La siguiente es la Constancia presentada hoy en la sesión Plenaria, por el senador Orlando Castañeda Serrano, en la cual rechaza el homicidio y el abuso sexual de niños y mujeres en Colombia:

"El mensaje que el Gobierno ha dado al país, es inequívoco en casi todos los sentidos, el Estado pretende anunciar a la nación la abolición de un listado de quienes han cometido delitos de los que muchos colombianos han sido víctimas crueles, eso incluye asesinatos, secuestros, torturas, reclutamiento forzado, violaciones en todos sus derechos humanos, sin que los delincuentes paguen ni un día de cárcel.

Gracias a la labor de este Gobierno, la injusticia se ha convertido en el día a día de muchas de las víctimas de nuestro país. La impunidad en los casos de feminicidio, qué según cifras oficiales, alcanza hasta 4 casos al día, incluyen tanto violencia sexual y doméstica, como abuso sicológico.

Por ejemplo, la unidad de feminicidios de la Fiscalía de Medellín apenas alcanza el 10% de efectividad, siendo de las que más avances ha tenido en el país, los resultados pueden deberse a que solamente cuenta con 3 investigadores, 1 fiscal y 2 asistentes, y ¿pretendemos seguir hablando de justicia efectiva y real en Colombia? ¿A cuántos delincuentes está dejando libre el sistema? ¿Y a cuántos que han cometido graves delitos contra la humanidad de las personas, pensamos darles amnistía?

La efectividad de leyes como la 1761 de 2015, que supone penas graves para quienes cometan delitos contra la mujer, queda casi nula, cuando no existen los elementos de investigación suficientes para llegar siquiera al principio de su cumplimiento, esto es un reflejo de que las víctimas más vulnerables del país, han visto como queda la justicia pegada al papel.

Además, sigue preocupando como se hizo evidente en una de las audiencias públicas que lleve a cabo este año, que los niños continúan siendo los principales víctimas de delitos sexuales, y el lugar más inseguro para ellos se encuentra es su propio hogar. Son ellos las víctimas que menos justicia perciben, y están bajo la sombra de su agresor.

Hoy, hemos escuchado como una menor de edad, de tan sólo 7 años, es secuestrada en Bogotá y asesinada sin que a este momento exista una sola judicialización, ni captura, lo cual es indignante. Además, para agravar el padecimiento de los niños en el país, muchos continúan aún en poder de las Farc y el Gobierno ha olvidado durante más de 4 años, que los derechos de los niños prevalecen sobre el de los demás, el clamor de su libertad solo ha sido silenciado por la injusticia.

Hoy exigimos al Gobierno no convertir al país en una tierra de injusticia, y dar perdón como dejar en la impunidad a quienes han atentado con las libertades y los derechos de los más débiles.

Levantamos nuestra voz por cada una de las víctimas del país, víctimas que se encuentran en todos los estados de indefensión, por las mujeres y los niños, por cada una de las víctimas, que ya no están y murieron esperando justicia, por las que han perdido la esperanza y por las que han quedado marcadas por el sufrimiento. No es posible, donde hay injusticia hacia las víctimas, que exista confianza, y donde no hay confianza jamás podrá construirse una paz estable y duradera".

Durante la sesión plenaria, el Senador del Centro Democrático, Orlando Castañeda, manifestó su apoyo al Plantón contra la Reforma Tributaria que se realizará el próximo 30 de noviembre a las 11:30am en la Plaza de Bolívar en donde gremios, organizaciones civiles, sociales y ciudadanos del común rechazarán esta medida que pretende empobrecer la clase trabajadora del país.

Durante su intervención, el Senador Castañeda señaló que el documento de Reforma Tributaria, planteado por el Gobierno, traerá un impacto para el país, y especialmente para la clase media y los más pobres, puesto que el 65% del recaudo que se planea obtener, no está en impuestos de gran gravamen sino en el IVA, es decir, afecta directamente el consumo de los colombianos.

Además afirmó que "la Reforma tributaria no está acompañada de mecanismos reales que generen incrementos en el ahorro, el consumo, la inversión, y por lo mismo la productividad empresarial y el empleo, incluso el impuesto planeado a las bebidas azucaradas implicará una pérdida importante de empleos en esta industria, con afectación adicional en los distribuidores y tenderos del país, tal como lo ha revelado la nación de México después de implementada una medida similar".

Para el Senador es claro que la Reforma viola las formas del ejercicio de la libertad de culto, desconoce la labor social de las iglesias del país, y las ubica en un régimen especial que evidencia su cambio de rol a una figura tributaria comercial.

"Esta Reforma Tributaria es regresiva, y no estructural, puesto que no está dirigida a gravar los grandes capitales y a impedir la evasión, por el contrario, en la Reforma, el capital cuenta con la misma protección de siempre, con el argumento mentiroso de que hay que estimular la inversión y el empleo", señaló.

Al finalizar su intervención invitó a los Colombianos a unirse al plantón: "Invito a todos los colombianos a no quedarse callados, a salir a las calles y expresar su inconformismo con esta reforma, este próximo miércoles 30 de noviembre haremos un gran plantón en la Plaza de Bolívar 11.30 am"

Hoy durante la sesión plenaria, el senador Orlando Castañeda a través de una constancia, manifestó a los colombianos los motivos por los cuales rechazará la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.

"Hoy hago un llamado a que cada uno de los colombianos se levante y diga NO a la Reforma Tributaria que pretende el Gobierno que aquí sea aprobada.

·NO a la Reforma que es regresiva, no estructural y busca en la clase media sus mayores contribuyentes.

·NO a la Reforma que empobrece a la clase productiva del país, aumentando el porcentaje de impuestos en los consumos básicos de los colombianos.

·NO a la Reforma que usa el incremento al IVA como su principal fuente, en vez de endurecer y capturar los ingresos del 30% que son evasores.

·NO a la Reforma que eleva los precios, presiona la inflación, quitando poder adquisitivo al salario de los colombianos.

·NO a la Reforma que en vez de incentivar la productividad, el ahorro, el consumo, la inversión, y por lo mismo la formalización laboral, dibuja un camino de crisis presionando a la población, a los pequeños productores y al empleo.

·NO a la Reforma que no tiene en cuenta la situación económica de la mayoría de la población y nos empuja a una segunda Venezuela.

·NO a la Reforma que traslada el costo del derroche y la falta de ahorro del Gobierno, a la población trabajadora y pobre del país.

·NO a la Reforma que resta a la calidad de vida de los colombianos con impuestos en las bebidas azucaradas, la gasolina, e incrementos en los alimentos básicos.

·NO a la Reforma que modifica tope de facturación de IVA en el régimen simplificado, aumentando los pequeños comerciantes gravados, a todos los que alcanzan $290 mil pesos de ingresos al mes, sin descontar costos.

·NO a la Reforma que aumenta la base gravable de renta a quienes ganan 3 SMMLV, a pesar, que según el DANE más del 60% de las familias de estratos medios vive en arriendo y apenas sobrevive con lo que gana.

·NO a la Reforma que desestimula el uso de las comunicaciones y las tecnologías en la nación, dificultando vía impuesto el acceso de los hogares y estudiantes a la Internet.

·NO a la Reforma que desestimula la producción escrita y la información, con incrementos del 5% del IVA a periódicos y revistas, y aumento de renta a editoriales.

·NO a la Reforma que engaña con el monotributo, impuesto voluntario que sería pagado sobre las ventas no sobre utilidades. Por lo que, sino hay ganancias el impuesto aumenta la carga del pequeño comerciante.

·NO a la Reforma que no implementa la inversión ambiental como prioridad en el país y disfraza el impuesto a la gasolina como impuesto ambiental.

·NO a la Reforma que pervierte la función social de las iglesias equiparándolas a agentes comerciales especiales, lo que claramente vulnera el derecho a la libertad de culto, y obliga a una doble tributación a los ciudadanos que la ejercen.

Este es el momento crucial de decirle al Gobierno que el país, esta en desacuerdo y que dice NO a la Reforma que menoscaba el bolsillo de todos los colombianos".

La semana pasada se celebró nacional e internacionalmente el Día Internacional de la Niña, el cual fue establecido desde el 11 de octubre de 2011 por la Organización de las Naciones Unidas ONU. En Colombia, es alarmante que el 73% de casos de abuso sexual recae sobre las niñas que siguen siendo las principales víctimas de abuso.

A nivel Internacional, según la Fundación PLAN, millones de niñas son virtualmente ignoradas y se vuelven invisibles para los gobiernos porque no existen estadísticas fiables que muestren, por ejemplo, cuántas abandonan la escuela debido al matrimonio precoz o cuántas son víctimas de violencia sexual, o cuántas más se convierten en madres menores de 15 años.

Según cifras de Medicina Legal de los 22.155 casos registrados en el año 2015, 16.116 corresponden a niñas menores de edad, que representan el 73% por ciento de todos los casos. Los niños (varones) víctimas de abuso fueron 3.015 el año pasado.

Igualmente sostiene este Organismo, que las más abusadas sexualmente son aquellas niñas entre 10 y 14 años (7.648 casos); sin embargo, entre el grupo de edad de cero a cuatro años se reportaron 2.011 casos. El presunto agresor es, en el 88 por ciento de los casos, una persona cercana (familiar, pareja o expareja, amigo o encargado del cuidado de la víctima).

Así mismo, resulta preocupante que en Colombia el indicador del embarazo en adolescentes, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010 (los datos más recientes) el 19,5 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años está embarazada o ha estado embarazada.

Por tanto, hago un llamado a que no solo sea un día conmemorativo, sino que sea la oportunidad para pedirle al Gobierno Nacional que se fortalezca esta política pública, que conlleve a disminuir y ojalá erradicar totalmente, los índices de niñas víctimas de abuso sexual y maltrato en todas sus formas en el país.

Entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del pueblo, se hicieron presentes en esta audiencia liderada por el Senador Castañeda,  para hablar sobre los niños más lastimados por el conflicto armado.

Con la presencia de delegados de Entidades estatales–Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y dirección de la Unidad Administrativa Especial para las Víctimas-, el senador Orlando Castañeda  presidió una audiencia pública, en la cual se debatió la situación de los niños que han sido abusados sexualmente  en el marco del conflicto armado.
 

Con respecto a este tema y su desarrollo en el posconflicto, el congresista indicó “Las Naciones Unidas sostienen que la violencia sexual puede incrementarse después del conflicto”, asimismo cuestionó la reparación que se les otorgará a los niños  en el marco del posconflicto.

La delegada de la Defensoría del Pueblo, María Cristina Hurtado, resaltó que según estudios realizados por la entidad que representa, la violencia sexual es más recurrente en el sexo femenino –niñas-, además aseveró que hay una alta relación entre reclutamiento y abuso sexual.

También dejó por sentada la incómoda situación que hace que los niños no denuncien y que obedece a un “protocolo” de tener que contar su experiencia negativa en una y otra entidad, sin encontrar en muchas ocasiones respuesta oportuna, lo que  puede conllevar al fenómeno de la re victimización.

A su turno, la delegada del ICBF, María Ferguson, explicó el tratamiento que la Institución brinda a los niños víctimas de abuso sexual por el conflicto armado, el seguimiento que se les hace en aras de que ellos puedan superar las consecuencias devastadoras.

“Nosotros atendemos diferentes modalidades de acuerdo al caso. Existen unas unidades móviles para atender víctimas del conflicto en diversas partes del país” , aseguró.


Finalmente, el senador compartió sus conclusiones más importantes de la audiencia, “yo creo que hay muchas preguntas que no se han respondido referente a los niños, niñas y adolescentes que en el conflicto fueron abusados sistemáticamente,”, se refirió con respecto al posconflicto.

“Estas audiencias nos sirven para ser responsables como ciudadanos, no podemos permitir que los niños sigan siendo víctimas porque el estado no da las garantías para que los niños denuncien. Pido a todos los colombianos unirse en contra de este delito en todo el país y hago un llamado para que haya reparación y justicia para las víctimas”, puntualizó.

Columna de opinión del senador Orlando Castañeda.

Bogotá D.C., julio 27 de 2016.- Mientras el país se debate en discusiones sobre la crisis económica y su incidencia en los recursos para el Postconflicto. El país se hunde en una crisis más severa aún, la desnutrición de los niños y niñas que siguen enfermando de hambre. Este fin de semana 3 niños de las comunidades de Manaure y Uribía fallecieron por hambre, y el Gobierno sigue omitiendo que el incremento del índice inflacionario se está viendo reflejado en el crecimiento de los precios de los alimentos. Esta situación sumada a la corrupción, está robándole, para casos como el de la Guajira, los recursos destinados a la alimentación de los niños y niñas más pobres del país.

El más reciente Informe de la Contraloría General, acerca de la auditoría realizada al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías en la Guajira, confirma lo que ya se ha dicho en varias instancias, que hay corrupción por parte de entidades públicas y privadas, que desvían los dineros destinados a la alimentación de los niños y niñas del Departamento.

¡No tiene nombre lo que hacen estos “ladrones de cuello blanco” en un departamento azotado por la desnutrición y el hambre! dónde día a día, mueren niños, mientras unos pocos se enriquecen con los dineros de su alimentación.

Además, la auditoria de la Contraloría, que evalúo la gestión de los recursos de regalías usados en el PAE en 15 municipios de la Guajira, para el 2014 y 2015, refleja una pérdida de casi $ 17.000 millones de pesos en los dineros usados en los paquetes nutricionales de madres lactantes y niños de 0 a 5 años de edad.

Este departamento recibe millonarios giros por concepto de regalías cada año, sin embargo, es uno de los departamentos que más población pobre tiene, de los que más paga valores por ración a los contratistas, y que a su vez da a los niños alimentos que no cumplen con el gramaje ni las especificaciones de los contratos, tal como sucede principalmente en Manaure, Uribía y Maicao.

El documento además expone que, “los contratistas de la Gobernación de La Guajira para 2014 y 2015 son las mismas fundaciones sin ánimo de lucro” que han sido ampliamente cuestionadas por su mala gestión. Lo que evidencia la monopolización de las contrataciones por algunos consorcios, sin ninguna medida real por parte del Gobierno.

La Contraloría concluyó adicionalmente que, “se siguen evidenciando falencias en la ejecución del PAE, aún con otras fuentes de recursos que generan contrataciones de sumas elevadas de inversión de recursos públicos”, que se están perdiendo.

También que hay retrasos en la ejecución de los programas, “y evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento a la ejecución de los contratos, con fallas en la supervisión e interventoría contratada”.

Finalmente, el Informe establece que los paquetes nutricionales entregados del PAE, evidenciaron utilización de productos de origen venezolano, sin registro sanitario del INVIMA, ni los permisos de importación. Además, se evidencian deficiencias en la focalización e identificación de las personas beneficiarias, con falta de control y supervisión por parte del Estado, entre otros.

Yo me pregunto, ¿cuál es la gestión efectiva que está haciendo el Gobierno, para acabar con el flagelo de la corrupción en el PAE? A fin de que no hallan más muertes de niños por desnutrición. ¿Dónde están los castigos ejemplares a aquellos que sin escrúpulos roban los dineros de la alimentación de los niños en Guajira y otras zonas del país como el Chocó?

En el transcurso del 2016, ya van 41 muertes de niños en la Guajira, y nada pasa. Esto no es menos que una vergüenza nacional.

Constancia presentada por el senador Orlando Castañeda:

La semana pasada, el Gobierno Nacional decretó la emergencia carcelaria del país. Sin embargo, esta emergencia debió decretarse desde hace mucho tiempo atrás, ante la grave y constante situación que viven los internos en las cárceles del país. Esta crisis ha tocado fondo, los reclusos enfermos no cuentan con medicamentos para atender sus enfermedades y el hacinamiento en estos centros carcelarios hace cada vez más gravosa la situación, lo cual lleva a un reiterativo incumplimiento de las normas de Derechos Humanos.

Me pregunto: ¿por qué medidas tan esenciales como realizar brigadas de salud, modificar el manual de funcionamiento del INPEC para que el personal médico pueda atender a los reclusos, ejecutar obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de las cárceles, no se han realizado? ¿Qué paso con las obras de habilitamiento de más de 3.000 nuevos cupos carcelarios? ¿Cuál ha sido la gestión del Inpec en estos aspectos y porqué se ha tenido que llegar a medidas de choque en temas tan delicados que han puesto en riesgo la vida de los internos?

Quiero además dejar una alerta, sobre las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo acerca de 134 establecimientos carcelarios, donde encontró que en 55% de estos centros no se suministra medicamentos a los internos enfermos, el 83% no cuenta con insumos médicos, cerca de 10.000 pacientes no han recibido procedimientos solicitados y solamente se tiene un médico por cada 496 internos.

Por otra parte, la Corte Constitucional en un fallo del 16 de diciembre de 2015, en análisis a tutelas de 16 de las cárceles del país, mantuvo la declaración del estado de cosas inconstitucional, por la violación de derechos humanos en las prisiones del país.

De otro lado, no menos grave es el pronunciamiento que ha realizado el Comité Internacional de la Cruz Roja, en cuyo informe publicado el pasado mes de marzo, asegura que la crisis humanitaria en las cárceles de Colombia es insostenible, pues la situación de las 120.000 personas que están detenidas para el año 2015 fue critica, pero para el 2016 las cosas no han mejorado y tienden a empeorar.

Este Comité ha indicado, además que el factor más visible ha sido el hacinamiento que en enero de este año, se ubicó alrededor del 54%, según cifras oficiales del INPEC. Esto significa que hay unos 43.000 reclusos de más en las prisiones, lo que equivale a siete veces la capacidad de la mayor cárcel del país, que es La Picota de Bogotá.

De acuerdo a esto, me preguntó qué pasó con el Proyecto de Colonias agrícolas liderado por las Fuerzas Militares y que se encuentra frenado, este proveería de más de 10.000 cupos en las mejores condiciones para los reclusos. ¿Qué intereses hay detrás que el INPEC después de 3 años no destraba el proceso?

Señores del Gobierno, Ministro de Justicia, Director del INPEC, Ministro de Salud, yo hago un llamado no solamente a definir unas medidas de choque durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria, sino que verdaderamente se cree una Política Criminal y Carcelaria efectiva, tal y como lo propone el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta acción deberá ser concertada entre las diferentes entidades del Estado, que permita  solucionar el problema de fondo y permita tomar decisiones frente a la ampliación de la capacidad de los centros de detención, además se requiere un análisis de las medidas que contempla el sistema penal y penitenciario, que reflejen plena justicia, pero que permita además el mejoramiento de las condiciones de vida de los internos, en cuanto a infraestructura sanitaria y espacios para la resocialización, entre otros.

Columna de opinión del senador Orlando Castañeda

El problema se ha agravado por la facilidad de conseguir cualquier sustancia: senador Orlando Castañeda.

Bogotá D.C., mayo 13 de 2015.- Esta es la pregunta que cada día nos hacemos millones de ciudadanos que habitamos esta ciudad. La inseguridad en nuestra capital, se ha convertido en uno de los principales flagelos y de los más difíciles de erradicar, tan grave es, que ha trascendido a las principales ciudades del país. Delitos como el hurto con armas cortopunzantes, o armas de fuego, atracos, a personas, residencias, almacenes, bancos, vehículos de servicio público, etc, y a plena luz del día, reflejan la trascendencia del problema y la necesidad de coordinación de estrategias de todo el nivel gubernamental.

Gastaríamos toda la tarde relacionando apenas algunos de los casos tan graves de inseguridad, tanto en Bogotá como en el resto del país. La percepción de inseguridad va en aumento. Algunas de las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, del 8 de mayo, informan que: "En el periodo transcurrido de Enero a Abril del 2014, "se han denunciado 690 casos de robos a tiendas de barrio en Bogotá", al dia roban al menos 5 tiendas, las cuales han sido atracadas 2, 3, 4, 5 y hasta seis veces de acuerdo con las denuncias presentadas".

El mismo informe resalta, que "si bien no todos dejaron víctimas mortales, los hurtos se relacionan por las cuantiosas pérdidas económicas. La cifra es 18 veces superior a la que han dejado los robos a grandes superficies o almacenes de cadena en lo recorrido del 2015". Esto, debido a que, mientras en los grandes establecimientos las pérdidas oscilan en los 568 millones de pesos, la suma global de los más pequeños propietarios, alcanza los $ 10.525 millones, en dinero, ropa, licor y víveres, afectando a la pequeña empresa, y a la economía de la clase media trabajadora.

Lo insólito de estos casos, es que la Policía, logró el año pasado la detención de 96 personas por este delito, personas que vuelven a reincidir porque un juez los deja en libertad, por diversas razones que están plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico, entre las que están, la cuantía del hurto, el hecho de que nadie resulte herido, o porque no usaron armas, entre otras.

Un informe publicado por la Secretaría de Gobierno el mes pasado, establece que el hurto a personas ha aumentado en un 9%. Ejemplos de ello son los atracos ocurridos a finales de abril, dentro de los articulados del sistema Transmilenio. En uno, más de 30 pasajeros fueron intimidados y atracados con armas cortopunzantes, por varios hombres (los testigos hablan de entre 6 y 11), el otro sucedido a un bus del SITP cuando cuatro jóvenes (al parecer menores de edad) atracaron a por lo menos doce personas, atacándolos con cuchillos. De acuerdo a este mismo informe, el día sin carro del pasado 22 de abril los hurtos aumentaron en un 6%.Se sabe también, que estas cifras pueden aumentar, debido a que muchas personas no denuncian por la falta de efectividad en las acciones de la justicia contra los delincuentes.

Señores del Gobierno Nacional y Distrital, hasta cuándo vamos a permitir que el problema de inseguridad se nos siga saliendo de las manos y cobre más víctimas en el patrimonio y la vida de las personas, necesitamos urgente una articulación que hoy no existe entre el Gobierno Distrital, el Gobierno Nacional, Y la Justicia, pues a pesar de las capturas que hace la Policía Nacional; los delincuentes regresan a las calles, y además encuentran nuevas formas para delinquir.

¿No es suficiente motivo la defensa del patrimonio y de la vida de los colombianos para establecer frentes coordinado de los diferentes niveles del Gobierno que le hagan frente a este flagelo?

COMUNICADO DE PRENSA

En lo que va corrido de este año han muerto 111 gestantes

Bogotá D.C., abril 29 de 2015.- El senador Orlando Castañeda Serrano, alertó sobre las críticas cifras de mortalidad materna que van en lo corrido del 2015 en el país.

"En los cuatro meses de este año, se han presentado 111 muertes de gestantes en todo el territorio nacional, según datos del último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, el cual recopila datos hasta el 18 de abril. Esta cifra nos muestra una tendencia y es que en Colombia mueren en promedio 6 mujeres a la semana", indicó el legislador.

Señaló además que "Colombia tenía la meta de reducir en tres cuartas partes la razón de mortalidad materna para el año 2015, es decir que para este año deberíamos tener una razón de mortalidad materna de 45 muertes por 100 mil nacidos vivos, pero según las proyecciones del Observatorio Nacional de Salud para este año la razón de mortalidad materna se estima en 72 muertes por 100 mil 000 nacidos vivos. Lo que muestra que aún estamos lejos de alcanzar el quinto objetivo del milenio, porque las políticas públicas implementadas no son suficientes para minimizar los riesgos en la etapa de gestación".

Y es que las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, muestran una reducción en la tasa, pero a la vez señalan que ha aumentado la desigualdad y la inequidad en el acceso a los servicios de salud.

Entre las principales causas de muerte materna que se presentaron en el año 2014 están: los trastornos hipertensivos y las hemorragias, las cuales corresponden a más del 50 por ciento de los casos, seguidos por las sepsis respiratorias, los abortos y las causas oncológicas entre otros.

Lo más grave del asunto, indicó el Senador Castañeda, es que "según datos de la Organización Mundial de la Salud, Colombia está entre los 4 países que tienen la mayor razón de mortalidad por preeclampsia en el mundo. Lo paradójico es que esta es totalmente prevenible con estrategias de atención primaria, y controlable una vez sea detectada a tiempo".

Embarazo de adolescentes en aumento

Señaló también que "dentro del objetivo número 5 del milenio, también se encuentra la reducción del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo, y la línea base de este objetivo era el 12.8 por ciento en el año 2000, pero hoy en día en nuestro país el 19.5 por ciento de las adolescentes ha estado o está embarazada, es decir, una de cada cinco adolescentes es madre".

"Por lo anterior, solicito que se programe con urgencia un debate de control político sobre este tema en la Comisión Séptima del Senado, a fin de realizar seguimiento a esta política pública y buscar soluciones y alternativas para garantizarle la vida a las gestantes de Colombia", concluyó.