“Hay que reconocer que esto es un gran avance que venía siendo reclamado por la mayoría de nuestros compatriotas”: senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"La coca es la munición que sega la vida de militares, policías y civiles y el combustible que financia la violencia y la extorsión": senador José Darío Salazar (Partido Conservador)

El pasado paro campesino del Catatumbo que paralizó al Norte de Santander por casi dos meses, ha llevado al Presidente Santos a tomar decisiones de extrema gravedad. Para calmar las protestas, Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de la erradicación manual obligatoria de la hoja de coca en municipios de dicha región. Esto quiere decir que la fuerza pública por orden de su comandante, no puede, ni está erradicando los cultivos ilícitos en dicha área.

Según el informe sobre censo de cultivos de coca de 2012, publicado en el mes de junio de 2013, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), de las 48.000 hectáreas de coca sembradas en el país, en el Norte de Santander y especialmente en la región del Catatumbo, hay 4.516 hectáreas sembradas para el año 2012, casi el 10% del total nacional, esto es 29% más que en el 2011, periodo en que habían 3.490 hectáreas y 59% más que en el 2010 cuando habían 1.889 hectáreas sembradas con hoja de coca en el Catatumbo.

Según el mismo informe, la región del Catatumbo produce 6.100 kg de hoja de coca por hectárea al año, la mayor producción por hectárea en el país, mientras que en la región pacífica se producen 4.400 kg por hectárea, en el Putumayo y Caquetá 4.000 kg por hectárea y en la Sierra Nevada 3.100 kg.

Según el mismo informe la producción de cocaína pura procesada en el 2012 en nuestro país, fue de 309 toneladas métricas. En el Norte de Santander, con énfasis en el Catatumbo, se estarían produciendo 29 toneladas métricas de cocaína en el 2012, o sea 29.000 kg en un año. Según el informe de la UNODC de junio de este año, el precio de 1kg de cocaína en EEUU es de 27.000 dólares y en Europa es de 53.000 dólares.

Con toda razón el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, declaró a Caracol, el pasado 25 de Septiembre: "Hemos dicho que el Catatumbo es la billetera del secretariado de las Farc, y no vamos a permitir que se convierta en una guarida de bandidos".
Pero otra cosa piensa el Presidente Santos, quien dio la orden de suspender la erradicación manual obligatoria de la coca en el Catatumbo.

Lo que su gobierno debe hacer es cumplirle a los campesinos de esa región con los proyectos de caña panelera, frijol, cacao, café, ganadería y buscar para ellos y para todos los campesinos de Colombia, seguros de cosecha para garantizarles una rentabilidad. De la misma forma cumplir los compromisos del gobierno de financiar en principio sus propuestas agropecuarias por 210.000 millones de pesos.

Es necesario que en el Catatumbo, como en otras zonas campesinas del país se avance en la construcción de bienes públicos como distritos de riego, acueductos y alcantarillado, arreglo de las vías, puestos de salud y aulas educativas de calidad, crédito pagable y sobretodo seguridad para que puedan trabajar en paz.

La decisión del Presidente Santos, termina financiando la violencia contra los propios campesinos, contra los hombres de nuestra fuerza pública y contra nuestros compatriotas. Dicha decisión que debe tener de fiesta a los subversivos que dominan el Catatumbo, y manipularon el paro campesino a favor de sus intereses nefastos, es un atentado contra la tranquilidad de esa región y de la patria.

"Lo sucedido en 3 semanas del presente mes, habla por sí solo sobre el destino amargo al que nos dirigimos si no se da un viraje de 180 grados en los diálogos de La Habana": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Tenía razón el presidente Juan Manuel Santos, cuando al inicio de su dialogo de paz en La Habana, nos pidió paciencia, porque como él mismo lo afirmó, seguramente las acciones violentas de la subversión contra nuestros compatriotas y contra el país se iban a incrementar. A sabiendas de lo que iba a suceder, el jefe de estado, se embarcó en un proceso de paz en el que el pueblo no cree y los protagonistas, los señores de las FARC, vienen incendiando el país.

El avance de la subversión de marca mayor y lo que ha sucedido durante las 3 semana del presente mes, habla por sí solo sobre el destino amargo al que nos dirigimos si no se da un viraje de 180 grados en los diálogos de La Habana: El 3 de octubre una escalada terrorista derribó cinco torres de energía en el sur del país, el atentado dejó sin fluido eléctrico durante 8 días a más de 300 mil habitantes en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Magui, y Roberto Payan en el departamento de Nariño, simultáneamente, los subversivos detonaron explosiones que volaron el oleoducto trasandino en el municipio de Ricaurte.

El 4 de este mes, guerrilleros de las FARC asesinaron en el área rural del municipio de Solano, Caquetá, a dos soldados e hirieron a otro uniformado y a una civil. El 7 de este mes 3 ataques de la guerrilla dinamitaron el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca y Norte de Santander, provocando el derrame de crudo y la contaminación de dos ríos. En Barrancabermeja y en Canta Gallo, sur de Bolívar se produjeron atentados contra un gasoducto y un poliducto, lo que generó la suspensión del suministro y el cierre de 30 pozos. También se registraron otras 2 explosiones que afectaron el gasoducto Galán-Sebastopol.

El 9 de este mes los subversivos del frente 59 de las FARC, dinamitaron un tramo del gasoducto Antonio Ricaurte, que transporta gas desde Manaure, en la Guajira, hasta el estado de Zulia en Venezuela.

El 10 de este mes fueron dinamitadas cuatro torres de energía en el departamento de Nariño. Los guerrilleros también destruyeron subestaciones ubicadas en el Cauca. Los atentados dejaron sin energía parte de los municipios de Bolívar, Mercaderes, Florencia, Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer y La Vega, Toribio y Caldono.

El 10 de este mes las FARC secuestraron al patrullero John Freddy López en Mercaderes, Cauca.

El pasado 12 de este mes las FARC iniciaron un paro armado en el Chocó, que obligó a suspender el desplazamiento de los habitantes y la mayoría de sus actividades. El mismo día, las FARC atacaron un puesto de policía en Bellavista, Chocó y una base militar en Rio Sucio, matando un soldado, igualmente incendiaron una avioneta en Vigía del Fuerte y un bus en la vía Quibdó - Yuto a 20 minutos de la capital de Chocó.
El 13 de este mes en Uribía, Guajira, el frente 59 de las FARC destruyó 300 metros de línea férrea descarrilando 43 vagones cargados de carbón del Cerrejón, lo que produjo el vertimiento de 4.730 toneladas del mineral.

Ese mismo día las FARC destruyeron 3 torres de energía en Dibuya, Guajira y un artefacto explosivo sembrado por la guerrilla hirió 8 personas en Anorí, Antioquia. El 15 de este mes los subversivos destruyeron un puente sobre el rio Maldivá en Santander de Quilichao, Cauca, cuya explosión destruyó 10 casa y dejo decenas de heridos.
El 16 de este mes en Puerto Valdivia, Antioquia, el frente 18 de las FARC atacó un bus de servicio público, matando a un civil e hiriendo a 4 más.

Mientras los subversivos cobran vidas humanas y destruyen la riqueza nacionales, el presidente Santos mantiene la orden de no erradicar la coca en el Catatumbo, con cuyo producido los violentos financian parte de su plan terrorista.

"El gobierno del Presidente Santos, va de mal en peor, no aprende y en su propósito de mostrar resultados basados en premisas falsas, insiste en cometer errores": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"Debe el Congreso de la Republica, hoy más que nunca, salir en la defensa del sector agrario colombiano": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"El fomento de la agroindustria es indispensable para el desarrollo de miles de hectáreas que sin la inversión privada no se desarrollaran": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"Bastante derroche ha habido de recursos públicos como para darnos el lujo de malgastar más": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Durante los últimos años Colombia ha estado en una carrera por firmar tratados comerciales sin reparar mucho en los efectos sobre la industria.

"Hoy importamos casi dos millones de toneladas de alimentos, de enero a mayo de este año, especialmente cereales, frutas y vegetales": senador José Darío Salazar (Conservador).

El legislador conservador felicitó a los 330.094 colombianos que firmaron la convocatoria al Referendo y especialmente a quienes promovieron y recogieron las firmas.

"La crisis financiera más trascendente, pues afectó a las economías de varios continentes, fue la producida por las hipotecas impagables en Estados Unidos": senador José Dario Salazar (Partido Conservador).

Esto llevó a la quiebra de varios bancos americanos, a la crisis económica de las grandes empresas de automotores, a la quiebra de empresas inmobiliarias y al despido masivo de miles de empleados, que obligó al estado a salir al rescate de la economía a través de estímulos monetarios sin precedentes y a la Reserva Federal a tomar medidas nunca antes vistas. Desde el inicio de la crisis en el año 2007 hasta ahora el gobierno americano destinó 1.2 millones de dólares a la compra de deuda hipotecaria; 200 mil millones de dólares para respaldar los créditos de las empresas y los hogares, 300 mil millones de dólares adicionales para respaldar la deuda pública y paulatinamente fue reduciendo sus tasa de interés desde 5.25% hasta llegar a 0%. Toda esta masa monetaria y la baja drástica de las tasas de interés cumplieron el objetivo de darle liquidez al mercado. Los efectos de estas medidas dieron resultados porque se recuperaron empleos perdidos, se devaluó el dólar permitiendo que aumentaran las exportaciones y se dinamizó la economía que hoy crece al 2.4%.

Las anteriores medidas y la propia crisis llevó a que grandes capitales que estaban en los países industrializados migraran hacia economías como Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y otros países en vías de desarrollo con el propósito de hacer inversiones, ganar mayor rentabilidad y conseguir mejores tasas de interés. Este flujo de capitales dinamizó las economías emergentes pero también revaluó sus monedas abaratando las importaciones y encareciendo las exportaciones. Este último efecto acabó con muchos puestos de trabajo y, particularmente en Colombia, los sectores agroindustriales se vieron muy afectados. Lo propio ha venido pasando con la industria de las manufacturas.

A raíz de la recuperación de la economía americana que hoy se evidencia, la creación de 195 mil nuevos puestos de trabajo para junio, adicionales a los creados en meses anteriores, y seguramente la inflación que está causando el exceso de liquidez, el presidente da la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha expresado que a corto plazo se empezarán a disminuir los estímulos monetarios; este anuncio ha causado una estampida de capitales que ahora están migrando de países en vías de desarrollo hacia la economía estadounidense con claros síntomas de recuperación. Los efectos no se han hecho esperar: la revaluación del dólar, el encarecimiento de las deudas contraídas en la moneda extranjera, el encarecimiento de las importaciones, el encarecimiento de la deuda pública, la caída de las bolsas de los países latinoamericanos, y el alza de las acciones de las bolsas americanas y europeas y el aumento en los intereses que debe pagar el estado colombiano por sus TES.

Todo indica que el tiempo de las grandes inversiones en América Latina y la llegada de grandes capitales se va a revertir o por lo menos se va a desacelerar, ojala parte de la masa monetaria que llegó a buscar refugió en Colombia cuando las épocas de vacas flacas de la economía americana lo haya hecho para quedarse. Lo que está sucediendo puede volver a dinamizar nuestra industria vía exportaciones pues tendremos un peso devaluado. Sin embargo insistimos, si no hay seguridad y continua la extorción a las empresas, si no se acelera la construcción de una nueva infraestructura para el país y si no ayudamos al campo colombiano con programas de verdadero desarrollo para sacarlo de su postración, habremos dilapidado otra oportunidad para que los diferentes actores de la vida nacional, cada uno desde su medio de acción, armonizados, cumplamos nuestra responsabilidad con la patria.

El paro agrario programado para el próximo 19 de agosto, el cierre en el primer trimestre de este año de 26 compañías, entre las que se incluye Icollantas, son muestra que la economía no está bien.

Según un informe de la Superintendencia de Sociedades, en el primer trimestre del año, 26 compañías de los sectores agropecuarios, comercio, construcción, manufacturero, servicios y de transporte, se acogieron a la figura de la liquidación obligatoria. El 34% corresponde al comercio, 23% al sector manufacturero y el 13% al sector agropecuario.

El Gobierno parece no entender que el enfoque internacional que le ha dado a la economía no es suficiente para sacar al país adelante. Esto ha generado que de forma anticipada los sectores productivos sufran un proceso de desindustrialización.

La llegada masiva de bienes agrícolas subsidiados procedentes de otros países que protegen su producción, el inmenso contrabando de manufacturas, especialmente textiles y calzados, los costos excesivos de nuestra energía, la revaluación alimentada por el ingreso de capitales golondrinas en búsqueda de mejores tasas de interés, la ausencia y la lentitud en la construcción de una infraestructura moderna en vías, la inseguridad y la extorsión que se vive en campos y ciudades son factores que sumados, están destruyendo parte importante del aparato productivo y desindustrializado el país.

El modelo económico actual que prioriza la industria del petróleo y la minería y que abre nuestro mercado indiscriminadamente a los TLCs sin las previsiones necesarios para poder competir en igualdad de condiciones está contribuyendo a generar una economía informal sin precedentes hasta tal punto que más del 50% de los trabajadores colombianos viven en condiciones denigrantes. En abril del 2013 se perdieron 250.000 empleos en el sector manufacturero y 170.000 empleos en el agro.

Según el DANE, en el trimestre marzo a mayo los sectores que más han contribuido con el empleo fueron comercio, restaurantes y hoteles con un 5.2%; transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 5.2% y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 10%. Sin embargo algunos sectores tuvieron un variación negativa, contribuyendo al desempleo, como construcción con un decrecimiento del 8.5%; agricultura y ganadería y pesca con un 5.7% de disminución; la industria manufacturera con una caída en 2.7%
En el empleo.

La industria, definitivamente no pinta mejor. Si bien para el mes de abril los resultados fueron positivos, para el primer cuatrimestre del año todavía se observa una caída del 2.7%. En especial han caído sectores como el de confecciones, con el 12.7% de variación, y el de papel, cartón y sus productos
Con una caída del 8.7%

Las importaciones en el mes de abril aumentaron 16.5% frente al mismo mes de 2012 y en 4.7 % en el primer cuatrimestre del año, frente igual periodo de 2012. Las importaciones que mayor variación tuvieron fueron las manufacturas con un crecimiento del 76.8%. Incluso las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 10.9%. Mientras que las exportaciones para el mes de abril cayeron 1.2% frente a 2012. En general las exportaciones del primer cuatrimestre del años cayeron 7.3% frente a 2012.

En muchos de los casos como en el sector cafetero, el arrocero, el papelero entre otros han sentidos que el gobierno les ha ayudado a apagar incendios pero reconocen que la crisis continúa y que no ha sido suficiente. La mayoría de los sectores expresan que están trabajando a perdida. Frente al sector manufacturero la situación es similar.

Velar sobre todo por la productividad nacional, debe ser una prioridad del Gobierno. Si no lo protege es claro que la competencia internacional terminará arrasando con la industria nacional y con el sector agropecuario.

El congresista a través de un comunicado hace referencia sobre la condición puesta por el presidente Juan Manuel Santos para iniciar negociaciones con el grupo armado.

Bogotá, julio 4 de 2013, (Prensa senador José Darío Salazar).-El senador conservador José Darío Salazar expresó que el presidente Santos no debe condicionar el inicio de las negociaciones de paz con el ELN a la sola liberación del ciudadano canadiense Jernoc Wobert, vicepresidente de la multinacional minera Braeval Mining Corporation, y quien se encuentra secuestrado desde el pasado mes de enero.

"El presidente Juan Manuel Santos debe también exigirle al ELN, previo a los diálogos de paz, la liberación de todos los militares y civiles colombianos que se encuentran secuestrados en su poder, y no ser discriminatorio contra nuestros compatriotas", manifestó el senador Salazar.

"En ninguna parte de la convención se consignó y no podía hacerse porque los océanos no tienen dueño": senador Jose Darío Salazar (Partido Conservador).

En mayo de 1949 EE.UU. y Costa Rica suscribieron la convención para el establecimiento de una Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT). Sus objetivos fundamentales desde su creación fueron llevar a cabo investigaciones sobre la abundancia de los atunes de las aguas del Océano Pacifico oriental y promover y recomendar medidas para su conservación.

En ninguna parte de la convención se consignó y no podía hacerse porque los océanos no tienen dueño, que la CIAT, tendría la facultad de restringir los volúmenes de pesca de atún, asignar cuotas limitadas a los países o el número de buques que pudieran pescar. Sin embargo, con el correr del tiempo la CIAT se atribuyó estas funciones. Para mostrar la inequidad de esto: a Ecuador que tiene 15.000.000 de habitantes le asignó un derecho a pescar de 70.290 toneladas métricas (TM) de atún trimestralmente, a Panamá, con 3.700.000 habitantes le asigno 16835 TM trimestrales; a Nicaragua con 6.000.000 de personas, 11.176 TM, a Venezuela con 30.000.000 de habitantes y sin costas en el Océano Pacifico le asignó el derecho a pescar 24289 TM; a Colombia, país ribereño del Pacífico le asignó 10.966 TM también trimestralmente.

Todo esto se hace de forma arbitraria y abusiva, como fue la solicitud de la CIAT a nuestro gobierno, de sancionar a 2 buques colombianos, el Marta Lucia y el Dominador, a los que la autoridad de pesca colombiana les negó la licencia para pescar porque están en la lista de ilegales que confecciona la CIAT.

Vale la pena anotar que del 100% de la pesca en Colombia, lo que se ha venido pescando en San Andrés representa tan solo el 1%, el 98% se pesca en el Océano Pacifico y la inmensa mayoría es atún y vale la pena también anotar que lo que se perdió en pesca en San Andrés por el Fallo de la Haya representa tan solo el 6% de lo que están dejando de pescar los dos buques, aproximadamente 7500 TM de atún al año. El no otorgamiento de la licencia para pescar a esos buques, ha representado el despido de sus trabajos de aproximadamente mil mujeres cabezas de familia.

Cuando Colombia hizo adhesión formal a la CIAT en septiembre de 2007, el presidente Uribe al aceptar dicho instrumento internacional dejo consignada la siguiente nota: "El gobierno de la Republica de Colombia declara que ninguna disposición de la Convención ni las decisiones ulteriores adoptadas en relación con ella y no previstas en la misma, entre otras la definición del área del Océano Pacifico Oriental (OPO), la incorporación o exclusión de naves del registro regional de buques y la asignación de capacidades de acarreo, puede ser interpretada como una modificación de la posición de la Republica de Colombia frente a dicha Convención o el Derecho Internacional del Mar, en particular sobre sus áreas marítimas respecto de las cuales tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y el Derecho Internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables, o como aceptación expresa o tácita de las disposiciones adoptadas en relación con esta Convención que limiten o tengan por efecto limitar el pleno ejercicio de cualquier derecho del cual es titular la Republica de Colombia"

Sin embargo, el decreto 444 del 1 de marzo del 2012, expedido por el presidente Santos modificó declaración interpretativa y suprimió de ella la siguiente frase: "la incorporación o exclusión de naves del registro regional de buques y la asignación de capacidades de acarreo", esto quiere decir que Colombia acepta las limitaciones de pesca que le imponga la CIAT y también el registro regional de buques ilegales en el que aparecen naves de bandera colombiana. Con esta decisión se consuma un acto derogatorio a una reserva que protegía intereses patrios y soberanos, poniéndonos a merced de países como Nicaragua, pues en la CIÁT, un solo voto de cualquiera de sus integrantes tiene poder de veto a nuestras pretensiones.

El año no lleva seis meses de corrido y se sienten los efectos de la crisis económica.

Según el DANE, en el último trimestre la producción del país ha caído hasta en 50% para algunos sectores. En un 50.6% cayó la producción de carrocerías para vehículos automotores; partes, piezas y accesorios para vehículos automotores decreció 25.1%; vehículos automotores y sus motores disminuyó en 10.4%. La producción de los ingenios, las refinerías de azúcar y los trapiches paneleros redujeron su producción en 29.6%; la de prendas de vestir y confecciones decreció en 16,4% mientras que los textiles cayeron en 24.6%. Esto solo por mencionar algunos sectores. De hecho el anexo del boletín de la muestra mensual manufacturera del DANE es decepcionante, es ver una fiesta de signos negativos. La mayoría de los sectores presentaron un decrecimiento, fueron 37 de 48 sectores analizados.

Desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, la producción ha disminuido 1.6% frente al mismo periodo del año anterior. Solo en el último trimestre decreció 6.1% frente a igual periodo de 2012. En el último trimestre del año pasado la producción cayó 1.9%. El año 2012 empezó con una tasa de variación de la producción positiva de 2.0%, y venía de estar creciendo entre un 3.5% y una tasa de 6.2% en el 2011. En el segundo semestre de 2012 las tasa de crecimiento de la producción fue de 0.4%. Al ver los resultados de los primeros dos trimestres del año 2012 era evidente que algo estaba destruyendo parte de la productividad del país.

El Banco de la República empezó a finales de julio del año pasado a reducir su tasa de intervención. Sin embargo, no solo esas disminuciones no se han reflejado de la forma esperada en las tasas de interés de los bancos comerciales sino que tampoco han contribuido a reactivar la situación de la economía.

Sorprende que un plan de apoyo anti cíclico salga cuando hay ya casi un año de malos resultados. ¿Por qué no se tomaron medidas con anterioridad a que el problema se agravara? Debe alarmarnos que durante todo este tiempo el gobierno entregó datos positivos de empleo, en este sentido vale la pena preguntarse cómo era que estaba creciendo el empleo si la producción estaba decreciendo. ¿Se están sumando, indiscriminadamente, empleos informales con formales?

Entre las medidas que están contempladas hay una que tal vez produzca efectos positivos, es el subsidio a la compra de vivienda nueva en forma de un menor interés en los créditos. Esto debe estimular la construcción que ha tenido un buen desempeño según los datos del primer trimestre del DANE en cuanto a licencias aprobadas, con un 32.1% de aumento en el área aprobada respecto al mismo periodo de 2012, crecimiento que en su mayoría viene explicado por un 75.6% de crecimiento en área aprobada para vivienda de interés social.

En una entrevista concedida al diario La República el primer ministro de Nueva Zelanda, comentó que al eliminar los subsidios en ese país, los campesinos se adaptaron a la economía de mercado y se convirtieron en eficientes. Una medida como esta es imposible en una Colombia sin vías rurales, sin infraestructura de carreteras secundarias, con pocos kilómetros de dobles calzadas, con la producción agrícola concentrada lejos de los puertos y, sin acceso rápido a estos, sin tecnología en el campo, sin distritos de riego.

En este momento y con las cifras como están, lo que es claro es que cualquier apoyo que se dé al campesino es más que justificado y necesario y no debe ser fruto de presiones y protestas legítimas, sino el desarrollo de una política de redención del campo que pague la deuda histórica con este sector.

"Según datos de la Comisión de Estados Unidos de Comercio Internacional, las exportaciones de lácteos a Colombia, enero a marzo de 2013, crecieron en 208.5% frente al 2012": senador José Darío Salazar Cruz (Partido Conservador).

En la Comisión de Estados Unidos de Comercio Internacional, se encuentran datos consolidados de cómo, no solamente las exportaciones de lácteos de EEUU han crecido el doble, sino también las de productos como la soya que han aumentado en más del 400%.

En general las exportaciones de productos agrícolas de EEUU hacia Colombia han aumentado un 62%.
El total de bienes exportados desde Estados Unidos hacia Colombia para el periodo mayo 2012 a marzo 2013 fue de USD $15.9 billones y presentó un crecimiento de 20%. Mientras lo exportado hacia ese país ha decreció en 9.11%.

Estas cifras muestran un evidente desequilibrio, en contra nuestra, en el ritmo de crecimiento actual del intercambio comercial en materia agrícola con EEUU. Cosa distinta es que en materia de exportaciones de productos tradicionales del mismo sector como el café, las flores y el banano, mantengamos superávit debido a que EE.UU no producen estos bienes.

Otro aspecto preocupante es la reciente cifra del sector industrial que informa que entre enero y marzo la producción en el país cayó 3% generando un desestimulo para los empresarios que tenían pensado hacer nuevas inversiones. El panorama sombrío se confirma sobre sectores de la industria como los textiles, cuya producción cayó 23,6%; autopartes que se redujo en 19,2%; vehículos en 9,9%; hierro y acero cayeron en 11,8% y calzado en 13,4%.

Insistimos en que la alianza que se está negociando con México, Perú y Chile merece todo el cuidado del gobierno nacional. México es gran productor agrícola y desde hace casi 20 años tiene un TLC con EEUU, sin embargo, los resultados son evidentes: para poner un solo ejemplo: el del sector lácteo, antes de la entrada en vigencia del TLCAN había en México 180 mil ganaderos en la actualidad quedan solo 32 mil ganaderos, el 82% de los pequeños productores desaparecieron y el hato mexicano se estabilizó en 31 millones de cabezas de ganado.

Frente al agro, en el 2002, el Banco Mundial en un documento referido a México dijo: "Se puede decir que este sector [rural] ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural [...]. Esto plantea un importante problema de política, debido a que a partir de 2008 el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos".

Con este modelo, lo que queda claro es que el sector agrícola de Colombia tiene un perspectiva gris.

Es necesario la ejecución rápida de proyectos de infraestructura; la construcción masiva de distritos de riego no da espera, los subsidios al campo son una necesidad, el costo de los insumos tiene que controlarse, el acceso a préstamos para la industria y la agricultura tiene que mejorar, las tasas de interés deben bajar, los controles al ingreso de divisas deben hacerse, el combate al contrabando debe ser eficaz.

Lamentablemente, el optimismo del Presidente Santos, al anunciar que nuevos productos frutícolas y exóticos se empiezan a exportar a los EEUU, se opone la realidad de las cifras. Estas no mienten y deben mirarse en conjunto: al aumento del desempleo en el campo en el último año, se suma la caída en 3% del sector industrial y a su anuncio de que cancelaran nuevas inversiones ante el estancamiento de las ventas, la subutilización de su capacidad instalada, la disminución en el consumo y el mal clima para los negocios.

"El agro colombiano tiene 20 años de rezago tecnológico y por eso la producción no es más competitiva, además del evidente problema del retraso en infraestructura": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Esta semana fue aprobado en el Congreso un acuerdo marco para impulsar la integración con Perú, Chile y México, con el propósito de dinamizar el trabajo conjunto hacia la cuenca del pacifico y el continente asiático y, profundizar los tratados de libre comercio vigentes entre los cuatro países latinoamericanos, incluyendo el nuestro.

El problema es que esta negociación, que ratifica los acuerdos comerciales ya establecidos, implica que dichos acuerdos aplicarían para todos los productos, incluso aquellos sensibles para los cuales los países se habían reservado una protección en las negociaciones iniciales.
Con Perú, Colombia ya ha liberalizado casi todos los productos y no hay nada más que negociar; sin embargo, con México y Chile hay algunos productos con los que se debe ir con cuidado.

Nuestra balanza comercial con México es deficitaria, es decir, que es más lo que importamos de ese país que lo que exportamos. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el periodo enero-febrero de este año, el déficit ha sido un poco más de USD$665 millones de dólares, para el mismo periodo de 2012 fue un poco más de USD$806 millones y para el 2012 de USD$596 millones, siempre deficitaria.

Con Chile la balanza todavía es superavitaria; sin embargo, se presenta un problema con este país, pues tiene una clausula en el acuerdo con Brasil que le exige extenderle los beneficios que otorga a otros países, en este caso hay productos como el azúcar y el café que sufrirían considerablemente pues la producción brasileña invadiría el mercado chileno.

México es firme a la hora de esta negociación y siempre trata de proteger su economía, especialmente los productos del agro, sector que fue duramente golpeado después del acuerdo comercial que suscribió con Estados Unidos; de algo debió servirle esa amarga experiencia. De ahí que todavía mantiene un 4% de sus productos protegidos. Chile mantiene el 2% de sus productos protegidos y Colombia el 3%; sin embargo, la intención que ha dejado ver el gobierno colombiano es liberalizar el 100%, mientras que los productores del agro han sido claros en pedir que al menos el 2.75% de sus productos permanezcan fuera de la negociación y se conserve el mecanismo de las franjas andinas que ofrecen un mínimo de protección hacia nuestros productos; si estas se eliminan, tal como lo buscaran los otros países de la cuenca del pacifico, defensa en la que nuestro Ministerio de Industria y Comercio ha sido tibio, traerá la debacle para nuestros agricultores y los millones de empleados y sus familias que viven de las actividades del agro.

Por ejemplo, para el caso de la carne de cerdo, si esta llegara a liberalizarse por completo o limitada mediante contingentes, México sería un gran beneficiado y también Chile. Mientras México y Chile exportan 64 mil y 100 mil toneladas de este producto al año respectivamente, según un documento de la SAC, Colombia produce apenas 241 mil toneladas y no tiene capacidad de exportación. Si por alguna razón nuestro país lograra ser exportador no podría entrar al mercado mexicano pues, este mediante barreras fitosanitarias, exige que la carne que entre sea libre de aftosa sin vacunación, elemento que Colombia no cumple.

El agro colombiano tiene 20 años de rezago tecnológico y por eso la producción no es más competitiva, además del evidente problema del retraso en infraestructura.

La fiebre del Presidente Santos por ser protagonista de la Alianza del Pacifico no debe precipitar las negociaciones y cada cosa debe ser bien estudiada, porque en materias tan delicadas donde está en juego el agro colombiano, ávido de tantas reivindicaciones, los beneficios otorgados deben traducirse en mayores beneficios recibidos.

"Si el café es el producto agrícola que más se cultiva en Colombia y que más empleo genera, el cultivo de caña de azúcar no se queda atrás": senador José Dario Salazar (Partido Conservador).

Mientras que la producción de café está en 20 departamentos la producción de caña está en 26. El solo cultivo de esta para la producción de panela genera 1.75 millones de empleos entre directos e indirectos y 49 millones de jornales al año. Existen 240 mil hectáreas productoras de caña panelera distribuidas en 70 mil fincas para un promedio aproximado de 3.5 hectáreas por finca, sólo el 5% de la producción nacional panelera es desarrollada a través de explotaciones superiores a las 50 hectáreas. Se producen 1.4 millones de toneladas al año. La India, el primer productor de panela en el mundo, produce 7.214.000 toneladas.

Las hectáreas de caña para azúcar y alcohol carburante son 230 mil. Estas producen 2.5 millones de toneladas de azúcar y 400 mil toneladas de alcohol. Apenas el 25% de estas hectáreas pertenecen a los ingenios y el restante 75% pertenecen a proveedores que son 1500 productores independientes. El sector azucarero en el país genera 300 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos.

En los últimos años, las importaciones de azúcar han aumentado de forma descontrolada, afectando la estabilidad de estos empleos y finalmente el desempeño económico de muchas empresas y familias que se dedican a esta producción, algunas de las cuales han decidido dejar de cultivar caña. El año pasado se importaron 320 mil toneladas de azúcar. Lo triste es que estas importaciones solo benefician a un pequeño grupo de empresarios, y un selecto grupo de empresas entre multinacionales y nacionales que no generan mayor empleo, comparado con los que derivan del cultivo de la caña para producción de azúcar y panela.

El gremio de los paneleros han radicado sus peticiones y quejas al gobierno nacional, del que solo obtienen respuestas vacías y, en la mayoría de los casos, evasivas. Hay muchos establecimientos ilegales sin control alguno por parte del gobierno que trabajan con caña robada. Con el azúcar que está ingresando al país, se está haciendo panela adulterada por un precio mucho más bajo que el nacional; mientras el costo de producir un kilo de esta es de $2500 pesos, la que se produce con azúcar importada o de contrabando la están en vendiendo en $1200 el kilo.

Actualmente, se han escuchado voces que pretenden que se quiten las Franjas Andinas de Precios que funcionan de forma que si el precio internacional del azúcar baja, el arancel sube o viceversa. Esta decisión llevaría al cierre de muchos trapiches e ingenios y al despido de miles de trabajadores. Sería un golpe mortal para el sector cañicultor que en total genera aproximadamente 3.55 millones de empleos.

En 2009, el sector panelero tuvo la intención de movilizarse en protesta por la situación que padecen; sin embargo, lograron llegar a un acuerdo con el gobierno. En este acuerdo se habla de $15 mil millones de pesos para la promoción del consumo que, se tradujeron en solo $1200 millones, lo que refleja el incumplimiento de gobierno hacia un sector tan sensible para la economía y la tranquilidad social del país.

"Las cifras son claras; el país y los trabajadores necesitan una reforma pensional inmediata que borre la inequidad existente e incluyente": senador José Darío Salazar Cruz (Partido Conservador).

Las pensiones son uno de los componentes más importantes en una economía y por ello mismo generan grandes preocupaciones. Aquellas permiten que quienes han trabajado aseguren ingresos para su vejez que les ofrecerán modesta pero digna calidad de vida mientras descansan. Estos ingresos también contribuyen a crear un círculo virtuoso en la economía pues, quien tiene capacidad de gasto, consume, deriva ingresos y utilidades para las empresas que, a su vez, pueden mantener y aumentar el número de empleados y producir nuevos ingresos a la economía.

Esta política ha sido un reto para los gobiernos porque ha generado un alto nivel de gasto. Se calcula que el pasivo pensional actualmente está por el orden del 120% del PIB. Sin embargo, en los últimos 20 años alrededor del 40 por ciento de la reducción del PIB, en valor presente neto de las obligaciones por pensiones, se puede atribuir a los efectos de la Ley 100 de 1993 que se centró en la reducción de las tasas de sustitución y del aumento de la edad de jubilación. El restante 60 por ciento de la reducción del PIB se logró con las Leyes 797 y 860 de 2003, al reducir aún más las tasas de reemplazo y, a partir de la reforma constitucional de 2005, se prohibió el uso de regímenes especiales en el futuro. Antes de la reforma de la ley 100 el pasivo pensional estaba en el orden del 200% del PIB.

A través de la Ley 100 de 1993 se instituyó un sistema pensional público-privado en Colombia, con esta reforma se intentaba solucionar tanto cobertura como de sostenibilidad financiera. Con la reforma de la ley 100 y, bajo la ley 797 de 2002, las cotizaciones pensiónales de carácter general se incrementaron en un 1%, llevándolas a 14,5%, encareciendo la nómina de las empresas sin solucionar definitivamente el pasivo ni la cobertura. Después, con el Acto Legislativo 01 de julio de 2005, se buscó incluir elementos que mejorarán la equidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, en esta se tomaron medidas como el tope máximo de 25 salarios mínimos a las pensiones en el Régimen de Prima Media y se redujo el periodo previsto para los regímenes de transición.

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha podido resolver definitivamente los problemas y actualmente uno de los graves realidades del sistema pensional colombiano es que, mientras representa el 22% del gasto público anual tienen una cobertura de apenas el 25%. Otros países como Portugal, aun con la crisis que padece y con un gasto del 21.9%, tiene una cobertura del 82%. Otro de los grandes problemas es la iniquidad del sistema, según un informe de Fedasarrollo, las personas que ganan menos de un salario mínimo legal vigente, alrededor del 90%, no están afiliadas al sistema pensional. Mientras que apenas el 50% entre las personas que ganan de uno a dos salarios mínimos y el 70% entre las que ganan más de dos salarios mínimos, están afiliadas.

Otro informe evidencia que los subsidios del sistema de prima media están muy mal distribuidos pues, mientras que el 0.3% de ellos van al primer quintil, es decir el 20% de la población más pobre, el 80% van al último quintil, el 20% más rico de la población.

Según Fedesarrollo, a junio de 2012 los pensionados en Colombia eran tan solo el 30,1% de la población en edad de pensionarse, lo cual equivale a cerca de 1,5 millones de personas. El Ministerio de trabajo, habla de 22 millones de colombianos trabajadores, de los cuales apenas 7.7 millones están inscritos al sistemas general de pensiones, sin embargo, comenta que el 90% de estos 7 millones no se puede pensionar pues, o no cumple con las semanas o con el ahorro suficiente.

Las cifras son claras; el país y los trabajadores necesitan una reforma pensional inmediata que borre la inequidad existente e incluyente.

"La Minería en Colombia es el sector que genera los mayores ingresos en el país, tuvo un crecimiento de 5.9%; sin embargo esto no se refleja en las condiciones en que están sus trabajadores": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Mientras Chile exige un mínimo de agua potable por trabajador y por cada integrante de la familia, en Colombia muchos de ellos laboran en condiciones que atentan contra su salud, deben trabajar aspirando los gases tóxicos de las minas, los que deterioran la salud y les acortan su vida dramáticamente. Valdría la pena que el DANE, hiciera un estudio que debe ser sencillo, sobre las condiciones laborales y el promedio de vida de los mineros.

Hay decretos en el país que a lo largo del tiempo se han expedido y que reglamentan condiciones de salud e higiene para la minería. Uno de ellos de 1987, otro de 1993 y el 035 de 1994. Los avances tecnológicos con seguridad obligan ahora hacer una revisión de las normas existentes para ponerlas acordes con la legislación de los países más avanzados sobre estos temas.

El decreto 1335 del 87 aparte de exigir la creación de un Comité de medicina, higiene y seguridad industrial exigió que este proponga las bases de un reglamento, evalúe los programas en aplicación frente al tema, investigue las causas de accidentes y enfermedades, proponga capacitaciones, vigile el suministro de elementos de protección, entre otras funciones. También exige unas condiciones básicas para el aire, en las cuales se mencionan apenas 7 gases de potencial toxico y un mínimo de oxígeno. Menciona, entre otros, valores máximos de concentración de polvos inflamables y de polvos respirables, en especial elementos para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los mineros.

El decreto 2222 del 93 es mucho más completo. Incluye temas de salud, de niveles aceptables de ruido y temperatura en los campamentos y vuelve a mencionar cosas sobre el aire en el trabajo.

El decreto 035 del 94 fortalece los decretos anteriores en términos de que da herramientas para sancionar el incumplimiento.

Chile no solo se toma la molestia de medir las condiciones mínimas de aire, sino también de sanitarios y de duchas por número de empleados. Exige por 100 trabajadores mínimo 7 sanitarios, por cada 10 trabajadores adicionales uno más. Frente a agua potable, exige que cada empleado tenga al menos 30 litros de agua y lo mismo para cada uno de los miembros de su familia, los trabajadores en Chile, si aumentan la cotización pueden disminuir la edad de jubilación hasta en 10 años.

En Colombia frente a climas cálidos hay exigencia de sanitarios y dispensadores de agua potable cerca de las zonas de trabajo; queda la duda de si los que trabajan en climas más frescos tienen derecho a sanitarios y dispensadores de agua cerca de sus zonas de trabajo, y queda todavía la duda de las duchas, donde estarán y cuantas, pues en algunos casos son necesarias para limpiar los gases o líquidos tóxicos a los que se exponen.

Sin embargo, estas normas se quedan cortas en exigir elementos que realmente beneficien y mejores la calidad de vida de los mineros. El Gobierno debe revisar con suma urgencia las normas sobre el tema, actualizarlas para ofrecer a los trabajadores las mejores condiciones laborales y lo más importante, hacerlas cumplir.

"En este momento en Colombia se necesita lograr expansión pues ya se están viendo problemas en la economía": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"Entre las muchas y variadas propuestas que hacen las FARC, llaman la atención algunas partes que ellos proponen para "el desarrollo rural y agrario de Colombia": senador José Darío Salazar (Conservador).

Una de estas propuestas es la que se refiere a cultivos legales de marihuana, amapola y hoja de coca y, sustitución de cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución o para su legalización, atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales.

La sustitución de cultivos ilícitos por producción de alimentos como cacao, café, banano no es tema nuevo ni tiene origen en las propuestas de las FARC. Desde hace años se viene desarrollando en el país esta estrategia que debe profundizarse con mayores recursos para ofrecer al campesino cocalero una verdadera alternativa de producción que dignifique a su vida familiar. Frente a esta política es mucho lo que falta por hacer, sin duda porque el estado ha sido mezquino en destinar suficientes recursos para sustituir la vida de penurias en que viven muchos de nuestros campesinos, por una vida con dignidad.

Después de la erradicación de los cultivos ilegales no se puede abandonar al campesino sin alternativas viables de producción pues, más temprano que tarde volverán a su antigua producción cocalera para proveerse los recursos de su supervivencia.

La propuesta de las FARC, de legalizar los cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca para fines medicinales y terapéuticos o razones culturales, sí es de su propia cosecha.

Frente a esta propuesta debemos decir que ello conllevaría a legalizar medidas que terminen alimentando un negocio ilícito como es la exportación de droga a buena parte del resto del mundo. Lo que se conseguiría al poner en práctica esta propuesta es que cese la persecución de las fuerzas del orden a muchos de quienes se dedican al negocio del narcotráfico. De otra parte, la legalización de la producción de las drogas ilícitas estimulará el consumo y cobrará nuevos adictos, especialmente entre nuestros jóvenes. Veremos seguramente desfilar también hacia nuestro país, tal como sucede en Holanda, jóvenes adictos de otras partes del mundo en búsqueda del paraíso del consumo de drogas en que se convertirá Colombia, que se derivará de la propuesta de las FARC.

Por otra parte los productores de medicamentos y tratamientos terapéuticos no necesitan para producir sus fármacos de la legalización de amplias zonas de cultivos ilícitos. La mayoría de los medicamentos que consumimos los humanos no están elaborados con cocaína, amapola o marihuana. Los precios altos deben reducirse sustancialmente a través del comité de control de precios de medicamentos cuya junta la componen: un delegado del Presidente de la República, el Ministro de Industria y comercio y el Ministro de Salud, comité que por mucho tiempo ha sido indiferente ante los altos costos de los medicamentos en Colombia.

Sería bueno que el presidente Santos nos dijera qué piensa de la propuesta de las FARC sobre la legalización de los cultivos ilícitos ya que, nos anuncia con frecuencia avances y acuerdos en los diálogos pero no nos ha dicho el contenido de las materias acordadas.

"Por cuenta de las políticas de Chávez, se expropiaron tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería, convertidas hoy en fundos improductivos": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

De la Venezuela próspera, ejemplo de inversiones que generaban empleo, de campos propicios para producir sus propios alimentos, de un sector automotriz robusto, de ciudades industrializadas como Valencia, de autopistas e infraestructura pública envidiables, todo ello habitado por un pueblo alegre, ya no queda nada.

Por cuenta del expresidente Chávez y su socialismo del siglo XIX, se destruyeron el estímulo a la iniciativa privada y se expulsó del mercado aproximadamente el 50% de las empresas que producían y generaban puestos de trabajo. El resultado de esto es el inmenso gigantismo del gobierno venezolano que, para reemplazar los puestos de trabajo destruidos en el sector privado, llenó de burocracia innecesaria e ineficiente el sector público.

Por cuenta de las políticas de Chávez durante estos tres lustros, se expropiaron de manera selectiva tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería, convertidas hoy en fundos improductivos. El resultado es que Venezuela que producía maíz, arroz, fríjol, hoy debe importar estos productos y otros como café, azúcar, carne y lácteos en un 75% para alimentar a su pueblo. Como consecuencia de esto Venezuela está sometida a un gran desabastecimiento de alimentos y a la más grande inflación que país alguno en América Latina tenga (20,1% anual) que es el mayor impuesto a los pobres.

Por cuenta del gobierno de Chávez, Venezuela aparece hoy como uno de los países más corruptos del mundo porque las prácticas dictatoriales del ex gobernante y los miembros de su partido único, acabaron con la autonomía e independencia del poder judicial, de los órganos de control y del propio legislativo.

Por cuenta de Chávez la libre expresión en los medios de comunicación cesó, fueron acalladas y canceladas las licencias de funcionamiento a emisoras, periódicos y programas de televisión por disentir de las políticas gubernamentales.

Por cuenta de la ineficiencia del gobierno, Venezuela que está sobre inagotable riqueza petrolera, disminuyó su producción de aproximadamente tres millones de barriles diarios de petróleo a dos millones, a causa de la burocratización e ineficacia administrativa en que está sumida PDVSA que, en otrora, fuera ejemplo de eficiencia, productividad y orgullo de los venezolanos.

Por cuenta de las políticas populistas y demagogas de Chávez, Venezuela, uno de los países más ricos en recursos hídricos del mundo, es también el de mayores racionamientos de energía porque la ausencia de administración de sus hidroeléctricas ha llevado a que éstas funcionen apenas en un 50% de su capacidad instalada.

Al morir el señor Chávez, deja como herencia al pueblo venezolano una deuda pública de aproximadamente 250 mil millones de dólares; por cuenta entre otras de sus equivocaciones, de los abultados giros y subsidios, y compras de deuda pública a Argentina, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, deuda que tendrá que pagar el pueblo venezolano, si le alcanza el tiempo, con hambre, sudor y lágrimas.

A todo ese panorama desolador debe sumarse que el legado de Chávez convirtió a un pueblo amable, de temperamento alegre, optimista, en un pueblo lleno de odios y rencores que, por cuenta de las políticas de Chávez ha convertido su diario vivir en lucha de clases y enfrentamientos que, además ha alimentado una violencia sin igual que deja más de 21 mil muertos anuales en el país y en Caracas, su capital, 5 mil 623, lo que la convierte en una de las ciudades más inseguras del continente.

"Lo que debió hacerse no se hizo: exigir a cada empresa que invierta en métodos apropiados de extracción y transporte", senador José Darío Salazar Cruz (Partido Conservador).

La minería es uno de los grandes sectores productivos del país, representa un poco más del 2% de PIB y aproximadamente 26% de las exportaciones, genera muchos ingresos y atrae gran inversión al país pero tiene profundo efectos ambientales, sociales y económicos. La revaluación que afecta a los otros sectores productivos es uno de ellos. Pero hay más que deben ser estudiados y solucionados desde ya para que a futuro no sean causa generadora de extrema pobreza o de otros problemas como la escasez de recursos naturales.

Los ambientales pueden ser los más evidentes, no es secreto que se genera contaminación del aire, de los ríos o de los mares (el caso Drummond) hay sucesos que se dan continuamente y que afectan cada vez más los recursos naturales. La minería altera la fauna y la flora, genera desplazamientos o mutaciones; es bueno recordar que Colombia es unos de los países de mayor biodiversidad en el mundo y concentra un poco más del 10% de las especies de plantas y animales del planeta.

En un estudio sobre los impactos de la minería por cada región, la Universidad de la Guajira, dice que los efectos más mencionados de la actividad minera son la deforestación, la erosión, la disminución de los cauces de los ríos o destrucción de las fuentes hídricas, la contaminación del aire y de los ríos por residuos, alteración de las características del suelo. Todo esto genera problemas sobre la calidad de vida, e incluso genera un aumento en los gastos de protección ambiental; implica invertir más en procesos de purificación de agua y aire; implica que se deba invertir más de lo normal en recuperar las características de los suelos para que puedan ser cultivables.

Según el DANE, en 2010 el gasto hecho con destinación a la protección ambiental fue de $2,9 billones de pesos. En 2009 esa cifra fue de $2,5 billones de pesos. Son cifras considerables y, si bien la minería genera ingresos superiores a esas cifras, es claro, reconociendo que son recursos agotables no renovables y que los efectos negativos no pararan hasta que la actividad termine, que en el futuro el gasto tendrá que ser mucho mayor.

El mismo informe de la Universidad de la Guajira, explica que la minería genera el desplazamiento de personas de zonas rurales a centros urbanos. Puesto que en Colombia el mayor generador de desplazados es el conflicto armado; la minería ilegal, que es muy grande, es también generador de este hecho. Aunque en menor grado la minería legal, también lo es, por ejemplo por los efectos contaminantes que deterioran la salud.

Al destinar terrenos a la exploración minera, se dejan de usar para el cultivo, afectando el trabajo y la producción del campesinado. Entonces no solo es que los suelos se contaminan y que los cultivos se imposibilitan, sino que la seguridad alimenticia se obstaculiza por mucho más tiempo del que se demora en agotarse el recurso minero.

Errores como el de extender el tiempo de implementación de técnicas apropiadas de transporte de minerales desde los puertos hasta las zonas de embarque que fueron los que dieron pie al vertimiento del carbón al mar por parte de la Drummond debe tener responsables.

Lo que debió hacerse no se hizo: exigir a cada empresa que invierta en métodos apropiados de extracción y transporte. Hoy, todos pagamos las consecuencias.

"Una educación de alta calidad, una reducción de los gastos fiscales y una reforma a las transferencias  podrá reducir la brecha de ingresos en el país": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

"El último foro lácteo celebrado en Montería fue propicio para conocer estadísticas interesantes": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Según FEDEGAN, Colombia es el productor número 21 de leche a nivel mundial y el 4to en América Latina. En 2011 Colombia produjo 6452 millones de litros de leche, de los cuales aproximadamente el 10% fueron procesados en finca, el 8% fueron de autoconsumo, el 45% en acopio formal y 37% en sector informal; 2861 millones de litros correspondieron a lechería especializada y 3498 millones de litros de leche fueron de doble propósito. El sector lácteo colombiano genera 589 mil empleos.

La Unión Europea produce 153.000 millones de litros de leche y Estados Unidos 84.000 millones de litros. En Colombia se producen aproximadamente 4.1 litros de leche por vaca al día; en la Unión Europea, 21,4; y en Estados Unidos, 35,5 litros. Es evidente que la productividad es mucho mayor en esos países que en Colombia. La comparación se vuelve más interesante cuando agrega números de cabeza de ganado. Mientras que Colombia con 7,4 millones de vacas dedicadas a la producción de leche produce apenas un poco más de 6400 millones de litros, Estados Unidos con 9,1 millones de millones de cabezas de ganado dedicadas a la producción de leche, unos 1,7 millones de cabezas más, produce 13 veces lo que produce Colombia.

No solo en productividad está muy mal posicionado el país, mientras que en Colombia existen 214.000 predios dedicados a la producción lechera con un promedio de 16 vacas por predio, en Estados Unidos existen 62.500 predios con un promedio de 146 vacas por predio. Son menos predios, pero muchas más cabezas de ganado.

Si bien los TLC que han entrado en vigencia en los últimos años, los que están entrando a operar o se están negociando también otorgan beneficios arancelarios para Colombia, se convierte en barrera a la exportación de productos agrícolas los requisitos fitosanitarios que algunos países, como EEUU exigen. Entonces, ¿de qué le sirve a Colombia tener una desgravación inmediata si no cumple con los requisitos fitosanitarios para ingresar al país extranjero?.

En esto ya se ven plasmada algunas de las dificultades del sector lechero que impiden la competitividad. La menor productividad implica menor eficiencia en uso de recursos y por ende mayores costos, y los requisitos fitosanitarios se transforman en barreras no arancelarias insalvables en estos momentos para el comercio de nuestros productos. Sin embargo, esto son apenas dos dificultades específicas del sector. Hay factores externos como la infraestructura que no permiten que la producción colombiana sea más competitiva tanto en el exterior como en el país, los fletes internos son mucho más costosos que el costo de transporte marítimo. Sin olvidar otro problema tal vez más evidente, la tasa de cambio.

Frente a TLC con Estados Unidos, la leche líquida, el lacto suero, y las bebidas lácteas provenientes de ese país entran a Colombia sin arancel alguno desde la entrada en vigencia del TLC, con precios inferiores a los de la producción colombiana. Y si bien es cierto que hay que responder por la seguridad alimenticia de los compatriotas también es cierto que precios bajos van, poco a poco, sacando del mercado a los productores colombianos y que, en ese proceso quedan muchas familias sin posibilidades de ingresos para satisfacer sus necesidades.

Superar las barreras fitosanitarias con alta tecnología, la productividad con mayores estímulos al campo para solo hablar de un sector y ejecutar las obras públicas sin eternas demoras como las que vemos es necesario ya. Lo demás son retórica y dilaciones frustrantes.

"La solución es ofrecer las herramientas para que los más pobres salgan adelante y encuentren mejores oportunidades": senador José Darío Salazar (Conservador).

La pobreza y la inequidad son problemas que no solo afectan el crecimiento sino también el desarrollo. Aunque es cierto que el crecimiento económico puede contribuir al desarrollo también es cierto que si este es inequitativo, se puede convertir en generador de más pobreza y profundizara aún más las desigualdades.

Según el Informe de la Confederación de Organizaciones OXFAM, la inequidad ha aumentado de manera dramática, porque el promedio del 1% más alto de los ingresos que son aproximadamente 60 millones de personas ha aumentado en un 60% en 20 años. Según un documento de investigación de Branco Milanovic del Banco Mundial, titulado "Inequidad Global en los Ingresos", se habla de cómo el 8% de la población en el mundo concentra el 50% de los ingresos mientras que el restante 92% de la población obtiene el otro 50%.

Para Colombia esto no es algo nuevo. Somos el séptimo país más desigual del mundo y el segundo en América Latina después de Bolivia. Una posición vergonzosa con todo lo que esto conlleva.

Se presentan varios problemas cuando la desigualdad es tan alta: se empieza a presentar un sistema político regido por los poderes económicos, dicha desigualdad genera además las condiciones propicias para la corrupción que termina permeando el tejido institucional, tanto público como privado.

Sin embargo, también se presenta otro problema, el cíclico; quien nace pobre se queda pobre y sus hijos también serán pobres lo que origina un problema aún más grande y es que la misma dinámica económica se estanque. La frase "los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres" es explicativa de esto. Es muy grave para un país que su clase media se pauperice se vaya reduciendo y que miles de personas pierdan su estatus, como tal.

Como los recursos se concentran en pocas manos así que la demanda se reduce, en principio porque muchos no tendrán como comprar y en segundo lugar porque los ricos tampoco tendrán tantas necesidades, se afecta de manera grave la salud económica y social de los habitantes de un país. Es este sentido es claro afirma que la equidad puede tener profundos beneficios sobre el crecimiento económico de un país, ingresos bien distribuidos o como diría el anterior ministro de hacienda, una mermelada bien repartida en el pan, contribuiría a una demanda saludable y por ende a un sector productivo con mucho dinamismo.

También se ha comprobado, según informe OXFAM que cita un estudio del Banco Mundial, que los más ricos generan más contaminación; el 1% más rico usa 10.000 veces más carbón en un año que cualquier ciudadano americano del común, así que permitir la concentración de los ingresos afecta también el ambiente. No es un secreto que países donde la distribución de recursos es más equitativa crecen más rápidos que otros en los que hay más desigualdad.

Los efectos negativos son muchos, el problema es cómo arreglarlos. En muchos países la inequidad en los ingresos es alta; sin embargo, una vez se tiene en cuenta el efecto de los impuestos, esa brecha puede disminuirse. En Colombia no ha sido, y por eso este fue uno de los puntos tenidos en cuenta por la recién expedida reforma tributaria.

Conocer la realidad de aquellas personas y comunidades de bajos ingresos es también una necesidad para atacar no solo la pobreza sino también la brecha entre estos y los más aventajados de la sociedad. La solución no es simplemente ser paternalistas y entregarlo todo, es una cuestión de ofrecer las herramientas para que los más pobres salgan adelante y encuentren mejores oportunidades, es ofrecerles las herramientas para que aprendan a pescar.

La inversión en construcción y en el sector minero energético han disminuido. (Columna senador José Darío Salazar).

"2.1 % creció la economía colombiana en el tercer trimestre de 2012, inferior al 4.9 % del segundo trimestre del año y muy por debajo al 7.5 % del tercer trimestre del año pasado.

Los sectores que más se deprimieron son el de construcción con un decrecimiento del 13.5% y explotación de minas y canteras con 1.2%, frente al trimestre anterior. En Bogotá, que representa aproximadamente la cuarta parte del PIB Colombiano, la producción cayó 4.9%, con una caída del 0.8 en el empleo de la ciudad. Mientras que en Medellín y su área metropolitana, la segunda ciudad más industrializada del país, ésta creció 9.6%, lo que representó un aumento del empleo de 1%. La caída en la producción de Bogotá es explicable pues las empresas se están mudando a otras zonas del país buscando mejores condiciones como beneficios tributarios.

El buen desempeño de la producción en Medellín, se debe en especial al crecimiento de las manufacturas, siendo estas, la cuarta parte del total nacional de dichas exportaciones. La política a seguir debe tener en cuenta estas diferencias. Mientras que en Medellín, que se posiciona como polo de empleo en el país, hay que cuidar el crecimiento de la población y revisar que el desarrollo urbano no siga de forma tan desordenado, en Bogotá hay que replantear las políticas para evitar la fuga de industrias y al mismo tiempo detener el desempleo.

En lo corrido del año las exportaciones crecieron en 2.5% frente a una cifra superior al 11% en el 2011, evidencia de que la crisis económica mundial ha afectado negativamente el comercio exterior del país. La importaciones afortunadamente crecieron en menor porcentaje, 8.8%, frente al 21.5% de 2011; sin embargo, es una muestra de un menor dinamismo en la demanda interna.

Según el DANE, las importaciones de productos de refinación de petróleo crecieron en 60.74% mientras que las exportaciones decrecieron en un 5.68%. Los sectores de frutas y productos lácteos presentaron crecimiento de las importaciones de 16,12% mientras que sus exportaciones presentaron un decrecimiento de 12,57 %. La balanza comercial de productos de cuero continua siendo superavitaria, sin embargo las exportaciones presentaron un crecimiento negativo del 5.61% mientras que las importaciones presentaron un crecimiento positivo de 4.56%. Frente a los productos de refinería de azúcar, azúcar y trapiches, la balanza también es superavitaria, pero mientras sus importaciones crecieron en 56.24% sus exportaciones crecieron apenas en un 4.61%.

La inversión en los sectores de construcción y minero energético han disminuido por problema de licencias ambientales y problemas de inseguridad.

Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Según el DANE, a octubre de 2012 el 32.7% de las exportaciones tenían como destino ese país y aunque allá ya fue aprobado el plan para reducir el hueco fiscal preocupan varios elementos.

El recaudo de impuestos no será lo que esperaban los estadounidenses pues los estos no aumentaron y el país americano ya llegó al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso; aunque el Tesoro adopto unas medidas que les permitirán cumplir con sus obligaciones por los próximos 2 meses todavía no se sabe qué pasara después.

Lo claro es que si no se llega a un acuerdo para finales de febrero, los departamentos y agencias de gobierno tendrán que hacer recortes en sus presupuestos de entre 8 y 10%, si esto llega pasar podría darse una nueva recesión y podría afectar seriamente no solo la economía estadounidense sino también el resto de economías del mundo en especial de aquellos que como la nuestra depende fuertemente de las compras de ese país".

Prensa senador José Darío Salazar

La corrupción genera mayor desigualdad y deja desprotegidas a las mayorías. (Columna senador José Darío Salazar).

"Hace unos días fue publicado un informe de la Organización Transparencia Internacional sobre índices de corrupción. De una calificación de 0 a 100, siendo 0 la calificación cuando el gobierno de un país es percibido como altamente corrupto y 100 la calificación cuando éste es percibido como muy transparente, Colombia quedo en el puesto 94 con una calificación de 36. Frente América Latina, este resultado fue inferior al de Chile y Uruguay (72), Puerto Rico (63), Costa Rica (54), Cuba (48), Brasil (39), El Salvador y Perú (38); y es apenas superior a Argentina (35), Bolivia y México (34), Guatemala (33), Ecuador (32), Honduras (28), Paraguay (25) y Venezuela (19).

Para las instituciones esto es un fuerte golpe, pues significa que hay poca confianza del pueblo en quienes ha investido de poder para manejar el país. Este bajo nivel de confianza genera muchos problemas, esta percepción de corrupción genera fuerte presión sobre la economía, pues significa que los colombianos no confían en que las políticas del Estado sean en beneficio de todos. Se afecta el crecimiento económico, quienes no confían no invierten fácilmente, sin inversión no hay mayor producción ni innovación y hay menos generación de empleo.

Otro efecto de la percepción de corrupción que hay sobre las instituciones del país es la perdida de voluntad para pagar los tributos pues los colombianos no se sienten identificados con el gasto del gobierno. Un colombiano común piensa que pagar sus impuestos para que entren al bolsillo de otros particulares es indignante, y tiene razón, y prefiere no pagarlos. Y a su vez, si el gobierno merma sus ingresos entonces ¿cómo puede ejecutar todas las obras?, ¿cómo puede llevar a cabo y ampliar programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad?.

La corrupción genera mayor desigualdad, pues los que pueden de alguna forma influir en el gobierno para lograr su propio beneficio parten de una posición privilegiada, dejando desprotegidas a las mayorías, población que tiene carencias, algunos más que otros, pero que aun así necesitan del Estado para que los proteja.

En los últimos años ha salido en los medios casos de escándalos de corrupción como el de la salud, EPS, funcionarios y contratistas inventaban pacientes con procedimientos falsos para solicitar los recobros. Además algunas EPS destinaron los recursos de la salud en inversiones que nada tenían que ver con la atención médica al pueblo colombiano causando una crisis enorme al sistema que aún no se ha podido superar.

El caso de las contrataciones en Bogotá en las que están implicados sus más altos gobernantes es un horror que ha sumido a la capital de la República y al país en una mezcla de perplejidad e indignación.

En el sector privado también hay este tipo de problemas, el caso de InterBolsa, que apenas aflora, podría ser uno de esos. Hay problemas de conflictos de interés y ausencia de acción de los entes de control. Las pérdidas que esto generara a los ciudadanos aún están por verse.
La acción de los entes de control y de investigación debe ser rápida y eficaz pues otro factor que alienta la corrupción es la sensación de impunidad enorme y real que hay en el país".

Prensa senador José Darío Salazar

"La realidad es que en general la mayoría de los sectores han decrecido": senador José Darío Salazar.

El 15 de noviembre pasado se cumplieron seis meses de entrada en vigencia del TLC de Colombia con Estados Unidos.

Aunque aún no hay datos consolidados del primer semestre, hay datos desde mayo hasta septiembre, o sea un periodo cinco de meses. Para algunos, la entrada en vigencia del TLC por su estabilidad jurídica ha significado seguridad frente a sus clientes. Los compradores americanos de productos colombianos al no tener la incertidumbre de sí en la próxima compra van a poder gozar de beneficios arancelarios, pueden ahora hacer pedidos a largo plazo y tener la certeza de que cuando hagan la importación hacia Estados Unidos, siempre van a tener la preferencia arancelaria por entrar al mercado un producto colombiano.

La realidad, es que en general la mayoría de los sectores han decrecido. Según datos oficiales, a septiembre de este año, incluso las exportaciones tradicionales han decrecido frente al año pasado. En lo que lleva el año se han exportado US$11.5 mil millones en café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados. El año pasado completo se exportaron US$17.1 mil millones. Aunque este año aún no termina, es difícil creer que en el último trimestre que queda se logren exportar más de US$6 mil millones para alcanzar un superávit al menos en estos sectores.

Hay otros sectores que desde ya muestran crecimiento, pero son pocos. Objetos de arte o colección, papeles corrugados, papeles suaves, yeso, plástico y caucho, hierro y acero, fibras naturales y sintéticas, flores artificiales, entre otros.

De productos agroindustriales se han exportados US$1.1 mil millones frente a US$.1.5 mil millones del año pasado. Las exportaciones de manufacturas a septiembre de este año fueron US$ 486millones, el año pasado en total fueron US$700 millones. Las exportaciones del sector de prendas de vestir han sido de US$192 millones frente a US$301 millones del año anterior. Frente a servicios y entretenimiento, las exportaciones han sido US$1.7 mil millones frente US$2 mil millones en el 2011.

Las diferencias no son grandes y es posible que al final del año se logre alcanzar el equilibrio y tal vez superávit; sin embargo, hay subsectores que presentan decrecimientos de más de 70% como los de bebidas; cereales; tabaco; abonos; jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones; maderas de las usada para envases y empaques; metal común; entre otros. En estos sectores difícilmente se lograra tener un superávit comercial.

Sectores como el ganadero y el avícola se han visto fuertemente amenazados por este y otros acuerdos comerciales. La competitividad de los productos nacionales es baja y los precios de los bienes importados son mucho más bajos desplazando del mercado nacional a quienes no logren lidiar con esos precios.

Es claro que las exportaciones han decrecido y que las importaciones han aumentado y también lo es que Estados Unidos ha disminuido sus importaciones del mundo y que en esta crisis lo que necesita es empezar a vender en lugar de importar. Seguir esperando que ese mercado siga creciendo en compras de productos colombianos no será fácil, por lo menos en el corto plazo.

"La crisis de la comisionista InterBolsa y su intervención y eventual liquidación ha dado mucho de qué hablar". (Columna senador José Darío Salazar).

La polémica ha sido generada no solo por la importancia de esta empresa que manejaba el 34% del mercado de valores de Colombia y contaba con representación en Panamá, Estado Unidos y Brasil y que para el tercer trimestre del año reportó utilidades por 14 mil millones de pesos.

Desde 1990, la comisionista InterBolsa se consagró a la intermediación en el mercado de valores. Se dedicaba a la compra y venta de acciones o papeles como bonos o títulos de deuda en representación de otras personas para generar ganancias a los inversionistas, en ese sentido realizaba varios negocios permitidos por la ley como el contrato de comisión, el contrato de corretaje, la administración de carteras colectivas, entre otros. A medida que iba creciendo fue conformando un grupo de empresas para ofrecer un portafolio de servicios completo.

Las intrincadas relaciones que se han encontrado en todo este lío ponen en tela de juicio las labores de vigilancia del gobierno y sus entidades reguladoras de la actividad económica. Los lazos existentes entre los accionistas de InterBolsa y las empresas hacia las cuales la comisionista destinaba la mayoría de los recursos a su disposición revelan notas de conflictos de intereses que todavía tiene que ser demostrado pero acorde a la evidencia que tenemos no sería raro que esto se hubiera dado.

Los 300 mil millones en acciones de Fabricato que tenía InterBolsa, contribuyeron a crear una burbuja y los precios de ésta subieron sin estar realmente soportados en valor real de la compañía, la acción pasó de costar $26 a costar $90. Son señal de cómo se pudieron ver afectadas las inversiones por los intereses de los dueños de la comisionista.

Ni la Superintendencia Financiera ni la Bolsa de Valores de Colombia aplicaron la regulación necesaria. Para nadie es un secreto que desde hace unos años Fabricato no genera los resultados deseados y que su desempeño no es bueno, entonces queda una pregunta; ¿cómo permiten que una acción triplique su precio sin ningún control más aún cuando la compañía que la representaba no estaba bien?
A todos nos habían puesto un velo en los ojos que no permitió ver bien lo que estaba pasando, estábamos demasiado satisfechos con el supuesto buen desempeño de la comisionista como para ir más allá de la fachada y reaccionar. Si bien el gobierno y los entes reguladores actuaron antes de que se generar un efecto bola de nieve, la reacción fue tardía, de haber sido antes quizá se podría haber prevenido la caída de esta comisionista.

La pregunta sobre si es necesario mejorar la regulación del mercado de valores es una que no sobra en este momento, lo claro es que no se puede permitir que la confianza de los inversionistas caiga ni mucho menos que los precios suban sin control pues estas pequeñas burbujas pueden representar riesgos mayores.

El mercado de valores está lleno de incertidumbre, es un juego de riesgo, pero su buen desempeño depende de varias cosas: del buen ejercicio de las empresas que emiten sus acciones, de la confianza de los inversionistas, de las comisionistas y sus trabajadores. De estos últimos se espera mucho pues es a quien se le confían los recursos y como tales deben respetar a los inversionistas y en lo posible lograr ganancias para ellos. Una comisionista que no está atenta a la evaluación de riesgos es una que no debe hacer presencia en el mercado pues los efectos, como lo vemos, pueden ser catastróficos para la economía.

"El proyecto de Reforma Tributaria ha generado comentarios, malos y buenos. Inicialmente tenía elementos polémicos que poco a poco han ido cambiando": Senador Salazar.

El Ministro de Hacienda y el director de la DIAN han estado receptivos a la posibilidad de hacer modificaciones, y el legislativo ha aprovechado la oportunidad para revisarla y criticarla a la luz de las necesidades del pueblo colombiano y de la economía en general.

Cabe recalcar que el proyecto de la Reforma, en su ánimo de revertir la regresividad del sistema tributario actual, para promover la equidad y el empleo ha eliminado el Impuesto de Renta para personas con salarios por debajo de 3,35 millones de pesos. Inicialmente, la Reforma planteaba empezar a grabar desde 2,3 millones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda, en Colombia existen 21 millones de trabajadores que ganan menos de 3,35 millones pesos; así que esta modificación significa que el 96% de los trabajadores, ya sean empleados o por cuenta propia, no tendrán que pagar este Impuesto.

Quienes ganen más tendrán que pagar el Iman, o Impuesto Mínimo Alternativo, que tendrá una tarifa progresiva a medida que suban los ingresos; sin embargo, esta nueva metodología implica aumentos en la base gravable sobre la que aplica la retención, y por ende se traduce en que haya que pagar más impuestos.

La reducción de la tarifas de IVA a 0%, 5% y 16%, es un elemento que sin duda representa una simplificación de las finanzas públicas. Para algunos sectores, sus insumos y productos han bajado de IVA y esto se traducirá en beneficios para el consumidor, quien podrá destinar una mayor parte de su ingreso a la compra de bienes para satisfacer mejor sus necesidades. Los productos que hasta ahora se han excluido de este impuesto, representan, claramente, un fuerte apoyo al sector agrícola, la gran mayoría de los insumos y las maquinarias que se usan en ese sector han sido excluidas de IVA. Y teniendo en cuenta el lamentable rezago tecnológico de este sector, la modificación estimulará a modernizar la actividad del campo.

La no devolución de IVA era, para sectores como el avícola, uno de los grandes errores de la reforma que radicó el gobierno, pero el legislativo y gobierno han acordado eliminar esto. Todavía hay dudas en el tema puesto que actualmente la devolución se hace cada 2 meses con algunos retrasos en el pago que se demoran hasta 8 meses. Según lo acordado, la devolución de este IVA se podrá cruzar con el impuesto de renta al final del año fiscal y quienes queden con un excedente a favor podrán solicitar la devolución, en cuyo caso esta no se podrá demorar más de 1 mes después de presentar la declaración de renta al final del año fiscal. El flujo de caja de las empresas continúa algo comprometido, pero no en la misma medida en la que se afectaba con la no devolución.

Sobre el impuesto para la equidad, que preocupa a muchos ya se ha incluido en el borrador de ponencia un artículo que asegure un mínimo de ingresos para el Sena y el Icbf. Todavía está en discusión el cálculo sobre ese valor. Tanto gobierno como legislativo tienen claro que estas entidades no pueden quedar desfinanciados pues los más afectados serían los colombianos de bajos ingresos.

Los temas que más preocupan al legislativo son el Iman por el riesgo que puede generar sobre los bolsillos de los colombianos que ganan más de 3.35 millones de pesos y, por supuesto, el IVA y relacionados que no solo afectan a los consumidores colombianos, sino también a las industrias y el comercio.

Por esa razón, en el Congreso se han establecido subcomisiones de estudio por temas y se establecerán cuantas sean necesarias con el objetivo de resolver todos las dudas y los problemas que se han observado. El IVA a la medicina prepagada es otro de los temas en discusión y hay una fuerte tendencia a situarlo en el 5%.

"Poco se hace al respecto por parte de la comisión encargada de regular los precios de los medicamentos": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

La semana anterior, el día 13 de febrero de 2012, en el diario El Tiempo, el reconocido periodista y escritor Juan Gossain, escribió un artículo que tituló "En Colombia es más barato un ataúd que un remedio". Dio a conocer datos impresionantes del costo de los medicamentos en Colombia que, hacen pensar que son los más caros del mundo.

Don Juan, entre otros datos, nos informó que una caja de 30 tabletas de 10 miligramos del medicamento Norvas, para prevenir la presión arterial cuesta en Colombia $238.000, mientras que en Venezuela, hecha la conversión, tiene un valor de $26.000; una pastilla de Singulair, fármaco inglés contra alergias, asma y rinitis, vale en nuestro país $6.972, cuando en Quito su costo es de $3.960; Una caja de 14 pastillas de 75 miligramos del medicamento Plavix, que se utiliza para prevenir los infartos, según el reporte de Don Juan, cuesta en Colombia $170.300, pero en Venezuela vale $55.300.

Vale la pena anotar aquí, que los dos países vecinos, entre otros suramericanos, por mandato de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, son referentes obligatorios que se deben tener en cuenta para controlar los precios de los medicamentos en Colombia.
Sin embargo, poco se hace al respecto por parte de la comisión encargada de regular los precios de los medicamentos.

Según un estudio realizado por Health Action Internacional, en el año 2009, se afirma, entre otras cosas: "después de recoger datos de 93 países para comparar el precio del Ciprofloxacino, un antibiótico de uso común, se encontró que este oscila entre una media de US$31 en China hasta US$131 en Colombia, y continua el estudio en referencia: "Norepinefrina, cuyo precio al salir del laboratorio es de $41.134, pero ante el Fosyga se han presentado recobros por $195.571, por su parte, la Amicacina, cuyo precio en el mercado es de $1.029, pero al Fosyga se lo cobran a casi $20.000".

Los costos que paga el Fosyga por los recobros de medicamentos, cuyo precio es excesivo, lo pagamos todos los colombianos, no habiendo presupuesto que alcance para tal fin.

El impacto en la salud de la población, de los altísimos precios de los medicamentos es devastador, son costos inalcanzables, para el común de la gente, lo que a la postre produce el deterioro irremediable del paciente y no pocas veces la muerte prematura.

Ante esta situación calamitosa para todos los compatriotas, ¿por qué el Gobierno nacional no toma medidas radicales que contarán con el respaldo popular y, acaba con los excesos en los precios de los medicamentos?

Por ejemplo ¿Por qué no incluye en el régimen de libertad regulada una lista más amplia de medicamentos que cubran la mayoría de las enfermedades que causan estragos a la población colombiana? O ¿Por qué no se hace una investigación exhaustiva para llevar al régimen de control directo, los medicamentos que hayan ingresado al régimen de libertad regulada y su precio unitario se encuentre por encima de su precio de referencia?

Y si hay necesidad de cambiar las condiciones de ingreso de los medicamentos a estos regímenes, con el fin de tener un control mayor sobre sus precios ¿por qué no se hace? Estas medidas la Comisión Nacional de precios de medicamentos las ha tomado a través de circulares, como por ejemplo las consignadas en las circulares 04 de 2006, 01 de 2009 y 001 de 2011.

La Comisión Nacional de precios de medicamentos la integran, el ministro de Protección Social, el ministro de Industria y Comercio y un delegado del Señor Presidente de la República, son ellos responsables de la regulación y control de los precios de los medicamentos en Colombia.

Como siempre sucede, cuando el Banco de la República toma decisiones para fijar la tasa de interés, se genera una cascada de opiniones, unas a favor y otras en contra de la medida, pues una decisión que afecta el ritmo económico no puede pasar inadvertida, sobre todo porque en los últimos años hemos logrado estabilidad económica, control de la inflación y un crecimiento sostenido. Afortunadamente quedaron atrás días amargos para la economía, como cuando en abril de 1995, la tasa de intervención fijada por el Banco de la República fue de 45%, en marzo de 1996 se fijó en 35% y en noviembre de 1998 en 30%. Estos días y estas medidas producto de la crisis política quedaron atrás.

Sin embargo hace aproximadamente dos años, en mayo de 2010, la tasa de intervención de la política monetaria estaba en 3% y hace un año en 3,25%.

Los efectos de esas tasas bajas se hicieron sentir, abundo el crédito y por supuesto la inversión, se dinamizo la economía, se disparó la actividad de la construcción y aumento el consumo en todos los órdenes, la gente se endeudo más de lo corriente, se crearon nuevos puestos de trabajo, bajó el desempleo y el dólar que iba en picada repunto de nuevo.

También hubo efectos contrarios, creció la inflación y se dispararon los precios de los activos, especialmente de los inmuebles, como las viviendas y los locales comerciales. Sin duda estos últimos aspectos incidieron de manera decisiva en la determinación del Banco de la República de elevar a 5% la tasa de interés, buscando asegurar un crecimiento sostenido y reducir la inflación.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por parte de los empresarios e industriales quienes aducen que elevar la tasa de interés produce gran revaluación del peso lo que afecta las exportaciones colombianas porque las encárese y las saca de la competencia. Argumentan también que un dólar barato como es lógico, se traduce en menos pesos para los exportadores cuyos gastos de producción aumentan porque las cargas laborales se elevan cada año. A raíz de este fenómeno, los floricultores aseguran que han tenido que despedir aproximadamente 20.000 empleados y en la misma dirección se expresan los bananeros y los caficultores.

Los industriales, se oponen al alza de la tasa de interés porque dicen que esto abarata el dólar, por la entrada de importantes capitales que ven atractiva la rentabilidad en pesos. Aducen también que un dólar barato se presta para inundar al mercado de importaciones  que, vienen a competir con productos hechos por la industria colombiana, lo que destruye puestos de trabajo.

Los propios comerciantes a quienes en principio les favorece un dólar barato han dicho a través de su presidente, Guillermo Botero, que la revaluación, al destruir puestos de trabajo afecta la capacidad de consumo, lo que disminuye sus ventas.

Como podemos ver, el tema de la tasa de intervención monetaria que maneja el Banco de la República es un asunto complejo que, incide en muchos aspectos como: el control de la inflación que es la prioridad del Banco de la República por mandato constitucional; la revaluación, el dinamismo de la economía, el empleo, entre otros.

Lo que es real, es que muchos de los efectos negativos serian menores, si Colombia modernizara su infraestructura en vías, ferrocarriles y aeropuertos porque, sería más competitiva en los costos de producción y de exportación, habría menos importaciones, tendríamos más seguridad alimentaria y más empleo, la inflación sería menor, el país tendría más polos de desarrollo, habría más equidad. Unido a estos propósitos, si el estado logra derrotar la subversión y la corrupción, se habrá despejado aún más el horizonte.

"La cantidad de exportaciones de materias primas producto de la minería suben por el ascensor, mientras que las de las manufacturas van por la escalera": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Problema mayúsculo sigue siendo el desempleo en Colombia, así durante los últimos tres trimestres del año 2011 la tasa se haya reducido y mantenido en un digito (9,8%).

Estos datos incluyen la informalidad de miles de personas independientes y de otras dependientes que no reciben un salario mínimo con todas las prestaciones laborales que exige la ley, componentes esenciales que al no existir hacen más difícil la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

De acuerdo a un último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el Panorama Laboral 2011 de América Latina y el Caribe, nuestro país tiene índices superiores de desempleo urbano a casi todos los demás países de América Latina.

El informe que comprende el periodo de Enero a Octubre del 2011, consagra estos porcentajes de desempleo urbano: México 6,1%, Jamaica 12,6%, República Dominicana 5,6%, Costa Rica 7,7%, Panamá 5,4%, Venezuela 8,6%, Colombia 11,8%, Ecuador 6,3%, Perú 8,0%, Brasil 6,2%, Chile 7,3%, Paraguay 7,5%, Argentina7,3% y Uruguay 6,4%.

También destaca el informe que Colombia tiene la tasa de desempleo juvenil más alta, 21,8% frente al promedio regional de 14,9%, al igual que una tasa de desocupación mayor en mujeres, 14%, frente a 8% en los hombres. En este último dato, dice el informe, incide mucho el empleo generado por las actividades de la construcción que emplea mayormente mano de obra masculina.

Ante este panorama, es más preocupante la situación económica de crisis que golpea a Estados Unidos y a los países de Europa, agobiados por sus déficits fiscales. Estos, nuestros mayores compradores tendrán un crecimiento muy leve en 2012, lo que incidiría en el ritmo de las compras a sus socios comerciales, y por supuesto, en la generación de empleo de estos.

De ahí la importancia para Colombia de abrir nuevos nichos de mercados en los países del Asia como China, India, Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y otros, cuyas economías crecen a tasas económicas superiores que las de los socios industrializados, e inclusive, que las de los llamados países emergentes como el nuestro.

Bajar los costos de producción en Colombia es indispensable para que nuestras exportaciones, especialmente, las manufacturas sean más competitivas siendo unos de los requisitos para lograr este cometido la modernización rápida de la infraestructura vial, la construcción de dobles calzadas para reducir los tiempos de transporte terrestre y la modernización de los puertos para hacer más eficientes el cargue y descargue de las mercancías.

La modernización y la construcción de nuevas redes férreas es absolutamente necesario para ganar en volumen de carga y disminuir el costo del transporte de la misma. Disminuir el costo de producción de las manufacturas es indispensable para competir y hacer frente a la revaluación del peso, producto de la avalancha creciente de dólares que están ingresando al país, no por las exportaciones de manufacturas, como por ejemplo, los textiles, sino por concepto de las exportación de materias primas mineras como el petróleo, el níquel, el carbón y el oro.

El ingreso creciente de dólares, producto de la concentración de exportaciones de hidrocarburos y metales, revalúa al peso. Este último fenómeno reduce la cantidad de pesos que reciben los exportadores de alimentos y manufacturas, al cambiar las divisas, viendo sus ingresos en pesos disminuidos a la hora de pagar salarios y prestaciones sociales, los que crecen año a año.

Y esto es lo que viene sucediendo porque, la cantidad de exportaciones de materias primas producto de la minería, suben por el ascensor, mientras que las de las manufacturas van por la escalera.

Un dólar barato, estimula también las importaciones de todo tipo de manufacturas que compiten con las producidas en Colombia, máxime si provienen de países que tradicionalmente, como China, tienen mano de obra más barata, una infraestructura modernísima en vías y puertos, altos niveles de tecnología y producen y exportan a gran escala.

Este panorama es parte de lo que enfrentamos sin contar otros factores que golpean, especialmente, al campo, como la inseguridad y la violencia. Hemos mejorado en muchos aspectos. Sin embargo, el reto sigue siendo mayúsculo.

El alza en el costo de la vivienda nueva viene superando porcentajes que hace tiempo no se daban y alertando una burbuja en los precios de la vivienda que, en nada convienen a la economía del país.

Varias son las causas de este fenómeno: la demanda por vivienda ha venido superando la oferta de la misma, así se desprende del crecimiento del crédito hipotecario que asciende a 20% real anual según comentario económico de ANIF, del 24 de Noviembre del presente año, el alza en las tasas de interés del Banco de la República que se transmiten a la banca comercial, y la insuficiencia de subsidios para la adquisición de vivienda hasta 170 millones de pesos, son factores que influyen en el incremento de los costos.

Según el comentario económico de ANIF, “la actividad edificadora ha continuado expandiéndose dinámicamente: despachos de cemento (+13% anual); metraje de licencias aprobadas (+58% anual) y crédito hipotecario (+13% real anual)”. Una señal de que la demanda por vivienda ha estado superando la oferta disponible, se refleja efectivamente, en tendencias alcistas en los precios, donde, por ejemplo, el indicador de vivienda nueva (del DANE)  se ubica por encima de su media histórica.

Es bueno tener en cuenta también que los diferentes incrementos en los precios de la vivienda nueva difieren de acuerdo al área urbana ­y a los estratos socioeconómicos que se analizan pues, en algunas ciudades del país el incremento ha sido mayor que en otras, tal como se desprende de una investigación del DANE, publicada el 16 de septiembre del 2011.

Analizados los últimos cuatro trimestres, el índice de precios de vivienda nueva para cada uno de los municipios que cubre la investigación es el  siguiente: En Barranquilla, en ese lapso que comprende un año, para el estrato bajo, el incremento fue negativo -0,92%, en cambio la vivienda nueva para el estrato medio aumentó en un 20,07% y, el precio de la vivienda nueva para el estrato alto aumentó en 13,42%.

En Bogotá, el precio para la vivienda nueva del estrato socioeconómico bajo aumento en 12,47%, para el estrato socioeconómico medio aumento 10,25% y, para el alto 11,06%.

En Armenia, el precio de la vivienda nueva aumento para el estrato bajo 3,42%, para el medio 21,52% y para el alto 10,43%.

En Medellín el aumento de costos de la vivienda nueva para el estrato bajo fue de 11,90%, para el medio 3,76% y para el alto 11,33%.

En Bucaramanga, aumento el costo de la vivienda nueva para el estrato socioeconómico bajo en 2,76%, el aumento para el estrato medio fue de 9,65% y para el estrato alto fue de 5,80%.

En Cali, el comportamiento de los costos de vivienda nueva fue durante el periodo anual analizado de, un alza del 11,25% en los precios de vivienda para estrato bajo, -3,31% para estrato medio  y 5,58% para el estrato alto.

En Pereira, durante el periodo anual  analizado, el precio de la vivienda para estrato bajo aumento 5,88%, para estrato medio 2,93% y para estrato alto 0,22%.

De los datos observados, se puede deducir que el incremento anual en el costo de la vivienda nueva difiere de una ciudad a otra y de un estrato a otro, presentándose alzas en casi todos los estratos socioeconómicos de las ciudades analizadas que, se ubican en las diferentes regiones del país.

Se puede concluir entre otros efectos que, a raíz de  incrementos de la vivienda nueva, para los colombianos cada vez será  más difícil adquirir vivienda propia, lo que ratifica el análisis hecho por  ANIF que expresa: “ a septiembre de 2011, los hogares de menos ingresos (con subsidio), registraron una caída anual del -9,3% anual en su Índice de Asequibilidad de Vivienda (IAAV), algo similar ocurre en el estrato medio cuyo índice de asequibilidad anual cayó en -12,8% anual y en el alto -10,8% anual.

"La ausencia de estructuración de proyectos viales es otra de las causas de los desastres que hoy padece el país": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Con ocasión del fenómeno de la niña que como azote ha caído sobre la tierra de Colombia, quedan desnudadas las dimensiones de muchas falencias institucionales que, se han sumado a través del tiempo, por omisión o por acción, para que los daños causados por la ola invernal sean mayores.

La ausencia de trabajos de dragados en el lecho de los ríos ha producido inundaciones por doquier y desastres humanos y materiales a cientos de miles de compatriotas a lo ancho y largo de la geografía colombiana. De las inundaciones no se han salvado las grandes ciudades en las que hemos visto barrios enteros víctimas de este fenómeno, impactados por los correspondientes estragos.

La acción de deforestación de los bosques ha sido indiscriminada acabando las barreras naturales, protectoras de climas severos, fríos o ardientes, protectoras de deslizamientos y avalanchas de tierra que, si no son contenidas, impulsadas por la acción de las lluvias intensas y prolongadas, producen verdaderas catástrofes humanas y materiales.

Los bosques absorben el agua en una acción de esponjas, la retienen y la liberan periódicamente a la atmosfera a través de las hojas, evitando que el agua corra e inunde. De la misma forma los bosques conservan las fuentes de agua que, desaparecen en tierras expuestas a los rayos solares, áridos, convertidos en desiertos por acción de la deforestación. Colombia que se encontraba en segundo lugar a nivel mundial en cuanto a reservas de agua dulce, descendió al puesto 24 por efectos de la deforestación extensiva en los últimos 30 años. Frente a este fenómeno de la deforestación sistemática ocurrida en el país, la acción de las corporaciones ambientales y del ministerio de medio ambiente deja mucho que desear pues, los desastres así lo demuestran.

La ausencia de estructuración de proyectos viales es otra de las causas de los desastres que hoy padece el país. La ausencia de estudios geológicos y la defectuosa cimentación de muchos terrenos por donde se construyeron las vías y los puentes han producido el deslizamiento de las mismas y el consecuente aislamiento de regiones, con pérdidas económicas irreparables.

Es momento de reflexionar y actuar, el país está viviendo una bonanza minera sin precedentes, que hay que aprovecharla entre otras cosas para modernizar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, la construcción de oleoductos y gasoductos. Sería imperdonable que estos recursos orientados entre otros instrumentos por una nueva legislación que surge de la reforma a la distribución de los recursos que ingresan por regalías no fueran aprovechados.

La herramienta de las concesiones entregadas a privados, con la capacidad financiera suficiente para ayudarnos a modernizar el país sigue siendo una opción viable, siempre y cuando el estado haga las cosas bien hechas, con la intención irrevocable de no dejarse robar más.

Mejores noticias se tienen por el lado fiscal. Según señaló el Ministerio de Hacienda, al cierre del primer trimestre de 2011 el Sector Público Consolidado -que es “la definición más amplia del Sector Público en las cuentas fiscales” e incluye el Sector público no Financiero y  el Sector Financiero- registró un superávit de 15,4 billones de pesos, balance superior en 2,7% del PIB al observado durante el mismo periodo de 2010. Ahora, este superávit del Sector Público Consolidado representa el 2.6% del PIB, en comparación con el déficit obtenido, en el mismo período de 2010, del 0.1% del PIB.

Este buen resultado fue el fruto del mayor superávit del Sector Público No Financiero – que incluye el Gobierno Nacional Central y el Sector Descentralizado-, el cual pasó de prácticamente 1 billón de pesos, entre enero y junio de 2010, a 15,3 billones de pesos en el mismo período de este año. Es decir que éste pasó del  0,2% al 2.5%del PIB. Esto se explica por el buen comportamiento tanto del Gobierno Nacional Central como del Sector Descentralizado. La noticia todavía es mejor cuando refiere a la incidencia del un mayor recaudo tributario. 

No obstante, vale la pena mencionar, como el mismo Ministerio lo enuncia, que los gastos se ejecutan menos durante este período y por estacionalidad tiende a ejecutarse en mayor proporción en el segundo semestre y especialmente hacia finales del año. Mientras en el primer semestre suele ejecutarse en promedio menos del 50% del gasto previsto para el año, en el segundo semestre este porcentaje sube al 70%, según el promedio de los últimos diez años.   

También la noticia procede del superávit reportado por el Sector Descentralizado a primer semestre de 2011, que fue mayor en más de 2 billones de pesos, frente al período anterior, subiendo del 1 al 1.2 como porcentaje del PIB. El mejor desempeño de las entidades descentralizadas lo generan el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera – FAEP- , por el traslado de un 10% del ahorro acumulado por la Nación- y la Asociación Nacional de Hidrocarburos – ANH -, por cuenta de los menores dividendos trasladados al Gobierno Nacional Central - GNC en lo corrido de la presente vigencia. Dicho superávit perdió unos puntos por un menor superávit del sector Regionales y Locales.  

En efecto, los mayores gastos de inversión que tiene programado el Gobierno para el último trimestre del año suman 12.6 billones de pesos, entre los que se incluyen, en primer lugar Protección Social con 4.2 billones de pesos repartidos para: la Unificación y Universalización del régimen subsidiado ($1.2 billones) y políticas de mercado de trabajo ($1.2 billones), además de la Atención Integral Primera Infancia, Protección de los Derechos de la Niñez y la Familia, Alimentación Escolar y Fortalecimiento de las Capacidades para Ciencia y Tecnología, entre otros. En segundo lugar le sigue el sector Transporte con 2.4 billones de pesos para:   concesiones viales a cargo del INCO ($1.2 billones) y Corredores Viales ($1 billón). También se destinarán recursos para el fortalecimiento institucional y buen gobierno y para infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo.

Las cuentas fiscales van bien y se espera todavía un mejor control con la implementación de la regla y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, es importante realizar un seguimiento a los porcentajes de ejecución del gasto para no quedarse conformes con un nivel estacional del 50% en el primer semestre y un nivel del 72% al finalizar el año. Los gastos presupuestados, en términos ideales, deberían ser ejecutados en un ciento por ciento.

Gobierno, inversionistas y empresarios coincidieron en las últimas semanas en manifestar un estado de alerta frente a la incidencia de los factores externos sobre la rentabilidad de los portafolios y el dinamismo económico.

En efecto, el 60% de quienes se especializan en la inversión en títulos denominados en pesos respondieron en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo, realizada en la primera mitad del mes de septiembre, que la incidencia de la crisis global externa es la mayor de sus preocupaciones en este momento.

A su vez, el Presidente Santos en reunión con representantes de los gremios resolvió mantener una evaluación conjunta permanente para poner la lupa sobre los efectos que sobre la economía colombiana pueda causar la crisis internacional, para vigilar que no se caigan los indicadores de empleo y pobreza especialmente.

Dadas las buenas condiciones de crecimiento de la economía colombiana y que el nivel de reservas internacionales, en palabras del Presidente, está casi un 50% por encima del nivel del año 2008, cuando la mayor parte del resto del mundo sufrió una fuerte recesión, se insiste sobretodo en buscar alternativas que mantengan el dinamismo de la demanda interna.

En esta perspectiva comienza a mirarse con cuidado el aumento que presenta la cartera del sector financiero, que suma cerca 186 billones de pesos y presenta en julio un crecimiento anual del 26%, la tasa más alta desde noviembre de 2007. El microcrédito es la modalidad con mayor crecimiento con el 36%, le sigue el crédito de consumo con el 28%, el comercial con el 24% y de vivienda con el 19%. La mayor inquietud está en la necesidad del sistema financiero, ante este crecimiento de la cartera, incluyendo el leasing, de recurrir a la liquidación de portafolio o a tomar fuentes de fondeo más costosas, ya que, por cuatro meses consecutivos, la demanda de crédito ha superado sus  depósitos y exigibilidades. Situación ésta que ha hecho pensar a la Superintendencia en la posibilidad de evaluar con las entidades financieras la alternativa de exigir un mayor nivel de liquidez y fondeo, aunque esto no desvirtúa que el sistema está sólido y los ahorros se encuentren garantizados.

Asimismo, ante el incremento de la cartera y las presiones externas, la Junta del Banco de la República analiza la posibilidad de aumentar en algunos puntos la tasa de interés, por encima del 4.5%, aunque bajo una tasa de inflación contenida, que se mantiene en el medio del rango impuesto como meta (entre el 2% y el 4%), es posible que no sea necesario, al menos en el muy corto plazo.

En realidad, ambas medidas deben estar sincronizadas de manera que un exceso de liquidez no deje en riesgo el control inflacionario o que mayores tasas de interés frenen el dinamismo de la demanda. Esto en la medida que la tendencia de crecimiento de la economía colombiana, que alcanza una tasa anual del 5.2% en el segundo trimestre, está impulsada principalmente por un crecimiento del 9% en la demanda interna y el consumo de los hogares crece satisfactoriamente en el 6.5%. Colombia suele caracterizarse por la ortodoxia económica y hoy debe mantener esta posición más cuando los vientos fuertes de la economía global pueden llegar a tocarnos.  

JOSE DARIO SALAZAR

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En visita oficial a Chile la semana anterior, el Presidente de la República Juan Manuel Santos, acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía, y el titular de Comercio, Industria y Turismo, además de los presidentes de los partidos políticos que respaldan la Unidad Nacional, empresarios y otros altos funcionarios del gobierno; fuimos testigos de los avances en la relaciones bilaterales de Colombia con el país austral, y donde se suscribieron sendos memorandos de cooperación y entendimiento con el Presidente chileno Sebastián Piñera.

Esto es muy significativo si tenemos en cuenta que cifras oficiales muestran que Colombia se ha convertido en el segundo país destino de las inversiones chilenas con un capital de US$ 8.400 millones de dólares, donde se destaca la inversión en cadenas comerciales, infraestructura y servicios. El mercado colombiano es uno de los más atractivos para los inversionistas chilenos, y muestra de ello son las más de 70 empresas chilenas que vienen incursionado en el país. A cadenas comerciales como Fallabella, Homecenter y el Grupo Polar, se le suma ahora la entrada de Ripley, así como a las EPS Colmedica , Golden Group esperan la llegada de Auntentia y el sector gasífero la empresa Abastible venir a competir con sus compatriotas Lipigas y Gasco.

Colombia podría incrementar sus exportaciones a Chile en productos como azúcar, medicamentos, confitería, automóviles, aceites de petróleo, aceites de palma, grasas o aceites vegetales y animales.

Antes de 2007, la balanza comercial con Chile era deficitaria y una vez  que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile esta relación se invirtió, como se ha ido registrando en los últimos años, hoy la balanza es positiva, es así como en Junio de 2011 se registró un superávit mayor a 251,2 millones de dólares y con un nivel de exportaciones hacia Chile por valor de 907 millones de dólares siendo el petróleo y sus derivados los productos de mayor exportación e importaciones por un valor de 608 millones de dólares, según informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el año 2010 la economía de chilena creció 5.2% con incrementos en inversión y consumo privado y se prevé que para este año, su PIB crezca 6.2% soportado en el alto precio internacional del cobre.

En el índice de competitividad global, Chile está ubicado en el puesto 30 mientras que Colombia se encuentra en el 68 en un escalafón de 133 países, sin embargo, en la calificación del Doing Bussiness 2011 Colombia se encuentra en el puesto 39 frente al 43 de Chile entre 183 países.

Se hace evidente que nuestras deficiencias se encuentran en competitividad, por esta razón es necesario considerar el planteamiento del Presidente Santos cuando habla de la necesidad de copiar el modelo chileno, que ha demostrado ser el más exitoso de toda América Latina.

Para alcanzar este objetivo de lograr mayor competitividad y generar mayor dinámica comercial no solo con Chile, sino con otros países, es necesario hacer grandes esfuerzos en materia de seguridad, mejoramiento de la infraestructura del país, seguir negociando los  acuerdos comerciales como son los de Corea del Sur, Japón y Singapur, avanzar decididamente en la conformación de la Alianza del Pacífico, junto a Perú y México, así como impulsar mejoras en cuanto a nuestra productividad, formación de capital humano y como lo propone el gobierno nacional, hacer un esfuerzo por reducir trámites y condiciones para que el empresario se sienta cada vez más protegido para realizar su actividad económica. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con otros mercados y en especial con el país austral, conociendo nuestro potencial, debemos reconocer que Colombia puede igualar las tasas de crecimiento de países como China, India y Chile logrando así un desarrollo sostenido.

JOSE DARIO SALAZAR

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En medio de una semana marcada por nuevos efectos de la crisis de la deuda en Europa y su consecuente tsunami bursátil, con la caída de las bolsas mundiales tras la reprogramación de la deuda griega y la degradación de la deuda francesa y estadounidense, los resultados de la economía colombiana muestran, por el contrario, signos de crecimiento sostenido. Distintos pronósticos indican que Colombia podrá crecer este año entre el 5% y el 6%.

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) presentada por la Asociación Nacional de Industriales -ANDI- indica un crecimiento económico superior al 5% durante el primer trimestre del año. En especial resalta el crecimiento superior al 6% en la producción y ventas de la actividad manufacturera, con indicadores muy buenos en el uso de la capacidad instalada, tendencia de pedidos, nivel de inventarios, cumplimiento de presupuestos y clima de negocios.

No sólo se evidencia esta tendencia de crecimiento en la industria sino también en el comercio al por menor, con un crecimiento del 15% en cinco meses corridos del año; en las licencias de construcción con un incremento del 75%; un aumento del 39% en las exportaciones y un crecimiento de la producción del petróleo en un 16%. De otra parte, el Ministro Juan Camilo Restrepo, anunció hace unos meses, que después de tres años negativos o de cero crecimiento del sector agropecuario, a pesar de los efectos de la ola invernal, es posible que éste crezca entre un 2% y 4% este año.

Como lo indica el gremio industrial: “Es evidente, entonces, que estamos en un muy buen momento, tanto para la economía en general, como para el sector productivo. Al finalizar el 2011 posiblemente tengamos un PIB de US$340,000 millones; un comercio exterior superior a US$100.000 millones, una inversión extranjera directa cercana a US$15.000 millones y la inversión como porcentaje del PIB superará el 26%”.

Con razón Colombia tiene el reconocimiento de grado de inversión por parte de las calificadoras, como indicador del esfuerzo del pasado y de las proyecciones que muestran una economía con senda de crecimiento estable, que genera cada vez más un ambiente favorable de inversión. Los principales determinantes son la fortaleza del país a los efectos externos de la crisis financiera mundial, el desempeño fiscal, el control anti-cíclico y la perspectiva de crecimiento sostenido. Esto unido a una política económica dirigida hacia la estabilidad jurídica, la templanza fiscal, incluyendo la defensa de la regla fiscal como control de la deuda y el orden constitucional asignado a la sostenibilidad fiscal.

No obstante, no deben perderse de vista los obstáculos que aún perciben los empresarios para el mejor desarrollo de sus negocios, en su orden: tipo de cambio, costo y suministro de materias primas, competencia en el mercado, bajos márgenes de rentabilidad, dificultades de logística y costos de transporte terrestre, contrabando, baja rotación de la cartera y falta de capital de trabajo.

JOSE DARIO SALAZAR

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