Bogotá D.C., mayo 31 de 2016. El senador Carlos Felipe Mejía reiteró la denuncia sobre el alarmante desplazamiento de recolectores de café generado por el incremento de cultivos ilegales de coca.

Así lo expresó el Congresista,  como analista del tema cafetero, ante el déficit de trabajadores que se registra en varias regiones del país.

“Le están pagando a un recolector o a cualquier jornalero en el campo colombiano 23 mil 500 pesos diarios, cuando en los cultivos de coca les están pagando 75 mil pesos diarios; esto es tres veces lo que se ganan, esta es una competencia muy fuerte para el campo colombiano”, dijo Mejía.

El Senador añadió que no pone en duda que ese incremento en los cultivos ilícitos, que va en contra de la productividad del campo colombiano, hace parte de las exigencias de las Farc en La Habana.

“Es producto de las exigencias del grupo narcoterrorista de las Farc en la mesa de La Habana, exigencias y concesiones que le ha dado el gobierno de Juan Manuel Santos y ahí tenemos un enorme desafío de unos diálogos que no se han firmado, pero que le producen los primeros resultados al campo colombiano y es este, el déficit de mano de obra producto del incremento de los cultivos de coca”, advirtió. 

¿Sin solución?

El senador Carlos Felipe Mejía indicó que una de las soluciones es que el Gobierno retome el control perdido en varias regiones del país en donde se han incrementado los cultivos ilícitos, como la zona del Catatumbo.

“Que se acaben estas repúblicas independientes como el Catatumbo, hay de esas zonas por todas partes, están en el Nudo de Paramillo, en el Pacífico colombiano, en la frontera con el Ecuador, aquí lo que hay que hacer es que impere la ley”, expuso.

Indicó que también se requiere que se vuelva a construir una política seria de erradicación y fumigación con glifosato. “Es lo único que ha demostrado tener resultados en la erradicación de coca”.

Añadió que para que la institucionalidad vuelva a esas regiones se debe acabar con los privilegios a las Farc en medio de una negociación.

“Que se acaben estos privilegios no sólo a las Farc, sino al  Eln, las Bacrim y a todos estos grupos ilegales. No nos olvidemos que el gran motor, la gasolina de la criminalidad en este país  y de todos los males de esta nación con todos estos grupos armados y al margen de la ley son los cultivos de coca”, aseguró.

Constancia del senador Carlos Mejía.

“Voy a dejar una constancia, pero antes si quisiera hacer un llamado para que sea liberada prontamente la periodista colombo-española Salud Hernández Mora que se encuentra, seguramente, secuestrada por alguno de los grupos irregulares que dominan la zona del Catatumbo, y también a los dos periodistas de RCN Televisión que se encuentran secuestrados por alguno de estos grupos.

Zona del Catatumbo que se volvió un laboratorio de criminalidad, tal vez, el laboratorio que quieren repetir y que se está promoviendo por todos los rincones de la Nación, con este privilegio que Juan Manuel Santos le ha dado a los narcoterroristas de las Farc y que nos ha llevado a crecer en cultivos de coca, pasar del año 2013 de unas 46 mil hectáreas a casi 200 mil hectáreas hoy.

‘Nadamos en coca’, decía el Procurador General de la Nación, y eso es real.

Ojalá que nos entreguen rápidamente a Salud Hernández Mora y a los periodistas de RCN libres, los queremos en libertad, ese es el clamor que hace el pueblo colombiano y es el sentimiento que quiero interpretar desde esta curul.

Señor presidente, quiero referirme a un tema muy grave y es la  situación de los ganaderos del país, estas dificultades enormes que se han presentado entre el Gobierno Nacional y el manejo del Fondo Nacional del Ganado. 

Fondo Nacional del Ganado que a través de 22 años ha producido resultados muy importantes y que está a punto de la liquidación y bien valdría la pena que el Gobierno superara este tema, que más bien parece una confrontación de tipo ideológico y no de los verdaderos intereses de los ganaderos colombianos, que hoy se encuentran altamente preocupados por el futuro del Fondo Nacional del Ganado, por el futuro de Friogan, una apuesta por una red muy importante de frío que le dé garantías a la exportación de la carne colombiana y todo el mercadeo de la carne en el país.

Quiero dejar como constancia una comunicación que en este sentido me hicieron llegar los gremios ganaderos de mi región, del Eje Cafetero y del Valle del Cauca; esta comunicación está firmada por la Cooperativa de Ganaderos del Norte del Valle, por la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de Risaralda y por el Comité de Ganaderos del departamento de Caldas:

Doctor Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, República de Colombia.

Respetado señor Ministro, independientemente de las circunstancias que rodean hoy el Fondo Nacional del Ganado, no se puede desconocer la importancia que ha tenido este desde su creación y el impacto que ha generado la reinversión de los dineros derivados de las cuotas de fomento en el gremio ganadero: el estatus sanitario que ha abierto posibilidades exportadoras a nuestro país, los programas de capacitación, el fomento a la gremialidad y la empresarización, la gestión de recursos para la ejecución de proyectos tales como el proyecto de Ganadería Colombiana sostenible, son apenas un ejemplo de ello.

Como es de su conocimiento los ganaderos hemos sido golpeados por innumerables factores internos y externos y durante esta época hemos contado con el apoyo del Fondo Nacional del Ganado para mitigar parte de sus efectos.

Consideramos pertinente, sano y justo desligar el Fondo Nacional del Ganado de los desacuerdos desafortunados que afectan a una de las instituciones y creemos que es necesario buscar los mecanismos que permitan rescatarlo tal y como fue concebido en su esencia desde su creación para continuar fortaleciendo un renglón económico que ha sido uno de los pilares sobre los cuales se sea edificado nuestra sociedad y nuestro país para que continuemos generando desarrollo y bienestar en el campo.

Como representantes de la ganadería regional y como uno de los gremios regionales que han sido testigo y conocedores de los beneficios que se han logrado gracias al operatividad del Fondo Nacional del Ganado, solicitamos a usted señor Ministro, se analicen de manera objetiva la decisión tomada acerca de su liquidación, ya que con esta decisión se pone en riesgo la continuidad de los programas y proyectos que benefician a más de 500 mil ganaderos, sus familias y  las demás personas que directamente o indirectamente generan su sustento de esta actividad.

Agradecemos su atención y le solicitamos se estudie con detenimiento nuestro planteamiento, el cual manifiesta el sentir de los ganaderos del Valle del cauca Y del Eje Cafetero.

Cordialmente Andrés Sandoval Garcés, gerente Cooperativa de Ganaderos del centro del Valle, Cogancevalle; Alfonso Delgado Paz, gerente Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de Risaralda, Codegar; Andrés Jaramillo Bernal, presidente ejecutivo, Comité ganaderos de Caldas.

COMUNICADO DE PRENSA

Cafeteros destacan la defensa de su sector por parte del Senador Carlos Felipe Mejía

Manizales, 3 de julio de 2015 -. El Comité Departamental de Cafeteros de Caldas destacó de manera pública la defensa permanente de la caficultura colombiana por parte del Senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía.

Así se lo expresó el Secretario de dicho Comité, Alfonso Ángel Uribe, mediante una comunicación escrita en donde especialmente resaltan la intervención del Congresista en el debate cafetero que se cumplió el pasado 3 de junio en la Comisión Quinta del Senado.

"En nombre de Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y en el mío propio, reciba nuestro saludo de agradecimiento por su destacada intervención en el debate adelantado en la Comisión Quinta del Senado de la república, en la que defendió el papel que a lo largo de los años ha cumplido la Institucionalidad Cafetera y destacó la importancia de los bienes públicos esenciales en beneficio de los productores", expresan los cafeteros en la comunicación.

Es importante recordar que dicho debate de control político fue una iniciativa del Senador Carlos Felipe Mejía, quien se ha caracterizado en su labor legislativa por la constante defensa de los caficultores y su preocupación por el abandono del Gobierno y por varias de las recomendaciones de la Misión Cafetera que atentan contra este sector de la economía.

El vídeo de la presentación puede encontrarse al hacer clic aquí y lo publicamos de nuevo por la importancia que reviste para la caficultura colombiana.

Manizales, junio 22 de 2015.- Terminando esta legislatura, en la Comisión Quinta del Senado se pudo adelantar un debate del cual fui citante y en el que se pretendía debatir el Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura. El ministro de Agricultura reconoció que esta Misión y el Gobierno no han oficializado conclusiones de este informe y por lo tanto se aprovechó para que los congresistas planteáramos todas nuestras inquietudes y además hiciéramos observaciones al informe.

Lo primero que enfaticé en el debate, es que los cafeteros colombianos no son ningunos ricos, que por el contrario las más de 600 mil familias cafeteras de las cuales dependen 3 millones de colombianos directamente, apenas alcanzan niveles de subsistencia en predios menores a cinco hectáreas, y que por la distribución geográfica de los municipios cafeteros, un 60% de la población colombiana está relacionada directa e indirectamente de la irrigación de los más de 5 billones de pesos que representa una cosecha cafetera para la economía nacional.

Sobre el informe de la Misión, lo que más ha indignado al sector cafetero es que se trate de desconocer los 80 años de labor institucional posicionando el Café de Colombia como el mejor del mundo y se recomiende exportar pasilla, con el argumento de bajarle la calidad al café para exportar más. Este informe en los apartes que se refiere a la exportación, más parece estar haciéndole un favor a los exportadores privados que exportan el 75% de la producción a través de dos o tres multinacionales.

Dice la Misión que hay que acabar con la garantía de compra. Esta garantía es un bien público esencial para el cafetero, el cual garantizan las cooperativas con recursos del Fondo en cualquier parte del país cafetero, comprando al precio mínimo establecido si cumple con la calidad. Recomienda también la Misión, que el PIC no se debe volver a aplicar, y que el gobierno no tiene porqué intervenir en el negocio. Todos los productos agrícolas por su especificidad son sujetos de subsidios en Colombia y también en los países desarrollados, dejar a los cafeteros a la deriva sin subsidios es atentar contra la verdadera paz y la democracia. Hoy de este PIC se les deben a los cafeteros 800 mil millones, que podrían servir para crear en el nuevo contrato cafetero un mecanismo permanente de estabilización de precios, que además de operar automáticamente cuando bajen los precios se eviten los periódicos paros y protestas reclamando apoyos del Gobierno.

Recomendé además revisar, y en esto puede tener mucha razón el informe, el tema de la eficiencia administrativa de la Federación, no puede ser posible que mientras el Servicio de Extensión cueste $70 mil millones, la burocracia y el funcionamiento de la oficina central de Federación cueste $75 mil millones, y así mismo muchos asuntos de carácter administrativo deben ser revisados en la institucionalidad.

Que el Gobierno sea más agresivo e intervenga con más plata y masivamente el mercado de los fertilizantes, le pedí al Ministro de Agricultura. Condicionando este subsidio a que se realicen análisis de suelos y a su aplicación efectiva, para reducir significativamente los costos de producción; no sólo en café en todo el sector agropecuario.

El Gobierno y la Federación deben volver tema prioritario en el nuevo contrato una política de relevo generacional en la caficultura colombiana y garantizar la seguridad social integral de los jornaleros y recolectores del café, que por su calidad de itinerantes merecen un trato diferencial en salud, pensión y riesgo laboral. Y el más importante, concentrar esfuerzos económicos y de todo tipo en políticas de incentivos y promoción de la transformación del café, es en el valor agregado con certificaciones de calidad y de origen y en apostarle a la masiva exportación de café transformado, como se podrá mejorar ostensible y sostenidamente los ingresos de los cafeteros colombianos.

Lo que sí queda claro es que de aplicarse los puntos centrales de la recomendación de la Misión: acabar con la garantía de compra, prohibir a la Federación y a las Cooperativas la posibilidad de exportar y prohibir que el gobierno utilice recursos del presupuesto en la caficultura; significa ni más ni menos que acabar con la caficultura colombiana y generar una crisis social de enormes proporciones en los más de 600 municipios que dependen de una u otra manera de la caficultura. Es decir el caos total.

COMUNICADO DE PRENSA

Senador Carlos Felipe Mejía reitera reclamo al Gobierno por incumplimiento con Aerocafé

Bogotá D.C., junio 10 de 2015 -. El senador Carlos Felipe Mejía reiteró que el Gobierno les ha incumplido la promesa a los caldenses de avanzar con las obras del Aeropuerto Internacional del Café (Aerocafé) tal como se había comprometido Juan Manuel Santos durante su campaña reeleccionista.

Mejía insistió en esta denuncia en la Comisión V de Senado ante el Subdirector de Planeación, Luis Fernando Mejía, funcionario mediante el cual el Congresista le envió el mensaje a la cabeza visible del Departamento Nacional de Planeación.

"Dígale a su jefe (Simón Gaviria) ahora que se encuentre con él, dígale que ese millón de caldenses, que son casi paisanos suyos, que están muy disgustados con él y con el Presidente Santos por el incumplimiento de la promesa en campaña reeleccionista con el Aeropuerto del Café", reclamó Mejía.

Lamentó que no se siga adelantando esta iniciativa en la cual ya han sido invertidos cuantiosos recursos públicos.

"Es una gran obra de infraestructura donde se han invertido casi 200 mil millones de pesos, de ellos casi 170 mil son recursos de la Nación, un gran esfuerzo del municipio de Manizales y del departamento de Caldas; pues allá fue el Presidente Santos en campaña reeleccionista a decirnos a los caldenses que contaran con el Aeropuerto del Café", dijo.

Y explicó que esa promesa quedó reducida a una mención en el Plan Nacional de Desarrollo simplemente como un 'proyecto visionario de un aeropuerto estratégico para el Eje Cafetero'.

"Quiere decir más o menos que en las pesadillas de Juan Manuel Santos, aparece por allá como para dentro de 50 años ese aeropuerto", manifestó Carlos Felipe Mejía.

"Un millón de caldenses hoy le hacen el reclamo al Presidente Santos que en su campaña reeleccionista se comprometió con un millón de caldenses a terminar el Aeropuerto del Café, por lo menos la primera etapa", concluyó el Senador.

La tragedia vivida en el municipio de Riosucio con la muerte de un grupo de mineros artesanales, se suma a varios hechos relacionados con los pequeños mineros en esta región. En abril de este año seis mineros murieron por la utilización de explosivos artesanales y se dio el despido de más de 400 obreros de las minas por la imposibilidad de conseguir el explosivo legal.

He planteado en el Congreso de la República, en especial en la Comisión Quinta del Senado, que el Estado debe asumir el compromiso de buscar soluciones efectivas y urgentes, implementando una verdadera política pública frente a la pequeña minería, artesanal o de pequeña escala, para que no se vuelvan a presentar estos trágicos hechos que continuamente tenemos que lamentar.

La minería del oro que es calificada como artesanal y de pequeña escala es una fuente de ingresos permanente para mineros que desarrollan su actividad en regiones rurales, en las cuales no existen otras alternativas económicas de orden significativo. Según las Naciones Unidas hay por lo menos 100 millones de personas en más de 55 países que dependen de esta actividad de subsistencia, y producen entre el 20 y el 30% del oro del mundo, cerca de 800 toneladas anuales. 

En Colombia la producción de oro se ha incrementado en más de 300% desde el 2006 y las Unidades de Producción Minera en su gran mayoría son informales, el 50,7% en yacimientos de aluvión, el 47% de veta o filón y el restante 2,3% es de otro tipo.

En Colombia el término de pequeña minería no está claramente definido en la legislación minera, y por lo tanto deben cumplir los mismos requisitos que una gran concesión para obtener las autorizaciones mineras y ambientales. Esta actividad se define en el glosario como rudimentaria o artesanal y antitécnica que no utiliza métodos convencionales, y en esta clasificación pueden caber la minería tradicional, la de subsistencia, la ilegal y la de hecho, aunque de todas maneras sea solo para referenciarlas en estudios o estadísticas. 

Hasta la fecha las leyes y normas no han logrado que la actividad se formalice en Colombia. Técnica y jurídicamente no se avanza con éxito en la formalización. Los procedimientos son para estos mineros complejos y costosos. Como en su gran mayoría no han tenido ningún tipo de título o documento de autorización o permiso, les es imposible demostrar que cumplen con el requisito de llevar más de 10 años en operación. El último recurso jurídico fue el Decreto 933 de 2013, con el cual se dio un trato a la minería tradicional informal y se adoptó un esquema de formalización de áreas ocupadas otorgando títulos mineros. Según el Ministerio, de 8.125 solicitudes el 39% han sido rechazadas y el resto sigue en trámite. 

Según informes de la Contraloría y la Procuraduría, la formalización minera ha sido ineficaz por las normas improvisadas, contradictorias, incoherentes, carentes de técnica jurídica y que no tiene en cuenta la realidad de los mineros informales. 

En el actual Plan de Desarrollo se está tratando de legislar al respecto, haciendo una clasificación de minería de acuerdo con los niveles de producción. Pero esto no permitirá hacer un avance cualitativo y diferencial que permita adoptar una política pública que además de lograr la formalización minera, tenga en cuenta las condiciones humanas de los mineros y las realidades sociales de las poblaciones en las cuales se da este tipo de minería. Sobre esto radiqué una proposición en la plenaria del Senado para ser incluida en el Plan de Desarrollo, pero la forma como se tramita esta ley, hizo imposible que el ministro de Hacienda la avalara por cuanto no era un tema prioritario para el gobierno. 

Una de las formas más importantes de combatir la minería ilegal o criminal, es formalizar esta minería artesanal, ancestral, ya que por ser de subsistencia, estos productores o sus familias no se prestarían para trabajar en las empresas criminales, que en últimas escasamente les reconocen un jornal por debajo del mínimo, sin prestaciones sociales, sin olvidar que también son presionados por grupos al margen de la ley a servir en estas actividades ilegales. 

Personalmente propuse a la Comisión Quinta debatir el tema y con miras a la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, le presentaré a mi partido, el Centro Democrático una propuesta de proyecto de ley, que nos permita avanzar en esta materia, con el apoyo de las organizaciones de pequeños mineros.

Manizales, abril 9 de 2015.- Cero justicia. A este nivel se ha llegado, como lo confirman los últimos acontecimientos en esta rama del poder público, como consecuencia de un sistema en crisis y que el establecimiento no ha tenido la voluntad política de enfrentar. El reciente escándalo de la Constitucional refleja lo que hace buen tiempo ocurre en las otras cortes, evidenciándose cómo quienes imparten justicia se mezclan en reuniones, homenajes, clubes y en sus propias casas, con quienes representan la contraparte. También en los despachos se atienden a los abogados interesados en fallos de trascendencia, rompiendo con cualquier sentido de la ética en el ejercicio de la magistratura.

Se llegó a la desnaturalización de la tutela como mecanismo excepcional para hacer efectivos los derechos fundamentales. Se destapó el perverso mecanismo para escoger revisión de sentencias de tutelas que tienen que ver directamente con intereses económicos en litigios de empresas o personajes con poder, que para nada tienen que ver con el derecho a la vida, la salud o la pensión de un desprotegido colombiano, demostrando la inseguridad jurídica total al no existir un claro mecanismo de cierre de tutelas. Se corrobora además la impunidad de los aforados en la inoficiosa Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se suma este caso a la política judicializada y la justicia politizada, los falsos testigos, veíamos la semana pasada con lo que ha ocurrido con el exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos que lleva muchísimos meses privado de la libertad y aparece el falso testigo confesando su culpabilidad, y ahí sí no hay diligencia para resarcir el daño causado.

Se suma la vulneración al debido proceso y de valoración de pruebas que terminan en un show de justicia mediática tan propios de esta Fiscalía, en un entramado en el que la verdad es la gran ausente. En La Habana las Farc pregonan y exigen impunidad, mientras los negociadores buscan como darla; entre tanto la justicia en las Cortes se derrumba cual cartel de la contratación, denunciándose unos a otros. Y es que en este país basta con apoyar la impunidad para los narcoterroristas de las Farc, para que un alto funcionario del estado se convierta en tramitador de comisiones, en un carnaval de enriquecimiento ilícito que permea las tres ramas del poder público.

Es evidente que no es posible una transformación de la justicia con futuro en las actuales Cortes, cuyos miembros no tiene interés alguno en reformarse y preocupa el desinterés político en el Congreso para abordar una reforma que los pueda enfrentar con sectores de la justicia. Este Congreso no aprovecha que en la reforma llamada de equilibrio de poderes se puede avanzar en transformaciones profundas en la justicia que produzcan un remezón en las hoy desprestigiadas cortes, mientras el país empieza a reclamar los cambios en una constituyente que a estas alturas y en el escenario que vive el país, sabríamos donde empieza pero no en donde termina.

El gobierno del presidente Santos promovió la fallida y desastrosa reforma a la justicia que los colombianos a través de las redes sociales lograron hacer abortar. Bien valdría la pena preguntarle a quien se ideó esa reforma a la justicia, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, qué piensa de lo que está ocurriendo con la justicia en Colombia. Tampoco el vicepresidente habla sobre el tema de impunidad con las Farc. Pero eso sí, en horario triple A y en cadena nacional salió el príncipe del cinismo a hablar de traidores a la Patria, de ética, de lucha contra la corrupción y de transparencia para reformar la justicia; mientras simultáneamente en el congreso debatíamos la crisis y brillaban por su ausencia sus senadores. Me ratifico: la gran crisis de nuestra querida Colombia se debe básicamente a que quien rige los destinos de la Nación no es una buena persona; es por el contrario un ser infinitamente perverso.

Hoy son los hechos al interior de las Cortes los que han evidenciado que el proyecto gubernamental de equilibrio de poderes no ofrece ninguna solución a la crisis de la justicia. Desde el Centro Democrático hacemos un llamado al país para que se convoquen todos los sectores representativos de la sociedad colombiana que puedan aportar soluciones de transición en esta coyuntura que conduzcan a que el pueblo colombiano apoye y legitime una profunda reforma a la justicia, pero que además impida que este gobierno trate de aprovechar esta crisis para buscar la consolidación del régimen imponiendo sus allegados en todas las instituciones judiciales con el apoyo amenazante de la Fiscalía General de la Nación.