Fuente Oficina Prensa HR. Carlos Rojas

Pitalito, 14 de Marzo de 2013.-Los recientes hechos protagonizados por los campesinos productores de café del país no solamente sirvieron para que el gobierno decidiera un precio de sustentación del grano y la creación de programa de Protección al Ingreso Cafetero, sino para el surgimiento de un nuevo liderazgo cafetero en el país y demostrar lo que todo el mundo sabía pero que el gobierno no quería reconocer: la llamada Institucionalidad Cafetera actual no representa los intereses del sector.

Lo anterior, quedó evidenciado luego de la reunión del Presidente Santos y sus Ministros con los flamantes Directivos de la Federación Nacional de Cafeteros para tratar de conjurar el movimiento que en ese momento mantenían por lo menos 40 mil campesinos en buena parte de los departamentos productores de café enColombia.

Los campesinos, con sobrada razón, no solamente no reconocieron el “acuerdo”, que para ellos era unilateral, sino que exigieron el dialogo directo con los funcionarios nacionales para exponer su problemática y definir los acuerdos a que se debía llegar para levantar el paro que se prolongó por doce días.

El gobierno no tuvo más remedio que reconocer que la Institucionalidad Cafetera perdió su norte, desconoció su misión y se quedó sin base social, por lo tanto tenía que cambiar de interlocutor; uno con real representatividad y con intereses más cercanos al querer de los miles de agricultores que exigían el mejoramiento de las condiciones para desarrollar su actividad productiva.

La movilización nacional demostró igualmente que el mapa cafetero ha cambiado y que de igual manera el liderazgo del sector también se ha trasladado hacia el sur de la región andina, lo cual demuestra que el Huila es “el nuevo eje de la calidad del café”, y el génesis del relevo generacional de la dirigencia cafetera del país.

No será tarea fácil la recuperación de un sector que hasta hace algunos años era el principal renglón económico nacional, con grandes fortalezas como su propio sistema financiero, (Banco Cafetero y Concasa) medio de transporte marítimo y aéreo (Flota Mercante Grancolombiana y Avianca), la hegemonía del mercado mundial junto con Brasil, un boyante Fondo Nacional del Café, y tantas otras ventajas que poco a poco fueron desapareciendo, unas vendidas al mejor postor, sin que los cafeteros se beneficiaran; otras dilapidadas sin compasión por las directivas de la Fedecafé.

Pero es necesario que el nuevo liderazgo surgido asuma la responsabilidad depositada por los campesinos durante la movilización pasada y se inicie un proceso de reestructuración de los organismos de representatividad, a fin de que quienes lleven la vocería de las bases, sean intérpretes del sentir de los productores y su compromiso permanente sea en de defender sus intereses por encima de cualquier otra consideración.

La otra necesidad urgente es que el gobierno, quien quiera que sea el presidente o los ministros, se ponga de lado de los colombianos y no de las multinacionales extranjeras o nacionales que viven del negocio de la exportación de café y la importación de los insumos agrícolas, pues de nada nos va a servir que se eleve un poco el precio de la carga si se aumenta en la misma o mayor proporción el valor de un bulto de fertilizante. Es necesario que el gobierno sienta lo que le duele a los campesinos colombianos sin necesidad de que éstos tengan que salir a las carreteras a protestar y poner en jaque al resto del país para poder ser escuchados y atendidos por los funcionarios del Estado.

No estoy de acuerdo con los paros y demás vías de hecho, pero nadie puede desconocer que el realizado de los campesinos cafeteros fue absolutamente justo y además necesario.

Lunes, 04 de Marzo de 2013 

Por Carlos Augusto Rojas Ortiz 

Lo dijimos desde el año anterior, lo ratificamos hace ocho días y los reafirmamos hoy: La movilización cafetera no es un movimiento cualquiera y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos tiene que poner atención.

Hoy, cuando miles de campesinos completan ocho días en las carreteras nacionales, el país ha podido darse cuenta de que la problemática no se circunscribe a la exigencia de un mejor precio para el producto, sino que la situación de abandono en que se encentra el campo colombiano amerita un mejor tratamiento por parte del Gobierno Nacional.

Cómo la han dicho y reiterado a lo largo del país los campesinos, ellos no están en la vías por que les guste o estén acostumbrados a dejar sus parcelas abandonadas y salir a hacer manifestaciones en contra o a favor de alguien, sufriendo las inclemencias como el frio y la lluvia o durmiendo en precarias condiciones como les ha tocado durante toda esta semana. Los ha movido es la angustia, la desesperación y la necesidad de que su actividad les brinde los medios necesarios para vivir dignamente con sus familias.

Pretender ignorar el movimiento y el liderazgo de quienes se mantienen en la protesta ha sido un grave error del gobierno y lo ha demostrado el desconocimiento del arreglo a que llegaron el sábado los ministros y el Comité Nacional de Cafeteros por parte de los labriegos.

Lo han repetido hasta la saciedad que no se sienten representados los cafeteros de base en ese comité, porque sus miembros tan pronto fueron elegidos se olvidaron de su procedencia y se acomodaron muy fácil y no gratuitamente al lado del gobierno para oponerse a las propuestas e iniciativas que llegan desde las regiones productoras.

Los productores han reconocido su error y hoy, por lo menos en el Huila, desconocen por completo a su representante, el médico Fernando Castro Polanía, quien lo único que tiene de cafetero es que le gusta tomar café entre consulta y consulta o en las tertulias con su amigos más cercanos, que por supuesto no son los campesinos cafeteros del departamento, o la presencia del Presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, que devenga salarios comparables (12) doce veces con el valor que tiene en el mercado de pueblo, una carga de café.

Como ha sido nuestra posición de siempre, ratificamos que no estamos de acuerdo con las vías de hecho, pues éstas traen consecuencias no deseadas y afectan a muchos de nuestros ciudadanos que no deberían sufrir las secuelas de este tipo de manifestaciones. El bloqueo de las vías restringe las libertades de muchos colombianos, afecta la dinámica de otras actividades como el transporte, el comercio e inclusive pone en peligro las vidas de las personas que no pueden recibir la atención médica oportuna por razones del cerco en las carretas.

El gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que no es nueva para él, la cual consiste en entregarle al gremio productor la tercera parte del punto adicional del CREE, (Contribución a la Renta para la Equidad), que en la pasada reforma tributaria por iniciativa del Congreso fue aprobada, (parágrafo transitorio Art 24 Ley 1527-2012. “Para los periodos gravables 2013, 2014 y 2015 el punto adicional de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24, se distribuirá así: cuarenta por ciento (40%) para financiar las Instituciones de educación superior públicas, treinta por ciento (30%) para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud, y treinta por ciento (30%) para la inversión social en el sector agropecuario. Los recursos de qué trata este parágrafo serán presupuestados en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecutoras”, sic…) Nuestra propuesta de entonces era que se destinara en su totalidad el punto adicional para el sector agrícola del país, pero la arrogancia del Gobierno apoyada por las mayorías en el Congreso, hizo que este punto se dividiera además para los sectores de salud y educación.

Con esa tercera parte del punto en mención es que el gobierno propone entregar el incentivo de entre 90 mil y 115 mil pesos según el área cultivada para los cafeteros, lo cual resuelve solo en parte uno de los seis puntos que reclaman los campesinos cafeteros del país.

La solicitud contundente que le hacemos al señor presiente Juan Manuel Santos es que tenga la humildad y la grandeza de sentarse al diálogo con los campesinos para convencerlos con propuestas de solución de desalojar las vías y permitir la libre movilidad por todo el territorio nacional, pero entregando respuestas ciertas de las peticiones y no tener solamente como alternativa el uso de la fuerza, que no por ser legal y constitucional, es la más conveniente, pues los campesinos por reivindicar sus derechos y justas aspiraciones, no pueden ser criminalizados de manera general.

Comprendemos que es una encrucijada muy difícil la que enfrenta el Señor Presidente, pues de un lado están los intereses legítimos de los pequeños productores de café del país y por el otro los derechos superiores de los colombianos a la libre movilización, la salud, la alimentación y la libertad. Sin contar que es un hecho cierto que el paro ha sido infiltrado por terroristas de las Farc que no solo han obligado a muchos campesinos a salir a los sitios de concentración, sino que han llegado hasta esos lugares para agitar y aprovechar la situación para sus oscuros propósitos de terrorismo y anarquismo.

[email protected]

El congresista,  Carlos Augusto Rojas Ortiz, frente a la necesidad de superar la delicada situación que se esta viviendo en el Huila por el paro cafetero, solicitó el desplazamiento urgente al Departamento, de una comisión de la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

La solicitud fue elevada en la noche del jueves, a través de dos peticiones, dirigidas a la Contralora, Sandra Morelli Rico y al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora; donde les pide que entren a mediar, ayudar y erradicar el paro cafetero en el Huila, por las difíciles circunstancias que se están viviendo en varios municipios y en la ciudad Neiva.

La economía se encuentra en alerta, el sector transportador, los gremios de la producción y en general todo el estamento público y privado, esta sintiendo el rigor  del paro cafetero y lo más grave la carestía empieza a imperar en municipios  como Pitalito y Garzón, le manifestó el Congresista, Rojas Ortiz, a los dos funcionarios de entes de control.

El Representante Huilense, Rojas Ortiz, quien es oriundo de una las regiones más afectadas, Pitalito; abogo y urgió por una mediación y soluciones rápidas, eficaces y efectivas, para que no se siga deteriorando la economía, el orden público y se lleguen a situaciones delicadas, como bloqueo y cierre total de las vías, enfrentamiento de líderes con la  policía,  que impedirían el desarrollo normal del Departamento. 

Por: Carlos Augusto Rojas Ortiz

Mientras el gobierno, a través de sus delegados, y los flamantes comandantes de la Guerrilla de las Farc  se solazan en la Habana  desarrollando reuniones estériles y conversaciones sin eco ni destinatario alguno, acá  en Colombia nuestros conciudadanos vuelven a sentir el temor y la zozobra que genera el terrorismo salvaje de esa organización ilegal   traducido en atentados y secuestros contra la fuerza pública y el indefenso pueblo colombiano.

No pueden pretender gobierno  y guerrilla que los colombianos  nos comamos entero el cuento de la consecución de la paz cuando se sigue asesinando y secuestrando policías y soldados como ayer en el Municipio de Nataga, poniendo bombas en los caminos de los campesinos, destruyendo de una manera aleve albergues escolares, como ocurrió también el fin de semana  en Caquetá, o mientras los cabecillas se siguen llenado con los millones de dólares que genera el narcotráfico que ellos mismos auspician y cuidan en las regiones montañosas del país.

Creo que  por un lado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe demostrarle a los colombianos que sus fuerzas militares están en condiciones de enfrentar y derrotar el terrorismo que cada que quieren ordenan las cabecillas de la insurgencia, ahora desde sus escritorios en la habana, y que ejecutan al pie de la letra sus lugartenientes en las regiones colombianas.

Debe el gobierno crear la sensación en el país de que  la autoridad y  el monopolio de las armas están en manos de la constitucionalidad y no de los grupos al margen de la ley hacen y deshacen a  lo largo y ancho del territorio  sin que las fuerzas regulares tomen el control y asuman la protección de los colombianos como está consagrado en la carta política y en los postulados  misionales de cada uno de nuestros organismos de seguridad.

Por su parte la organización guerrillera debe demostrarnos a los colombianos que realmente tienen intenciones de abandonar la delincuencia como forma de lucha y realmente quieren reincorporarse a la sociedad civil en las condiciones en que vivimos la mayoría de los habitantes de este país, es decir, trabajando para subsistir.

También deben los cabecillas de las Farc demostrar estar dispuestos a someterse a la justicia colombiana para responder por las atrocidades, crímenes y violaciones a los derechos humanos que durante más  de medio siglo han cometido en Colombia so pretexto de una justicia social que solamente los ha beneficiado a ellos y a sus cuentas en el exterior.

Mientras el Doctor De la Calle,  Iván Márquez y  compañía siguen hablando durante largas jornadas con más resultados mediáticos que reales allá en los salones condicionados de la capital cubana, acá en nuestro país los familiares de los miles de desaparecidos y secuestrados se preguntan qué fue de la suerte de sus seres queridos y claman por su libertad o al menos  se les diga donde están sus tumbas buscar sus restos y rezar por la salvación de sus almas.

El tema debe abordarse pensando más en las miles de víctimas del terrorismo guerrillero que la coyuntura de una reelección presidencial y en el beneficio judicial, económico y social de quienes por años han asesinado, secuestrado y extorsionado al pueblo colombiano.

[email protected]

Martes 5 de Febrero de 2013

En su recorrido el fin de semana, también se expresó sobre la crisis cafetera y los diálogos de paz.

A raíz del candente y acalorado debate realizado en la plenaria de la Cámara, el fin de semana y ante los medios de comunicación nacionales y regionales, el representante Carlos Augusto Rojas Ortiz ratificó la solicitud al Gobierno Nacional, que bajo ninguna circunstancia acate el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, que va en detrimento y desmedro de todo el pueblo colombiano.

En su tono acostumbrado y con sus posiciones radicales y fuertes "llamaradas", como es conocido en el Congreso, manifestó, "los colombianos no nos debemos rasgar vestiduras aduciendo cumplimiento jurídicos de carácter internacional, que menoscaban la soberanía, Colombia es un país soberano que merece respeto tanto de la comunidad internacional como de los organismo internacionales".

"La ofensa, la provocación que ha hecho C.I.J., conlleva al desacato del fallo proferido por ese organismo, como ha sucedido en otras naciones que lo han efectuado, así mismo solicitamos el retiro inmediato de Colombia como estado de ese organismo internacional de justicia", puntualizó el representante Conservador por Huila.

Nacionalismo:

En un "rifirrafe" con el representante Liberal de Putumayo, Guillermo Rivera, "Llamarada", le respondió con vehemencia que el fallo de La Haya, no es cuestión de populismo ni protagonismo, sino de nacionalismo, de defender la patria, los intereses y a todos nuestros compatriotas del atropello que se está cometiendo, esto en alusión a las críticas que Rivera realizó por la visita del expresidente Uribe a San Andrés, quien también apoya la posición de no acatar el fallo de la C.I.J.

Para finalizar, Rojas Ortiz hizo un llamado para que "todos los colombianos conformemos un frente y además se ponga en práctica la unidad nacional en defensa de los colombianos y el territorio, no podemos seguir soportando que nos maltraten, debemos hacernos respetar con altura y dignidad, además las "tradiciones son para romperlas".

Crisis Cafetera

"Si se dialoga con los terroristas de las Farc, porque no hacerlo con nuestros cafeteros"

El fin de semana en su recorrido por su departamento, el parlamentario conservador Rojas Ortiz hizo un llamado de urgencia y atención al Gobierno Nacional frente a la crisis que están viviendo los cafeteros del Huila y de todo el país.

No es admisible que se dialogue con los terroristas de las Farc que tanto daño le han hecho al país, y no con nuestros compatriotas cafeteros, que están atravesando por una situación difícil y complicada, ya es hora que el Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafeteros, se ponga la mano en el corazón y ayuden a una solución rápida, definitiva y concreta a la crisis cafetera.

Los cafeteros requieren atención urgente en estos momentos, el Gobierno Nacional debe afrontar con realidad esta dificultad y dar solución definitiva, hago un llamado para que se preste cuidado a este tema que es delicado y se puede convertir en un problema de mayores dimensiones, evitemos problemas de manifestaciones, paros y orden público, puntualizó Rojas Ortiz.

Diálogos en la Habana

El cese de fuego de las Farc es un juego perverso de los terroristas

En su recorrido por Huila y en diálogo con los ciudadanos de diferentes municipios, "Llamarada" ratificó que da poca credibilidad al anuncio de las Farc, sobre un cese al fuego unilateral.

"Es un juego mentiroso y perverso de las Farc, es una estrategia, están buscando que el Gobierno Nacional disminuya la presión que ejerce sobre diferentes campamentos y líderes guerrilleros, están acorralados, quieren frenar acciones militares", puntualizó, Rojas Ortiz.

"Las últimas acciones de ataque a la población civil y a militares en diferentes zonas del país, son la mejor prueba de lo que estoy denunciando, debemos respaldar al Gobierno Nacional en las mesas de diálogo, pero al mismo tiempo exigirle que las Farc cumplan con su palabra, que no nos digan más mentiras y engañen al país", aseguró el congresista huilense.

Mayores informes

Oficina de Prensa

HR Carlos Augusto Rojas

JOSE IGNACIO SIERRA C.
contacto 3823431
3115432340

Fuente Oficina de Prensa HR Carlos Augusto Rojas

Una vez más el país encara un esperanzador proceso encaminado a la terminación del conflicto armado y el aclimatamiento de las paz, en el cual el Gobierno Nacional y los colombianos de bien en general, como ha ocurrido en anteriores situaciones, pone la mayor cuota de sacrificio.

No cabe duda de que se trata del reto más importante que ha asumido durante su gobierno el Presidente Santos que  hasta el momento está endeuda con el país frente a las grandes necesidades de bienestar social y desarrollo en todas las regiones donde además de la guerra se debe sufrir por la falta de oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.

A pesar de que el Presidente asegura que no se está arriesgando más que su imagen y su credibilidad, la verdad es que hay mucho mas en juego, pues, los anhelos y esperanzas de toda una nación de gozar a plenitud su derecho a la paz están, o deberían estar, muy por encima de la vanidad y el ego presidencial.

Creo que este nuevo intento del Gobierno por acabar con casi seis  décadas de confrontación armada y todo lo que ello ha representado para el país como el fortalecimiento del narcotráfico  como fuente de financiamiento de las organizaciones ilegales, los secuestros, las extorsiones los asaltos a poblaciones, el asesinato de militares, policías y campesinos,  atentados terroristas y el reclutamiento de menores; debe tomarse con realismo y moderado optimismo.

No sería la primera vez que la guerrilla se burla del gobierno y del país. No hay que ir muy lejos para ver cómo las Farc, no solamente le han sacado provecho a las bondades del Gobierno para fortalecerse militarmente, tomar nuevo aire y arreciar después contra la población civil, la infraestructura eléctrica y vial mientras llenan sus arcas con el negocio de la droga que se produce en las regiones que ellos han dominado durante años.

Para poder creer en las buenas intensiones de los insurgentes deben como mínimo esta vez, decretar el cese el fuego de manera unilateral, pues son ellos los que están en contra del orden social, y decirle al país dónde están  los secuestrados que aun permanecen en su poder, o si no los tienen, dónde están sus tumbas.

Muchos de los puntos que se han puesto sobre las mesa durante las jornadas exploratorias no deberían ser exigencia  de la organización ilegal  sino  una prioridad del gobierno. ¿Acaso se tiene que contar con la licencia de los subversivos para encarar un proceso que permita mejorar la productividad  del campo colombiano y permitir que más campesinos sean propietarios de sus parcelas?  O, ¿Hay que pedirle permiso a los frentes guerrilleros para combatir eficazmente el narcotráfico ¿ O para mejorar los sistemas de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza?

¿Será que el Gobierno Nacional no puede implementar y poner en marcha políticas ciertas de sustitución de cultivos de uso ilícito? ¿O  para resarcir a las víctimas del conflicto en términos de derechos humanos, reactivación económica,  verdad y justicia sin que se tenga que poner a hablar del tema durante quien sabe cuánto tiempo con los jefes guerrilleros en Cuba y Noruega?

Éstos, como la paz, son derechos de los colombianos que el gobierno debe garantizar sin tener que  concesionarlos con ninguna organización delincuencial.

Carlos Augusto Rojas Ortiz, Representante a la Cámara por el Departamento del Huila, pertenece a la Comisión de

Paz y Comisión Primera.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos en compañía de funcionarios del Gobierno y miembros de los cuerpos oficiales y voluntarios de Bomberos de Colombia,  promulgó y socializó en días pasados  la Ley que otorga herramientas para el trabajo realizado por los hombres que salvan y protegen vidas. 

Se trata de la Ley 1575 de 2012, “por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”, es un reconocimiento y una deuda pagada con el grupo de colombianos más héroes, patriotas, entregados y nobles del país; ya no serán tratados como “cenicientas”. Sus únicas herramientas en muchos casos, era la voluntad, el amor y la dedicación por el oficio.

Como un Bombero más, “lo cierto es que volver este sueño una realidad”, ha sido un trabajo arduo y duro, recorrer el país observando todas las dificultades de nuestros bomberos no fue una tarea fácil, pero eso sí agradable y gratificante, es una Ley, pero más que eso es una “política pública” que se requería con urgencia y que beneficiará no solo a 22 mil bomberos, sino a 44 millones de personas .

Entre los principales puntos que hay que destacar de esta Ley son: Creación de una Dirección Nacional de Bomberos y Departamento Administrativo, se contará con Presupuesto propio para las funciones que se tienen que desarrollar, Profesionalización de la carrera bomberil, se podrán adquirir equipos modernos y de última tecnología, las máquinas se estandarizarán, se tendrán cursos de capacitación y actualización en la materia, los bomberos tendrán un seguro de vida por el riesgo de la profesión.

Ahora se tendrá una entidad organizada, estructurada, con herramientas modernas y tecnología de avanzada, nuestro país se pone a la vanguardia para atender en el futuro calamidades de tipo natural  ó antrópico  que se registren en cualquier sitio del país.

Es un justo reconocimiento a la abnegada labor de nuestros bomberos, es una buena manera de dignificar la profesión, una decisión trascendental para el país, a partir de hoy nuestros bomberos se convierten en una organización con capacidad de respuesta rápida y eficiente

Aquí arranca otra tarea, es la reglamentación y puesta en marcha de esta Ley, estaré atento y mi trabajo será de 24 horas para que salga adelante, gracias a todos los que intervinieron en la estructuración y construcción  de esta iniciativa; el Gobierno Nacional en su totalidad, a los colegas del Senado y Cámara, a todos los bomberos del país que fueron fundamentales para sacar adelante la Ley 1575.  

“Los Hombres pasan, las Instituciones quedan”.

Carlos Augusto Rojas Ortiz, Representante a la Cámara por el Huila. Coordinador Ponente de Ley General de Bomberos, Capitán (r ) Bomberos. 

Un  proyecto de ley a través del cual se le otorga a los bomberos de Colombia  el estatus y la dignidad que merecen por su abnegada labor, capacidad de sacrificio predisposición permanente al servicio a los demás, cursa por iniciativa nuestra  en el congreso de la república.

La nueva norma denominada,   ley general de Bomberos de Colombia,  busca definir las responsabilidades de la gestión integral del riesgo contra incendios, estructurar la organización bomberil y dotar al organismo de socorro de autonomía presupuestal administrativa y operativa en  todo el territorio nacional.

Con ésta se deroga la ley 322 de 1996 y se establece un nuevo ordenamiento jurídico  para el funcionamiento del organismo que se denominará en adelante Bomberos de Colombia, el cual contará con una estructura nacional con mayor capacidad operativa y capacidad de respuesta ante los requerimientos que se hacen en todas las regiones frente a la gestión integral del riesgo contra incendios y demás calamidades conexas, entendida como servicio público esencial a cargo del estado.

El proyecto de ley desarrolla en su contenido las responsabilidades del organismo en cuanto sus funciones, e identifica los medios con los cuales el estado deberá prestar este servicio, al tiempo que define las competencias de los Bomberos tanto en el nivel nacional como en departamental y municipal.

En primer lugar se propone la creación de la Unidad Administrativa Especial, dependiente del Ministerio del Interior, la cual ejercerá la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, dándole especial relevancia y organización  a estas instituciones que pasan a ser manejadas, vigiladas y desarrolladas directamente desde el orden Nacional.

A través de este proyecto legislativo se redefine la  clasificación de las organizaciones de bomberos teniendo como columna vertebral  la Dirección Nacional con jerarquía, línea de mando y comunicación directa con las regionales, de tal forma que los colombianos sepamos  y sintamos  que tenemos una  institución  especializada, capaz y preparada para la prevención, atención y control de incendios y demás calamidades conexas de tipo natural o antrópico que se puedan presentar. Para tal efecto se propone la clasificación como:

•Cuerpos de Bomberos Oficiales, para denominar a aquellos organismos que sean creados  por los concejos distritales o municipales, para el cumplimiento del servicio público de gestión integral del riesgo contra incendio  a su cargo en su respectiva jurisdicción.

•Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, que serán aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las Secretarías de Gobierno Departamentales y certificados por la Dirección Nacional de Bomberos, para la prestación del servicio público contra incendio.

•Los Bomberos Aeronáuticos, dependientes de la Aeronáutica Civil y organizada como tal de manera especializada para la gestión integral del riesgo contra incendio y demás calamidades conexas propias del sector aeronáutico.

 

El fortalecimiento institucional que se planeta en la norma, va de la mano con la cualificación del organismo tendiente a la profesionalización de la actividad de los bomberos en el país, de tal forma que las unidades que prestan este servicio sean personas idóneas, capacitadas, comprometidas con la mística que idéntica a los bomberos del mundo.

Mediante la aplicación de esta nueva ley, se busca también que el nivel central asuma la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento de la funcionalidad del organismo de bomberos, liberando de alguna manera la carga que hoy es responsabilidad absoluta de las administraciones municipales, cuyos exiguos presupuestos no permiten la prestación de un servicio adecuado y oportuno.

La dignificación de la profesión de bombero es una de las justificaciones que tiene la ley que cursa actualmente en el Congreso Nacional, pues a través de la nueva estructura se establecen los parámetros y las condiciones que deben cumplir los aspirantes a pertenecer a este organismo nacional, ya sea como profesional o como técnico, según el grado de formación, experiencia y conocimiento del oficio. 

Consulte original

Las consultas de los partidos políticos como mecanismo para escoger internamente los candidatos a los cargos y corporaciones públicas en las elecciones se han convertido en un arma de doble filo con la que, en muchas ocasiones, se corta de un solo tajo la aspiración de curtidos dirigentes de seguirle prestando sus servicios a su colectividad o, por el contrario, se premia a los “paracaidistas”  que llegan a éstas sin ningún mérito o mediante artimañas poco éticas y morales.

Si bien es cierto este ejercicio, a mi manera de ver, es un buen elemento para dinamizar  los partidos y movimientos políticos aletargados y confundidos por la falta de un verdadero liderazgo,  pues, anima a la participación ciudadana, no es menos cierto que éstas se prestan para la intromisión indebida de otras tendencias que desdibujan y tergiversan los resultados finales.

En esta encrucijada se encuentra el partido conservador en el Huila y en muchas regiones colombianas,  debido a que sobre él han llovido innumerables candidaturas que hasta hace algunos días ni siquiera se pensaban.

La falta de una reglamentación que impida esas tercerías, a fin de que sean  los miembros de la colectividad quienes decidan de manera autónoma, libre y democrática quienes serán sus representantes en las justas electorales, está dando al traste a este mecanismo que, repito, es un buen mecanismo de decisión interna de los partidos.

Son esas intromisiones de terceros las que han sacado del juego los mejores dirigentes y las mejores propuestas, con el ánimo exclusivo de “inflar” candidaturas  débiles para luego derrotarlas fácilmente en la contienda final.

Otro aspecto negativo es el “paracaidismo”   que se registra en las consultas pues, como ya se ha visto, no son pocos los casos en los que se ha forzado a la realización de este ejercicio, que no deja de ser costoso y desgastador, porque a cualquier fulano se le ocurrió que    puede aspirar a un cargo de elección popular.

Flaco servicio se prestan a la democracia estos advenedizos  del partido conservador que llegan de otras tendencias políticas a “aterrizar” en nuestros fértiles suelos trayendo únicamente la semilla improductiva de la deslealtad y la desconfianza. Como me decía un amigo en Pitalito “no es suficiente tener la plata para financiar una campaña para considerarse con derecho a gobernar un pueblo”, hay que tener mucho más que chequeras y jugosas herencias para pretender  orientar los destinos de una comunidad.

Hasta este momento en departamentos como el Huila, las consultas lo único que han logrado es una desbandada de arraigados líderes con tradición, trabajo,  lealtad y compromiso con nuestro partido hacia otros movimientos, buscando de esa manera  no caer en el juego sucio, desleal y maquiavélico de sus contradictores.

Un caso para mostrar es el de Melquicedet Achuri Gómez, en el municipio de Isnos, dos veces alcalde de su pueblo por el partido conservador, un luchador y defensor de su ideología y un líder innato del conservatismo sur huilense, quien debió  buscar un  nuevo aval ante la falta de garantías para participar en la consulta.

Otro ejemplo es del médico Nelson Gerardo Figueroa Villamil, en Pitalito, quien asegura que no hay suficientes garantías para participar en el ejercicio  y prefiere abrirse paso a nombre de otra colectividad.

Lo mismo ocurre en el proceso de elección de los  aspirantes a concejos y asamblea,  en el cual los dirigentes con trayectoria y compromiso conservador se ven abocados a competir en una contienda previa con quienes apenas asoman sus desconocidos rostros a en el escenario político localy regional.

Ojalá que en las consultas o encuestas prevalezca el juego limpio para que el partido pueda conocer su verdadera situación en el departamento y en cada una de las localidades  y no se “inflen” los resultados como consecuencia de la intromisión de otros partidos. 

Consulte original

Los deslizamientos, los derrumbes y  los taponamientos en las vías a causa del invierno que azota el país están a la orden del día en todos los medios de comunicación y son en buena parte el tema de los noticieros de televisión, las portadas de los diarios y  los titulares de los informativos de radio  en las últimas semanas.

Sin embargo, los despliegues periodísticos se circunscriben a las fallas que se presentan en las grandes trocales viales  que atraviesan la geografía nacional y comunican entre sí a las ciudades capitales por ser éstas las que transportan grandes cantidades de personas, especialmente en una época de temporada alta de turismo como la que acaba de concluir.

Lejos están de acercase siquiera a la realidad  que viven las comunidades ubicadas en los sectores rurales cuyas vías, todas sin pavimentar,  son las que con mayor rigor sufren las consecuencias del invierno, no solo por la inhóspito de la topografía, sino por la falta  de un adecuado mantenimiento preventivo.

Son las pequeñas poblaciones rurales enclavadas en las cordilleras de nuestro país las que quedan incomunicadas durante varios días e inclusive semanas a causa de las crecientes de los ríos y quebradas,  los deslizamientos que cubren las bancas carreteables, o simplemente porque las lluvias las convierten en intransitables  debido a la pérdida de la capa   de rodamiento.

Son estas vías “terciarias” que deberían llamarse primarias,   porque por allí es que se transportan los productos del sector primario de la economía del país que surten los grandes centros de mercadeo,  deberían tener otro tipo de tratamiento por parte del Estado.

Actualmente son los municipios los responsables de mantener esta extensa red vial que comunica los centros de producción agrícola con sus cabeceras urbanas, sin que éstos cuenten con la maquinaria ni los recursos necesarios para atender los requerimientos de las comunidades.

Con sus exiguos presupuestos las administraciones locales se ven en calzas prietas para mantener en buenas condiciones de transitar las carreteras veredales, debido a que el Estado Nación solo les gira  anualmente una insignificante cantidad de recursos que muy poco representa frente a las grandes necesidades.

Para un municipio como San Agustín, Huila,  que cuenta con una red vial terciaria cercana a los 275 kilómetros, la nación solo transfiere un promedio de cuarenta millones de pesos anuales. Si se tiene en cuenta que mantener un kilómetro cuesta en promedio un millón de pesos,  tendremos que más del 60 por ciento de la carga la lleva el municipio, tal como ocurre con la mayoría de localidades del país.

¿Qué decir de municipios como Acevedo, que tienen menos presupuesto y por lo menos tres veces más de vías bajo su competencia? La situación es simplemente insostenible.
 

Por eso hemos propuesto al Gobierno Nacional un cambio sustancial en el manejo de este aspecto para liberar a los municipios de esta pesada carga y entregarle esa responsabilidad al nivel central,  a través del Ministerio de Agricultura como parte fundamental de la locomotora del desarrollo del sector predictivo agropecuario del país.

Se lo dijimos al señor Presidente de la República antes de su elección y se lo hemos ratificado ahora como primer mandatario de los colombianos.  Él  muy generosamente ha recibido nuestra propuesta  para que se incluida en el Plan de Desarrollo Nacional que se discute actualmente en  el Congreso nacional.

De aprobarse esta iniciativa de génesis nuestra, las vías terciarias serán prioridad del Estado y los productores  del campo no tendrán que sufrir tanto para llevar sus productos al mercado, éstos llegaran en mejores condiciones de conservación y los consumidores podrán adquirirlos de mejor  calidad pagando un mejor precio por ellos, lo cual generará a su vez, mejores condiciones de vida para nuestros sufridos campesinos.

Esta será una lucha que daremos en el Congreso nacional donde esperamos la solidaridad de todos los honorables representantes y senadores, especialmente de aquellos  de origen campesino y provincial que conocen las penurias que sufren quienes son el sustento del sector primario de la economía nacional.

Consulte original

Durante la presente semana, la mayoría de actividades del acontecer  cotidiano en Colombia entran en una especie de  “stand by”, se dedica mucho tiempo a la reflexión y se hacen  actos de contrición en busca de enderezar al camino hacia la gracia celestial  y   mejorar nuestras relaciones en el plano terrenal.

Claro que no todas las actividades entran en ese plan. Por estos días la contienda política que se vive en todas las regiones del país es una de esas excepciones, pues, nadie quiere  dar la oportunidad  de que su contendiente aproveche  y le despoje de sus potenciales electores en medio de las procesiones,  viacrucis y sermones.

No obstante el ajetreo político y el afán electoral, es bueno que nos detengamos  unos instantes para hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el interior del partido Conservador en el Huila, y muy especialmente dentro del movimiento de Integración Conservadora, tendencia a la cual he pertenecido desde siempre.

Sin querer posar  de redentor,  creo que es necesario que quienes tenemos la representación de un partido tan importante  históricamente en nuestro departamento,  tengamos la capacidad de actuar por encima de las parcelas políticas y las divisiones intestinas y llamemos a la unidad a nuestras bases con criterios serios,  pensando en la salvación del desarrollo huilense que parece hundirse en el infierno del ostracismo y el olvido estatal.

Hay que salirle al paso a la pecaminosa práctica de los fariseos de ahora que convierten a nuestros líderes de base en modernos Judas que se venden por una cuantas prebendas personales  sin detenerse a pensar las consecuencias que su actitud traerá en el futuro para su comunidad.A esos  fariseos de hoy  que salen incólumes de su “sanedrín”   a tratar de poner palos en las ruedas de los nuevos liderazgos regionales, cargándoles la cruz de la ingratitud y el despreciable y arrogante abuso de poder, para impedir que en otrora sus amigos, puedan engendrar ahora procesos democraticos en busca de alcanzar el favor popular.

Quienes hemos alcanzado espacios de representación politica en el Congreso de Colombia, no podemos  en la embriaguez tozuda del poder creerrnos “emperadorcitos” capaces de poner y quitar en el contexto de los liderazgos , pues es ir en contravía de las desiciones soberanas de un pueblo  que solo se construyen con el diario acontecer de servicio a una comunidad. La credencial de Congresista debe ser sinonimo de humildad y servicio a un pueblo que me ha elegido y no pasaporte a la ingratitud, deslealtad, arrogancia y practica de las mas miseras condiciones  de persona sin valores  ni respeto por la fé cristiana donde fuimos bautizados.

Las bases conservadoras y su dirigencia debemos ponernos de acuerdo en la necesidad de fortalecer cada vez más nuestra presencia efectiva en la solución de las necesidades más sentidas de las comunidades Huilenses.  Eso solo lo lograremos unificando criterios en torno a los liderazgos locales; reconociendo el trabajo, la lealtad y la capacidad de los dirigentes que han hecho historia conservadora en cada municipio.

Se logra igualmente demostrando gestión y apoyo a las solicitudes que desde la provincia hacen nuestros representados ante las altas esferas de gobierno para llevar soluciones concretas a sus comunidades. Se logra trabajando de la mano con el pueblo.

No es posible que sigamos inventándonos liderazgos solo para atravesárnosle a quienes con denodado esfuerzo y sacrificio han forjado su camino político y ahora ponen a consideración de las mayorías sus nombres para acceder a cargos y puestos de representación popular.

No es posible que estos fariseos  pontifiquen como conservadores hoy a quienes como Judas, se coinvierten en traidores de su causa y posan como miembros de esta colectividad sin importarles que mañana tengan que colgarse del cuello con la soga de la derrota política que sus propias comunidades le darán el próximo 30 de octubre.

La colonización de nuevos territorios políticos debe hacerse mediante el acompañamiento a las comunidades y a sus líderes. No se puede pretender abrirse paso y conseguir adeptos para una causa prometiendo por enésima vez “puentes”  donde no hay ríos y casas en el aíre sin haber puesto siquiera el primer ladrillo para las bases  del desarrollo  de  toda una región.

El examen de conciencia deber ser también por parte de las comunidades y sus líderes de base, para que se dejen guiar por dirigentes que hayan demostrado compromiso y lealtad. Aquellos que conozcan sus necesidades, las sientan y quieran involucrarse en la solución. No más fariseos y judas. Los primeros se van después a su sanedrín con sus arcas llenas y los segundos con un puñado de monedas a seguir esperando un nuevo proceso para venderse al mejor postor.

Consulte original

Realizar obras de infraestructura de gran envergadura sin aplicarle el componente social en una región, es abrir cada día más la brecha entre  el subdesarrollo y la riqueza. Es facilitarle a los pequeños conglomerados económicos seguir amasando grandes capitales, mientras las grandes minorías se quedan viendo pasar el desarrollo por el frente de la puerta de sus casas.

No cabe duda que el departamento del Huila ha avanzado en los últimos años significativamente en mega estructuras, (caso hidroeléctrica de Betania),   que  hemos  logrado mejorar en materia de conectividad vial y aérea  a nivel interno y con el resto del país y que se avizora un panorama  despejado en cuanto a la inversión de grandes capitales en territorio huilense para el inmediato futuro.

Proyectos como la posibilidad de construir la doble calzada entre Espinal y San Agustín, la terminación de la pavimentación de todos los corredores viales que interconectan al departamento con departamentos vecinos y otros países como ecuador y Venezuela, o la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo, o la interconexión eléctrica con Sudamérica  deben ser factores de desarrollo y verdadero mejoramiento de la calidad de vida para todos los huilenses.

De nada sacamos con que nuestro territorio sea atravesado por grandes vías carreteables, si el progreso que se transporta por ellas pasa de largo y nuestros pueblos y ciudades apenas se convierten en “almorzaderos” y sus habitantes en observadores pasivos del paso del desarrollo empacados en  grandes contenedores hacia otras regiones.

Tampoco se beneficiarán nuestras comunidades del hecho de que el Huila sea el departamento con mayor producción de energía eléctrica, con dos grandes generadores, si seguimos teniendo un servicio a media o en muchas regiones rurales ni si quiera se cuenta con él,  aun cuando por su territorio pase las redes de alta tensión.
De allí la importancia de que los huilenses sepamos escoger con mucho tino y sin apasionamientos de género a un administrador que sea capaz de impulsar  el desarrollo del departamento, sin olvidarse de  su gente.

El Huila necesita un gestor con capacidad gerencial. Un hombre que conozca y maneje las relaciones al más alto nivel, no con la mano tendida y la cabeza baja como mendigando migajas, sino proponiendo alternativas viables y proyectos posibles con el pulso firme y la cabeza altiva.

Pero también un gobernante que le duela su pueblo. Un líder con la capacidad de orientar a las comunidades hacia la construcción de su propio destino, un dirigente que haya sido capaz de abrirse camino por sí solo en el difícil mundo  empresarial  y comparta con sus gobernados su experiencia y los lleve al éxito.

El próximo gobernador de los huilenses debe ser un hombre con criterio propio. No podemos darnos el lujo de poner al frente de los destinos de nuestro departamento a una figura simbólica detrás de la cual sean otros los que “gobiernen” y den las órdenes con el pretendido derecho  de ser los caudillos electorales, o de querer convertirse en los nuevos caciques, sin si quiera ser dueños de sus propios votos o méritos para tenerlos.

El Huila tiene una gran oportunidad este 30 de octubre de escoger entre los candidatos a la gobernación a un hombre con la templanza y visión a que nos acostumbró ese líder indiscutible del sur del Huila, Héctor Polanía Sánchez. Un hombre que no le tiemble la voz para reclamar los derechos de su pueblo ante el gobierno central, pero que sea capaz de escuchar el clamor de los huilenses más humildes y proponer soluciones.

Estas y otras condiciones las reúne el  laboyano, Jorge Fernando Perdomo. Un gerente, un líder, un gran emprendedor.  Una gran oportunidad para nuestro departamento.

Consulte original

Dando continuidad a lo aplicado en el periodo constitucional anterior de los parlamentarios, una vez más quienes llevamos la responsabilidad de representar a cinco departamentos del sur colombiano ante las altas esferas nacionales, nos hemos unido para gestionar y trabajar pensando en la región como un todo, reconociendo todos los elementos que las unen y las identifican, pero que al mismo tiempo las hacen diferentes.

Desde el primer momento en que asumimos nuestras posiciones como senadores y representantes, los 41 congresistas de los departamentos del Tolima, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Huila decidimos actuar unidos en la defensa de los proyectos de desarrollo que necesita esta región como reserva natural y principal despensa agrícola de nuestro país.

Lejos de las mezquindades y parcelaciones políticas y sin detenernos en los límites geográficos, los 19 senadores y los 22 representantes hemos logrado consolidar un equipo de trabajo cuya misión fundamental es la de aportarle a esta macrorregión las herramientas y los mecanismos necesarios para alcanzar un alto grado de desarrollo bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

Bajo los postulados de la mesa de unidad nacional liderada por el señor Presidente Santos, hemos logrado incluir un gran número de proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales están encaminados a la consolidación de la región surcolombiana como epicentro del desarrollo del país en los próximos años y a posicionarla como la más importante fuente generadora de riqueza y progreso para nuestro país.

La inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de grandes proyectos viales como la construcción de la doble calzada Espinal-Neiva-San Agustín, en los departamentos de Tolima y Huila; la pavimentación de la vía Santana -Villa Garzón en el Putumayo; San José del Fragua-Florencia-San Vicente del Caguán en el Caquetá; la doble Calzada Popayán, Santander de Quilichao-Villa Rica Jamundí en el Cauca, y la terminación del corredor arterial Popayán-Paleará Isnos en el Cauca y Huila , son solo una muestra del trabajo en bloque que hemos venido cumpliendo en el Congreso Nacional.

Nuestro pensamiento de región va mucho más allá de la conectividad vial como elemento fundamental para la integración de la región a los procesos de productividad del país. Nos hemos empeñado además en que las políticas públicas de protección y conservación de los recursos naturales, de los cuales somos la gran reserva del país, cuenten con las herramientas necesarias y aplicables para volverlas realidad.

En este sentido nos abanderamos del proyecto de protección y conservación del gran Macizo Colombiano, buscando que las 3’268.237 hectáreas que conforman este ecosistema estratégico sigan siendo reserva de la Biosfera como fue declarado por la UNESCO desde 1972.

En materia del desarrollo minero-energético le hemos apuntado a la interconexión del oleoducto transandino Guapí- costa Pacífica caucana, a la explotación petrolera del sur colombiano y a la construcción de la Hidroeléctrica del Alto Andakí, para vincular al departamento del Caquetá a la generación de energía eléctrica nacional.

La unidad congresional nos ha permitido igualmente fortalecer nuestra capacidad de acción y gestión para impulsar las iniciativas que requiere el departamento del Huila para su proyección y desarrollo. Proyectos como el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Neiva, la pavimentación del circuito turístico del sur, el “bambucódromo” y un adecuado recinto ferial para la capital opita; el parque Temático de La Tatacoa, figuran dentro del compendio de propuestas entregadas al gobierno nacional para la región en el mediano plazo.

Gracias al apoyo de la bancada surcolombiana y por iniciativa de los senadores y representantes huilenses, también se incluyen hoy en el Plan Nacional de Desarrollo la implementación del Parque Eco turístico del Macizo Colombiano, en Pitalito, el parque de Los Andakíes, en San Agustín, el fortalecimiento del Parque Isla y la construcción del Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, en la ciudad de Neiva.

“Dos cabezas piensan más que una”, dice el refrán popular. En esta oportunidad podemos decir que seis departamentos pueden más que uno y los resultados de esta unidad de esfuerzos deberán verse reflejada muy pronto en el mejoramiento integral de la calidad de vida de todas las comunidades del sur colombiano.

Ha sido el liderazgo de los Senadores Chavarro como vicepresidente del Congreso, de Hernán Andrade, la visión del Senador Villalba y la experiencia de Jorge Eduardo Gechem, vitales en la armonía de la consolidación de éstas propuestas. De igual manera la experiencia renovada de Consuelo Gonzales y Luis enrique Dussan como veteranos en la Cámara y la vitalidad de Silvio Vásquez y de quien les escribe para complementar junto con el Gobernador Luis Jorge Sánchez un equipo con sentido de pertencia por la región, pero de manera suprema por nuestro departamento del Huila.

El próximo viernes 1 de abril en el centro de Convenciones José Eustacio Rivera, se llevará acabo la socialización de las iniciativas incorporadas al proyecto Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 por parte de la bancada parlamentaria del Huila, como una muestra de responsabilidad y unidad por nuestro departamento. Cordialmente invitados los gremios, la academia, la clase dirigente y la comunidad en general.

Consulte original

Los vergonzosos hechos ocurridos hace una semana en el municipio de San Agustín, donde inescrupulosos atentaron de manera infame y descarada contra una de las piezas arqueológicas más valiosas de la cultura milenaria del Alto Magdalena, nos pone a pensar sobre las políticas que se están aplicando en la Capital Arqueológica de Colombia para cuidar y conservar esta riqueza declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nos duele como colombianos y como huilenses que haya personas, muy seguramente compatriotas nuestros, capaces de destruir este invaluable tesoro que nos legaron los habitantes ancestrales de estas tierras cuya estatuaria data de muchos años antes de la era cristiana.

Pero nos avergüenza más que las figuras monolíticas que contienen misterios aun por descubrir por los expertos antropólogos, arqueólogos y otros estudiosos de la historia de la humanidad, permanezcan a merced de los maleantes, guaqueros y visitantes de mentes retorcidas que quieran destruirlas sin que nadie se los pueda impedir.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia Icanh argumenta, seguramente con razón, dificultades presupuestales para adelantar trabajos de investigación en esta zona que, según expertos, guarda muchas más riquezas y tesoros precolombinos aun por descubrir. Eso lo entendemos.

Lo que si no entendemos ni compartimos es que se haya sometido al más completo abandono la estatuaria que se encuentra en lugares diferentes al parque arqueológico con el argumento de que están en predios de personas particulares.

Un tesoro tan valioso como éste, no puede dejarse a expensas de los vándalos para que sigan ocurriendo episodios tan vergonzosos como el de La Pelota, donde las estatuas de colores, únicas halladas hasta el momento con esas características de policromía, fueron burdamente repintadas a “brocha gorda” por los inescrupulosos.

El Ministerio de Cultura, a través del Icanh, debe apersonarse de la situación, pues no se trata de la destrucción de una obra de arte cualquiera, sino de un legado ancestral cuyo valor y significado cultural es incalculable. Si la comunidad de los sectores aledaños donde permanecen estos iconos de nuestra cultura no tiene sentido de pertenencia como para velar por su cuidado y conservación, si las autoridades locales son incapaces de garantizar la preservación de ésta riqueza, no le queda más remedio al Gobierno Nacional que ordenar su reubicación.

Un gran museo arqueológico donde las futuras generaciones puedan conocer esta herencia cultural, púes, al paso que vamos, nuestros hijos y nietos no podrán conocer esto que hoy nos caracteriza culturalmente a nivel mundial.

En juego está también el futuro del desarrollo de toda una región que ha basado desde hace años su bienestar y supervivencia en los ingresos que genera la actividad turística ligada a la riqueza arqueológica y natural que posee.

El abandono de los sitios, las pésimas condiciones en que se encuentran las vías de comunicación, el deterioro natural, y los atentados contra la estatuaria, les quita interés y atractivo para los turistas que no quieren aventurarse por senderos escabrosos e inseguros parar llegar a ver lo que queda de las obras esculpidas en la roca por artistas aborígenes para adorar a sus dioses o para representar lo que fue una sociedad muy seguramente mas organizada, espiritual e inteligente que la nuestra; ahora oculta bajo una estela de abandono y olvido o, como ocurre en la Pelota, debajo de una burda película de pintura comercial.

Para completar la historia de desmanes que ponen en riesgo la declaratoria de “patrimonio histórico y cultural de la humanidad” los indígenas del Resguardo Yanacona se empeñan por las vías de hecho en habilitar una carretera dentro de los predios del parque arqueológico que ha suscitado todo tipo de preocupaciones y advertencias de la Unesco y que merece toda la atención de las autoridades locales, regionales y nacionales.

Como congresista del Huila hemos elevado petición formal al ICANH, para que responda por las medidas que se adoptarán al respecto y de los planes presupuestales que se tienen en la búsqueda de soluciones de fondo en defensa de nuestro patrimonio cultural.

Consulte original

La recuperación económica y financiera alcanzada en los últimos años por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, es una clara demostración de que las entidades del Estado, cuando son manejadas con criterios de honestidad, transparencia y visión  de futuro, sí son rentables desde el punto de vista económico y social.

El actual gerente, Humberto Eduardo Gómez, no solamente lo logró sacar de la bancarrota y el desastre financiero  en que la dejó la anterior administración, sino que la ha puesto a la vanguardia pues acaba de ser declarado “el mejor Hospital de mediana y alta complejidad del país”.

No se trata de sofisticadas fórmulas o modelos importados de otros países  los que se han aplicado para potenciar el desarrollo del Hospital, sino prácticas sencillas que manejadas adecuadamente le han arrojado grandes dividendos económicos y sociales y le han permitido avanzar en investigación, tecnología, cobertura y calidad en la prestación de sus servicios.

Contrario a lo que en otros centros asistenciales se está haciendo, en Neiva se recuperó la administración directa  de dependencias como la Unidad Renal, la cual en manos del sector público está entregando dividendos con crecimiento económico  de hasta el 400%. Lo mismo se hizo con la Unidad de Cancerología que durante el primer semestre del 2010  solo arrojó utilidades económicas del orden de los  280 millones de pesos  y ahora, en el segundo semestre del mismo año en  manos del hospital,  rentó en términos económicos  cerca de 1.050 millones de pesos.

Las estrategias aplicadas en el manejo gerencial de la principal institución prestadora de servicios de salud del Huila han dado excelentes resultados, a tal punto que el propio presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón,   con sus ministros de la Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca, y Hacienda, Juan Carlos Echeverri,  estarán en Neiva poniéndolo como modelo  nacional, no solo por la rentabilidad económica sino por la prestación eficaz y eficiente de los servicios.

La dupla conformada por el secretario de salud, José Eugenio Carrera y el gerente del Hospital Universitario, no solamente ha logrado generar una gran rentabilidad. Su capacidad de gestión y visión de lo público los ha llevado a proyectar importantes obras de mejoramiento en infraestructura y ampliación de la gama de servicios como la moderna  Unidad de Cuidados Intensivos para gineco-obstetricia, primera en el país, en la que ya se atienden pacientes provenientes de ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá, y por su puesto de nuestro departamento.

El centro asistencial cuenta ahora además con una moderna Unidad de Hospitalización de cancerología, se reforzó su estructura con técnicas de sismo resistencia, se doto de una moderna planta generadora de oxígeno.

Para mediados del próximo año se proyecta la terminación de dos nuevas torres de 3 y 5 pisos para ampliar la capacidad en la prestación de servicios de salud de alta y media complejidad que complementará la moderna infraestructura física y tecnológica en la que se han invertido cerca de 25 mil millones de pesos.

Manejo eficiente, moderado y transparente  de los recursos, capacidad de gestión y visión empresarial con responsabilidad social, son las bases en las que estos dos “gurús” de la salud del Huila han cimentado el desarrollo de la red pública aportándole investigación, tecnología de punta y calidad  de los servicios para los huilenses y sur colombianos. Un ejemplo digno de seguir por otros administradores de las instituciones de salud en el Huila quienes, contrarios sensu, hacen que el estado haga grandes inversiones para luego entregársela a particulares para que las usufructúen, con el lánguido argumento de que el negocio no es rentable.

Carrera,  un dedicado profesional de la salud al servicio hoy de la secretaria en el Huila, es reconocido en las altas esferas del ministerio de la protección social y de la academia, por su   claridad conceptual y su decidida manera de aplicar las políticas vigentes con principios gerenciales y de desbordar con visión las posturas de los más calificados expertos en Colombia sobre los temas de salud. Y Humberto “lalo” Gómez con su trayectoria en gerencia de la salud y su inquebrantable postura de hombre recto y trasparente en todas las actuaciones públicas y privadas, hacen que  los resultados en materia de calidad en el servicio y de estabilidad financiera de la salud en el Huila, no puedan ser otros.

En buena hora y nuestro reconocimiento a los doctores Gómez y Carrera.

Consulte original

Los altos índices de inseguridad y violencia que afectan a la mayoría de ciudades del país justifican plenamente la puesta en marcha una normatividad especial que permita a las autoridades y la fuerza pública enfrentar exitosamente el fenómeno  y garantizarle a nuestros conciudadanos condiciones de tranquilidad y sana convivencia.

En ese orden de ideas el Gobierno Nacional, a través del  los ministerios del Interior y de Justicia, ha propuesto la implementación del nuevo Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, cuyo proyecto de Ley cursa actualmente en el Congreso de la República.

La nueva Ley Estatutaria busca convertirse en la herramienta a través de la cual se pueda desarrollar el derecho de Policía en todas las regiones  colombianas bajo premisas de respeto a los niveles de de autonomía que tiene las divisiones territoriales de decidir y expedir sus propias normas de convivencia teniendo en cuenta sus necesidades particulares.

La nueva Ley permite igualmente modernizar y actualizar la  legislación de Policía en el país mediante su  adaptación a las exigencias normativas de la Constitución Política de 1991, la unificación de la legislación policial en un solo cuerpo y la organización  y actualización de los  aspectos relacionados con las multas, dejándolas en salarios mínimos legales vigentes.

Uno de los componentes más significativos que contempla la reforma  en la determinación del procedimiento único de Policía, más ágil y expedito, que permite la aplicación de medidas oportunas y eficientes, para la protección de la convivencia colombiana, sin ir en contravía de la jurisprudencia  vigente

  El proyecto de ley no solamente compila una serie de mecanismos, normas y procedimientos de tipo coercitivo, sino que se constituye además en una herramienta  educativa  que consideramos eficaz  para la prevención, toda vez que retoma los conceptos científicos de la Pedagogía y la Sociología moderna, orientados a la exaltación de los buenos comportamientos de las personas, que sin lugar a dudas generará una mejor convivencia y rescatará el verdadero sentido preventivo policial, antes que la orientación represiva sancionatoria que erradamente se le ha dado a la función de Policía

  Pero, ¿será  suficiente una nueva norma y unas facultades especiales a los gobernadores, alcaldes e integrantes de la fuerza pública para hacerle frente a todos los factores generadores de violencia e inseguridad que actualmente azota a la mayoría de ciudades y regiones del país?

  Esa es una pregunta que actualmente nos hacemos muchos de los actores sociales que intervenimos en la creación y formulación de este nuevo estatuto. Personalmente pienso que la respuesta es No.

  El fuerte impacto social que han tenido en las  grandes capitales, ciudades intermedias y pequeñas poblaciones fenómenos generadores de violencia como el desplazamiento forzoso, que ha obligado a millones de personas a establecerse en los centros urbanos sin ningún horizonte seguro; el desempleo, la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades de progreso y desarrollo, requieren mucho más que eso para su solución.

  Flagelos como el narco y micro tráfico, cuyos tentáculos han permeado todos los niveles sociales, inclusive los gubernamentales; el fortalecimiento de bandas emergentes y de delincuentes comunes que intimidan y en algunas regiones dominan a sus habitantes y autoridades, son otros factores que deben ser atacados contundentemente  si queremos limpiar las regiones de la violencia y el caos que ellos generan dentro de la sociedad.

  Consideramos que el establecimiento de una nueva Ley orientada a mejorar los niveles de convivencia y disminuir los altos índices de inseguridad ciudadana, debe ir acompañada paralelamente de unas acciones serias,  contundentes y concretas por parte del Estado para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

  De nada servirá que los policías y los alcaldes cuenten con herramientas represivas si las condiciones de vida de nuestros conciudadanos siguen siendo caldo de cultivo para la germinación de  todos estos males sociales. Es muy importante que nuestros organismos de seguridad cuenten con los mecanismos logísticos y legales para el control de todas las formas del delito, pero lo es más que el Estado ataque de raíz los factores que los generan.

   Pero hay algo mucho más trascendental que, si bien es cierto se encuentra intrínseco en el nuevo Código, no sobra mencionar; la convivencia y la seguridad Ciudadana debe ser un compromiso de todos. Somos los ciudadanos del común quienes tenemos la responsabilidad de impedir que las conductas  que atentan contra nuestra tranquilidad y la moral pública se enquisten dentro de nuestras comunidades.

   Si no sucumbimos ante las tentaciones del dinero fácil, si no le rendimos pleitesía a aquellos que de la noche a la mañana se convierten en nuevos  ricos mediante prácticas fraudulentas, si perdemos el miedo y denunciamos a los delincuentes y los corruptos, si confiamos en las autoridades y hacemos valer nuestra condición de ciudadanos de bien; habremos dado un paso gigantesco hacia la solución de de los problemas de convivencia y seguridad que actualmente nos afecta a todos por igual.

Como congresista y ponente  del proyecto adelantaremos  en la ciudad de Neiva un foro con la presencia de los miembros de la comisión I y la participación activa de todos los sectores académicos, políticos y sociales del Departamento, en procura de socializar y sensibilizar a todos de las bondades de dicha iniciativa.

Tomado de http://www.diariodelhuila.com/noticia/10769