Ante el inminente riesgo a la salud pública en razón al alto porcentaje de mercurio en lotes de Atún Van Camp's, el Senador Jorge Iván Ospina citó a debate de control político en la Comisión Séptima del Senado de la República al Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, al Ministro de Salud y Protección Social y a Seatech International INC empresa productora de Atún Van Camp's, para que le expliquen al país por qué el atún sin mercurio y con todas las medidas sanitarias es exportado a otros países como Francia, mientras que el atún contaminado y con exceso de mercurio se comercializa dentro de Colombia.

El Senador del Partido Alianza Verde calificó como "tardias" las acciones del INVIMA para contrarrestar y controlar el exceso de mercurio en el atún que se comercializa en el territorio nacional, considerando que su consumo produce graves daños a la salud, peligrosa problemática teniendo en cuenta que anualmente en Colombia se consumen 80 millones de unidades de atún.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la exposición al mercurio (incluso en pequeñas cantidades) es peligroso para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de la vida (especialmente en el desarrollo cerebral del recién nacido), es toxico para el sistema nervioso, el sistema inmunitario, el aparato digestivo, así como para la piel, pulmones, riñones y ojos.

Hoy miércoles 5 de octubre de 2016 se radicó el Proyecto de Ley que regula los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en Colombia, iniciativa legislativa de construcción colectiva entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Academia, las Sociedades Científicas y el autor y ponente senador Jorge Iván Ospina.
 

"Colombia es el quinto país en el mundo donde más se realizan procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, y el tercero en América Latina, después de Brasil y México. Este año 12 personas han muerto por complicaciones en cirugías plásticas mal realizadas, y alrededor de 140 han presentado daños irreversibles por la misma causa, por ello se hace urgente su regulación", aseguró el Senador Ospina.
 

De acuerdo al médico y congresista del Partido Alianza Verde, con esta ley solamente personas calificadas podrán adelantar procedimientos estéticos y plásticos de alta y mediana complejidad y únicamente se podrán realizar en clínicas debidamente habilitadas. Igualmente la iniciativa legislativa establece que los prestadores de servicios de salud donde se realicen estos procedimientos quirúrgicos deberán contar con una póliza que cubra los gastos médicos derivados de las complicaciones que se puedan presentar.
 

"Con su entrada en vigencia se impondrán drásticas sanciones a los profesionales de la salud y a las instituciones médicas que no cumplan con la nueva regulación. Los galenos podrán ser sancionados con multas de hasta 1700 millones de pesos y 15 años de suspensión del ejercicio profesional, mientras que las clínicas podrán perder su habilitación, ser clausuradas definitivamente y ser sancionadas con multas por más de 6800 millones de pesos. Esto acabará con las clínicas de garaje y las cirugías realizadas en apartamentos y centros de estética que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas" enfatizó el Senador Ospina.

Finalmente el Senador del Partido Verde afirmó que con la ley se pretende "sacar de circulación" a los irresponsables que realizan procedimientos invasivos y no tienen la formación para ello, por lo que solo podrán realizar estas cirugías los médicos especialistas con competencias en procedimientos quirúrgicos estéticos y no aquellos que adquirieron sus conocimientos en cursos de fin de semana.

Ayer martes 30 de agosto en Plenaria del Senado de la República, el Senador Jorge Iván Ospina adelantó debate de control político al Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria y al Superintendente de Salud Norman Julio Muñoz por la fallida intervención de Saludcoop.
 

El médico y Senador del Partido Alianza Verde enfatizó en la imperante necesidad de implementar un modelo de salud que dignifique la vida y catalogó como inaceptable que continúe muriendo gente a causa de la ineficiente prestación del servicio.
 

Ospina cuestionó la facultad que tiene el Estado de intervenir empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales, cuando se ejerce de manera irresponsable y sin control como en los casos de  CAPRECOM y Saludcoop, donde el Estado ha sido incapaz de garantizar la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios de salud para sus afiliados.

Según el Senador de la Alianza Verde "el gobierno nacional intervino Saludcoop de manera codiciosa, negligente y corrupta, generando muerte, tragedia y dolor, disminuyendo la vida y acabando con el patrimonio cooperativo y solidario de nuestro país". 

A través de diferentes documentos probatorios como informes y contratos, el Senador Ospina demostró  que durante la intervención del gobierno nacional a Saludcoop se disminuyó notablemente su patrimonio (específicamente un detrimento patrimonial de $1.58 billones) y se incrementaron los pasivos (por cuantía de 1,31 billones).

“La intervención de Saludcoop no tuvo fundamento, no hubo análisis, no hubo gestión, no se cumplió lo establecido en la ley y en la constitución, no se logró que la administración pública garantizara el derecho a la vida y a la salud de miles de colombianos” aseguró el Senador del Partido Verde.
 

Igualmente, Ospina denunció que durante la intervención del gobierno nacional aumentaron los gastos administrativos en un 91,11%, especialmente en gastos de personal y honorarios, y contratos multimillonarios adjudicados a dedo por el agente interventor, como el caso del contrato con la cuestionada empresa Ortohand o un contrato de transporte de $45.466.380.000, adjudicado a la empresa Unión Temporal SASO que carecía de autorización del Ministerio de Transporte, la cual subcontrato con quienes anteriormente prestaban el servicio.
 

El Senador también evidencio la existencia de contratos que “dejó amarrados” el saliente interventor de Saludcoop Guillermo Grosso con empresas como IPS Evaluamos de Montería (por $101.000 millones de pesos), Empresa Sistemas y Computadores (por $90.000 millones) y Dumian Medical SAS (por 89.000 millones de pesos) sin realizar previamente ningún tipo de convocatoria o licitación pública.


Asimismo, Ospina catalogó las acciones de los interventores de Saludcoop como la “Ruta de la Maldad” considerando el deterioro de la red propia, la ruptura del sistema de control, la adquisición de servicios y medicamentos a mayor costo, la burocratización y las cuentas por pagar sin una política clara; incumpliendo todas las responsabilidades que tiene un agente interventor en una EPS.

Finalmente, el Senador cerró el debate con los siguientes titulares:

-       “Señor Ministro es una irresponsabilidad de su parte decir que este debate es un refrito, no me falta el respeto a mí, le falta el respeto a los colombianos que no tienen atención en salud ni la acción del Estado para privilegiar lo más sagrado: la vida”.

-        “Señor Ministro usted es muy mal administrador, Saludcoop y Caprecom estallaron en sus manos, más de 6 millones de colombianos que estaban bajo esa cobertura hoy no tienen servicio y excusarse diciendo que usted proyectó la liquidación de las mismas no es la respuesta”.

-       La economía solidaria, el movimiento cooperativo y los pacientes no merecen a Palacinos, pero menos merecen a interventores del Estado que acaban con su patrimonio y contratan irresponsablemente.

-       El accionar de la Superintendencia demuestra la falta de responsabilidad y de criterio con que no debe ser administrado un recurso de todos. La austeridad debía ser el criterio para administrar.

-       La fiscalía debe investigar si existió complicidad por parte de funcionarios de la Superintendencia de Salud con los desaciertos, negligencia y corrupción con la que Grosso gestionó a Saludos

-       No sirven funcionarios de la Superintendencia de Salud porque realizan cifras maquilladas para posibilitar su accionar.

El senador Jorge Iván Ospina del Partido Alianza Verde presentará el Proyecto de Ley que establece el Registro Nacional de Identificación Balística para las armas de fuego que circulen en el territorio nacional colombiano, proyecto que será presentado conjuntamente con su copartidario, el senador Antonio Navarro Wolff.

Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde mayor cantidad de armas de fuego circula, en este sentido, el Senador Ospina afirmó que “es muy preocupante que en Colombia no exista un registro obligatorio de las huellas balísticas de las armas de fuego legales, por lo que no sabemos cuántas de estas armas son utilizadas por la criminalidad”.

“En nuestro país el homicidio sigue teniendo tasas enormes: el 85% de los homicidios que ocurren en Colombia son provocados por armas de fuego, de los cuales el 90% son armas de fabricación industrial y desafortunadamente el 80% de los homicidios quedan en la impunidad, por esto la Alianza Verde propone que exista un registro de las armas de fuego y de su huella balística. Si se tuviese ese registro sabríamos cuantas armas de fuego de manera legal son utilizadas por la criminalidad contra la vida y la integridad de los colombianos”, agregó el senador Jorge Iván Ospina.

Cabe anotar que la huella de identificación balística está conformada por las marcas características que el extremo o punta de la aguja de percusión del arma ha dejado grabadas en el lugar de impacto sobre casquillo, y por las marcas que el cañón de un arma de fuego efectúa sobre una ojiva cuando sale eyectada por un disparo.

Con esta iniciativa legislativa el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Defensa Nacional, llevará el Registro Nacional de Identificación Balística, conformado por el archivo físico y digital de la huella balística de cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional amparadas bajo permiso para tenencia, para porte y especiales. Tendrá acceso al Registro Nacional de Identificación Balística la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las autoridades judiciales en investigaciones donde se involucren armas de fuego.

Igualmente, el proyecto de ley estipula que el Gobierno Nacional reglamentará el mecanismo para obtener en un plazo no mayor a un (3) años la huella balística de las armas de uso privativo de la Fuerza Pública y obtener en un plazo no mayor a tres (2) años la huella balística de las armas autorizadas con permisos para tenencia, para porte y especiales, por particulares y los servicios de vigilancia y seguridad privada. En el caso de los salvoconductos para personas naturales y empresas de vigilancia, los costos para la realización del registro de la huella balística correrán por parte del solicitante.

Bogotá D.C.,  mayo 23 de 2016- El senador Jorge Iván Ospina manifestó su desacuerdo con lo expresado por el Ministerio de Defensa Nacional y por quienes argumentan que la periodista Salud Hernández, debió haber solicitado protección de la fuerza pública para visitar el Municipio de Tarra, Departamento de Norte de Santander.

Para el Senador del Partido Verde, el gobierno olvida que es deber de obligatorio cumplimiento del Estado colombiano, garantizar la vida, la integridad personal, la seguridad y la libertad de todas las personas en todo el territorio nacional, en este caso, de la periodista de nacionalidad colombo - española.

“No pueden justificar el secuestro de Salud Hernández por visitar zonas inhóspitas del Catatumbo, ella como periodista, ejerciendo su función de investigar e informar, puede ir a cuanto rincón de este país desee”, enfatizó Ospina.

Respecto a las implicaciones de esta grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el Senador Ospina afirmó que “el Ejército de Liberación Nacional –ELN, no solamente se equivocó secuestrando a Salud Hernández, sino que puso en peligro el desarrollo de un futuro Acuerdo de Paz con ellos”.

Finalmente, el Senador del Partido Verde, condenó con vehemencia esta acción criminal, considerando que además tiene consecuencias en el actual Proceso de Paz con la guerrilla de las FARC, y “otorga herramientas para que aquellos que quieren que Colombia .

Bogotá D.C., mayo 10 de 2016. Por iniciativa de los senadores Jorge Iván Ospina, Mauricio Delgado y Edison Delgado, la Comisión Séptima del Senado de la República, encargada de temas sociales como el trabajo, la salud, la recreación, el deporte, la vivienda, la economía solidaria, la mujer y la familia, entre otros asuntos, sesionará el próximo miércoles 11 de mayo de 2016 a las 9:00 am en la ciudad de Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, Auditorio "José Fernando Arroyo Valencia".

La Sesión tendrá como objetivo discutir el tema de la crisis de la salud en el Departamento del Valle del Cauca, específicamente, confrontar con el Gobierno y los Organismos de Control, las deudas (cartera vencida) de las EPS (contributivas y subsidiadas), con los hospitales públicos (ESES) del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud del Valle del Cauca, como el Hospital Universitario del Valle.

A esta sesión ha sido citado el Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, el Ministro de Hacienda Mauricio Cardenas Santamaria, el Superintendente Nacional de Salud Norman Julio Muñoz, la Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, la Secretaria de Salud Departamental María Cristina Lesmes, el Alcalde de Cali Maurice Armitage, el Secretario de Salud Municipal de Cali Alexander Durán, la Directora Ejecutiva de GESTARSALUD Elisa Torrenegra y el Presidente de ACEMI Jaime Arias Ramírez.

Igualmente han sido invitados el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, el Defensor del Pueblo Alfonso Cajiao Cabrera, el Contralor General Edgardo Maya Villazón, el Director Ejecutivo ACHC Juan Carlos Giraldo Valencia y la Directora Ejecutiva de ACESI, Olga Lucia Zuluaga.

Por su parte, el Ex Director del Hospital Universitario del Valle y Ex Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien en su ejercicio como Senador de la República ha liderado la defensa de la salud, como un derecho fundamental que tienen todos los Colombianos, enfatizando que el Gobierno debe promover, respetar y garantizar este derecho que se encuentra estrechamente vinculado con la vida y dignidad del ser humano; ha afirmado que "ante la grave crisis de la salud, el gobierno debe encontrar nuevas fuentes de financiación; la salud es vida, y con la vida no se juega".

Asimismo, el médico y Senador del Partido Verde, ha reiterado que la corrupción es el cáncer que está acabando con el sistema de salud colombiano, por lo que ha solicitado condenas ejemplares para los responsables. "Se debe luchar fuertemente contra la corrupción en la compra de medicamentos, en la contratación de personal y servicios, y contra políticos que están metidos en las EPS´s y con EPS´s que piensan en el negocio y no en la vida del paciente", agregó Ospina.

Las conclusiones de la Sesión de la Comisión Séptima del Senado sobre la crisis de la Salud en el Valle del Cauca, se darán a conocer en una rueda de prensa que se llevará a cabo al finalizar la Sesión.