En artículos anteriores nos referimos a la crisis financiera, administrativa y académica que vive la Fundación Universitaria San Martin -Fusm-, por la posible desviación de los recursos para fines diferentes a los de la educación y a la falta de instrumentos oportunos y eficaces del Ministerio de Educación Nacional -MEN- para prevenir, intervenir y corregir este tipo de situaciones que ponen en riesgo los derechos de la comunidad académica de las Instituciones de Educación Superior -IES-, en especial los de los estudiantes, a quienes con la suspensión o terminación irregular de las actividades o programas académicos se les vulnera su derecho fundamental a la educación superior.

Frente a situaciones de crisis como la actual de la Fusm y otras IES que pudieran estar en condiciones similares -que ponen en riesgo no sólo la viabilidad financiera de las IES, sino la calidad y el derecho fundamental a la educación y la continuidad del servicio público-, el ordenamiento jurídico actual carece de un esquema claro de inspección y vigilancia que le permita al MEN actuar de manera rápida y eficaz para garantizar los derechos de los estudiantes y de la comunidad académica en general. Si queremos avanzar en la ruta trazada por el Presidente Santos de una Colombia en paz, equitativa y educada, el país debe contar con un MEN ejerciendo la rectoría de las políticas públicas de una educación superior pertinente, con calidad y acceso universal.

En tal sentido, para proteger el derecho a la educación superior, reiteramos, hemos valorado la decisión de la Ministra Ginna Parody de intervenir la Fusm y expedir la Resolución 18253 del 4 de noviembre pasado, por la cual suspende temporalmente y de manera preventiva los registros calificados y ordena adoptar y presentar al MEN un plan de mejoramiento, que contenga las acciones para garantizar a las cohortes iniciadas, la continuidad de los correspondientes programas en condiciones de calidad. Para administrar sus bienes y recursos, recibir el dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos y que la administración y gastos de estos sólo se destinen a suplir necesidades operativas de la institución, se ordenó la constitución de una fiducia para tal fin, pero hasta el día de hoy no ha sido posible.

La debilidad legal de los instrumentos de inspección y vigilancia con que cuenta el MEN, ante situaciones de crisis como la de la Fusm, hace que las medidas tomadas no sean oportunas o no tengan la eficacia suficiente. Por ello, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 124S/14, con el objetivo de solucionar estos problemas estructurales y dotar al MEN con un conjunto de instrumentos legales y precisos de inspección y vigilancia, que incluyen la posibilidad de adoptar medidas inmediatas de intervención como la fiducia e incluso, la de designar, en caso de ser necesario, otras personas que tendrían a su cargo la administración temporal de la institución de forma preventiva, mientras se logra superar la situación de crisis. 

Durante el trámite del proyecto de ley y en diálogo con diferentes sectores de la comunidad académica hemos logrado precisar de manera rigurosa aspectos fundamentales para la eficacia y pertinencia de las medidas diseñadas, entre ellas se profundiza el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria como derecho constitucional y legal; se diferencian las medidas de carácter general y específico de acuerdo con la naturaleza jurídica especial de las IES oficiales o estatales; se exigen planes de autoevaluación y seguimiento; se respeta la protesta social en ámbitos académicos; se exigen planes de continuidad, transición y/o reubicación; y se posibilitan las condiciones para el fortalecimiento institucional del MEN, a través de reestructuraciones internas y ampliación de su capacidad organizacional. 

Ante preocupaciones expresadas desde algunas IES frente al posible desbordamiento de competencias del MEN, reitero, con todo respeto, que desde el Congreso de la República no estamos entregando una patente de corso para iniciar, sin que exista una crisis o sin los suficientes elementos, una indebida intervención que violente la autonomía universitaria y los derechos de las IES, pero, sí queremos dejarlo claro, le estamos entregando un instrumento legal para garantizar la no repetición, prevenir e imponer, con respeto al debido proceso, pero con toda autoridad y rigor, las medidas y sanciones cuando fueren necesarias, en defensa del derecho fundamental de una educación superior con calidad para todas y todos los estudiantes de Colombia.  

Como integrante de la comisión accidental que se creó por proposición de los miembros de la Comisión VI del Senado de la República para acompañar en la búsqueda de soluciones el complejo proceso -jurídico-administrativo- de la Fundación Universitaria San Martin -FUSM-, presenté la semana pasada en esta misma columna, una propuesta de un plan de transición académico-administrativo, logístico y de infraestructura, que paralelamente con la intervención de la FUSM por parte del Ministerio de Educación Nacional -MEN- y del trámite con mensaje de urgencia del Proyecto de Ley 124/S para el fortalecimiento institucional en inspección y vigilancia del MEN, garantice la terminación de los diferentes programas académicos con estándares de calidad, a los más de 21 mil estudiantes de la FUSM.

Quiero reiterar que, con la mayoría de integrantes de la comisión accidental y de las comisiones Sextas de Senado y Cámara, compartimos las alternativas de solución que garanticen el goce efectivo del derecho y la continuidad y calidad del servicio público educativo, además de la prevención, la no repetición y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, dotando al Ministerio de instrumentos para ello.

Propusimos –con respeto e insistimos en ello-, una fórmula mixta en la que se intente salvar primero la capacidad operativa de la FUSM en apoyo gradual con otras IES, pues somos conscientes de que sus dificultades no son tanto académicas sino operativas-financieras, por la posible desviación de recursos a fines diferentes a la educación, con la presunta tipificación de delitos como abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, entre otros, que desde el 2011 fueron denunciados ante organismos competentes por la Ministra María Fernanda Campo, sin que a la fecha se haya solucionado el problema, sino por el contrario, se agravó.

Por tal razón, ante la ineficacia y falta de oportunidad para prevenir, controlar y sancionar este tipo de situaciones anómalas que afectan gravemente la continuidad y calidad del servicio público de la educación, compartimos la exigencia al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 124/S y adoptar un marco legal eficaz de inspección y vigilancia, que respete el debido proceso y la autonomía universitaria, en el entendido de que la misma no es absoluta y a su amparo no se pueden vulnerar los principios y derechos de los estudiantes.

Experiencias como las que estamos viviendo con la FUSM, que de alguna manera reviven las que hace poco se vivieron en el sector salud, son un claro llamado de atención, para que en Colombia, se tome la decisión de hacer una reglamentación clara, sobre el régimen al que deben someterse quienes se ocupan tanto de la prestación de servicios públicos, como del ejercicio de funciones públicas propias del Estado.

Si bien la constitución de 1991 liberalizó el sector de los servicios públicos, lo cierto es que a la vez, ratificó la necesaria intervención de los mismos y la obligación del Estado de realizar las tareas asociadas a su planeación, regulación, control, vigilancia y al cumplimiento del deber de brindar servicio universal en condiciones de calidad.

Por tanto, la intervención del Estado en el servicio público de educación superior, es una clara muestra de que este tipo de servicios no constituyen actividades libres y que en la medida en que se avance en la liberalización de los servicios, deben fortalecerse las actividades de planeación, regulación, inspección, vigilancia y control, que conjuntamente con el deber de Universalización son tareas básicas que le corresponden al Estado.

La intervención, especialmente la toma de posesión, son mecanismos del Estado social de derecho cuyo núcleo es la protección de los servicios y sus usuarios, no para proteger exclusivamente el capital o el mercado. Si la intervención de un banco -real expresión del capital-, busca proteger a los ahorradores; en la educación la inspección y vigilancia o la intervención deben tener como propósito fundamental proteger a los estudiantes, garantizándoles en todo momento el goce efectivo del derecho fundamental con la continuidad y calidad del servicio público a la educación.

Mientras en la agenda pública el tema de la intervención de la Fundación Universitaria San Martín -Fusm-, es superado en importancia por otras realidades nacionales, los actores públicos no podemos dejarnos llevar por el vértigo informativo y tenemos la responsabilidad de concentrarnos en buscar alternativas para las verdaderas víctimas de este lamentable proceso, los estudiantes y sus familias, quienes hoy se encuentran en la más compleja situación de incertidumbre frente a su presente y su futuro.

A la ministra de Educación Gina Paradoy le valoramos la responsabilidad con la que actuó al intervenir la Fusm, pero debemos apoyarla desde el Congreso y los actores y personas expertas del sector, con propuestas y alternativas de solución para que esta decisión no afecte de manera grave la parte académica a más de 21.000 estudiantes que confían en el Estado colombiano como garante del goce efectivo del derecho fundamental de la educación y de la continuidad de sus estudios para lograr las metas trazadas como futuros profesionales.

En tal sentido, como miembro de la comisión accidental que se creópara acompañar este proceso desde la Comisión VI del Senado de la República, propongo con respeto, algunas ideas en lo académico, lo administrativo, lo logístico y de infraestructura, que paralelamente con la intervención de la Fusm y la deliberación urgente en el Congreso de la República sobre el fortalecimiento institucional en inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional -Men-, avancemos en una ruta de transición inmediata para Garantizar la terminación con estándares de calidad de los más de 21 mil estudiantes de la Fusm.

Parece necesaria una fórmula mixta que diseñada y estructurada con las diferentes comunidades académicas existentes en las regiones del país que tienen estudiantes activos, para que se permita por ejemplo que los jóvenes matriculados en los dos últimos años de formación terminen su proceso en la Fusm, con la vigilancia y control necesarios y los demás sean recibidos en otras Instituciones de Educación Superior -IES-.

En lo académico se debe posibilitar la transferencia a otras IES, mediante la revisión por parte de los académicos de ambas instituciones, de los planes de estudios de manera que, comparándolos, puedan determinar las equivalencias que hagan posible homologar asignaturas y así reconocer lo cursado en Fusm para continuar la carrera en la nueva IES.

Para garantizar el éxito de este ejercicio se deben realizar comités curriculares concertados entre las dos instituciones, enfocados en lo nuclear de cada profesión y sus saberes, para permitir definir por ejemplo, unas tablas de equivalencias. Así las solicitudes de transferencia y el correspondiente proceso de homologación se atendería según esos criterios. Esto supone también que el MEN, en los casos pertinentes, amplíe los cupos de admisión que han sido autorizados para el programa receptor.

En lo administrativo una opción realista es compartir la docencia cuando no existan profesores en algunas asignaturas en la Fusm, permitir que los estudiantes las cursen en otra universidad. Las calificaciones obtenidas serán reconocidas por ésta y los estudiantes podrán completar sus planes de estudios. Incluye, compartir la docencia, el uso de laboratorios y demás espacios destinados para la enseñanza de esas asignaturas.

En la parte logística y de infraestructura, en caso de que no existan los espacios con los requerimientos necesarios para adelantar los procesos de enseñar y aprender, permitir que profesores y estudiantes de la Fusm usen los de otra IES. Compartir espacios incluye aulas, laboratorios, espacios lúdicos, etc.

Invito al Ministerio y a las comunidades académicas existentes en las diferentes regiones del país donde tiene estudiantes activos la Fusm para que se unan y solidariamente nos ayuden a encontrar fórmulas creativas para enfrentar esta situación, que por la cantidad de estudiantes y programas en diferentes regiones y por las dificultades operativas y administrativa y de tipo legal, se hace más compleja para garantizar la continuidad del servicio público de la educación.

Soy consciente que estas propuestas demandan un trabajo arduo del MEN y gran solidaridad de la comunidad académica de las diferentes universidades del país, pero es el momento de mostrarle a Colombia que ese concepto de comunidad es una realidad y opera en función de los verdaderos protagonistas de la educación: los estudiantes.

La semana anterior, después de un amplio y valioso ejercicio de deliberación y participación ciudadana; bajo principios y criterios de equidad, sostenibilidad e inclusión; fue aprobado por el H. Concejo de Medellín, tal vez el más trascendental de los acuerdos de su período constitucional, el instrumento de política pública y planificación para orientar en el mediano y largo plazo el crecimiento ordenado del territorio y la forma en que desarrollamos y proyectamos en él nuestra vida en sociedad, el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-. Aunque son múltiples los temas positivos y pocos los negativos a los que quisiéramos referirnos de este POT, hoy destacaré algunos aspectos sobre la movilidad.

Si bien el POT aprobado  reconoce la necesidad de articulación entre Medellín, como municipio núcleo de los demás municipios del territorio metropolitano, su alcance es únicamente municipal, quedando corta su proyección en relación con verdaderas dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales que se tejen hoy en el territorio y que no guardan relación alguna con las fronteras administrativas de los municipios: la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, el ambiente, la seguridad y la movilidad, retos que superan la barrera de lo metropolitano y ponen en la agenda la importancia de una visión regional.

La planeación del territorio involucra temas amplios y complejos que determinan la forma ordenada o no, en que se desarrolla la vida en la ciudad y en el territorio. Uno de ellos es la movilidad urbana, tema que abordamos constantemente en este espacio y que tiene la mayor importancia en nuestra agenda de trabajo político por su estrecha relación con calidad de vida de los seres humanos habitantes del territorio y con la competitividad. En materia de movilidad el POT aprobado acoge un postulado fundamental en la planeación de las ciudades del silgo XXI: la recuperación de espacios para las personas y el cambio en la priorización de inversiones hacia la promoción de modos de transporte masivo y no motorizados, en una conveniente y adecuada integración multimodal metropolitana.

El esfuerzo histórico acumulado de destinar recursos al crecimiento de la infraestructura para el uso de vehículos y motos particulares es insostenible, disfuncional e inequitativo. Cada vez más ciudades, aún aquellas que crecieron bajo el modelo norteamericano de urbanización expandida y movilización individual, han reconocido que la motorización crece a mayor velocidad que el más ambicioso plan de nuevas vías y que en ciclos cada vez más cortos, se regresa a los niveles iniciales de congestión vehicular, teniendo como única alternativa equitativa y sostenible, racionalizar y modernizar toda la estructura del transporte para garantizar armonía, coherencia, seguridad, funcionalidad y por tanto, adoptar todas las medidas necesarias para que cada vez más personas caminen, usen bicicleta y/o transporte público masivo multimodal y colectivo para sus viajes y desplazamientos más frecuentes.

Lo anterior supone un reto mayor para Medellín y el Valle de Aburrá, toda vez que, a pesar de los esfuerzos económicos y políticos que se han hecho para la implementación de un sistema de transporte integrado, con cobertura y calidad, ese crecimiento acelerado del parque automotor, unido a otras complejas variables, anticipa problemas mayores que tendremos en materia de congestión, accidentalidad y contaminación en los próximos años.

Otra variable es la dificultad propia del transporte masivo, que por su rigidez y alto costo de implementación, es incapaz crecer al mismo ritmo del territorio para satisfacer la mayor demanda, haciendo necesaria su complementariedad con el transporte público colectivo, que modernizado bajo nuevos estándares de operación, se convierte en un factor clave para que la ciudad y el territorio metropolitano cuenten con un verdadero sistema integrado de transporte público.

Que la declaración del POT de Medellín como “…un pacto de ciudad por la sostenibilidad, la vida y la equidad”, incluya el transporte público colectivo y masivo como estructurante de ciudad y territorio, es el primer paso en la tarea de vencer nuestra desarticulación histórica entre transporte público masivo y colectivo para caminar hacia la consolidación de un sistema de transporte público plenamente integrado y articulado, multimodal, eficiente, seguro y sostenible, con cobertura y acceso universal que ofrezca un servicio de alta calidad, generador de bienestar para todas y todos los habitantes del territorio metropolitano.

El debate que plantean RCN y Caracol sobre si existe o no la obligación de que los operadores de servicios de televisión abierta permitan que quienes prestan el servicio de televisión por suscripción difundan la totalidad de sus señales en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la ley 680/01 es apenas una pequeña diferencia de los múltiples nuevos problemas que nacen con la TV digital y hoy se pretenden solucionar con las reglas pensadas para la TV analógica.

Durante el trámite y discusión en el Congreso de la República del Acto Legislativo 02/11 -que terminó con la expedición de la Ley 1507- expresé mi preocupación por la propuesta de suprimir la Comisión Nacional de Televisión –Cntv- sin sentar las bases de la nueva política de televisión, tal como posteriormente lo ordenó el mismo acto legislativo, en lo que corresponde al mandato actual del artículo 77 de la Constitución. Mi preocupación, la que reitero en este escrito, es que Colombia no dispone de un instrumento legal conveniente y adecuado al escenario convergente de hoy, que reglamente en forma apropiada la prestación del servicio público de televisión.

Recordemos que uno de los principales argumentos expuesto por el Ministerio de TIC para suprimir la Cntv fue precisamente la necesidad de adecuar el escenario institucional para la convergencia entre los servicios de televisión y los demás servicios de telecomunicaciones, lo que consideremos acertado, pero la tarea nos quedó a mitad de camino, pues se eliminó la Cntv y se creó la nueva Autoridad Nacional de Televisión –Antv-, sin avanzar en el nuevo escenario convergente, es decir, sin resolver el problema sustancial que se estaba planteando.

Problema que se deriva de la enorme dificultad que se presenta cuando se pretende dar respuestas a problemas nuevos mediante la aplicación de leyes que fueron expedidas en otros momentos y bajo otras circunstancias, pues antes no se pensaba con las categorías actuales y temas como los de la TV de alta resolución, la Tvip, la TV digital, la TV móvil y la TV bidireccional eran asuntos que apenas si podían llegar a imaginarse.

En el nuevo  escenario convergente, el servicio público de televisión comenzó a prestarse con los antiguamente denominados servicios de valor agregado y la falta de ese instrumento ha hecho que desde hace más de 10 años no se sepa qué servicio se presta cuando los proveedores del servicio de internet ofrecen la prestación de servicios de telecomunicaciones que incluyen la recepción de la programación de televisión y mucho menos se sabrá qué servicio se presta cuando en banda ancha se masifique el uso de la televisión móvil.

Por tanto, en ese nuevo escenario convergente, el debate planteado por RCN y Caracol, sobre el alcance del artículo 11 de la Ley 680/01, en el que se establece que “los operadores de Televisión por Suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal …”, reabre el debate sobre el futuro de la televisión colombiana y sobre la necesidad de que expida una nueva ley de televisión adecuada al actual escenario de convergencia.

Lo único claro hasta ahora, es que el asunto no admite una solución sencilla y quienes han intervenido en el debate hasta ahora –los operadores de servicios de televisión abierta o los operadores de televisión por suscripción, la SIC y la Antv, aunque pueden tener parcialmente la razón, lo sensato sería recurrir a un tercero para que en derecho resuelva el caso.

Ese tercero es el juez administrativo, que bien podría ser la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, siempre y cuando los actores del sector, en especial las autoridades, asuman la responsabilidad de respetar y acatar plenamente el concepto que este alto organismo emita. En todo caso, esta controversia solo podrá ser resuelta pensando en esencia y razón de ser de los servicios públicos, los usuarios.

Como hemos señalado en anteriores artículos, durante el trámite legislativo de la Ley 1450/11 -PND-, llamamos la atención sobre una ambiciosa pero interesante meta y sobre los mecanismos e instrumentos propuestos para alcanzarla: Lograr al 2014 una tasa de cobertura en educación superior del 50%.

Pasar en 4 años del 37 al 50%. Es decir, incrementar más de 3 puntos promedio año-. Difícil meta si tenemos en cuenta el antecedente de la última década, en la cual, con mucho esfuerzo, logramos incrementar un punto promedio año y pasar del 30 al 40%.

No obstante el optimismo y buena voluntad del Gobierno, expresamos en su momento nuestro respetuoso escepticismo por lo inalcanzable de la meta propuesta del PND de alcanzar cobertura de 50% al 2014, sin la existencia de otros instrumentos reales de acceso y fuentes ciertas de recursos para financiar un modelo de educación superior realmente incluyente y equitativo.

Por tal razón y con el propósito fundamental de buscar esa fuente cierta de recursos para el aumento de cobertura en educación superior pública e ir cerrando semejante brecha de exclusión, en el marco de la discusión y aprobación de la Reforma Tributaria -Ley 1607/12-, propusimos y fue aprobada -con la Bancada del Partido Liberal y el apoyo de congresistas de todos los partidos-, un punto adicional al Impuesto de Renta para la Equidad -CREE-.

Inicialmente en la Plenaria del Senado, se aprobó el punto adicional del CREE de carácter permanente. Que era ideal en el propósito país de cerrar la brecha. Pero al final se aprobó temporal, para las vigencias 2013, 2014 y 2015. Se logran recursos adicionales por alrededor de $4 billones, para distribuirlos así: $1.2 billones para el sector agropecuario, $1.2 billones para salud, $1.5 billones para educación superior.

En lo referente a la educación superior, tema de nuestro énfasis, en el 2013, el Gobierno Nacional trasladó los primeros $200 mil millones a 59 Instituciones Públicas de Educación Superior en Colombia.  En esta primera asignación, Antioquia, Medellín y Envigado -que han hecho enormes esfuerzos para ampliar cobertura con recursos propios-, recibieron mediante giro directo a sus instituciones, alrededor de $18.000 millones.

El pasado 17 de octubre, el Gobierno Nacional suscribió la Resolución 3960 de 2014 mediante la cual distribuyen $391 mil millones entre 72 instituciones públicas de educación superior del país, duplicando los $200 mil millones asignados en el 2013. Estos recursos provenientes del punto adicional al CREE que propusimos; benefician en Antioquia a las Instituciones públicas de educación superior con alrededor de $36 mil millones de pesos, como explico en el cuadro a continuación:

Sin embargo no podemos dejar de reiterar que el hecho de que estos recursos no sean concurrentes hace que no sean permanentes ni suficientes para garantizar la continuidad en la ampliación de cobertura, por tal motivo es necesario avanzar –de la mano  del Gobierno Nacional, que ha reconocido públicamente nuestro aporte- modificando las disposiciones de carácter transitorio y volviéndolas permanentes hasta que se cerremos la brecha en la educación superior y podamos decirle al mundo que Colombia sí es, la más educada de América.

La accidentalidad sigue siendo un problema crítico en Colombia. Entre 2005 y 2013 fallecieron 51.882 personas y otras 367.501 sufrieron lesiones en accidentes de tránsito. En 2013 se registraron 1.1 % más víctimas mortales y el número de lesionados creció 6.9 % con respecto al año 2012. El problema es de tal gravedad que según un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, los daños derivados de los accidentes de tránsito le cuestan al país USD 11.370  millones al año, es decir, 22 billones de pesos, cerca del 10 % del presupuesto anual para 2014 y el equivalente al doble del presupuesto de inversión en los sistemas de transporte masivo del país.

Estas estremecedoras cifras indican que hay poco lugar para la inacción y que la ejecución de políticas efectivas en contra de la accidentalidad, no da espera. Una de las grandes razones de la alta accidentalidad en Colombia, es la debilidad institucional, la falta de políticas y la ausencia de rectoría de las mismas y de actividades de inspección, control y vigilancia. En 2011 concertamos con el Gobierno del presidente Santos, la declaración de la seguridad vial como una política de Estado y su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  El Ministerio de Transporte presentó el primer Plan Nacional de Seguridad Vial en la historia del país, que planteaba metas ambiciosas en reducción de tasas de accidentalidad y un número importante de acciones, que como lo advertimos en su momento, lamentablemente no estaban correctamente enfocadas en la generación de impactos positivos en la accidentalidad.

El Gobierno Nacional atendió nuestras recomendaciones de la época y no sólo reformuló el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 –Pnsv, sino que también con el Congreso se trabajó conjunta y activamente por la expedición de la Ley 1702/13, mediante la cual creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial -Ansv, como entidad autónoma y especializada, responsable de liderar la planificación y ejecución de la política de seguridad vial en Colombia y la labor de reducir efectivamente las cifras de accidentalidad en el país y por tanto, las miles de muertes y lesionados por esta causa.

En tal sentido, compartimos integralmente los planteamientos expresados la semana anterior en el VIII Seminario Internacional de Seguridad Vial por el profesor Fred Wegman, al destacar que una agencia líder no produce resultados per sé, que es necesario dotarla de ciertas características que conviertan su trabajo en resultados positivos en las cifras de accidentalidad: (i) Su gestión debe estar sujeta a rendición de cuentas (accountability), (ii) Su autoridad debe ser reconocida por todos los organismos del Estado involucrados en la seguridad vial, (iii) Debe garantizarse la existencia de recursos económicos que le permitan contar con capacidad técnica, (iv) El rol de coordinación debe ejercerlo entre entidades del gobierno central, entidades territoriales y todos los grupos de interés, (v) Deber tener la capacidad de generar, procesar y analizar cifras de accidentalidad con fuente diferente a los cuerpos policiales y en virtud de ello, monitorear y evaluar su gestión enfocada en resultados.

Reiteramos que coincidimos con cada uno de los planteamientos de este experto holandés, reconocido a nivel mundial por su conocimiento y aportes a la seguridad vial, y complementamos con la necesidad de que la Ansv logre atraer los mejores profesionales del sector para conformarse como un organismo técnico e independiente y bajo la dirección de un profesional de las más altas calidades, que tenga el reconocimiento necesario y liderazgo político para coordinar y convocar a ministros, gobernadores, alcaldes, otras autoridades, sociedad civil y demás actores en torno a la seguridad vial.

La creación de la Ansv ha generado grandes expectativas en el sector por la efectividad que se espera de su labor, aun considerando las dificultades que tendrá al haberse conformado como un órgano articulador. Ratificamos la importancia del papel que jugará la Ansv en los próximos años y la necesidad de contar con todo el compromiso político para su buen funcionamiento y a la posibilidad real de encontrar el punto de inflexión, la curva descendente de las cifras de la alta accidentalidad y decir con esperanza, que el trabajo con voluntad, planificado y articulado, con los instrumentos adecuados rinde sus frutos y nos permite salvar vidas en Colombia.

20 años después de superar la discusión de si en la arquitectura constitucional de un modelo jurídico como el colombiano podían existir entes reguladores sin afectar el orden institucional, quisiéramos referirnos individualmente a las dificultades, logros y retos en cada sector de cada una de las comisiones de regulación: Comisión de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable -CRA-, Comisión Regulación de Energía y Gas -Creg- y Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-. Pero, sería insuficiente el espacio para hacer un análisis individual objetivo. Espero en otros artículos poder abrir el debate en tal sentido.

Hoy me referiré en general al modelo regulatorio colombiano a la luz de la teoría constitucional de los servicios públicos. No obstante su alto contenido político, a la hora de hablar de regulación, brilla por su ausencia el debate político, pues muchas personas se refieren a la regulación, como un asunto exclusivamente técnico o económico, olvidando que precisamente en las concepciones económicas sobre el desarrollo, la concentración o el reparto de la riqueza, se soportan las más profundas diferencias ideológicas en todos los Estados.

Es notorio el avance que el concepto de regulación económica ha tenido en el mundo y la forma como el derecho colombiano lo ha venido incorporando a la cotidianidad en sectores como el de los servicios públicos que tienen connotaciones especiales, pues a la vez que el Estado declara la existencia del Estado social de derecho -en el que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado-, ha permitido que estos servicios sean prestados por los particulares y comunidades organizadas, en escenario de libre concurrencia con proveedores estatales y mixtos.

La Corte Constitucional en sentencia C-263/13 ha identificado el modelo de regulación colombiano como de “economía social de mercado”, lo que nos obliga a encontrar un justo equilibrio entre la intervención del Estado para proteger a los usuarios y promover el servicio universal y la libertad de empresa e interés de ganancias que caracteriza a la libre iniciativa privada. Por tal razón podemos afirmar que buena parte del éxito futuro del régimen de los servicios públicos, depende de la manera como las Comisiones de Regulación entiendan el sentido real de las tareas que a ellas se les han encomendado.

Queda claro que no se trata solo de economía de mercado, sino de “economía social de mercado” y que los servicios públicos no pueden ser tratados como simples mercancías que se compran y se venden; por tanto, la regulación en nuestro modelo implica una forma de intervención del Estado para la protección del interés público social y su reto permanente debe ser la búsqueda del incremento de la productividad de los agentes económicos del sector para que las empresas ofrezcan más acceso; más y mejores servicios; más y mejor atención a los usuarios; mejores y más razonables, justas y equitativas tarifas.

Del foro realizado la semana anterior sobre la Ley 142/94 y los 20 años de los reguladores en Colombia nos queda claro que aunque el Congreso de la República interviene cada vez más en el direccionamiento de la actividad regulatoria, no es suficiente con la expedición de leyes. Hoy más que nunca, debemos reflexionar sobre cómo estamos aplicando la teoría constitucional y el modelo de los servicios públicos y sobre cuál ha sido, es y será su incidencia en el acceso y eficiencia en la prestación esos servicios, en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo de la economía nacional.

Colombia lleva 20 años tratando de construir un concepto especial de regulación que no coincide plenamente con el que imponen los Estados que soportan su economía exclusivamente en la liberalización de toda clase de mercados, pero tampoco con una rígida intervención del Estado en todas las actividades económicas.

La sola existencia del concepto “servicio público”, sugiere la adopción de un camino especial y diferente al que adoptan modelos plenamente liberales o neoliberales, o a los que adoptan esquemas socialistas de intervención del Estado. Ese camino especial, diferente e incluyente que promovemos y defendemos, es finalidad de nuestro Estado social de derecho.

La semana anterior iniciamos una deliberación a través de esta columna dominical, sobre la urgente necesidad que tenemos de diseñar una política pública para identificar, diagnosticar y formalizar a la totalidad de prestadores rurales del país y poder establecer a ciencia cierta cuáles son las necesidades de inversión de estos sistemas, para el suministro de agua potable y el saneamiento básico. 

Dijimos que el objetivo no puede ser otro que igualar lo rural -lo más similar posible-, con las condiciones de acceso continuidad, calidad y cobertura que tienen los usuarios urbanos de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Dijimos también que si bien debe haber un enfoque diferencial hacia los prestadores no lo puede haber hacia los usuarios y abrimos la reflexión sobre ¿Cuál debería ser el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago? 

Por tal razón, consideramos que la metodología tarifaria que debe diseñar la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento -CRA- para los acueductos rurales, tiene que partir del hecho de que vía tarifa al usuario no se pueden conseguir los recursos para acometer las inversiones ni la reposición de las mismas. Estas inversiones deben ser suministradas por el Estado. Para estas organizaciones comunitarias, la tarifa solo debe incluir los componentes que cubren los costos administrativos, los operativos y los de mantenimiento. Sí la Constitución los habilitó para prestar los servicios públicos, la regulación no puede negarles dicha habilitación, y por tanto se debe redefinir el concepto de calidad y costos eficientes, en el entendido de que la única limitante real es la capacidad de pago del usuario rural. 

¿Cuál debería ser entonces el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago? No hay otro establecido en la legislación que el otorgamiento de subsidios. Pero para llegar de manera efectiva al pago de subsidios al sector rural debe pensarse en una reestructuración integral, con una legislación enfocada al sector rural, que entienda sus particularidades y que establezca algún mecanismo solidario para que los usuarios urbanos contribuyan a la solución de sus pares rurales. 

No estamos sugiriendo que de los fondos que funcionan actualmente se destinen recursos en una mayor proporción a lo rural, por que se descompensaría a la población subsidiable urbana, si no que se busquen fuentes ciertas de recursos y un mecanismo de traslado rural eficaz, teniendo como prerrequisito necesariamente la formalización. Estas son solo algunas ideas generales de cómo llegar a otro estado de bienestar en nuestras comunidades rurales, vale la pena mencionar que pretendemos atacar hasta ahora tres problemas: i) infraestructura, ii) sostenibilidad, y iii) eficiencia y calidad. 

En tal sentido, compartimos el diagnóstico –aunque no integralmente la estrategia y los objetivos-, realizado en el Documento Conpes 38, que se viene construyendo con la propuesta de política pública para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, que busca incrementar las inversiones en esquemas sostenibles y generar estrategias de intervención frente a las dificultades en la estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área rural. 

Algunas de esas dificultades se describen en el documento Conpes propuesto como: baja articulación intersectorial, deficiencia en disponibilidad y calidad de información, baja capacidad institucional de los municipios, bajo nivel de asignación de subsidios, alto número y dispersión de prestadores, limitada participación de la comunidad en la definición de alternativas y soluciones, altos costos de las inversiones por dispersión de la población, implementación de tecnologías no adecuadas ni sostenibles, deficiente calidad y conflictos de almacenamiento y usos del agua, inadecuada disposición de aguas residuales y residuos sólidos, entre otros.

Debemos por tanto, diseñar mecanismos para dotar de capacidad a los prestadores rurales, haciéndose necesaria la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo costo, apoyar mecanismos viables de control de calidad del agua, desde alcaldías o gobernaciones, capacitación constante y permanente, enfoque de vigilancia diferencial por parte de la SSPD que se apoye como institución para poder llegar a cualquier rincón del país en entidades locales como lo pueden ser las personerías municipales.

Desde lo político y filosófico compartimos con el documento Conpes propuesto, “…los esfuerzos para aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, bien pueden ser la intervención más eficaz, que por sí sola, permite mejorar la salud humana y prevenir las enfermedades y la muerte. El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad con otros como la vida, la dignidad humana y la salud”.

Publicado periódico El Mundo

http://bit.ly/1s2htHo

Según el Pnud “el agua contaminada sigue siendo la principal causa de enfermedades y muerte a escala mundial. Se estima que en los países en vías de desarrollo, tres millones de personas mueren todos los años por enfermedades relacionadas con el agua, la mayoría de ellos niños menores de cinco años. A comienzos del Siglo XXI, alrededor de 1.100 millones de personas, no disponía de acceso a agua limpia y 2.600 millones, no dispone de acceso a saneamiento adecuado.” Colombia no es ajena a esta inhumana realidad.

Hace dos semanas tuve la oportunidad de participar en Armenia-Quindío, en el I Congreso internacional de Acueductos Rurales. Organizado y liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Sspd-, contó con la masiva asistencia de prestadores rurales -en su mayoría organizaciones autorizadas de tipo comunitario-, representantes de todas las instituciones sectoriales del Estado e invitados internacionales.

Nos unimos al reconocimiento por los resultados de este I Congreso internacional de acueductos rurales, aunque  no deje de sorprendernos que este evento haya sido el primer evento nacional e internacional para los prestadores rurales, después de más de 40 años de gestarse en América Latina este tipo de cooperativas, asociaciones o juntas de agua, proveedoras de agua segura y saneamiento básico a las poblaciones rurales; y después de 23 años de haber sido habilitadas por el artículo 365 de la Constitución Política, para prestar servicios públicos como comunidades organizadas.

Quedé más sorprendido al constatar, que después de más de 20 años de expedirse la Constitución Política de 1991 y la Ley 142/94, no tenemos la más mínima certeza del número de acueductos rurales existentes en el país. Se habla de aproximadamente 15.000 prestadores. De los cuales, sólo unos 1.900 están inscritos en el registro único de la Sspd. Incluso, teniendo en cuenta el esfuerzo grande de esta entidad por construir la información sectorial y formalizarlos, duplicando el número de prestadores inscritos entre el año 2010 al 2014. Este diagnóstico, de por sí preocupante, hace prever que al extrapolarlo a los informales, la situación puede ser aún más crítica.

La situación de la calidad del servicio que reciben nuestras comunidades rurales es delicada. Las cifras hablan por sí solas, tan sólo el 10 % de los acueductos suministra agua apta para consumo humano y apenas cerca del 80 % cuenta con algún sistema de tratamiento que permite, en la mayoría de casos, entregar agua segura sin que pueda igualarse esta denominación a la de agua potable.

Lo anterior obliga a reflexionar de manera urgente sobre cómo lograr la atención y priorización del Estado hacia estas comunidades. Evidentemente, muchos de los problemas se resuelven en gran medida con inversiones en la infraestructura de estos acueductos, pero la construcción sin acompañamiento y mecanismos de asistencia adecuados no garantiza la solución a las principales dificultades de este tipo de prestadores, como lo son la sostenibilidad, la eficiencia y calidad.

Escuché de primera mano de algunos prestadores, el argumento de no suministrar agua apta para consumo humano, se debe a no tener los recursos que les permitan cubrir los costos asociados a este tipo de tratamiento. Lo que constituye una falla estructural, directamente relacionada con el diseño tradicional de la política pública, la metodología tarifaria vigente, el modelo de inspección, vigilancia y control, el funcionamiento de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos e incluso el mismo marco legal, que se muestran limitados frente a una realidad que empieza a ser visible gracias a la formalización de estos prestadores y a espacios como este I Congreso Internacional de Acueductos Rurales.

Tenemos que diseñar una política pública que dote de recursos a las entidades del sector para identificar, diagnosticar y formalizar a la totalidad de prestadores rurales del país. La formalización debe ser el camino para que sean identificados, para que se pueda establecer a ciencia cierta cuáles son las necesidades de inversión de estos sistemas, no solo para el suministro de agua potable sino también para avanzar en el saneamiento básico.

¿Cuál debería ser el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago? En próximos artículos trataremos de dar respuesta a esta y otras reflexiones sobre este trascendental tema de la realidad rural nacional.

El objetivo no puede ser otro que igualar las condiciones de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, con la continuidad, calidad y cobertura que tienen los usuarios urbanos, si bien debe haber un enfoque diferencial hacia los prestadores no lo puede haber hacia los usuarios.

Desde nuestra convicción socialdemócrata, hemos venido insistiendo en la importancia esencial del transporte público en el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad y en la consolidación de ciudades competitivas que ofrezcan alta calidad de vida a todos sus habitantes. En tal sentido, hemos reconocido el esfuerzo que ha hecho el Estado Colombiano por dotar a las principales ciudades del país de sistemas de transporte masivo que atiendan las necesidades de movilización con mayor eficiencia y calidad, no obstante, no haber logrado desde la institucionalidad -con participación de los diferentes actores-, implementar y consolidar con efectividad, una política pública que tenga un impacto integral positivo en la solución de los problemas estructurales de movilidad de las ciudades.

Desde el estudio y profundización sobre la situación actual de la movilidad en Colombia y desde los debates de control político y del diálogo ciudadano con los actores del transporte público en nuestro país, hemos afirmado que además de los problemas estructurales de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM-, la debilidad de la “política pública” encuentra raíces en la ausencia de diálogo constructivo con los actores del transporte -entre ellos, empresarios tradicionales y propietarios de vehículos-; y en la dificultad de estructuradores y autoridades de entender la dinámica propia de cada territorio e intentar trasladar experiencias exitosas de megaciudades a territorios más pequeños que tienen otras especificidades, además de diferentes niveles de desarrollo empresarial y dinámicas particulares de movilización.

Más allá de los procesos de mejora en las condiciones objetivas del servicio de transporte, creemos que nuestras ciudades y en general las ciudades latinoamericanas, enfrentan un reto político y social mayúsculo: mejorar la calidad de los servicios de transporte a la par de transformar de manera integral y definitiva a todos los actores de la cadena productiva como un rescatable experimento de generación de valor social.

Esta convicción nos ha llevado a impulsar y defender un cambio en la forma en que se ha implementado la llamada “política pública” de transporte urbano y masivo en Colombia; hemos abogado por una solución abierta y concertada a la crisis de los sistemas de transporte masivo, y por la implementación gradual, concertada e incluyente de los procesos de integración del transporte público colectivo que siguen a la implementación de los SITM. Por ello, celebramos la apuesta que están haciendo las autoridades de Medellín y del Valle de Aburrá por trabajar en la modernización e integración del transporte público colectivo mediante esquemas de reorganización y asociatividad, que permitan generar valor para la ciudad y para los usuarios, garantizando la participación y permanencia de todos los actores.

Por ello mismo, respetamos, valoramos y acompañamos los esfuerzos institucionales para sacar adelante un proyecto de tal envergadura, que es preciso advertir, no debe ponerse en riesgo, por definiciones técnicas e institucionales que desconozcan la realidad del territorio o nos lleven a repetir experiencias ya fallidas. Con ello, respetuosamente, quiero aportar mi opinión, refiriéndome a tres temas que hoy resultan críticos para la viabilidad y efectividad del proyecto de reestructuración por convenios de colaboración empresarial que adelantan el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín:

1. Es necesaria una articulación de las políticas municipales y metropolitanas de utilización de combustibles limpios de manera que las nuevas exigencias se armonicen con la viabilidad financiera y operativa de los proyectos  y permitan un esquema de implementación gradual,

2. La implementación de mecanismos de recaudo como herramienta de transformación del servicio, no puede llevar a la creación de un sistema de pago electrónico para el transporte público colectivo con vacíos institucionales, técnicos y financieros que no garanticen la integración al modo de transporte masivo, poniendo a Medellín y al Valle de Aburrá a las puertas de una situación similar a la de Bogotá, donde coexisten dos tarjetas para el servicio de transporte sin que la autoridad haya logrado integrarlas.

3. Nuestra institucionalidad debe abandonar definitivamente el divorcio entre transporte masivo y transporte público colectivo que sólo perjudica al usuario, reconociendo que no debe existir rivalidad entre los diferentes modos de transporte sino que el transporte público colectivo por su flexibilidad y menor costo de implementación se puede convertir en la eficaz herramienta de articulación e integración del territorio.

Esta semana, en medio de históricas jornadas de trabajo, se dio inicio a cinco (5) de los treinta (30) proyectos que hacen parte del más ambicioso plan de infraestructura vial  de la historia del país, la Cuarta Generación de Concesiones -4G-, con las vías Girardot-Puerto Salgar; Cartagena-Barranquilla; y tres Conexiones de las Autopistas de la Prosperidad, Pacífico 1 (Bolombolo-Ancón Sur), Pacífico 2 (Bolombolo-La Pintada) y Pacifico 3 (La Pintada- La Virginia).

Sin duda, el consenso sobre la existencia de un atraso considerable en términos de infraestructura, una histórica baja inversión inferior al 1% del PIB, la estimación de la brecha en infraestructura en una perspectiva macro y la necesidad de inversión para cubrir la brecha, llevó al Presidente Juan Manuel Santos a plantear la estrategia 4G, con la cual se espera alcanzar inversiones superiores al 3% del PIB en el 2014 -alrededor de $18 billones. $6 billones por obra pública y $12 billones a través de concesiones-.

Dentro de los proyectos de Cuarta Generación se encuentra el proyecto de Autopistas de la Prosperidad, uno de los proyectos centrales no solo para la región y el departamento de Antioquia, sino de manera fundamental, para el país, debido a que con él es posible conectar de manera eficiente y eficaz a los distantes territorios y regiones nacionales y con ello no solo avanzar en la dinamización de la economía del país sino sobre todo aportar a la construcción de un proyecto país de manera conjunta.

Específicamente en Antioquia, en el Corregimiento Camilo C del municipio de Amagá, con la presencia del señor vicepresidente German Vargas; de la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; el coordinador de las Autopistas de la Prosperidad, Federico Restrepo, de uno de los iconos del empresariado colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo y representantes de las firmas concesionarias, se firmaron los contratos de las Conexiones Pacifico 1 y 2.

La Conexión Pacífico 1, se desarrollará en el trayecto Ancón Sur-Camilo C-Bolombolo, con una longitud de 49 kms en doble calzada e inversiones de $1,79 billones. Tendrá la construcción 42 puentes y de dos túneles dobles, el primero en Amagá de 4,1 kms, el segundo en la Quebrada Sinifaná de 1,5 kms.

La Conexión Pacífico 2, contempla el trayecto Bolombolo-La Pintada-Primavera, con extensión de 98 kms -44 kms en doble calzada-, e inversiones de $912.640 millones. Incluye un túnel doble de 2,5 kms en Mulatos y 69 puentes, entre otras obras.

Los contratos que se ejecutarán en un plazo de entre 4 y 6 años, permitirán hacer eficiente la conectividad de los centros de insumos y producción de los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia, con el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Océano Pacífico. En el departamento de Antioquia beneficiarán a 6 municipios de la región y a una población estimada en 934.655 personas. Así mismo, generarán cerca de 8.400 empleos y favorecerán a los sectores de obras civiles, agrícola, ganadero, turístico, forestal y de explotación pecuaria.

Con la intervención de unos 8.170 kms y una inversión estimada de casi $50 billones, la estrategia 4G-, que focalizó la estructuración de los nuevos proyectos de concesiones de carreteras en el país, impulsará la economía, la generación de empleo y la competitividad, gracias no solo al ahorro en tiempos de viaje y en menores costos de operación sino sobre todo por lo que significa consolidar una red vial que permita una verdadera conexión territorial del país.

“Con la firma de estos contratos comienza a ejecutarse el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de construir la infraestructura para salir del atraso vial que traemos en la región. Esta maratónica jornada que emprendimos, tiene como propósito no perder un día más en el desarrollo vial del país.” expresó el Vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien encabezó el inicio de estos proyectos. La Ministra de Transporte, Natalia Abello, indicó “Nos proponemos mantener el ritmo de crecimiento de la infraestructura para que siga jalonando la economía”.

Confiamos en que la estructuración técnica y financiera de los proyectos, garantice que las obras se harán con eficiencia y calidad en el menor tiempo posible. En el inicio es recomendable buscar mayor descentralización para la toma de decisiones -aunque este tema lo desarrollaremos en otra oportunidad-. Finalmente, me uno a las palabras del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo: “Lo más importante de esta cuarta generación de concesiones, es el cambio de concepto, el cambio de modelo de concesiones que nos permitirá llevar el país por rutas de progreso y desarrollo”.

Iniciamos esta semana con la lamentable noticia del fallecimiento del doctor Guillermo Gaviria Echeverri. La vida nos dio la oportunidad de conocer a este gran ser humano, que como lo hemos dicho, desarrolló su parábola vital con excelencia en todos los campos del hacer humano: el empresarismo, la docencia universitaria, la política, el periodismo y la ciencia, terrenos en los que se involucró con pasión. Este frontineño universal nos dejó un legado que marcó y seguirá marcando el futuro económico, social y político de nuestra ciudad, del departamento y del país.

Sus principios y valores surgieron como clara consecuencia de una madre educadora y líder social, expresión diáfana de la pujanza antioqueña. Formado en la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas de la Universidad Nacional, pronto su disciplina le otorgó frutos como becado, lo que le permitió ampliar su conocimiento en minería y carbón en la academia francesa, conocimiento que luego multiplicaría en beneficio de la sociedad, en diferentes cargos, entre ellos, en la dirección de importantes empresas del sector público y privado.

Liberal en el estricto sentido de la palabra, fue la expresión legítima de su vocación política. Un distinguido Ingeniero constructor del Partido, y defensor republicano del sentido patriótico, desde las múltiples corporaciones públicas que representó -incluyendo la Dirección Liberal de Antioquia- como funcionario, docente, empresario y congresista, dedicó su vida a hacer crecer el país, fortalecer las instituciones, promover la democracia y forjar cultura y tradiciones civilistas y civilizadoras; una prolífica vida que mereció todas las condecoraciones de la democracia y los aplausos de la sociedad.

Demócrata integral, hizo de su curul en el Senado de la República, un modelo de debate abierto y democrático, luchó porque en el país la libre expresión tuviera espacios de deliberación, buscando mantener para Antioquia una voz liberal e independiente, adquirió en 1991 el periódico EL MUNDO e hizo del mismo, una tribuna donde vive la libertad y de sus editoriales un ejemplo de debate independiente y constructivo.

Sus editoriales son pequeños ensayos escritos al calor de la coyuntura, pero hilados en forma coherente desde unas preocupaciones filosóficas, éticas y políticas constantes en su vida pública. Priman las preocupaciones por los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad, la justicia, la transparencia de la gestión pública, la equidad y las libertades económicas y democráticas. Todo ello realizado, como debe serlo toda pieza escrita, con gran respeto por el lenguaje y la enorme riqueza expresiva.

Desde su Dirección, EL MUNDO se ha caracterizado por el firme respeto a la libertad de opinión de sus columnistas y por la contundencia de la voz editorial. Por eso, y a diferencia de otros medios, las páginas de opinión se han mantenido en su lugar de puerta de entrada al diario y como espacio plural que reflexiona, argumenta y debate sobre los problemas públicos contemporáneos. Respetuoso del disenso, su dirección facilitó el foro político, social y económico, y sus profundas convicciones y argumentaciones políticas, no impidieron que otros pudieran expresar sus diferencias y discrepancias. Esto fue una clara ilustración de un hombre culto, amante del conocimiento y de la formación de otros.

Guillermo Gaviria Echeverri un grande de Antioquia, deja un inconmensurable legado de ciudadano, académico, político y empresario ejemplar, de honestidad, trabajo, dedicación y compromiso. Nos quedamos con su rectitud, con sus valores liberales, con lo aportes al emprendimiento y al empresarismo, con su amor, dedicación y apoyo a Urabá su tierra de promisión, con su legado por el libre pensamiento.

Recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público revivió la discusión sobre la naturaleza jurídica de algunos hospitales que se convirtieron hace 20 años, en Empresas Sociales del Estado -ESE- de naturaleza pública. Según la tesis sustentada por el Ministerio de las Finanzas en concepto 2-013381/14, el H. Consejo de Estado en Sentencia 546/10, anuló parcialmente la Ordenanza 44/94 de la Asamblea Departamental de Antioquia que transformó la naturaleza de estos hospitales y dicha nulidad genera el decaimiento de los actos administrativos soportados en esta Ordenanza.  

En contraste con la tesis esgrimida por el Ministerio, otros actores de la administración Nacional y Departamental reconocen la naturaleza pública de estos hospitales, atendiendo a la teoría de presunción de legalidad de los actos administrativos aplicada a los acuerdos expedidos por los H. Concejos municipales, sobre los cuales, no se ha ejercido hasta ahora ningún control de legalidad.

Tal es el caso de la máxima autoridad Departamental en Salud –Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia- que el 22-07-2013, reconoce a las ESE como “Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Municipales, Entidades de naturaleza jurídica pública”, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia se pronunciara en igual sentido, sosteniendo que los Acuerdos municipales que crearon estas entidades gozan de presunción de legalidad y no han sido objeto de pronunciamiento alguno por la autoridad judicial.

Hasta ahí, pudiéramos pensar que esta situación que afecta a 35 hospitales o ESE municipales de naturaleza pública del Departamento de Antioquia, es un problema exclusivamente de “debida forma” o de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico y que de igual “forma” debe resolverse. Pero no es así, en nuestro Estado Social de Derecho, la prestación de los servicios públicos, es inherente a la finalidad social del Estado, por ello se debe garantizar el derecho a la salud como quedo establecido en la Ley Estatutaria y como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional: “El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social”

La tesis del Ministerio de Hacienda tiene al borde de una crisis de la salud al Departamento de Antioquia. Los 35 hospitales o ESE municipales de naturaleza pública afectados, deben ser sumidos por el Gobierno Nacional o Departamental o deberán liquidarse o transformarse en entes privados -¿quién invertiría en empresas económicamente no rentables?-; y por tanto, no podrían recibir recursos públicos entre otros para el ajuste fiscal o financiero o recursos de concurrencia, como fue acogido por el Congreso de la República, en propuesta que presenté para sanear el pasivo prestacional y pensional de los hospitales -artículo 78 de la Ley 1438/11-.

Es importante recordar que estos hospitales desde su génesis han funcionado con espíritu púbico. Se crearon por iniciativa comunitaria y de muchos de nuestros antecesores, hombres y mujeres que con espíritu altruista pensaron en nuestro desarrollo social y donaron lotes o casas para que allí se “llevaran a bien morir los enfermos” como dice la historia de la medicina en Colombia. En estos lotes y casas la gente de bien, de la mano de comunidades religiosas, empezaron a cuidar de la salud de los colombianos y con el paso del tiempo no solo se atendían enfermos sino que también se ayudaba a traer nuevos seres a este mundo, se hacían jornadas de vacunación, brigadas de cirugías y demás servicios que requería la población.

Con el transcurrir del tiempo y con recursos públicos se modernizaron estas instituciones y que nuestro Estado ha invertido en activos, plantas físicas, dotación, mantenimiento, y especialmente en el funcionamiento de estas organizaciones, para que con su labor contribuyan a la garantía del derecho fundamental a la salud de la población, por tal razón, en el fondo, en esencia, estos hospitales nacieron públicos, son públicos, sus fundadores nunca quisieron crear “empresas privadas” o hacerse ricos con la venta de servicios.

Los Ministerios de Hacienda y Salud deben reflexionar sobre esta compleja situación y obrar en consecuencia para garantizar el goce o disfrute efectivo del derecho a la salud. Acompañamos a la ciudadanía y a la Asamblea de Antioquia en la defensa de la naturaleza pública de estas 35 Empresas Sociales del Estado. 

Iniciado el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, hemos reiterado entre otros temas sustanciales de su agenda el volver a la prohibición de la reelección presidencial –hay consenso hoy de los partidos de la unidad nacional- limitar al máximo la intervención de funcionarios administrativos en el ejercicio de funciones que por su naturaleza deben ser judiciales y así mismo no permitir que las altas cortes intervengan en la elección de funcionarios de organismos de control.

En esta ruta del restablecimientos del equilibrio de poderes, uno de los temas que consideramos se debería examinar con todo el cuidado necesario, es el relativo, al futuro del control fiscal, pues su asociación frente a otras formas de control como el disciplinario, el penal y el control interno, le ha hecho perder su identidad a tal punto, que los ciudadanos no sabemos a ciencia cierta cuál es su misión y contenido y cual en realidad es el factor que lo diferencia de otras modalidades de control.

La Contraloría debe volver a su tarea misional, que es el ejercicio del control a la gestión fiscal financiera que adelanta la administración, utilizando normas e instrumentos de general aceptación y el contralor debe ocuparse de la evaluación técnica de los resultados de la gestión para que garantice que los recursos del Estado se invierten de la manera adecuada y dejar que las labores punitivas del Estado, sean desarrolladas por los organismos a los que institucionalmente se les reconoce competencias sancionatorias como corresponde al control disciplinario y al penal.

La experiencia que vive el país, en la que se enfrentan diferentes organismos de control, sin duda está asociada a la confusión que se ha venido generando cuando organismos como la Contraloría, abandonan su original tarea de ser un organismo de control de gestión administrativa, para convertirse en un uno de investigación, cuando se le asignan funciones como las que corresponden a la policía técnica judicial, que institucionalmente solo deberían ejercer la Fiscalía y los jueces.

Una vez elegido el Contralor por parte del Congreso, el doctor Edgardo Maya Villazón -ternado por la H. Corte Constitucional, a quien le auguramos el mayor de los éxitos-, debe iniciarse bajo su dirección y liderazgo un profundo examen sobre el tipo de control fiscal, que debe adelantarse en el país y revisarse a fondo la orientación que en esta materia se ha acogido en los últimos años, en especial a partir de la vigencia de la Ley 1474 de 2011. 

La judicialización del control fiscal y su orientación penal punitiva, podría poner en duda la conveniencia de persistir en la existencia de esta modalidad de control, pues extrañamente ha dejado de lado su tarea esencial: “evaluar los resultados de la gestión de la administración”, para colocarse en condiciones de competir con otros organismos que están instituidos para garantizar la moralidad administrativa y adelantar la lucha contra el delito.

Después del examen del conjunto de actividades que en la actualidad adelantan las Contralorías y de valorar la importancia de la defensa del control fiscal en Colombia, lo que veo claro y me propongo liderar, es que esta modalidad de ejercicio del control –que respetuosamente, debería ser más propia de los administradores, contadores, ingenieros administrativos y economistas que de los abogados-, merece una transformación sustancial y reorientar el contenido de sus actividades.

Es que la defensa del patrimonio público, no es solo, la persecución de delito y la denuncia con espectacularidad del detrimento que causa al patrimonio del Estado, también se protege el patrimonio de todos, garantizando que los recursos del Estado son destinados con alto nivel de eficiencia a los objetivos institucionales. 

Aunque el punto central que debe modificarse en materia de control fiscal, hace referencia a su modelo y su orientación, debe abrirse la discusión sobre el carácter técnico del control fiscal, la forma como se debe designar el control y el tipo de calidades que se deben cumplir y la manera como esta modalidad de control debe relacionarse con controles como el interno, el disciplinario y los de naturaleza judicial.

Lo que propondré en el Congreso, es la defensa del control fiscal y para ello será mucho lo que debe cambiar, pues, bajo el escudo de la lucha contra la corrupción y la moralidad administrativa, se ha descuidado el control y la evaluación de la gestión administrativa y se ha permitido que se dilapiden -no necesariamente robado-, recursos públicos, tanto por servidores del Estado como por particulares.

La población urbana ha crecido aceleradamente en las últimas décadas. Mientras el 50% de la población mundial reside en centros urbanos, en las ciudades latinoamericanas se concentra el 76% de su población.  Este fenómeno, sumado a la alta correlación que existe entre el crecimiento económico de un país y el aumento de la motorización, supone para las ciudades latinoamericanas grandes retos en relación con la congestión vehicular, la contaminación y la calidad de vida de sus habitantes. 

La semana del 5 al 8 de agosto tuvo lugar en la ciudad de Lima el IV Congreso de Mejores Prácticas Sibrt, un encuentro latinoamericano de gran importancia en materia de movilidad urbana. Autoridades de veinte ciudades de la región, operadores de los sistemas de transporte más avanzados, representantes de la industria y académicos de reconocidas universidades se dieron cita para debatir sobre problemas comunes a las ciudades latinoamericanas en materia de movilidad y para buscar principios de acción compartidos que permitan abordar las externalidades negativas del crecimiento acelerado de la motorización y  consolidar sistemas de transporte público con amplia cobertura y alta calidad y seguridad que ayuden a estructurar ciudades amables, competitivas e incluyentes.  

Entre los múltiples temas que se discutieron en el marco de este IV Congreso de Mejores Prácticas Sibrt encontramos particularmente relevante la discusión que se dió alrededor del reconocimiento de la movilidad como un derecho social y de los mecanismos para financiar una movilidad urbana con alta calidad para todos. 

En relación con el reconocimiento de la movilidad como derecho social, expertos latinoamericanos enfatizaron en la importancia de lograr que nuestros países transformen la movilidad en un derecho subjetivo de todos los habitantes y no únicamente de quienes tienen recursos para movilizarse por medios individuales. En este sentido Colombia ha recorrido parte del camino, mientras varios países impulsan la adopción de instrumentos jurídicos para elevar la movilidad a la categoría de derecho subjetivo, nuestra Constitución Política de 1991 reconoció la libertad de locomoción -movilidad-, como un derecho fundamental que cobra particular importancia por su estrecha relación con el goce o el disfrute de otros, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. 

Reconocido el derecho a la movilidad, Colombia tiene un gran reto en relación con la materialización del mismo a través de la consolidación de un servicio de transporte público con alta cobertura, calidad y seguridad para todos los habitantes del territorio. Fue este el tema de nuestra intervención en el panel ¿Cómo financiar una movilidad urbana de alta calidad para todos?

Tras escuchar la experiencia de países como Brasil y Chile que han avanzado en la aprobación de leyes que permiten destinar recursos públicos para mantener una operación de transporte de calidad, demostramos que en Colombia, la búsqueda de la autosostenibilidad financiera en la operación de estos sistemas de transporte masivo, los tiene hoy en una crisis financiera y operativa que afecta gravemente la prestación del servicio, toda vez que hoy, o los entes territoriales o los empresarios privados, deben asumirla diferencia negativa entre ingresos y costos, lo que les impide realizar las inversiones necesarias para mantener la flota en la cantidad y condiciones requeridas para prestar un servicio oportuno, con cobertura y calidad.  

No obstante que el Gobierno Nacional ha escuchado nuestro planteamiento y ha destinado cerca $210.000 millones para la compra de las contratos de concesión de patios, talleres, estaciones y chatarrización de los sistemas de Cali y Barranquilla; sabemos que esta medida no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de los sistemas en el futuro, donde además de liberar ingresos para las inversiones necesarias es conveniente que el transporte público pueda ofrecer tarifas competitivas en relación  con otras alternativas de movilización. 

Consideramos que el inició de este mandato del presidente Santos, es una oportunidad para revisar integralmente la “política pública” de transporte urbano y masivo y de la mano de los entes territoriales transformarla y ajustarla en una política pública de movilidad, que abandone el principio de autosostenibilidad financiera exigida por el Banco Mundial y por el contrario, siembre las bases para la creación de un mecanismo institucional de financiación que permita acceso universal con tarifas tendientes a cero y haga efectivo el fomento al servicio público de transporte, en los términos del artículo 366 de la nuestra constitución. 

“Aprender implica estar en capacidad de hacer un alto en el camino, reorganizar el viaje, corregir el rumbo y avanzar en la dirección correcta”. Así comenzó su intervención el pasado lunes 4 de agosto la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, al presentar con el Consejo Nacional de Educación Superior -Cesu-, la propuesta de política pública para la educación superior o Acuerdo por lo Superior 2034.

Construida mediante la realización de encuentros y foros en todo el país en un proceso abierto, participativo y deliberativo que involucró mandatarios regionales y locales, secretarios de educación, rectores, estudiantes, padres de familia, profesores, investigadores, académicos, empresarios, y comunidad en general, la propuesta es un claro ejemplo de que la formulación de toda política pública en general debe basarse en un proyecto democrático de construcción participativa del colectivo social, abierto a todas las fuerzas de la sociedad que de una u otra forma estén involucradas o comprometidas con el cambio que se requiere, le permite al llegar al país a acuerdos y consensos sobre la ruta a recorrer en los próximos 20 años. -Ojalá para avanzar en las reformas a la justicia, la salud, el desarrollo rural, la política, entre otros, pudiéramos seguir este ejemplo-. 

La propuesta contiene diez ejes temáticos, cuatro de ellos claves en el éxito de la misma: la sostenibilidad financiera del sistema; la regionalización; la creación de una Superintendencia Nacional de Educación y la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Calidad, y la creación de sólo dos tipos de formación: universitaria y técnica y tecnológica. Temas de gran trascendencia sobre los que profundizaré detenidamente en las siguientes semanas. 

Una de las metas más ambiciosas pero necesaria en inclusión y equidad, es ampliar la tasa bruta de cobertura actual, del 44% al 84% en el 2034. Lo que significa incrementar la cobertura en más del 100% (40 puntos porcentuales en 20 años, 2 puntos promedio año). Este es un gran desafío que toda la sociedad colombiana debe acompañar, si tenemos en cuenta que en una década crecimos 10 puntos (1 punto promedio año). Si continuáramos a ese ritmo, nos demoraríamos entre 30 y 40 años en lograr tasas de cobertura como la de Chile por encima del 70% y Cuba que supera el 80%.

Si Colombia desea realmente ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -Ocde-, debe trabajar por mejorar sus indicadores en educación superior, por ejemplo, elevar el gasto público en educación como porcentaje del PIB, el cual se ha mantenido prácticamente constante en 0,96% en doce años (entre 2000 y 2012), en contraste con países como Finlandia (1,6%); Dinamarca (1,6%); Canadá (1,5%); Suecia (1,4%) y Francia (1,2%). 

Como el propio Cesu lo afirma en la propuesta, para que el Acuerdo por lo Superior 2034 deje de ser un proyecto y se reconozca efectivamente como política pública que contenga las directrices orientadoras de la educación superior en Colombia, es necesario que ésta sea consolidada mediante su inclusión practica en la agenda gubernamental a través de su incorporación en los planes de desarrollo, en documentos Conpes y, de gran importancia, con garantía de financiación cierta. Compartimos la preocupación del Cesu, la solución al problema de acceso es estructural y sin duda, debe centrarse en el modelo de financiamiento. 

El Presidente Santos es consciente de la necesidad de encontrar esa fuente cierta de recursos. En su discurso de posesión se comprometió a mejorar el acceso con la buena noticia de 400 mil nuevos cupos gratuitos para los mejores estudiantes de los estratos 1 y 2. Por primera vez en la historia, el presupuesto en educación será superior al de seguridad, $29 y $28 billones respectivamente. Reconocemos los enormes esfuerzos del Gobierno, aunque debemos avanzar hasta invertir por lo menos $40 ó $45 billones año, para alcanzar las metas. 

Encontrar la fuente cierta de los recursos para garantizar acceso a una educación superior pertinente y con calidad, ha sido siempre una de nuestras luchas, por ello presenté la propuesta -hoy vigente pero temporal hasta el 2015-, de ampliar cobertura asignando a las instituciones de educación superior y universidades públicas un punto adicional del Impuesto de Renta a la Equidad -Cree-. Para buscar que este acertado mecanismo de financiación sea permanente -incluido por el Cesu en el Acuerdo por lo Superior 2034-, presenté el Proyecto de Ley 164/13, avalado por la bancada del Partido Liberal.

Con el Presidente Santos hacemos el alto en el camino, reorganizamos el viaje, corregimos el rumbo y avanzamos en la dirección correcta: “Una paz total no es posible si no hay equidad. Y la única forma de lograr equidad a largo plazo es tener una población bien educada”. “La meta de ser el país más educado de América Latina en el 2025 significa, entre muchos asuntos (…) que nuestras mentes más brillantes estudien y se queden en el país, y que las mentes más brillantes del mundo compitan por estudiar, vivir y trabajar en Colombia; que tengamos centros de formación técnica y tecnológica de tal calidad que las empresas se peleen por sus egresados; que formemos científicos, ingenieros y empresarios bilingües que compitan entre los mejores del mundo. Una nueva cultura de amor y pasión por el conocimiento”

Tan profundos como diversos fueron y son los problemas que se intentaron enfrentar y solucionar con la expedición de la Constitución de 1991. Uno de ellos, la profunda crisis que vivían los partidos políticos, expresada en baja credibilidad y alta desconfianza ciudadana, lo que se reflejaba en los elevados niveles de abstención en las elecciones parlamentarias, de asambleas departamentales y concejos municipales. 

Según el diagnóstico, teníamos una estructura partidaria concentrada fundamentalmente en dos grandes partidos sin una amplia participación democrática de las diversas fuerzas y movimientos políticos existentes en el país, inmersa además en complejas prácticas y trampas de clientelismo, que no les permitía responder a los grandes desafíos y problemas que en el momento enfrentaba el país como el narcotráfico, las múltiples violencias, el fanatismo, las exclusiones, el marginamiento, la pobreza. 

La respuesta de la nueva carta constitucional y sus desarrollos legales ante esta problemática fue la apertura política, que buscó transformar la vida política del país y hacer frente a problemas centrales como fortalecer los partidos y contribuir a equilibrar y regular el sistema de representatividad y gobernabilidad y el fortalecimiento e institucionalización de los partidos políticos y la consolidación de una cultura política soportada en una ciudadanía responsable.  

Hasta la expedición del Acto Legislativo 01/03, que permitió modificar de manera sustancial el sistema electoral colombiano, siendo uno de sus ejes centrales, el sistema de adjudicación de curules en los partidos, las candidaturas se presentaban únicamente a través de listas cerradas y bloqueadas, donde el elector sólo podía votar por la lista elaborada, sin que pudiera alterar o reacomodar el orden de los candidatos en ellas. A partir de esta reforma política –Acto Legislativo 01/03-, los partidos políticos y los grupos representativos de ciudadanos, presentan candidaturas individuales a través del mecanismo de lista abierta o de voto preferente. El elector es el que realmente decide con su voto, el orden en que ha de quedar la lista presentada. 

¿Por qué se cuestiona entonces hoy el voto preferente cuando lo que buscaba en el nuevo diseño electoral de 2003 era que contribuyera en el proceso de democratización y fortalecimiento de los partidos? Después de una década, los cuestionamientos a su eficacia son varios, destacándose la corrupción y relaciones con grupos al margen de la ley. El debate abierto de nuevo por los propios partidos políticos, plantea si debemos regresar a la lista cerrada o mantener el voto preferente. 

Desde la bancada del Partido Liberal pensamos que la eliminación del voto preferente por el mantenimiento solamente de la lista cerrada reforzaría y fortalecería el papel de los partidos políticos; fomentaría una mayor disciplina partidaria; mejoraría la representatividad política; simplificaría el proceso de votación, el conteo de votos y el escrutinio; acercaría más al candidato con los partidos políticos y a estos con la ciudadanía, evitaría la corrupción promovida por el voto preferente y por el fraccionamiento del financiamiento de las campañas electorales que en la actualidad se encuentran básicamente en cada candidato. Con el voto preferente cada candidato busca financiamiento por su cuenta, mientras que con la lista cerrada el financiamiento se puede concentrar en el partido. 

En contraste, deben señalarse varios riesgos, como el posible retroceso en la ampliación de las libertades de los ciudadanos a la hora de elegir y ser elegido y de manera complementaria, que no se dé la suficiente apertura, democratización y modernización de los partidos políticos y que se retroceda en participación ciudadana si se permite que grandes poderes políticos sean quienes determinen quienes pueden tener posibilidades reales de representación. 

Por tanto, no es suficiente con la eliminación del voto preferente, es necesario implantar reglas institucionales que permitan un verdadero fortalecimiento y democratización de los partidos políticos. Entre ellas, la inclusión de procedimientos que promuevan la conformación democrática de las listas dentro de los partidos; la garantía de representación de minorías y mujeres en las listas; la terminación del mercado de asignación de avales, la promoción de la descentralización y representación territorial dentro de los partidos, y una regulación clara que prevea algunos posibles inconvenientes en términos de competencia en igualdad de condiciones para todos. 

En todo caso, lista cerrada, voto preferente u otro mecanismo, será solo una de las decisiones que debemos tomar en la búsqueda de que los partidos políticos vuelvan a ser faros y guías morales de la sociedad colombiana, de resignificar el sentido de la política, de reformar y descentralizar sus estructuras internas, de acercarlos más a los intereses de la ciudadanía e identificar con ellos, los grandes problemas nacionales, regionales y locales y las propuestas para la construcción de acuerdos y consensos sobre la visión del país y la sociedad que todos queremos.

La semana anterior no referimos en esta columna a los retos que tiene el nuevo Congreso de Colombia en este periodo constitucional 2014-2018. La agenda legislativa permeada por el proceso de paz y por las múltiples reformas que reclaman los colombianos debe enfrentarse en diálogo abierto y permanente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, buscando equilibrio entre la justicia, la paz y las oportunidades para el desarrollo futuro del país. 

Precisamente en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Santos dijo que “se debe restablecer el principio de pesos y contrapesos que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales (…) El país requiere una reforma institucional para lograr que se dé un equilibrio de poderes”.

En tal sentido, desde el Instituto de Pensamiento Liberal, con la bancada del PLC, queremos aportar a una propuesta de “Reforma o ajuste institucional”, que obedezca a la ejecución de una visión integral del Estado Social de Derecho, en la  que impere  el límite democrático al ejercicio del poder, el desarrollo de instituciones propias del constitucionalismo contemporáneo y la prevalencia de la dignidad humana a través del reordenamiento institucional.

Aunque la fórmula de separación de las ramas del poder público con colaboración armónica debe continuar, se debe modular su actual alcance e impedir que en especial los organismos de control y de policía administrativa  ejerzan funciones que por su naturaleza, alcance o efectos, deben ser competencia de organismos judiciales. 

Dado que el proceso de apertura y liberalización permite que los particulares ejerzan funciones públicas y que el Estado compita con particulares, es importante que desde la Constitución se determine el régimen aplicable, y que en todo caso se fijen como de derecho público las reglas relativas a la protección de ciudadanos y en particular de los usuarios de servicios públicos.  

Como principio General las autoridades del Estado Colombiano deben ejercer sus funciones orientadas a la protección de la dignidad humana, a impedir los abusos en el ejercicio del poder y a obtener el desarrollo integral y equitativo de la  sociedad.

Se debe consagrar expresamente el principio de convencionalidad con alcance imperativo y explicitar la existencia del Bloque Constitucional con la integración al derecho interno de los tratados internacionales de derechos humanos e internacional humanitario.

Se debe llevar a la Constitución el alcance normativo del precedente constitucional, como forma de garantizar la  aplicación de los principios y valores que la ella declara. Tanto las sentencias de control, como los fundamentos de las sentencias de tutela, deben constituir precedente vinculante, salvo para la Corte Constitucional que podría razonadamente fijar un nuevo precedente.

Debe realizarse una reforma estructural del ejercicio del Control Fiscal. La Contraloría se debe ocupar del Control a la Gestión Fiscal Financiera, a través del sistema de auditoria, con competencia para sancionar administrativamente la gestión ineficiente; pero la labor punitiva y resarcitoria patrimonial del Estado debe ser esencialmente judicial, otorgándole a la Contraloría la obligación de actuar ante los jueces cuando se esté en presencia de violación de la legislación penal o de un detrimento del patrimonio público.

La reelección de Presidente de la República debe ser restringida como regla general. El periodo del Presidente, Gobernadores, Alcaldes, Congresistas, Diputados y Concejales debe unificarse en 5 años.

Se debe mejorar el  sistema democrático de separación de las ramas del poder público, en especial la eliminación de la participación de organismos judiciales en la elección de funcionarios administrativos o de organismos de Control  y  la de organismos de control en actividades propias de la función judicial.

Cuando se liberalice el ejercicio de una función administrativa, todos los particulares que se ocupen de ella quedan sujetos a todos los controles propios de las actividades públicas y cuando sea el Estado el que participe de actividades industriales o comerciales se somete exclusivamente al mismo régimen de los particulares, pero en todos los casos, las reglas relativas a las relaciones con los usuarios y su protección, así como las asociadas a la universalización del servicio se deben someter a reglas propias del derecho público. 

En lo que se refiere a esta Reforma o ajuste institucional, por falta de espacio se nos quedan otros temas no menos importantes que trataremos en próximas oportunidades, como el reconocimiento de la autonomía territorial, el poder local y la diversidad nacional. 

La imagen del Congreso de la República no es la mejor. Su aprobación por parte de la ciudadana se expresa en las bajas tasas de aceptación registradas en las encuestas de opinión pública durante 2014, las cuales no superan el 35%. En el estudio de Latinobarómetro de 2014, un 43% de los entrevistados opina que en Colombia puede haber democracia sin partidos políticos y un 32% opina que puede haber democracia sin Congreso de la República. Estos datos de por sí nos deben inquietar, a la ciudadanía en general y a quienes representamos a los colombianos en esta importante institución de nuestra democracia. 

Recuperar la confianza ciudadana exige compromiso serio, responsable frente a las tareas legislativas y de control político que ejerce por mandato constitucional el Congreso de la República. Especialmente, se requiere que estas funciones se concentren en el enfrentamiento de los grandes problemas que aquejan a los colombianos y en la construcción de una sociedad en paz, más justa e igualitaria. 

No podemos olvidar que nuestra tarea como congresistas y políticos se debe centrar siempre en el diseño de reglas de convivencia, con las cuales deseamos vivir y construir un proyecto de sociedad, que permita la participación e inclusión de todas y todos en los beneficios y oportunidades del desarrollo y la dirección y orientación de ese proyecto social, contribuyendo con las decisiones y acciones que hagan realidad sus resultados. 

Por tanto, entre otros, algunos de los grandes retos que tiene el nuevo Congreso de la República, es garantizar la libre expresión de todas las fuerzas, partidos y movimientos políticos del país, permitiendo siempre el debate amplio, profundo y con altura, de los problemas y temas que interesan al pueblo colombiano. En este sentido, como corresponde en una democracia madura, se deben ofrecer plenas garantías para que las diferentes fuerzas opositoras y minoritarias expresen sus ideas y realicen sus funciones de control político y el legislativo opere con todos los partidos y bancadas, como un verdadero contra peso en el funcionamiento del Estado. Sin el ejercicio de este importante papel constitucional, el Congreso no podrá representar con eficacia los intereses colectivos de los colombianos. 

En términos legislativos, podemos afirmar que el nuevo Congreso de Colombia, será el Congreso de la paz. Existen grandes expectativas por parte de los colombianos por la culminación exitosa de los actuales diálogos que el Gobierno se encuentra realizando con las Farc en La Habana y sobre las posibilidades de avanzar en las conversaciones con el Eln. La materialización de los acuerdos exigirá que en el Congreso se aprueben los diferentes proyectos de ley que se pueden originar como resultado de las negociaciones. Serán proyectos de ley de suma importancia no solo para el proceso de paz sino también para el futuro del país. Tendrán que ser debatidos y aprobados proyectos de ley tan sensibles como la  definición del marco jurídico y las reglas del juego para la eventual participación en política de los guerrilleros desmovilizados; los acuerdos sobre el agro; la justicia transicional y el reconocimiento de las víctimas; los acuerdos sobre cultivos ilícitos, entre otros.  

Existen otros temas prioritarios que no necesariamente pasarán por la agenda legislativa del proceso de paz y deben ser abordados en la agenda legislativa del nuevo Congreso, entre otros, la consulta previa y los estándares ambientales, las reformas al código minero, la tributaria, a la  justicia, al sistema de salud, a la educación superior, al modelo de control fiscal y disciplinario, entre otros. Son temas que los colombianos vienen reclamando y sobre los cuales el nuevo Congreso tiene que dar una respuesta acertada y oportuna. 

No podemos pasar por alto la reforma política y al sistema electoral, en dónde ya el Gobierno Nacional se ha manifestado con propuestas como la redefinición del periodo presidencial y la eliminación de la figura de la reelección, que indiscutiblemente ha traído consecuencias negativas en la distribución de pesos y contrapesos de nuestras instituciones democráticas que es necesario remediar. 

Todos estos temas, significan grandes desafíos para el nuevo Congreso, pues encontrar un equilibrio entre la justicia, la paz y las oportunidades para el desarrollo futuro del país exigirá un diálogo abierto y permanente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país. Tendremos así por primera vez en la historia reciente de Colombia, un Congreso que definirá las condiciones para un escenario de posconflicto y el logro de una paz digna, con justicia, verdad y reparación. El Congreso de la República que se instala hoy domingo 20 de julio tiene una oportunidad histórica de renovar la confianza ciudadana en su trabajo, en la política y, en general, en las instituciones democráticas. 

Esta semana en Cartagena, entre el 24 y el 27 de junio, con el enfoque de sostenibilidad: el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, tuve la oportunidad de participar con ponencia sobre el objeto social de las empresas de servicios públicos, en el 16 Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, organizado con rotundo éxito por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –Andesco-.

El conocimiento y la experiencia adquirida durante los últimos cuatro años en polémicas e intensas jornadas académicas y de debates de control político en la Comisión Sexta del Senado sobre los servicios públicos y el hecho de saber que corresponden a asuntos que afectan sustancial y directamente la calidad de vida de los ciudadanos, hace que tenga especial interés en las conferencias y diálogos sectoriales que se realizaron y que pueda tomar algunas conclusiones sobre el estado de algunas de las que considero la más importantes discusiones.

Aunque sin duda todas las opiniones se presentan en forma pausada y tranquila, ello no significa que hubieran sido uniformes y que en el sector de los servicios púbicos no se registren las contenciones que son propias de la competencia entre agentes privados o entre estos y el Estado; por el contrario, lo de prever es que día a día sean más notorias y de allí la necesidad de que tanto el Congreso, como los organismos de regulación y control del Estado, realicen en forma conveniente y oportuna las tareas que les ha encomendado nuestra Constitución Política.

Temas que antes en monopolio y durante los 20 primeros años de aplicación de la Ley 142 de 1994, no fueron relevantes, ahora tienen plena importancia, entre ellos las restricciones a la posición dominante de algunos prestadores de servicios y la adopción de medidas exigentes que permitan la protección efectiva del medio ambiente y de los derechos de los usuarios.

En el 16 Congreso de Andesco, se ha hecho manifiesto el notorio esfuerzo del gremio de las empresas de servicios públicos y de diferentes instancias gubernamentales, por lograr generar un espacio adecuado de concertación, en el que puedan presentarse diferentes opiniones sobre el presente y el futuro de los sectores y para que en pactos de auto-regulación, buen gobierno y mejores prácticas, se posibilite un escenario  de desarrollo económico equitativo, con la adopción de medidas compensatorias de protección del medio ambiente y la puesta en marcha de diferentes políticas de servicio universal, como quedó establecido en el “Acuerdo para la Sostenibilidad”, firmado en la clausura del evento. 

La aplicación de la cláusula de Estado Social de Derecho, en  el contexto del la economía social de mercado, que la Corte Constitucional en diferentes sentencias, en especial en la C-150/03,  ha encontrado como síntesis del modelo aplicable en Colombia en materia de servicio públicos, y que ha reiterado en la sentencia C-263/13, puede ser el hito sustancial sobre el que se edifique un régimen jurídico económico y social en servicios públicos, que le permita al país crecimiento, con equidad y justicia social.

No obstante la decidida voluntad de muchos de los agentes del sector, que seguramente tendrá eco en el Congreso de la República, no es un asunto fácil de aplicar pues a la hora de la verdad surgen intereses económicos y sociales que es complejo compatibilizar, basta solo a manera de ejemplo ver la controversia que se genera en torno a saber que organismos deben ejercer la policía económica del sector, pues mientras las escuelas económicas no ven problema en que esta tarea sea adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, los defensores de la teoría del servicio público encuentran que esta es una tarea que naturalmente debe ser ejercida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD-; y aunque la Corte Constitucional ya definió el punto en la sentencia C-172/14, y permitió que la tarea sea ejercida por la SIC, le ha ordenado tomar en cuenta la naturaleza especial de los servicios públicos. 

Este Congreso de Andesco fortalece mi convicción de que temas como el derecho al mínimo vital para la población más vulnerable, la necesidad de establecer en forma explícita el régimen especial para las empresas de servicios públicos y la fijación de restricciones a la libertad económica en telecomunicaciones, deben ser examinados de nuevo por el Congreso de la República,con amplios debates sobre la teoría constitucional de los servicios públicos, que permitan comprender mejor el escenario de economía social de mercado y podamos lograr ajustar el modelo como lo propone Andesco, hacia la sostenibilidad, conequilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud-, muestra que si bien la región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional con su avance en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza y la desigualdad, aún persisten desafíos fundamentales para garantizar el desarrollo humano, entre ellos, que en su conjunto, la región sufra la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios por año -tasa de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud-. Los costos humanos y sociales de la violencia son demasiados y en Colombia son más altos aún por el conflicto armado.

Frente a este panorama de desangre en términos financieros y de gasto público por lo que le significa al Estado y la sociedad desarrollar programas de defensa y seguridad que posibiliten controlar y mitigar los nefastos efectos de la guerra y las múltiples violencias; hoy quiero resaltar, otros costos más ignominiosos que los económicos, son los costos humanos y sociales de este conflicto que deben ser calculados no solo para dimensionar las vidas humanas que perdemos, las vidas que nos cuesta cada segundo de violencia y guerra, sino para comprender la importancia de construir colectivamente políticas públicas focalizadas, pertinentes e integrales para salvar vidas.

Según el Informe del Pnud, los costos de la violencia pueden clasificarse en dos grandes grupos: cuantificables -que pueden ser medidos y monetizados- y no cuantificables  -más complejos de medir mediante métodos cuantitativos-. En esta segunda medición debemos profundizar una reflexión que nos permita estimar con mediano nivel de certeza, cuántos han sido los años de vida perdidos por causa de los homicidios, es decir, el impacto que tiene la violencia letal en la expectativa de vida en Latinoamérica, en especial por el conflicto armado, en Colombia. 

Según el Pnud a través de la estimación de los “años de vida ajustados por discapacidad” –Daly, por sus siglas en inglés-, es posible calcular la pérdida promedio que representa, tanto en años de vida como en el PIB, el alto nivel de violencia homicida. Según el Informe, considerando la expectativa de vida de la población, en América Latina, en las últimas décadas, cada año se pierden en promedio más de 330 millones de años de vida. Colombia con porcentajes superiores por años, ocupa un indignante primer lugar por causa del conflicto armado, por encima de países como El Salvador, Guatemala y Venezuela con quienes presenta las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al alto número de homicidios. 

Tal como lo muestra el informe del Pnud, gran parte de las violencias que ponen en riesgo la vida de los habitantes de este país, se encuentra no solo en los campos de batalla que se han convertido muchos de los territorios de nuestra Colombia profunda, sino en los diferentes escenarios y ámbitos de la vida social: la escuela, la casa, el parque púbico. Como lo hemos venido refiriendo en artículos anteriores, las dimensiones del conflicto histórico que hemos padecido, son inadmisibles y por tanto requieren de acciones integrales que permitan desestructurar el mismo. 

Nuevamente nuestra Constitución Política de 1991 debe ser el camino. Nuestra Carta política estableció el mayor aporte para lograr la paz por cuanto recuperó la soberanía popular, consagró derechos y garantías fundamentales y fue el fundamento para los pactos de paz conseguidos hasta ahora con las guerrillas. En nuestra Carta Política están las estructuras políticas e institucionales para sobrepasar tanto las condiciones de violencia estructural representadas en la inequidad y la exclusión como las propias del conflicto armado.

En tal sentido, a través de la historia, ha sido la sociedad civil, la más golpeada por los conflictos armados y la menos vinculada en los procesos de paz. Es éste un momento de oportunidad que no debe desaprovecharse. El escenario actual de los diálogos de paz debe convertirse en propulsor y promotor de acciones vinculantes con todos los sectores de la sociedad -fundamentalmente la sociedad civil-, que den sustento social a los arreglos institucionales que se desarrollen a nivel nacional. 

La cultura de paz y noviolencia ha sido nuestra bandera para construir nuevos territorios basados en la equidad y la justicia  social, como también lo promueve la ONU, hoy con mayor contundencia debemos posicionar en la agenda pública regional y nacional la necesidad de avanzar en la consolidación de un modelo de adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como de comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas cuyo conjunto de valores, actitudes y comportamientos reflejen el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad y pongan en primer plano los derechos humanos, rechacen la violencia en todas sus formas, prevengan los conflictos tratando de atacar sus causas y solucionen los problemas mediante el diálogo y la negociación.

El pasado 10 de Junio, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -Cerac- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, anunciaron que presentarán el informe “¿Qué ganará Colombia con la paz?”. Una valiosa investigación que permite ver la profunda complejidad del conflicto armado interno, con sus atroces efectos políticos y sociales e incalculables consecuencias económicas, además de la forma como afecta de manera directa tanto el capital humano como el capital físico y genera la desviación de esfuerzos institucionales y de los gobiernos hacia otras actividades que se alejan de la inversión social.

En términos generales, el informe “¿Qué ganará Colombia con la paz?” del PNUD, señala que las ganancias generadas sobre el bienestar para la sociedad o beneficios de la paz, podrán verse en forma de i) remoción de obstáculos que impiden el desarrollo económico y social, ii) reducción o desaparición de un costo que impide el desarrollo económico, iii) generación de ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles relacionadas con la paz y iv) aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo.

Así, como lo han señalado múltiples analistas e investigadores, si bien en los últimos años se ha podido evidenciar un aumento de la confianza inversionista, la seguridad del capital y de la propiedad, entre otros asuntos que reactivaron económicamente al país, es claro que el conflicto armado ha tenido catastróficas consecuencias sociales, la mayoría de las cuales son producto del altísimo gasto estatal en materia de seguridad. Una reducción drástica de la violencia, generaría, entre otros beneficios, menos víctimas de la violencia asociada al conflicto, aceleraría el crecimiento económico, un sistema financiero más incluyente, mejor distribución de la propiedad de la tierra y mejor calidad de vida para todos.

Para comprender mejor el concepto costo beneficio del conflicto, una mirada de largo plazo nos permite mostrar que si bien desde el año 2002 ha existido una tendencia relativamente positiva en nuestro Producto Interno Bruto -PIB-, a causa del conflicto, entre 1980 y 2005 -comparativo con el obtenido entre 1950 y 1980-, el crecimiento económico de la nación se ha reducido en un 2%, lo que demuestra que la guerra hace profundos estragos en la economía colombiana. De manera complementaria el Índice del Conflicto en Colombia -ICOC- evidencia que por cuenta del conflicto, entre 1988 y 2011, el país dejó de crecer 0,6 puntos porcentuales cada año. Y si no hubiese habido conflicto, “…la economía hubiera podido crecer a tasas de hasta el 8%”.

Esta problemática no es solo para Colombia, el costo de la guerra es de carácter global, como lo ha señalado José L. Ramos R., Director de Estudios Económicos del Caribe de la Universidad del Norte “Durante una guerra civil el PIB decrece a una tasa anual de 2.2% (...) en países donde los conflictos se han prolongado hasta por 15 años, el PIB per cápita, tiende a decrecer en un 30% aproximadamente”. Así mismo Harvard Business Review ha afirmado que crear violencias de diversos tipos y después intentar contenerlas y reprimirlas, en 2012 le costó al mundo, US$9.46 billones, es decir, el equivalente al 11% del producto bruto mundial.

El informe “¿Qué ganará Colombia con la paz?”, nos permitirá ver con mayor profundidad, los beneficios duraderos y el significado inconmensurable de la paz para Colombia, tanto en el ámbito físico como social y económico, ya que existe una relación de doble causalidad entre crecimiento económico y conflicto armado, un bajo nivel de crecimiento económico puede fomentar la pobreza y la desigualdad, lo cual a su vez tiene el potencial de generar tensiones sociales que se manifiestan en violencia y uso de la fuerza.

El pueblo colombiano tiene derecho a soñar, “como sueña a través del fútbol”,con la paz. Un camino más certero para cerrar “el ciclo violento en el manejo de nuestros conflictos que tantas vidas humanas, huérfanos y viudas ha dejado a lo largo y ancho de nuestro territorio”. Como lo expresó en el lanzamiento del informe “¿Qué ganará Colombia con la paz?”, el coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild: “No sean escépticos o indiferentes, valoren mucho más la paz; atrévanse en creer en la paz, porque trae beneficios para todos. La paz trae beneficios económicos y ayuda a atender mejor problemas estructurales del país como la desigualdad, la marginalización de ciertas regiones o debilidades legislativas; ningún país en el mundo que haya logrado salir del conflicto de una manera durable ha dejado de sentir los beneficios de la paz”.

Hoy, en ejercicio de nuestra ciudadanía, tenemos una oportunidad histórica de elegir con nuestro voto el camino de la paz. Mi voto por Santos, como el de millones de colombianos, es por la paz. La paz está en nuestras manos.

Hace unos días el candidato-Presidente Juan Manuel Santos, nos sorprendió a todos con una polémica cuña política para televisión, en la cual le pregunta a la gente que lo escucha en un evento, “¿Usted, prestaría a sus hijos para la guerra?”. 

Múltiples son las reacciones a favor y en contra de esta publicidad política. Respetamos todas las opiniones, pero se trata de tipificar en segundos la cruda realidad y por la trascendencia que tiene que el propio Presidente de la República se arriesgue políticamente -como lo está haciendo-, a humanizar el conflicto, a desenmascarar el dolor de la guerra, a dar mayor dimensión a los costos de la guerra, no solo los económicos, sino además y fundamentalmente a reconocer la tragedia, el dolor de millones de colombianos desplazados, cientos de miles de seres humanos asesinados, miles masacrados, desaparecidos, secuestrados, mutilados.

Esta fratricida guerra que según las escalofriantes cifras del Informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y de dignidad, del Grupo de Memoria Histórica (2013), ha dejado un saldo de más de 220.000 colombianos que han perdido la vida entre 1958 y 2013, 176.000 de ellos civiles. Así mismo 27.023 secuestros íntimamente ligados a la barbarie de esta guerra prolongada. 10.189 colombianos amputados o muertos por minas antipersonas. Más de 5 millones de desplazados por los fusiles y las balas en estos 55 años. 

Esta guerra que la combaten los más pobres, los hijos de nuestros campesinos y de las familias pobres de nuestras ciudades, son compatriotas que en un bando fueron reclutados a la fuerza por la guerrilla desde muy niños o se enfilaron en sus frentes por no tener otras alternativas y de otro, respetamos y valoramos enormemente la decisión individual de muchas personas de vincularse y hacer carrera en las instituciones de nuestra fuerza pública, de mantener el orden y la convivencia y defender la patria, con amor, lealtad y honor. Lo que no compartimos es el servicio militar obligatorio ni el reclutamiento forzado, ni mucho menos, el reclutamiento de menores para la guerra. 

Acompaño al Presidente-Candidato Santos en su llamado a no más guerra porque tenemos que hacer conciencia que el conflicto además de ser una fábrica de víctimas como bien lo dice Clara López, destruye nuestra infraestructura económica y social y desvía recursos importantes que podrían ser destinados a otros sectores importantes como la educación, la salud, la vías, la ciencia y tecnología, generando oportunidades de crecimiento y desarrollo económico y social. No hay duda que el conflicto armado es uno de los principales factores que nos ha impedido aprovechar nuestras grandes potencialidades

Para ilustrar el anterior argumento traigo algunas cifras que son realmente preocupantes. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el País de América Latina que mayor gasto militar como  proporción del PIB (3,3% en 2012) y uno de los que menos gasta en educación (4,4% como proporción del PIB en 2012), siendo superado por países como Uruguay, Nicaragua, México, Brasil, Costa Rica, entre otros. El presupuesto de defensa correspondiente al sector central (Fuerza Pública) programado para 2014 es de cercano a los $ 30 billones, mientras que en 2007 fue de $12 billones, un incremento de 140% en tan sólo 7 años.  El presupuesto de defensa no ha disminuido desde 2007, en el 2014, ocupa el primer lugar dentro del Presupuesto General de la Nación, participando con el 17,4%, por encima de la educación (17,1%), trabajo  (15,2%), salud y protección social (11,3%). No es posible realizar un salto en nuestro desarrollo si gastamos más en defensa que en sectores estratégicos como la educación, la salud, la capacitación técnica y  la infraestructura.

No más guerra significa, además de frenar la barbarie y la espiral de muerte y dolor, la posibilidad de liberar importantes recursos que ahora destinamos al conflicto al enfrentamiento de los problemas sociales que tanto reclaman y exigen lo colombianos. También al atendimiento de las víctimas y la restitución de tierras a nuestros campesinos, que como se anunció ayer, en histórico acuerdo en el tema de víctimas, la discusión entre el Gobierno y las Farc tocará puntos claves como el reconocimiento de responsabilidad, la reparación a las víctimas y la satisfacción de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad, la garantía de no repetición y el principio de reconciliación.

Millones de colombianos el próximo domingo en las urnas, nos uniremos en un grito democrático de “No más guerra”, y con él, rendiremos homenaje de vida a mártires de este absurdo conflicto, como Héctor Abad Gómez, que definía esta violencia como solo un síntoma de males sociales profundos, tales como la injusticia, la pobreza, la mala distribución de la riqueza, la ignorancia y el fanatismo; y expresaba: “Porque no es matando guerrilleros, o policías, o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse este país”.

El próximo domingo 15 de junio, en segunda vuelta electoral, la ciudadanía responsable deberá elegir al Presidente de los colombianos entre dos propuestas antagónicas. Dos propuestas opuestas en su concepción de Estado, muy especialmente en lo referente al proceso de paz. El Candidato Presidente, Juan Manuel Santos, su gestor, promotor y gran defensor propone avanzar hasta su culminación, es decir, la terminación del conflicto; Oscar Iván Zuluaga durante su campaña siempre se refirió a la ilegalidad e ilegitimidad del proceso y su decisión de acabarlo, como lo dijo el 25 de mayo, “El 7 de agosto suspenderé el proceso de paz en la Habana”. Increíblemente esta semana, en unos minutos, como por arte de birlibirloque, su acentuado radicalismo de años, pareciera haber desaparecido y están hablando de continuar el proceso de paz. 

Millones de colombianos tenemos la misma esperanza: la paz. Es necesario comprender que el problema del conflicto y los asuntos sobre la paz son un entramado complejo y sistémico que debe ser analizado, comprendido y atendido de manera integral. Son múltiples y diferentes las valoraciones sobre este proceso. De un lado estamos los partidarios, quienes hemos considerado los diálogos como la mejor vía posible para terminar con el conflicto armado en Colombia; mientras del otro, los opositores, han visto este intento como un juego peligroso que puede arriesgar los avances en seguridad alcanzados por el país en los pasados años. 

Como lo ha señalado el doctor Humberto de la Calle, Jefe del Equipo Negociador del Gobierno en La Habana, algunos opositores al proceso de paz, han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosímiles sobre su verdadero alcance.  Que en La Habana están entregando el país que viene una reducción de las fuerzas armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminación del conflicto, que la reforma rural integral afecta la propiedad privada, que las conversaciones son clandestinas, de espaldas al país y  que habrá impunidad para los res­ponsables de crímenes contra la humani­dad, entre muchas otras que el espacio no nos permite profundizar como quisiéramos.

Según Humberto de la Calle, las conversaciones se han venido ciñendo estrictamente a la agenda pactada hasta ahora, avanzando en puntos trascendentales para una reforma rural integral, para una nueva apertura demo­crática y para desestructurar negocios y economías ilegales como el narcotráfico, todo enmarcado fielmente en el ideario del Estado Social de Derecho. Es falso que se quiera minar la estructura y el funciona­miento de las fuerzas armadas, las cuales fueron específica­mente excluidas de las conversaciones. Por el contrario, como garantía de tranquilidad para nuestras fuerzas armadas, por primera vez en un proceso de paz, se incluyen dos reputados Generales de la Republica, los Generales Mora y Naranjo. 

Los acuerdos buscan que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acce­der a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz, acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. La principal fuente de tierras aptas para la reforma rural provendrá de la recuperación por parte del Estado de tierras que hoy poseen narcotrafi­cantes y delincuentes.

La experiencia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrófonos es la mejor forma de frustrar el proceso. Pero tal como está acordado por ambas partes, un Acuerdo final debe ser sometido a refrendación de toda la ciudadanía, previo un período de discusión abierta y profunda. 

El Marco Jurídico para la Paz contempla los límites generales de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente ten­drá que enmarcarse en las obligaciones interna­cionales del Estado colombiano. La integralidad se refiere, por un lado, a lograr una aplicación coherente de una serie de distintas medidas  judiciales y extrajudiciales para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y de otro, a permitir la reintegración sostenible de los ex combatientes a la vida civil.

Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para lograr la terminación del conflicto debe concluir en un fortalecimiento integral de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio nacional, lo cual es la verdadera garantía de no repetición. El tratamiento jurídico de quienes hayan participado en graves violaciones a los DDHH en la fase de transición depende de su disposición a reconocer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas y participar activamente en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.

Respeto todas las miradas y opiniones, pero desde lo personal y desde mi convicción humanista y liberal, votaré con Santos porque ha avanzado en este proceso con toda la convicción y seriedad, porque creemos que es garantía para continuar en la ruta de la terminación de este fratricida conflicto, porque creemos en la construcción de una paz justa, de una paz digna y por tanto, de otro país posible, en el que ante todo, se respete y se valore la vida; un país equitativo, con inclusión y oportunidades para todos, en el que se cristalice nuestro mayor sueño colectivo, que Colombia sea por fin, un verdadero Estado Social de Derecho.

Acordados los puntos de tierras y participación en política, el pasado viernes las FARC, además de anunciar en compañía del ELN un cese unilateral al fuego durante el certamen electoral a la Presidencia de la República, emitieron con el equipo negociador del Gobierno, el comunicado conjunto #36, mediante el cual informan el acuerdo logrado en el tercer punto en discusión de la agenda en la Habana, sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. En el histórico acuerdo, las Farc –tal vez el mayor cartel de droga en el mundo- se comprometen, en un escenario de fin del conflicto, a abandonar el tráfico de drogas. 

Nunca antes habíamos avanzado tanto en Colombia en el camino de la paz, en la ruta de la terminación de este conflicto absurdo y fratricida, cuya estela de muerte, horror y dolor ha tocado todos los rincones de la patria y de una u otra forma a todas y todos colombianos. Según el informe del Grupo de Memoria Histórica, más de 5 millones de víctimas deambulan por Colombia, desplazados, desarraigados de su tierra y alrededor de 220 mil seres humanos han sido asesinados. Estas escalofriantes cifras –no totales-, por sí solas, deberían comprometernos a todos los colombianos con lograr más rápido que tarde, la terminación de este conflicto armado, para culminar por fin esta espiral  de muerte, odios y violencias.

Directamente ligados a la barbarie de esta guerra prolongada tenemos otros costos económicos que bien podrían dirigirse a inversión social. Se calcula que Colombia gastó en la última década, más de $200 billones a causa del conflicto armado y anualmente dedica aproximadamente el 4% de su PIB a temas de seguridad. Sin conflicto armado, por lo menos 2 de esos 4 puntos -$14 billones aprox.-, podrían redireccionarse a sectores estratégicos de inversión social para el país. 

Como lo señaló en el Foro Urbano Mundial en Medellín, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz “Colombia ha hecho un buen papel en su crecimiento económico a pesar de la violencia que la ha afectado durante mucho tiempo. Si logra la terminación del conflicto, éste sería un trampolín para crecer dos puntos más al año”, es decir, generar $14 billones adicionales. La terminación del conflicto podría permitirnos liberar alrededor $28 o $30 billones anuales para inversión social. 

Son múltiples y diferentes las valoraciones sobre este proceso, de un lado, los partidarios del diálogo como la mejor vía posible para terminar con la violencia en Colombia, mientras del otro, los opuestos a abrir conversaciones con las Farc han visto este intento como un juego peligroso que puede arriesgar los enormes avances en seguridad alcanzados por el país en los pasados años. 

En el marco de este debate, compartimos el dialogo como la mejor vía. Consideramos que existen condiciones estratégicas y particulares que garantizan que la negociación no ponga en riesgo la seguridad del país. El hecho de que las negociaciones estén restringidas en el tiempo, que la campaña militar contra la guerrilla continúe de forma ininterrumpida y sin cese el fuego en ningún espacio del territorio nacional, que exista una agenda de negociación estructurada y delimitada, que la negociación tenga como objetivo declarado terminar el conflicto y desmovilizar a la guerrilla, entre otros, son asuntos claves de las mencionadas condiciones, que hacen de este proceso de paz un proceso fortalecido y garante de derechos. 

Compartimos el dolor e indignación que causan las muertes injustas -algunas con sevicia-, de militares y policías, de civiles, de menores de edad, esperamos pronto, pronunciamientos frente a estos aspectos, al no secuestro y al no reclutamiento de menores de edad, pero también debemos decirlo, esas condiciones le han permitido a nuestra fuerza pública –hoy más preparada y a la ofensiva-, no bajar la guardia y propinar importantes golpes a las Farc, como los que incluyen haber dado de baja a cerca de 60 comandantes de frente y a los máximos dirigentes en su momento, Alfonso Cano y al Mono Jojoy.

Hemos reiterado que si queremos encontrar el camino de la paz, en esta encrucijada de violencias de todo tipo, no sólo se deben acallar los fusiles sino también modificar actitudes, comportamientos y lenguajes. Mientras la paz se cimiente sobre fanatismos y pilares destructores, nunca será duradera.

Estamos convencidos que la construcción de paz reside no solo en los acuerdos institucionales, sino en el conjunto de medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles. Así, la Cultura de Paz y Noviolencia, entendida como “un conjunto de valores, actitudes y  comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad” son sin duda el camino para construir una paz digna, justa y duradera.

Es realmente histórico, que tres de los cinco puntos de la agenda, ya estén acordados. Sólo faltan dos temas, tan o más complejos que los anteriores, justicia transicional y víctimas del conflicto armado.  Los liberales tenemos como principio la salida política a los conflictos, votaremos con el Presidente Juan Manuel Santos, y acompañaremos la cristalización de su propuesta para el futuro de Colombia. La paz es el camino.

El pasado 24 de febrero, la Corte Constitucional promulgó la Sentencia C-555/13 que establece que los operadores de Telefonía Móvil Celular –TMC-, deben revertir a la Nación la infraestructura de redes que implementaron entre 1994 y el 28 de marzo de 2014. 

Esta sentencia ratifica los argumentos que expusimos en defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios, durante los diferentes debates que adelantamos sobre este tema, especialmente el del 27 de noviembre de 2012, cuando solicitamos a la Contralora Sandra Morelli revisar los contratos de concesión de los operadores de la TMC, con la tesis de que estos fueron firmados antes de la Ley 422/98 con la figura de la Reversión y por tanto, las redes, frecuencias electromagnéticas y demás infraestructura, deberían revertir a la Nación una vez finalizados los contratos.

Hemos expresado que esta decisión de la Corte no sólo beneficia al fisco, que debe recibir infraestructura por más de $10 billones, sino fundamentalmente a nación que somos todas y todos los colombianos, en especial a los usuarios, que con el pago de las tarifas por la prestación del servicio, amortizaron el valor de las redes para la prestación del servicio de TMC. Los colombianos merecen una explicación clara, precisa y detallada sobre lo que significa la reversión y la forma como se está ejecutando por parte de los proveedores de servicios de TMC y del Gobierno Nacional la sentencia.

Como aparentemente la reversión no se ha ejecutado, o al menos no se ha explicado al país la manera como ello se hizo, es importante que tanto el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Contraloría, como organismos de control y protección del patrimonio público y la Procuraduría General de la Nación garante de la protección del orden jurídico, le den la tranquilidad al país, de que lo ordenado por la H. Corte Constitucional no terminará siendo letra muerta.

En tal sentido, hemos citado a un nuevo debate en la comisión Sexta y otro en la Plenaria del Senado de la República, al Ministro TIC, Doctor Diego Molano Vega, para que expliquen en sesión de la Comisión VI de Senado sobre los siguientes aspectos. De igual manera se solicita invitar a la Señora Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, y al Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, para que se responda, entre otras, a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el valor estimando de las redes y demás activos que deben ser revertidos a la Nación? ¿Cuál es el estado de las redes? ¿Qué medidas se han adoptado para la entrega de la red y la totalidad de equipos e instalaciones esenciales asociadas a la prestación del servicio de telefonía móvil celular a la Nación? ¿A partir de qué fecha se hará entrega real y efectiva de estos bienes que pertenecen a la Nación?

• ¿El señor Ministro establecerá si en criterio del Gobierno nacional la ampliación de permisos para el uso de frecuencias para el servicio de TMC por treinta años, está dentro de la orientación del artículo 75 de la Constitución y de la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-403 de 2010?

• ¿El señor Ministro explicará que medidas ha adoptado el Gobierno para que los bienes, redes, equipos y soportes lógicos utilizados en la prestación de la TMC puedan ser utilizados en condiciones de igualdad por los diferentes prestadores de telecomunicaciones y para que se utilización se refleje en beneficios para los usuarios?

• ¿El señor Ministro explicará al H. Senado si los bienes revertidos corresponden a la totalidad del tiempo en que se ejecutó la concesión o si se refiere solo a parte del mismo y en el último  caso cuál es el fundamento de la decisión?

La Señora Contralora General de la República y el señor Procurador General de la Nación deberán explicar las acciones, medidas y prevenciones tomadas por sus correspondientes despachos  con el fin de que se obtenga el debido cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-555-13 y en relación con las competencias de prevención que se derivan de sus cargos.

La iniciativa legislativa y el control político que hemos adelantado en el Congreso de la República, en materia de provisión de redes y prestación de servicios móviles de telecomunicaciones, ha venido mostrando innegables resultados a favor de los usuarios. Así lo evidencia la expedición de la sentencia C-555 de la Corte Constitucional que ordena sea revertido al Estado la totalidad de bienes que integran la red de Telefonía Móvil Celular –TMC- y esta semana, la expedición de la Resolución 4444/14 de la CRC, por medio de la cual se prohíbe la incorporación en los contratos de prestación de servicios móviles de cláusulas que obliguen a los usuarios, independiente de la calidad del servicio, las tarifas o la atención, a permanecer atados con las empresas por un periodo de tiempo mínimo.

Con la expedición de la Resolución 4444/14 de la CRC, se avanza positivamente en el camino de impedir que se consoliden en el país empresas que puedan ejercer abuso de posición dominante frente a los usuarios y lo que era más reprochable, que puedan incurrir en graves fallas en la prestación del servicio, sin que el usuario que hasta ahora ha estado indefenso, pudiera tomar medidas reales y efectivas en la protección de sus derechos.

No obstante las bondades de la medida adoptada que en adelante obligará a que las empresas distingan entre dos negocios jurídicos separables como son la prestación de facilidades de comunicaciones a distancia [telecomunicaciones] y la compraventa de terminales, sin que puedan atar un contrato con otro, no ha faltado quien quiera languidecer la fiesta haciendo críticas a la medida y afirmando que con ella los perdedores son los usuarios.

La misma tesis, de que los usuarios son los perdedores cuando no hay cláusulas de permanencia, la defendió Asomóvil soportado en un estudio sin rigor técnico, que pretendió hacer comparables mercados de tradición histórica como Inglaterra y Estados Unidos, con mercados atípicos por ser los de mayor concentración de TMC en el mundo, como México y Colombia.

En contraste, la tesis con la que defendimos nuestros proyectos de ley -161C/12 del Representante David Barguil y 259S/13 de Eugenio Prieto-, fue la acogida en el estudio de la CRC, que demostró, que los dispositivos móviles que se ofrecen en nuestros país son usualmente más costosos que en otros países de América Latina, como Argentina, Chile o Brasil, lo que distorsiona el monto del subsidio que recibe el usuario, el precio de los equipos terminales móviles, e incluso, el precio de los servicios.

Quedó demostrado, como lo sustentamos, que estas cláusulas además de ilegales, eran inconvenientes para los usuarios, pues durante su vigencia, el proveedor tenía pocos incentivos para ofrecer un servicio de mayor calidad o de menor precio y el usuario enfrentaba un alto costo si decidía cambiar de proveedor.

Con la expedición de la Resolución 4444/14 los mayores beneficiarios serán los usuarios, por tal razón, bienvenida la eliminación y prohibición de las cláusulas de permanencia mínima; bienvenido el incremento de la competencia y de la oferta de servicios y venta de las actuales y nuevas referencias de terminales celulares que cada vez incorporen nuevas tecnologías y facilidades; bienvenidos los nuevos planes comerciales con mejores mecanismos de financiación para atraer y retener a los usuarios por mejores condiciones de calidad, atención y tarifas; bienvenido el pleno ejercicio del derecho a la portabilidad numérica y la movilidad de los usuarios para elegir con libertad su proveedor de servicios de telefonía móvil celular.

• La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- expidió la resolución No. 4444 de 2014, con la cual a partir del 1 de julio se desmontan las cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles. 

• El senador liberal Eugenio Prieto Soto anunció que solicitará que no se continúe con el trámite legislativo de su proyecto de ley 259/13, toda vez que esta resolución acoge la tesis de la libertad de elegir libremente el proveedor de servicios.

La expedición de esta resolución obedece, no sólo a la preocupación manifestada por múltiples usuarios, sino al trabajo adelantado desde la Comisión VI del Senado de la República, específicamente por el congresista Eugenio Prieto Soto, quien en mayo de 2013 radicó el proyecto de ley 259/13, que busca proteger a los usuarios frente a los abusos con la baja calidad en la telefonía móvil celular -TMC-, eliminando las cláusulas de permanencia mínima que los atan a uno o varios años a permanecer en un operador, independiente de la calidad del servicio o de la atención al usuario.

• Los contratos para el plan de servicio y la compra del equipo se harán en forma separada e independiente.
• Los operadores no podrán condicionar la prestación del servicio a la venta del celular, por lo tanto, el usuario podrá adquirir su equipo en un lugar autorizado.
• Los operadores no podrán suspender los servicios contratados por demoras en el pago del celular.
• Si el usuario adquiere un dispositivo móvil en modalidad de pago diferido con su operador, éste deberá incluir por separado las condiciones de pago en el que indique, entre otros, los plazos acordados entre las partes.
• Para los usuarios que actualmente tienen cláusulas de permanencia, éstas continuarán vigentes pero los operadores deberán incluir mensualmente en la facturación el precio de venta total del teléfono celular u otros equipos, el valor del pago inicial, el descuento por tarifa especial, subsidio o financiación; las fechas exactas de inicio y fin de la cláusula de permanencia mínima y el valor que falta por pagar por terminación anticipada.

Enlaces recomendados:

• Resolución No. 4444 de 2014 http://goo.gl/AYZ6KI
• Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 259 de 2013 senado http://goo.gl/5eMzWP

La próxima semana, el 28 de marzo, cuando culminan los contratos de concesión que la Nación celebró con los prestadores del servicio de telefonía móvil celular, el Gobierno Nacional debe proceder a recibir todos los bienes asociados a la prestación del servicio, es decir, todos los equipos, instalaciones y soportes lógicos y, como es apenas natural, el espectro radioeléctrico asignado.

Aunque en mi condición de ciudadano no he tenido dudas sobre el alcance de la figura de la reversión establecida en la Ley 37/93 y en los contratos de concesión del 94, como tampoco las ha tenido la señora contralora general de la República, que dejó clara su posición en debate que citamos en la Comisión Sexta del Senado, y a partir de allí, promovió la demanda ante la Corte Constitucional, de las leyes 422/98 y 1341/09. Toda duda que tuviera el Ministerio de TIC, debió quedar esclarecida desde agosto de 2013, fecha en que la Corte hizo pública la decisión que adoptó mediante la histórica sentencia C-555-13.

Con la intervención del Congreso, la Contraloría y la Corte Constitucional, se logró dejar claro que los concesionarios de telefonía celular deben revertir al Estado la totalidad de los bienes que han explotado durante  veinte años en la prestación de los servicios de TMC. Reversión que no tiene salida diferente a ser ejecutada, pues se origina en la sentencia del juez constitucional y está en firme; en otras palabras, estamos en presencia de “cosa juzgada constitucional”.

Las señales que se derivan de los comunicados emitidos por el Ministerio de las TIC no son claras y el contenido del Decreto Reglamentario 2044/13, no puede oponerse al sentido del cumplimiento material de sentencias como la C-403/10 y la C-555/13 que buscan desarrollar la garantía del acceso democrático al espectro radioeléctrico, tal como lo consagra el artículo 75 de nuestra Constitución. Es necesario que el Ministerio de las TIC, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, le expliquen al país, las medidas y acciones adelantadas con el fin de dar estricto cumplimiento a las decisiones adoptadas por la Corte en la sentencia C-555/13.

Insistimos, a partir del 28 de marzo de 2014, todos los activos asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, deben ser entregados al Estado. No bastará con que se afirme que se dejan en manos de terceros que remuneraran al Estado por su uso; pues, ello es insuficiente frente a los verdaderos efectos de la reversión, que le debe permitir al Estado intervenir en forma efectiva los servicios, mejorar la calidad y lograr mejores tarifas para los usuarios finales.

Con la expedición de la sentencia C-555/13, la Corte nos pone en un nuevo entorno. Esperamos de las autoridades del Gobierno no minimizar los efectos de la sentencia y sí, lograr obtener los mayores efectos de la misma a favor de la Nación y de los usuarios. El cumplimiento de la Sentencia, no se dará con la expedición de decretos y reglamentos, por su trascendencia y naturaleza jurídica, requerirá de la participación del Congreso de la República.

La visión del Ministerio de las TIC, y de los agentes que intervienen en el sector no podrá seguir siendo la misma a la que se tenía antes del fallo. Hemos citado al Senado, al Ministro de las TIC, a la Contralora y al Procurador, para que den claridad a los colombianos, sobre cuál será el futuro del sector de las TIC, cómo se garantizará que todos los proveedores pueden acceder en condiciones de igualdad a las redes de servicios móviles, sin que exista privilegio para ninguno, y cómo se beneficiarán todos los usuarios que durante 20 años han pagado a través de sus tarifas, el valor de las redes e infraestructura?

En las elecciones parlamentarias del pasado domingo 9 de marzo, nuevamente quedaron al descubierto las debilidades que padece nuestro sistema político, que hace rato debería haber superado y que pareciera resistirse a corregir. Con el ánimo de realizar una reflexión no tan profunda como quisiera, por términos de espacio, siento necesario que continuemos en una búsqueda permanente de propuestas y acciones que logren transformar nuestra cultura política, el sistema de partidos políticos, el sistema nacional electoral, y por supuesto, los procedimientos electorales.

Sin discutir hoy la importancia de otros instrumentos, me quiero detener en un hecho que en las últimas elecciones parlamentarias generó un impacto bastante negativo. A los complejos y altos promedios de abstención -57%-, el válido voto en blanco -6%- y tarjetones no marcados -5%-, debemos sumar y llamar la atención sobre el elevado índice de participación del voto nulo, entre el 11 y el 14% para Senado y Cámara, respectivamente.

El problema es de tal magnitud que en el 2002 los votos nulos llegaron a 317.383 y 404.095 para Senado y Cámara, 3.7% y 3.9%, cifra razonable. Pero en los comicios de  2006, 2010 y 2014, su crecimiento fue desproporcionado, superando el 300%. Se pasó al 11% y el 14%. En las elecciones del domingo, los votos de 1.500.000 y 1.700.000 personas en Senado y Cámara, fueron contabilizados nulos, lo que tuvo un perverso efecto en la conformación del Congreso de la República, pues estos votos pueden significar entre 12 y 35 curules para Senado y Cámara. 

El estudio realizado hace dos años por la Universidad de Los Andes sobre esta problemática del voto nulo en las elecciones de 2006 y 2010, señala como principales causas la complejidad de nuestro sistema electoral; el sistema de partidos, el diseño de los instrumentos para votar como es el tarjetón y el nivel educativo de los votantes. Adicional a estos factores, yo agregaría la insuficiente preparación que se impartió a los jurados de votación; además de la escasa información y la pobre o nula pedagogía entregada al elector. 

El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, se comprometió como producto del nuevo diseño de los tarjetones, en reducir para estas elecciones los votos nulos al 4% para Senado y al 8% para la Cámara, es decir, que casi dos millones de votos volverían a ser efectivos. ¿Cuáles son las razones para que estas metas no se cumplieran? 

A mi manera de ver, con profundo respeto, cuando se presentaron inconvenientes de última hora, como la mancha del marcador al doblar el tarjetón, la Registraduría se limitó a dejar a juicio subjetivo de los jurados la decisión de validar o anular el voto. Sin embargo, no es descartable la hipótesis que muchos electores lo hayan anulado de manera intencional, como forma de protesta contra la clase política. 

Reabrir las urnas para una minuciosa revisión del voto nulo permitiría más claridad a toda la sociedad colombiana y favorecería evaluar si realmente se justificó, o no, la inversión de cuantiosos recursos en investigaciones y cambió de tarjetones; de no haber sido provechoso ese gasto, el mayor derrotado del 9 de marzo será nuestro sistema electoral.

Indiscutiblemente, no hemos encontrado el procedimiento electoral adecuado que facilite expresar la voluntad del pueblo. Nuestros sistemas electoral y de partidos es demasiado complejo en la medida en que comparte lista preferente y no preferente, circunscripción nacional y especial. Todo esto confunde al elector que a la hora de votar no tiene la libertad y posibilidad de expresar correctamente su voluntad política.

Este problema estructural, refleja sin duda, la alta vulnerabilidad técnica e institucional de nuestro sistema electoral colombiano, que no permite tener operando hoy, como lo ordenan las normas, los sistemas biométricos y electrónicos de votación. Por esto, urge acelerar la implantación del voto electrónico, sistema con el cual Brasil logró bajar de casi el 20% a menos del 3% el índice de votos nulos. 

En las sociedades modernas y democráticas los partidos políticos deben jugar un papel fundamental, no solo para la democracia misma sino en general para la sociedad. La puesta de las demandas sociales en el espacio de lo público, la formación de opinión y la construcción de agenda pública, debe ser el aspecto central del ejercicio político, en la vía formal para que la ciudadanía encauce sus opciones de vida y las formas a través de la cuales debate, delibera y decide frente a los ideales de Estado y de sociedad.

Muchos partidos políticos en el mundo contemporáneo viven una crisis filosófica y de la falta de credibilidad y confianza ciudadana. Colombia no es ajena a ella. La Falta de intereses vinculantes entre partidos políticos y demandas ciudadanas, violencia política, fraude electoral, acuerdos de élites políticas, consolidación de estructuras burocráticas, gamonalismo, manejos económicos poco transparentes, falta de mecanismos democráticos internos, entre otras prácticas pre-modernas, poco le aportan a la consolidación de un sistema político democrático. 

Pero sin partidos políticos no puede haber democracia. Ellos estructuran y transmiten la opinión pública, comunican demandas a los poderes públicos, transforman las instituciones políticas, propician el control público del poder político y la influencia de los ciudadanos en las decisiones públicas, facilitan la integración y legitimación del sistema político o canalizan las protestas contra un sistema político determinado y son esenciales en la consolidación de una cultura política incluyente y participativa de la ciudadanía.

Sin ciudadanía no puede haber democracia. Debemos insistir y persistir en consolidar una cultura política que se soporte en el ejercicio objetivo, autónomo e independiente de ciudadanía responsable. Una ciudadanía en cuyos principios y criterios se sustenten siempre sus decisiones conscientes y acertadas en los procesos de deliberación y participación, en los momentos electorales o en el control social, como un aporte a la construcción de lo público y del bienestar colectivo. 

Hoy en Colombia, votaremos para elegir el nuevo Congreso de la República. Ciudadanía y partidos políticos debemos refrendar nuestro compromiso con la democracia. Conscientes del clamor ciudadano, en el ámbito nacional y en Antioquia, el Partido Liberal Colombiano, viene transformando su actuar para constituirse en espacio proactivo y fortalecido, donde se propone, se coadyuva y se definen los grandes temas de los territorios y se cohesiona a la ciudadanía en torno a proyectos éticos e ideológicos para la dirección del Estado y la participación en la vida pública. 

El accionar responsable de partidos políticos y de ciudadanía por tanto, es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. La legitimidad política entendida como la aceptación mayoritaria por parte de los gobernados, se expresa principalmente a través de los procesos electorales, y en sistemas democráticos modernos la única fuente de legitimidad aceptada es la asunción al poder por vía de “la competencia frente a otros grupos y candidatos, bajo reglas previamente establecidas, y aplicadas en condiciones de igualdad”, es decir, a través del voto.

En este sentido, es sin duda la ciudadanía el actor central y esencial dentro de la democracia. De esa condición compleja nace su capacidad y su poder. Capacidad para hacerse oír y poder para tomar decisiones que propicien la construcción de una democracia, de un territorio, de una sociedad sin exclusiones. El voto es una de las máximas expresiones de esas capacidades y poderes adquiridos por la ciudadanía. Ejercer la ciudadanía a plenitud es hacernos conscientes de su valor, del poder transformador de su ejercicio consciente, libre, responsable.

En esta ruta, invitamos a la ciudadanía a votar y brindar su confianza a las candidaturas liberales, en especial, a las de la Alianza Liberal por Antioquia.

De la lectura  de la sentencia C-555-13, proferida por la Corte Constitucional el  pasado 22 de agosto de 2013,  pero tan solo publicada la presente semana, varios  asuntos han quedado evidenciados.

Primero. Se evidencia que con un control político conveniente y oportuno en el Congreso de la República, unido al trabajo responsable de organismos como la Contraloría General de la República y la Corte Constitucional, es posible obtener una defensa justa de la Nación y del patrimonio público.

Segundo. Respetamos, pero no compartimos interpretaciones que pretenden minimizar esta histórica y trascendental decisión de nuestra guardiana constitucional. La reversión es plena. Los operadores de telefonía móvil celular deben entregarle a la Nación, lo que la Corte ha identificado como elementos de red. Toda la infraestructura y soportes lógicos e informáticos. Es decir, las frecuencias, y todos los activos y bienes asociados a la prestación del servicio durante la ejecución del contrato. Mucho más que los “postes colocados entre 1994 a 1998”.

Tercero. La Corte es consciente de que los actuales operadores deben poder seguir prestando sus servicios, diferentes a los de telefonía móvil celular, soportados ahora en las redes de la Nación. Lo podrán hacer pagando las compensaciones económicas que sean del caso al sistema de operación y administración que en forma urgente debe definir el Gobierno, el cual, tal como están suscritos los contratos y con el anuncio de la sentencia,  debió prever oportunamente.

Cuarto. Una vez se reviertan las frecuencias de telefonía móvil celular, no será tan simple que sean entregadas en ampliación, prorroga o renovación a los actuales tenedores. Una ampliación por treinta años, no parece estar en la vía del acceso democrático al espectro radioeléctrico, en los términos del artículo 75 de la Constitución y de las sentencias de la Corte, C-403-10 y C-555-13.

Quinto. No es acertado, ni equitativo, ni constitucional modificar un contrato, como se ha pretendido, para variar las condiciones económicas del mismo en favor del interés de los particulares y actuando en contra del patrimonio público. Pretender aplicar con efectos al pasado las leyes 422/98 o 1341/09, para modificar las obligaciones de los concesionarios resulta inexplicable. Pero más inexplicable aún, que esa sea la tesis de las personas obligadas a defender y proteger el patrimonio público.

Se resalta que el fallo no genera ningún tipo  de inseguridad jurídica. Se generaría en el caso de que se aceptara que en medio de la ejecución de un contrato y por virtud de un hecho externo al mismo, el contratista resulte inexplicablemente favorecido y el patrimonio de la Nación y por ende el de la sociedad, afectados.  Lo sorprendente no es que se obligue al contratista a cumplir un contrato que ha celebrado, sino que las autoridades estatales y los propios contratistas esperen lo contrario.

Sexto. Es necesario que el Gobierno Nacional sin interpretar, aplique la sentencia. Fije un plazo razonable para la entrega de los bienes al Estado y lleve al Congreso de la República un Proyecto de Ley en el que se defina el futuro del sector de las TIC. Mientras tanto, para no afectar la prestación del servicio, permitir en forma transitoria a los actuales operadores, utilizar las redes en condiciones de igualdad frente a otros proveedores, remunerando a la Nación por su uso.

Séptimo. En forma muy acertada la Corte le pide a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que como organismos de control y dentro de la oportunidad constitucional y legal que les compete, verifiquen el cumplimiento del deber funcional de los servidores públicos y la entrega de los bienes que son de la Nación, lo que constituye prenda de garantía de que esa providencia no será modulada, o mutada en su interpretación y aplicación, lo que no es jurídicamente posible, tal como lo ha afirmado la Corte en la sentencia C-634 de 2011, y en caso de hacerse, puede llegar a constituir prevaricato y fraude a resolución judicial.

Pd: Esta lucha en defensa del patrimonio público, en memoria del exministro William Jaramillo Gómez, socialdemócrata integral, que desde 1993 trazó el camino para que la autopista digital perteneciera a todas y todos los colombianos.

La Corte Constitucional a través de contundentes sentencias, ha ratificado la vigencia de la teoría constitucional del servicio público en Colombia. A los pronunciamientos sobre mínimo vital en servicios públicos domiciliarios, y sobre la obligación de las autoridades de adoptar medidas que contengan acciones afirmativas o discriminaciones positivas a favor de los recicladores, ha venido a sumarse la que sin duda será la sentencia que más haga repensar el alcance de nuestro modelo en materia de servicios públicos, la Sentencia C-555-13, que ordena la reversión de activos en materia de concesiones del servicio de telefonía móvil celular.

Aunque ya se conocía en términos muy generales, sólo esta semana se publicó el contenido de la sentencia C-555-13, por la cual la Corte Constitucional ordenó la reversión al Estado de las redes y “bienes” asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, que en Colombia se ha prestado durante los últimos veinte años a través de contratos de concesión.

A pesar de que ligeramente algunos piensan que la sentencia genera inseguridad jurídica, lo que hace la Corte es todo lo contrario. Tal como se deduce del contenido del fallo, la sentencia no hace cosa diferente que hacer cumplir los contratos celebrado conforme la ley 37 de 1993, que según algunas lecturas, en forma extraña, la ley 422/98 habría modificado los contratos, después de cinco años de ejecución.

Pero en honor a la verdad, lo que realmente ha sucedido es que se han respetado los contratos originales y se ha rescatado para los colombianos un patrimonio que ha estado a punto de perderse, pues no obstante que la concesión está a punto de terminarse no se conocen las acciones adelantadas por el Ministerio de TIC en la vía de poner al servicio de los Colombianos las redes y demás bienes asociados al servicio que deben entregársele.

Con la sentencia C-555-13 publicada, se muestra claramente el valor y alcance del ejercicio del Control Político en nuestro país, pues la demanda que generó el pronunciamiento de la Corte y que valerosamente presentó la Contralora General de la República, fue en producto de un profundo debate que sobre la materia adelanté en la Comisión Sexta del Senado, en el que demostré que los bienes que se ordena revertir, son propiedad de la Nación y no de los concesionarios, como algunos lo querían dar a entender.

Sin lugar a dudas esa sentencia constituye la providencia más importante que la Corte Constitucional haya expedido en mucho tiempo en el país, en materia de servicios públicos y uno de los pronunciamientos que con mayores efectos se ha expedido en materia de protección de los usuarios de los servicios públicos y del patrimonio público en Colombia.

Así como para el otorgamiento de la Concesión de telefonía celular y de PCS ha sido necesario escuchar al Congreso de la República y a través del mismo a todos los sectores nacionales, es necesario que para decidir el futuro de los activos asociados a la prestación de las telecomunicaciones móviles se les escuche de nuevo, pues la Sentencia de la Corte no puede reducirse a unos beneficios económicos que recibirán las arcas del Estado y unos pagos menores que realizan los celulares, el efecto de la sentencia es bien diferente y podría generar un cambio sustancial en las políticas públicas que sobre esta materia adelanta el Estado.

Como ya lo hemos venido sugiriendo, es la oportunidad para que el Estado Colombiano, ejerza el dominio sobre todos los activos de telecomunicaciones celulares a nombre de los usuarios, ponga las redes a tarifas muy bajas al servicio de todos y recobre la dirección y control de estos importantes servicios públicos no domiciliarios prestados por los particulares.

Por lo pronto, lo mejor sería que el Gobierno suspenda si intención de ampliar a treinta años los actuales permisos para uso del espectro de los operadores celulares y que con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio adopte solo unas medidas transitorias que ya debería haber implementado y que en ningún caso puede ser ampliar las actuales autorizaciones, pues ello materialmente sería estar en contravía del sentido material del fallo.

A partir de 1991 Colombia inició un proceso de reacomodamiento institucional. Del Estado burocrático convencional, hemos pasado a diferentes modalidades de Estado gestor.

A partir de 1991 Colombia inició un proceso de reacomodamiento institucional. Del Estado burocrático convencional, hemos pasado a diferentes modalidades de Estado gestor. Una variación sustancial en la forma como se prestan los servicios públicos y en la utilización de instrumentos propios de gerencia moderna por parte del Estado, cuyas empresas deben competir en igualdad de condiciones con las de naturaleza privada o mixtas.

Esta objetiva modernización del Estado, en ningún momento puede significar que el Estado abandone sus fines propios, como la satisfacción del interés general y la atención de sus obligaciones sociales, pase a ser guiado única y exclusivamente por la economía de mercado.

El Estado colombiano no puede perder su norte. La solidaridad, el respeto por la dignidad humana y el propósito de universalización en la prestación de los servicios son asuntos inherentes a su existencia como “Estado Social de Derecho”.

Servicios públicos en los que se entrelazan tantos temas como en ningún otro asunto -economía, derecho, sociología, tecnología, política-, pues, de un lado deben prestarse eficientemente en condiciones de alta calidad a todos los habitantes del territorio, y de otro, orientarse a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. En esta última tarea, como en muy pocas, debe estar siempre presente, la intervención de la mano social del Estado.

Desde la Comisión Sexta del Senado de República, hemos defendido como banderas irrenunciables de nuestro Estado Social de Derecho, entre otras: (i) el acceso a la educación superior pública, con calidad y pertinencia; (ii) el acceso a un transporte público urbano y masivo de calidad; (iii) la defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones -como la telefonía celular y el internet-, al acceso, a un servicio con cobertura, calidad y tarifas bajas y; (iv) la más social, el derecho de las personas en condiciones de vulnerabilidad o indefensión social al mínimo vital.

La Corte Constitucional en protección del derecho de acceso al mínimo vital en servicios públicos domiciliarios, -acueducto, saneamiento básico y energía-, nos genera el convencimiento de que defendemos el derecho de la gente en la línea correcta y, estamos seguros, más temprano que tarde el Congreso deberá adoptar la legislación que contenga el reglamento sobre la forma como accederá la gente a este derecho.

En una discusión que se renueva todos los días, los teóricos del análisis económico del derecho, la libre competencia y el libre acceso a los mercados, mantienen su tesis de que los servicios públicos son una mercancía más, que sometida a las reglas de libre competencia se tranzan con las demás mercancías en el mercado. Frente a esta posición, enfrentamos la teoría social del servicio público, según la cual, los servicios públicos no son mercancías, por el contrario, dada su relevancia, son actividades que el Estado debe intervenir para garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio.

Como semejante responsabilidad no puede ser difusa, ni descargarse exclusivamente a las empresas y mucho menos a los municipios, en el proyecto de Ley, que con la bancada del Partido Liberal presenté a consideración del Congreso de la República, se ha signado la responsabilidad como fuente de recursos, a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que se nutren con recursos que provienen de las contribuciones de los usuarios con mayor capacidad de pago y también del presupuesto de la Nación –en mayor proporción- y de las entidades territoriales.

Ante el vacío en políticas públicas, los jueces, en particular la Corte Constitucional, han salido en defensa de los ciudadanos más pobres y vulnerables, defensa que debe asumir el Congreso en ejercicio de sus responsabilidades sociales, ocupándose prioritariamente de un asunto, que por su naturaleza y por sus trascendencia social, siempre debido liderar, la defensa del derecho al mínimo vital, bandera irrenunciable e indeclinable de nuestro Estado Social de Derecho.

Colombia, a través del diálogo y la solución política, intenta recorrer en la Habana, una de las rutas más difíciles que haya emprendido en los últimos 50 años, el camino de la paz y la reconciliación nacional. Aunque no compartimos, respetamos a todos los sectores de la vida nacional que no obstante la voluntad expresada del presidente Santos de jugársela toda por la salida negociada, siguen pensando que este camino no es adecuado y en otros términos piensan que la negociación no es la solución.

Los fracasos derivados de procesos anteriores, que han generado un ambiente de pesimismo, no deben prevalecer sobre el optimismo moderado y la esperanza que tenemos la mayoría de los colombianos en este proceso. Es la civilización y el diálogo y no la confrontación armada y la barbarie lo que nos permitirá salir adelante. Por ello creemos que recorrer este complejo camino para encontrar una paz digna, implica seguridad, confidencialidad de las conversaciones y confianza mutua entre los actores.

Si bien nuestro Estado Social de Derecho implica necesariamente de la existencia de una fuerza pública regulada, legal, legitima, que ejerza el control en la totalidad del territorio, y la utilización de medios electrónicos se convierte en instrumento adecuado para ello, la interceptación a comunicaciones sólo debe utilizarse con plena sujeción a los mandatos legales, previa decisión de autoridad judicial competente, tal como reza el mandato del artículo 15 de nuestra Carta.

Resulta grave y plenamente reprochable, provenga de donde provenga, todo tipo de interceptación a las comunicaciones privadas, pero en este caso se hace mucho más reprochable por tratarse de interceptación de comunicaciones a personas cuyo propósito es alcanzar uno de los derechos más importantes del que no hemos podido disfrutar los colombianos en los últimos 50 años, como es el derecho a la paz.

Cuando el país se sorprende por el hecho de que nuevamente se estén realizando escuchas y filtraciones a las personas, en este caso a la información que comparten los propios representantes del Gobierno en la mesas de diálogo, los colombianos debemos preguntarnos, ¿Cuál es la finalidad de esas interferencias ilegales en los diálogos de paz? ¿Cuál ha sido su alcance? ¿Cuál su verdadero propósito?

En este caso no se trata de una simple violación al derecho a la intimidad, ni a la intervención de autoridades judiciales y ni siquiera de policía en la investigación de hechos delictivos, se trata de la intervención con la participación real o aparente de las autoridades militares en un asunto sustancialmente político, como son los diálogos de paz y de allí la trascendencia nacional e internacional del asunto.

La utilización por parte del Estado de la inteligencia militar, y como parte de la misma de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es apenas natural en este tipo de conversaciones y su uso legal y legitimo no debería asombrar a nadie, pero por el contrario el uso de la inteligencia al margen del orden institucional y en contra de los propósitos de las autoridades legal, legítimamente constituidas, debe preocuparnos a todos.

Si los colombianos hemos elegido un gobierno legitimado en un amplio respaldo electoral y si el propio Congreso hace enormes esfuerzos para construir un marco jurídico adecuado para la paz, no existe razón que justifique que aislada u organizadamente, ningún grupo o personas no autorizadas, interfieran en un propósito tan transcendental para Colombia, como son los acuerdos de paz.

Lo que sucede en el país, hace llamar la atención sobre la forma como deben utilizarse las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad contemporánea, pues en este caso parece evidente que el desarrollo tecnológico se ha puesto en contravía de un interés tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana, por el contrario, este tipo de instrumentos deben ponerse al servicio del desarrollo social, de la convivencia civilizada, de la paz.

Cuando en el país se avanza positivamente en la utilización o aplicación de las TIC, como instrumento de desarrollo, convivencia y paz, y la sociedad de la información muestra sus bondades, no es positivo que se utilicen los mismos instrumentos para pretender desestabilizar o prolongar las condiciones de violencias y barbarie, contra eso debemos unirnos todas y todos los colombianos.

En desarrollo de la Ley 1680/13 -propuesta legislativa en que acompañé como coautor al Senador Juan Manuel Galán-, esta semana se presentó la estrategia ConVertic –Tecnología para ver-, uno de los desarrollos más incluyentes de las TIC, a través del cual se facilitarán las condiciones tecnológicas, para que más de 1.200.000 personas ciegas o con discapacidad visual en Colombia, puedan descargar en forma gratuita el software Jaws, un lector de pantalla, que les permitirá acceder con autonomía e independencia a las TIC, a la educación, al trabajo, apropiar el conocimiento, interactuar socialmente y en general, vincularse a la sociedad de la información.

De esta acción ordenada por la Ley 1680/13, puede inferirse: que las tecnologías pueden ponerse al servicio de los seres humanos y no de su destrucción, que los gobernantes pueden tener como prioridad el mejoramientos de la calidad de vida de sectores discriminados de la sociedad; que se avanza hacia la igualdad cuando se adoptan verdaderas medidas afirmativas; que el gasto público puede orientarse a la inversión social y que en nuestra tarea legislativa, los congresistas debemos entender como prioritarios los asuntos de inclusión y sustancial sentido social.

Como congresistas, al senador Juan Manuel Galán y a mí, nos unen varios propósitos que compartimos tanto en relación con la necesidad de poner las telecomunicaciones al servicio de la sociedad, proteger a los usuarios y vincular a todos los colombianos a la sociedad de la información; como, el espíritu social y democrático propio de los liberales de este tiempo, que nos lleva a entender que la democracia tiene un alto componente de carácter económico y social.

La democracia social, y el Estado Social de Derecho, son mucho más que una proclama política, pues la cláusula social, llena de contenido lo que antes era puramente declarativo y programático. Leyes como la 1680/13, que contienen discriminaciones positivas o acciones afirmativas a favor de un sector vulnerable de la sociedad, son las que en la práctica nos llevan a entender con claridad, cuál es el verdadero alcance del inciso segundo del artículo 13 de nuestra Constitución, que prescribe: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

Cuando las acciones de Gobierno se orientan, como en este caso, a la protección del débil y a ser un real instrumento que le permite a los ciudadanos excluidos vincularse a la sociedad, se comprende con claridad el profundo contenido de la doctrina social y de la teoría del servicio público defendida por las escuelas francesas, orientadas por la proclama de que el Estado justifica su existencia porque presta servicios públicos y porque opera como un factor de equilibrio en la sociedad.

Para los defensores de la teoría del servicio público contemporánea, su núcleo se encuentra en poder adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y es allí donde debe mirar el Estado. El servicio público lo es, porque atiende la satisfacción de necesidades de carácter colectivo, continuo y permanente de grupos significativos de la sociedad, y que más significativo en este caso que grupos de personas con discapacidades que les han generado limitaciones y exclusiones, que se les posibilite acceder a la sociedad de la información.

Con la puesta en marcha de la Ley 1680/13, no sólo se logrará que las personas con limitaciones visuales se incorporen a la sociedad de la información, sino que también esas personas podrán rápidamente vincularse o mejorar su vinculación al aparato productivo nacional, con ello no sólo contribuirán al desarrollo del país, sino que a través muy seguramente de la teleeducación y del teletrabajo dignificarán notoriamente sus propias vidas.

Con acciones como las que adelantamos pasamos de la ejecución de obras de misericordia y del reconocimiento pasivo de los más limitados, a un nuevo rol, el de reconocerlos en su verdadero valor e incluirlos en el aparato productivo de la sociedad; se trata de una verdadera inclusión y de un verdadero reconocimiento al valor de la dignidad humana.

A partir de hoy, gracias a la Ley 1680 de 2013, iniciativa del senador Juan Manuel Galán en coautoría con Eugenio Prieto, 1.2 millones de personas ciegas y con baja visión cuentan con una herramienta de inclusión digital, el software Lector de Pantalla JAWS.

Esta iniciativa legislativa fija la obligación del Estado para establecer políticas y acciones afirmativas que garanticen el acceso e inclusión para personas ciegas y con baja visión a la información, comunicaciones, conocimiento, trabajo, educación y a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En ese sentido, el Ministerio TIC tiene la responsabilidad de garantizar que las personas con discapacidad visual ejerzan su derecho a la información y accedan a las comunicaciones en igualdad de condiciones, para garantizar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como mecanismo para contribuir a su autonomía e independencia.

Esta iniciativa legislativa se materializó mediante la estrategia ConVertic, en donde el Ministerio TIC invirtió más de $6.100 millones para la compra de la Licencia País del Software Lector de Pantalla, lo que permitirá que, durante cuatro años, más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual y baja visión cuenten con una herramienta de inclusión digital.

La implementación de ConVertic contó con el apoyo del Instituto Nacional para Ciegos, y permite que los colombianos puedan descargar totalmente gratis el software lector de pantalla JAWS (Job Acces With Speech), que transforma la información de sistemas operativos y aplicaciones en sonido, para que personas con discapacidad visual accedan al computador y naveguen en Internet, de esta manera se posibilita el acceso a los conocimientos y las competencias para una real y efectiva inclusión social, educativa, laboral, económica, política y cultural en la sociedad.

Esta estrategia se convierte en un hito para la población con discapacidad visual y baja visión, permitiendo el acceso a conocimientos y competencias de los más de 1.200.000 de colombianos en esa condición, de los cuales el 82% vive en condiciones de pobreza. Es una oportunidad para que más personas puedan acceder a los beneficios que ofrece la red, ya que actualmente menos del 2% de las personas ciegas usan Internet, mientras que el 38% de la población en general sí lo hace. 

“Con el senador Juan Manuel Galán, como liberales socialdemócratas, impulsamos este tipo de iniciativas que buscan la reducción de la brecha digital y social, además, de la generación de nuevas oportunidades de inclusión social y de autonomía para los colombianos con discapacidad visual, quienes a partir de ahora podrán acceder a más oportunidades”, afirmó el senador Eugenio Prieto.

Ante las sensibles modificaciones en la política criminal colombiana, en particular en lo referente a la política carcelaria se impone una variación sustancial en el tipo de medidas que el Estado debe adoptar con el fin de impedir el hurto de terminales para servicios móviles de telecomunicaciones.

El robo del celular no sólo se ha convertido en actividad cotidiana, sino que el porte de celulares o terminales móviles se ha tornado en actividad peligrosa, pues  comúnmente con el hurto concurren otras actividades delictivas como las lesiones personales y hasta el homicidio agravado. 

Las políticas de comercialización de los servicios, campañas de mercadeo, incorporación permanente de nuevas aparentes facilidades y el uso de equipos de alto costo en ocasiones en los que solo se hace comunicación de voz o telefónica, sin duda generan condiciones adecuadas para que se creen verdaderas industrias criminales dedicadas, a la explotación económica del hurto de este tipo de bienes.

Si bien, en el actual desarrollo de la cultura jurídica, los delitos y las penas, son considerados el camino adecuado para restringir las conductas no deseables o reprochables en la sociedad, la realidad es que no solo existe este medio para impedir la comisión de delitos, también es posible que se expidan medidas que desestimulen su comisión, como es la pérdida de valor de los bienes, su inutilización o la imposibilidad de enajenarlos.

Reconocemos y valoramos los esfuerzos del ministro de las TIC, pero él sólo no puede dar esta lucha. Todos debemos unirnos para lograr mayores resultados. Debemos intentar otras rutas o medidas que nos permitan impactar en la disminución de este flagelo que se está convirtiendo en una verdadera pandemia.

Creo que debemos adelantar campañas orientadas a que cada usuario utilice el terminal que está conforme con sus necesidades, las personas que solo requieren de servicios telefónicos estarían menos expuestas a su hurto y se adopten condiciones especiales de circulación y mercadeo para el uso de terminales más complejos.

Proponemos que se modifique el actual esquema de comercialización de los servicios y se expidan medidas regulatorias y económicas que impliquen una drástica disminución de los costos de los terminales de voz, incluyendo subsidios a la oferta de los mismos, para que su valor de compra en el mercado sea mínimo y no exista una motivación relevante para hurtarlo. 

En lo referente al uso de terminales complejos o de alta gama, que son los que tienen valor significativo de hurto, proponemos una medida diferente, que desincentive ese hurto. Que en adelante sean propiedad de los proveedores de servicios y sean suministrados a los usuarios a cambio del pago de arrendamiento por su uso, que incluya una póliza de garantía por hurto.

Si los terminales de valor significativo, son de propiedad de los proveedores y no de los usuarios, al ser hurtados, su poseedor no puede proceder a su reventa, pues su comercio es restringido y su propiedad es solo de los prestadores. La compraventa clandestina de terminales por esta vía sería positivamente afectada y de nada valdría ser propietarios de equipos, pues solo tienen acceso a las redes los equipos de propiedad de los proveedores que son arrendados a los usuarios.

La ruta de modificar la política criminal con mayores penas restrictivas de la libertad, no parece ser la más adecuada, consideramos que medidas económicas, técnicas y regulatorias que hagan perder el incentivo al hurto en estos casos, pueden ser más efectivas. 

Si se facilita el acceso a los terminales por su bajo costo, se impide la libre circulación de terminales usados en el mercado, se promueve la inclusión de sistemas de radiolocalización de terminales, se obliga a los proveedores a suministrar terminales en arriendo y se sensibiliza a los usuarios para no usar equipos ya usados y  además, se logra que los países vecinos adopten medidas similares, seguramente podremos tener una disminución sensible en la comisión de estos delitos, que hacen que a diario todos estemos exponiendo nuestras vidas, cuando usamos un celular para comunicarnos.

En defensa de los derechos de los usuarios de la telefonía móvil celular en Colombia, que viven angustiados y molestos por las altas tarifas, las permanentes fallas en el servicio, la deficiente atención y la baja calidad, desde el Congreso de la República hemos venido realizando un riguroso ejercicio de control político en pro del mejoramiento de la cobertura y la calidad de este servicio público y de la defensa de los derechos de los usuarios.

Con este ejercicio que nos ha permitido comprender mejor a todos la magnitud del problema, sus múltiples causas técnicas, jurídicas, económicas y el enorme impacto negativo sobre los usuarios de las 47 millones de líneas celulares activas en Colombia, hemos logrado como resultado la adopción de un conjunto de medidas concretas y efectivas por parte del Ministerio de las TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, el Congreso de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio y los propios operadores -quienes avanzan en la firma de un pacto de transparencia-.

Este importante conjunto de medidas nos ha permitido avanzar, entre otros, en la Subasta 4G, en mejorar la competencia, en disminuir las tarifas en alrededor de un 30%, con el desmonte de las injustas tarifas off-net, en compensar las llamadas caídas -aunque creo que no se debían cobrar-. Pero aún nos falta muchísimo por mejorar, sobre todo en materia de calidad del servicio y en atención a los usuarios.

Recalcamos en la importancia de entregarles más capacidad de decisión a los usuarios y liberarlos de las perversas cláusulas de permanencia que los atan a los operadores, negándoles la movilidad y el desarrollo de una mayor competencia, por verdaderas razones de calidad, atención y tarifas.

Seguiremos buscando, vía legislativa, de regulación y por acuerdo con los operadores en las mesas de trabajo, para que se adopte la medida de facturación y cobro por segundo en el servicio y en consecuencia, la duración de las llamadas no se cobre redondeándola al minuto o a cualquier otra unidad de tiempo.

La tarificación del servicio por minutos, basada en el tiempo al aire de las comunicaciones, debe ser modificada sustancialmente, pues de un lado la realidad de la sociedad contemporánea y de los desarrollos tecnológicos es que muchas llamadas no tienen siquiera esa duración y tratándose de comunicaciones donde la voz no es lo esencial, la tarifa en todos los casos debería basarse en el espectro efectivamente utilizado o en la cantidad de datos enviados y recibidos.

La facturación por segundos, es solo el reconocimiento de que los bienes y servicios deben ser cobrados de acuerdo con la unidad de medida asociada a su uso. Los avances de las comunicaciones móviles las hacen sustancialmente diferentes a las fijas. Ya que la medición del uso del servicio puede hacerse por segundos y aún por unidades de medida más pequeñas, los usuarios solo deben pagar por el servicio que efectivamente reciben.

No existe razón, para mantener el cobro por minutos en el servicio telefónico y en los casos en que por estructura de costos o por el tipo de usuarios pueda resultar más beneficioso que el cobro se haga por minutos o por otro tipo de unidad de medida, debe la regulación permitir la elección a los usuarios, que sean ellos los que la escojan, basados en sus condiciones, que les resulta más favorable.

Todos los operadores asociados en Asomovil, se comprometieron, en las mesas de trabajo, a adecuar su plataforma tecnológica en este primer semestre, para garantizar, que usuario que solicite plan por segundos, se le deberá ofrecer, plan por segundos.

Solo la acción decida de Gobierno y Congreso en la adopción de medidas efectivas a favor de los usuarios, podrá permitir que el servicio de telefonía móvil celular, se preste en condiciones de eficiencia y alta calidad como la manda nuestra Estado Social de Derecho, para todos los servicios públicos.

En el 2014 diferentes temas asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular en Colombia llegan al punto de las definiciones, pues es el año en que  se verán los efectos de las nuevas asignaciones de bandas para servicios 4G, en el que se consolidará la existencia un tercer operador  fuerte, pero lo más importante,  se definirá el futuro del sector a partir de las decisiones que deben adoptarse al finalizar las actuales concesiones de telefonía móvil celular otorgadas con base en la Ley 37 de 1993.

No obstante que la Ley 422 de 1998, aparentemente renunciaba a la reversión de los bienes asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, después de los análisis llevados a cabo en el Congreso de la República y ante la decidida intervención de la actual Contralora General de la República, la Corte Constitucional en la sentencia C-555-13, precisó el tema y dejó en claro que los contratos celebrados con anterioridad a la Ley 422, esto es, los basados en la Ley 37 de 1993, deben ejecutarse en los términos pactados y en consecuencia opera la reversión en los mismos una vez culminados.

Tres temas deben ser objeto de análisis por el Gobierno. En primer lugar, la terminación de los contratos y la reversión de las redes de Telefonía Móvil Celular, pues este año, el 28 de marzo, no sólo se vence el plazo para la entrega al Estado de las bandas de frecuencia que se asignaron y prorrogaron a los actuales prestadores de telefonía móvil celular, sino que además, se vence el plazo para la explotación y uso de las redes establecidas en el territorio nacional, asunto de gran magnitud que no ofrece discusión a partir de haberse hecho público el contenido de la sentencia C-555 de 2013 de la H. Corte Constitucional, esto es, terminadas las concesiones los bienes asociados a su explotación, revierten al Estado.

En segundo lugar, tratándose de concesiones para la prestación del servicio y no de la mera explotación de redes o de activos del Estado, el Gobierno Nacional debe precisar cuál es el alcance de la reversión y de los bienes que pasan a ser propiedad del Estado, pues es bien sabido que la prestación de este tipo de servicios requieren de un conjunto de instalaciones y facilidades asociadas al servicio que se integran al mismo y que normalmente deben ser objeto de la reversión, pues se trata de que el concesionario, entregue al concedente “el servicio concedido” de tal manera que si el concedente lo decide, él podría prestar el servicio en forma inmediata y en gestión directa. Es necesario entonces que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establezca con los actuales operadores, cuando y en qué forma recibirá las redes y las instalaciones asociadas al servicio.

En tercer lugar, este año debe quedar definido el beneficio que tendrán los usuarios del servicio de telefonía celular por el hecho de que las redes que eran explotadas por particulares como bienes propios, pasen, mediante la reversión, a ser de propiedad del Estado;  además, porque el espectro asignado para la prestación del mismo servicio, debe ser recuperado también por el Estado, lo que  no se trata de asuntos de poca monta o de mero trámite, sino que en razón de nuestro debate y de la decisión adoptada por la Corte Constitucional, ante la demanda formulada por la señora Contralora General de la República, los Colombianos a través del Estado recibiremos un inmenso patrimonio, que debe ser utilizado a favor de todos.

En una situación como la que se registrará en el 2014, lo esperable es que se adopten decisiones que respondan a tres temas claves en materia de servicios públicos: (i) que se entienda que el patrimonio público es de todos los nacionales y en consecuencia que el tema trasciende lo meramente fiscal; (ii) que los bienes afectos al servicio se utilicen para garantizar plenas coberturas, reducción significativa en las tarifas, y (iii) la apropiación colectiva de los usuarios, de los desarrollos tecnológicos a través de la utilización masiva de las TIC.

Este artículo también lo pueden encontrar en:

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_desmonte_de_las_clausulas_de_permanencia_minima.php

http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2013/11/10/el-desmonte-de-las-clausulas-de-permanencia-minima/

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_telefonia_celular_a_examen_colectivo.php

http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2013/11/03/la-telefonia-celular-a-examen-colectivo/

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/minimo_vital_en_servicios_publicos.php

http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2013/10/27/minimo-vital-en-servicios-publicos-2

Este artículo también lo pueden encontrar en:

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/une_inversion_para_el_desarrollo.php

http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2013/10/13/une-inversion-para-el-desarrollo/

Como consecuencia de los debates que en el Senado hemos adelantado en la defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios en relación con la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la Contraloría General de la República instauró ante la H. Corte Constitucional acción de inexequibilidad sobre la Ley 422/98. El resultado, la expedición de la sentencia C-555/13, la cual generará una de las más profundas transformaciones en el sector de las TIC, con la exigencia de revertir al Estado de los elementos y bienes asociados a la prestación de estos servicios.

Semejante noticia debe ocupar la atención del Gobierno Nacional, quien desde  que se conoció la sentencia C-555/13, debe estar adecuando los medios para proceder a recibir activos cuyo valor es incalculable, más aún si se tiene en cuenta que la concesión que es la base de la reversión, no solo incluye el uso de postes y antenas, sino además, otros elementos de red y equipos, como centros de conmutación y soportes lógicos que han permitido y permitirán que se pueda continuar prestando el servicio sin solución de continuidad.

Con la sentencia C-555/13, la Corte reconoce que los activos asociados a la prestación de los servicios de telefonía móvil celular, han sido completamente amortizados por los usuarios, auténticos propietarios de la red. Nuestra tesis es, la red no pasará a ser propiedad del Ministerio de Hacienda o del de las TIC, sino de los usuarios, de toda la gente que durante estos 20 años pagó con las tarifas, la amortización de esa infraestructura.

Debemos preguntarnos ¿qué hacer con una red que es de propiedad de todos los colombianos? La respuesta que se dé, debe estar en la vía de que la red debe mantener su condición de “red pública”. Lo que significa que la red debe ser puesta al servicio de toda la sociedad y para ello se hace necesario que el Estado determine quién va a gestionarla, mantenerla y actualizarla para que todos los actuales y nuevos operadores de servicios se sirvan de ella.

Además el Estado debe definir la política que permita recibir y reasignar el espectro radioeléctrico asignado para la prestación del servicio, dando pleno cumplimiento a lo previsto en el artículo 75 de la Constitución y a las orientaciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que están en la vía de garantizar el acceso democrático al uso del espectro e impedir prácticas monopólicas. No puede perderse de vista que tanto la Ley 142/94, como las Leyes 422/98 y 1341/09, han sostenido uniformemente que al terminarse las concesiones de servicios de telecomunicaciones, el espectro asignado debe ser revertido al Estado.

Lo que proponemos por tanto, es que el Ministerio de las TIC, escuche el clamor generalizado de intervenir en el sector de los servicios de telecomunicaciones móviles y aproveche esta histórica oportunidad para que varíe sustancialmente el actual modelo y adopte uno nuevo en el que exista solo una red pública nacional en la que se integren los servicios fijos y móviles y todos los prestadores solo paguen un cargo por uso y acceso a la red que es del Estado -es decir, de todos- y que opere como una gigantesca autopista publica, de acceso generalizado, redundando en economías del sector, que deben trasladarse en bajas tarifas y mejor calidad del servicio para todos los usuarios, para toda la gente.

Lo que debemos reconstruir entre todos en Colombia, es el control público de las redes del Estado, dejando que todos los operadores las usen en condiciones de igualdad, pero manteniendo el control sobre los servicios. Lo que la Corte ha hecho con la sentencia C-555/13, generará una revolución del sector, que ojalá pueda ser entendida en su real dimensión. Que no resultemos por la vía administrativa o legislativa, borrando mal borrado, los innegables aportes que con su fallo, hace la H. Corte Constitucional, en defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios. 

Cada vez somos más dependientes de las comunicaciones móviles. Así quedó demostrado el pasado miércoles, cuando colapsó temporalmente el servicio de telefonía móvil de Claro-Comcel en Colombia. Nadie tiene claro lo que sucedió. Ni qué generó la falla. Ni el tiempo de duración. -Imaginémonos qué pasaría si tuviéramos una interrupción de días-. Ni mucho menos, de quién es la responsabilidad de una falla de tal magnitud en un servicio público esencial.  

Hasta ahora no conocemos pronunciamiento público del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Mintic-, de la Superintendencia de Industria de Comercio –SIC-, o de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, en el que se aclare a la opinión pública las causas e implicaciones de la falla y se garantice su no repetición. ¿Sería igual el silencio o la reacción, si la falla hubiera sido en el sistema interconectado del país, un apagón por ejemplo?  

Cuando en 1992, se inició el proceso de apertura, liberalización y globalización de las telecomunicaciones, se pensó que la llegada del sector privado al sector de los servicios, traería nuevos inversionistas, con amplio musculo financiero, inversiones permanentes e incorporación de nuevas tecnologías, que garantizarían continuidad en la prestación, bajas tarifas y mejor calidad.  

Cuando fallan las telecomunicaciones móviles en forma general, tal como está sucediendo hoy en Colombia, aunque se quiera hacer ver como un simple problema de desarrollo del mercado, o de libertad económica, el asunto es muy diferente. Se trata de fallas en un servicio público que afecta nuestra cotidianidad, nuestra vida social y el desarrollo del país. 

La crisis en la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia no le sirve a nadie, el Estado como responsable de su prestación eficiente, debe iniciar una profunda transformación sectorial que garantice que el servicio se preste a la totalidad de los colombianos, en condiciones de universalidad y alta calidad.

Cuando la Corte Constitucional expide sentencias con profundas implicaciones como la T-1077/12 que ordena desmontar una estación base en Fresno-Tolima y al Mintic, que regule distancia prudente entre torres de telefonía móvil, viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos; la C-555/13, reconoce que las redes de telefonía celular le deben revertir al Estado; o cuando la SIC tiene que adelantar procesos sancionatorios, como los que están en trámite o han culminado; y cuando los operadores reconocen las dificultades en calidad y las fallas que se registran en la prestación del servicio; ha llegado la hora de expedir una regulación integral del servicio, realizar acuerdos de buen gobierno y pactos de transparencia entre Gobierno, operadores y usuarios.

Hemos liderado iniciativas, como la de impulsar la asignación de nuevas frecuencias para servicios cuarta generación [4G], la de establecer reglas para proveer la competencia en el sector y restringir las conductas monopolistas, eliminar las cláusulas de permanencia mínima y las ventas atadas de equipos terminarles, el acceso democrático al espectro radioeléctrico y el uso con los mayores beneficios sociales de las redes del Estado. 

Ahora promovemos la construcción colectiva de una política integral en telefonía móvil que privilegie calidad, competencia y protección a los usuarios. Congreso, Gobierno, organismos de regulación, vigilancia y control, empresas prestadoras del servicio, organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, ligas de usuarios, comunidad académica, tienen el uso de la palabra.

Estamos de acuerdo, “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Con la profundización de las fallas del servicio de telefonía móvil celular y la creciente insatisfacción de los usuarios, se está cerrando el círculo que muestra que tratándose de un servicio público estratégico de uso masivo, la intervención del Estado, hoy, para corregir las imperfecciones del mercado, es más necesaria que nunca. 

Durante el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, Ley 1450/11, llamamos la atención sobre una ambiciosa pero interesante meta y sobre los mecanismos e instrumentos propuestos para alcanzarla: Lograr al 2014 una tasa de cobertura en educación superior del 50%. Lo que significaba incrementar en 4 años, 13 puntos, al pasar del 37 al 50%. Es decir, incrementar como mínimo, más de 3 puntos promedio año.  

En los últimos 10 años, con mucho esfuerzo, sólo logramos incrementar un punto promedio año, al pasar del 30 al 40%. Sin la existencia de instrumentos reales de acceso, expresamos nuestro respetuoso escepticismo sobre la meta de incrementar más de 3 puntos promedio año. No obstante la buena voluntad del Gobierno, con la situación del actual sistema educativo y del modelo de financiamiento de la educación superior, la meta propuesta en el PND del 50% al 2014, es inalcanzable, es imposible.

Por tal razón y con el propósito fundamental de buscar recursos para el aumento de cobertura en educación superior pública e ir cerrando semejante brecha de exclusión, en el marco de la discusión y aprobación de la Reforma Tributaria -Ley 1607/12-, propusimos un punto adicional al Impuesto de Renta para la Equidad -CREE-. Nuestra propuesta, avalada por la bancada del Partido Liberal, fue aprobada mayoritariamente con el apoyo de congresistas de todos los partidos.

Inicialmente en la Plenaria del Senado, se aprobó el punto adicional del CREE de carácter permanente. Ideal en la búsqueda de cerrar la brecha. En la Cámara se aprobó temporal, para las vigencias 2013, 2014 y 2015. Se logran recursos adicionales por alrededor de $4 billones, para distribuirlos así: $1.5 billones para educación superior, $1.2 billones para salud y $1.2 billones para el sector agropecuario.

Nos satisface este logro por el impacto positivo en el país en estos tres sectores estratégicos del desarrollo social, pero los esfuerzos para avanzar con paso firme en la superación de la trampa social de exclusión y marginación en la que nos encontramos atrapados, en medio de elevados niveles de concentración de riqueza, en contraste con la pobreza e inequidad, no pueden ser temporales, deben ser permanentes.

En lo referente a la educación superior, tema de nuestro énfasis en el día de hoy, el pasado 3 de septiembre, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 2839, por medio de la cual se trasladan los primeros $200 mil millones a 59 Instituciones Públicas de Educación Superior en Colombia.  En esta primera asignación, Antioquia, Medellín y Envigado -que han hecho enormes esfuerzos para ampliar cobertura con recursos propios-, reciben mediante giro directo a sus instituciones, alrededor de $18.000 millones.

No obstante que algunas personas pretendieron que la distribución de estos recursos no incluyera las instituciones universitarias públicas, las técnicas y tecnológicas o los esfuerzos locales -como fue nuestra propuesta-, valoramos que desde los Ministerios de Educación y Hacienda, con la reglamentación expedida -Decreto 1835 del 28 de agosto del 2013-, se respetara el espíritu de la proposición aprobada, incluyéndolas.

Pero el problema no está resuelto, ni lo estará, mientras se excluya del sistema de educación superior al 60% de los jóvenes entre los 17 y los 21 años -más de 3 millones de colombianos-. El desfinanciamiento del sistema, hace imperativo recurrir a fuentes ciertas y permanentes de recursos, por ello, seguimos proponiendo utilizar del 4 por mil, un 2 por mil o el punto adicional del CREE para la educación superior, durante dos décadas o el tiempo necesario, para cerrar la brecha.

La cobertura en la educación superior debe incrementarse en el país en aras de la equidad social y para ello son necesarias fuentes ciertas de recursos que posibiliten la financiación y construcción de una política pública incluyente, que garantice cobertura y acceso al sistema de educación superior en condiciones de igualdad para todos los jóvenes de Colombia, millones de los cuales, aún esperan hacer parte real y material de ese imaginario colectivo y democrático llamado, Estado Social de Derecho.

El proyecto de ley "busca desarrollar los derechos colectivos del siglo XXI y proteger a la población más vulnerable del país", afirmó el congresista durante la radicación.

La iniciativa de autoría del senador Eugenio Prieto y apoyada por el Partido Liberal pretende dar aplicación a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de servicios públicos y tecnologías de la información, que reitera "se debe proteger y garantizar la prestación de un servicio mínimo vital a los habitantes, que esto sea gratuito cuando las personas estén en condiciones de vulnerabilidad e indefensión social", explicó el senador Prieto durante la radicación del proyecto ante la Secretaria General del Senado.

Según el congresista el proyecto establece los siguientes puntos fundamentales:

-La fuente de los recursos son los fondos de solidaridad ya establecidos en las leyes que deberán presupuestarse en los concejos y las asambleas cuando se elaboren los presupuestos locales.

-Las empresas de servicio público deberán garantizar este servicio sin que estas personas tengan que recurrir a una tutela o aun mecanismo judicial, quienes se inscribirán y demostraran su condición de vulnerabilidad.

-El beneficio no será permanente cada persona deberá demostrar mes a mes su condición y cuando supere su mínimo vital tendrá que pagar por este consumo.

- Las empresas de servicio público no podrán seguir cortando los servicios a los dos meses de no pago sin un debido proceso de los usuarios, como lo exige la corte.

El senador Eugenio Prieto, explicó que este proyecto antes que promover la política de fomento, busca el mínimo de subsistencia que se le debe garantizar a las personas completamente gratis, "lo que está sucediendo es que la gente está buscando la garantía vía tutela, llenando los estrados judiciales" concluyó.

Tomado de Prensa Senado

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18188-garantizar-la-prestacion-de-un-servicio-minimo-vital-propone-senador-eugenio-prieto