la Corte Constitucional es la oportunidad para que usted, Señor Presidente, invite a los menores de edad a depositar un voto simbólico que, estoy seguro, mostrará el apoyo de los jóvenes de este país a los acuerdos logrados en Cuba y, muy seguramente, a los venideros con el ELN, cuando llegue ese momento”, manifestó Villamizar Ortiz.

Este es el texto completo de la misiva que fue enviada también al Registrador, el Ministro del Interior y los jefes de las delegaciones para los diálogos con las FARC y el ELN.

• El primer ejercicio de esta propuesta se haría en el Plebiscito por la Paz que analiza la Corte Constitucional.
• Países como Costa Rica cuentan ya con experiencias positivas escuchando a las nuevas generaciones.

Permitir la participación simbólica de los jóvenes menores de 18 años en algunas de las elecciones populares, es el centro de la propuesta que esta semana le hizo Andrés Felipe Villamizar Ortiz, representante liberal a la Cámara por Bogotá, en carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos como parte de una urgente pedagogía para la paz.

“Una democracia de consensos se construye dándoles a todos la oportunidad de expresar sus opiniones con respecto a los asuntos fundamentales que nos unen como nación”, manifiesta Villamizar Ortiz en la misiva en la que se propone que hombres y mujeres entre los 12 y 17 años puedan ejercer el voto simbólico. “La paz es la construcción de una nueva democracia”, explicó.

Países como Costa Rica cuentan ya con experiencias positivas escuchando a las nuevas generaciones. En este sentido el Representante liberal considera fundamental que los jóvenes puedan hacer oír su voz en la construcción colectiva de una paz que ayude a fortalecer nuestra democracia.

“El Plebiscito por la paz que analiza la Corte Constitucional es la oportunidad para que usted, Señor Presidente, invite a los menores de edad a depositar un voto simbólico que, estoy seguro, mostrará el apoyo de los jóvenes de este país a los acuerdos logrados en Cuba y, muy seguramente, a los venideros con el ELN, cuando llegue ese momento”, manifestó Villamizar Ortiz.