El país está escandalizado con el aberrante caso de discriminación en la iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, plataforma política y económica del movimiento MIRA.

El escándalo que este caso ha desatado por los medios de comunicación y por las redes sociales, no solo en Colombia sino que ya traspasó fronteras, es un buen ejemplo de que nuestro país no es el mismo de hace unos años cuando las mujeres no podían educarse ni votar, o cuando los indígenas eran "salvajes que debían ser civilizados". En la actualidad hay una mayor sensibilidad ciudadana por los casos de maltrato a minorías y grupos desfavorecidos. El origen y fundamento de esta sensibilidad es la puesta en práctica del derecho a la igualdad, una de las joyas de la Constitución de 1991 y uno de los principios que mejor simboliza la idea del Estado social y democrático de derecho.

El derecho a la igualdad ampara correlativamente el derecho a la no discriminación, no solo de los particulares respecto de los organismos del Estado, sino también de las relaciones entre particulares. Así, en Colombia los derechos fundamentales no solo se le reclaman al Estado sino que también tienen validez entre particulares. Aunque se trate de un establecimiento comercial privado, como un restaurante o una discoteca por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido con claridad que no se pueden realizar restricciones de acceso que impliquen un trato discriminatorio.

Pero los colombianos debemos pasar del sentimiento de rechazo a la acción. Es fundamental que se generalicen acciones inclusivas para la población discapacitada, a fin de demostrar nuestra verdadera vocación en pro de la igualdad.

Accesibilidad y arquitectura amigable para los discapacitados físicos, amoblamiento urbano con ayudas auditivas para la población invidente, generalización del lenguaje de señas en la vida cotidiana para los sordos y muchas otras estrategias similares, deben ser adoptadas con urgencia.

Que no pase este episodio de ser una anécdota más en la lista de conductas aberrantes de muchos dirigentes, sino que sirva para desatar un proceso positivo de soluciones para los colombianos.

La Justicia Penal Militar debe ocuparse del juzgamiento de denuncias por comportamientos de miembros de la Fuerza Pública en ejercicio de actos de servicio y evitar que el sesgo antimilitarista de muchos jueces y abogados desestimule a los combatientes en su vital tarea: proteger la vida de los colombianos y preservar el orden en nuestra sociedad.

"Desafuero" significa acción contraria a las buenas costumbres o a los consejos de la sana razón. La reforma constitucional al Fuero Penal Militar, fue declarada inexequible por vicios procedimentales insubsanables en sentencia C-743/13 por la Corte Constitucional. Por eso es urgente una normativa que proteja al estamento militar en el ejercicio de su función en la garantía de los bienes y derechos de la población y, por esa razón, en el Senado volvimos a presentar el proyecto.

En 2011 se conformó un comité para revisar el plan de guerra de este país. Revisar qué se tenía que hacer para mejorar. Se realizó una encuesta entre militares y policías, y el 67% de los encuestados manifestó que temía salir a combatir la delincuencia organizada por el enorme riesgo de ser investigado por la justicia ordinaria y perder su libertad por el cumplimiento de su misión.
En respuesta a la necesidad de adecuar el Fuero Penal Militar al contexto de conflicto que se vive, la reforma busca dos objetivos principalmente, uno a nivel de la justicia penal militar y otro de la actualización del régimen como tal. Lo fundamental del Fuero es, primero, que armoniza el Derecho Penal Militar con el sistema acusatorio, toda vez que hasta el momento el régimen penal que cobija a los militares es el inquisitivo. Segundo, la reforma garantiza que mientras exista conflicto y haya grupos armados activos, se debe aplicar realmente el llamado "derecho de la guerra", es decir, el DIH, el cual limita los medios para hacer la guerra y protege igualmente los civiles que no participan en el conflicto. De esa aplicación se deriva la obligatoriedad de su aplicación en la investigación, en el juzgamiento y en la defensa de los militares y policías. La reforma restringe entonces el empleo de la fuerza armada bajo parámetros del DIH, entendido como un instrumento que se les otorga a los estados para enfrentar la violencia que encarnan los conflictos armados.

Quedan a salvo los delitos que no tengan relación con actos del servicio, tales como los crímenes de lesa humanidad, la tortura, la violencia sexual, el genocidio y la desaparición forzada que serían asumidos por la justicia ordinaria.