Fuente Oficina de Prensa HR. Oscar Marín.

El caso de una joven de 16 años de edad, a quien su ex pareja pagó a un niño de tan solo 12 años para que le arrojara ácido en el rostro de la joven, después de que días atrás terminara su relación sentimental con el victimario, deja perpleja a toda la comunidad colombiana.  Las mujeres una vez más sufren la violación de sus derechos por falta de protección judicial referente a estos casos; la situación de esta joven, es una de las pocas en las que ha existido una condena para el responsable de estos actos delincuenciales.

Atendiendo ésta problemática, el Representante a la Cámara y Presidente de la Comisión Segunda Oscar Marín radicó el 7 de Septiembre del 2011,  la iniciativa para tomar medidas de protección a la integridad de víctimas de crímenes con ácido, con el fin de dar solución a la grave situación de violencia que afecta principalmente a las mujeres, teniendo en cuenta que estos delitos no se encuentran debidamente tipificados en el Código Penal vigente y que las penas en cárceles son mínimas para los responsables a pesar de los graves y permanentes daños a la integridad física, emocional y psicológica del afectado.

El Parlamentario advirtió la  necesidad de combatir estos actos de violencia,  agravando a través del proyecto las penas por esta clase de conductas y ofreciendo mecanismos de protección para las víctimas y sus familias, además de establecer mecanismos de control para la comercialización de estas sustancias.

El proyecto se encamina en eliminar los espacios normativos que permiten eludir la responsabilidad por estos actos y en donde los requerimientos de las personas afectadas sean plenamente satisfechos, por esa razón, incluye además del aumento de las penas de prisión y del establecimiento de multas para el victimario, se implementa una ruta integral de atención para las víctimas de ataques con ácido y se ordena que los tratamientos médicos y psicológicos, los procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán ningún costo y serán asumidos en su totalidad por el Estado.

Con la aprobación de este Proyecto de Ley, las familias y las personas directamente afectadas también se les brindarán mecanismos para proporcionar ocupación laboral o continuidad de la misma.

El presidente de la Comisión Segunda Oscar de Jesús Marín, radicó en Secretaria de Cámara  un proyecto para salvaguardar el derecho a la seguridad social, la dignidad humana, la vida y la vivienda.

La iniciativa propone generar un “auto-crédito”,  que sería respaldado por los saldos en cuentas de ahorro individual en fondos de pensiones, para cubrir la deuda hipotecaria cuando exista el riesgo inminente de perder el bien familiar, y de esta manera  garantizar  la tenencia de la vivienda en manos del deudor y este la pueda  disfrutar en su vejez. 

El proyecto busca además generar una renta  fija que  brinde el sostenimiento del afiliado y de su grupo familiar,  cuando este no cumpla con los requisitos legales para la obtención de la pensión de vejez. El Gobierno Nacional será el encargado de la inspección, control y vigilancia de los recursos con el fin de cumplir cabalmente con el propósito del proyecto de ley.

El representante por Antioquia Oscar de Jesús Marín es el nuevo presidente de la Comisión Segunda Constitucional. En la vicepresidencia fue elegido  el representante  por el Guainía Eduardo José Castañeda.  La sesión contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada quien expresó el compromiso que tiene la nueva mesa directiva  de ejercer una actividad legislativa de cara al país.“El Congreso no puede funcionar como ha venido funcionando, proponemos diálogos con la ciudadanía civil organizada. Es necesario acercarnos  a la ciudadanía ejerciendo una actividad legislativa de cara al país” señaló Posada.

Por su parte, El representante Oscar de Jesús Marín, en su discurso de posesión como  nuevo Presidente de la Comisión Segunda,  exaltó el aporte que la Comisión le ha dado a la Mesa Directiva durante los últimos periodos y alentó a los miembros de la Comisión a trabajar por  resolver la crisis institucional y a ser la Comisión que medie las relaciones entre los tres poderes y la ciudadanía.

Frente a la relación entre el congreso y el gobierno  dijo que la comisión está dispuesta a apoyar las iniciativas del gobierno nacional y los invitó a participar del debate político que se realiza en la célula constitucional.

Marín fue elegido con  13 votos, 2 votos anulados  y 1 voto en blanco por parte del Partido del Polo Ddemocrático.

Aprobado en primer debate el Proyecto de Ley 091 de 2011 en la Comisión I Constitucional de la Cámara de Representantes, el cual busca fortalecer la protección a la integridad personal de quienes han sido violentados con sustancias químicas, tales como el ácido.

Según el Representante Liberal Antioqueño, autor del proyecto, Óscar de Jesús Marín se busca no sólo castigar severamente a quienes atentan contra la integridad personal de manera dolosa o gravemente culposa; sino que además, pretende acabar con la  indiferencia e indolencia que ha venido caracterizando a la sociedad colombiana, contemplando estas acciones como un delito contundentemente tipificado, pues no puede convertirse, en una actuación cotidiana el perjuicio a la integridad, estabilidad, equilibrio y salud, así como a la vida propia en términos sociales, familiares, económicos, sexuales y sentimentales; ya que dicho actuar transforma tanto la apariencia física de la víctima que queda completamente desfigurada, como su vida en sociedad.

En este sentido, que haya sido aprobado en primer debate, demuestra el interés por proteger los derechos de las victimas de ataque con ácido en rostro y cuello. Ya es hora de ponerle un freno a estos actos atroces y empezar a salvaguardar la integridad personal de quienes padecen hoy, el sinsabor de no contar con fallos que equiparen la atrocidad del delito con la pena impuesta; y a su vez, de no poder contar con la capacidad económica para enfrentarse a este tipo de lesión, pues en la mayoría de los casos se carece de dinero y medios, por lo que aún es más grave la lesión realizada sobre la persona.

Adicionalmente, en pro de impulsar esta iniciativa, originada con la radicación del proyecto el 7 de septiembre de 2011, se concertó el articulado del proyecto de ley y se realizó una enmienda al mismo sin desamparar las victimas y sin afectar la iniciativa inicial. En este orden de ideas, el articulado inicial pretendía una condena mínima de 10  y una máxima de 20 años y tras la concertación y como fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara, la norma actual pasará en su pena mínima de 2 años y 8 meses a 5 años y 4 meses y en su máxima pasará de 10 años y 6 meses a 14 años.

Finalmente, el Representante Marín confía en que durante la discusión en la Plenaria de la Cámara se puedan endurecer aún más estas penas, fortaleciendo así la protección y reparación de las víctimas de estos ataques, pues como lo denota en la exposición de motivos del proyecto “Colombia, es un país que ya tiene suficiente sufrimiento con tanta agresión social, interpersonal como nacional, para dejar pasar inadvertidos estos actos que terminan de sumir a la sociedad colombiana en miedo y dolor”.

"Hago un llamado especialmente a mis compañeros que conforman las  comisiones económicas de Senado y Cámara, para que actúen sin ningún distingo político", señaló Óscar Marín, quien tiene muchas expectativas a propósito del anuncio del presidente Juan Manuel Santos, sobre el Plan de Inversiones previsto por el Gobierno Nacional para Antioquia, cuyo monto de recursos asciende a 42 billones de pesos durante el cuatrienio.

Las Autopistas de la Montaña, que son un anhelo de hace más de 50 años del pueblo antioqueño, hoy recobran vigencia debido a que Colombia está en un proceso de internacionalización y desarrollo interno que exige un gran avance en infraestructura vial.

"Espero que la dirigencia Nacional actúe con prontitud y que Autopistas de la Montaña se asuman como un proyecto de índole nacional y  alejado de cualquier prejuicio que impida su normal desarrollo", dijo Óscar Marín.

Para Óscar Marín, saber que el Presidente de Colombia tiene la mente puesta en Antioquia, es muy satisfactorio, ya que Autopistas de la Montaña son un compromiso del Gobierno Nacional y  son un proyecto para la prosperidad del país, como lo ha anunciado en Medellín el mismo Juan Manuel Santos.

noticia extraida del TIEMPO.COM

...El ex presidente de la comisión legal de cuentas del Congreso, Óscar Marín, dice que "aparte de que no se sabe cuál de las tres cifras es la verdadera, hay otra circunstancia: la deuda oculta".

"Las vigencias futuras nunca han sido contabilizadas como deuda, porque no vienen de créditos.

Sin embargo, comprometen recursos de ingresos futuros, por lo que restan maniobrabilidad a los presupuestos".

Agrega que hay deuda oculta en las 'operaciones recíprocas', porque no se asume como endeudamiento el hecho de que el Estado le deba al mismo Estado.

"El país emite un TES (Títulos de deuda pública de la Tesorería General) por 2 billones de pesos, pero lo compra el Sena, que hace parte del Estado. Al hacer los cierres contables los llevan a las cuentas cero o cuentas recíprocas"...

Tomado de: Semana.com

El Representante a la Cámara por el Partido Liberal Óscar de Jesús Marín como citante al debate de control político del Desplazamiento Forzado en Colombia en la Comisión Segunda Constitucional el día de ayer, 14 de Septiembre de 2011, consideró que el presupuesto para atender a las víctimas se ejecuta a cabalidad, pero no hay soluciones duraderas al problema. Asimismo, el parlamentario aseguró que el restablecimiento efectivo de los derechos no se logra, “sólo se mitiga”. En el Estado “no hay una cabeza responsable que lidere el componente presupuestal en la atención del desplazamiento”, agregó.

Para Marín, no debe levantarse el ‘estado de cosas inconstitucional’ en materia de desplazamiento forzado, una figura declarada por la Corte Constitucional en el 2004 con la sentencia T-025 que obliga al Estado a ofrecerle a esta población el goce de sus derechos. “El gobierno dice que hay recursos suficientes, entonces el problema no es presupuestal”, expuso, cuestionando la petición del Gobierno Nacional de levantar dicha figura.

A través del programa Acción Social, el Estado colombiano adelanta una política pública de atención a la población desplazada. Esta agencia, junto con otras entidades estatales, conforma el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Pero según el representante Marín, no está definida una institución que se encargue de liderar la atención del desplazamiento.

Además, “hoy la prioridad son los afectados por el invierno”, añadió el parlamentario, quien llamó la atención sobre la desatención que tienen los desplazados ante la priorización de los afectados por la pasada ola invernal.

Según cifras de diferentes entidades como ACNUR y Codhes, en Colombia unos cuatro millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado. El país sólo era superado por Sudán, pero con su división en julio pasado, Colombia pasaría al frente en la lista de naciones con más desplazados internos en el mundo.

A continuación se encuentran los puntos en los que fue enfatico el H.R.

Debate Control Político 14-09-2011 Desplazados

El Presidente de la Comisión Legal de Cuentas, Oscar de Jesús Marín, denunció las irregularidades en las concesiones otorgadas por el INCO en contratos de inversión privada, que han generado un desequilibrio presupuestal en contra del Estado.

Indicó que las obras de Santa Marta –Rioacha y Paraguachón, presentan retrasos, y no registran los soportes de ejecución, ni del contrato de interventoria que según el representante, constituye una violación a la ley de contratación.

El congresista explicó que la entidad ha excedido los topes establecidos al fijar los valores de los contratos de servicios profesionales y que a su vez las empresas privadas han presentado retrasos en las obras para las que fueron contratadas, situación que según Marín ha generado un desagüe presupuestal en la Nación.

Hizo referencia a la situación de las concesiones en la Zona Metropolitana de Bucaramanga donde el desequilibrio en contra del Estado es de 8.132 millones para Diciembre de 2004, lo que sucede de igual modo en el departamento de Córdoba con 12.116 millones de Diciembre de 2005 y finalmente Bogotá – Villavicencio donde según el congresista, se observaron diferencias entre las tarifas contractuales y las indicadas en los informes de interventoria.

Marín, aseguró que contra el Instituto Nacional de Concesiones pesan demandas, litigios, sentencias y conciliaciones, y alertó que por estos procesos la nación corre el riesgo de perder cerca de un Billón y Medio de Pesos.

Agregó que durante las auditorías que se han realizado al INCO, se han encontrado documentos sin fecha de expedición, sin constancia de radicación ni notificación de los estados financieros y donde algunos de ellos presentaron desorden cronológico. Finalmente, Pidió la pronta acción de la Procuraduría y la Contraloría para hacer un seguimiento al sistema concesional del País.

FUENTE:OFICINA HR. OSCAR MARÍN

A continuación encontrará el debate de control político realizado por el Representante Oscar de Jesús Marín al INCO, el día 18 de mayo de 2011. Para acceder lo invitamos a hacer click en el siguiente enlace. 

Debate INCO May 18 2011

Más información en www.oscarmarin.net

Por primera vez en su historia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes podrá hacer efectiva su función de investigar y pedir sanción para los funcionarios públicos que manejen mal o se apropien para sí o para otros, los dineros del erario. Ahora será posible gracias al trabajo que hará en coordinación con la Comisión Legal de Cuentas de la misma Cámara.

Según el representante Óscar de Jesús Marín, por primera vez se lleva a cabo en la Cámara una sesión conjunta entre ambas comisiones, lo que se constituye no sólo en un hecho novedoso, sino trascendental en la lucha contra el desgreño administrativo, la negligencia estatal y la corrupción.  

“En adelante trabajaremos juntos: en la Comisión de Cuentas haremos los hallazgos en materia presupuestal, contable, financiera, de gestión y resultados, de manejo y rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos. Y con fundamento en la información que nosotros le entreguemos, la Comisión de Acusaciones hará las investigaciones de los responsables de la presunta mala administración de los fondos, bienes o recursos públicos”, explica el presidente de la Comisión Legal de Cuentas, Óscar Marín.

El Congresista antioqueño asegura que los delitos contra el patrimonio público ya no quedarán fácilmente en la impunidad, como hasta ahora ha acontecido, pese a los múltiples hallazgos denunciados por la Comisión Legal de Cuentas.

“El No Fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro nacional en las últimas vigencias, es prueba de la ineficacia del proceso de control político y fiscal en contra del manejo negligente o doloso de los dineros públicos”, precisa el congresista Marín.

El Presidente de la Comisión Legal de Cuentas piensa que el trabajo integrado de ambas comisiones, es el principio del fin de las burlas de que han sido objeto por separado, porque ahora la investigación, la acusación y el castigo, serán una realidad oportuna.

Óscar Marín dice que hasta ahora, equivocadamente el Estado ha castigado la corrupción, liquidando las instituciones mientras permite la supervivencia de los corruptos. Menciona ejemplos como los de Adpostal, el Seguro Social y la Caja Agraria, lo que no ha garantizado la desaparición de la corrupción en el sector público.

“Hay que fortalecer las instituciones y combatir a los corruptos”, sentencia Óscar de Jesús Marín, quien está convencido de que permitiendo el trabajo mancomunado de las comisiones Legal de Cuentas y de Acusaciones, será posible.

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 Jueves, 24 de Marzo de 2011 22:31

El Proyecto propone, además, que las transferencias las hagan las empresas de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada supere los 3.000 kilovatios, y no los 10.000, como estaba contemplado en el artículo 45 de la Ley 99. De esta manera, precisa el Representante antioqueño, se amplía el sujeto pasivo de la compensación, toda vez que estas generadoras también aprovechan los recursos naturales y afectan el medio ambiente.

De acuerdo con la iniciativa del Representante Liberal, los 8 puntos de las transferencias se distribuirán así: 3% será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica, que es responsabilidad de las corporaciones autónomas; un 2.5 % para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse; y un 2.5 % para los municipios donde se encuentra el embalse, conservando el equilibrio entre las localidades que soportan la mayor carga del proyecto.

Otro de los aspectos diferenciadores del Proyecto de Ley de Óscar de Jesús Marín, que ha sido acompañado por el senador Eugenio Prieto Soto, es que los recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el Plan de Desarrollo -con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental- y en el Plan Agrícola Municipal -con énfasis en protección del  medio ambiente y proyectos productivos que generen progreso y desarrollo en zonas rurales-.

Recalca Marín que los nuevos recursos para las transferencias de las corporaciones y los municipios, no implican incremento alguno en las tarifas de energía para los usuarios del servicio. “Al contrario –precisa el contador Público, Óscar Marín-, está expresamente prohibido que tributos (como impuestos, tasas o regalías) hagan parte de la estructura de costos. Por lo tanto, el incremento en las transferencias de energía no pueden ser un componente de la tarifa de los usuarios”.

En la iniciativa también se contempla que las termoeléctricas que hoy calculan las regalías sobre un 3 % de las ventas brutas de la energía generada, en adelante deberán calcularlas en un 5 %, con lo cual, igualmente, se aumentarán los recursos para los municipios donde están asentadas dichas generadoras.

“Hoy más que nunca es importante este Proyecto, toda vez que la protección del medio ambiente se ha vuelto una prioridad para el país”, concluye Óscar Marín.

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Lunes, 28 de Febrero de 2011 22:51

Mucha aceptación y respeto tienen los miembros de la Concertación de Matices Liberales por la presidenta de la Dirección Liberal Municipal de Medellín, Aura Marleny Arcila Giraldo. Pero, según el representante y orientador del Liberalismo Socialdemócrata, Óscar de Jesús Marín, no comparten que se esté hablando de una presunta posición de dominio del jefe del Partido en Colombia, Rafael Pardo Rueda. Aclara que todavía no hay decisión alrededor de la aspiración de Aníbal Gaviria Correa, por quien supuestamente se inclina Pardo Rueda, razón por la cual no debe haber lugar a especulaciones y, menos, a señalamientos de imposiciones.

ublicado en el periódico El Mundo el 19 de febrero de 2011 (Ver)

Se trata de una iniciativa promovida por el legislador antioqueño Oscar Marín, junto al senador Eugenio Prieto. 

El anuncio de Bancolombia de ofrecer sin costo los servicios de la Sucursal Virtual Personas y su red de cajeros electrónicos, demuestra que con voluntad sí es posible frenar los altos costos de los servicios financieros que pagan los colombianos. 

Con este comentario reaccionó el representante liberal a la Cámara por Antioquia, Oscar de Jesús Marín ante la determinación de esa entidad bancaria y agregó que igualmente piensa de la propuesta de estratificar a clientes y usuarios de los bancos en Colombia. 

El congresista, quien propuso con el senador Eugenio Prieto Soto el Proyecto de Ley 097 de 2010, que busca regular las tarifas de los servicios bancarios, recibió con satisfacción la opinión favorable que su propuesta ha venido teniendo tanto por parte del Gobierno Nacional como del sector financiero. 

Primero fue el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien se declaró “persona no grata en la banca porque apoyó el Proyecto de Ley” y la Reforma Tributaria aprobada en diciembre, en la cual quedaba expreso que el Gobierno deberá intervenirlas tarifas de los servicios bancarios. 

Acto seguido, la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, defendió la iniciativa del proyecto de Ley y la postura del Ministro de Hacienda, reconociendo que los servicios bancarios podrían ser más baratos. 

En días pasados fue el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien ante grupo de más de 220 empresarios de todos los sectores del país, cuestionó los altos costos de las comisiones que deben pagar las personas cuando hacen uso de los servicios financieros, a los que consideró uno de los más altos del mundo. 

Aunque satisfecho por el eco que ha tenido su lucha por el bolsillo de los colombianos, el representante Oscar Marín sabe que, finalmente, Bancolombia terminará ganando ahorradores. “Está demostrado que Bancolombia es la entidad financiera con más clientes, y ahora con ese factor diferenciador de no cobrar desde el 14 de febrero consulta de saldos, movimientos, transferencias, pagos y retiros ilimitados en cajeros propios a los usuarios que se encuentren en los planes Efectivo y Efectivo Nómina, que son más del 60 por ciento de los usuarios, es decir, 3.400.000 personas, está absolutamente seguro de que muchos colombianos se pasarán para este Banco”, estima el representante Liberal. 

Cerca de 1.78 billones fueron las ganancias que en 2009 obtuvieron los bancos al cobrarles a los clientes el uso de tarjetas, solicitud de saldos y certificaciones, entre otras transacciones, sin ser éstas el producto del negocio esencial de las entidades financieras. 

El legislador celebró la decisión de Bancolombia porque está convencido de que ésta es una buena manera de incentivar el ahorro y fortalecer la bancarización del país y la economía familiar.

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El Congresista Liberal, Óscar Marín, explicó que en Colombia el ahorro no se ha fortalecido por los excesivos costos que implica tener una cuenta en una entidad financiera. Aseguró que de aprobarse el Proyecto de Ley como lo presentaron el senador Prieto y él, se fortalecerá la bancarización del país y la economía familiar.

Óscar de Jesús Marín recordó que el pasado mes de diciembre, desde el Congreso de la República le dieron instrucciones al Gobierno Nacional de intervenir las tarifas de servicios bancarios, como el uso de cajeros automáticos, de chequeras, de tarjetas de crédito y de transferencias de banco a banco, entre otras transacciones. El Ministro de Hacienda quería que el texto estableciera que el Gobierno Nacional “podría”intervenir, pero los congresistas insistieron en que el texto dijera literal y contundentemente que el Gobierno Nacional “intervendrá” las tarifas de los servicios bancarios.

“En el mes de diciembre presenté proposición a la plenaria de la Cámara para que en la Reforma Tributaria se incluyeran dos artículos que regulan la materia. Fue aprobada y posteriormente se incluyó definitivamente en el Senado, con la iniciativa de Eugenio Prieto Soto. Quedó como un DEBER del Gobierno y no como una OPCIÓN, que es como se ha venido entendiendo hasta ahora”, precisó Óscar Marín.

El Proyecto de ley 097 de 2010 Cámara, que busca regular las tarifas que cobran las entidades crediticias en el país, cursa actualmente en el Congreso de la Republica y ha tenido amplia acogida en toda la comunidad, por el beneficio que representa en la disminución de los gastos mensuales del ahorrador colombiano.

“Esto es una muestra clara de que el Gobierno de la Unidad Nacional acata las recomendaciones del Partido Liberal y piensa efectivamente en mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente, en temas que afectan directamente su bolsillo”, dijo Óscar de Jesús Marín.

Bogotá D.C., feb. 17 de 2011 - Agencia de Noticias UN –

Esto dijo el representante a la Cámara Óscar de Jesús Marín en el programa UN Análisis de UN Radio a propósito del proyecto de ley para regular los excesivos costos de los servicios bancarios.

 Actualmente, el Congreso de la República cursa el proyecto de ley 097 de 2010, por medio del cual se definen las tarifas a los cobros de los servicios bancarios que ofrecen los establecimientos de crédito en el país. “No es justo que los bancos tenga buenas utilidades de todos estos servicios adicionales, cobrándoselos al usuario, cuando muchos de ellos son derechos”, aseguró el congresista.

 “Hay datos muy exagerados, por ejemplo en 2009 los bancos obtuvieron un billón siete mil millones de pesos en ganancias, mientras los costos en que incurrieron fueron de 370 mil millones de pesos, es decir, tuvieron una rentabilidad de 336%. Eso no quiere decir que los bancos no cobren o recuperen lo que invierten, pero hay que establecer un sistema de costos para concertar una tasa de utilidad que varíe entre el 15% y 20%”.

 Según el representante, se debe prohibir el cobro de servicios, que son derechos de los usuarios, como saldos, extractos y referencias bancarias. “Buscamos también que algunos servicios no rayen en la exageración, sino que se obtenga una utilidad razonable para que los bancos presten el servicio sin saquear el bolsillo de los clientes”.

 Por su parte, el economista César González, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, indicó: “Es necesario encontrar las soluciones correctas al sistema financiero colombiano. Hace falta una ciudadanía organizada, ligas más fuertes de consumidores para hacer respetar la opinión; se necesita que la sociedad aprenda a manejar el ejercicio de sus derechos como consumidora de bienes y servicios”.

 El académico concluyó: “Lo que tenemos en el sistema financiero está lejos de ser una situación de competencia perfecta; por el contrario es monopolística, en ocasiones puede ser degolladora y no está a favor de los usuarios. El mercado necesita una regulación, pero hay un elemento clave que son los consumidores de los servicios, y ahí se requiere presencia social”.

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