El Representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla interpondrá una denuncia penal contra el Concejal Yefer Vega por sus declaraciones en medios de comunicación en los cuales vincula a los políticos que están apoyando la revocatoria del Alcalde Enrique Peñalosa con la mafias del Bronx y con el consumo de estupefacientes en esa zona.

El representante manifiesta que su apoyo a la revocatoria al mandato del Alcalde Peñalosa, no puede en ningún caso vincularse con las mafias que operaban en el sector del Bronx, pues dicha postura obedece a un ejercicio legítimo de los mecanismos de participación ciudadana, que cuenta con amplia aceptación y apoyo de los sectores que han sido afectados por las decisiones del Burgomaestre.

“Desde el inicio del mandato de Peñalosa hemos visto una afectación de los derechos ciudadanos y del proyecto de ciudad en materia de movilidad, espacio y patrimonio público, medio ambiente y modelo de acción institucional que privilegia los intereses del sector privado en desmedro de las políticas sociales que tanto requiere la ciudad”

Finalmente, el Representante le pide al Concejal que se retracte a lo dicho o muestre las pruebas en las que lo vinculan con bandas del Bronx.

El Representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Inti Asprilla, informó que se debe aclarar pronto el asesinato, no sólo de Erley Monroy, sino de todos los líderes sociales que han sido ultimados en los anteriores días.

“En el mes de mayo de esta año, llegaron panfletos al municipio de San Vicente del Caguán, en los cuales las Auto Defensas enviaron mensajes de terror a los líderes del sector. En ningún momento recibieron seguridad ni Erley Monroy, ni diferentes líderes gremiales” indicó.

El representante informó que el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez,  llamó guerrillero al líder gremial y a su organización Ascal G, al denominarlos testaferros de las Farc y agregó que los homicidas antes de asesinarlo lo llamaron guerrillero, por eso pide que se aclare lo más pronto posible esta situación.

“En los próximos días realizaré un debate en la comisión quinta de la Cámara de Representantes por la situación de los líderes sociales asesinados en el país. Pido también al Gobierno Nacional que se aumente la seguridad de los diferentes líderes y se hagan estrategias con los gobernadores locales para frenar la inseguridad que se vive”.

Finalmente, el Representante  agregó que con la implementación del nuevo acuerdo, lo que más se quiere es una Paz que alcance todos los lugares y así se puedan respetar  los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El representante a la Cámara por Bogotá del Partido de la Alianza Verde Inti Asprilla, pidió en el Congreso de la República una mayor atención, por parte de las autoridades, a las empresas tabacaleras en especial para la protección de la población no fumadora y para prevenir daños en la salud de los menores de edad.

Lo anterior debido a que en la Cámara de Representantes se esta modificando una ley para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del fumador.

El Representante hizo un llamado a la mesa directivo del Congreso para que en medio de estas discusiones no permita que entren lobistas para persuadir a los congresistas y así derrumbar un quórum decisorio para el beneficio de la población colombiana no fumadora.

“No es ético hablar con un representante de la industria tabacalera por eso hago una petición formal a la mesa directiva de la Cámara de Representantes para que les impidan la entrada a los lobistas de las tabacaleras, no solo a la plenaria sino al Congreso de la República’’ agregó.

Finalmente el Representante informó que aunque sea una adicción se debe dar una lucha a diario no solo por la salud de los fumadores sino para evitar  una mortalidad en la población de los Colombianos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por medio de este mecanismo de participación se llama a los alcaldes y/o gobernadores, es decir, no se cita al presidente, único legitimado para negociar los acuerdos.

Según el Representante “deben adoptarse los cabildos abiertos como escenarios en que las ciudadanas y los ciudadanos en ejercicio de su poder soberano entreguen a los gobernadores y alcaldes el mandato y exigencia popular, como agentes encargados del mantenimiento del orden, para que en los territorios se les garantice el derecho fundamental a la Paz.”

Para el Representante, en este caso lo mejor que se podría hacer es que los cabildos abiertos se utilizarían como medio efectivo para exigir una adecuación de los acuerdos que se realizaron entre los negociadores de las Farc y el Gobierno Nacional para que de manera inmediata se garantice la seguridad y la paz de los colombianos.

La propuesta de la utilización de un mecanismo de participación, como lo es el cabildo abierto, le abre las puertas a una participación dentro de la adecuación de los acuerdos y permite rodear al presidente dentro del proceso que se adelanta en la actualidad con las fuerzas del NO. Implica de esta forma estar al tanto de lo que quede acordado y poder intervenir por medio de los agentes del Estado en una decisión que incumbe a todos y todas.

El Dato

* En este momento el Representante se encuentra realizando dos cabildos abiertos. El primero es con los vendedores informales, para que por medio de una cantidad de firmas que pide la Registraduría Distrital, ellos se puedan reunir con el Alcalde Enrique Peñalosa y así puedan mediar para saber en qué lugar los piensa reubicar y no dejarlos a la deriva. Esto debido a que en el artículo 140 de la ley 1801 de 2016 del nuevo Código de Policía se informa que ninguna persona puede ocupar el espacio público de la ciudad.

* El otro cabildo abierto que está desarrollando el Representante Inti Asprilla es para la defensa de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en este ejercicio se buscan más de 27.000 mil firmas que obligan al Alcalde a sentarse y explicar por qué quiere construir en zonas donde se debe preservar la sostenibilidad ambiental

El representante a la Cámara por el partido de la Alianza Verde Inti Asprilla, aseguró que los diálogos de paz en el que ahora estarán todos los partidos políticos debe ser transparentes e incluyente.

Agregó que “el triunfo del No se basó en mentiras, se dijo que Colombia se iba volver Cuba, mentira, que se iba a volver Venezuela mentira, se le dijo a los campesinos que la plata del campo se iba a ir para las FARC, mentira, reconocemos la derrota, pero el dialogo Nacional se debe hacer con pautas de conducta sincera.”

Además, informó que este acuerdo de paz no sólo debe ser el de dos partes políticas, sino que debe manejar un camino abierto para que todos puedan opinar y expresar las necesidades que viven a diario las minorías.

“Organizaciones como los vendedores informales, se sienten excluidos y por eso gran parte de ellos votaron por el No en el Plebiscito del anterior domingo. La paz no es sólo de las élites, se debe pensar en todos los colombianos”

El Representante informó que el No ganó en los lugares más humildes de la ciudad, porque el Gobierno Nacional le ha dado la espalda a las necesidades del pueblo colombiano. Un gran ejemplo son los vendedores informales quienes afirmaron que no apoyaron la paz  debido a que con un código de Policía a diario les declaran la guerra, día a día Peñalosa los quiere poner a aguantar hambre.

Finalmente, resaltó que esto no puede ser una dilación eterna para promover candidaturas presidenciales, debe hacerse para un derecho fundamental. La victoria del No, no puede convertirse en unos años en que el conflicto persista. Afirmó el congresista.

El Congresista de la Alianza Verde, Inti Asprilla, calificó el Código Nacional de Policía como una “normatividad regresiva, represiva y una declaración de guerra a los vendedores informales en épocas de paz”.

La Corte Constitucional admitió la demanda radicada por el representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, contra el Artículo 140 (numeral 4, parágrafos 2 y 3) de la Ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, el pasado 22 de agosto. En esta, se argumenta que dicho artículo referente al espacio público viola, entre otros, los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de miles de vendedores informales en Colombia.

“Es una noticia que recibimos con alegría. El artículo 140 del Código de Policía, con alcaldes como Enrique Peñalosa, sería una declaración de guerra a los vendedores informales, pues establece que quienes ocupen el espacio público en contravención de la normatividad vigente serán acreedores de una sanción sucesiva de tipo pecuniario y eventualmente la destrucción y el decomiso de la mercancía”, aseguró el Congresista.  

Advirtió que si este artículo entra en vigencia tal y como está se desataría una “catástrofe para los vendedores”, pues entre otros, le daría potestad a la Policía Nacional para que “de la noche a la mañana desalojen a los vendedores y los deje aguantando hambre. Esperamos que la Corte agilice el trámite de la demanda antes de que el Código entre en vigencia”.

Finalmente; indicó que es muy probable que varias organizaciones de vendedores informales coadyuven la demanda radicada e hizo un llamado a los alcaldes del país, quienes son los encargados de establecer la normatividad sobre el espacio público, para que reconozcan la realidad de esta población vulnerable.

“El artículo 140 del Código Nacional de Policía es una normatividad regresiva, represiva y una declaración de guerra a los vendedores informales en épocas de paz”, puntualizó.

EL DATO

- El Artículo 140 del Código Nacional de Policía señala que ocupar el espacio público es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del mismo, por lo cual, cuando este comportamiento se realice dos (2) veces o más, se impondrán multas y “el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación en violación de las normas vigentes”.

Como vocero de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes, Inti Asprilla, expresó el total respaldo de esa colectividad al plebiscito por la paz, que se realizará el próximo 2 de octubre. Durante la discusión y votación sobre la convocatoria a este mecanismo de refrendación, en la Plenaria de esa Corporación, aseguró que “apoyamos sin reparos, ni reproches el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc”.

Para justificar su apoyo, el Representante a la Cámara hizo alusión al paso de su padre, Guillermo Asprilla (q.e.p.d), por el M-19. “Soy hijo de un hombre de paz, quien a sus 19 años fue encarcelado por el simple hecho de pensar diferente y cuando recobró su libertad decidió tomar las armas, pero decidió dejarlas por sus hijos. Este es un mensaje claro, la paz es para las nuevas generaciones, para nuestros hijos y nietos”, dijo.

Además destacó que el Acuerdo Final, alcanzado en La Habana, contiene varios componentes fundamentales y serios que garantizan la dejación de las armas por parte de las Farc, el acceso a la tierra y una participación más amplia de las minorías políticas. “Mi padre aseguró, antes de partir, que es preferible una paz incierta a una guerra segura y hoy yo digo que es preferible una paz imperfecta a una guerra eterna”, puntualizó.

El representante a la Cámara de la Alianza Verde por Bogotá, Inti Asprilla, radicó una demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 140 (numeral 4, parágrafos 2 y 3) de la Ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional  de Policía y Convivencia”, ante la Corte Constitucional. Esto, al argumentar que dicho artículo referente al espacio público viola, entre otros, los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de miles de vendedores informales en Colombia

El Artículo 140 del Código Nacional de Policía señala que ocupar el espacio público es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del mismo, por lo cual, cuando este comportamiento se realice dos (2) veces o más, se impondrán multas y “el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación  en violación de las normas vigentes”.

El Congresista indicó que la norma demandadas desconoce los artículos 25 y 54 de la Constitución Política, relacionados con el derecho al trabajo y las obligaciones del Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Además, se están vulnerando los fines del Estado Social de Derecho al no tener en cuenta la realidad económica y social de los vendedores informales.

“Esto es una declaración de guerra a todos los vendedores y vendedoras informales del país, se les está condenando a la miseria. En un Estado que no es capaz de garantizar el pleno empleo a los colombianos y que no tiene subsidios para asegurar el mínimo vital de las personas que no pueden ingresar al mercado laboral, la única opción que tienen los vendedores es salir a las calles a buscar su sustento”, indicó el Representante.

Según la demanda, el Artículo 140 “automáticamente convierte a los vendedores informales en contraventores del Código de Policía y genera una inmediata confrontación con las autoridades administrativas”. De hecho, “los hace acreedores de una multa tipo 1, que consiste en cuatro (4) salarios diarios legales vigentes, pues es claro que dicha ocupación que han venido ejerciendo durante años, es contraria a la normas vigentes que protegen la integridad del espacio público”.

Inti Asprilla finalmente llamó la atención sobre la eliminación de un parágrafo en este nuevo Código, durante su trámite en el Congreso de la República, que buscaba garantizar el debido y los derechos de los vendedores.

“En la  Conciliación se borró de un plumazo, un parágrafo aprobado en la Comisión Primera y en Plenaria de la Cámara de Representantes, que si bien imponía sanciones, también establecía que el Ministerio de Trabajo tenía que emitir una reglamentación para garantizar los derechos de los vendedores. El senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, representando los intereses del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hizo que fuera borrado, por eso hoy tenemos un Código de Policía represivo y que condena al hambre”, puntualizó.

Por solicitud del Representante a la Cámara por el Partido Verde Inti Asprilla, la Secretaría General de la Entidad remitió a la Fiscalía General, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud una copia de la constancia que presentó el congresista en la Plenaria del 4 de mayo, en la cual manifiesta su preocupación por el anuncio del secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales, sobre la interrupción del servicio de ambulancias con operadores privados que venía brindando la administración Distrital.

Según Asprilla, el objetivo es que el ente investigador determine la relación entre la decisión de la Administración del alcalde Enrique Peñalosa y varias muertes registradas en Bogotá debido posiblemente a la falta de ambulancias. Precisamente un día después del mencionado anuncio (3 de mayo de 2016) murió Ramón Montaño, de 57 años, quien falleció esperando atención médica solicitada a través del 123, en la localidad de Kennedy.

“Si bien existe fundamento legal para responsabilizar a las EPS por el traslado de sus afiliados, en la práctica tal decisión ya ha generado víctimas fatales, como el caso de Ramón Montaño. Yo le estoy solicitando a la Fiscalía que determine si existe o no una responsabilidad penal en este caso. Es escandaloso que el Alcalde y el Secretario de Salud sabiendo que el servicio de ambulancias garantiza el derecho a la vida, tomen la decisión abrupta de suspenderlo y más aún que aseguren en medios que posiblemente se presentarán más muertes”, señaló el Representante.

Hizo un llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que hagan uso de su posición como entes rectores y hagan entrar en razón a quienes manejan hoy la cartera de salud del Distrito, a fin de que no dejen desprotegida la ciudad con el debilitamiento de su sistema de emergencias.

“Esta situación pone de manifiesto una actuación dolosa por parte del Secretario de Salud. Varios estudios sobre salud pública señalan la importancia de garantizar la disponibilidad  de una ambulancia en 15 minutos cuando se presenta una emergencia por ataque cardiorespiratorio. Las muertes disminuyeron en los países que implementaron ese servicio. Tratándose de la salud de las personas, los segundos marcan una importante diferencia entre morir y sobrevivir”, puntualizó.

EL DATO

Actualmente el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) cuenta con 132 vehículos de transporte especial de pacientes, 1 equipo comando en salud para atender accidentes masivos, 96 ambulancias básicas, 22 ambulancias medicalizadas, 7 ambulancias neonatales, 1 ambulancia para atender casos de salud mental, 4 vehículos de respuesta rápida (motos) y un vehículo ligero para atención de pacientes mentales.

Sin embargo esta cifra se queda corta frente al total de la población capitalina y más aún, por ejemplo, frente a los accidentes de tránsito. El Ministerio de Transporte reportó que entre enero y octubre del 2015, 440 personas murieron en accidentes de tránsito y 5.828 resultaron heridas, en Bogotá.

Este es el texto de la constancia:

CONSTANCIA

Quiero dejar esta constancia y hacer un llamado preciso y concreto al Superintendente de Salud y al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, frente a lo que está haciendo la Administración del alcalde Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá, que es un acto cuasi criminal. Titular del día de ayer en el diario El Tiempo, sale el Secretario de Salud diciendo: Los particulares tendrán que pagar ahora de su propio bolsillo las ambulancias y deberán llamar a las asociaciones por riesgos profesionales, a las EPS  o a quien organice el evento, titular del tres (3) de mayo. Titular del cuatro (4) de mayo, una persona fallece en el sur de Bogotá esperando una ambulancia.

Yo considero que esto muestra con toda la evidencia del caso, el cinismo y la incapacidad del señor alcalde Peñalosa para garantizar los derechos de los capitalinos. Así que hago un llamado al Ministro, al Superintendente y a la Fiscalía para que investigue si en este caso hubo posiblemente un homicidio culposo por no garantizar el servicio de ambulancia a los capitalinos y como siempre los que más sufren con Peñalosa son los habitantes del sur de la ciudad

Inti Raúl Asprilla Reyes.

Comunicado del representante Inti Asprilla.

Fallas estructurales en la institucionalidad minero-energética y ambiental han ocasionado que empresas extranjeras, amparadas en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, estén promoviendo demandas en contra del Estado colombiano, que ponen en peligro el patrimonio económico de la Nación. Uno de los últimos capítulos en este preocupante tema se relaciona con el anuncio de la empresa Hupecol Operating LLC CO de contemplar la posibilidad de entablar demandas ante un tribunal de arbitraje internacional.

De acuerdo con la petrolera estadounidense, la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de revocar la licencia ambiental del proyecto denominado “Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía”, en los municipios de la Macarena y San Vicente del Caguán, afectó sus intereses pues la inversión en todo lo relacionado con sísmica y requisitos legales había alcanzado los16.500 millones de pesos.

Para el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, existe un riesgo latente de una avalancha de demandas internacionales que afectaría gravemente el patrimonio de la Nación. Precisamente; el Congresista centrará su intervención enese punto, durante el debate de control político que se llevará a cabo este martes y miércoles en la Comisión Quinta del Senado de la República en relación a la licencia ambiental otorgada y posteriormente revocada a Hupecol, entre otros.

“El anuncio de Hupecol no es anodino y se relaciona con una problemática estructural para Colombia, cuyo origen es la falta de una política clara de planificación del territorio que tenga en cuenta tanto el valor ambiental como el crecimiento económico. El hecho de que en el país se otorguen primero títulos mineros o bloques de exploración sin que sea necesario la expedición de una licencia ambiental o sin que se clarifiquen los procesos de protección del medio ambiente, genera un riesgo mayúsculo para el Estado”, aseguró Asprilla.

Retomando la frase introductoria del informe ‘Cuando la injusticia es negocio’ del grupo de investigación Corporate Europe Observatory (CEO); “de poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno”, el Representante indicó que una de las principales conclusiones de dicho análisis es que en muchos casos los tratados internacionales de inversión son utilizados por las grandes empresas para demandar a los gobiernos cuando hay un cambio de decisión o política que las afecten[1].

Además; resaltó otro aparte del informe, según el cual la tendencia en todo el mundo es que los tribunales de arbitraje internacional otorguen “a grandes compañías millones de dólares procedentes de los bolsillos de los contribuyentes, muchas veces para compensar el supuesto impacto que han tenido, sobre las ganancias de esas compañías, leyes adoptadas democráticamente con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud pública o el bienestar social”[2].

Cosigo Resources

Otro caso para destacar es el de la multinacional minera canadiense Cosigo Resources, que bajo el marco del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Sección B del Capítulo 10 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, demandó al Estado colombiano por considerar que la declaración del Parque Nacional Natural Yaigoje-Apaporis constituiría una “illegitimate taking, both founded in fraud and without compensation” (Toma ilegítima, fundada en un fraude sin compensación) que violaría las obligaciones de Colombia derivadas del TLC.

Esto, al argumentar que la declaración del área protegida no le permite explotar oro en un título minero que le fue adjudicado de forma irregular al interior del Parque Nacional. La compensación que pide Cosigo es de 16.500 millones de dólares (equivalente al 20% del presupuesto nacional para 2016).

Los representantes a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela Robledo; y los congresistas del Polo Democrático; Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla, además de varias organizaciones sociales e indígenas, radicaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1776 de 2016 "por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES" por vicios de forma y fondo.

 De acuerdo con la demanda, existen vicios de fondo insubsanables al desconocer, entre otros, el derecho fundamental a la consulta de forma previa, libre e informada de las comunidades étnicas titulares de este derecho fundamental en virtud del bloque de constitucionalidad; así como tampoco se protege éste derecho fundamental al pretender reducir la consulta previa a la implementación y aplicación de la ley. También vicios de forma, pues durante el trámite de dicha ley, en el Congreso de la República, se incurrió en simultaneidad de sesiones; y no sé votó de forma debida el título de la ley, en violación directa de los artículos 83 y 93 de la ley 5 de 1992, y los artículos 149 y 157 de la Constitución Política.

"Es una ley que se tramitó de manera mentirosa ante el país, quisieron pasar de agache argumentando que era una ley de productividad que no modificaba el tema de baldíos, cuando está claro que se produce una transformación profunda al régimen jurídico de los terrenos baldíos y se permite su acumulación, lo que a su vez se traduce en una modificación de la Ley 160 de 1994. Con la ley ZIDRES se  está abriendo paso, incluso, a una legalización de un despojo paramilitar", aseguró el Representante Inti Asprilla.

Además, los demandantes argumentan que la figura de asociación que se establece en la ley entre campesinos y empresarios resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, entre los que se cuentan el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al territorio campesino, entre otros.

Al referirse a los vicios de forma, el Congresista de la Alianza Verde explicó que el primer debate del proyecto de ley ZIDRES fue el día 3 de junio de 2015 y según la certificación expedida por el Secretario de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la sesión finalizó a las 10:20 am aproximadamente. Para el mismo día, fue citada la Plenaria de esa Corporación desde las 9:00 am y el registro de asistencia a la sesión fue abierto a las 10:17 a.m., cuando todavía se encontraba sesionando la Comisión Quinta.

"También se presentaron irregularidades propias del afán del Gobierno por lograr la aprobación de una ley que es todas luces es inconstitucional. Por ejemplo, se 'pupitrió' el título de la ley, la Ley 5 de 1992 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son lo suficientemente claras en exigir la votación nominal cuando se aprueba el título de una ley y eso no se hizo en este caso", añadió.

Finalmente, el Representante Asprilla le solicitó al Gobierno Nacional coherencia entre sus políticas y el proceso de paz con las FARC, en La Habana (Cuba), teniendo en cuenta que se sancionó la ley ZIDRES sin avanzar en la constitución del anunciado Fondo de Tierras para los campesinos. Esta ley, según indicó, viola el precedente constitucional sobre el acceso progresivo a la propiedad agrícola por parte del campesinado.

"Con esta ley el Gobierno está poniendo en peligro una de sus principales apuestas, la paz y la razón por la que nosotros apoyamos la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Esta ley ZIDRES no puede ser aplicada hasta cuando no se cumpla verdaderamente con la deuda histórica que se tiene con los campesinos colombianos", puntualizó.

Con el propósito de impulsar el proceso de reparación integral y restitución de tierras de las personas y comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado interno y el despojo de tierras en Mapiripán (Meta); el Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla; y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, liderarán este viernes una audiencia pública, en el Salón Boyacá del Congreso de la República a partir de las 8 a.m.

Asistirán varios voceros de las víctimas y organizaciones sociales. Además; el Director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal;  Antonio Menendez de Zubillaga, Coordinador de la Oficina  en Villavicencio, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Alexander Mejía, Alcalde de Mapiripán, entre otros.

Un reto histórico: superar la tragedia y construir la paz

5 días fueron suficientes para que paramilitares provenientes del noreste antioqueño, comandados por Carlos Castaño, y en complicidad con las Fuerzas Militares, perpetrarán una de las peores masacres en Colombia: la de Mapiripán.

Miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron hasta el departamento del Meta con la cooperación del Ejército Colombiano, quienes colaboraron con el traslado y  aterrizaje desde San José del Guaviare, suministrándoles uniformes y armas de corto y largo alcance.

Rodeando el municipio por vía terrestre y fluvial, las AUC impidieron la libre circulación de los habitantes; los secuestraron, torturaron, descuartizaron y degollaron, tirando sus cuerpos al río Guaviare con el fin de eliminar cualquier tipo de evidencia.

El día de la independencia de Colombia, data como el día en que cesó la muerte y se instauró el terror casi permanente sobre este municipio. Casi 20 años después, el paramilitarismo sigue vigente, el exilio de sus habitantes permanece, las tierras despojadas no han retornado a los legítimos dueños, y de hecho los negocios con estas tierras, parecen querer prosperar bajo la legitimidad del Estado.

La tierra usurpada bajo medios violentos, o que fue vendida bajo la presión del conflicto armado, debe ser objeto de restitución. Algo deberían hacer las fuerzas militares y el ministerio de defensa para resarcir en parte su participación en la tragedia de este municipio: generar condiciones de seguridad, suprimir el paramilitarismo y por tanto macro y microfocalizar la jurisdicción de este municipio con el fin de garantizar el derecho de las víctimas a la restitución de sus predios y posterior retorno. Si esto no se da, es difícil superar este capítulo triste de la historia con un final justo.

Por todo lo acaecido en este territorio, en el que conviven campesinos e indígenas desde mucho tiempo atrás, la idea de convertirlo en una experiencia democrática y alternativa de paz y no es una ZIDRES (o cualquier modelo equivalente), es una apuesta por la construcción exitosa de paz en una sociedad atravesada por el conflicto.

A través de una acción de tutela se pone ‘tatequieto’ a los desalojos y decomisos a los vendedores ambulantes por parte de la Policía Nacional sin acompañamiento de la Personería de Bogotá. Es la primera tutela a favor de los vendedores tras el desalojo de la calle 72, aún quedan pendientes 35 recursos de amparo que se han instaurado hasta el momento.

Al resolver una acción de tutela interpuesta por la ciudadana Carmenza Vargas el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá estableció que operativos como el que se llevó a cabo en la calle 72 contra vendedores ambulantes, el pasado 26 de enero de 2016, no se podrán ejecutar sin el acompañamiento de la Personería de Bogotá para lo cual se debe notificar fecha y hora de la diligencia para que esa entidad proceda a enviar un delegado.

La acción de tutela fue instaurada  por la señora Carmenza Vargas en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto para la Economía Social (IPES), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá tenía por objeto buscar la protección de sus derechos fundamentales mínimo vital, vida en condiciones dignas salud, en conexidad con el derecho al trabajo.

El fallo ordena al IPES, que en un término no mayor a 48 horas a partir de la notificación de la providencia, reubique el quiosco de la demandante (43 años), quien se ha desempeñado como vendedora informal desde hace 13 años vendiendo dulces, minutos, cigarrillos y Coca-cola. “La entidad deberá tener en cuenta la opinión de la actora y permitirle de ser posible escoger entre la Avenida Caracas con calle 47 y la calle 72 con carrera 12 para la ubicación del mismo, la ubicación del quiosco N° 209B no podrá situarse en una dirección distinta salvo que la demandante autorice”, señala el juzgado en la decisión.

Además, se ordena al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, al Alcalde Local de Chapinero y a la Directora del IPES abstenerse de realizar acciones tendientes al desalojo, o de recuperación del espacio público contra la demandante.

“Espero que pase lo mismo con todos mis compañeros, porque tanto ellos como yo tenemos derecho a comer. Nosotros somos víctimas de persecución y mucha presión psicológica todos los días por parte de la Policía. Me querían reubicar en el centro y eso no es justo, porque la calle 72 ha sido mi puesto de trabajo por 13 años”, dijo Carmenza Vargas.

“Peñalosa mintió”

Para el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, esta nueva sentencia de tutela ratifica que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no respetó las decisiones judiciales de la Corte Constitucional, en especial la sentencia T-772 de 2003, que dispuso unas pautas de obligatorio cumplimiento antes de proceder a la recuperación del espacio público.

“El alcalde Enrique Peñalosa mintió, no hubo concertación ni reubicación. No estamos en contra de la recuperación del espacio público, pero esa recuperación se debe hacer respetando el debido proceso. Todas las entidades que hicieron parte de ese desalojo en la calle 72 lo hicieron violando derechos fundamentales”, aseguró el congresista.

Además, advirtió que tanto el alcalde Peñalosa como el Alcalde Local de Chapinero “están sujetos a una eventual sanción disciplinaria por proceder a actuar de mala fe y violentar derechos fundamentales sobre los cuales ya hay una jurisprudencia reiterativa de la Corte Constitucional. Cabe, además, una queja disciplinaria en contra de todos los directores de las entidades que participaron en este desalojo”, sostuvo.

Opinión del representente Inti Asprilla.

La Alianza Verde y el Polo Democrático radicarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para intentar frenar la Ley ZIDRES.

Tras la sanción presidencial de la ley por la cual “se crean y desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES"; el Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que esta iniciativa es “mentirosa y criminal” y reiteró que está en riesgo de caerse en la Corte Constitucional por vicios de fondo y trámite.

“Estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad entre algunos congresistas de la Alianza Verde y el Polo Democrático, la cual esperamos tener lista en la primera semana de marzo. Esta ley se tramitó violando el derecho fundamental a la consulta previa con las comunidades indígenas; en un primer momento se dijo que las ZIDRES únicamente se desarrollarían en la Altillanura, pero después del tercer debate se estableció que pueden ser declaradas en cualquier parte del territorio colombiano”, aseguró.

Además, el congresista señaló que desde el inicio de su discusión en la Cámara de Representantes se levantó una alerta sobre la inconstitucionalidad e inconveniencia de este proyecto al pretender legalizar la acumulación de tierras de origen baldío por parte de multinacionales y de empresarios colombianos.

“Es una ley que se tramitó de manera mentirosa ante el país, quisieron pasar de agache argumentando que era una ley de productividad que no modificaba el tema de baldíos, cuando está claro que el objetivo primordial es permitir un nuevo régimen de utilización de baldíos, que se traduce en una modificación de la Ley 160 de 1994”, añadió.

No hay coherencia con la paz

Para el Representante Asprilla es muy grave que el presidente Juan Manuel Santos haya sancionado la ley ZIDRES, en el municipio de Orocué (Casanare), lo cual confirma que esta ley representa la consumación de un despojo por la vía armada y que hoy se pretende legitimar por la vía legal, dejando un mal sabor para la construcción de la paz en el país.

“El municipio de Orocué fue víctima del desplazamiento forzado por parte de paramilitares que lograron, por medio de testaferros, hacerse adjudicar tierras que estaban destinadas para los campesinos y que después fueron vendidas a grandes empresas nacionales como es el caso de Azúcar Manuelita. Con la sanción presidencial se confirma que las ZIDRES se traducen en un proyecto criminal y en una contrareforma agraria”, dijo.

Finalmente, el congresista le solicitó al Gobierno Nacional coherencia entre sus políticas y el proceso de paz con las FARC, en La Habana (Cuba), teniendo en cuenta que se sancionó la ley ZIDRES sin avanzar en la constitución del anunciado Fondo de Tierras para los campesinos.

“Hasta que el Gobierno no demuestre con hechos reales que tiene la voluntad de constituir un Fondo de Tierras que cumpla con la deuda histórica que se tiene los campesinos colombianos, no se podrá lograr una paz y estable y duradera en Colombia. Los campesinos no viven de buenas intenciones ni de pomposos anuncios presidenciales, ellos están esperando hechos concretos, y están aún esperando que el Estado les garantice la propiedad de la tierra”, concluyó.