Bogotá D.C., febrero 2 de 2017. Quizá desde las grandes ciudades no hemos sido aún suficientemente concientes del enorme paso que para la sociedad colombiana significa el tener a miles de insurgentes llegando a las zonas veredales transitorias con el ánimo de dejar sus armas y de emprender el camino de la reincorporación a una sociedad que mucha veces los privó de medios y de alternativas para llevar una vida digna en el campo.

Es pertinente reconocer la voluntad política y ánimo de cumplimiento de la organización guerrillera, que de conformidad con los acuerdos suscritos, está movilizando a la guerrillerada a los sitios donde en las siguientes semanas, deberá avanzar con ellos el proceso de inclusión como ciudadanos en la vida social, económica y política del país. Estas marchas de hombres y mujeres cuya cotidianidad durante medio siglo era la guerra, nos alegra, y reafirma la esperanza de que seamos capaces de construir una historia donde las armas no sean herramientas políticas.

Mucho se ha dicho que este proceso de negociación para la terminación del conflicto armado interno es singular en muchos aspectos, y no podría ser de otra manera si queremos que sea sostenible y duradero. Queremos creer que estamos recogiendo las lecciones aprendidas de otros procesos y sobretodo de sus errores. Particularmente en la fase inicial de desmovilización, dejación de armas e incorporación a la sociedad tenemos experiencias fallidas que nos deben ser útiles.

Nos preocupa entonces que en los últimos días se señalen de manera recurrente los atrasos en el montaje y adecuación de las zonas de transición a la normalización, que pueden estar generando dudas entre la guerrillerada. Nos preocupa que no hayamos avanzado mucho en la difícil coordinación interinstitucional, que en esta fase exige cambios en las lógicas y procedimientos institucionales, tan poco acostumbrados a coordinar acciones y a poner el máximo de sus esfuerzos en tareas comunes y urgentes.

Sabemos que estos procesos están cruzados por dificultades de distinta índole pero tambien estamos convencidos que si existe una real voluntad política para superarlas, se podrá avanzar al ritmo y en las condiciones de complementariedad que se requiere.

De otro lado volvemos a insistir en la necesidad de comprometer a las entidades territoriales (gobernaciones y municipios) que no pueden reducirse solo a hacer el monitoreo. Su primer compromiso debe estar dirigido a impedir que se recicle la violencia en las regiones y a garantizar la presencia y acción institucional, en concurso con la nación.

Así mismo las organizaciones sociales y gremiales en los territorios, son actores claves para dar sostenibilidad al proceso de reincorporación de los centenares de hombres y mujeres que quieren tener una vida digna y en paz.

Las regiones y territorios que han sido más afectadas por el conflicto armado y social en las últimas décadas continúan siendo objeto de hechos violentos que constituyen violaciones a los derechos fundamentales y colectivos, tales como asesinatos, amenazas, atentados, entre otros.

Es así como solo en los últimos días desde el territorio indígena de Puracé se reporta el asesinato de dos mujeres jóvenes por actores armados desconocidos; igualmente la comunidad indígena de López adentro en el norte del Cauca alerta sobre la presencia de hombres fuertemente armados que se movilizan en motocicletas y agreden verbal y físicamente a los comuneros.

Los cabildos y las guardias indígenas de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Corinto, Huellas, Tóez y López Adentro siguen ejerciendo control en sus territorios buscando impedir que estos grupos recorran o se asienten en los mismos.

Conocimos también del atentado contra la vida del gobernador indígena del resguardo de Cumbal en Nariño quien antes ha sido amenazado por el grupo denominado Aguilas negras y en días pasados explotaron un artefacto en su residencia causando daños materiales.

Llamamos al gobierno central a poner en marcha los mecanismos de protección de activistas sociales y políticos, consignados en el Acuerdo final de paz, así como a activar decididamente los organismos de investigación para que se conozca la verdad sobre estos hechos y se castigue a los responsables. Requerimos tener prontos resultados antes que largas investigaciones exhaustivas que no contribuyen a prevenir y castigar a sus autores, ni a proteger debidamente a las autoridades y territorios indígenas.

El hecho ocurrido esta semana en Santa Rosa, sur del departamento de Bolívar, por un supuesto enfrentamiento armado entre el ejército y guerrilleros de las FARC causa enorme preocupación en medio de una situación de inseguridad frente al proceso que deberá seguirse para dar vida a los Acuerdos de La Habana.

Nos causa mucha preocupación la ocurrencia de este evento que nos muestra la fragilidad en que se encuentra el cese bilateral de hostilidades, hasta tanto ambas partes tengan seguridad en relación con los pasos a seguir para hacer realidad los acuerdos logrados.

Esperamos que la Comisión Tripartita, conformada por gobierno, farc y onu, que se encuentra haciendo seguimiento y verificación del cese al fuego pactado, rinda pronto informe que permita despejar estos hechos.

Igualmente celebramos la decisión de las partes de mantener su compromiso con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, esperando que prontamente el gobierno nacional inicie la implementación de los acuerdos para superar el conflicto armado interno.

Hace justamente 20 años, cuando concertamos como movimiento indígena con el gobierno nacional el decreto 1397 que creó la Mesa Permanente de Concertación, expresamos al entonces ministro del Interior, Horacio Serpa, y a los sucesivos gobiernos, que el derecho a la consulta previa, ya contaba con lo establecido por la ley 21 de 1991 que recogió el convenio 169 de la OIT, y que en cualquier caso debería adelantarse un proceso de diálogo, consulta y concertación que permitiera reglamentar el ejercicio de dicho derecho.

Con posterioridad fue la corte constitucional la que desarrolló este derecho especial vía sentencias de tutela fundamentalmente, conformando un paquete de jurisprudencia que fue y sigue siendo referente en la región americana. En el concierto internacional se dieron también desarrollos importantes que culminaron entre otros con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General.

Dicha Declaración establece claramente que corresponde a los Estados, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado; señala el mismo deber antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Varios han sido los intentos de distintas administraciones por reglamentar este derecho y todas han sido elaboradas a puerta cerrada con la asesoría muchas veces de representantes y asesores de los grandes capitales interesados en desarrollar megaproyectos sin tanto estorbo, o lograr la expedición de normas que restringieran el fuero especial y según muchos, excesivo, de que gozan los indios y sus territorios, por cuanto se constituyen en "palos en la rueda del desarrollo", al oponerse a las locomotoras del desarrollo que ponen en riesgo su pervivencia física y cultural.

Hemos manifestado disposición a dialogar y acordar caminos vía reglamentos o protocolos que regulen procedimientos en relación con este derecho. Sin embargo hoy nos tropezamos una vez más con una propuesta de ley estatutaria para regular la consulta previa, que confeccionó el gobierno, la cual persiste en el desconocimiento de los avances en esta materia tanto en lo nacional como en lo internacional, no obedece a los acuerdos hechos en el espacio de concertación con los pueblos indígenas, vulnerando la buena fe, como principio ético regulador de las relaciones entre el Estado y las poblaciones étnicas, que excluye los actos arbitrarios, discriminatorios o aquellos que impliquen engaño, perjuicio o imposición.

La misma Declaración de Naciones Unidas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

No basta con hacer declaraciones de respeto a los compromisos internacionales adquiridos si en la realidad los hechos marchan en contravía. No es concebible que mientras en la mesa de concertación se construyen acuerdos, estos son desconocidos, inaplicados o desacatados por quienes tienen un deber de garantía para su cumplimiento.

No habrá paz estable y duradera si no invertimos tiempo, esfuerzos y voluntad política, en superar la brecha de exclusión y desigualdad que viven las poblaciones étnicas en el país, visibilizando su situación y propuestas en la agenda pos-acuerdos; de no hacerlo seguiremos con un rezago histórico que se traduce en conflictos cuando los pueblos y comunidades se manifiestan en las carreteras del país porque los espacios de diálogo intercultural y concertación han sido cerrados o sus acuerdos incumplidos.

Unidad y solidaridad son valores que rescatamos estos días ante la incertidumbre en que nos dejó el llamado empate técnico entre el SI y el NO en el plebiscito. Y quienes lo ponen en primera línea son justamente los sectores sociales (estudiantes, indígenas, mujeres, jóvenes, entre otros) que llaman a unir esfuerzos y voluntades como ciudadanos del común, en solidaridad con los sectores más afectados por la violencia a la cual se le quiere poner fin, por lo menos en su expresión armada. 

Como lo señalamos meses atrás, al Pacto por la Paz le faltaban esos socios importantes y decisivos a la hora de decidir, por cuanto la sostenibilidad de la paz en el post-acuerdo está vinculada a la participación activa de los distintos movimientos sociales que representan los intereses y las reivindicaciones de los más pobres, excluidos y vulnerados en sus derechos. No es el cálculo de los réditos políticos partidistas el que moviliza a la ciudadanía de a pie, sino la íntima convicción de que solo haciendo conciencia del prolongado sufrimiento y las angustias de los otros, podemos superar este estado de cosas inhumanas y degradantes.   

Que se logre un rápido acuerdo político y social que tome el acuerdo ya firmado como la base de cualquier salida, pues no podemos pensar en escenarios donde se deba renegociar todo. Que se presenten propuestas razonables y muy específicas que nos permitan salir de este punto muerto. Que el faro sea pensar en ese otro país con 8 millones de víctimas, que desde los centros urbanos no hemos escuchado ni visto suficientemente. Que las víctimas colectivas ocupen un lugar destacado que muestre que finalmente entendemos los enormes y desproporcionados impactos que han tenido por la violencia armada que llegó a sus territorios, los expulsó de los mismos, asesinó a sus más coherentes líderes, se llevó a sus niños y jóvenes a la fuerza, violentó a sus mujeres, y quiso borrar la memoria de su resistencia a los embates del poder económico, político, social y cultural.

Celebramos que el ELN se suba al tren en momentos que enfilamos nuestras acciones en la solución pronta del conflicto armado. Recibimos con entusiasmo las declaraciones de sus voceros señalando que los avances del acuerdo con las FARC pueden tomarse como punto de partida para esta nueva negociación que conduzca a la terminación de la guerra.

En un mundo tan convulsionado por las guerras internas, se entendió que el ansia de paz de los colombianos, representada en los esfuerzos que se hacen por lograr la reconciliación nacional, a pesar de los dolorosos resultados del domingo, es digna de reconocerse en cabeza del presidente Santos, al otorgarle el PREMIO NOBEL DE LA PAZ esta mañana, resaltando la perseverancia en la búsqueda de una paz estable y duradera.
 

Lo que nos hace en efecto mejores seres humanos es persistir en que todos tengamos una vida más digna con justicia y paz. Entendemos que este esfuerzo sostenido por varios años es lo que se aplaude en el concierto mundial porque rescata los mejores valores humanos a nivel familiar, político, social y cultural. Esto es lo que nos han enseñado a lo largo de la historia en el seno de las comunidades indígenas. Y son los valores cuya defensa han costado la vida a miles de colombianos y provocado desastres humanitarios en el país; son los que ahora nos deben mover en la dirección de resolver pronto los escollos que tenemos delante para ponerle freno a los intereses que solo quieren mover el odio y la ira entre los colombianos.
 

Todos los ciudadanos tenemos el compromiso de responder a estas altas expectativas que pone el mundo sobre esta parte del planeta tan duramente golpeada por la guerra durante casi seis décadas.

En una votación donde solo una tercera parte de la población se manifestó, nos debe llamar a la reflexión lo que esto significa, antes que hablar de triunfos o de derrotas. Con un resultado que identifica claramente los territorios que más víctimas han puesto como aquellos que claman por el fin del conflicto armado, es cuestionable que las organizaciones políticas partidarias reclamen lugares en la mesa de negociación sin antes tener en cuenta las victimas reales y las organizaciones sociales que más han padecido la guerra.   
 

Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de persistir en el propósito de ponerle fin a la guerra que nos ha marcado por décadas y de definir los mínimos imprescindibles para transitar por caminos de paz con justicia social.
 

Aprendamos de las lecciones que nos deja el reciente proceso para decir No a la polarización con base en egos desmedidos, No a las verdades o mentiras a medias, No a la generación de miedos y temores que en nada contribuyen a construir una ciudadanía consciente y bien informada. 
 

Terminar la guerra y ponerle cimientos a una paz con justicia social es un camino que no podemos abandonar. Vivimos un momento histórico que nos exige ser responsables con los colombianos que votaron contra la guerra, que nos muestra la necesidad de motivar y movilizar a la gran mayoría que se abstuvo de participar, y que nos reclama no olvidar que las víctimas y los territorios más olvidados son el centro de este proceso.
 

Los pueblos indígenas seguirán afirmándose como actores de paz, y sus territorios, que también han sido víctimas de la guerra, como territorios de paz. Una paz que no solo consiste en el silencio de las armas, sino en desactivar los factores que producen inequidad, exclusión e indiferencia. Seguiremos acompañando los procesos que contribuyan a construir una paz que transforme estas condiciones para que NUNCA MAS alguien tenga motivos para reclamar justicia usando la violencia, o para defender sus intereses por la vía de las armas.

Para quienes vivimos de cerca por más de 50 años la guerra interna en Colombia, el día de ayer nos mostró un hecho histórico que revive la esperanza de que seamos capaces de dejar a nuestros hijos un país donde los enfrentamientos y las diferencias se resuelvan por vías diferentes al uso de las armas y de la violencia.

Aunque falta leer con mente abierta el texto final, estamos seguros que será objeto de controversias y debates. No hay un acuerdo perfecto ni una negociación que satisfaga a todos. Seguiremos afirmando que preferimos la finalización del conflicto armado a la perpetuación del mismo en espera de una victoria que no ha sido posible en décadas.

Como sectores que hemos padecido el conflicto llamamos a desarmar los espíritus, a controlar la palabra y a no confundirnos con chismes y rumores infundados como los que abundan en este tiempo.

Sabemos que la paz que queremos no se logra solo con la firma en un papel por parte de quienes llevan las armas, sino la que se asegura sobre el reconocimiento real de los derechos, sobre el ejercicio real de la participación en las decisiones que afectan la vida de la gente en sus localidades, sobre la urgencia de transformar las condiciones de vida de los más pobres. Queremos vivir en la paz que es consecuencia del respeto a la Vida y a los derechos de todos, de la paz que solo es posible con justicia, de la paz que se construye con reconocimiento del otro.

Celebramos que se termine la guerra con la profunda convicción de que empezar a vivir en paz solo es posible en la medida que resolvamos los conflictos sociales, culturales, ambientales, que abonaron el conflicto armado interno al que ahora se pone fin.

Reconocemos el trabajo perseverante de las partes que se sentaron a negociar con el compromiso de no encontrar motivos para levantarse de la mesa.  Nos corresponde ahora como ciudadanos manifestarnos en el plebiscito refrendatorio. Por eso diremos SI a la finalización de la guerra.

Comenzamos el año con la noticia de los niños y niñas más pobres del pueblo wayúu muriendo por hambre y enfermedades relacionadas. La muerte de centenares de  niños en ocho años, mereció que en diciembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cobijara con medidas cautelares a esta población porque su vida estaba amenazada. A los pocos días el gobierno nacional estaba solicitando el levantamiento de dichas medidas afirmando que estaba actuando sobre las causas estructurales del hambre en estas comunidades y adelantaba acciones de protección. Sin embargo para comienzos de julio la cifra de menores fallecidos por hambre ya superó la cifra de muertos en 2015 y el gobierno admite que sigue “descubriendo fallas” en la protección debida a ellos.

Luego de la Comisión Interamericana, el Tribunal Superior de Riohacha, le ordenó en junio al presidente Santos solucionar la emergencia humanitaria. Hace dos semanas la Corte Suprema de Justicia se pronunció declarando una evidente violación de los derechos de los niños y ordenando la pronta atención del Estado en coordinación con la Presidencia.

Esta situación no tiene nada de novedosa. Solo que se hizo difícil tapar esta olla podrida que compromete al gobierno central, los partidos políticos, las empresas que explotan los recursos del suelo y subsuelo, los grupos paramilitares, los caciques locales amangualados con todos ellos, la inoperancia de los organismos de investigación y control. Se conoce de sobra la corrupción alrededor de los recursos de transferencia con destino a las comunidades indígenas que se quedan en las alcaldías, los negociados con los recursos de salud y con las regalías, la falta de consulta y concertación con las comunidades, y la corrupción por parte de instituciones privadas y públicas que se llevaron el dinero destinado a la alimentación de los niños, en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, y en los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías, como lo señala la Contraloría General de la Nación.

Es por estas razones que el día de mañana, los guajiros protestarán una vez más en el marco de un paro cívico para exigir del gobierno central y regional pronta solución a una problemática ya identificada y que aún no recibe una atención adecuada.

Esperamos que se respete la protesta social por parte del gobierno y por parte de los intereses políticos partidistas tanto locales como nacionales, que se ejecuten prontamente las órdenes judiciales, y que se detenga la muerte por hambre y sed de los menores wayúu, que se convirtió en el gran negocio de los corruptos que se han apropiado de los recursos destinados a atender esta población.

En medio del conflicto armado que ha golpeado de manera permanente y grave al sector rural, son los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades negras a través de sus organizaciones y autoridades propias, las que con mayor énfasis han insistido en la búsqueda y construcción de alternativas para la reconciliación y la paz mediante el diálogo y la concertación. En la misma dirección han insistido en la urgencia de construir una nueva institucionalidad a favor de la vida, la paz, la conservación de la naturaleza y el bienestar.

Los últimos hechos nos muestran que se impuso la necesidad de la paz, y que como lo hemos reiterado antes, apenas damos los primeros pasos en el camino que nos debe conducir a una paz transformadora y duradera.

Es por ello que hemos acompañado y celebrado el proceso que se ha desarrollado para dar por finalizado el conflicto armado interno, que ya ha significado una notable reducción de desplazamientos, secuestros, muertos en combate, accidentes por minas y reclutamientos forzados.

Hemos participado en consecuencia en las distintas iniciativas que apoyan este proceso de negociación. Así lo hicimos el pasado 23 de febrero en el lanzamiento del Pacto por la Paz, entre el presidente Santos y los partidos políticos que compartimos el afán por terminar con la guerra interna. Afirmamos luego nuestra convicción en que a ese pacto le faltaba un ingrediente indispensable, por cuanto la sostenibilidad de la paz en el post-acuerdo está vinculada a la participación activa de los distintos movimientos sociales que representan los intereses y las reivindicaciones de los más pobres y excluidos.

Por ello participamos del Encuentro SI A LA PAZ a finales de junio, al lado de otros movimientos políticos y sociales, de donde surgió el Manifiesto por la Paz en Colombia que afirma:

“La Paz es posible, es una construcción colectiva, es un propósito común que genera esperanza. La arquitectura para la Paz es necesaria llenarla de nuevos contenidos y demanda movilización social, cambios institucionales, más pluralismo, instituciones incluyentes, pedagogía, acción comunicativa, inversión social, voluntad política de transformación, pero más que todo, pide la participación de todas y todos”.

Como organización política y gestores de paz asumimos el compromiso de apoyar el proceso de paz negociada, la refrendación y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional y las FARC. Días después la Corte Constitucional avaló la realización de un plebiscito para que los colombianos decidamos si estamos o no de acuerdo con lo que pacten el Gobierno y las FARC en el Acuerdo Final para la Paz.

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Con el propósito de adelantar una campaña por el SI al plebiscito, presentamos a finales de julio, al lado de otros sectores representativos de la diversidad étnica, cultural, religiosa, política y social del país, la plataforma “Sí Paz Con Todos”. En desarrollo de la misma, se adelantó la pasada semana una reunión amplia de esta confluencia ciudadana para ratificar su compromiso con la paz y con el Sí en el plebiscito.

La campaña aprobada busca hacer pedagogía sobre las ventajas de los acuerdos logrados con las FARC, enfatizando en las regiones que son los espacios donde se ha desarrollado la guerra y desde donde esperamos construir paz duradera, con el apoyo de los alcaldes y gobernadores que se unan a esta iniciativa, y que esperamos seamos mayorías por el Sí a la Paz.

Llamamos al trabajo amplio, activo y comprometido en el marco de esta campaña, para asegurarnos que el proceso de negociación que ya lleva más de cuatro años nos conduzca a la reconciliación, y el Acuerdo Final sea implementado en beneficio de las mayorías que hemos padecido la guerra en las regiones y que queremos contar para la vida en paz.      

Bogotá D.C., junio 24 de 2016. El acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo es, sin duda alguna un  paso adelante en el proceso de paz que se materializará cuando se firme el acuerdo definitivo. 

Entendemos que es solo un paso que depende de llegar a la meta, pero que nos debe alejar cada vez más de los ranking que ostenta Colombia, ojalá con mucha vergüenza. Entre ellos ser la primera población del mundo más afectada por el desplazamiento forzado, primer país con el mayor  número de víctimas generadas por minas antipersonal, tercer lugar entre los países del mundo en el que más niños y adolescentes son vinculados a la guerra, primer lugar en niveles de desigualdad en la región y séptimo a nivel global.

No es que pensemos que todo esto desaparecerá por obra instantánea de los acuerdos finales de paz. Por el contrario, significa que debemos centrarnos en los múltiples problemas cuyas soluciones deparen una vida mejor y más digna para la gente, todos incluidos. Significa que debemos concentrar nuestros esfuerzos y creatividad en construir una sociedad sin exclusiones, bajándole al mínimo a la pobreza y a la inequidad, garantizando el ejercicio de los derechos ciudadanos, si queremos ser viables como nación. 

Significa también un claro mandato ciudadano para desactivar con toda la capacidad de la fuerza pública, los grupos herederos del paramilitarismo y desarrollar una lucha eficaz contra el narcotráfico y las economías ilegales, que son la matriz de la que se nutren los grupos armados ilegales y los corruptos con vestiduras respetables y legales. Y al lado de una institucionalidad democrática y respetuosa de los derechos humanos, éstas son  tareas descomunales que, después de décadas de violencia, requieren el concurso de todos los colombianos según sus capacidades, y el aporte de cada uno de acuerdo con sus posibilidades. 

Para los que nacimos y crecimos en medio del conflicto armado, afirmar este paso es motivo de alegría. Hoy celebramos que se ha dicho, “No más combates, No más armas”; para que las madres dejen de temer por sus hijos, para que los niños y adolescentes aprendan a escribir y leer y no a manejar fusiles, para que los habitantes del campo no sientan miedo y tengan una vida buena, para que podamos asegurar alimentos para todos, para que las inversiones sociales se incrementen porque se reducirán los gastos de la guerra, para que todos podamos morir dignamente de viejos.   

Bogotá D.C., junio 20 de 2016. El pasado miércoles 15 de junio la organización de estados americanos, OEA, en la 46a asamblea general del organismo, y con la participación de los 34 países miembros, aprobaron la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas después de 17 años de debates.

Colombia es el único país latinoamericano que objetó la declaración mediante la presentación de tres notas explicativas  al contenido de seis artículos y la no aceptación del enfoque de la Declaración frente al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto a medidas que les afecten.

De esta manera la administración Santos coincide con las reservas presentadas por el gobierno nacional en el año 2007, cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ocasión en la cual Colombia fue el único país que no votó dicha declaración. Podemos afirmar que antes bien, esta administración extiende sus objeciones sobre asuntos que plantean una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, en especial en lo relacionado con la no imposición de modelos y proyectos de desarrollo que afecten su integridad física, cultural o territorial.

De esta manera seguimos visibilizando la crítica distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Recordamos el mensaje del Presidente Santos con ocasión del día internacional de los pueblos indígenas en el 2013 cuando exclamaba: “Para atrás, apreciados indígenas, ni para coger impulso!".

Es por esta razón que pueblos y organizaciones indígenas insisten en que Colombia retire su pie de página y notas explicativas a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual consideran regresivo y un claro desconocimiento de los logros históricos que han alcanzado después de varios siglos de lucha por sus derechos colectivos. 

Bogotá D.C., junio 8 de 2016. No pasa semana sin que tengamos noticias desoladoras del funcionamiento del sector ambiental en el país. Muchos podrían pensar que es una señal de la importancia que cobran para la nación temas que antes eran desdeñados o pasaban inadvertidos, mientras otros podrían opinar que en la medida que muchos de los conflictos sociales en las regiones están estrechamente vinculados con el manejo ambiental de los territorios, se ponen en primera línea estos asuntos.

Dos temas en las últimas semanas han vuelto a poner el dedo en la llaga ambiental que permanece sin curas adecuadas:

Uno, el informe de la Contraloría General que otra vez hace un pobre balance de las CAR y vuelve a insistir sobre las falencias que arrastra la institucionalidad ambiental. Se les mira como entidades burocratizadas, inoperantes e ineficientes en relación con la ejecución de los recursos de inversión que son los que deben permitirles cumplir con los objetivos para los cuales fueron creadas, mientras que son muy buenas ejecutoras de los recursos de funcionamiento. 

En relación con la auditoría realizada a las 33 corporaciones autónomas regionales, el ente de control  señala como preocupantes serias fallas en el cobro de licencias ambientales, una débil gestión de cobro de las multas y escasas sanciones a los infractores, dado que no se tramitan las denuncias por hechos sancionables o no se adelantan con eficiencia. Al lado subsiste la falta de seguimiento a los permisos y licencias ambientales.

Este diagnóstico ha llevado a que en distintas ocasiones se insista en la necesidad de reformarlas, la última de las cuales se dio a comienzos del 2013 cuando el gobierno anunció una reforma a estas instituciones dados los problemas estructurales que se evidenciaron con el fenómeno de la Niña que entonces vivió el país. Esta iniciativa debía ser sometida a consulta previa con las poblaciones étnicas, por lo que se sometió a los espacios de concertación, se llegó a acordar una ruta para adelantar este proceso con los pueblos indígenas, sin que finalmente se llevara a cabo por decisión del gobierno.

Por ahora se espera que en las próximas semanas el ente de control entregue otro informe que profundice en la efectividad de las CAR en la protección de los bienes y recursos ambientales en sus jurisdicciones.      

El otro tema  que seguramente seguirá siendo objeto de debate por un tiempo, tiene que ver con la reciente decisión del tribunal constitucional,  que reconociendo la autonomía de los municipios para decidir los usos del suelo, otorga a los concejos un derecho de veto a la minería en esas entidades territoriales.

En este tema la alta corte ha avanzado en sus pronunciamientos,  ya que hace dos años determinó que en las decisiones sobre exploración y explotación minera, se debía garantizar la participación activa y eficaz de los municipios y la definición de las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población.

Unos meses después, una decisión del Consejo de Estado suspendió temporalmente un decreto que prohibía a los municipios restringir la minería en su territorio,  basándose en que viola la autonomía de los municipios para regular el suelo y tomar las medidas necesarias para el control, preservación y defensa del medio ambiente.

Esperamos que este fallo que pone en el mismo riel las decisiones de las máximas autoridades judiciales, repercuta en la reducción de los conflictos ambientales locales vinculados al uso y ordenamiento de los territorios, que habían conducido a la realización de consultas populares que se pronunciaron contra la minería en varios municipios del país. 

Estamos convencidos que la paz territorial pasa por el debate sobre el modelo y prioridades del desarrollo que queremos, que no es otro que aquel que respete la vida y garantice la participación en las decisiones sobre proyectos o actividades que puedan afectar el goce de un ambiente sano y por la protección del patrimonio ecológico en los territorios.   

Comunicado del senador Marco Avirama.

Bogotá D.C., junio 3 de 2016. Hemos reconocido en distintas oportunidades como hechos positivos, que esta administración ha respetado la protesta social y ha mantenido una actitud de diálogo con las organizaciones sociales. Sin embargo al mismo tiempo vemos que los compromisos asumidos por los representantes del gobierno nacional en los distintos espacios de concertación se incumplen o los niveles de cumplimiento son muy bajos en términos de los plazos pactados, de los recursos que se deben apropiar o de los debates sobre distintos temas y políticas públicas que se deben propiciar. 

En efecto son diversos los acuerdos que se han hecho en lo nacional y regional con distintas organizaciones campesinas, indígenas y negras que cargan con un alto déficit de cumplimiento. En lo relativo a los pueblos indígenas el sistema de información de la Mesa Permanente de Concertación indica que cerca del 90% se han hecho con el actual gobierno correspondiendo a 1.069 acuerdos, lo cual habla bien de los consensos logrados, pero al mismo tiempo señala un muy precario cumplimiento de los mismos.

A pesar que desde el 2010 el Plan Nacional de Desarrollo es por primera vez consultado con los pueblos y organizaciones indígenas, el gobierno ha admitido un cumplimiento cercano al 32%, mientras informes de la Contraloría General señalan que es de apenas un 7%. Respecto al PND 2014-2018 no se superan las barreras y malas prácticas señaladas en el anterior, pues las distintas entidades aun no muestran capacidad ni voluntad de reflejar en sus políticas, programas, proyectos y presupuestos, los acuerdos que se hicieron.

Más preocupante es la situación de las víctimas indígenas y del decreto ley que ordena atenderlas, y que el mismo sistema de información reporta con un cumplimiento que apenas supera el 1%, a pesar de existir el decreto ley que fue concertado, y múltiples órdenes judiciales del orden nacional e internacional que llaman a atender esta extrema situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas indígenas.     

De otro lado organizaciones campesinas e indígenas han reiterado la necesidad y su disposición a participar en debates sobre temas vitales, tales como las garantías de sus derechos territoriales, la política minera, la política agraria, derechos humanos y paz, sin que se garantice  efectivamente la participación e incidencia de estos sectores sociales.     

De esta manera se muestra una gran brecha entre lo que se concierta y lo que se cumple. El Presidente Santos inició su gobierno señalando su disposición al diálogo por cuanto no quería tener que llegar a las carreteras a atender los reclamos de las organizaciones sociales.  Desafortunadamente esta situación se repite y tenemos ahora que lamentar la muerte del guardia Embera Willington Quibarecama en el Chocó, y de los comuneros Gersain Cerón y Marco Aurelio Diaz en el Cauca, así como 4 heridos graves por impacto de bala (Evelio Hurtado del Resguardo de Pioyá, Ovidio Escue Dagua del Resguardo Huellas Caloto; Oscar Guetio del Resguardo de Munchique Tigres y Rafael Pazú del Resguardo de Jambaló) y 135 heridos.

Ojalá no hubiera sido necesario llegar a atender las demandas sociales a las carreteras. No basta con pedir disculpas por la falta de atención a los acuerdos firmados. Urge el diálogo eficaz que se concrete en la ejecución y materialización de las concertaciones logradas desde una perspectiva de derechos. Solo así será posible que sigamos avanzando en los caminos que nos conduzcan a la paz y la reconciliación nacional.  

“El parque se encuentra traslapado con seis resguardos que hacen parte del territorio ancestral U´wa".

Bogotá D.C., abril 28 de 2016. Han pasado 19 años desde que los U’wa se opusieron al proyecto petrolero Pozo Gibraltar, y en el transcurso de este tiempo han tenido que enfrentar en varias ocasiones las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio del medio ambiente que ponen en riesgo su integridad territorial, social, cultural, ambiental y económica.

La licencia otorgada en 1999 por el entonces ministro de medio ambiente, Juan Mayr, a favor de la OXY, estuvo plagada de engaños e ilegalidades, tales como fijar los límites del resguardo unilateralmente,  y de manera amañada dejar por fuera por unos pocos metros el pozo mencionado, con la finalidad de alegar que no había afectaciones directas.

Las manifestaciones pacíficas de la nación U´wa fueron respondidas muchas veces con violencia desproporcionada. Solo en febrero de 2000, cuatro helicópteros y 5000 efectivos de la policía antidisturbios desalojaron violentamente a la comunidad concentrada en los sitios de La China y Las Canoas. En esa acción tres niños de 4 meses y 9 y 10 años se ahogan en el Río Cubucón mientras sus madres intentaban cruzarlo huyendo de las acciones de la policía. Estos hechos motivaron la reacción de distintos sectores sociales en la región en apoyo al pueblo U'wa, un paro agrario, y la marcha de 4000 campesinos y 1500 indígenas hasta el sitio de exploración.

En 2004, se abrió el bloque de exploración Catleya en un contrato entre ECOPETROL y la REPSOL YPF, que incluye una parte del resguardo indígena. Posteriormente enfrentaron el proyecto petrolero Magallanes por cuanto el río sagrado Cubogón o Keramá, que abastece al río Arauca, corría a menos de 500 mts. del lugar donde se hacían los trabajos de prospección, y lo ponía en grave riesgo de desaparecer. Además que el área de exploración era contigua al Resguardo Unido U’wa y en medio de la Reserva Forestal del Cocuy, área que consideran sagrada por cuanto allí habitan sus guardianes espirituales.

Ahora campesinos e indígenas se manifiestan en defensa del parque nacional natural del Cocuy, la mayor área glaciar de Colombia, con más de 25 picos cubiertos de nieves perpetuas, y una de las pocas montañas glaciares tropicales que aún sobreviven por el calentamiento global. En idioma U´wa es conocido como Zizuma y cubre los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá. El parque del Cocuy se encuentra traslapado con seis resguardos que hacen parte del territorio ancestral U´wa.

Esta área tiene un especial significado espiritual para el pueblo U´wa, es considerada como un sitio donde habitan sus espíritus protectores. Antes de que fuera declarado parque nacional natural, tenían un manejo cultural propio de este territorio y debía protegerse de amenazas, tales como los proyectos extractivos, el daño a las especies animales y vegetales, la contaminación de sus suelos y aguas, y en el caso presente, del turismo irreverente e irrespetuoso. Denuncian por ejemplo que un video en redes muestra a un grupo de visitantes jugando fútbol en pleno nevado.

Cumpliendo con sus principios y mandatos culturales, el pasado 18 de marzo los U'wa comunicaron que a partir de esa fecha no permitirían el turismo en ese sitio sagrado, por cuanto consideran que las autoridades han sido incapaces de administrar y ejercer control en el Parque Nacional Natural El Cocuy, y en su rol de operador turístico, incumplen sus funciones de garantía, protección y conservación de estas áreas protegidas.

Para el pueblo U´wa impedir la entrada de turistas significa detener el proceso de daños físicos y culturales que han conducido al desequilibrio natural y espiritual, y los ha llevado a la decisión de movilizarse en defensa de su territorio ancestral.

Fue así como se programó para el 15 de abril, una reunión con campesinos, indígenas y delegados del gobierno nacional y departamentales, y organismos de control, a la que no comparecieron funcionarios gubernamentales con capacidad de decisión, por lo que persisten en su acción de protesta y mantienen su actitud de diálogo y concertación.

Esperamos que los anuncios de usar la fuerza frente a la protesta de campesinos e indígenas no sea cierta y que las autoridades ambientales comparezcan a la cita en la región lo más pronto posible, con el objeto de llegar a acuerdos sobre los justos reclamos de protección, conservación y cuidado de Zizuma, (Parque del Cocuy), sitio sagrado del pueblo U´wa.

Abril 11 de 2016

Marco Anibal Avirama

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) advirtió hace pocos días que en Colombia la pérdida y desperdicio de alimentos por año equivale aproximadamente al total de los alimentos que importamos en el mismo tiempo, y corresponde a 9,7 millones de toneladas, entre ellas, 6,1 millones de toneladas de frutas y verduras, 772.000 toneladas de cereales,  y 29 mil toneladas de lácteos desechados.  La información indica que en promedio cada colombiano desperdicia 32 kilos de alimentos al año y que la comida que se bota alimentaría 8 millones de personas.

A nivel mundial se habla de 1.300 millones de toneladas de alimentos que van a la basura, de lo cual son responsables tanto los países desarrollados como aquellos denominados en vías de desarrollo. Los primeros botan el 56% mientras los segundos desperdician el restante 44%, de acuerdo con informes del Banco Mundial (informe Alerta sobre precios de los alimentos)

Estas escandalosas cifras ofenden aún más si tomamos en consideración que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo carecen de alimentos suficientes y el 98% de ellos viven en los denominados países en desarrollo, donde son los niños las principales víctimas del hambre y quienes sufren de enfermedades asociadas que los lleva a la muerte. Así lo señala la FAO en el informe sobre ‘Desperdicio de alimentos en época de crisis’ cuando afirma que en América Latina y el Caribe 52 millones de personas padecen hambre, y cerca de 9 millones de niños padecen desnutrición crónica, léase hambre aguda.

Estos análisis postulan la existencia de factores diferenciados que intervienen en el desperdicio de comida, ya se trate de países ricos o países pobres. Para los segundos se habla de falta de infraestructura de transporte,  almacenamiento y empaque inadecuados, mientras que en los países ricos la explicación se basa más en los hábitos de una sociedad consumista y de la venta minorista.  Para el caso colombiano el estudio del DNP determinó las etapas en las que se desperdician esas 9,6 millones de toneladas en el país:  producción agropecuaria (40,5%);  poscosecha y almacenamiento (19,8%);  procesamiento industrial (3,5%);  distribución y retail (20,6%)  y consumo en hogares (15,6%).

Pero además de cifras vergonzosas debemos considerar informes de distintos organismos multilaterales (FAO 2013) que alertan sobre el impacto que el desperdicio de alimentos tiene en los recursos naturales e insumos utilizados en la producción de los mismos, tales como tierra, agua y energía, abonando así a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad.

Este es pues un tema sembrado de contrasentidos: la evidente contradicción entre el despifarro de un tercio de los alimentos que producimos en el planeta mientras casi 1.000 millones padecen hambre; el absurdo costo económico y ambiental del desperdicio de alimentos que podrían ser reutilizados o reciclados; el discurso sobre seguridad alimentaria frente al desperdicio de alimentos producidos; el enorme daño que se ocasiona a los recursos tierra, agua, aire, biodiversidad, sin los cuales no sería posible la producción de alimentos.    

Recomendaciones emanadas de organismos multilaterales, ubican el rol activo que deben jugar los parlamentos para abordar este tema: "los legisladores tendrán que adoptar una serie de medidas que pueden variar desde marcos de política general a declaraciones de intenciones, de medidas legales no vinculantes como recomendaciones y directrices a otras más firmes, como directivas, reglamentos y leyes aprobadas por el parlamento".

Análisis del senador Marco Avirama.

Bogotá D.C., febrero 3 de 2016. Cuando se anuncia que faltan pocos días para la firma del acuerdo final entre las FARC y el Gobierno Nacional, el ministro consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, Rafael Pardo, ha manifestado a los medios de comunicación que el servicio militar obligatorio va a ser eliminado y sustituido por el servicio voluntario para la paz. Sin embargo, acciones recientes por parte del Gobierno Nacional sugieren que eso no es cierto.

El servicio militar obligatorio, tal como lo anunció el ministro de defensa Luis Carlos Villegas en la Comisión Segunda del Senado en la legislatura pasada, no se va a acabar. Por el contrario, lo que se pretende es unificar toda la normativa vigente ya que el actual régimen se encuentra lleno de vacíos y contradicciones producto de la gran cantidad de leyes, decretos y circulares que existen sobre la materia. Como son la Ley 48 de 1993, la Ley 548 de 1999, la Ley 642 de 2001, la Ley 787 de 2002, la Ley 1184 de 2008, la Ley 1738 de 2014, el decreto 2048 de 1993, entre otros.

A lo anterior también se debe agregar que la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia constitucional, ha sustituido, modificado y declarado inexequibles algunas expresiones contenidas en las leyes sobre servicio militar obligatorio. Tal como ocurrió recientemente con la sentencia C-600 de 2015, donde la alta corte señaló que los jóvenes independientes menores de 25 años que no han definido su situación militar y que deban pagar cuota de compensación militar serán liquidados conforme a su patrimonio e ingresos propios y no sobre los de su núcleo familiar.

Este exceso normativo sobre el servicio de reclutamiento y movilización llevó al ministerio de defensa a radicar en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 154 de 2015 Cámara. Esta iniciativa, además de regular y dar unidad normativa a la materia, incrementa el tiempo de prestación del servicio de bachilleres a dieciocho meses, mantiene el requisito de la libreta militar para acceder a cargos públicos y contratar con el Estado e impone la presentación de la tarjeta para la expedición o renovación de licencias de conducción y pasaportes. Circunstancia que contradice los anuncios del ministro Pardo sobre la supresión del servicio militar obligatorio, y que por el contrario, agrava la situación de miles de jóvenes colombianos que aún no han podido definir su situación militar.

Por otro lado, cursan en el legislativo algunas iniciativas que se acercan un poco más a lo anunciado por el ministro para el postconflicto pero que en estricto sentido no eliminan el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 150 de 2015 Cámara presentado por el ministerio de trabajo en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa elimina el requisito de la libreta militar para posesionarse en cargos públicos con la condición que el ciudadano que no ha definido su situación militar lo haga en un plazo no superior a 18 meses so pena de ser desvinculado de su cargo. Es decir, se reducen las barreras para el acceso al trabajo de los jóvenes colombianos pero se mantiene la exigencia de la libreta militar.

Desde el Senado de la República seguiremos insistiendo en la eliminación del servicio militar obligatorio, y su sustitución por un servicio voluntario basado en estímulos. Tal como lo hicimos cuando fuimos ponentes del proyecto de Ley 21 de 2013, el cual buscaba eliminar la exigencia de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo y a la educación y comprometía al Gobierno a la creación de diferentes incentivos para aquellos jóvenes que desearan prestar el servicio militar, como descuentos para el acceso a educación superior, el acceso a créditos blandos, entre otros.

El conflicto armado interno y la violencia, han sido señalados en las últimas décadas como las causas primeras que han frenado el desarrollo del país en muchos aspectos. Si bien corresponde a la realidad cotidiana que nos impacta de maneras diferentes, marchan parejas como causas graves, la corrupción y la fragilidad institucional que la favorece, al lado de la indiferencia ciudadana ya harta de que los recursos públicos sean usados como botín particular y que la impunidad sea la reina.

En buena hora se desarrolla un proceso para la finalización del conflicto que esperamos llegue a buen puerto pronto. Lo que a nuestra manera de ver urge es que al mismo tiempo vayamos construyendo condiciones para que la transparencia en el manejo de los recursos públicos sea la norma, el control ciudadano opere de manera permanente, los organismos de investigación y justicia actúen oportunamente y sean eficientes los mecanismos que lleven a que sea a los mejores y más honestos hombres y mujeres, a quienes se encargue la ejecución de los recursos nacionales e internacionales que permitan implementar los acuerdos de finalización del conflicto armado y las políticas públicas para hacer realidad una paz transformadora.    

No imaginamos otro escenario si somos fieles al mandato que tenemos todos los poderes públicos y los ciudadanos en los asuntos particulares, para elevar la calidad de una democracia que, según las más recientes encuestas, nos muestran que vivimos el menor nivel de credibilidad institucional, y que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Constitucional han llegado a tener una imagen negativa más alta que la positiva, mientras que los partidos políticos, el sistema judicial, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia se pelean los últimos lugares de las instituciones que gozan de la confianza ciudadana. 

El pasado evento electoral no significó grandes cambios en el mapa político local y regional, salvo muy contadas excepciones. No existen perspectivas optimistas para que el manejo de los asuntos a nivel local y regional cambie sustancialmente, por lo que insistimos en que no hay que esperar a que se concluya la primera fase de un proceso de paz con la firma y validación de los acuerdos, para empezar a generar un gran consenso nacional alrededor de la lucha contra la corrupción que se enseñorea en la institucionalidad pública y es utilizada como herramienta por muchas entidades privadas para poner en primera fila sus intereses legales o ilegales.  

Porque no puede seguir pasando, si el proyecto de sociedad que buscamos, es una democracia con equidad y en paz, que permanezcamos indolentes ante denuncias de hechos delictivos, que las investigaciones no se inicien y llevan a cabo de manera pronta y eficaz, que los de ruana no puedan acceder a una cumplida justicia, que los recursos públicos se repartan primero a comisionistas y coimeros,  que quienes detentan cualquier grado de poder se crean autorizados para atentar contra la vida y dignidad de otros. 

Los hemos acostumbrado a ser complacientes con las prácticas corruptas por acción o por omisión, a mirar para otro lado ante la presencia de los abusos del poder, a hacerle la venia a aquellos que han subido en la escala social, política o económica mediante muy dudosas o conocidas malas costumbres. Y hasta muchas veces nos sorprendemos pensando o escuchando que si los señores y señoras del poder lo hacen, porqué los que no comparten esas alturas no pueden hacerlo igual.

La corrupción es violencia contra los ciudadanos y sus derechos. Es necesario que la institucionalidad pública y privada recupere la legitimidad que nace de la confianza  ciudadana en el manejo ético y transparente de los asuntos que nos deben interesar a todos o seguiremos pensando que los conflictos sociales, económicos, culturales o políticos, se resuelven mediante la violencia. 

Opinión del senador Marco Avirama (tomado de www.senado.gov.co)

Hace muchos años que escuchamos cómo los gobiernos de turno se rasgan por unos días las vestiduras, ante la ocurrencia de decenas y miles de muertes de menores indígenas por hambre y por las enfermedades que la acompañan.

Hace varios años se dice que más de 7 de cada 10 niños indígenas sufre de desnutrición crónica y que comparado con la población nacional, un niño indígena tiene 24 veces mayor riesgo de morir por desnutrición. Y esto sin considerar el enorme subregistro identificado por muchos de tiempo atrás.   

Sin embargo nos sigue sorprendiendo declaraciones como las del viceministro de salud, cuando dice que ninguno de los niños wayúu murió por desnutrición, sino por una serie de enfermedades, que según le recordaron médicos pediatras, obviamente están asociadas al estado de hambre y pobreza extrema en que se hallan. Y tendríamos que añadir a esas enfermedades la corrupción que en este caso se traduce en millonarios robos de recursos que debían dirigirse a la alimentación de niños desnutridos.

Hace apenas unas horas se seguía reportando la muerte de niños wayúu por desnutrición. Esta situación y la muerte de casi 5000 niños más de este pueblo en ocho años, mereció que en diciembre pasado la CIDH cobijara con medidas cautelares a esta población porque su vida estaba amenazada. Antes de comenzar el nuevo año ya el gobierno estaba solicitando el levantamiento de dichas medidas afirmando que estaba actuando sobre las causas estructurales del hambre en estas comunidades y adelantaba acciones claras de protección. Sin embargo los niños siguen muriendo y casi dos meses después el gobierno nacional admite que sigue descubriendo “fallas” en la protección debida a ellos.

Esta grave situación la viven muchos pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Ayer se reportaron treinta casos más de desnutrición de niños kogui en la sierra de santa marta, tres de los cuales fueron llevados a centros de atención por el severo grado de desnutrición que presentaban.

En Chocó, es de todos conocida la situación de hambruna que viven las comunidades indígenas, a lo cual se agrega, según informes de organismos de control, que en los últimos días 37 niños indígenas murieron como consecuencia del consumo de mercurio en el agua, producto de la explotación legal e ilegal del oro.

Y todo esto sin mencionar las comunidades y pueblos indígenas en la Orinoquia y amazonia, de las cuales se tiene muy escasa información, pero que reportan la muerte de niños indígenas por hambre  en Guainía, Amazonas, Vichada, Guaviare, Arauca, Casanare.

Estamos asistiendo como meros espectadores a un etnocidio silencioso que no solamente mata por hambre a los hijos e hijas de los pueblos indios, sino que priva a los que sobreviven del desarrollo suficiente de sus capacidades para permanecer en sus propios modos de vida y de pensamiento, o los condena a salir de sus territorios en busca de modos de sobrevivencia porque sus territorios son ahora apetecidos por poderosos intereses. 

Estos niños son el presente de pueblos indígenas que ya están amenazados de extinción y el Estado debe garantizarles protección especial y diferencial para que tengan una vida buena y digna en sus territorios.

Artículo del senador Marco Avirama.

Comunicado del senador Marco Avirama

Y es uno de los pasos más complejos de la negociación para poner fin al conflicto armado interno. El acuerdo sobre la creación de la jurisdicción especial de paz para todos los actores involucrados en el conflicto, ciertamente es un avance que desactiva la incertidumbre que se abrió cuando el presidente anunció que en noviembre se cumpliría el plazo de cuatro meses para revisar los avances del proceso y tomar las medidas correspondientes.

En efecto los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana completarán tres años en noviembre próximo y ya se fija de común acuerdo un plazo de seis meses para llevarlos a buen término. Nos sentimos plenamente justificados y asertivos en la apuesta por la negociación que pusiera fin a la guerra y abriera caminos de paz y reconciliación. Seguimos convencidos que la única opción es culminar con este proceso que nos conduzca a las reformas necesarias para trasformar las condiciones de inequidad e injustica social existentes.

Seguiremos insistiendo en que las victimas sigan estando en el centro de los acuerdos y que los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición de los hechos que condujeron a su victimización, se coloquen en las prioridades de las acciones institucionales y de la destinación de recursos que los hagan posibles.

Quedan pendientes temas que no son menos complejos pero esperamos que se mantenga el compromiso por concertarlos, de manera que muy pronto podamos los ciudadanos conocer y refrendar los acuerdos que nos conduzcan a una paz estable y duradera.

Septiembre 23 de 2015

Comunicado del senador Marco Avirama

Después de los hechos violatorios de los derechos humanos de los colombianos y las incursiones aéreas no reconocidas ocurridas en los últimos días, era difícil esperar una respuesta más clara y comprometida por parte del presidente de Venezuela en el encuentro en Quito. Máxime cuando ya se quemaron las velas en el escenario de la OEA sin lograr un apoyo solidario mayoritario en ese espacio, y cuando estamos hablando en efecto de países que no comparten con Colombia modelos de estado y de desarrollo económico y social.

Por supuesto hubiésemos deseado que se avanzara más teniendo en cuenta la situación crítica que viven nuestros connacionales y sus familias en la frontera, situación que debe ser atendida no solo en la emergencia sino desde una visión de política pública sostenida que responda a las múltiples necesidades que existen y a la lucha contra las estructuras delincuenciales que ejercen control en la región.

Ojalá se hubiese acordado la reapertura de la frontera. Esperamos que la progresiva normalización en la frontera de la cual se habló tenga un ritmo fuerte que permita pronto lograrla. La reunión de ministros este miércoles debería ocuparse de manera prioritaria y pronta de este tema agilizando los mecanismos que permitan llegar a ese objetivo.

De otro lado el gobierno colombiano no puede menos que impulsar todas las acciones bilaterales y ante los organismos regionales de derechos humanos, tendientes a esclarecer los hechos violatorios de los derechos humanos de los colombianos y del derecho internacional. Es necesario que se conozca la verdad sobre los hechos ocurridos, sobre los responsables y sobre los motivos o causas que dieron origen a los mismos.

Nos parece que estas son condiciones que nos deben permitir la convivencia fraterna entre vecinos, el mutuo respeto y facilitar el desarrollo humano integral de los dos pueblos hermanos.

Opinión del senador Marco Anibal Avirama

Lo primero decir que mediante la Resolución 002 de julio de 2014 se creó en el Senado una Comisión accidental de seguimiento al fenómeno del niño con la participación de representantes de las distintas fuerzas políticas en el senado. El objeto de dicha comisión, hacer seguimiento a las consecuencias e impactos del fenómeno del niño en el territorio nacional, especialmente en la población campesina, así como en el transporte, flora y fauna, e incidir en la prevención de las afectaciones.

Esta Comisión, de la cual formamos parte, ha sido inoperante. No ha actuado de manera continuada ni eficaz en cumplimiento de su mandato y así lo señalamos en nuestro reciente informe de rendición de cuentas. Pareciera que la relativa diligencia con que actuaron en su etapa inicial los distintos actores involucrados en la prevención, atención y mitigación de los daños provocados por el fenómeno del niño en muchas regiones afectadas, y en los distintos niveles, nos condujo a bajar la guardia en este tema.

Dado que los impactos de este fenómeno en los primeros meses del 2015, se unieron con la temporada seca habitual de los primeros meses del año, se flexibilizó el seguimiento a dicho fenómeno hasta que nos encontramos con la situación actual, una de cuyas manifestaciones, según reporte de autoridades ambientales, arroja 3.232 incendios que han consumido 76 mil hectáreas de bosques nativos en más de 400 municipios. Disminución de lluvias y desabastecimiento de agua lo acompañan y se proyecta en su fase más dura entre octubre y enero.

Lo segundo, señalar la clara y manifiesta mirada y tratamiento desintegrado y desarticulado desde la institucionalidad a nivel local, regional y nacional, donde los unos tiran la pelota a los otros, y viceversa, y en consecuencia se es menos eficiente y eficaz en las decisiones y acciones que deben enfrentar estos fenómenos.

Y finalmente, recordar e insistir, como nos lo recuerdan científicos estudiosos del tema, que los cambios en este fenómeno afecta el clima de toda la Tierra, por lo que existe una relación entre éste y el cambio climático global que es necesario conocer, pudiendo concluirse que la intervención humana reguladora de la emisión de gases de efecto invernadero tendría un impacto en la reducción de las afectaciones devastadoras del fenómeno de El Niño.

La alteración del clima en la Tierra es generada por factores naturales propios del planeta en su permanente cambio, pero es acelerada por los Gases de efecto invernadero derivado de las actividades humanas -hasta en un 95% según los más recientes estudios- tales como la generación de energía, el transporte, el uso del suelo en ganadería, la deforestación, la industria, el manejo de residuos, dentro de un modelo económico sustentado en la sobre-explotación de los recursos naturales y el consumo desmedido.

Es por estas razones que clamamos por una mirada y un manejo integrado y articulado de los temas climáticos tales como el fenómeno del niño y el calentamiento global, donde el tema del agua deberá tener un lugar principal. Debemos apropiarnos adecuadamente de los recientes estudios sobre el estado de las aguas en el país y sobre el cumplimiento de los compromisos que se llevarán a la cumbre de naciones unidas sobre cambio climático el próximo noviembre en Paris, entre otros.

Llamamos a nuestros colegas a dinamizar la comisión accidental y a comprometernos con un monitoreo riguroso y serio de estos temas que se repiten sin que exista la debida planeación y seguimiento a las políticas públicas y a las responsabilidades de los distintos actores involucrados.

Comunicado del senador Marco Avirama

COMUNICADO DE PRENSA

Debate de control político sobre víctimas indígenas

Bogotá D.C., junio 1 de 2015 - El 2 de junio en sesión plenaria del Senado se adelantará el debate de control político sobre la implementación del decreto ley 4633 de 2011 "Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas".

Hace más de 10 años la Corte Constitucional en los Autos de Seguimiento a la Sentencia T -025 de 2004 ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas han facilitado que el conflicto armado produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales de especial protección constitucional, de manera que es obligación del Estado atender de manera prioritaria "el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial, el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes".

El decreto ley se fija como objeto generar el marco legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados.

"Esperamos en esta ocasión contar con la presencia de los altos funcionarios de las entidades encargadas de la política pública y de la implementación de este decreto ley, y con la buena disposición a asumir compromisos y responsabilidades cuando han transcurrido ya cuatro años de la vigencia de esta norma sin que se puedan mostrar muchos avances reales en su implementación", aseguró el senador Avirama.

COMUNICADO DE PRENSA

Senador Avirama integra "Grupo de Amistad entre Colombia y el Parlamento Indígena de América"

Bogotá D.C., mayo 4 de 2015.- El día de ayer esta corporación recibió una delegación oficial del Parlamento indígena de América, encabezada por su presidente, Ausencio Palacio Pineda.

El Parlamento Indígena de América, PIA, es un organismo continental de carácter permanente donde los Parlamentarios Indígenas de América hacen conocer la problemática que afecta a los indígenas, la analizan y debaten proponiendo medidas adecuadas para su superación.

El PIA tiene su origen en Panamá en 1987 y fue ratificado en la segunda reunión de legisladores indígenas, realizada en Nicaragua al año siguiente. Forma parte del conjunto de instituciones multilaterales del sistema interamericano y representa a los pueblos indígenas del norte, del centro y sur del Continente; está conformado por los legisladores indígenas, que formen parte de los órganos legislativos de los países de América.

El Parlamento Indígena de América se propone entre sus fines:

• Promover la conservación del planeta tierra y del medio ambiente con desarrollo integral de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias del continente en ejercicio pleno de los derechos históricos y culturales, equidad, democracia y justicia social.

• Representar y defender los derechos de los pueblos indígenas

• Adoptar las medidas conducentes al respeto y promoción de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas

• Velar por el estricto respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas de América y luchar por la supresión de toda forma de discriminación en América;

• Apoyar las exigencias de los pueblos indígenas de América en el ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos.

Con ocasión de esta visita y mediante la Resolución 034, la presidencia del senado creó la Comisión Accidental "Grupo de amistad e integración entre Colombia y el Parlamento indígena de América", cuya finalidad es promover y cumplir con los fines del PIA, buscando que los derechos de los diferentes pueblos indígenas estén debidamente representados y defendidos. Son miembros principales de este grupo los senadores indígenas y se designa al secretario general del Senado como secretario del mismo.

Esperamos que esta iniciativa contribuya a un mejor entendimiento de la problemática específica de los 102 pueblos indígenas de Colombia en la perspectiva de la garantía de sus derechos colectivos y de la pervivencia física y cultural de los mismos.

Bogotá D.C., abril 20 de 2015.- Menos de una semana después de que cientos de miles de ciudadanos nos movilizáramos en apoyo a la paz, por la terminación del conflicto armado interno y no más víctimas, la muerte de 11 soldados en una emboscada de las FARC al anochecer del 14 de abril, vuelve a poner en cuestión la agenda de negociación de La Habana.

Cuatro días antes las comunidades indígenas caucanas reclamaban por el asesinato del integrante de la Guardia Indígena Guillermo Paví Ramos, por disparo de arma de fuego a manos del ESMAD y una semana más tarde reportan el secuestro y posterior asesinato de seis comuneros, por parte de hombres fuertemente armados.

Estos lamentables hechos siguen ocurriendo en tierras del Cauca donde la permanente presencia de distintos actores armados ocasionan violaciones sistemáticas de los derechos humanos de campesinos e indígenas por razón del conflicto armado y por factores asociados al mismo, tales como la minería ilegal, como lo señalara la Corte Constitucional.

Es en el marco de la ocurrencia de estos eventos que llamamos a mantenemos firmes en el reclamo de cesar la guerra, de proseguir con el desescalamiento del conflicto armado, de continuar sentados en La Habana hasta finalizar la agenda de negociación. En un complejo contexto de conversaciones en medio del conflicto, exigimos que cesen los enfrentamientos armados en áreas y bienes habitadas o usados por la población civil, y se adelanten las investigaciones que conduzcan al establecimiento de la verdad sobre todos estos hechos violentos.

En un departamento tan golpeado por la guerra y donde se ha recrudecido el conflicto armado en las últimas semanas, planteamos la necesidad de considerar el territorio rural caucano como uno de los pilotos donde se inicie la limpieza y descontaminación de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra. Esta podría convertirse en una ocasión para desescalar el conflicto y garantizar un poco de paz a sus comunidades rurales.

Bogotá D.C., marzo 9 de 2015.- Cerca de un centenar de heridos y dos indígenas muertos es el lamentable saldo a diez días de que comenzaran las acciones de desalojo por parte de la fuerza pública de centenares de indígenas que reclaman la atención a la situación de déficit de tierras que les garantice una vida con bienestar, y el cumplimiento de acuerdos suscritos por distintas administraciones en las últimas dos décadas para atender esta problemática.

Estas demandas están estrechamente ligadas a sus planes de vida que consideran vital la sostenibilidad ambiental de los territorios que poseen, en beneficio no solo de sus comunidades sino de las poblaciones que se verían impactadas por la presión sobre los recursos naturales como el agua.

Esta ya grave situación tiende a agravarse por cuanto circulan amenazas de grupos paramilitares contra la vida e integridad de sus autoridades y líderes que en su decir, serian objeto de una limpieza social ejecutada por estos grupos.

Urgimos al gobierno nacional para que reconozca como interlocutores a las autoridades indígenas, que son autoridades públicas de carácter especial, que han mostrado históricamente su disposición al diálogo y a la solución concertada de los conflictos y que han sostenido pública y reiteradamente no necesitar de actores armados o civiles que representen sus intereses o hablen en su nombre.

Hacemos un llamado a que se privilegien las vías del diálogo y la concertación para buscar salidas a una problemática que no se resuelve con el uso de las armas y la fuerza, y antes por el contrario incrementa la espiral de violencia que aleja las posibilidades de una solución en equidad.

El martes 30 de septiembre se llevará a cabo en la plenaria del Senado de la República el debate de control político propuesto por la Bancada indígena, sobre el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Se ha convocado para este debate a los Ministros del Interior, Ambiente y desarrollo sostenible, Minas y Energía y Transporte, así como al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación.

Este debate cobra especial relevancia cuando desde distintos medios se habla de un proyecto de ley que estaría siendo construido entre los empresarios del sector minero energético y de hidrocarburos y funcionarios del gobierno, desconociendo el derecho fundamental de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas a ser consultados con la finalidad de obtener su consentimiento, de manera previa, libre e informada sobre medidas legislativas y administrativas que los afecten en su vida y territorios.

A la fecha han sido múltiples los intentos de reglamentación de este derecho fundamental por parte del gobierno colombiano, todos ellos marcados por la ausencia de concertación y consulta previa a los Pueblos Indígenas, a sus autoridades y organizaciones representativas, los cuales han estado dispuestos a concertar protocolos de consulta que tomen en consideración la diversidad de los 102 pueblos existentes, así como sus distintos proyectos de vida y concepciones del desarrollo y el buen vivir que quieren.

Descargue la exposición de motivos y el proyecto de ley.

"Estos crímenes forman parte de los atropellos que de manera sistemática y continuada, vienen cometiendo miembros de la fuerza pública venezolana en los últimos meses": senador Marco Anibal Avirama.

Desde el pasado mes de mayo hemos llamado la atención del Gobierno Nacional sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la guardia venezolana, contra distintos pueblos indígenas que habitan en la frontera con Venezuela, en el departamento de Guainía que colinda con el Estado del Amazonas, desconociendo el derecho a la doble nacionalidad de que gozan estos pueblos.

De acuerdo con las últimas denuncias hechas por las comunidades indígenas, sus organizaciones representativas, y la Defensoría del Pueblo, la pasada semana un indígena del Pueblo Puinave, Luis Rodríguez, fue asesinado con arma de fuego, presuntamente por integrantes de la Guardia venezolana, cuando se dedicaba junto con otros comuneros a la minería artesanal. En los mismos hechos resultó herida una mujer indígena, tres mujeres denunciaron que fueron abusadas sexualmente, les decomisaron el producto de varios meses de trabajo y se provocó el desplazamiento de más de 300 indígenas.

Estos crímenes forman parte de los atropellos que de manera sistemática y continuada, vienen cometiendo miembros de la fuerza pública venezolana en los últimos meses, consistentes en detenciones arbitrarias, decomiso ilegal de sus bienes, vulneración del derecho al libre tránsito de personas y suministros, entre otros.

Exigimos a la Cancillería colombiana que entregue un informe sobre los hechos denunciados y las gestiones adelantadas para garantizar los derechos individuales y colectivos de los indígenas que viven en la frontera, se judicialice a los responsables de los delitos mencionados, se obtenga la repatriación del cuerpo del indígena asesinado y la reparación por todos los daños causados.

"Hacemos un llamamos para que tramiten la proposición aditiva al Proyecto de Ley Estatutaria de Salud, acordada entre Minsalud  y los delegados indígenas": senador Aníbal Avirama (Mov Indígena).

El anuncio lo hizo el Senador Avirama para los próximos comicios al Congreso de la República y reiteró que mantendrá su personería jurídica.

El Congresista añade que "creemos que ese es el camino. Lo que no podemos aceptar es que mientras se dialoga, se sigan cometiendo faltas gravísimas en nuestro territorio".

De esta manera los indígenas del Cauca responsabilizan a las FARC del asesinato de su médico tradicional Benancio Taquinás, de la muerte de un menor de edad y de otros 10 indígenas Nasa este año.

Para Los indígenas del Cauca, las FARC siguen reclutando indígenas, enterrando minas antipersonal cerca a escuelas rurales, obligando al desplazamiento en Toribío, Jambaló, Caloto, Miranda, Corinto y Santander de Quilichao.

Desde hace más de 20 años los indígenas del Cauca vienen reclamando y exigiendo a los actores armados que respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y el ejercicio de la justicia propia y el control territorial.

Han insistido en la desmilitarización de los territorios, la exigencia para que tanto el Ejército como las FARC desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Persisten en la exigencia del cese inmediato de reclutamiento de menores o su vinculación como informantes, la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres y el uso de minas y armas de efecto indiscriminado.

La Asamblea de indígenas ha juzgado a los indígenas que han sido detenidos como presuntos milicianos de las FARC y han aplicado los remedios de acuerdo con su sistema propio de justicia, siempre pensando y actuando en la necesidad de armonizar la vida en sus territorios y buscar la pervivencia de las comunidades indígenas que tanto daño siguen sufriendo en medio de este conflicto armado.

Defender la vida y la autonomía de las comunidades es el mandato que reciben las autoridades indígenas y sus organizaciones. Recordamos a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser excluidos de las acciones militares.

Condenamos con toda nuestra convicción a los actores de esta guerra responsables de la muerte de los comuneros Nasa, de segar la vida de los jóvenes, del asesinato de los mayores Marden Betancourt, Cristóbal Sécue, Aldemar Pinzón, Mauricio Girón, Venancio Taquinás, entre muchos, bajo los señalamientos de ser colaboradores de las fuerzas militares.

Cuando los protagonistas de la guerra se encuentran en La Habana en un proceso de negociación que celebramos, los indígenas del Cauca han dirigido comunicaciones en las que señalan que "solo en el norte del Cauca y Caldono 70 comuneros y comuneras han sido asesinados; otros han muerto por las minas antipersona, la mayoría niños y niñas. De todos esos asesinatos, la tercera parte han sido causados por combatientes o milicianos de las FARC o por minas sembradas por ellos, otra tercera parte por el ejército y los paramilitares, y el resto no hemos podido establecer el responsable".

Exigen que se materialice el compromiso de no afectar ni poner en riesgo la seguridad de la población civil, el respeto a las autoridades y los sistemas propios de justicia y control territorial, la prohibición absoluta y sin excepciones de proferir amenazas, ejecuciones sumarias contra autoridades, líderes o comuneros, sobre todo las mujeres Nasa, y la entrega inmediata de los jóvenes reclutados.

Prensa senador Marco Avirama

"No podemos seguir corriendo como galgos tras su presa cada vez que se plantea una nueva iniciativa de libre comercio": senador Marco Aníbal Avirama.

Los debates sobre los tratados de libre comercio en el Congreso tienden a convertirse en debates express que no están permitiendo escuchar a los sectores más afectados, y entre estos a los más vulnerables y débiles en las largas cadenas de los negocios internacionales.

Pero estas alianzas de libre comercio no son solo un asunto económico ni de cifras, sino fundamentalmente de política que implica la decisión de los diferentes entes estatales motivados por razones de interés nacional y de beneficio público.

No podemos seguir corriendo como galgos tras su presa cada vez que se plantea una nueva iniciativa de libre comercio. Es necesario profundizar en los mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que nos permita ir viendo los alcances de la puesta en marcha de las alianzas ya firmadas para los sectores claves de nuestra economía y fundamentalmente para los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos que subsisten de su actividad y nos proveen y aseguran la provisión de alimentos. No podemos seguir creyendo que en todos los procesos de integración en los que participemos salimos automáticamente gananciosos por el solo hecho de estar allí sentados.

Luchar por la eliminación del hambre y la pobreza, asegurar la provisión de alimentos para los nacionales y entre ellos, para los más pobres y desprotegidos, desarrollar una política sostenida para generar capacidad científica y tecnológica, implementar una infraestructura física que garantice el acceso y comercialización de los productos del campo colombiano, son condiciones que estamos aún lejos de cumplir.

Podemos percibir muchas veces que el Estado y gobierno colombianos van definiendo las políticas nacionales y sectoriales acomodándolas a las exigencias y los compromisos de los acuerdos que se suscriben, cuando pensamos que el proyecto de desarrollo nacional que asegure el bienestar de los colombianos, con equidad y justicia, es el que debe condicionar nuestra posición en las mesas de negociaciones comerciales con otros países.

Las protestas sociales de los últimos meses y las que seguramente se promoverán en el futuro inmediato, muestran precisamente que no existen políticas públicas que ataquen los problemas estructurales que nos aquejan y que mal pueden ser enfrentados con planes de choque sucesivos.

Se ha dicho por distintos sectores que el Acuerdo Comercial Alianza Pacífico requiere esfuerzos para reconvertir la ganadería, subsisten problemas para la admisibilidad sanitaria, el sector lácteo sigue afectado por sus escasas condiciones de competitividad y los productores agrícolas estarían afectados por la desgravación arancelaria de los llamados productos sensibles. No creemos que la rápida evaluación, encargada por el Presidente de la República al Departamento Nacional de Planeación, sobre los impactos de la Alianza Pacifico en el sector agropecuario nacional sustituya la necesidad de hacer un ejercicio serio y participativo sobre este tema.

Debemos considerar las propuestas de los sectores respectivos, de retirar el tema lechero de las negociaciones, de que se excluya la lista de bienes sensibles del sector agropecuario, entre otras que pudieren surgir con énfasis en temas de carácter social.

"El tema de protección no encuentra atención adecuada ni oportuna mientras las amenazas se multiplican y se concretan en los asesinatos de hombres y mujeres": senador Marco Avirama (Mov Indígena).

A dos meses de cumplirse dos años de sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, y a quince meses de expedidos los decretos con fuerza de ley, consultados con los pueblos indígenas y las comunidades negras, tanto las victimas como los entes de control coinciden en señalar escasos resultados en la implementación de estas normas.

Sin desconocer los pasos dados en el montaje de la institucionalidad para atender los mandatos de estas normas, persisten las limitaciones estructurales señaladas por estos organismos, tales como la descoordinación institucional Nación-entidades territoriales y la poca claridad sobre sus responsabilidades y competencias, la escasa apropiación de la política pública y los enfoques diferenciales en la atención y reparación integral a las víctimas, la falta de claridad sobre los recursos financieros necesarios para cumplir con el mandato de la ley, la poca capacidad de las instituciones encargadas de implementarla, cuando no la falta de voluntad y compromiso de algunas.

Existe un rezago en la creación del registro único de victimas que, de acuerdo con la ley, debió haberse cumplido en junio del pasado año, lo cual imposibilita que se preste la ayuda humanitaria de emergencia, entre otros; existen nudos no resueltos en el tema de estabilización socioeconómica de las víctimas, no se garantiza el goce efectivo de sus derechos a la salud, la vivienda y el empleo digno.

El tema de protección no encuentra atención adecuada ni oportuna mientras las amenazas se multiplican y se concretan en los asesinatos de hombres y mujeres, al punto que 50 personas vinculadas a procesos de defensa, restitución y reparación de las víctimas, han sido asesinadas desde la promulgación de la ley.

Las víctimas siguen reclamando una real, efectiva y adecuada participación en los distintos niveles y espacios donde se busca materializar sus derechos, incluida la Mesa de La Habana. Su reconocimiento como actores de paz se hace necesario para ir ambientando mejores condiciones para el postconflicto.

Verdad y justicia siguen siendo esquivas para las victimas ya que los crímenes en su contra continúan en la impunidad, y con ellas persiste la deuda de identificar los patrones de violencia sistemática ejecutados por los actores armados, así como los intereses políticos y económicos asociados a ellos, para que tengamos en la memoria los horrores vividos y se garanticen condiciones para que no se repitan estos crímenes. Esta debe ser una demanda de toda la nación colombiana.

Gestos de buena voluntad y pasos de avance en la idea de que no se sigan multiplicando las víctimas del conflicto, serían el desminado de las zonas rurales y la entrega de los menores reclutados para la guerra, así como el decidido desmantelamiento de las estructuras criminales que siguen forzando al desplazamiento y atentando contra la vida e integridad de las víctimas, sus organizaciones y comunidades de pertenencia.

Más allá de los actos simbólicos, necesarios para visibilizar a las víctimas del largo conflicto armado interno que hemos vivido, urge ponerle una decidida voluntad a los resultados en términos de atención, reparación integral y restitución, así como al establecimiento de la verdad y el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

"Hago un llamado urgente al Mindefensa para que respeten la integridad física de indígenas y campesinos del sector donde se registran combates": senador Marco Aníbal Avirama (Mov Indígena).

Concejales del Municipio y autoridades de las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, Municipio Hato Corozal, en el departamento del Casanare, nos informan que hace unas horas, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea, están bombardeando dos pistas aéreas en Morichito y Getsemaní, poniendo en grave riesgo la vida de indígenas, sobretodo de mujeres y niños que se movilizan por esta zona y realizan actividades cotidianas en la zona boscosa cercana a las mismas.

Hago un llamado urgente al Ministerio de Defensa Nacional para que cesen estas acciones, así como a los organismos del Ministerio Público para que intervengan de manera inmediata para resguardar la vida e integridad física y territorial de los comuneros indígenas y se garantice el derecho a la previa consulta y concertación con las autoridades indígenas, que son autoridades públicas, antes de adelantar este tipo de acciones, tal como ha sido ordenado por los altos tribunales de justicia nacionales e internacionales.

"Estoy convencido que andar los caminos de la reconciliación y la paz sin contar con ellas, no es posible": senador Marco Anibal Avirama (Mov. Indígena).

En este 8 de marzo en que el mundo renueva sus propósitos de reconocimiento de los derechos de las mujeres, quiero poner de manera especial la mirada sobre las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, no solo por tratarse de uno de los sectores de población más agredidos y violentados, sino porque estoy convencido que andar los caminos de la reconciliación y la paz sin contar con ellas, no es posible.

Es una sociedad enferma aquella que permite y permanece en silencio frente a la violencia contra mujeres y niñas, ya sea en su espacio familiar, laboral, hasta la epidemia que se vive en situaciones de guerra como la que vive Colombia, y en especial el Cauca, de la cual son responsables los actores violentos, pasando por los grupos paramilitares y guerrilleros, por agentes de la fuerza pública, y el mismo Estado que no garantiza a las víctimas el acceso a una pronta y cumplida justicia.

Distintos organismos internacionales y nacionales consideran que los graves efectos que provoca el conflicto armado interno, adquieren una especial dimensión en las mujeres y niñas indígenas. A la discriminación, la exclusión, las violencias cotidianas, se suman los crímenes cometidos en contra de ellas, por parte de los actores armados, que las hace víctimas de violencia sexual y enamoramiento como táctica de guerra, reclutamiento y prostitución forzada, embarazos no deseados, desplazamiento forzado y asesinatos, que no solo las afecta a ellas y sus familias, sino que causan enormes daños en sus comunidades y pueblos.

Adicionalmente estos hechos permanecen en la total impunidad ya que la justicia ordinaria no se encuentra habilitada para atender adecuadamente a las víctimas de estos delitos, los funcionarios desconocen los derechos de pueblos y mujeres indígenas, no se cuenta con traductores en los procesos judiciales, y no se admiten peritos especializados que permitan identificar las afectaciones de estos crímenes en las mujeres indígenas y en sus comunidades.

La inversión de capitales nacionales y extranjeros en zonas cercanas a territorios indígenas o directamente en ellos, mediante proyectos minero- energéticos o de infraestructura, atrayendo a los actores armados y al ejército como factor de seguridad para esas inversiones, sin respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, es una de las principales preocupaciones de los pueblos y mujeres indígenas, por cuanto la experiencia ha mostrado que estos proyectos vienen acompañados de violaciones sistemáticas a su integridad cultural, sus territorios y los recursos existentes en los mismos.

Hacemos un llamado para que en este día tomemos conciencia del papel que juegan las mujeres en general, pero especialmente las mujeres de pueblos indígenas y comunidades negras, en defensa de la vida y los recursos que la sostienen, y las escuchemos y acompañemos como actoras de paz y reconciliación nacional.

"Lo justo, conveniente y necesario es que se atiendan los reclamos de la mayoría de caficultores": senador Marco Aníbal Avirama (Mov Indígena).

Cuando se cumple la tercera jornada del paro cafetero en el país, todos coincidimos en que los cafeteros están atravesando una crisis severa principalmente por la disminución en la producción y en el precio, así como por los altos costos de abonos e insecticidas, a lo que se suma que muchas familias caficultoras se ven abocadas a la quiebra y ya están en curso procesos de embargo judicial de sus propiedades ante la imposibilidad de pagar las deudas con los bancos.

Esta situación que ha venido agravándose en los últimos meses, afecta a más de medio millón de familias campesinas, comunidades indígenas y negras, que derivan sus ingresos del cultivo del café. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han sido insuficientes y no han atendido los temas estructurales que han demandado los caficultores en distintas regiones del país, agrupados en el Movimiento Nacional por la Defensa y la Dignidad Cafetera.

Es de lamentar que el saldo de esta protesta social incluya más de 60 personas heridas por el uso de la fuerza antimotines, tal como sucedió en la vereda el Descanso, Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe (Caldono-Cauca) donde el ESMAD hirió gravemente a varios comuneros que debieron ser hospitalizados, y han procedido a detener a los manifestantes, causando daños materiales en algunas viviendas del lugar. Esta situación se repite en otros departamentos y se agrava en la medida que servidores públicos hacen señalamientos irresponsables que ponen en riesgo la vida e integridad de los caficultores que participan en la movilización pacífica y que viven en zonas afectadas por el conflicto armado interno.

Lo justo, conveniente y necesario es que se atiendan los reclamos de la mayoría de caficultores planteando alternativas y soluciones concretas a corto y mediano plazo, que se prioricen las vías del diálogo y la concertación sobre el uso de la fuerza, y se generen canales de comunicación sin más condiciones, es el llamado que hacemos al Gobierno Nacional.