El Partido Político MIRA radicó un proyecto de Ley Estatutaria, por medio del cual se reforman los procedimientos electorales en nuestro país.

“La iniciativa modifica aspectos del paso a paso electoral para mejorar su transparencia y el respeto por la voluntad que los ciudadanos expresan en las urnas”, señaló el Presidente de MIRA, Senador Carlos Alberto Baena.

 Los puntos  más destacados de la iniciativa son:

1. Garantizar el acceso a la información correspondiente a las votaciones y a los escrutinios.

El proyecto define reglas para que la documentación no se oculte, destruya ni desaparezca ilegalmente, por eso exige que desde el mismo día en que se produzcan, por ejemplo, las actas de escrutinio, la Organización Electoral conserve físicamente los documentos, los digitalice y los transforme en archivos con datos abiertos (que se pueden analizar en computador), para que los partidos y la ciudadanía en general acceda a ellos y controle la veracidad de los resultados.

2. Actualizar los procedimientos de escrutinios para que respeten el debido proceso.

La iniciativa moderniza el proceso de escrutinios, pues el que hoy se aplica fue adoptado en 1986, y requiere ser armonizado con la Constitución de 1991, para que las reclamaciones y recursos sean presentados y resueltos conforme al debido proceso. Además, ordena que luego del conteo de votos de mesa, se inicie el escrutinio o revisión de la votación en el mismo puesto de votación, disminuyendo riesgos de tergiversación de las votaciones físicas, que ocurren cuando se trasladan a otros sitios.

3. Tecnificar progresivamente la votación y los escrutinios.

El proyecto ordena que todos los sistemas de información usados en las elecciones sean de propiedad del Estado, dado que hoy, en gran medida, pertenecen a particulares.La iniciativa también propone vigilar a los jurados de votación mediante la instalación de cámaras y televisores que observen en tiempo real a los Testigos Electorales y a los Organismos de Control. 

Adicionalmente, exige la elaboración de las Actas de Escrutinio en computadores, pero con la firma de la totalidad de los testigos (hoy solo se exige la firma de dos de los seis), con el fin de que se avance en la tecnificación del proceso, que  hoy es manual y muy susceptible de sabotajes.

4. Crear la carrera electoral y definir un tiempo para su reglamentación e implementación. Uno de los principales problemas de las elecciones y los escrutinios, es que muchos de los jurados y los escrutadores no conocen su labor. Para superar esa dificultad, el proyecto de ley crea la carrera electoral y da un plazo para que se regule e implemente, incluyendo etapas de formación y especialización de quienes se vinculen al servicio electoral.

5. Compilación de normatividad electoral.

Finalmente, el proyecto responde a una sugerencia de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA, que realizó su observación en las elecciones de marzo de 2018, y propone la compilación de la normatividad electoral, pues su dispersión y desactualización genera inseguridad jurídica en el proceso democrático. 

Prensa Doris Santafé - Cel. 3123598589

Redactador por: Óscar Maldonado 

Bogotá D.C. (Columna senador Carlos Baena).- El Congreso de la República en pleno evaluó el impacto de la Ley de Víctimas, escuchó a los líderes de ellos, y analizó la ejecución del Gobierno en esta materia, tan sensible en nuestro país. Algunas de las conclusiones y propuestas que presentamos desde el Movimiento MIRA en ese foro, son las siguientes.

Lo primero por hacer, es reconocer que la expedición de la Ley 1488 de 2011 constituye un avance muy significativo, incluso en el contexto internacional, toda vez que promueve un cambio del paradigma: traslada el enfoque de la atención pública y estatal, que tradicionalmente ha estado en los victimarios, para volver su mirada hacia las víctimas, y a todo su proceso de reparación integral.

Dentro de ese contexto, la Restitución de Tierras ha jugado un papel protagónico, sin embargo, acusa debilidades importantes, tanto celeridad, como en cobertura.

El esquema actual, a cargo de procesos judiciales, es evidentemente más dispendioso y extenso, de lo que podría ser, por ejemplo, un trámite administrativo, como lo han sugerido ya algunos congresistas.

Hasta la fecha, de las 20.000 solicitudes aproximadas que se han elevado, las estadísticas indican que apenas alrededor de unas 1.000 se han podido evacuar exitosamente. Existe entonces un rezago del 95% en esta materia, y si a lo anterior se suman las declaraciones de Presidencia de la República, en las que ahora reconocen que reparar a todas las víctimas no será viable, el panorama se muestra desalentador.

En ese contexto, y partiendo de que la tierra debe ser para las víctimas, y no para los victimarios, la gran pregunta es ¿cómo lograr, no sólo el retorno, sino la permanencia y el arraigo de quienes lo perdieron todo por causa de la violencia?

La respuesta es, según proponemos, que el Estado se cree, implemente y asegure una Verdadera Política Pública del Campesino y del Agro en Colombia superando así los intereseas transitorios de cada gobierno.

No puede darse una verdadera reparación a las víctimas, si esa reparación no es integral, y no será integral, si no hay condiciones para regresar y permanecer en el territorio.

El Ministerio insiste en buscar "interpretaciones" y" alternativas", para seguir cobrándoles a los colombianos por la expedición de este documento.

Así lo manifestó el senador Carlos Baena quien le solicitó al presidente Juan Manuel Santos, detener el proceso que pretende implementar en Colombia el pago de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, bajo la modalidad prepago.

En varios pronunciamientos la Corte Constitucional ha dejado claro que a los ciudadanos se les debe garantizar un mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios. Este mandato de la Corte no se ha cumplido hasta el momento y por ende no podemos implementar un sistema prepago que podría dejar a los usuarios sin el suministro de agua, por no cargar una tarjeta.

"Lo que nos da la impresión es que con esta propuesta el Gobierno busca blindar a los operadores y en cierto modo amarrar a los usuarios con el pago anticipado de los servicios públicos", afirmó Baena López.

En la Resolución 657 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, (que está en proceso de revisiones ciudadanas), queda claro que los usuarios que se acojan a esta modalidad prepago continuarán pagando un cargo fijo y deberán asumir el costo de un nuevo medidor, que puede estar entre 150 y 400 mil pesos.

"Considero que antes de pensar en implementar el sistema prepago, debemos avanzar en la discusión y aprobación del proyecto de Ley 09 de 2013 Senado, para sus casos concretos que busca dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte y de esta manera garantizarles a los Colombianos el mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios.

Desde el Movimiento MIRA seguiremos trabajando también para eliminar el cargo fijo en todos los servicios públicos y para que en el corto plazo los ciudadanos tengan un acceso más económico y efectivo a los servicios públicos domiciliarios".

Prensa senador Carlos Baena

Dentro del "ABC del pago anticipado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el usuario también tendrá que seguir pagando el controversial cargo fijo": senador Carlos Baena López (Mira).

Lo que se avecina en el panorama de los servicios públicos para el país, es el Acueducto y Alcantarillado Prepagado. La iniciativa, liderada por el Gobierno Nacional, pretende que de la misma manera como sucede con las líneas celulares, o la medicina prepagada, los usuarios cancelen por anticipado este servicio.

De acuerdo con la información disponible, la propuesta quiere favorecer a las personas de escasos recursos, sin embargo, en su estructuración aún no se ve con claridad de qué manera se garantizaría el mínimo vital, ni que se dé una disminución directa en los costos que pagan los usuarios.

Dentro del "ABC del pago anticipado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado", expedido por la Comisión de Regulación del sector, la CRA, queda en evidencia que el usuario, de acuerdo con su estrato, también tendrá que seguir pagando el controversial cargo fijo.

La cuestión, básicamente, es que si la persona tiene que hacer más de una recarga del servicio de agua al mes, le cobrarían igual número de veces ese cargo fijo. Lo justo es que solamente se incluya el pago de los metros cúbicos que se van a consumir.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda anunció que instalará el Acueducto Prepagado en las 100.000 casas gratis. Sin embargo, es necesario preguntarse, por qué no se exigió a las constructoras que colocaran desde el principio los medidores apropiados, en lugar de imponerles a los beneficiarios que desechen los contadores, y que asuman el costo del remplazo.

Pues bien, en vista de todo lo anterior, hicimos durante la semana que concluye un llamado al Gobierno Nacional pidiéndole dos cosas muy puntuales: Primera: Que se elimine el cargo fijo en la tarifa prepago, asunto en el que hemos insistido mucho y que es perfectamente viable. Baste recordar cómo gracias a las denuncias y gestiones del Movimiento MIRA, acompañadas luego por diversos sectores, fue posible evitar que empezaran a cobrárselo a los colombianos en el Servicio de Energía.

Y Segunda: Que para las poblaciones más vulnerables económicamente hablando, y para todos los beneficiarios de las viviendas gratis, el costo de los nuevos medidores que serán instalados, sea asumido por el Estado y no por los usuarios.

Esperamos que el Gobierno acoja estas propuestas, para que esta vez los usuarios más necesitados, sí se sientan favorecidos.

"Al pensar en el Paro Agrario, o en el gran Paro Nacional que ha sacudido al país desde el 19 de agosto, hay tantas cosas por decir y tan pocos espacios de reflexión": senador Carlos Baena (MIRA).

Por ejemplo. ¿Era necesaria una movilización de semejantes magnitudes, para que el campo saliera de la invisibilidad en la que ha sido puesto desde hace tanto tiempo? ¿Se requerían asonadas y actos de vandalismo para entender que ese proceder constituye una ofensa contra las manifestaciones sociales, y sobre todo, contra el campesino colombiano? ¿Resultaba preciso que se agudizara la crisis por todo el territorio nacional, y lo propio ocurriera en las principales ciudades del país, para que se pusiera en evidencia la pobreza en el Diálogo Social?

Indudablemente no, como tampoco teníamos que llegar a estos extremos, para que el Presidente de la República se reuniera con Gobernadores y Alcaldes de capitales, para mostrar algo de voluntad política hacia la construcción de un Pacto Agrario por Colombia.

Al Ministerio de Agricultura le ha faltado manejo, por eso los tropiezos en todos estos asuntos son permanentes, como también tropieza el Gobierno Nacional, y a la par se demuestra la degradación en la calidad de vida y la dignidad de quienes por generaciones han contribuido, sin cesar, al crecimiento de Colombia.

Buena parte del recrudecimiento de la crisis del sector, según los mismos líderes campesinos, obedece al impacto negativo de los TLC que el país ha negociado recientemente.

Pues bien, el Gobierno se planteó la meta de contar 16 TLC al finalizar el período. La meta ya se alcanzó. Al respecto, el Presidente sostiene que, por tratarse de compromisos internacionales, no puede introducirles modificaciones, aunque, desde el Congreso, sabemos que sí existen los mecanismos.

Así las cosas, no hay otro camino que actuar decididamente a favor del campo, tomando medidas dentro de la economía nacional, y específicamente en la regulación del mercado.

Es por ello que hemos propuesto; dentro de las mesas nacionales en las que hemos participado, en compañía de miembros del gobierno y de los líderes campesinos; que además de la reducción arancelaria a los insumos compuestos, se intervenga con una regulación más fuerte. En la actualidad existe un oligopolio, pues entre 4 ó 5 empresas fijan todas las condiciones.

También, creemos que el Estado debe liderar, bien facilitando las condiciones, bien creando una empresa pública directamente, estas nuevas importaciones para que la reducción del precio sí se refleje en un mejor precio final, que favorezca al productor en cada municipio.

Con todo, el seguimiento a los compromisos será fundamental, pues la palabra dada en los acuerdos debe honrarse, y no dilatar ni ignorar su cumplimiento.

Mañana a partir de las 3 pm se llevará a cabo en la plenaria del Senado el debate de control político  al programa de viviendas gratis del Gobierno Nacional, citado por el Senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA.

Al debate fueron citados el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Felipe Henao; el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master y el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, Jorge Alexander Vargas Mesa.

Al evento fue invitado el Alcalde Mayor de Bogotá ,Gustavo Petro, para analizar los efectos de la implementación  del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

Consulte el cuestionario que tendrán que responder el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Juan Felipe Henao y al Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, doctor Jorge Alexander Vargas Mesa. 

PRENSA: 3202713608

Así lo aseguró el senador carlos baena, quien considera que tanto las autoridades Nacionales y Distritales deben sentarse a concertar el manejo del uso del suelo.

Aseguró que la propuesta es prematura porque la Corte no se ha pronunciado sobre el Marco Jurídico para la Paz.

"El grado 12, como lo estamos proponiendo, permite que el último y nuevo año de estudio" senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

En carta enviada al ministro Fernando Carrillo, el senador Carlos Alberto Baena, le solicitó que se pida al Consejo de Estado su concepto sobre la vigencia de la personería jurídica de los Partidos y Movimientos Políticos.

Con un acto simbólico en rechazo a la implementación en Colombia del umbral del 3 %, el Movimiento Político MIRA inició hoy en la Plaza de Bolívar, la conmemoración de sus 13 años de vida política.

El 26 de julio del año 2000 nació una nueva forma de hacer política en Colombia. Desde su creación hasta hoy, el Movimiento Político MIRA ha venido construyendo democracia, renovando la política de nuestro tiempo y trabajando con independencia y solidaridad en beneficio de todos.

La bancada de MIRA en el Congreso de la República, integrada por tres Senadores y una Representante a la Cámara por Bogotá, y el Gobernador, el Alcalde, los Diputados, Concejales, Ediles y Comunitarios que trabajan en diferentes zonas del país, han logrado que nuevas ideas se transformen en leyes y beneficios para todos los colombianos, en especial para los ciudadanos(a) de más escasos recursos.
MIRA ya es parte importante de la historia política nacional, por eso su participación es esencial en la construcción de la democracia y la paz. "Paz sin democracia no es paz", señaló el Presidente de MIRA,Senador Carlos Alberto Baena.

Congresistas, Concejales, Voceros y Líderes de MIRA en Bogotá acompañaron a decenas de ciudadanos en el Acto Simbólico "NO al Umbral Electoral del 3%", medida que desconoce la esencia pluralista de la Constitución Política de 1991, y obstaculiza el crecimiento de los nuevos partidos y movimientos políticos.

En su décimo tercer aniversario, el Movimiento Político MIRA le dice a Colombia: ¡Seguiremos adelante porque nuestro compromiso es con todos!

Prensa senador Carlos Baena

El paso por la cárcel para los culpables, quedó entre 6 y 10 años. Si el ataque afecta el rostro o el cuello de la víctima, la pena sube de 8 a 15 años. senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

Todo lo que se haga a favor de la mujer, de las niñas, niños y adolescentes, es de las mejores acciones que se puedan emprender, de cara a consolidar las bases de una sociedad más justa, más digna, más equitativa, de cara a una sociedad que reconozca la igualdad y respete las diferencias, con consideración y en solidaridad.

Esta ha sido una de las banderas del Movimiento MIRA. Hemos presentado numerosas iniciativas, desde el Congreso de la República, en las Corporaciones Públicas, y también desde el ejecutivo, que reconocen el valor de la infancia, la adolescencia, y del género femenino. Nuestra dinámica al interior de MIRA también es una muestra de ello.

La creación de las Secretarías de la Mujer, las Políticas Públicas para la Equidad de Género, la lucha en contra del Abuso Sexual Infantil y de la Explotación Sexual Criminal" de Niñas, Niños y Adolescentes, la "Ley de Cuotas" para la Administración o para la conformación de listas de elección popular, son sólo algunas de ellas.

Con entera satisfacción vemos que fue sancionada la ley 1639 de 2013, de nuestra autoría, que encontró el acompañamiento de senadores y congresistas, así como del Gobierno Nacional, mediante la cual se agravan las condenas para los ataques con ácido.

Además de elevar las condenas, la nueva ley incluye apoyo y soporte para las víctimas como orientación especializada, atención psicológica, pero tal vez lo más relevante es que los servicios médicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas para tratar de restaurar la fisionomía y la funcionalidad afectadas por el ataque, serán gratuitas y a cargo del Estado.

Para evitar que esta práctica despreciable aumente, se ordenó la creación de un registro único, mediante el cual se controlará la venta al detal de estos productos.

Pero se preguntarán ¿cuál es la relación entre esta ley y el trabajo por la mujer del que hablamos al principio? Pues que los ataques con ácido tienen "rostro de mujer". En el 2012, de poco más de 150 ataques, casi 100 fueron contra las mujeres. 25 casos, se dieron en menores de 19 años, de los cuales 6, perjudicaron la vida de niños y niñas menores de 10 años. El mayor número de víctimas se presenta en las mujeres de 20 a 30 años de edad. En los tres primeros meses de este año, Medicina Legal reportó 36 incidentes.

Esperamos que esta nueva ley reduzca notablemente los ataques, y que las víctimas cuenten con un apoyo estatal definitivo, a pesar de que en muchos casos, los daños resultan irreparables.

Tomado de El Tiempo

Proyecto de ley, que hace tres semanas pasó en primer debate en Senado, derogaría ese cargo mensual.

El cargo fijo mensual de las facturas de los servicios públicos domiciliarios, en promedio, equivale al 18 por ciento del valor de la factura del agua y al 10 por ciento en el servicio de gas, lo que significaría un ahorro para los ciudadanos.

Codensa, que proporciona electricidad, no incluye el cargo fijo en sus facturas, por disposición, desde 1996, de la Comisión Reguladora de Gas y Energía (CREG).

El senador Carlos Baena, del partido Mira y ponente de la iniciativa, señala que: “El recaudo del cargo fijo mensual se debe utilizar para construir nueva infraestructura de redes, pero en ciudades como Bogotá la cobertura es de más del 90 por ciento, entonces no se justifica el cobro”.

El proyecto está dirigido a todos los estratos y busca incentivar, según Baena, el ahorro. “Esto se debe a que las personas solo pagarían el consumo que realicen de los servicios. Además, será de gran ayuda para los estratos bajos porque ellos son los que menos gastan en servicios”, indicó el senador.

MI ZONA consultó en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y aclararon que el recaudo del cargo fijo que realiza el Acueducto se destina para garantizar la disponibilidad permanente del servicio a los usuarios. “Según la sentencia C–041 de 2003, el solo hecho de que el prestador esté disponible para brindar el servicio genera costos, los cuales son independientes del consumo que se efectúe”, señalaron en la Superintendencia.

Sin embargo, en la Superintendencia afirmaron que si el proyecto de quitar el cargo fijo pasa, no se pertubaría la prestación de los servicios públicos. “En la medida que dichos costos se puedan recuperar en el cargo por consumo; en principio no habría afectación”, dijeron.

En Gas Natural, la única empresa que opinó del tema, señalaron que tampoco habría afectación si no se cobra el cargo fijo mensual. “Desde el punto de vista de ingresos, para la compañía no generaría ninguna variación”.

Los líderes comunitarios consultados por MI ZONA, en su mayoría, afirmaron que la propuesta beneficia a los ciudadanos. María del Carmen Pinilla, de Colina Campestre, dijo que: “Habría ahorro y sobre todo para las familias de los estratos 1, 2 y 3. Además, no es justo que las empresas sigan cobrando por hacer redes”.

“Si uno paga solo lo que consume es más justo”, dijo Luis Fernando Lanziano, líder en Multicentro.

Otros vecinos piensan que es la primera vez en que el gobierno nacional piensa en sus necesidades. “Si el proyecto pasa habría que enmarcarlo porque las medidas que toman en el Congreso siempre son gravosas para los ciudadanos”, dijo Héctor Bruno Fernández, líder en Cedritos.

Aunque hubo vecinos que opinaron que el cobro se debe mantener. “El costo es bajo y además las empresas han demostrado eficiencia. Deberían mostrar qué resultados han tenido con el recaudo”, dijo María del Rosario Morales, del barrio El Castillo.

Si la ley es aprobada comenzaría a regir en 2014

El senador Carlos Baena es optimista y asegura que en el legislativo el proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas políticas y que pasó la prueba más dura que fue su primer debate en la Comisión Sexta del Senado, que se encarga de los temas de servicios públicos y medios de comunicación, entre otros. “Hay consenso de todas las fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto”. Lo que viene son tres debates más en el Senado durante el segundo semestre de 2013; de ser aprobada la ley, el cargo fijo mensual se dejaría de cobrar a partir del 2014.

Ley no aplica a las telecomunicaciones

El proyecto no acoge a las empresas EPM–Une o Claro debido a que estas empresas no se les considera un servicio público, según las reformas que se le hicieron a la Ley 142 de 1994. A la ETB tampoco le aplica porque es una empresa mixta y se rige por la ley general de comunicaciones de 2009.

¿Y las nuevas redes?

Si se redensifica Bogotá, como se busca con las modificaciones al POT, la EAAB tendría que construir nuevas redes. Según el senador Baena, estas las harían las empresas constructoras que desarrollen dichos proyectos a través de regímenes de cargas y beneficios, así la EAAB no las financiaría.

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/servicios-publicos-sin-cargo-fijo_12893625-4

"Esta emergencia carcelaria puede quedarse corta, por lo cual estimamos que debe acompañarse por la declaratoria de un estado de Emergencia Social": senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

El hacinamiento en nuestras cárceles es un problema recurrente, que muestra sus síntomas desde hace tiempo. Las dificultades sanitarias, los problemas de convivencia y sobre todo, el perjuicio en la calidad de vida de los internos son evidentes a lo largo y ancho del país.

Es por ello que en un intento por reconocer esas dificultades desde el Legislativo, y de proponer alternativas de solución, el 15 de agosto del año pasado, en medio de un debate de control político le propusimos al Ministerio de Justicia justamente que, entre otras medidas, emitiera esa declaratoria de emergencia. Aunque le damos la bienvenida a esa medida, no podemos menos que lamentar que se haya perdido prácticamente un año. Si el Gobierno Nacional hubiera atendido en su momento las recomendaciones que planteamos, hoy la realidad de los reclusos sería más llevadera.

Lo cierto es que nos encontramos ante una situación muy grave de orden público y social, derivada de un manejo carcelario inadecuado, originada por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, un sistema judicial al que le falta celeridad y fortaleza, y naturalmente, por la ausencia de políticas de rehabilitación para los internos.

El hacinamiento ha llegado hasta del 400% en algunas de las 142 cárceles del INPEC, cuestión que transforma los establecimientos carcelarios en edificaciones de simple encierro. Es inconcebible, pero hay cárceles sin servicios públicos y en algunas el agua no es apta para el consumo humano. Entonces, las muertes y el deterioro en la salud de los internos, aparecen como consecuencias de la desatención del Estado.

Como si lo anterior fuera poco, no podemos olvidar que aproximadamente de cada 100 personas que ingresan a un establecimiento penitenciario, 30 de ellas regresan después por diversas causas. El número de guardias también es insuficiente.

¿Qué puede hacerse entonces? En primer término, como lo hemos sugerido desde hace tiempo, el Ministerio de Justicia y el INPEC deben buscar mecanismos para descongestionar los trámites de libertad pendientes; apropiar los recursos necesarios para aumentar los cupos carcelarios y garantizar los procesos de rehabilitación; cumplir con la protección de los derechos humanos; fortalecer los procesos meritocráticos en la selección de los profesionales y guardianes que laboran en las cárceles; construir hospitales o clínicas penitenciarias, institucionalizar los programas de atención a drogadictos; crear jueces de descongestión de ejecución de penas; ordenar un programa especial de atención en servicios públicos y; definir un sistema de priorización de cupos penitenciarios. Estas medidas ayudarían, y mucho, a mitigar la crisis.

Sin embargo, esta emergencia carcelaria puede quedarse corta, por lo cual estimamos que debe acompañarse por la declaratoria de un estado de Emergencia Social, que revista de facultades especiales al Presidente, y le permita finalmente superar la crisis. Esperamos que esta vez no sea necesario el paso de otro año más, para implementar las iniciativas.

Añadió el legislador que "estamos ante una inminente amenaza de orden público y social, derivada de un pésimo manejo carcelario".

Como lo recomendamos hace cerca de un año , el Gobierno Nacional declaró de manera tardía la Emergencia Carcelaria, afirmó el senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA.

En el debate de control político que realizamos el 15 de agosto de 2.012 le solicitamos al Ministerio de Justicia que no tomara medidas a corto plazo sino que por el contrario atacara de fondo los problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Estamos ante una inminente amenaza de orden público y social, derivada de un pésimo manejo carcelario, que se ha originado por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, un lento y débil sistema judicial y falta de políticas de rehabilitación de los internos.

Durante varios años el gobierno solo se ha preocupado por llenar las cárceles y hoy parecen "galpones de pollos" con pésimas condiciones para seres humanos: hacinamiento hasta del 400% en algunas de las 142 cárceles del INPEC, establecimientos de mero encierro y no de rehabilitación, muertes y deterioro en la salud de los internos derivados de una deplorable atención médica, escases de guardianes, índices de reincidencia del 30%, cárceles sin servicios públicos y en algunos casos con agua no apta para el consumo humano, entre otros problemas.

Descongestionar los trámites de libertad pendientes, apropiar los recursos necesarios para aumentar los cupos y garantizar los procesos de rehabilitación, cumplir con la protección de los derechos humanos, procesos meritocráticos en la selección de los profesionales y guardianes que laboran en las cárceles, construir hospitales o clínicas penitenciarias, fortalecer los programas de rehabilitación de drogadictos, crear un programa de pasantes y voluntarios, crear jueces de descongestión de ejecución de penas, establecer una auditoria conformada por los tres poderes, la Defensoría y la Procuraduría, ordenar un programa especial de atención en servicios públicos y definir un sistema de priorización de cupos penitenciarios, son algunos de las reformas que permitiría decretar la emergencia social.

Consideramos que la Emergencia Carcelaria debe ir acompañada por un estado de Emergencia Social que revista de facultades especiales al Gobierno y que le permita superar una crisis carcelaria que ha degradado la vida de los reclusos en nuestro país.

Prensa senador Carlos Baena

"Los colombianos lo que si no han visto es que se ponga el primer ladrillo en la construcción de viviendas gratis para los más pobres", manifiesta el senador Baena (Mira).

Un llamado a los Gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y del alcalde Gustavo Petro, para que se concerteuna propuesta que permita la construcción de viviendas gratis en Bogotá, hizo hoy el senador Carlos Alberto Baena, del Movimiento Político MIRA.

"Los bogotanos solo han visto una disputa política entre el alcalde Gustavo Petro y el ministro de Vivienda German Vargas Lleras, pero lo que si no han visto es que se ponga el primer ladrillo en la construcción de viviendas gratis para los más pobres", puntualizó el legislador.

Si tenemos voluntad política y queremos conciliar, el alcalde Petro le puede solicitar al Ministerio una reglamentación específica que permita construir viviendas en el centro de la ciudad y no en las zonas periféricas.

Como van las cosas y si no asumimos posturas conciliadoras, lo único que vamos a construir en Bogotá son casas en el aire.

Prensa senador Carlos Baena

Aseguró el legislador que la administración distrital no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos y ahora crece su malestar.

Revocar los actos administrativos que se expidieron para hacer efectivo el cobro de la Fase II de la Contribución de Valorización por beneficio local, le solicitó hoy al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA.

El Instituto de Desarrollo Urbano amplió las zonas de influencia de las obras y en vez de pagar por una Valorización por beneficio local, como lo ordena el Acuerdo 180 de 2.005, terminamos asumiendo una Valorización por beneficio general.

Por ejemplo, a un ciudadano de la localidad de Suba ( Nor-occidente) le están cobrando por las obras del Parque de los Novios ubicado en la calle 63 con carrera 50, siendo esta una zona de recreación utilizada por todos los Bogotanos y muy lejana de Suba. Un habitante del barrio la Estrada está pagando por los andenes de la calle 94 con 7 (norte) y otro de la Calle 80 está ayudando a construir las obras ubicadas en la calle 170, a por lo menos 90 cuadras de su casa.

"La administración distrital no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos. En su momento le advertimos a la Directora del IDU que los Bogotanos venían de una temporada de vacaciones, que entraban en una de gastos escolares, y que luego tenían que enfrentar el pago de los impuestos predial y de vehículos. No nos escucharon y ahora crece el malestar de los ciudadanos".

El senador Baena le solicitó también al Alcalde que se revise en su totalidad el Acuerdo 180 de 2.005 y que se presente un nuevo Estatuto de Valorización que permita construir primero las obras y luego cobrarlas y que le brinde a los ciudadanos herramientas de reclamación ágiles y efectivas.

"El IDU no puede escudarse en que el Concejo aprobó el Acuerdo 180, lo que tiene es que respetar la norma y no pasar de una Valorización local a una general", puntualizó.

"El Alcalde reconoció que el cobro de Valorización tiene errores y anunció que presentará un proyecto de Acuerdo para corregirlos, entonces, ¿Por qué permitió que avanzara el cobro de esta Segunda Fase? Es más, en su cuenta de twitter afirmó: "No se deben extender áreas deslegitimando la esencia de la valorización"; pero con este cobro están haciendo todo lo contrario".

Prensa senador Carlos Baena

Sostuvo el legislador que no se debe tratar como delincuentes a los consumidores, sino que se deben apoyar en su proceso de desintoxicación, sin criminalizarlos.

Como una medida prematura que da inicio a la legalización de las drogas en Colombia y que puede incentivar el mercado ilícito, calificó el presidente del Movimiento Político MIRA, senador Carlos Alberto Baena, el anuncio del Gobierno Nacional de regular el consumo de dosis mínima en drogas sintéticas.

"Se ha afirmado que la medida busca que las personas no vayan a la cárcel sino que sean tratadas por el sistema de salud. El fundamento es válido, el Movimiento MIRA ha afirmado que no podemos tratar como delincuentes a los consumidores, sino que debemos apoyar su proceso de desintoxicación, sin criminalizarlos. Pero de otro lado nos preocupa, que problemas como el hacinamiento carcelario, no pueden ser mitigados, poniendo en riesgo la salud pública de los colombianos. A 31 de Diciembre de 2012 de 167.637 internos, un 13.72% (23.004) lo están por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sólo una parte de estos corresponden a casos de dosis mínima, esto implica que no necesariamente legalizar la despenalización del porte de drogas sintéticas aporte a la reducción de un hacinamiento carcelario que llega al 40%".

"Más que la legalización de la dosis mínima, estamos legalizando un porte mínimo, casi que un tráfico mínimo. Esto porque es importante no generalizar sobre la cantidad (200 mg o 3 comprimidos), sino hacer estudios de cada sustancia que se encuentre en ese grupo y determinar la dosis permitida para cada caso. La dosis mínima no puede ser generalizada para drogas sintéticas, tiene que ser específica según la actividad de cada droga, en tanto cada sustancia tiene su nivel de tolerancia, hablar de 200 mg es mucho más que una dosis personal en algunos de los derivados", aseguró el legislador.

Finalmente puntualizó que el límite entre dosis personal y tráfico es simbólico, de un lado porque no hay forma real de controlar el porte de tres pastillas, porque tanto el consumidor como el distribuidor van a tener la oportunidad de mantener contante el uso de esta cantidad durante todo el día. Adicionalmente dejar la responsabilidad de las políticas públicas a los entes territoriales, que están en medio de una grave crisis del sistema de salud, va a llevar a que no pasemos de las buenas intenciones.

Prensa senador Carlos Baena

A debate de Control Político será citado el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para que explique la efectividad de la reducción de tarifas de aseo que prometió la Administración Distrital con la entrada en operación del nuevo esquema de recolección de residuos en la capital del país.

El debate se realizará en la Comisión Sexta por el Senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA:

Adjuntamos la Proposición:

PROPOSICIÓN

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA

Enero de 2013

Citar a debate de control al señor Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro; al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo; al Gerente de Aguas Bogotá, Ricardo Agudelo y al Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Carlos Arturo Arboleda; con el objeto de analizar y evaluar públicamente el balance en la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá y la reducción en las tarifas anunciada por la Administración Distrital.

Cítese también al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al Director de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

CUESTIONARIO

Al Señor Alcalde Gustavo Petro, al Doctor Carlos Arturo Arboleda, Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá.

1. Señale la condiciones económicas y jurídicas pactadas por parte  de la Unidad administrativa de servicios púbicos UESPA con los operadores Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital para el restablecimiento de la prestación de servicio. Y a su vez indique el impacto sobre la tarifas de esta decisión.

2. ¿Cuántas organizaciones de recicladores  y recicladores están vinculados al nuevo esquema de prestación del servicio de aseo? , señale a su vez el esquema de remuneración financieramente estipulado para dar cumplimiento al auto 215 de 2011.

3. ¿Cómo se garantizará la rebaja en las tarifas de aseo con el nuevo esquema de aseo en Bogotá?  Sírvase indicar qué estratos serán beneficiados y la fecha de aplicación de la misma.

4. De acuerdo con el nuevo esquema de aseo ¿Qué estudios o proyecciones se han realizado para evaluar las rebajas en la tarifa del aseo en Bogotá? Sírvase anexar los soportes correspondientes.

5. ¿Qué sobrecostos se han generado con la implementación de nuevo esquema de aseo en Bogotá? Sírvase informar que implicaciones tiene en la tarifa.

Fuente: Sitio oficial senador Baena

En su opinión, el cobro de la primera fase por ese concepto fue un fracaso.

Dejar como fecha límite el 27 de junio para que los Bogotanos paguen de contado la contribución de valorización y obtengan el descuento del 15 %, le propuso al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA.

"Venimos de una época de vacaciones y entramos ahora en una temporada de fuertes gastos escolares y tributarios. En febrero y marzo los ciudadanos deben asumir los costos de ingreso al colegio y/o Universidades, para el 19 de abril de 2013 el calendario tributario establece el pago del Impuesto Predial Unificado con descuento del 10% y también se contempla para el día 3 de mayo del año en curso el pago del Impuesto sobre Vehículos automotores con descuento del 10%. "Tenemos que darles más plazo a los Bogotanos para que organicen sus finanzas y cancelen sus impuestos y contribuciones sin afectar los gastos de la canasta familiar", explicó.

El descuento del 15 % se mantendría permanente para quienes cancelen antes del 27 de junio, los que paguen de esta fecha al 31 de octubre no obtendrían descuento y si el ciudadano no cancela en las fechas anteriores, el IDU está en la libertad de diferir el pago por cuotas.

Para Baena, lo ideal es que la administración hubiera cumplido con lo prometido, es decir construir primero las obras y luego cobrarlas, pero como esto no sucedió y el cobro de la primera Fase de la Valorización fue un fracaso, "tenemos que evitar que los Bogotanos paguen los platos rotos por la corrupción y las malas decisiones administrativas".

"En el Movimiento MIRA estaremos muy atentos para evitar que se cometan los mismos errores del primer cobro y brindaremos asesoría a los ciudadanos para que paguen lo justo y hagan las reclamaciones necesarias", anotó.

Prensa senador Carlos Baena

Los llamados que hicimos al Gobierno desde el control político, no funcionaron.(Columna senador Carlos Baena).

El Gobierno Nacional tiene el deber de consultar a las comunidades y organizaciones afrodescendientes cuando regula los derechos de éstas.

Para establecer cómo se deben involucrar las personas afrocolombianas en las decisiones que les incumben, el Ministerio del Interior emitió la Resolución 0121 de 2012 y el Decreto 2163 de 2012, en los cuales creó un Espacio Nacional de Consulta.

El anuncio de esas normas animó a muchos sectores de los afrodescendientes, pero el desencanto vino cuando encontraron que para la expedición no fueron consultados los interesados, y porque de ese Espacio se excluyeron más de 1200 organizaciones de base (73% de la población) y tampoco se tuvieron en cuenta 90 territorios colectivos a los que aún no se les ha otorgado título. De forma contradictoria, la participación se reglamentó por la vía de la exclusión, pues para la regulación no se tuvo en cuenta la opinión presente ni futura de los destinatarios de la norma.

Podría pensarse que ese fue un olvido o una situación inadvertida, pero desde el Congreso, hace varios meses, venimos insistiéndole al Gobierno que incluya en las consultas a las organizaciones y comunidades afro de territorios no titulados.

Por ejemplo, a inicios de octubre de 2012 realizamos un debate de control político, en el cual le dijimos al Ministerio del Interior que expedir esas reglamentaciones sin haber consultado a los afrodescendientes, desconocía el derecho dado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Los llamados que le hicimos al Gobierno desde el control político, no funcionaron en este caso. Por eso tuvimos que acudir al poder judicial, con la presentación de una demanda contra la resolución y el decreto que regulan las consultas. El Consejo de Estado será el que defina si el no haber consultado a los afrodescendientes y el no incluirlos a todos, es admisible en una norma que tiene el deber de asegurar su participación.

Por fortuna la democracia tiene al menos tres poderes, y en el diálogo poco fructífero que puedan sostener dos de ellos, un tercero entra a decidir para que se garanticen los derechos ciudadanos. No hay duda de que en la búsqueda de la no discriminación es más corto y amigable el diálogo directo entre el Gobierno y el Congreso, pero cuando éste no funciona, está bien acudir a las instancias judiciales.

Con el fallo que resulte de esta demanda, el País tendrá un precedente valioso sobre el deber de convocar a los afrocolombianos para que incidan en las decisiones de su interés; será un antecedente judicial, pero consecuencia del diálogo entre el Gobierno, el Congreso y una de las máximas instancias jurisdiccionales. Lo que tal vez llegue a ser frustrante, es que mientras se emite la sentencia, reinará la exclusión".

Prensa senador Carlos Baena

En medio del debate, la Superindustria y Comercio realizó una visita a la EAAB y la plenaria del Senado conformó una comisión para verificar lo que está pasando. (Columna senador Carlos Baena).

"Los debates sobre el manejo de las basuras en Bogotá, pasaron los linderos de la ciudad y trascendieron al país entero, ocupando a congresistas y distintos sectores políticos. La novedad de la discusión nace de una orden de la Corte Constitucional, la cual precisa que el manejo de las basuras debe asegurar la inclusión de los recicladores y recuperadores de oficio. Para cumplir con la exigencia, el gobierno del Alcalde Petro decidió entregarle gran parte de la operación a la Empresa de Acueducto y el del presidente Santos ha realzado el respeto a la libre competencia y que la solución no debe excluir a prestadores privados.

Las intervenciones de las superintendencias, como órganos de control y vigilancia, nos gustan a los que defendemos la transparencia en la gestión pública. Lo que no deja de desconcertar es que aparezcan en un momento político, incluso más allá de lo que las competencias parecen permitirles. Resulta lógico y necesario que la Superintendencia de Servicios Públicos visite las empresas de Acueducto, pues requieren su inspección, pero lo que sí acabó siendo inusual fue la aparición realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando hace unos días llegó a las instalaciones del Organismo.

Para saber las causas, el sustento y los resultados de esa visita al Acueducto, esta semana la Comisión Sexta del Senado hace un debate de control político al que están citados los dos superintendentes. El propósito es que aclaren hasta dónde llega cada una de sus entidades y qué tan legal es la actuación de Industria y Comercio, cuando existe un órgano especializado para los servicios públicos.

Cualquiera sea la explicación, en la opinión pública quedó un sin sabor, especialmente porque para entonces el gobierno de Bogotá no había tomado ninguna determinación administrativa que evidenciara afectación de la libre competencia.

Este nuevo capítulo puso en la misma escena a la superintendencia del comercio y a la del servicio. Aunque no es claro si la presencia de las dos es para concurrir o para competir, lo que dejaron en evidencia es que en las decisiones sobre el manejo de las basuras se formó un pulso entre intereses de empresarios e intereses de usuarios. Pueda ser que la solución armonice los dos, pues el triunfo exclusivo de unos sería la frustración de los otros".

Prensa senador Carlos Baen

Este martes 20 de  Noviembre, a partir de las 9:00 a.m, en la Comisión Sexta de Senado, y es citado por el senador Carlos Baena (Mira). 

Están citados el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe; el Superintendente de Servicios Públicos, César González Muñoz; la Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Silvia Yepes; y al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo,

A la sesión están invitados el Pprocurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado; a la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico; y al Director (e) de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Henry Romero.

De la misma manera, se citó al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios César González Muñoz, y Julio César Aguilera Wilches, y al Director ejecutivo (e) de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para analizar y evaluar públicamente la situación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá.

El senador Baena manifestó que por tratarse de un tema de ámbito nacional, de no resolverse de manera pronta, llevaría a la capital del país a una inevitable crisis de salud pública.

Prensa Senador Carlos Baena

También al Gerente  de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y al Director de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

"La vida digna depende, no sólo de las condiciones orgánicas o fisiológicas, y cualquieras que éstas sean, no impiden la realización de los seres humanos por el amor y el afecto": Senador Baena.

Hace unos días fue aprobado en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley 70 de 2012, por medio del cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia. La muerte digna o la buena muerte, como llaman algunos a la eutanasia, es el tema de esta iniciativa que de convertirse en ley legalizaría lo que hoy sería un homicidio. El proyecto confronta la muerte y la vida: mientras autoriza acciones para acabar la existencia, limita los esfuerzos para protegerla.

Entre los valores que los colombianos incluyen en la Constitución, la vida es preponderante. No en vano el primer artículo de los derechos fundamentales señala que el derecho a la vida es inviolable, llana y simplemente, sin excepciones ni atenuantes. Es el derecho a la vida el que explica la creación del Estado, de sus instituciones, de sus recursos, del sistema de salud y de muchas de las organizaciones que conocemos. Si el Congreso promueve excepciones a la defensa de la vida, pone en tela de juicio el origen que lo justifica.

El otro debate profundo que suscita el proyecto es el relacionado con la salud, pues autoriza que un individuo gravemente enfermo pueda ser sometido a la terminación de su vida. Una persona con cualquier padecimiento tiene derecho a vivir y la responsabilidad del gobierno, el congreso y los jueces es ayudarla a lograr ese propósito. Más aún, un Estado en el que la gente fallece a la puerta de sus entidades de salud esperando la atención, no tiene autoridad para permitir que la intervención a realizar sea para acabar la vida. Si fuera así, Colombia estaría en el peor de los escenarios, uno en el que el sistema de salud no solo niega la atención, sino que de brindarla puede llegar al exceso de hacerlo para acabar con la vida.

Los asuntos de procedimiento son importantes frente a este proyecto. Como el Congreso está obligado a seguir el trámite que la ciudadanía le ha dictado, sorprendería que a una propuesta para restringir la vida se le aplicara un procedimiento ordinario, como parece suceder hasta ahora, cuando solamente una ley especial o estatutaria podría hacerlo. En este caso se requieren mayorías absolutas, el trámite en una sola legislatura (un año), la revisión de la Corte Constitucional y la intervención de la ciudadanía para defenderla o impugnarla, antes de ser adoptada.

La vida digna depende no solo de las condiciones orgánicas o fisiológicas, y cualquieras que éstas sean, no impiden la realización de los seres humanos por el amor y el afecto. Al desconocer esta posibilidad, el proyecto de ley que busca aprobar la eutanasia no anda bien, ni en contenido ni en trámite. Nos oponemos a disponer de la existencia de quien está gravemente enfermo, pues eso equivaldría a autorizar la indiferencia ante la vida y la complacencia ante la muerte.

Preocupado por lo incompleto que quedó el proyecto de Ley Estatutaria radicado por el Gobierno Nacional en el Senado y que busca la igualdad de oportunidades para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, se mostró hoy el Senador del Movimiento Político MIRA, Carlos Alberto Baena.
 
“En la iniciativa, no vemos por ningún lado cuotas de participación política para estas Comunidades en los Ministerios o en las Altas Cortes. El proyecto es bueno, pero se quedó corto”.

 
Reconocemos que el proyecto habla de cuotas en educación, en trabajo, en participación en las Fuerzas Militares; pero no le permite a nuestros Afrocolombianos participar en los Altos Cargos del Estado.
 
La igualdad de oportunidades debe ser completa, y mientras no se dé un cambio cultural, tenemos que ayudarles a las comunidades Afrocolombianas. “Llegará el momento en que no haya necesidad de cuotas”, manifestó el autor de la Ley que castiga los actos de discriminación en Colombia.

http://www.carlosalbertobaena.com/ultimas-noticias/item/601-proyecto-de-igualdad-de-oportunidades-para-afros-se-qued%C3%B3-corto

"El voto público no es un instrumento de intimidación, sino de legitimación y confianza del Congreso".

Hace varias semanas vienen saltando a la vista problemas de procedimiento en la votación de senadores y representantes. La reforma a la justicia, la elección del Secretario del Congreso y la de un Magistrado de la Corte Constitucional, son decisiones que el legislativo colombiano tomó recientemente y en las que las divergencias fueron protuberantes.

En el caso de las elecciones, los congresistas nos vimos comprometidos en una discusión acerca de si la votación debía ser pública o secreta. Sin dudarlo, consideramos que la responsabilidad política con los ciudadanos requería una votación nominal y abierta al escrutinio de la opinión.

Para ratificar la escogencia por una elección a la luz, hace unos días presentamos un proyecto de ley que dispone que todas las decisiones del Congreso sean públicas. Las razones son claras.

La decisión de un representante debe ser visible a su representado, transparente, y eso es imposible cuando sus determinaciones son ocultas, aunque así las autorice la ley. El miembro de una Corporación asume el deber de rendir cuentas, pero no solo en momentos o eventos especiales.

Es propio de la democracia que los elegidos rindan cuentas día a día de su ejercicio y ningún mecanismo tan apropiado para hacerlo como la votación pública, pues así el elector conoce la posición de quienes asumen su vocería en las curules.

El voto público no es un instrumento de intimidación, sino de legitimación y confianza del Congreso y en el Congreso.

Adicionalmente simplifica los procedimientos, ayuda a evidenciar la consistencia de las bancadas y a mejorar las argumentaciones de los miembros del legislativo.

El voto secreto se justifica por razones lejanas a la realidad del Congreso. Es normal y hasta necesario que un ciudadano vote en secreto cuando va a escoger a sus representantes, pues como individuo, generalmente, se encuentra en condiciones de debilidad frente a instituciones que podrían limitar su libertad.

El ciudadano toma su decisión, apreciando lo necesario y conveniente para su sociedad y requiere que no haya ninguna presión que le atemorice o le impida optar con independencia. Distinto es el voto en el Congreso, porque allí el Senador o Representante se debe a sus electores, a sus bancadas, a sus partidos y a la sociedad. De allí que el voto secreto antes que amparar a un representante lo expone a perder credibilidad.

Una ley que obligue a la votación pública del congresista, de forma que todos conozcan su actuar, confirma el carácter del miembro de la corporación y su identidad como político, es decir como persona dedicada a los asuntos de interés común. En otras palabras, para quienes se dedican a la gestión del Estado, el voto público está lejos de ser lejos un instrumento de intimidación y se constituye en una auténtica herramienta de legitimación.

"Más allá del aplazamiento, el cargo fijo debe ser eliminado y no solo en relación con la energía, sino con los demás servicios públicos": senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

Al conocer hace unos días que la Comisión Reguladora de Energía pretendía cobrar cargo fijo por este servicio, nos pronunciamos desde el Congreso de la República en rechazo a esa medida y convocamos a la ciudadanía para que en una gran firmatón nacional expresara su inconformidad. El apoyo de los medios de comunicación para difundir la situación que hacía inminente el cobro y la activa participación de los colombianos y colombianas, permitieron que el Gobierno Nacional, en voz del mismo Presidente de la República y del Ministro de Minas y Energía, también le expresara su desacuerdo a la CREG. La administración nacional consideró que un cargo fijo en la energía sería regresivo, es decir, que pondría más cargas a los que tienen menos recursos.

La CREG decidió quedarse con un cargo fijo aplazado, pues no lo adoptó y dispuso estudiar con más profundidad esa posibilidad. Pero más allá del aplazamiento, el cargo fijo debe ser eliminado y no solo en relación con la energía sino con los demás servicios públicos, pues tiene un efecto empobrecedor en cualquier caso, agravando la situación de quienes viven en estratos uno, dos y tres.

La regulación que hacen las Comisiones encargadas de reglamentar los servicios públicos, al igual que la del Congreso de la República, está obligada a dar soluciones acordes con la realidad social y económica. La ciudadanía tiene la capacidad de controlar y frenar decisiones contrarias a sus intereses y en lo relativo al cargo fijo de energía ha dado un buen ejemplo, pues su llamado llegó a los medios de comunicación y al Gobierno Nacional.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo que propugna por más empleo y menos pobreza, resulta coherente eliminar los cargos fijos de los servicios públicos en general. En justicia, no proceden para energía y tampoco para el acueducto, el alcantarillado, la recolección de basuras o el gas domiciliario. Una acción integral de beneficio social para las familias, sería la supresión definitiva del cargo fijo en todos los servicios. El pago por el consumo real es lo procedente, pues las infraestructuras de instalación son costeadas por el mismo usuario y una sola vez, al empezar la demanda del servicio, de modo que es apenas lógico que cobros por otros conceptos no sean permanentes sino que deben presentarse solamente cuando existe un consumo efectivo.

Una vez evadido el daño, queda la necesidad de impedir que reaparezca la intención de imponer el cargo fijo y también surge la tarea de promover acciones que lo supriman de los otros servicios. Por ello, en todo el país se siguen sumando firmas para lograr que el rechazo a la medida quede enteramente confirmado. En últimas, más que un cargo fijo aplazado, los colombianos quieren un cargo fijo eliminado.

"Ni el desempleo, ni la desigualdad de pago al trabajo igual, ni la informalidad, hablan bien de la economía colombiana": senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

La desigualdad en la labor de hombres y mujeres ha existido siempre, pero que algo sea tradición no significa que sea lo correcto. Prácticas culturales pueden promover comportamientos inequitativos, que lesionan la convivencia y perpetúan la desigualdad por generaciones. Hace apenas unas décadas las mujeres no votaban y hace solo unos años, no administraban sus bienes, hoy nadie duda de su derecho a tomar sus propias decisiones.

Los cambios que procuran la igualdad entre los dos géneros, aunque recientes han hecho mejor nuestra sociedad. A pesar de las transformaciones, persisten prácticas que enfrentan el trabajo de los hombres con el de las mujeres.

La participación de Colombia en la VII Conferencia de Ministros de Empleo y Seguridad Social de países de Iberoamérica, en cabeza del Doctor Rafael Pardo, destacó cuatro realidades que enfrentan el trabajo femenino con el masculino. El primero, es que el desempleo de las mujeres prácticamente dobla el de los hombres, pues mientras el de ellas es del 15%, el masculino es del 8%. El segundo es que aun ocupando trabajos iguales, los hombres ganan en promedio un 25% más que las mujeres. El tercero, la informalidad del trabajo de los hombres es del 35%, mientras que la de ellas es del 60%. Finalmente, no es que las mujeres trabajen menos, pues dedican al trabajo 10,8 horas a la semana más que los hombres.

Ni el desempleo, ni la desigualdad de pago al trabajo igual, ni la informalidad, hablan bien de la economía colombiana. Pero la mala referencia se agudiza cuando esas situaciones son mucho más graves para las mujeres. Lo que se concluye es que en las peores condiciones, los efectos más graves los asumen las mujeres.

Frente a inequidades entrañables, se requieren acciones sociales y estatales profundas. Una de las más recientes acciones públicas para superar la desigualdad laboral, fue la ley que sanciona el pago desigual al trabajo de las mujeres. De su implementación el Congreso pedirá cuentas prontamente, para verificar que se le asegure a las empresas y a sus empleados, que en el pago al trabajo de la mujer se aplica el valor de la justicia.

Más allá de las verificaciones que realicen el Gobierno y el Congreso, la sociedad completa y su sector productivo están llamados a incorporar en sus hábitos de vinculación y remuneración, la equidad. Sólo de esa forma puede asegurarse una convivencia con respeto en el ámbito económico y empresarial del País. Del mismo modo, el sector educativo está llamado a promover desde la infancia y hasta la formación posdoctoral, principios que reconozcan y retribuyan con equidad el aporte social, económico y político de la mujer.

"Lo cierto es que la promesa de un estado libre no conquistó el logro de una sociedad pacífica ":senador Carlos Alberto Baena (MIRA).

A pocos días de conmemorar una de las fechas más representativas de la historia de Colombia, la del grito de independencia, siguen vigentes reflexiones sobre la convivencia en la nación que integramos. La ruptura con un orden político externo, tan recordada cada 20 de julio, se asocia a la violencia justificada por nuestro pasado, como medio para buscar la libertad. Más de 200 años después, la violencia persiste con otras razones. A una plena independencia le caracteriza un alto grado de superación de la violencia, y en ello el País está a la mitad del camino.

. De hecho, el último Índice de Paz Global 2012, publicado hace algunas semanas, ubicó a Colombia en el puesto 144 de 158 países, es decir entre los más agresivos del Planeta. A solo 14 puestos de Somalia, el más violento, Colombia empeoró su desempeño en relación con los años anteriores. Para 2011, el País ocupó el lugar 139, con el que había desmejorado con respecto a 2010, cuando ocupó el 138, y a 2009 y 2008, cuando mantuvo el puesto 130.

Este índice mide la Paz Global y por país, con base en 23 indicadores, entre los que están la percepción de criminalidad en la sociedad, el conflicto interno, el terrorismo, la relación con los vecinos, el respeto por los derechos humanos, la desaparición forzada, las tasas de homicidios y el desplazamiento. Tanto en los factores internos como externos, Colombia es convocada a una profunda mejoría.

Con respecto a países con los que iniciamos el proceso de independencia simultáneamente o con los que guardamos semejanzas y cercanías culturales, vuelve a saltar a la vista la necesidad de fortalecer las relaciones de paz, como requisito de una real independencia. Por ejemplo, para 2012 nuestros vecinos llevan una gran ventaja. Panamá ocupó el lugar 66, Perú el 79, Brasil el 83, Bolivia el 84, Ecuador el 85, y Venezuela el 123. Aunque en común tenemos la independencia, nos diferencian la violencia, en la que infortunadamente Colombia lleva la delantera.

Sin duda estar libre de la autoridad de otro país es una señal de independencia, pero luego de dos siglos los retos de la autonomía de Colombia se profundizan. El esfuerzo de lograr mayor independencia con menor violencia, es un asunto de renovación cultural que compromete al Estado y especialmente a la sociedad. No en vano, nuestras cifras de delitos contra las mujeres, los niños y las personas mayores son de las más cuantiosas y reflejan que la libertad inicia por cada individuo y por su capacidad de dirigir la vida sin agredir a otro. Si la actual libertad de Colombia nos ha tomado dos siglos, vale la pena emprender un nuevo esfuerzo común por una independencia sin violencia.

Crear un registro en los municipios o distritos de los vendedores informales propone proyecto que será debatido en la próxima legislatura.

Reglamentar la actividad del vendedor informal es el propósito de la iniciativa legislativa presentada por el senador Carlos Alberto Baena López (MIRA), y la representante Gloria Stella Díaz Ortiz que está a consideración de la Comisión séptima para establecer que en los municipios o distritos del país se cree un registro y se exija que las personas dedicadas a la actividad de vendedor informal sean debidamente acreditadas.

Según el proyecto vendedor informal se denominarán a las personas que se dediquen voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público, como medio básico de subsistencia, además se establece una clasificación de vendedores informales ambulantes, semiestacionarios, estacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada.

De igual manera, plantea que los vendedores informales podrán organizarse en cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas que propendan por su desarrollo y por el mejoramiento de su nivel de vida.

La iniciativa propondrá que para ejercer la actividad de vendedor informal, se requiere registro en el respectivo Municipio o Distrito, para acreditar el cumplimiento de este requisito, los alcaldes distritales o municipales, o los funcionarios a quienes estos deleguen, expedirán la certificación correspondiente.

Este proyecto pretende establecer los parámetros que permitan lograr la reconciliación y la armonización entre la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales, su ponencia estará a cargo del senador Guillermo Antonio Santos (Liberal) al inicio de las sesiones ordinarias de la Comisión Séptima.

Oficina de Prensa del Senado

"La agenda de la Cumbre Mundial de Legisladores, es ahora una ruta a impulsar desde el Congreso de Colombia, para que las leyes y el control político sean menos declaraciones y más realizaciones ambientales": Baena 

La Cumbre Mundial de Legisladores Ambientales tuvo lugar el pasado fin de semana en el Palacio Tiradentesn de Río de Janeiro. Esta antesala de la Cumbre de Río+20, contó con la participación de más de 300 legisladores de aproximadamente 190 países. Su propósito fue discutir los temas de la agenda de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La comisión del Legislativo colombiano estuvo integrada por cuatro miembros, cuya participación aportó a definir ámbitos en los que las leyes de cada País deben asegurar efectos prácticos para la recuperación del ambiente y la reducción de la huella ecológica de la producción económica. Se formularon planteamientos para pasar de una legislación de declaraciones a una de realizaciones.
 
El propósito de transformar la economía marrón y hacerla verde, motivó iniciativas como asegurar en cada país la contabilidad pública ambiental, para que se refleje el capital o stock natural de cada territorio y se efectúe el seguimiento sobre su magnitud y valor. Esta tarea de cada Gobierno debe empezarse en Colombia, donde si bien existen los planes ambientales y el seguimiento fiscal a cada entidad pública en la misma materia, aún falta el inventario y cuantificación de la riqueza verde y natural. 
 
La activación del Parlamento para el Amazonas, ocupó a una parte de la delegación colombiana y de las de Brasil, Surinam y Ecuador, al considerar el valor de esa región para sus estados y para toda la humanidad. El impulso a esta iniciativa es un compromiso que el Congreso en pleno está llamado a confirmar y a hacer el seguimiento respectivo, para la protección y la retribución de la riqueza amazónica, a la manera que lo ha hecho con regiones como la Sierra Nevada de Santa Martha o el Paisaje Cultural Cafetero.
 
La posición geográfica de Colombia y su riqueza natural en seres vivos, hace inminente cumplir con una tarea pendiente: ratificar el protocolo de Nagoya, Japón, para la conservación y protección de la biodiversidad, como condiciones de un intercambio económico y cultural mundial que asegure la permanencia de los pulmones mundiales y de las cunas de los más diversos animales y vegetales.
 
Finalmente, propusimos la inclusión en el protocolo de legisladores ambientales, de la iniciativa ciudad sostenible. Con ella se garantizaría el diseño, desarrollo y renovación urbana de las ciudades, con un enfoque pluridimensional, considerando al menos los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, que aseguren la permanencia de las ciudades y sus habitantes en condiciones de calidad y bienestar.
 
Esa agenda de la Cumbre Mundial de Legisladores, es ahora una ruta a impulsar desde el Congreso de Colombia, para que las leyes y el control político sean menos declaraciones y más realizaciones ambientales.

En carta enviada al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

"Entre mayor capacidad tenga el Estado para resolver las controversias de los colombianos, la democracia y la convivencia serán mejores ": senador Carlos Alberto Baena.

La Reforma a la Justicia está próxima a ser aprobada por el Congreso de la República. Cuando fue presentado, el proyecto de cambio constitucional se exhibió como una modificación que mejoraría el acceso a los jueces. La promesa de valor dirigida a cambiar la justicia para acercarla al ciudadano, se recibió con agrado y expectativa en el Legislativo. Distinto a lo esperado, el texto analizado y tramitado se ha centrado en aspectos procedimentales y de estructura de la justicia, antes que en las garantías de ingreso a ella. La ilusión de obtener cambios para lograr una justicia cercana cedió su sitio en la reforma, que al final mantiene una justicia lejana.

Entre mayor capacidad tenga el Estado para resolver las controversias de los colombianos, la democracia y la convivencia serán mejores. Si, por el contrario, los conflictos se dejan sin instancias a las cuales puedan ser sometidos y resueltos pacíficamente, la cultura del respeto entre los miembros de la sociedad se debilita. Una justicia cercana al ciudadano, a sus problemas, a sus realidades y a las oportunidades de solución, sería la mayor evidencia del progreso de la Rama Jurisdiccional.

La preocupación principal en los debates del proyecto de reforma a la justicia no fue justamente garantizar la mejoría en la relación jueces ciudadanos. Los cambios que introduce la reforma son principalmente en requisitos y calidades para acceder a los altos cargos y en las instancias de administración de recursos y juzgamiento de los mismos jueces. A la espera, se quedaron las soluciones sobre la gratuidad, la oportunidad , y la calidad de la justicia.

Más grave aún, es que en el ambiente se abrieron paso determinaciones que hacen la justicia más inalcanzable. El arancel judicial que conlleva el pago por la gestión y decisión judicial y la creación de jueces adjuntos, quienes actuarán a condición de una remuneración que sólo podrán pagar personas de altos ingresos, muestran la llegada de la estratificación de la justicia y, por ende, de un trato distante para la mayor parte de los colombianos y colombianas.

Esa imposibilidad de lograr la reforma esperada, exigió que votáramos negativamente la iniciativa en el Senado. Solo resta esperar que los dos debates que faltan en la Cámara de Representantes, puedan enmendar, al menos en parte, esa ausencia de una justicia cercana.

De fondo, queda pendiente una reforma que desde la raíz, alimente las hojas de la justicia con el nutriente de la cercanía al ciudadano. La creación de acciones judiciales a la medida de los conflictos, la suficiencia de funcionarios e instalaciones, la calidad de la atención y, en síntesis, la integridad de condiciones físicas, jurídicas, sociales y económicas de la Rama, podrán hacer la diferencia entre la presente justicia lejana y la anhelada justicia cercana.

Durante su participación en la reunión N. 11 del período de sesiones del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afro descendientes,  que se llevó a cabo en Ginebra (Suiza), el Senador Carlos Alberto Baena, Presidente del Movimiento MIRA, logró que se introdujera en la declaración la inclusión de afro descendientes en todas las ramas del poder público.

En Ginebra, el Congresista  resaltó como en Colombia ningún Afro descendiente está al frente de un Ministerio o de una Alta Corte. “Llegó la hora de brindarle igualdad de oportunidades a nuestros Afrocolombianos, por eso este respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU y el proyecto de Ley que radicamos en el Congreso, ayudarán  a mejorar la participación política de las comunidades Afro descendientes.

El Senador también solicitó que en el Programa de Acción por el Decenio de la Afro descendencia, se incluyan ayudas que permitan eliminar las prácticas racistas, que mejoren la calidad de la educación  y que lleven a un mejoramiento de las capacidades individuales de estas personas.

El Senador Baena, autor de la Ley que castiga los actos de discriminación, destacó como  la expedición de esta norma ha permitido que en el país se dé un cambio cultural. “Los Colombianos ya no toleran estos comportamientos de intolerancia, los están denunciando; ahora lo que necesitamos es que la Fiscalía General de la Nación tenga una información amplia  acerca de la discriminación, y de esta manera se pueda aplicar de manera más efectiva la Ley”.

Por último, Baena solicitó que se establezcan unos indicadores en salud, educación, empleo, mortandad infantil, esperanza de vida y vivienda; para que basados en esta información los Estados puedan elaborar políticas públicas, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los Afro descendientes en el mundo.

El senador Carlos Baena anunció la presentación de un proyecto de ley, en el marco de la Cumbre de las Américas.

En el marco de la Cumbre de las Américas y durante la inauguración de la Plaza Benkos Bioho (esclavo africano líder del levantamiento por la liberación de Cartagena), el senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA, anunció que radicará la próxima semana una Ley de cuotas o de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana.

El autor de la Ley que castiga los actos de discriminación en Colombia, afirmó que durante años los afros han tenido que soportar la indiferencia social y estatal, y que ya es tiempo de otorgarles una representación justa en los cargos de nivel decisorio del estado y obligatoria participación en los procesos de selección. "Le llegó su cuarto de hora a nuestra población afro descendiente".

Durante el acto, el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, mostró su complacencia con la propuesta y afirmó que este es un acto de justicia con una población que representa el 20 % de los Colombianos.

Las leyes por si solas no generan resultados, se requiere de voluntad política y de iniciativa social, por eso desde el Movimiento MIRA hacemos desde ya un llamado a los Congresistas para que respalden esta Ley y al Gobierno nacional le solicitamos que apoye la iniciativa, y que si es el caso, promueva los mecanismos necesarios para realizar una consulta con las comunidades involucradas.

El ingreso per cápita promedio de los(as) afrocolombianos(as) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional. En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

Prensa senador Carlos Baena

"A pesar del paso de los siglos, en las sociedades persiste el esfuerzo porque predomine la equidad y no la desigualdad": senador Carlos Baena (MIRA).

En el tercer mes del año tuvieron lugar dos conmemoraciones esenciales para la humanidad: el Día de la Mujer y el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Las dos fechas recuerdan actos trágicos en los que tuvo lugar la pérdida de vidas humanas por causa del menosprecio hacia la mujer y hacia las personas afrodescendientes. En uno y otro caso, se responde al reto de lograr convivencia con respeto en todas las latitudes, mediante la aplicación de valores fundamentales como la justicia. A pesar del paso de los siglos, en las sociedades persiste el esfuerzo porque predomine la equidad y no la desigualdad.

En Colombia el esfuerzo por la equidad sigue vigente. El maltrato contra las mujeres, el uso de ácido para desfigurar rostros especialmente femeninos, la diferencia en la remuneración que por el mismo trabajo recibe una trabajadora en comparación con quienes desempeñan las mismas actividades siendo del sexo masculino, son expresiones de la persistencia de la desigualdad de género. En cuanto a las relaciones raciales, los actos de discriminación por la apariencia continúan surgiendo, impulsados por ciudadanos y hasta por funcionarios públicos, tal como sucedió hace algunas semanas en Cartagena.

La permanencia de desigualdades explica que las marchas de conmemoración del Día de la Mujer y de protesta por las formas de Discriminación, hayan sido multitudinarias en Colombia y en el resto del Mundo. A esas manifestaciones de descontento frente a desigualdades injustificadas se sumaron hombres y mujeres, afrodescendientes, mestizos, blancos y de todas las etnias, individualmente y mediante sus organizaciones. Convocar y participar de esas reuniones guiadas por causas de interés general, prueban la convergencia cívica de una ciudadanía alentada por valores políticos para transformar su realidad.

A la organización ciudadana característica de los poderes sociales y comunitarios, se agrega el poder político, el cual se concreta con leyes como la que penaliza la discriminación por razones de sexo y raza, y la que sanciona la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Ese poder político también es visible en la implementación de las normas, a cargo de la Rama Judicial, para el caso de la penalización, y de los Ministerios y entidades públicas, para las políticas de fomento. La conjugación de poder social, comunitario y político, asegura mejores comportamientos individuales y colectivos, para pasar de la cultura de la desigualdad a la cultura de la equidad.

"Con el paso del tiempo, la actividad legislativa se complejiza en la medida que el País exige cuentas a quienes le representan": senador Carlos Baena (MIRA).

Entre marzo y junio de este año se completa la segunda legislatura del Congreso de la República. A puertas de concluir un lapso más de esta cohorte de legisladores, la responsabilidad política y social resurge en los principales debates y proyectos normativos del país.

Con el paso del tiempo, la actividad legislativa se complejiza en la medida que el País exige cuentas a quienes le representan, que la normatividad incrementa las responsabilidades y que la calidad técnica y política de las propuestas y gestiones legislativas se vuelvan más visibles para la ciudadanía. En las transformaciones que durante los últimos años ha afrontado el Legislativo se pone de presente la decisión de forjar nuevas características de la relación entre el pueblo y el Congreso, al pasar de un trato distante a uno constante.

Los ejercicios ciudadanos de control son fundamentales para consolidar la relación constante entre el Legislativo y sus representados. En la cercanía entre el pueblo y su Congreso ha sido importante el papel de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las evaluaciones de origen académico como la que efectúa Congreso Visible. Sin duda las audiencias públicas son también una fuente de relación entre Congreso y ciudadanía, y la presencia permanente de los congresistas en las regiones, mediante el contacto directo con los habitantes contribuyen a ese proceso.

Aún con estos avances, el País cuenta con retos para modernizar y hacer más ágiles y a la vista la relación con el Congreso. Para ello, avanzar en la rendición de cuentas como práctica general del legislativo puede resultar un ejercicio importante.

Las relaciones entre el Gobierno y el Congreso ayudan a configurar un Congreso con una relación constante con el Pueblo. La independencia solidaria que permite tanto el control político a la gestión del Ejecutivo, como el apoyo a iniciativas que resulten de beneficio para la ciudadanía, explica que la representación pueda equilibrar el papel de vigilancia al Gobierno con el de impulso a iniciativas que beneficien a la sociedad en general, a la manera de auténticos y públicos acuerdos temáticos en beneficio de la sociedad.

Tanto el control político como las leyes requieren de origen y resultados sustentados en el pueblo, sus necesidades, y sus expectativas. Desde su nacimiento, un Parlamento o Congreso se concibe como representante por excelencia del Pueblo, e instrumento para alcanzar una convivencia con respeto. Ese papel se renueva cada vez, especialmente en sociedades que como la colombiana tienen mucho por mejorar en sus instituciones, en las relaciones entre sus poderes, y en el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes. De avanzar en estos aspectos, se acortará el camino ya asumido para pasar de un congreso distante a uno constante en la relación con los ciudadanos.

"El reto que surge es la armonización entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano": senador Carlos Baena (MIRA).

 La última semana han resurgido discusiones acerca de la relación entre obras de interés general y el sistema ambiental. Por ejemplo, en el Foro sobre la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, realizado en el Congreso, la CAR competente indicó que las principales limitaciones de construcción de esa vía son ambientales, por las afectaciones a los humedales, recursos hídricos, fauna y especies vegetales, entre otros.

Esta semana, surgieron de nuevo razones ambientales, que condujeron a detener la construcción del Túnel de Oriente en Antioquia. Como en otros casos, aparece aquí una oposición entre nuevas construcciones y las condiciones ambientales. Las licencias ambientales y las discusiones en torno a su negativa, su indebida expedición e incluso su revocatoria, son las discusiones conocidas públicamente, pero de fondo existe una paradoja o confrontación entre el cuidado del ambiente, su sostenibilidad y las amenazas de su destrucción con obras.

Para muchos, las posiciones ambientalistas restringen el progreso de las obras y las transformaciones que exige la vida urbana, lo que ha llevado a discutir la declaratoria de reservas forestales o de otras zonas protegidas con las que se ha puesto límite a la expansión urbana. Para otros, la construcción a toda costa acaba con el ambiente, de lo que fueron ejemplo la tala de árboles motivada por la construcción de la Troncal de Transmilenio por la Calle 26 de Bogotá y la afectación de un sistema acuático que corría paralelo por esa misma avenida.

El reto que surge es la armonización entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano. Si es el enfoque humano el que prepondera en las obras, el componente ambiental resulta necesario no como un límite, sino como una garantía de transformación del hábitat, lo que al final va a servir para que la vida urbana sea de mayor calidad a largo plazo.

Ejemplos de una buena conciliación entre construcción y ambiente son los parques lineales, del que es una muestra la zona tradicional de Bogotá conocida como el Park Way, el cual durante décadas ha confirmado la posibilidad de implementar urbanismo con sentido humano y a largo plazo.

También los pulmones urbanos, como el camino peatonal paralelo al río Magdalena en Neiva, ayudan a concebir un urbanismo que va más allá de trazados viales y edificaciones, y que hace la diferencia entre ambiente sostenido y ambiente destruido.

"El vínculo entre servicios públicos y la forma de vivir es determinante, al punto que es uno de los criterios que sirve para la evaluación mundial de las ciudades": senador Carlos Baena (MIRA).

La Superintendencia de Servicios Públicos acaba de divulgar que el año anterior aumentó el total de sanciones impuestas a empresas de ese sector. También destacó que en 2011 se presentó un 8% de quejas más que en 2010. El crecimiento de los requerimientos y el de las sanciones, muestra una mayor actividad ciudadana de control, y más inspección y vigilancia por parte del Estado, lo que resulta lógico en una sociedad que entiende el servicio como un derecho del que depende su calidad de vida.

El vínculo entre servicios públicos y la forma de vivir es determinante, al punto que es uno de los criterios que sirve para la evaluación mundial de las ciudades. En el informe de calidad de vida de 2011, entre 211 ciudades, Bogotá se ubicó el puesto 130. Una señal de lo mucho que hay por mejorar en el contexto nacional.

La íntima relación entre servicios públicos y la manera en que vivimos en Colombia, conduce a poner en primera plana las decisiones de las autoridades territoriales. Incrementar o reducir los subsidios para los estratos más bajos, o autorizar la creación de empresas para la gestión de planes departamentales de agua, son algunas de las determinaciones que se ventilan con mayor frecuencia por estos días en las asambleas y concejos. Al lado, aparecen solicitudes de autorizaciones para privatizar empresas o debates por la insuficiencia de suministro de energía, por el riesgo innegable de instalar poliductos o gasoductos en zonas habitadas, o por el derecho o no de los municipios a cobrar el alumbrado público.

A donde se mire, los servicios domiciliarios ocupan lugares principales en las agendas públicas y en los gastos habituales y más impactantes de las familias. Esa relevancia creciente, exige que los servicios recuperen presencia en las decisiones nacionales. Ahora la tienen con las sanciones que impone la Superintendencia y con las normas que emiten las Comisiones de Regulación, pero también el Congreso está llamado a alimentar debates y reglas sobre la materia.

En 2012 el Legislativo decidirá la creación de acciones judiciales especializadas en servicios y definirá dotar a los concejos de mayor capacidad de control sobre las empresas. Esas decisiones políticas sobre los servicios públicos, superan la concepción que los destaca como un beneficio y los ubica al nivel de asuntos con derecho a la mejor protección.

Las Corporaciones Públicas que ejercen control político y las popularmente llamadas "ías" (contralorías, personerías), son instancias que para unos alertan o intimidan el caminar de la administración, pero son principalmente apoyos para detectar los ámbitos a mejorar en los gobiernos.

La primera semana de los concejos municipales ha estado dedicada a tres elecciones: la de sus mesas directivas, la de contralores y la de personeros. Las tres instancias son cruciales para el funcionamiento de los territorios, pues en el caso de las mesas directivas definen en gran medida las agendas políticas y en el de los personeros y contralores se encargan de vigilar las decisiones administrativas y el manejo de los recursos.

Las corporaciones públicas que ejercen control político y las popularmente llamadas "ías" (contralorías, personerías), son instancias que para unos alertan o intimidan el caminar de la administración, pero son principalmente apoyos para detectar los ámbitos a mejorar en los gobiernos.

El mérito está llamado a ser la base de la escogencia de los auditores del interés público. Al inspirarse en la meritocracia, un postulado a dirigir un concejo, una personería o una contraloría, sustenta su aspiración en la capacidad y en la propuesta de asegurar un control honesto con la ciudadanía y justo con la administración.

Los concejos y los entes de control son canales de diálogo por los municipios, promueven que los moradores de un lugar se involucren en lo público y se ejerciten en la independencia propositiva y solidaria. Experiencias como la de Manizales, que mediante páginas de Internet convocó y logró que sus habitantes participaran del control de las obras públicas, animan a comprometerse en el cuidado de sus recursos. Figuras extendidas por distintas regiones del país, como los niños y niñas concejales, también expanden la cultura del interés común, de la convergencia cívica.

La primera semana de determinaciones a cargo de los concejos, no deja entonces un saldo cualquiera para los municipios, sino que constituye una expresión de lealtad con el pueblo. La correcta selección de los responsables de la verificación fiscal, del control político y de la gestión pública ejemplar, se convierte en prueba de la amistad con los ideales triunfantes en la elección de los gobiernos.

En síntesis, la primera semana de enero sentó en cada municipio de Colombia las bases para construir un control de intimidación o para avanzar en el control de cooperación, dirigido a realizar los valores políticos de la transparencia y la participación.

Las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, están llamados a concurrir para que sus habitantes accedan a la conexión con el país y el exterior.

Londres dispondrá de la zona más grande de Europa con conexión gratuita a Internet inalámbrico. Esa decisión busca justamente que quienes asistan a los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en esa zona del mundo, puedan compartir con el resto de la humanidad sus fotografías y experiencias en ese evento. Así se deja una constancia de que la red mundial y la conectividad en general, son apreciadas condiciones para la realización de las personas. La situación es distinta en otras latitudes de Colombia, donde la baja conectividad de muchas zonas, las deja apenas con una eventual esperanza de interacción.

Lugares rurales de departamentos del Huila, Meta o del Caquetá, por ejemplo, muestran que hay una extensa labor por hacer en conexión telefónica y de internet. En cercanías al centro de Colombia, en el municipio de Puerto López, cientos de habitantes deben buscar lugares específicos para lograr recibir o realizar una llamada de celular: "Cerca al río o en esa planada", dicen algunos, es un buen lugar para hablar por teléfono. En zonas de Caquetá, como Puerto Rico o el mismo San Vicente del Caguán, no es extraño ver personas que se suben a los árboles o que hacen fila para pararse a la entrada de un hospital, porque es el único lugar en el que se recibe la señal necesaria para comunicarse mediante un teléfono móvil.

En cuanto a la Internet, la banda ancha es un bien escaso y anhelado en muchas regiones. La demanda de acceso a la conexión se suele suplir con módems de operadores celulares, pero su desempeño sufre limitaciones parecidas a las de las llamadas.

Esa baja conectividad de internet y telefonía móvil en kilómetros de la geografía del país, da urgencia al cumplimiento de los compromisos de ampliación de conectividad, que asumió el Gobierno y que avaló el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo. Las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, están llamados a concurrir para que sus habitantes accedan a la conexión con el país y el exterior. La más inmediata oportunidad para aportar a la mejora de la telefonía y el Internet son los planes de desarrollo, en cuya elaboración se ocupan desde ya las administraciones departamentales y municipales.

Si en cualquier lugar de nuestro territorio fuera posible acceder a la Internet y a telefonía de calidad, se le habrá ganado la partida a una grave forma de incomunicación y marginalidad. En su lugar se habrá dado lugar a mayor interacción y prosperidad.

"El Gobierno se entiende como una secuencia de líderes y avances comprometidos con el presente y el futuro": senador Carlos Baena (MIRA).

El próximo primero de enero, los nuevos alcaldes y gobernadores tomarán posesión de sus cargos. Al lado de ellos, los concejos y asambleas se integrarán con los ganadores de las elecciones de octubre pasado, llamados a hacer control político y a establecer las reglas de juego para las administraciones y los ciudadanos.

El cambio de Gobierno habría de significar un mejor acontecer en cada rincón de Colombia. Aunque pareciera utópico, las fórmulas del gobierno virtuoso, por los siglos y en todas las épocas, incluyen en sus bases a la equidad, la prudencia, la solidaridad, y la lealtad con la ciudadanía.

Esos valores fundamentales, se concretan en decisiones políticas en las que la ética de la acción oficial puede ser identificada. Las contribuciones a valores existenciales como el ambiente, la salud o el acceso a los servicios públicos, son las más frecuentes y evaluadas en la agenda pública.

Pero también el interés en valores vitales como la educación, resulta importante en administraciones con visión a largo plazo. En esos casos, el Gobierno se entiende no como una oportunidad interrumpida cada cuatro años, sino como una secuencia de líderes y avances comprometidos con el presente y el futuro.

No en vano estos días se han dedicado a las asambleas de partidos y movimientos que hacen parte del escenario público, pues la renovación del poder local convoca a reiterar y repensar el compromiso con los valores políticos. El aumento de la participación efectiva de la mujer en los cargos, el incremento del control político y la consolidación de una independencia propositiva y solidaria, son algunos retos en el horizonte de una cultura política trascendente y transgeneracional.

A los nuevos mandatarios les corresponderá distinguirse entre una línea inmediatista que busque solamente eficiencias de corto plazo, o una que sin dejar de dar soluciones a situaciones inaplazables de la sociedad, también tenga la capacidad de aplicar un proyecto de larga vida. Este última opción será además garantía de continuidad de quienes conquistaron el voto de sus conciudadanos, como una expresión de esperanza en que la gestión del Estado fortalezca los vínculos actuales y las metas futuras entre los ciudadanos.

"La cultura de la discriminación no es compatible con la dignidad humana": senador Carlos Baena (MIRA).

Colombia, segundo país de América Latina con más habitantes afro, cuenta desde diciembre de 2011 con la ley que penaliza el racismo y la discriminación. El año internacional de la Afrodescendencia y Nacional de la Afrocolombianidad, deja entre sus resultados una ley histórica.

La norma, de iniciativa del Movimiento Político MIRA, se motivó en la deuda ancestral con la población de origen africano, que presenta hoy los mayores índices de desplazamiento y pobreza, entre otros factores de vulnerabilidad.

La Ley 1482 de 2011, incorpora la sanción a la discriminación por motivos étnicos, con lo cual reprocha tratos diferenciados e injustificados contra indígenas, y hace justicia con las personas de esta identidad y con sus comunidades.

El trámite en el Congreso, enriquecido con aportes de distintas bancadas, incluyó la discriminación por motivos de nacionalidad, como una conducta reprochable desde el punto de vista penal. Esa decisión, resulta coherente y solidaria con millones de colombianos que viven en el exterior y que en distintos casos han sido sujetos de discriminación. Si miles de connacionales han sufrido ese rechazo fuera de nuestras fronteras, es apenas lógico que dentro de nuestro territorio esa marginación por el origen no sea admisible.

También la discriminación por motivos de sexo será sancionada. El pago de salarios inferiores a las mujeres, por el hecho de serlo, y su exclusión de oportunidades educativas, entre otras circunstancias, no seguirán pasando inadvertidos. La marginación por motivos de orientación sexual, es otra conducta que dio el paso a la escena legal, para merecer pena de prisión y multa.

La ley que sanciona el racismo y la discriminación en Colombia, es una norma que toca las fibras de la cotidianidad social. La aplicación de la nueva legislación sacará a la luz y reprochará cientos de situaciones que durante años parecieron normales y aceptables.

La influencia de esta decisión del Congreso, avalada por la Presidencia de la República, se ha hecho evidente en situaciones resaltadas como noticia nacional. El trato descalificatorio que un docente universitario habría dado recientemente a un estudiante afrodescendiente y la polémica por una fotografía publicada en una revista internacional, en la que dos mujeres afrocolombianas aparecen en una actitud estigmatizante, son apenas dos situaciones que comprueban la necesidad de determinaciones legales que apoyen la transformación de nuestra sociedad.

La cultura de la discriminación no es compatible con la dignidad humana y con los valores fundamentales de la solidaridad, la justicia, la lealtad y la honestidad. En su lugar es necesario incidir en las generaciones actuales y venideras, para que día a día se conviva con respeto.

"Para Colombia, el logro de funciones básicas del Estado, como la seguridad, sigue siendo puesto en entredicho": senador Carlos Baena (MIRA).

La discusión sobre la educación superior, la precaria acción estatal para superar y prevenir las afectaciones del invierno, y los delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, entre otros hechos, se presentan como una secuencia que obliga a pensar sobre el Estado que tenemos y el que necesitamos.

Hace cerca de dos décadas, cuando apenas se extendía el discurso sobre la globalización, se hablaba del fracaso del Estado benefactor, aquel que atendía las necesidades de sus ciudadanos, prestando directamente los servicios a sus ciudadanos, desde los bancarios hasta alimentarios.

Si bien las instituciones colombianas no alcanzaron a constituir un estado bienestar comparable con el norteamericano o el europeo, sí se trataba de un estado grande, acusado de corrupción y paquidérmico. Se afirmó entonces la necesidad de reducir el tamaño organizacional, privatizar empresas y servicios oficiales, focalizar el gasto social en los más pobres, abrir la economía y reducir a su mínima expresión la regulación estatal, entre otros.

En veinte años, el papel del Estado pasó de proveedor a interventor, a revisar que los particulares cumplan funciones de acuerdo con el encargo oficial. Esa labor de verificación, está precedida de la planeación y diseño de políticas y mecanismos para su cumplimiento, que son inherentes a la responsabilidad estatal. Lo cierto es que aunque el Estado ha cambiado, el balance de su lentitud y su corrupción parece agravarse o por lo menos se ha hecho más visible

Los dos paradigmas del Estado, más conocidos e implementados en el mundo occidental en los últimos cien años, no dejaron a la ciudadanía contenta ni en el país ni fuera de él. El movimiento de los indignados, las tesis sobre el fin de la historia y el vacío de objetivos de interés común, son apenas una mínima expresión de los retos que persisten para la organización política. Para Colombia, el logro de funciones básicas del Estado, como la seguridad, sigue siendo puesto en entredicho, por lo cual el énfasis de las preocupaciones públicas necesita ser redefinido.

Ante el inicio de un nuevo periodo para las administraciones locales y de desafíos para el gobierno nacional, es preciso que la gestión pública deje atrás la visión sobre su organización como la prioridad de su acción. La respuesta a las exigencias históricas al Estado, puede hallarse no tanto en la estructura de las organizaciones, como en su enfoque a la finalidad de servirle al ciudadano, combinando su carácter de proveedor e interventor, y las demás que resulten necesarias para cumplir el fin principal que es el de satisfacer el interés general de sus sociedades.

"La cotidianidad de la movilidad invita a la reingeniería de las administraciones territoriales y del Gobierno Nacional": senador Carlos Baena (MIRA).