Impulsamos en el Congreso un proyecto de Ley mediante el cual se busca la despenalización de los llamados cultivos ilícitos. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio el primer paso, no solo en la aprobación del texto legislativo, sino mediante los aportes de los parlamentarios que consideraron todos los temas atinentes a un debate que el Congreso no puede soslayar cuando en la academia y en los diversos foros nacionales e internacionales, ya se está abordando la discusión, que convoca a revisar la política de la guerra contra las drogas, cuyos resultados son de irrefutable fracaso.
Hay que romper el tabú, y es de recordar el proyecto de ley propuesto por la entonces senadora Vivianne Morales, en el mismo sentido, afirmando que es el tiempo para “menos falsos moralismos”, y más autocrítica a la “falta de lucidez” con que hasta ahora hemos enfrentado el problema. También y con idéntico propósito cursó otra iniciativa por parte de Pedro Arenas quién fuera Representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare. Asumamos con menos genuflexión y con más argumentos la discusión inaplazable, demostrando que si es posible, una nueva política antidrogas, que empiece por los cultivos.
El gobierno se opone bajo la sumisa condición a tratados internacionales que en realidad son bilaterales con Estados Unidos, y que si bien están supeditados al principio de “Pacta Sunt Servanda” son de relativa obligación, ya que no forman parte del bloque de constitucionalidad por no ser materia de derechos humanos y les cabe la réplica de la cláusula “Rebuc Sic Stantibus” para su imperativa revisión.
El Narcotráfico es una cadena, e insistimos en la necesidad de deslindar sus eslabones y distinguir entre el cultivo (Sector Primario) y los demás componentes complementarios que pasan por la transformación, que quiebra el estado de naturaleza del producto de la tierra, para convertirlo en una realidad química, agregándole todos los factores para que pase de planta silvestre a producto elaborado, con incremento de costos tales como insumos de laboratorios, mano de obra especializada, y químicos, en su mayoría importados para lograr la mercancía final; con diversos precios y presentaciones. Sigue desde luego la distribución , el narcotráfico, que es la economía terciaria en que juegan las redes de distribución, corrupción de autoridades, violencia y crimen hasta llegar al fin del “Iter Criminis”: el consumo, suma y talismán de todas las miserias humanas que postra a los adictos hasta la más degradante situación, para convertirlos en piltrafas humanas, como simples enfermos, resultando en sociedades que se descomponen paulatinamente.
Cultivo y consumo final son los dos extremos, el primero como problema social, el segundo cuestión de salud, que no pueden seguir tratándose con los mismos procedimientos policivos o punitivos, como debería enfrentarse la verdadera parte criminal que es la transformación y la comercialización.
En el cultivo reiteramos el problema es social y de pobreza; es el sucedáneo para sobrevivir en que se refugian familias enteras para subsistir, a falta de oportunidades y de políticas agrícolas. En toda “chagra”, lugar de siembra, se ven hombres con su compañera, sus hijos que son la mano de obra; esporádicos e itinerantes “raspachines” que continúan la línea de pobreza y rebusque de cultivo en cultivo, horizontalizando la miseria. En este sector se ha visto la eficiencia de las autoridades, que por el contrario son incapaces y tolerantes con los niveles superiores de la cadena. Las cárceles y las estadísticas oficiales se llenan con los cultivadores y así, se justifica la política antidrogas ante la comunidad internacional, dejando intacta la verdadera estructura criminal.
La despenalización de cultivos no incrementará las áreas de siembra, como lo afirman los detractores del proyecto, pues el Estado podrá continuar con sus políticas de erradicación y sustitución de cultivos, y por el contrario tratándose de un producto sujeto a las leyes del mercado, sensible como tal a los precios de la oferta, cualquier sobreproducción deprimirá su valor y desestimulará el cultivo.
Despenalizar conlleva reducir el hacinamiento carcelario, desestigmatizar a un sector de campesinos colonos e indígenas, para abrirles espacios de reincorporación a la economía lícita; reconcilia al Estado con esas gentes y a estos con el Estado, para que no se pongan del lado de los grupos que tienen como común enemigo al Estado que hoy los enfrenta a unos y otros.
Si hoy la mayor parte de los millonarios recursos se invierten en combatir el cultivo (aspersiones aéreas, erradicación manual, judicialización y reclusión) la despenalización liberará estos medios, para que los mismos fortalezcan las acciones encaminadas a erradicar y combatir los laboratorios y la comercialización de lo narcóticos, perseguir a “traquetos” y mafias, y ulteriormente tratar a los adictos.
Esperamos que el Congreso tenga la decisión de afrontar el debate, de no sustraerse a una discusión que ya la están dando la academia y expresidentes de la República, como Cesar Gaviria, Fernando Henrique Cardoso.
