Bogotá, D.C., 26 de Marzo de 2015.- Ha llegado a tal extremo la crisis de la salud en el departamento del Chocó, que un informe de la Defensoría del Pueblo llevó a que la Corte Constitucional convocara el pasado jueves 19 de marzo una audiencia pública para que los responsables de la salud en esa región, le informaran al organismo constitucional sobre las acciones realizadas para sacar al departamento de esta problemática que ya ha costado la vida a cientos de niños por enfermedades prevenibles, y otro tanto, a miembros de las comunidades negras e indígenas que constituyen el 92 por ciento de la población del departamento.
La crisis de la salud en el Chocó rebasa los problemas conocidos sobre este tema en Colombia. Allí, la problemática es estructural, y en ella tienen responsabilidades los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal. En esta región interactúan de manera perversa problemas de orden público, minería ilegal, desempleo, desnutrición infantil, discriminación, y el peor mal que hoy aflige a nuestra sociedad: la corrupción rampante de funcionarios que se apropian de los recursos públicos del departamento más pobre de Colombia.
Estos y otros aspectos, fueron los que me motivaron a proponer una sesión de la Comisión VII Constitucional del Senado en la ciudad de Quibdó para el próximo martes 14 de abril. La idea es que el Congreso palpe de manera directa los problemas que agobian a las comunidades, pero sobre todo, buscar que la Comisión que por competencia trata los temas sociales y de la salud, asuma los retos que contribuyan a conjurar de manera definitiva y de raíz, esta situación.
Como Senador y líder de las comunidades afros e indígenas, tengo la responsabilidad de realizar un debate de control político para que los responsables de la salud en el departamento, desde los ministros de Hacienda y de Salud, al igual que los demás entes responsables de implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas en esta materia, manifiesten públicamente cuáles han sido las acciones que han realizado, o expliquen sus omisiones, para que uno de los derechos más preciados de los ciudadanos haya llegado al actual estado de crisis, configurando este estado de cosas inconstitucionales, al decir de la Corte.
El retraso del Chocó es de por lo menos treinta años. El Seguro Social apenas si llegó al municipio de Quibdó, lo que explica la ausencia de una red de servicios en salud para los habitantes del departamento.
Si a esto le sumamos que los recursos que deberían invertirse en programas de salud no se traducen en servicios eficientes y reales, que los pacientes deben ser remitidos a lugares fuera del Chocó por la carencia de hospitales de tercer nivel, sustrayendo por esta vía parte de los recursos que deberían ejecutarse en el departamento, contribuyendo aún más en el debilitamiento de los servicios de salud propios.
Como si fuera poco, el modelo de salud que se aplica en el Chocó no se ajusta a la diversidad poblacional y territorial del departamento, lo que agrava aún más la situación. Esta realidad exige crear modelos de atención integral y diferencial, pues es claro que la problemática social deja inerme la normatividad que no tiene respuesta a las proyecciones del Estado Social de Derecho.
En la crisis de salud que afronta mi departamento juega un papel importante la corrupción, por la inadecuada ejecución de actividades de promoción, ejecución y atención del servicio de la salud; las IPS contratadas no cuentan con los servicios que ofertan; la contratación no se ajusta a la norma legal; los suministros de medicamentos son el vehículo para la desviación de los recursos; la UPC diferencial no es invertida en atención en salud; las EPS como COMPARTA y CAPRECOM no cumplen con lo establecido en la norma para el aseguramiento y prestación de los servicios.
En el caso de los Pueblos Indígenas, el sistema acabó con los promotores que eran necesarios para el manejo de la salud pública (promoción y prevención) y el acercamiento a las comunidades indígenas, porque el personal que los atiende no conoce la cultura, ni maneja las lenguas nativas, factores que inciden en una atención médica deficiente y que a la postre ocasiona la muerte de centenares de niños, hechos que en muchos casos pudieron evitarse.
Que tristeza para los afros e indígenas del Chocó, que crecimos bajo el amparo de la Constitución Política del 91, que nos hicimos a la idea de un nuevo pacto social que establecía que Colombia era un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y en la prevalencia del interés general.
La presencia de la Comisión VII del Senado en el Chocó debe contribuir para que se trabaje en la adopción de una política de atención con enfoque diferencial, en el diseño de programas que consideren la complejidad de nuestro territorio, para que se avance en una política de adecuación institucional que empodere a los trabajadores de la salud del departamento, y que estimule e implemente el uso de nuevas tecnologías. Esperamos que el debate de Control Político que hemos convocado, contribuya a este sano propósito.
