Congreso de Colombia se ubicó entre los cinco mejores de Latinoamerica en el 2016

 

 

Según el reciente Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Presidente del Senado presentó este viernes en París (Francia) el nuevo Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente para la Paz. 70 jefes de Estado de Europa, ministros de países, líderes de la sociedad civil, y reformadores de gobierno de todo el mundo, asistieron al encuentro.

 

Con un aumento significativo de ocho puntos en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), el Congreso de la República de Colombia se ubicó este año en la quinta casilla de la tabla de desempeño en trasparencia, compartiendo dicha posición con Ecuador.



Según el ILTL, en los últimos dos años el Congreso logró un desempeño en materia de transparencia y participación ciudadana del 56%, ocho puntos porcentuales por encima al registro alcanzado en 2014, cuando sólo fue de 48%.



El informe publicado esta semana por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa que analizó los congresos de 13 países latinoamericanos, revela que, en materia de “Normatividad”, es decir en evaluación de prácticas efectivas de transparencia, Colombia logró importantes avances “debido principalmente a la aplicación de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información. En efecto de una medición general de 38% en 2014 se pasó a 55% en 2016”.



Entre las mejores variantes de desempeño de normatividad se destacan las relacionadas con “la existencia de una oficina de atención al ciudadano (100%); el acceso a la agenda legislativa con los temas a tratar en las sesiones de las comisiones y plenarias (89%) y publicación del presupuesto del Congreso”, destaca el informe. No obstante, el informe hace recomendaciones para mejorar la falta de reglamentación para el ejercicio de cabildeo o lobby.



“Así, aunque para la Cámara de Representantes existe un registro público de cabilderos, esta actividad no está regulada y en consecuencia ese indicador arroja una medición de 0%”, alerta la publicación.



Otro aspecto de la medición en el que Colombia obtuvo buenos resultados es el relacionado con “Labor del Congreso o Asamblea”, es decir la existencia de prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo legislativo.



Al respecto “el Congreso de Colombia alcanza altos puntajes, pues el puntaje pasó de 46,% en 2014 a 60% en 2016”. El mejor registro en esta área se obtuvo gracias a “la publicación completa y oportuna de las agendas, tanto de las plenarias (89%) como de las comisiones (76%). ”. Sin embargo, aún se presentan deficiencias “por no contar con transcripciones en tiempo real de las sesiones de las comisiones y plenarias”.



En el área de análisis sobre el progreso administrativo del Congreso, el ILTL reconoce que existen publicaciones sobre información presupuestal y vínculos de enlace en cada una de las cámaras que informan al ciudadano sobre este asunto, pero recomienda información pública sobre “la ejecución del presupuesto por representante o senador para conocer cómo invierten o manejan el presupuesto asignado”.



Finalmente, sobre “Participación, atención ciudadana, y rendición de cuentas”, el Congreso colombiano logra un 53%, lo que significa un avance de ocho puntos en comparación con el año 2014, cuando se obtuvo un porcentaje de 45, 06. Asimismo, el informe resalta que el Congreso de Colombia no cuenta con una política de datos abiertos, debilidades que se están buscando eliminar con la implementación del nuevo Plan de Acción que este viernes se presentó en Europa.



Colombia presentó en París Plan de Acción para un Congreso Transparente para la Paz



Horas después de conocidos los resultados, el Presidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano Arango, presentó este viernes en la IV Cumbre Mundial de la Alianza para el Congreso Abierto realizada en París (Francia), las estrategias que componen el Plan de Acción para un Congreso Colombiano Abierto y Trasparente.



En un lapso de 50 minutos, Lizcano expuso ante el Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de Chile, senador Hernán Larraín; Kaja Kallas, miembro del Parlamento Europeo; Vuka Crnjanski, directora del Centro de Investigación Transparencia y Rendición de Cuentas de Serbia; Ken Wollack, presidente del National Democratic Institute, y Mukelani Dimba, director del Centro de Asesoramiento para la Democracia Abierta, el compromiso que tiene el Congreso colombiano en aras de construir un sistema que permita acercar a los parlamentarios con la ciudadanía.



Desde París, Lizcano aseguró que “el Congreso de Colombia va a trabajar con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y con las organizaciones de la sociedad civil, para incluir compromisos del legislativo en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto que se debe entregar en julio de 2017”.



“El balance desde París es que el Congreso de Colombia se compromete a trabajar para institucionalizar las políticas de congreso abierto y transparente. Seguiremos trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la institución y acercar a la ciudadanía en la función legislativa”, concluyó Lizcano.

 

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Presidente del Senado radica proyecto de "Ley Yuliana" para dar cadena perpetua a violadores

 

 

El proyecto es acompañado por integrantes del Partido de la U.

 

La radicación de esta iniciativa obedece a los hechos acaecidos en las últimas horas con el secuestro, muerte y violación de la niña Yuliana Andrea Samboni.



"Es que haya cadena perpetua para violadores de niños y niñas (...) que quienes violen un niño o niña se pudran en la cárcel" expresó el presidente del Congreso Mauricio Lizcano.



Ante la pregunta que si esto se trataba de oportunismo político el Legislador señaló que no es así dado que "Es un proyecto de Ley q se ha presentado en varias ocasiones, pero no se ha presentado en un momento más especial donde todo el país está consternado e indignado y sentimos que hoy con la indignación nacional va a motivar el Congreso para que hoy por fin luego de 4 veces este Congreso lo apruebe".

 

El segundo proyecto de Ley radicado hoy ante la Secretaría del Senado es el del Fast Track Judicial para favorecer a los menores de edad. Esta iniciativa del Partido de la U se venía trabajando desde hace 6 meses tal como lo explica el Presidente del Senado.



"Esta iniciativa se viene trabajando desde hace 6 meses y no vemos un mejor como que éste de dolor que vive Colombia y que embarga a todo el Congreso de la República; se llama Fast track Judicial dado que el problema no está sólo en la Ley, tenemos varias leyes que sancionan éste tipo de delitos, pero el problema está en la Justicia pues se demora mucho en fallar este tipo de casos" explico Lizcano al referirse a la pretensión que tiene la citada iniciativa.



En promedio un delito contra un niño demora entre 3 y 4 años según la Ley y hasta 5, o 6 o 7 o 10 años, con este proyecto de Ley toda la etapa de investigación no podrá durar más de 6 meses, concluyeron los autores del proyecto.

 

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'Fast Track' judicial para casos de abusos de menores

 

Mayor efectividad y un procedimiento preferencial para resolver judicialmente en corto tiempo los casos de abusos sexuales que involucren a niños o mujeres, es el objetivo del proyecto de ley que radicó el Partido de la U.

 
La iniciativa pretende que el operador judicial le dé prioridad y un trato preferencia a estos procesos en los que , lamentablemente, sean víctimas los menores de edad. El proyecto busca que la indagación o investigación anterior a la audiencia de imputación de cargos, no supere los seis meses para los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio, donde la víctima sea un menor de 14 años o de 18 años con discapacidad.

 
 Y es que es bien sabido que un proceso de estos tarda hasta años para ser resuelto sino es que muchos, o la gran mayoría, quedan en la impunidad.

 

“Hoy la norma dice que los procesos donde hay niños se pueden demorar hasta 3 años en etapa de investigación, existen procesos de más de 10 años o que nunca se determinan sus culpables, con esta norma las investigaciones no pueden tardar más de 6 meses”, dijo Mauricio Lizcano, presidente del Senado, quien junto con otros congresistas radicó el proyecto en la Secretaría del Senado. 

 

El proyecto busca también evitar ‘marruñas’ y  dilaciones de los procesos por parte de los abogados defensores de los implicados.

 

Y es que las cifras entregadas por los organismos de control generan preocupación. En los últimos diez años se recibieron 544.991 denuncias por delitos contra la vida e integridad personal de menores y tan sólo se registraron 18.528 condenas.

 

La radicacion del proyecto se da en momentos en los que el país es sacudido con el vil asesinato, tortura y abuso sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, ocurrido en Bogotá. Este hecho  puso nuevamente en la palestra pública el candente tema de la prisión perpetua para los violadores y asesinos de niños. También se intenta imponer la castración química para los autores de estas atrocidades.   


Anotó Lizcano que con la aprobación de esta iniciativa se agilizarán los procesos de delitos contra menores, también se brindan herramientas y garantías a las autoridades judiciales para la invetigación y el juzgamiento frente a estos procesos, y se da cumplimiento al artículo 44 de la Constitución Política que establece que los derechos de los menores prevalencen sobre los derechos de los demás.

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Senado refrenda acuerdos de paz

- Congreso tramitará primero Ley de amnistia


- Los proyectos tendrán trámite ordinario mientras se resuelve demanda en la Corte Constitucional .


Con 75 votos a favor el Senado refrendó está noche los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, luego de 4 años de conversaciones en la Habana, Cuba.


La aprobación se dió tras un debate que se extendió por más de  13 horas, en el que fueron escuchados todos los sectores políticos, líderes del NO y del SÍ, organizaciones civiles, sociales , víctimas, y juventudes.


"Ha sido un día histórico, donde el Congreso de la República  debatió el tema más importante para Colombia, la refrendación de la paz. Ha sido un debate con altura,  con  ideas;  un debate en el que se dieron todas las garantías a la oposición", señaló Lizcano Arango.


Tras la refrendación de los acuerdos , ahora vendrá la implementación que comenzará con la radicación del proyecto de amnistía que busca darle seguridad jurídica a los guerrilleros que se desmovilicen. Esta primera ley tendrá trámite ordinario.


Los otros proyectos que tendrán prioridad son : la participación política y el estatuto de la oposición. Aún no es claro que tipo de trámite tendrán porque dependerá de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre el Fast Track que le dará celeridad a la  aprobación de las leyes.

 

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Refrendación Acuerdo de Paz

 

 

Este martes 29 de noviembre se adelantará en el Senado la sesión plenaria sobre la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, a partir de las 9:00 de la mañana.



El presidente del Senado Mauricio Lizcano y la mesa directiva harán de esta sesión, un debate incluyente donde serán escuchados todos los sectores de la sociedad civil, los líderes del NO y del SÍ en igualdad de condiciones.



Más de 200 medios de comunicación se han acreditado para informar sobre la refrendación del acuerdo de paz que dará fin a más de 50 años de conflicto en Colombia.



A continuación les informamos lo que se tiene previsto para la sesión y el orden de las intervenciones:



Intervenciones



Jefe Negociador del Gobierno Humberto de la Calle Lombana


Voceros de Partidos Políticos (el Centro Democrático tendrá tiempo extra)


Naciones Unidas


Líderes Sociales


Senadores que pidan la palabra

Líderes del sí invitados Líderes del No invitados

Yolanda Pinto – Viuda del ex gobernador Guillermo Gaviria

Richard Moreno – Líder de negritudes

Rodrigo Uprimny – Director DeJusticia

Juan Camilo Restrepo: Negociador de paz

Juan Carlos Henao – Constitucionalista – Rector Universidad Externado

Ricardo Rodríguez – pastor Centro Mundial de Avivamiento

Marta Lucia Ramírez – Ex ministra

Carlos Holmes – Vocero del No - Centro Democrático

Diana Sofía Giraldo - Fundación Victimas visibles – vocera del NO

Oscar Iván Zuluaga – Vocero del No director del Centro Democrático

Jaime Castro - Ex alcalde

John Milton Rodríguez – Representante de las iglesias cristianas



Los medios de comunicación y periodistas, que no se encuentren acreditados y deseen hacer el cubrimiento de la sesión plenaria tendrán que acreditarse a [email protected]. Teléfonos 3825442. Por motivos de seguridad se recibirán acreditaciones hasta las 6 de la tarde de lunes 28 de noviembre.

 

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"Refrendación será de cara al país y sin 'pupitrazos'": Presidente del Senado

 

Once días después de que el Gobierno Nacional y el grupo de negociadores de las Farc anunciaran la cristalización del Nuevo Acuerdo de Paz, el cual incluye 56 de las 57 iniciativas propuestas por los líderes del "No", el Senado de la República recibió de manos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, las 310 páginas que componen el documento.



El presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango, aseguró que después de que el Gobierno y las Farc cumplieran con su parte de la renegociación, ha llegado el turno del Congreso para refrendar los acuerdos con "transparencia y responsabilidad".



Lizcano se dirigió a los colombianos y les aseguró: "no los vamos a defraudar. Vamos a refrendar estos acuerdos de manera serena, sin 'pupitrazos', con todas las garantías a la oposición, será un debate de cara al país".



Y agregó: "Recibimos con inmensa responsabilidad estos acuerdos que representan el anhelo de paz de todos los colombianos (...) representan el sufrimiento de millones de víctimas que durante cincuenta años padecieron este conflicto".



De inmediato, el Presidente de la Corporación aclaró que el proceso de refrendación en el Senado iniciará el próximo martes y tomará el tiempo que sea necesario.



"Después seguirá un paso muy importante: la implementación. En ella el Congreso se podrá tomar seis u ocho meses, porque estudiaremos punto por punto, acuerdo por acuerdo, para cumplir al país", concluyó Lizcano.

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"El Congreso está listo para refrendar los acuerdos": Presidente del Senado

 

Voceros de los diferentes partidos que tienen asiento en el legislativo, se reunieron con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para definir puntos clave en el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

El proceso de paz, la firma del nuevo acuerdo, la refrendación e implementación del mismo, fueron los temas abordados durante el encuentro de voceros del SÍ en sesión reservada.


En este sentido, el Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, indicó que el mecanismo de refrendación lo escogen las partes negociadoras, en este caso el Gobierno del Presidente Santos y las FARC, sin embargo, el legislativo está listo si así lo decidieran. “El Congreso está preparado para recibir el nuevo acuerdo una vez se firme, mañana nos reuniremos con todos los negociadores para estudiar detalladamente el nuevo acuerdo y estamos a la espera del pronunciamiento que harán los voceros del proceso esta noche”, puntualizó el senador Lizcano.


A su turno el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, dijo que a pesar de las diferencias con el Gobierno, su partido seguirá apoyando el proceso con las FARC. “Este acuerdo permite salir de un conflicto de medio siglo, las cosas nos indican que la refrendación será por el Congreso. El Senado y la Cámara tomarán determinaciones políticas sobre el tema”, afirmó.


Para el copresidente del partido de la U, Armando Benedetti, el procedimiento de refrendación se llevará a cabo la próxima semana, a través de una proposición presentada en la Plenaria del Senado que cite a un debate, según el marco jurídico de la Ley Quinta.


Asimismo denunció que fuerzas radicales del NO serían responsables de cualquier alteración del orden público. “No tenemos mucha información al respecto, sin embargo conocemos que el cese bilateral al fuego está teniendo serios problemas por incursión de sectores que se oponen al proceso”, denunció Benedetti.


La reunión con los jefes negociadores del Gobierno y las FARC tendrá lugar este miércoles 23 de noviembre a las 9:00 de la mañana en una sesión privada.

 

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Academia comprometida con la paz, en el Congreso

 

"La paz, el derecho a la democracia", objeto de estudio de La experiencia CAEL XVII, celebrado este miércoles en las comisiones constitucionales, que instalara el presidente, senador Mauricio Lizcano.

 

Con el propósito de hacer un ejercicio académico para debatir en torno al acuerdo final de paz, firmado recientemente en la Habana, se dieron cita importantes panelistas y expertos académicos en las comisiones del Congreso de la República, en el marco del evento se establecieron 5 mesas de trabajo de las que se obtuvieron importantes conclusiones.



Mesa 1

Analizó el papel del Congreso en el Proceso de la Consolidación de la Paz, donde participaron politólogos, académicos y estudiantes de las universidades de los Andes, Nacional, Externado y la Sabana, quienes hicieron sus aportes para enriquecer las decisiones legislativas en el tema.



Los participantes de esta mesa, concluyeron que el Congreso debe refrendar los acuerdos del proceso de paz, con la participación de la ciudadanía, indicaron que para conseguir la verdadera paz, debe darse una unidad consensuada entre políticos y la ciudadanía, argumentaron que el Congreso como represente del pueblo, tiene las condiciones de refrendar los acuerdos, en el logro de la paz, como derecho constitucional.



Mesa 3

Las exposiciones de los expertos giraron en torno a la definición de políticas públicas que refuercen lo acordado en La Habana, en materia de educación, restitución de tierras y otros temas que involucran directamente al sector social.



Según el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal, el país necesita un "revolcón" que transforme la forma de hacer política pues la ciudadanía se comporta indiferente ante los sucesos trascendentales que determinen el rumbo del país y parte de la culpa de este comportamiento la tiene la manera histórica en que se hace política y las políticas públicas.



Resaltó además la importancia del sector educativo como eje transversal en todos los escenarios de participación ciudadana asegurando que al momento de construir políticas públicas se debe pensar en desechar aquellas opciones de mediocridad educativa para las comunidades teniendo presente que es el aparato educativo el que debe ir a la gente y no al contrario, que la gente busque entrar al aparato educativo.



A su turno Aura Patricia Bolívar, del Ministerio de Justicia, habló sobre el tema de tierras contemplado en los acuerdos de paz argumentando que para dar cumplimiento a la acordado en esta materia varios agentes del Estado deben involucrarse y no dejar todo en manos del Catastro y el Igac, pues al respecto, se deben brindar soluciones integrales que incluyan seguridad, cultivos ilícitos y justicia en los territorios "y no todo se resuelve con un acuerdo de paz", dijo la experta.



Añadió que actualmente no existe una política pública sólida que garantice el retorno efectivo de quienes salieron del país a causa de la violencia y que para cubrir todos flancos se hace necesario implementar una política pública integral coordinada por una sola institución.



Mesa 4

estudió el tema Justicia y Víctimas,  se destacó la participación de los panelistas Hernando Llano Ángel de la Universidad Javeriana de Cali, con el tema Colombia ante la encrucijada democrática de la paz política o la violencia ubicua de una criminalidad organizada y degrada; María Cielo Linares de la Comisión Colombiana de Juristas con el tema el mandato del poder legislativo  de velar por el cumplimiento de los estándares internacionales  de DDHH sobre participación de Víctimas; Rafael Velandia Montes de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el tema verdad, justicia y fines de la pena: reflexión sobre el proceso de paz en Colombia y por último Fernando Vargas Valencia, de la Universidad Externado de Colombia, con el tema Enfoque restaurativo del punto 5 del acuerdo de paz: retos legislativos para la reparación a las víctimas.



Las conclusiones de esta mesa giraron en torno a reconocer y considerar que las víctimas son el centro del acuerdo, a partir de ahí se advirtió la necesidad de garantizar la integralidad  de las medidas encaminadas a satisfacer los derechos de la verdad la justicia y la reparación.



Otro de los aspectos trascendentales es que el acurdo final considera que las víctimas requieren justamente una justicia diferente a la penal ordinaria que centra su atención en lo punitivo, a diferencia de la nueva justicia que requiere la terminación de un conflicto tan prolongado, es la justicia transicional en su dimensión de  la verdad y sus relaciones a las víctimas en primer lugar, esa justicia transicional debe entenderse como una justicia de refrendación que permite poner fin a un conflicto que cada día genera mucho más víctimas.



Debe darse más garantías a las víctimas para la intervención de la jurisdicción especial para la paz para que ellas puedan formular sus denuncias, requerimientos y se conviertan en  agentes que intervengan activamente en la misma y contribuyan efectivamente al conocimiento de la verdad y la reparación en el conflicto.



Una última conclusión tiene que ver con la necesidad de estimular una pedagogía publica muy amplia en relación con el sentido del perdón en su dimensión no solamente religiosa sino política para que la sociedad colombiana pueda tener un nuevo comienzo y no continuemos en un círculo de víctimas y victimarios obsesionados con la búsqueda de una justicia que solamente es comprendida en términos punitivos sino de reparación y reconciliación.



Mesa 5

En la mesa 5 "Política de Territorio y Desarrollo Agrario Integral", participaron los académicos: Angela Avella y Martha Mejía, de la Universidad Central; Héctor Santaella, de la Universidad Externado de Colombia  y Miguel Borja de la Universidad Nacional. En sus intervenciones mencionaron aspectos como: la importancia de que los acuerdos en la Habana hayan resaltado lo rural y la relación campo- ciudad como mecanismo de seguridad Alimentaria.



El profesor Santaella presentó, lo que según él, son los: mitos, verdades y retos de la Reforma Rural Integral. Resaltando que la aseveración que dicha reforma amenaza la propiedad privada es errónea.



Agregó, que uno de los grandes retos del Estado es hacer presencia real y efectiva en el campo, de manera que responda a necesidades de educación, bienes y servicios públicos y demás en  sectores olvidados. Para concluir la mesa, la profesora Martha Mejía llamó la atención sobre la importancia y grandes aportes que desde las ciencias sociales se pueden hacer a estos temas.



Mesa 6

Reflexiones jurídico políticas para el acuerdo de paz, se constituyeron como eje central de la mesa sexta. Varios expertos en materia expusieron diversas ponencias en relación al tema. Una de las destacadas fue la que expuso el Docente investigador de Derecho Público de la Universidad Cooperativa Juan Pablo Monroy, en la que abordó la democracia y participación, hizo un recorrido histórico y cuantitativo sobre las elecciones en Colombia, destacó que la abstención siempre ha sido mayor al 50 %, lo que refleja el desinterés y la inactividad que tienen los coterráneos a la hora de tomar una decisión importante, un claro ejemplo de ello es el plebiscito. Además analizó los partidos políticos, y enfatizó que estos mismos giran sobre personas y no ideas -como debería ser- muchas veces favoreciendo grupos económicos y no la sociedad como tal.



"No nos preocupemos por los que votaron el plebiscito sino por los que no votaron. Del 100% solamente votó el 48%, esto es una cifra muy dura, el pueblo está apático.", concluyó Monroy.

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"La democracia es la herencia más preciada que debemos conservar", senador Mauricio Lizcano

 

 

El congresista dijo que se necesita cambiar el  imaginario de que Colombia es un país con un conflicto armado perpetuo

 

En la instalación de la XVll experiencia del CAEL, el Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, resaltó los importantes aportes que ha hecho la academia en la consecución de la paz para el país.


Lizcano habló de los desafíos del Congreso  a la hora de firmar el acuerdo de paz y en los momentos  de legislar para un país en paz. “Conseguir la paz, es mucho más difícil que crear la guerra, en la paz debemos aprender abrir la mente y el corazón para entender los argumentos del otro”.
 

Ante el anuncio que hizo el gobierno sobre el nuevo acuerdo pos plebiscito, Lizcano dijo que el país se proyecta ante el escenario político, económico y social, “debemos permanecer unidos para conseguir la paz que tanto anhelamos”.
 

Agregó, que  “gracias a la democracia, hoy podemos saber que existe diversas perspectivas donde podemos construir la paz, en este momentos todos los colombianos debemos aportar para la transformación profunda de nuestra sociedad. Todos debemos trabajar con más esfuerzo y entereza por construir una paz para los colombianos”.
 

Recalcó la importancia de los espacios de la discusión académica para comprender que la paz, más que un acuerdo político, es el resultado de un proceso logrado desde la colectividad humana.


El senador manifestó que la academia tiene mucho que decir frente a la real situación del país, especialmente, prima lo importante sobre lo urgente, en la búsqueda de las soluciones de los conflictos.


“Es hora de reconocernos como una nación más unida, que busca más soluciones alrededor de la paz, donde la democracia es la herencia más preciada que debemos conservar, porque en ella podemos cambiar las armas por las ideas”.
 

El legislador dejó claro que la mejor herencia que se le pueda dejar a los hijos es un país donde se pueda vivir en paz. Felicitó a los académicos y estudiantes por su iniciativa de aportar en la consecución de una paz duradera para los colombianos.

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"El Congreso apoya contundentemente al procurador", Presidente del Senado

 

El nuevo procurador tiene un mandato mayoritario para luchar contra la corrupción, defender los derechos humanos y trabajar por la paz de Colombia.

 

Tras la casi unánime elección de Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación, el presidente del senado, Mauricio Lizcano, aseguró que el Congreso eligió una persona que cumple con las condiciones morales, profesionales y éticas para dirigir el ministerio público, a partir de enero de 2017.


“Es una votación muy contundente, 92 votos de 95, solo tres en blanco, lo que demuestra que el Congreso apoya contundentemente al procurador Fernando Carrillo para que de verdad sea el procurador de la paz, dé garantías políticas y no haya un tribunal para perseguir a nadie”, aseguró el senador Lizcano.


En rueda de prensa el procurador electo, Fernando Carrillo, aseguró que su mandato será un puente para lograr una nueva etapa de diálogo nacional en torno al desarrollo del país y la paz. Así mismo, Carrillo indicó que es necesario fortalecer los personeros municipales, “desbogotanizar” la procuraduría y modernizar este ente de control.


La elección de Fernando Carrillo, como nuevo Procurador General de la Nación, se realizó en el recinto de la Plenaria del Congreso de la República, donde estuvieron presentes los otros dos candidatos que fueron derrotados: María Mercedes López y Jorge Perdomo.

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El Senado elegirá nuevo procurador el 27 de octubre

 

El Senado decidió anticipar el proceso de elección del Procurador General de la Nación.

 

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, confirmó que la elección del nuevo procurador general de la nación se realizará el próximo jueves 27 de octubre, adelantando el cronograma publicado inicialmente.

 

“Varios partidos han estado insistiendo en la posibilidad de que quieren elegir el nuevo procurador más rápidamente y, en la medida en los que se cumplan los requisitos de transparencia, no veo ninguna dificultad de que se pueda hacer; me parece que le genera tranquilidad y confianza al país”, aseguró el senador. 

 

En ese sentido, la célula legislativa realizará una audiencia pública en la que se escucharán tanto a los ternados como las inquietudes de diversos sectores de la ciudadanía. Una vez el Congreso de la República elija al nuevo procurador, dicho funcionario tomará posesión del cargo, a partir del 1 de enero de 2017.

 

Los candidatos para el cargo de Procurador General de la Nación son el ex vicefiscal y experto en política criminal y abogado de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Perdomo (ternado por la Corte Suprema); María Mercedes López, egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana (ternada por el presidente Juan Manuel Santos); y el  exministro y exembajador Fernando Carrillo Flórez, (ternado por el Consejo de Estado).

 

El proceso de elección del Procurador General de la Nación inició luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado, anulara la reelección de Alejandro Ordoñez, al argumentar graves fallas en su postulación y posterior elección.

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Congreso, ministerio de Justicia y Altas Cortes se unen en 'Misión Justicia'

 

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se comprometió con los magistrados de las altas cortes a sacar adelante el proyecto que permita una verdadera reforma a la justicia que tanto viene reclamando el país.

 

Durante la firma  del documento del proyecto 'Misión Justicia', del que hacen parte el Congreso, las altas cortes, el Ministerio de Justicia y los sindicatos de la rama judicial, el  senador Lizcano manifestó que  "desde mañana mismo se designará un grupo de congresistas  que se sumen a los delegados que nombren las cortes para empezar a estudiar,  revisar y a presentar un resultado dentro de seis meses que busque mejorar la justicia”.
 

El proyecto ´Misión Justicia' pretende  concretar salidas a la actual crisis que padece el sistema judicial colombiano como el hacinamiento en las cárceles, la demora en los procesos, el acceso fácil del individuo a la justicia y la resolución rápida de tutelas, entre otros problemas.
 

Cada una de las instituciones participantes, creará un equipo de trabajo con el fin de presentar una propuesta en marzo del 2017, la cual podrá sugerir o no una reforma a la justicia, políticas públicas, proyectos de ley, o reformas administrativas.
 

El senador Lizcano durante su posesión el pasado 20 de julio puso de manifiesto su interés por sacar adelante esta iniciativa, que viene reclamando a gritos el país desde las distintas instancias del poder judicial.
 

“Esperamos conformar un grupo de trabajo integrado por expertos de diferentes sectores para presentar propuestas concretas en el menor tiempo posible. Para ellos hemos invitado a toda la Rama Judicial, representantes de las ramas ejecutiva y legislativa, la academia y la sociedad civil en general”, indicó el magistrado Danilo Rojas Betancourth.
 

Por su parte el Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, señaló que el proyecto busca ganar proponer cambios en el sector y ganar legitimidad ciudadana. “Es una misión que se conforma con los presidentes de las altas cortes, los sindicatos de la rama judicial, el presidente del legislativo, el ministro de justicia, con el objetivo de hacer una propuesta el año entrante al país sobre una posible reforma a la justicia, reforma que podrá ser o no de carácter legislativo, podría ser de carácter administrativo, simplemente de políticas públicas... Si no hay necesidad de una reforma a la justicia no se hará” aseguró el alto funcionario.
 

Acta de compromiso:
 

“Reunidos en las instalaciones del Consejo de Estado y con el fin de entregar al país propuestas que solucionen de fondo los graves problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia y de propiciar las condiciones necesarias para consolidar el sistema judicial como un servicio público, autónomo, independiente, pronto, eficaz y cercano al ciudadano, las autoridades e instituciones que conforman las ramas del poder público y las diferentes organizaciones que promueven el bienestar de la rama judicial, nos comprometemos a trabajar e implementar Misión Justicia, proyecto mediante el cual se crea un espacio de reflexión que permita presentar propuestas concretas a las contingencias que presenta la administración de justicia como lo son la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y la administración de la rama judicial, la independencia y la autonomía presupuestal, la acción de tutela, el control disciplinario para magistrados de altas cortes y la elaboración y la ejecución del plan decenal”.
 

El proyecto Misión Justicia fue firmado por el senador Mauricio Lizcano, presidente del Senado; Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa; Margarita Cabello, presidente de la Corte Suprema de Justicia; María Victoria Calle Corte, presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella López, presidenta de la Sala Administrativa de la Judicatura y, Humberto López, representante de funcionarios y empleados de Rama Judicial.

 

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La firma de paz cierra años de dolor para las víctimas

 

"Se cierra un capítulo de 52 años de violencia para Colombia. Hoy las 7 millones de víctimas podemos decir que el perdón será nuestra reconciliación "


El presidente del Congreso Mauricio Lizcano Arango, quien padeció el rigor del secuestro de su padre, Oscar Tulio Lizcano, por 8 años, celebro  así la firma final para la terminación del Conflicto con la guerrilla de las Farc. 

A las 5:30 de la tarde, de este lunes, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como ‘’Timoleón Jiménez’, firmaron el Acuerdo Final luego de 4 años de negociaciones en la Habana, Cuba. 

"Llegó el día que tanto esperamos, llegó la paz", añadió Lizcano Arango, quien asistió con su padre al acto en Cartagena. 
El documento fue firmado ante más de 2.500 testigos entre quienes estaban el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 10 presidentes, y 27 delegaciones del mundo. 

El presiente del Senado habló de lo que viene en materia legislativa :  "Estamos listos en el Congreso para prepararle el camino al postconflicto. A partir del de 3 de octubre,  comenzaremos el trámite de la ley de amnistía, con términos fast track" 

La ley de amnistía levantará las órdenes de captura y los procesos judiciales a los guerrilleros que no deben delitos de lesa humanidad. 
"Con el fast track podremos tener listos los proyectos en tres semanas, no en dos meses como antes ocurría tendremos que duplicar el trabajo del Congreso"

Lizcano Arango advirtió que no es conveniente que las zonas campamanetarias se tengan que mantener vigentes por mucho más tiempo y eso no es conveniente

La otra ley que tendrá que aprobar el Senado sera el estatuto de la oposición que le dará participación política a los desmovilizados.

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Plenaria del Senado sesionará el 3 de octubre

 

Por solicitud de los partidos políticos, el presidente del Senado Mauricio Lizcano Arango, decidió hoy  citar a  sesiones plenarias, hasta el día 3 de octubre del año en curso.


La petición fue hecha tanto por los partidos que apoyan el Sí a la Paz, como los que optaron por el No.


La presidencia del Senado es consciente del acto histórico que se avecina para el país, el próximo 2 de octubre, día en que se votará el plebiscito que busca refrendar los acuerdos pactados con la guerrilla de las Farc, en La Habana, Cuba.


“Desde la presidencia del senado debemos dar garantías para que los partidos políticos puedan hacer su campaña en la recta final”: aseguró el senador Lizcano Arango.


La plenaria del Senado laboró normalmente hasta hoy  jueves 22 de septiembre, como estaba programado.


Por disposición de la mesa directiva del Senado,  se decidió  que los congresistas tendrán que reponer los días que se dejarán de sesionar por el  plebiscito.

 

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Senado impone orden del Congreso en grado de caballero a medallistas olímpicos de Río 2016

 

En un sentido homenaje, hoy en plenaria, se llevó a cabo la condecoración a deportistas olímpicos colombianos, a quienes se les otorgó la orden del Congreso en grado de caballero en agradecimiento por su destacada labor y alto desempeño en los juegos olímpicos en Río de Janeiro 2016

 

El presidente del senado, Mauricio Lizcano Arango impartió unas palabras de reconocimiento a los deportistas.

 

 “Gracias a ustedes en especial a nuestras heroínas somos una potencia deportiva en América latina, las últimas participaciones en los juegos olímpicos han superado todos los buenos pronósticos. En la actualidad contamos con amplia legislación deportiva, sin embargo debemos adelantar con ustedes como líderes y abanderados de sus colegas, una labor pedagógica para que los deportistas conozcan y exijan sus derechos. Infinitas gracias por ser los mejores embajadores del país, cuenten con este congreso para impulsar el deporte”. Manifestó.

 

A continuación se entregaron las condecoraciones a los deportistas:

Oscar Albeiro Figueroa -medalla de oro en levantamiento de pesas-

Yuri alvear -medalla de plata en yudo-

Yuberjen Martínez -medalla de plata en boxeo-

Ingrid Lorena  valencia -medalla de bronce en boxeo-

Luis Javier Mosquera –medalla de bronce en levantamiento de pesas-

Katherine Ibarguen –medalla de oro en salto triple- y Mariana Pajón –medalla de oro en Bicicrós- , quienes se excusaron por su ausencia.

 

A su turno, el deportista Oscar Albeiro Figueroa expresó en nombre de sus colegas su agradecimiento por el homenaje: “un saludo especial a los honorables senadores, los padres de la patria, quiero agradecer en mi nombre y el de mi familia, el apoyo y todos los sentimientos que han manifestado por los resultados obtenidos, fue muy valioso saber que colombianos reunidos creyeron en mí, y en un sueño que hoy es realidad. He dado lo mejor de mí por mi país y comparto con alegría esta medalla que es de todos ustedes”

 

Adicionalmente, Figueroa puso a consideración se tengan en cuenta Programas de vivienda, generación de oportunidades de empleo en la administración pública y acceso a la educación superior, para deportistas de alto rendimiento que en muchos casos no cuentan con los recursos.

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Anuncio de hoy en La Habana aclara la decisión que tomaremos los colombianos

 

El presidente del Senado Mauricio Lizcano, aseguró que los detalles de los protocolos y las reglas de juego que se anunciaron hoy en La Habana para aplicar el cese bilateral del fuego y la dejación de armas por parte de las FARC, “define muy claramente la decisión que tomaremos los colombianos con el plebiscito: votar por el No inspirados en la venganza del pasado, o votar por el Sí inspirados en el perdón para el futuro”.

“Un compromiso formal dentro del proceso de dejar de hacer actividades criminales por parte de las FARC, es una gran noticia para el país”, aseguró el senador Lizcano, desde Apartadó, Antioquia.

Como parte de los acuerdos se anunció que las Farc se comprometieron a dejar de hacer actividades criminales de manera formal dentro del proceso, “que la misión tripartita de verificación y monitoreo pueda exigir a las FARC el abandono de esas actividades, aclara el panorama”.

Sobre el plebiscito que refrendará los acuerdos de La Habana, el presidente del Senado, sostuvo: “Al votar el plebiscito, los colombianos tendrán que ponerse la mano en el corazón y decidir entre la venganza o el perdón. Eso definirá el futuro que dejaremos a nuestros hijos”, puntualizó.

El Presidente del Congreso se ha expresado en la misma línea del Presidente de la República, en cuanto a que el papel de la presente legislatura será fundamental para la consolidación del acuerdo de paz.

CIFRAS: El proceso de paz se ha traducido en una disminución de acciones violentas por parte de las Farc. A 19 de julio de 2016:

-      Han pasado 1.234 días sin tomas de poblaciones por parte de las Farc

-      580 días sin retenes ilegales

-      373 días sin emboscadas a la Fuerza Pública

-      364 sin explosiones intencionales atribuidas a las Farc

-      361 días sin ataques a la infraestructura petrolera

-      236 días sin secuestros atribuidos a las Farc

-      228 días sin incidentes atribuido a las Farc.

Al respecto la senadora Claudia López del Partido Verde aseguró que" esta es una gran noticia para el proceso de paz en Colombia, allí quedan claras las obligaciones de cada una de las partes, los detalles de la entrega, cómo va a ser el rol de Naciones Unidas, cómo se van a recibir las armas, su destrucción, su conteo, su verificación. Creo que avanzamos con pasos firmes y seguros hacia el fin definitivo del conflicto armado con las Farc".

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“Dejación de armas y concentración de las Farc es una garantía para las víctimas"

Bogotá D.C., junio 24 de 2016. El senador Mauricio Lizcano aseguró que el acuerdos del cese bilateral y entrega de armas firmado hoy en la Habana es histórco y se constituye en uno de los pilares más importantes para lograr una paz duradera.

Dijo que “cada uno de los miedos y mitos sobre el proceso de paz se derumban como fichas de dominó al paso de los anuncios de los acuerdos”.

Aseguró que la entrega de armas es garantía para que no vuelva la guerra y en la práctica es el punto más importante que se ha discutido en el proceso de Paz.

Agregó que con los acuerdos de la Habana sobre concentración de las Farc, las víctimas tienen garantizada una paz sin impunidad. “Como lo dijo Ban Ki-moon nuestro proceso se convertirá en carta de navegación para futuros acuerdos de Paz”.

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Aprobado en primer debate proyecto “Siembra Verde”

Bogotá D.C., junio 8 de 2016. En primer debate, en la Comisión V de Senado, fue aprobado el proyecto “Siembre Verde”, de autoría del senador Mauricio Lizcano, que busca fomentar la siembra de árboles como una estrategia de apoyo a la construcción y protección de un medio ambiente sostenible.

El proyecto plantea el desarrollo de campañas educativas que fomenten la siembra de árboles e incentivos.

Para ello se plantea crear el certificado de Siembra verde por la siembra de cinco árboles por persona, incentivos para quienes obtengan el certificado, realizar estrategias para facilitar la siembre de árboles, medidas simbólicas como la creación del día del árbol, la emisión de una serie filatélica y promoción diplomática del proyecto, entre otras.

El siguiente es el ABC del Proyecto:

PROYECTO DE LEY – SIEMBRA VERDE

OBJETO

Fomentar el sembrado de árboles como estrategia de apoyo a la construcción y protección de un medio ambiente sostenible, promoviendo una cultura y consciencia ecológica en la ciudadanía. Este objetivo se plantea en dos frentes: el de medidas educativas que fomenten el cultivo y conservación de árboles, y el de incentivos para el sembrado de árboles.

¿POR QUÉ PLANTAR ÁRBOLES?

Porque es necesario contrarrestar los efectos de la deforestación y el calentamiento global, y salvar nuestro planeta.

Los árboles son fábricas de oxígeno, eliminadores de dióxido de carbono, reguladores térmicos, fundamentales en el ciclo hidrológico, generadores de recursos, herramientas de prevención de desastres y hábitat de humanos y animales. Pero sobre todo, son la solución natural y económica para los problemas derivados de su tala.

Desde que comenzó la civilización humana, el 46% de especies de árboles han desaparecido de la tierra. Si esto continúa, no tendremos planeta que heredarle a nuestros hijos.

La tasa de deforestación ha aumentado en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo. Entre 2013 y 2014 aumentó en un 16%, y en 2014, 753 municipios registraron al menos una hectárea deforestada. Esto no puede continuar.

TIPOS DE MEDIDAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO

• Crear el certificado Siembra Verde, que acredita haber plantado 5 árboles.

- Fuertes incentivos para quienes obtengan el certificado.

- Estrategias que facilitan la siembra de árboles, incluyendo la entrega gratuita de plántulas, la creación de viveros y jornadas educativas.

- Medidas simbólicas como el día del árbol, la gran condecoración del árbol, la emisión de una serie filatélica y la propagación diplomática del proyecto.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO SIEMBRA VERDE?

Es el documento de gratuita expedición que acredita haber plantado 5 árboles de acuerdo a lo establecido en esta ley y la reglamentación que emitirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con este certificado, cuya validez es de un año, se pueden acceder a los beneficios establecidos en el proyecto.

¿SE PODRÁ PLANTAR CUALQUIER TIPO DE ÁRBOLES?

El Ministerio de Ambiente determinará las características de especie, piso térmico, fitosanidad, suelo y demás que deban cumplir los árboles plantados. La siembra de especies en vía o peligro de extinción y ecosistemas estratégicos será prioritaria.

Esta reglamentación contará con la colaboración de las entidades miembro del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y los Jardines Botánicos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POR TENER EL CERTIFICADO SIEMBRA VERDE?

Entre los beneficios se cuentan preferencia para adjudicación de becas y subsidios, preferencia en empleos de carrera administrativa e ingreso a instituciones educativas públicas o privadas, y descuentos de costos de matrícula en educación superior.

También se establecen cuatro descuentos distintos para quien obtenga el certificado Siembra Verde, los cuales podrán usarse durante los dos años siguientes a su expedición. Estos descuentos recaen sobre el valor a cancelar por concepto del trámite de apostilla o legalización de documentos, copia de registro civil de nacimiento o de defunción, expedición de certificado de tradición y libertad de inmuebles, y expedición de la tarjeta profesional.

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Lizcano le responde a la SIC sobre proyecto de Vigilancia Privada

Bogotá D.C., mayo 24 de 2016. Sobre la declaración hecha por el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, de un posible “mico” en el proyecto sobre la regulación de la Seguridad Privada, que cursa su tercer debate en Cámara de Representantes, me permito aclarar:

 

1. En el 2010 fue presentada la reforma a la vigilancia y seguridad privada por el ex ministro de Defensa, Rodrigo Rivera y los senadores Juan Lozano y Carlos Emiro Barriga. Yo retomé la iniciativa y la volví a presentar el 20 de julio de 2014.

2. El proyecto ha surtido dos debates en Senado y está pendiente de discusión en Comisión primera de Cámara de Representantes. En el Senado, fui autor y ponente junto con los congresistas Luis Fernando Velasco, Carlos Fernando Galán, Iván cepeda y Nidia Marcela Osorio.

3. Antes de aprobarse el proyecto en Senado se realizó una audiencia pública para escuchar observaciones de todos los sectores.

4. Ni en la audiencia pública ni durante la discusión en Senado se recibió observación o comentarios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto fue aprobado hace seis meses en Senado y hoy está en discusión en Cámara de Representantes.

5. En Cámara de Representantes se realizó en abril de este año otra audiencia pública en la que tampoco participó la Superintendencia de Industria y Comercio ni remitió comentarios sobre el proyecto.

6. Puedo afirmar que No existe ningún mico ni mucho menos la intención de los legisladores de ir en contra de la ley.

7. El Art 85 al cual se refiere el Superintendente de Industria y Comercio ha estado en discusión desde el año 2010 en el Congreso.

8. En ningún caso la ley en curso deroga las normas que fundamentan las investigaciones que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. Por el contrario, el proyecto sanciona a las empresas que hacen uso de competencia desleal al prohibir que un mismo dueño de varias empresas participe con estas en una sola licitación teniendo así varias oportunidades para ganar la licitación.

9. El proyecto de Ley regula el sector de la vigilancia privada. Es una norma especial donde se debe especificar qué les está prohibido a las empresas y cuales son las sanciones que se debe imponer por no cumplir la prohibición.

10. Esa prohibición está en trámite en el Congreso desde el año 2010 y se ha trabajado en coordinación con diferentes entidades de Gobierno Nacional: Superintendencia de Vigilancia y los Ministerios de Defensa y Comercio Exterior.

11. Las prácticas monopólicas se vienen presentando en este sector desde hace 15 años. Los hechos que investiga la Superintendencia de industria y Comercio se dieron en el año 2012, dos años después de presentado el proyecto.

12. La Superintendencia de Industria y Comercio descubrió que estas prácticas eran sancionables hasta febrero de 2015 y el proyecto se presentó el 20 de julio de 2014,  8 meses antes de saber de las investigaciones de la SIC.

13. Las empresas investigadas hoy siguen funcionando plenamente. Con las sanciones que contempla el proyecto de ley, estas empresas ya se hubieran podido intervenir y hasta cerrar. Las normas no son antagónicas por el contrario se complementan.

14. Estamos dispuestos a evaluar los argumentos del Superintendente de Industria y en consecuencia los transmitiremos a los ponentes de la iniciativa en Cámara.

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"La reconciliación y el perdón, una responsabilidad compartida"

Bogotá D.C., mayo 5 de 2016.- Hace varios meses me acerqué al doctor Martin Santos con la intención de organizar un foro, para reflexionar sobre el papel de las víctimas, cómo protagonistas de la reconciliación en nuestro país. Desde ese momento admiro su capacidad de gestión, liderazgo y apertura para abrir espacios de discusión sobre este tema.


Hoy podemos contribuir con ideas y reflexiones, para allanar el camino de la reconciliación, en una sociedad que históricamente ha padecido los crueles efectos del conflicto armado.

Es un sueño de todos invocar la paz, tras el escenario de violencia que ha dejado huellas en nuestra memoria colectiva e individual.

Preparémonos para el posconflicto con discusiones de fondo. Discusiones que nos permitan explorar diferentes perspectivas, y enriquecer nuestros propósitos de reconciliación y perdón.

Hablo de estas dos últimas palabras, no solo como conceptos, sino también como experiencias.

Porque más allá del heroico esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Santos, para encontrar la paz, los ciudadanos debemos ser conscientes de que se trata, de una responsabilidad compartida.

Nuestra responsabilidad compartida es que se hagan públicas las demandas de las víctimas, la necesidad de evitar el olvido.

Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que "la memoria se expresa como experiencia y como ejercicio terapéutico que tiene una poderosa fuerza comunicativa". Evitar el olvido nos conduce a mostrar la vulnerabilidad de las instituciones y las carencias de nuestra democracia.

Para que haya de los victimarios reparación, verdad y no repetición, es preciso suscribir un nuevo pacto: el de reconstruir la institucionalidad y las reglas de la democracia. Un pacto para generar confianza y legitimidad, inclusive, hasta en la propia justicia.

María Teresa Uribe decía que "hay una magia en las palabras, y una virtud en ellas para la curación de las heridas morales, y para la mitigación del dolor".

En Ruanda, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y España, entre otros países, no ha sido fácil encontrar la reconciliación y el perdón, por la multiplicidad de interpretaciones causadas por la violencia.

Interpretaciones que se han incorporado en la mente de los ciudadanos, tales como: la venganza, el odio, los intereses económicos y políticos, y las inequidades sociales, las cuales complejizan el rompecabezas que se arma al negociar la paz.

Tenemos una responsabilidad compartida para que la reconciliación y el perdón no queden atrapados en lo indecible. La virtud principal de la reconciliación es que rompe la espiral de la venganza. Y el perdón es un bien individual y supremo del alma de cada ser.

El perdón posee muchas virtudes. Una de las principales es que suspende la condición de víctima. Y digo eso como una experiencia propia, resultado de la angustia existencial que vivió mi familia, con el secuestro de mi padre, quien estuvo cautivo por las Farc durante casi 9 años. Como si fuera poco, justo cuando llevábamos seis años en esa pesadilla, el EPL secuestró a mi hermano, para extorsionarnos económicamente.

En Colombia la reconciliación debe emerger en los pliegues de una sociedad desgarrada por el dolor. Esa reconciliación creará las condiciones para el perdón.

Como señalaron los clásicos de la filosofía del perdón Derrida , Paul Ricœur, y Jankélévtch: "El perdón es un acto individual y no ejercido por un intermediario, en este caso el Estado. El perdón no posee plazos en el tiempo, es un don gratuito de la víctima no prevé prescripciones, ni armisticios".

El estado no perdona; ¡perdonamos las víctimas!!!. En ese orden de ideas, el perdón y la reconciliación son una virtud política para generar nuevas sociedades. Advierto, el perdón jamás impide el desarrollo de la justicia.

El perdón es un reconocimiento del otro, su origen viene del ofendido. Es un acto humano.

Hace poco leía sobre un veterano de la guerra en Vietnam, que narró cómo los hombres de su pelotón derramaban lágrimas, mientras esculcaban en las pertenencias de los vietnamitas muertos. En sus manos tomaban las fotos de padres, abuelos, nietos novias, esposas e hijos, y decían: 'Son iguales a nosotros'.

Al ver a mi papá aquí presente, reflexiono que como familia entendimos que odiar a las FARC, era seguir secuestrados y decidimos liberarnos a través del perdón. Por ello me siento con autoridad para desafiar y convocar a los colombianos a la reconciliación y al perdón como una responsabilidad compartida.

 

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Lizcano radica proyecto que promueve la siembra de arboles

Quienes siembre más de cinco árboles tendrán preferencia para adjudicación de becas y subsidios, reza la iniciativa.

Bogotá D.C., mayo 3 de 2016. El senador de la U, Mauricio Lizcano, radicó  este martes un proyecto de ley que busca promover la siembra obligatoria de árboles en el país como una estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concientización del valor del árbol como elemento de sostenibilidad ambiental.

Al radicar el proyecto a consideración del Congreso el senador Mauricio Lizcano, quien  estuvo acompañado de Ariel Armel, director del Boletín del Consumidor y Paolo Lugari, experto ecologista y fundador en Colombia el Centro Las Gaviotas, destacó que el proyecto busca fomentar la siembra de árboles como una estrategia de protección del medio ambiente y que para lograr el objetivo se plantean medidas educativas que fomenten el cultivo, así como la conservación e incentivos para sembrarlos.

La iniciativa crea el “Certificado Verde” para quienes hayan sembrado más de cinco árboles, como incentivos para quienes logren el certificado, estrategias que facilitan la siembra de árboles, incluyendo la entrega gratuita de los mismos, creación de viveros y jornadas educativas  y   medidas simbólicas como el establecimiento por ley del día del árbol, la emisión de una serie filatélica y la promoción de la ley en todas las embajadas colombianas.

Entre los beneficios que plantea el proyecto para quienes siembre más de cinco árboles se cuentan: la preferencia para adjudicación de becas y subsidios, preferencia en empleos de carrera administrativa e ingreso a instituciones educativas públicas o privadas, y descuentos de costos de matrícula en educación superior.  

También se establecen cuatro descuentos distintos para quien obtenga el certificado Siembra Verde, los cuales podrán usarse durante los dos años siguientes a su expedición.   Estos descuentos recaen sobre el valor a cancelar por concepto del trámite de apostilla o legalización de documentos, copia de registro civil de nacimiento o de defunción, expedición de certificado de tradición y libertad de inmuebles y  expedición de la tarjeta profesional.

            

 PROYECTO DE LEY – SIEMBRA VERDE

OBJETO

-Busca promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional.

-Fomentar el sembrado de árboles como estrategia de apoyo a la construcción y protección de un medio ambiente sostenible, promoviendo una cultura y consciencia ecológica en la ciudadanía. Este objetivo se plantea en dos frentes: el de medidas educativas que fomenten el cultivo y conservación de árboles, y el de incentivos para el sembrado de árboles. 

¿POR QUÉ PLANTAR ÁRBOLES?

 

Porque es necesario contrarrestar los efectos de la deforestación y el calentamiento global, y salvar nuestro planeta. 

Los árboles son fábricas de oxígeno, eliminadores de dióxido de carbono, reguladores térmicos, fundamentales en el ciclo hidrológico, generadores de recursos, herramientas de prevención de desastres y hábitat de humanos y animales.   Pero sobre todo, son la solución natural y económica para los problemas derivados de su tala. 

 

Desde que comenzó la civilización humana, el 46% de especies de árboles han desaparecido de la tierra.  Si esto continúa, no tendremos planeta que heredarle a nuestros hijos. 

 

La tasa de deforestación ha aumentado en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo.  Entre 2013 y 2014 aumentó en un 16%, y en 2014,753 municipios registraron al menos una hectárea deforestada. Esto no puede continuar. 

 

TIPOS DE MEDIDAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO

 - Crear el certificado Siembra Verde, que acredita haber plantado 5 árboles. 

- Fuertes incentivos para quienes obtengan el certificado. 

- Estrategias que facilitan la siembra de árboles, incluyendo la entrega gratuita de plántulas, la creación de viveros y jornadas educativas.  

- Medidas simbólicas como el día del árbol, la gran condecoración del árbol, la emisión de una serie filatélica y la propagación diplomática del

 

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO SIEMBRA VERDE?

Es el documento de gratuita expedición que acredita haber plantado 5 árboles de acuerdo a lo establecido en esta ley y la reglamentación que emitirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Con este certificado, cuya validez es de un año, se pueden acceder a los beneficios establecidos en el proyecto. 

 

¿SE PODRÁ PLANTAR CUALQUIER TIPO DE ÁRBOLES?

El Ministerio de Ambiente determinará las características de especie, piso térmico, fitosanidad, suelo y demás que deban cumplir los árboles plantados.  La siembra de especies en vía o peligro de extinción y ecosistemas estratégicos será prioritaria.   

Esta reglamentación contará con la colaboración de las entidades miembro del Sistema Nacional Ambiental – SINA y los Jardines Botánicos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POR TENER EL CERTIFICADO SIEMBRA VERDE?

Entre los beneficios se cuentan preferencia para adjudicación de becas y subsidios, preferencia en empleos de carrera administrativa e ingreso a instituciones educativas públicas o privadas, y descuentos de costos de matrícula en educación superior.  

 

También se establecen cuatro descuentos distintos para quien obtenga el certificado Siembra Verde, los cuales podrán usarse durante los dos años siguientes a su expedición.   Estos descuentos recaen sobre el valor a cancelar por concepto del trámite de apostilla o legalización de documentos, copia de registro civil de nacimiento o de defunción, expedición de certificado de tradición y libertad de inmuebles, y   expedición de la tarjeta profesional. 

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A sanción presidencial, descongestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia

El senador Lizcano, autor de la iniciativa, explicó que el proyecto organizará, cuatro salas de descongestión para la Sala de Casación Laboral.

Bogotá D.C., abril 1 de 2016. La Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de Ley Estatutaria presentado por el senador Mauricio Lizcano que establece cuatro salas de descongestión y nuevos magistrados, que trabajarán por ocho años en atender procesos represados por más de 17 años, en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada Clara Dueñas afirmó que el proyecto se justifica por la “problemática traducida en un atraso superior a los 17 años en la solución de miles de procesos que involucran a trabajadores, pensionados, personas de la tercera edad, menores de edad, personas en condición de discapacidad, madres y padres cabeza de familia”.

Por su parte el senador Lizcano, autor de la iniciativa, explicó que el proyecto organizará, de manera excepcional y transitoria, cuatro salas de descongestión para la Sala de Casación Laboral que facilitarán la reducción de los altos índices de represamiento de expedientes de reclamaciones de pensiones, asuntos laborales y garantizar los derechos a todos los trabajadores.

Agregó que “con esta nuevas medidas de descongestión, la Corte Suprema de Justicia podrá sacar adelante más de 17 mil procesos de pensiones y laborales que están represados y los 9.900 que siguen llegando anualmente”.

“Mientras que en el estándar internacional un proceso dura máximo 3 años, en Colombia está en cerca de 11 años, a partir de la presentación de la demanda. Esto implica que muchos pensionados que han demandado han muerto sin haberse beneficiado de sus pensiones y que muchos trabajadores no hayan tenido todas sus garantías. Con el aval de la Corte a nuestra iniciativa la tercera edad podrá gozar de sus pensiones y demas derechos sin esperar mas de una década”, concluyó.

El proyecto pasará a sanción presidencial.

ABC DEL PROYECTO

1. Se crean cuatro Salas de Descongestión, integradas y conformadas por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

2. La medida tiene un carácter estrictamente excepcional y responde a la coyuntura crítica de congestión judicial de la Sala de Casación Laboral, de manera que no se puede entender modificada radicalmente la estructura constitucional ordinaria de la Corte Suprema de Justicia

3. La medida es esencialmente transitoria y está justificada única y exclusivamente por el término de ocho años, durante el cual, de acuerdo con los índices de productividad esperados, se logran reducir los dramáticos niveles de represamiento de procesos y se puede dotar a la Sala de Casación Laboral de un estado de normalidad, que la habilite para atender de manera prudente el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

4. La finalidad de las Salas de Descongestión es concreta y restringida, pues sus funciones se circunscriben a tramitar y decidir los recursos de casación que le sean asignados por la Presidencia de la Sala de Casación Laboral, de forma tal que tampoco se pueden entender alteradas sustancialmente las funciones y tareas que le competen a la Corte Suprema de Justicia.

5. Las Salas de Descongestión no tienen asignadas funciones administrativas propias de la Corte Suprema de Justicia, además de que sus magistrados no hacen parte de la Sala Plena de la Corporación, ni pueden tomar parte de sus decisiones.

6. La labor de las Salas de Descongestión se restringe a los recursos de casación, que es donde se concentra el mayor índice de represamiento de procesos en la Sala de Casación Laboral, pero no tienen la potestad de crear o modificar la jurisprudencia, que es una de las finalidades esenciales de la Corte Suprema de Justicia, por ser su carácter transitorio.

7. De acuerdo con las proyecciones y las necesidades concretas de la Sala de Casación Laboral, se crean cuatro Salas de Descongestión compuestas por tres magistrados de descongestión cada una, de duración igual al de la medida y que, en todo caso, no superan los periodos constitucionales de 8 años, además de que su elección, requisitos para acceder al cargo y elección está sometida a las mismas condiciones previstas para los miembros titulares de la Corporación.

8. Finalmente, se debe contar con la previsión y asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la Sala de Descongestión, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

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Mauricio Lizcano habla sobre alcantarillas sin tapa

Declaraciones del senador Mauricio Liazcano al respecto del caso del niño Juan Sebastián en Soacha.

 

"Nuestro proyecto de ley busca sancionar a las empresas con multas administrativas y pecuniarias"

El senador Mauricio Lizcano lamentó que niños como Juan Sebastián de Soacha sean víctimas de la falta de una tapa de alcantarilla y de la negligencia de empresas de servicios públicos que no toman medidas para evitar su hurto o que simplemente no arregla su infraestructura ni la repone.

Dijo que "lamento y nos parte el alma el accidente que sufrió Juan Sebastián de Soacha por la falta de una tapa de alcantarilla. Este caso se suma al de muchos niños y adultos que han perdido la vida en estas mismas circunstancias o por el daño o hurto de equipamento de las empresas de servicios públicos".

Lizcano advirtió que hace más de un año presentó un proyecto de ley que pretende que las empresas de servicios públicos respondan y protejan la vida e integridad física de las personas por el daño o el hurto de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios. Dicho proyecto está pendiente de su último debate en la plenaria de Cámara de Representantes.

"Nuestro proyecto de ley busca sancionar a las empresas con multas administrativas y pecuniarias como la cancelación del contrato de prestación de servicios públicos y multas hasta de 2000 salarios mínimos, es decir cerca de 1200 millones de pesos, sanciones que serán establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Para quienes hurten tapas o cualquier otro elemento que ponga en peligro la vida de las personas o la cause se estableció un nuevo agravante punitivo para el homicidio culposo", indicó.

"El proyecto de ley nace de un problema que hemos visto fundamentalmente en Bogotá pero también en algunas zonas de la Costa que tiene que ver con el robo de bienes públicos. Se ha conocido por ejemplo lo que sucedió en Bogotá, una niña que perdió su vida en una alcantarilla. Un señor adulto de la tercera edad que también se cayó en un hueco de alcantarilla, todo como consecuencia del robo y descuido de las empresas en la reposición de equipamento que permita garantizar la seguridad de la gente", aseguró Lizcano.

De acuerdo con Lizcano, es responsabilizad de la empresa prevenir el hurto además de usar componentes y diseños que no sean fácilmente dañados o robados.

El senador explicó que para contrarrestar la falta de equipamento y el hurto se proponen medidas como obligar a las empresas de servicios públicos domiciliarios a responder por la infraestructura en las 24 horas siguientes a la notificación y exige a las empresas la revisión periódica de los equipos.

Lizcano solicitó al presidente de la Cámara de representantes que, una vez se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, se le de prioridad al proyecto para evitar hechos como los acontecidos con Juan Sebastián.

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Aprobado en segundo debate proyecto de cuentas abandonadas

COMUNICADO DE PRENSA

Aprobado en segundo debate proyecto de cuentas abandonada

Bogotá D.C., julio 29 de 2015 (Prensa S. Mauricio Lizcano).- La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley de autoría del senador Mauricio Lizcano que pretende utilizar los saldos de cuentas abandonadas por más de cuatro años, que se encuentran en establecimientos de crédito, para financiar proyectos de la Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia.

Lizcano explicó que los recursos abandonados actualmente, cercanos a los 1.2 billones de pesos, son utilizados por los establecimientos de crédito para realizar operaciones propias de su negocio, como la intermediación y la inversión.

"El proyecto de ley genera que los recursos abandonados beneficien a toda la sociedad y no solo a los establecimientos de crédito. Los bancos tendrán que transferir los saldos de las cuentas abandonadas a manera de préstamo a la Nación. Estos recursos serán destinados a la Financiera de Desarrollo Nacional para financiar los proyectos de 4G de Concesiones Viales de Colombia", aseguró.

Actualmente hay $6,1 billones de pesos en 26 millones de cuentas inactivas en el país. Se calcula que el número de las cuentas abandonadas por más de cuatro años ascendería 17 millones con recursos por 1.4 billones de pesos, reveló Lizcano.

Explicó que el proyecto establece que el depositante puede solicitar el reintegro de sus recursos, y que el establecimiento de crédito deberá hacerlo de manera inmediata reconocimiento los rendimientos respectivos.

"Actualmente los depósitos inactivos reconocen una tasa promedio de 1.27%, es decir, se estarían financiando las vías 4G con tasas por debajo de la inflación que se encuentra en 4.42%. De hecho es más económico que financiarse por medio de deuda del Gobierno, pues en la última subasta los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años presentaron una tasa de corte de 7.78%", concluyó.

El proyecto pasa a tercer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

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Aprobada en el Congreso ley que desgongestiona sala laboral de la Corte Suprema de Justicia

COMUNICADO DE PRENSA

Aprobada en el Congreso ley que desgongestiona sala laboral de la Corte Suprema de Justicia

Bogotá D.C., junio 12 de 2015 - La nueva Ley estatutaria organizará, de manera excepcional y transitoria, cuatro salas de descongestión para la Sala de Casación Laboral que facilitarán la reducción de los altos índices de represamiento de expedientes de reclamaciones de pensiones, asuntos laborales y garantizar los derechos a todos los trabajadores, explicó el senador Mauricio Lizcano autor de la iniciativa.

El senador Lizcano explicó que "con esta nuevas medidas de descongestión, la Corte Suprema de Justicia podrá sacar adelante más de 17 mil procesos de pensiones y laborales que están represados y los 9.900 que siguen llegando anualmente".

"Mientras que en el estándar internacional un proceso dura máximo 3 años, en Colombia está en cerca de 11 años, a partir de la presentación de la demanda. Esto implica que muchos pensionados que han demandado han muerto sin haberse beneficiado de sus pensiones y que muchos trabajadores no hayan tenido todas sus garantías".

La ley estatutaria pasará a revisión en la Corte Constitucional y luego a sanción presidencial.

ABC DEL PROYECTO

i) Se crean cuatro Salas de Descongestión, integradas y conformadas por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

ii) La medida tiene un carácter estrictamente excepcional y responde a la coyuntura crítica de congestión judicial de la Sala de Casación Laboral, de manera que no se puede entender modificada radicalmente la estructura constitucional ordinaria de la Corte Suprema de Justicia.

iii) La medida es esencialmente transitoria y está justificada única y exclusivamente por el término de ocho años, durante el cual, de acuerdo con los índices de productividad esperados, se logran reducir los dramáticos niveles de represamiento de procesos y se puede dotar a la Sala de Casación Laboral de un estado de normalidad, que la habilite para atender de manera prudente el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

iv) La finalidad de las Salas de Descongestión es concreta y restringida, pues sus funciones se circunscriben a tramitar y decidir los recursos de casación que le sean asignados por la Presidencia de la Sala de Casación Laboral, de forma tal que tampoco se pueden entender alteradas sustancialmente las funciones y tareas que le competen a la Corte Suprema de Justicia.

v) Las Salas de Descongestión no tienen asignadas funciones administrativas propias de la Corte Suprema de Justicia, además de que sus magistrados no hacen parte de la Sala Plena de la Corporación, ni pueden tomar parte de sus decisiones.

vi) La labor de las Salas de Descongestión se restringe a los recursos de casación, que es donde se concentra el mayor índice de represamiento de procesos en la Sala de Casación Laboral, pero no tienen la potestad de crear o modificar la jurisprudencia, que es una de las finalidades esenciales de la Corte Suprema de Justicia, por ser su carácter transitorio.

vii) De acuerdo con las proyecciones y las necesidades concretas de la Sala de Casación Laboral, se crean cuatro Salas de Descongestión compuestas por tres magistrados de descongestión cada una, de duración igual al de la medida y que, en todo caso, no superan los periodos constitucionales de 8 años, además de que su elección, requisitos para acceder al cargo y elección está sometida a las mismas condiciones previstas para los miembros titulares de la Corporación.

viii) Finalmente, se debe contar con la previsión y asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la Sala de Descongestión, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

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Senador Lizcano presenta proyecto de ley en beneficio del sector agrícola

 

La iniciativa propone que el 25% recaudado por el impuesto del 4x1000 sea destinado a la financiación del Fondo de Apoyo al Sector Agropecuario.

El Senador Mauricio Lizcano,(Partido de la U), radicará este martes un proyecto de ley con el fin de que el veinticinco por ciento 25% de los dineros recaudados por el Gravamen a los Movimientos Financieros, es decir del 4 x 1000, durante las vigencias fiscales 2014 y 2015, se dedicarán exclusivamente al financiamiento del Fondo de Apoyo al Sector Agropecuario que tendrá como finalidad apoyar programas de sustentación de precios, reconvención tecnológica y aumento de la productividad del sector.

Los recursos del Fondo de Apoyo al Sector Agropecuario serán destinados únicamente al apoyo de los programas destinados a los productores agropecuarios pequeños y medianos según sea la clasificación que establezca el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el congresista, "La idea del proyecto es buscar soluciones de largo plazo teniendo en cuenta las necesidades actuales. Hay que incentivar, formalizar y modernizar el sector agropecuario en todos sus procesos productivos para que sea sostenible y mejore las condiciones sociales de la población".

El Fondo de Apoyo al Sector Agropecuario sería reglamentado por el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en un término no mayor a 6 meses, deberán exponer las características de los productores agropecuarios que clasifiquen a los programas financiados por el Fondo de Apoyo al Sector Agropecuario.

Prensa senador Mauricio Lizcano

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Sistema de protección al desempleado

El pasado mes de agosto el país recibió la alentadora noticia de que el desempleo se encontraba por debajo de la referencia del año inmediatamente anterior. Según del DANE, 10.1% de la población económicamente activa carece un puesto de trabajo, porcentaje más bajo en los últimos diez años.

De lo anterior se deben rescatar dos mensajes importantes para ajustar las políticas alrededor de la economía laboral nacional. Por un lado, no se debe desconocer que detrás de este porcentaje están 2.2 millones de colombianos desempleados que carecen de ingresos estables y cuyas familias se están viendo cada vez más vulnerables a entrar en trampas de pobreza. Sin embargo, también se debe reconocer que el desempleo está bajando lo que representa una oportunidad de ahorro para el gobierno y sus ciudadanos, ahorro que da soporte a nueva formulación de políticas públicas para contener los efectos perversos sobre el empleo que podrían traer futuras crisis en nuestra economía.

Es en medio de esta coyuntura en donde creo que el sistema de protección al desempleado (Proyecto de Ley del que soy autor y se encuentra en discusión en el Congreso de la República) es una estrategia fundamental para ser implementada en el país y cuyos efectos pueden ser coyunturalmente maximizados logrando beneficios tanto en resultados de protección social para los ciudadanos que no cuenten con un empleo, como en los indicadores macroeconómicos en cuanto los seguros de desempleo tienen la propiedad de ser estabilizadores automáticos de los ciclos económicos.

En Colombia alrededor del 80% de las personas que cuentan con un empleo ganan en promedio menos de dos salarios mínimos y se encuentran constantemente expuestos a salir del mercado laboral. Un choque negativo sobre los ingresos de estos hogares producto de la terminación de una relación laboral, causa graves efectos sobre sus decisiones (y posibilidades reales) de consumo y en consecuencia, sobre el crecimiento de la economía constituyendo un ciclo vicioso: el desempleo desacelera el crecimiento y con una economía lenta se genera aún más desempleo. Adicionalmente estos choques en el ingreso hacen de estas familias más vulnerables a otros choques económicos resultando en privaciones de necesidades no prioritarias para la supervivencia como la educación para los hijos. Un ejemplo de lo anterior es la inversión en formación de capital humano en las familias, que ante las restricciones en el presupuesto familiar termina sustituyéndose por otros gastos de más urgencia como la alimentación, lo que configura una trampa de pobreza en el mediano y largo plazo pues se reducen las posibilidades para los individuos de volver a movilizarse en el mercado laboral.

El sistema de protección al desempleado que propongo incorpora un seguro al desempleo que busca disminuir el impacto negativo de los anteriores problemas. Con este, los trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios mínimos que perdieran el empleo podrían tener la posibilidad de recibir un subsidio durante seis meses que les permitiría mantener en una importante proporción su capacidad adquisitiva mientras re ingresan al sistema laboral. Lo anterior, bajo un diseño técnico de incentivos que garanticen que el objetivo de los desempleados continúe siendo siempre la búsqueda de empleo.

La inserción y la capacitación laboral serían una prioridad para los beneficairios del aseguramiento por lo que tendrían que atender a capacitación laboral como requisito necesario para obtener el seguro de desempleo. De esta forma, se beneficiarían tanto los desempleados que mejorando su formación tendrían más probabilidad de conseguir un nuevo empleo, cómo el país, aumentando su stock de capital humano.

No cabe duda que la mejor lucha contra el desempleo es la generación de nuevos empleos para todos, sin embargo, mientras el país avanza en este importante reto, estamos en la obligación de proteger a quienes se encuentran vulnerables por sus condiciones laborales y de quienes depende en gran importancia el bienestar de nuestra economía.

 

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Reforma pensional

Los subsidios monetarios destinados a las pensiones de los colombianos son fuertemente regresivos, beneficiando a los ciudadanos con mayores ingresos y desincentivando el ahorro de las personas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario incrementar las condiciones que estimulen la formalización de las pequeñas empresas.

Hace unos días el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, presentó un proyecto de presupuesto por 165 billones de pesos al Congreso de la República. 

El funcionario destacó que de este monto, el gasto más grande se lo llevarían las pensiones, con más de 23 billones de pesos, recursos que pudiesen estar siendo invertidos en otros sectores fundamentales para el país.

Con lo anterior se ratifica uno de los problemas que se mantuvo a pesar de los aportes que trajo la Ley 100 de 1993; y es que Colombia se sigue viendo obligada a desplazar recursos de sectores productivos dinamizadores del desarrollo por la forma de indexación de las pensiones que hace inflexible el presupuesto.

Aún más inquietante es que los $23 billones son los resultados que se están persiguiendo bajo la estructura pensional actual que refleja un sistema que aún carece de buena cobertura y requiere avanzar en equidad.

Los subsidios monetarios destinados a las pensiones de los colombianos son fuertemente regresivos, beneficiando a los ciudadanos con mayores ingresos y desincentivando el ahorro de las personas. Así lo demuestran algunos estudios en donde se establece que alrededor del 86,3 por ciento del gasto es capturado por los más ricos, en comparación con 0,1 por ciento para los pobres.

En cuanto a la cobertura, se deben seguir considerando mejores incentivos que no restrinjan el acceso al sistema pensional, especialmente a la población joven que apenas ingresa al mercado laboral; lo anterior se ha comenzado a abordar a través de iniciativas para el fomento del primer empleo formal con políticas que flexibilicen las contribuciones parafiscales de los nuevos empleados sin afectar su vinculación a la formalidad, como por ejemplo, descontando las contribuciones parafiscales del impuesto de renta; sin embargo, es necesario avanzar aún más drásticamente en la disminución de la carga parafiscal y extenderla a otros sectores estratégicos de la población.

Actualmente sólo el 30,8 por ciento de la población ocupada reporta estar afiliada a pensiones, mostrando una variación de alrededor del 3 por ciento, comparado con el año anterior.

Esto, sumado a los retos que aún persisten en cuanto a formalización de los mercados de trabajo, representa un grave problema para la protección de la vejez de millones de colombianos en el largo plazo.

Es necesario incrementar las condiciones que estimulen la formalización de las pequeñas empresas y en consecuencia la vinculación de sus empleados al Sistema de Seguridad Social; pese a que ya existen atractivos como la progresividad en el pago de impuestos y descuentos en trámites de registro, los estímulos aún resultan temporales e insuficientes para impactar el mercado laboral nacional.

Por otra parte, las condiciones demográficas del país, y en general de la región, están mostrando importantes transiciones que deben ser incorporadas, pues de lo contrario el mecanismo pensional resultará insostenible.

Para Colombia se espera que la tasa de crecimiento entre el 2000 y el 2025 de población mayor de 60 años oscile alrededor del 4 por ciento, tendencia muy superior a la tasa de crecimiento poblacional total, producto del descenso de la mortalidad y de la fecundidad.

El desajuste actuarial requiere realizar adaptaciones paramétricas que hagan más rigurosa la fijación de medidas tales como la edad de pensión, por lo que entre el 2000 y el 2020 los hombres y mujeres aumentarán en más de 5 años su esperanza de vida; se esperaría poder fijar lo anterior en función de los nuevos indicadores de expectativa de vida que a su vez incorporen factores de ajuste automáticos para evitar rezagos.

La protección a la vejez requiere fortalecer el ahorro de las personas, ya que el recaudo fiscal colombiano resulta insuficiente para cumplir el mandato constitucional de atención a su población mayor.

Por un lado, es fundamental hacer funcionar instrumentos como los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), dirigidos a quienes teniendo un salario inferior al mínimo no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión y así poder garantizar un ahorro de protección para esta población vulnerable.

Adicionalmente es necesario promover estrategias para aumentar la productividad de los trabajadores, lo que les permitiría acceder a mejores pensiones reduciendo la carga fiscal para atender el sistema.

Así las cosas, el país necesita una revisión detallada de los desafíos del sistema pensional en miras a la promoción de una reforma que afronte las dificultades actuales y mediante la cual se garantice la protección de sus ciudadanos.

Senador Mauricio Lizcano

 

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Lo que aprendimos

“Italia, Grecia, Portugal e Irlanda deberán hacer reformas profundas que garanticen mayor crecimiento y ajustar sus balances fiscales”: senador Mauricio Lizcano (Partido de la U).


El acuerdo al que se llegó en Europa con respecto a la situación crítica, en materia económica, que vive Grecia, es el reflejo de la compleja negociación entre Francia, Alemania y el Banco Central Europeo. Esto, al parecer, pone fin al nerviosismo de los mercados internacionales con el reconocimiento parcial del default griego. 

 

El acuerdo implica beneficios para Grecia como el que podrá pedir prestado, a una tasa de 3.5%, lo que equivale a la tasa de un país con calificación AAA, la madurez de su deuda se extendería de 7.5 años a 15 o tal vez 30 años, tendría una operación de rescate por 109 mil millones de euros, con una participación voluntaria adicional del sector privado y el compromiso indefinido de apoyo a Grecia, Portugal e Irlanda.

 

El problema de Grecia ha sido que su crecimiento es nulo, su economía es poco productiva, su déficit público es casi dos veces el colombiano en 1999, y el nivel de su deuda es uno de los más altos del mundo con relación al tamaño de su economía. 

 

Lo fundamental de esta crisis es que, de ser mal manejada, puede traer implicaciones mundiales. El contagio a Italia o España comprometería el futuro mismo de la Zona Euro dado que no sería posible garantizar recursos para estos países por su tamaño, y la exposición del sector privado es mucho mayor.

Italia, Grecia, Portugal e Irlanda deberán hacer reformas profundas que garanticen mayor crecimiento y ajustar sus balances fiscales con costos políticos y sociales mayúsculos.

 

Por el momento, Colombia debe tomar nota y recordar los costos de los excesos fiscales. Todo esto se parece un poco a la situación vivida en América Latina en la década de los ochenta y a la crisis de Colombia en 1999 con los costos sociales que tuvo. 


La sostenibilidad de la deuda de un país depende de la confianza que tengan los tenedores de que el país puede pagarla. Italia y Japón han tenido deudas superiores a su Producto Interno Bruto (PIB) durante un largo periodo de tiempo y el mercado hasta ahora ha creído que son capaces de pagarla. En los países emergentes, un nivel mucho más bajo pone nervioso a los mercados.

 

El crecimiento de la deuda de un país con relación al tamaño de la economía depende del crecimiento económico, la tasa de cambio, del balance del Gobierno, la venta de activos y la tasa de interés de la deuda.

 

Este último elemento es particularmente importante puesto que un país que pierde confianza enfrentará tasas de interés cada vez mayores y puede caer en un círculo vicioso.

 

Es necesario anotar que los países no pagan la mayor parte de su deuda buscan que, al momento de cancelar las amortizaciones los tenedores, les reciban deuda con vencimiento posterior. Cuando  el mercado de un país se cierra para el crédito, no puede hacer esto y le es imposible cumplir sus obligaciones y debe declararse en default.

 

Ya tenemos el ejemplo vivido por Grecia, por eso son bienvenidos temas como la aplicación de la reforma a las regalías, la regla fiscal y el criterio de sostenibilidad fiscal que implementará el Gobierno nacional para evitar que en algún momento tengamos que volver a experimentar una crisis económica que requiera, también, de un ajuste fiscal.

 

 

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Pobreza y desempleo

Entre el 2003 y 2009 la tasa de pobreza se redujo 4.7 puntos porcentuales, llegando a 45.5% de la población, mientras que la pobreza extrema permaneció constante. A ese ritmo se requerirán varias décadas para que el país logre avances importantes en estos indicadores.

Por otra parte, el mercado laboral colombiano tiene serios problemas que hacen que el país tenga las tasas de desempleo más altas y persistentes de América Latina.

No sólo son altos el desempleo y la pobreza sino que el país es el más desigual de América Latina. La desigualdad está asociada con la percepción de qué tan justa es una sociedad y su elevado nivel reduce la efectividad del crecimiento económico para disminuir la pobreza.

Frecuentemente se afirma que el principal mecanismo para reducir la pobreza en un país es el crecimiento económico, pero aunque esto es en principio cierto, la distribución de la riqueza y la eficiencia de los programas de protección social y asistencia social son determinantes para obtener logros importantes en materia de pobreza.

El país no ha tenido una política más exitosa porque el sistema tributario es muy poco progresivo, porque las entidades territoriales presentan debilidades en su capacidad de gestión, por la ausencia de un marco normativo que establezca competencias y responsabilidades de las entidades vinculadas a la red de protección social, y por la baja coordinación entre las distintas entidades y la existencia de unos lineamientos estratégicos difusos. La desigualdad, el desempleo y la pobreza se relacionan en el país de tal forma que se requiere una mirada integral a los tres problemas.

Con la idea de resolver algunas deficiencias de la estrategia de lucha contra la pobreza, y para aliviar la vulnerabilidad de las familias frente al desempleo presentaré dos proyectos de ley.

El primero busca que se haga seguimiento a la focalización de los programas sociales, y a su impacto, tanto en la distribución de la riqueza como sobre la pobreza. Además, mejorará la coordinación de la estrategia de lucha contra la pobreza y definirá las políticas existentes como políticas de Estado y no de gobierno.

El segundo es un proyecto de Ley que contempla la creación de un Sistema de Protección al Desempleado. Éste será dirigido por el gobierno e incluye tanto un seguro de desempleo, como un sistema de inserción y capacitación laboral, que implica un avance frente a la visión enfocada en la garantía del empleo de la protección social.

Los beneficiarios del aseguramiento contra el desempleo serán trabajadores asalariados que aparte de tener un ingreso inferior a los dos salarios mínimos mensuales. Para obtenerlo, las personas deben estar inscritas en algún curso de capacitación laboral del sistema.

El seguro de desempleo tendría una duración de seis meses y será del 90 por ciento del último salario devengado para el primer mes, aunque será decreciente para los otros según lo determine un consejo que crearía esta Ley. La tasa debe ser decreciente para incentivar la búsqueda de empleo dado que la duración promedio del desempleo puede aumentar por el seguro. Sin embargo, el seguro garantiza la consecución de empleos más apropiados, lo que puede redundar en aumentos en productividad para toda la economía.

Sin lugar a dudas la pobreza, la desigualdad y el desempleo deben guiar los esfuerzos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos y locales, del Congreso y el resto de la sociedad. Además, hay otras iniciativas en las que estoy trabajando como un proyecto de ley para la defensa de los viajeros aéreos por los inaceptables abusos de las compañías aéreas.

 

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Recalentamiento

Hace 30 años, cuando se acuño el término ‘economías e- mergentes’, estas sólo representaban un tercio del PIB mundial medido por paridad de poder adquisitivo.

Hoy, son más de la mitad del PIB mundial y en los últimos cinco años han originado el 80% del crecimiento de este.

Aparte de los efectos en términos geopolíticos y el cambio aparentemente estructural de la economía mundial, que llevará a la convergencia parcial de las economías en desarrollo y las desarrolladas, hay que considerar los factores de riesgo.

El principal peligro, que ha sido advertido por diversos analistas y el FMI, es que este crecimiento de las economías emergentes pueda evidenciar un recalentamiento de sus economías, que resultaría en desbalances macroeconómicos.

El crecimiento de 6,6%, en América del Sur, y de 7,5%, en Brasil, están muy encima de su promedio en las últimas décadas.

En América Latina las brechas del PIB se han cerrado, la inflación ha aumentado, se han ampliado los déficit en cuenta corriente, y el crédito y el precio de los activos han crecido bastante.

La recuperación de Colombia de la crisis financiera mundial y de los problemas con Venezuela ha sido más lenta que en la mayoría de los países de la región. La brecha del PIB sólo se cerrará este año y no se espera que en los próximos crezca más allá de su potencial. En el 2010 y el 2011 se prevé que crecerá menos que Argentina, Perú y Chile.

Este último tiene un crecimiento potencial ligeramente más alto que el colombiano, mientras que Perú se comporta muy por encima al promedio de la región. Colombia debe buscar crecer a las tasas de Perú, y para hacerlo debe emprender diversas políticas que le permitan más desarrollo en el largo plazo.

Por ahora hay que garantizar que el crecimiento sea sostenible.

Recientemente, The Economist comparó 28 economías emergentes en términos de qué tan recalentadas estaban; Colombia no sale mal librada.

En cuanto a inflación, Vietnam, Argentina y Venezuela son los países con las tasas más altas, superando el 20%, en tanto que Chile, México, Perú y Colombia tienen las tasas más bajas. Con respecto al PIB, Colombia está sólo ligeramente por encima de su promedio en los últimos 10 años. En lo que refiere a este indicador, Argentina, Indonesia y Perú muestran mayores signos de recalentamiento.

El desempleo en Colombia es más de un punto inferior a su promedio para los últimos 10 años, mientras que en Argentina es inferior en casi 4 puntos.

Por otra parte, el crecimiento del crédito privado en Colombia es sólo superado por Turquía, Hong Kong, Brasil y Argentina en esta muestra de países y es el factor que hay que considerar con más cuidado.

Entre estas naciones la tasa de interés real de Colombia, que es de casi un punto porcentual, es la novena más alta.

Es evidente el esfuerzo de Brasil por suavizar su crecimiento, pues su tasa de interés real es casi 6%, en tanto que la de Hungría, que es la segunda más alta, es de sólo 2%. Colombia es el octavo país con la cuenta corriente más deficitaria de la muestra.

El agravamiento de la situación de Grecia, Irlanda, Portugal, España o Italia supone un riesgo para la economía mundial.

Bien harían las autoridades económicas del país en evitar un recalentamiento que lo haga más vulnerable frente a una nueva crisis.

 

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Moderando las tasas de interés

"La efectividad de la política monetaria depende de que las expectativas de inflación estén bien ancladas es decir, que la gente le crea al Banco que es capaz de hacer su tarea": senador Mauricio Lizcano (Partido de la U).

Actualmente la tasa de interés real todavía se encuentra en niveles históricamente bajos y el estímulo monetario será retirado según se desprende de analizar las declaraciones del gerente del Banco de la República. Es evidente que el Ministerio de Hacienda se opone a aumentos inmediatos. La pregunta es entonces, ¿quién tiene la razón?


La efectividad de la política monetaria depende de que las expectativas de inflación estén bien ancladas; es decir, que la gente le crea al Banco que es capaz de hacer su tarea. Si no se suben las tasas, el Banco pierde su credibilidad y su capacidad de ayudar a suavizar el producto. Por lo tanto, eventualmente deberá subir las tasas si prevé que la economía crecerá más allá de lo que sus fundamentales le permiten.


Esto es cierto, como lo es que el país le debe agradecer al Banco de la República su acertado manejo del último ciclo económico, y que la autoridad en materia monetaria no es otra que su junta directiva. No obstante, esto no quiere decir que su junta no se pueda equivocar o que no se pueda opinar.


Las estimaciones del Banco exhiben un crecimiento potencial del producto que se ubicaría entre 4,0% y 4,5% para 2011. El dato de crecimiento conocido la semana pasada para el primer trimestre mostraría que el país ya está por encima de esta cifra.
¿Qué implica esto? Que el Banco le está diciendo al país que un crecimiento de 4.5% es lo mejor que puede crecer en el largo plazo. Esto quiere decir que dada la estructura económica del país, su acumulación de capital físico y humano, su innovación, sus instituciones y las reformas emprendidas sobre las mismas, en el contexto internacional actual no permite crecer más allá de 4.5% sin que haya excesos de demanda.


Lo anterior es un problema porque esa tasa es insuficiente para el país se desarrolle rápidamente. Claro, es imposible culpar al Banco de esto, pero aquí es donde es importante responder a quién tiene la razón entre el Ministro Echeverry y el Gerente del Banco.


Primero, hay dudas sobre cómo se calcula el PIB potencial. Por ejemplo, si hay cambios estructurales el cálculo va a estar subestimado y ese parece ser el caso de algunos países de América Latina. En el primer trimestre el crecimiento de Chile fue 9.8% en tanto que en Perú fue 8.8%. Pese a esto las tasas de inflación en estos dos países son cercanas al 3%.


En segundo lugar, la inflación en Colombia está cerca del punto medio de la meta, las expectativas han reaccionado a los incrementos en la tasa de intervención y tanto las tasas implícitas como las que resultan de la encuesta de expectativas del Banco de la República son moderadas.


Por otra parte, en Colombia es donde más rápido crece el crédito del sector financiero entre los países grandes de América Latina. No obstante ello, la calidad de la cartera en el país es buena, el cubrimiento es adecuado y la cobertura baja.


La última vez que se cerró la brecha, en el 2006, la tasa de intervención era 3% en términos reales. Habría que aumentar la tasa en casi 2 puntos porcentuales para llegar a esta cifra.


No se debe desconocer que la política fiscal también ayudar a moderar el ciclo, y nadie tiene la bola mágica de la economía para saber si el país va crecer más que lo ha hecho en los últimos cuarenta años, pero ante la duda de que el país puede emular a Perú y Chile el Banco debe ser prudente y demorar los aumentos de las tasas.

 

 

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El precio de la gasolina

El precio de la gasolina no para de subir y todos buscan responsables. Entretanto los hogares se ven afectados, y el impacto sobre los usuarios que dependen de este producto para su trabajo es excesivo.

Sin embargo, esta es una discusión que requiere de un amplio debate para evitar tomar medidas irresponsables. Se han enunciado propuestas sobre eventuales modificaciones a la estructura de precios que fija el Ministerio de Minas, sobre los impuestos que gravan a los combustibles y sobre fuentes adicionales de recursos que podrían nutrir el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles.

Frente a la pregunta de si la gasolina es cara, la respuesta para todas las personas que tiene que comprarla es, sí. No obstante, esa no es la única pregunta relevante, sino la de cuáles son las alternativas y si es el precio frente a otros países es superior.

En primer lugar, se debe aclarar que el precio interno de los combustibles no ha crecido al mismo ritmo que el precio internacional del crudo. En efecto, entre diciembre de 2010 y abril de 2011 el precio de la gasolina se incrementó 5,6%, mientras en el mismo lapso el precio del petróleo aumentó 22,8%.

En otros países la transmisión del aumento en el precio del petróleo ha sido mayor que en Colombia. Así por ejemplo, hasta el pasado mes de abril, el precio de la gasolina había subido 22,7% en Estados Unidos, 11% en Inglaterra y 9% en Brasil. Por otra parte, el precio promedio de la gasolina en Colombia es inferior que al de Chile, Brasil, y Uruguay, y al de cerca de 40 países en el mundo.

En este momento el Fondo de Estabilización acumula una deuda creciente con las refinerías que ya supera el billón de pesos.

La pregunta más difundida en este sentido es por qué si Colombia produce petróleo tiene una gasolina mucho más cara que en Venezuela donde. En primer lugar, las reservas de petróleo de Venezuela son cientos de veces más que las colombianas. Además, si el precio de producción se diferencia del precio del combustible se puede llegar al desabastecimiento o a que Ecopetrol subsidie el precio, con lo que se estaría volviendo al viejo modelo.

Luego, ¿qué tiene de malo que se subsidie la gasolina? En 2008 cuando el subsidio se cargaba al presupuesto, llegó a costar 5 billones de pesos, es decir, ¡casi la mitad de la inversión del gobierno! Por lo tanto, si el Gobierno subsidia la gasolina se construyen muchos menos hospitales, escuelas, aeropuertos, carreteras, y es posible que haya menos recursos para programas como Familias en Acción.

Por otra parte, el subsidio a éste bien termina beneficiado más a los estratos altos que pueden consumir más de 700 mil pesos por familia.

Esto no quiere decir que no haya nada que hacer. Actualmente hay tres impuestos: global, IVA y sobretasa. Estos impuestos representan el 30% del precio final, y recaudan casi tres billones para el Gobierno Nacional y local. En el caso local se usan para el mantenimiento de la malla vial.

Estos tributos representan cerca del 30% del precio final de la gasolina y su recaudo genera ingresos por cerca de 0,5% del PIB, distribuidos entre la Nación y los gobiernos locales. Los ingresos por sobretasa constituyen importantes recursos para las regiones y tienen como fin el mantenimiento de la infraestructura vial.

Reconociendo que el precio es muy alto, y que no puede seguir subiendo como lo ha hecho, propongo que se establezca un impuesto fijo que no dependa del precio internacional. Así los aumentos del precio de petróleo, que poco tienen que ver con el mercado colombiano, afectaría menos el precio doméstico y tanto el Gobierno Nacional como el local seguirían recibiendo los mismos ingresos.

 

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“La revaluación llevará a la pérdida de empleos”, senador Lizcano

El congresista pidió al Emisor seguir interviniendo con la compra de divisas y el control de capitales

Durante el debate a la revaluación que se llevó a cabo en la Comisión Tercera, su vicepresidente, Mauricio Lizcano, señaló que se requiere de forma urgente la intervención del Gobierno para evitar que muy pronto la revaluación afecte de manera importante la economía del país y se pierdan miles de empleos. 

“Las tres medidas que debería tomar el Gobierno y el  Banco de la Republica para enfrentar la revaluación son: a corto plazo el Control de Capitales, a mediano plazo un mayor ajuste fiscal y largo plazo unas mejores políticas públicas, ya que en la medida que nosotros tengamos mejores infraestructuras y se  aumente la productividad (mejores carreteras, tecnología y comunicaciones) se logrará un mayor avance en nuestra economía”, dijo Lizcano.

Igualmente señaló que el Gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo en ahorro y debe hacer  un ajuste fiscal más fuerte para combatir la revaluación. “La tasa de cambio se ha revaluado, afectando miles de empleos en el país y de seguir así puede conducir a que la economía comience a tener problemas y se empiece a generar una gran pérdida de empleos”.

“Un estudio del Banco de la República muestra que las intervenciones cambiarias son efectivas en depreciar la tasa de cambio sin aumentar la volatilidad cuando se combinan con control de capitales. Así las cosas, el Banco de la República debe continuar interviniendo en el mercado cambiario más allá de junio, y es importante implementar controles como depósitos no remunerados a las inversiones de portafolio, e incluso de los créditos en moneda extranjera”, anotó Lizcano.

Sostuvo que “en lo que va corrido del año los flujos de corto plazo a Colombia ya superan los mil millones de dólares y el país hace parte del grupo de las economías emergentes con un mayor flujo de capitales frente a sus niveles históricos; esto, junto a Indonesia, Tailandia, Brasil, Malasia, México, India y Polonia.

 

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Hay que reformar las EPS

Las EPS tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado están obligadas a otorgar los medicamentos y procedimiento incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Pero como lo muestra la Defensoría del Pueblo los usuarios deben acudir en un 70% de los casos a la tutela para que les presten los servicios contenidos en el POS. 


El problema está fuera de control pese a las sanciones que la Superintendencia de Salud les ha impuesto. Algunas EPS ni siquiera informaron al Ministerio de la Protección Social la causa para negar estos servicios, pese a que tienen un plazo de tres meses para hacerlo. Los datos que tiene la Defensoría que en un solo trimestre de 2009 ascendieron a 98 mil casos. 


A través de tutela también se pueden acceder a ciertos tratamientos o medicamentos no incluidos en el POS. Los Comité Técnico Científicos de las EPS pueden autorizar la prestación de servicios no POS cuando se garantiza su efectividad. 


El no POS puede ser recobrado a un fondo que maneja los recursos del sistema y que se nutre de los aportes de los trabajadores. Desde el 2003 los recobros han crecido de forma acelerada llegando el año pasado a 2,4 billones de pesos. Este monto compromete la sostenibilidad del sistema de salud puesto que las contribuciones son insuficientes para financiarlo y se tiene que endeudar. Además, el uso de estos recursos es cuestionable como se ha visto en los últimos días. 


Según un estudio contratado por la Comisión de Regulación en Salud aproximadamente el 40% de los recobros solicitados por las EPS son para asuntos que no están autorizados por el Invima. 


El Ministerio puede rechazar solicitudes, basado en los requisitos de trámite pero no en la efectividad de los medicamentos y debe aceptar la justificación de los comités técnico-científicos de las EPS. 


Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, las EPS afiliadas a Acemi siguieron instrucciones para falsear información, intercambiaron información que resultó en aumentos del costo del aseguramiento y negaron de forma concertada servicios incluidos en el POS.


La Procuraduría ha comenzado a indagar a 34 gerentes de EPS sobre las presuntas irregularidades en el sistema de recobros de estas aseguradoras.


La capacidad del Estado para vigilar y controlar las EPS, los hospitales y las farmacéuticas es muy débil y aunque se ha anunciado un aumento de recursos para la Supersalud, no es claro si son suficientes. 


En los casos en los que la EPS presta los servicios, nadie controla el tiempo que tarda una persona enferma en que la atiendan y en muchos casos se demoran más de un mes en dar una cita. Muchas EPS solo reconocen los medicamentos comprados en sus propias farmacias pero no hay garantía de que la oferta sea suficiente.


Durante la época en la que Juan Luis Londoño era el Ministro de Salud había 132 medicamentos con precios regulados. Pero en 2006, el Ministro Diego Palacio desreguló el mercado lo que resultó en que Colombia es uno de los países con los medicamentos más caros del mundo. El actual Ministro Mauricio Santa María ha impuesto restricciones a los precios máximos lo que reducido los gastos por no POS.


Pero hechos aún más aberrantes se dan cuando se habla que se crearon IPS para cobrar por la supuesta atención a pacientes que nunca solicitaron los servicios, de la creación de carteles para tramitar los recobros o las tutelas, o del manejo irregular de empresas con inconsistencias en la información financiera, contable y administrativa que han obligado su intervención, como es el caso de Saludcoop.


Más allá de las millonarias multas, Acemi y las EPS afiliadas Coomeva, Colmedica, Famisanar, Salud Total, Susalud, Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Eps Sanitas, Ecoopsos, Compensar, Comfenalco Antioquia y Valle y Humana Vivir le deben una explicación al país. El Ministerio, los entes de control y la Supersalud deben continuar depurando un sistema que le ofrecido cobertura a la gran mayoría de colombianos.

 

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Invierno en Caldas

 

El pasado miércoles 20 de abril la Dorada enfrentó una de las más grandes tragedias de su historia, cuando el nivel del río Magdalena alcanzó la cota de 7,3 metros, cuando un nivel de 5,1 metros es suficiente para declarar la alerta roja.

Lo anterior resultó en el desbordamiento del río y en el reflujo de la red de alcantarillado inundando aproximadamente 2500 viviendas y destruyendo 75 de ellas en su totalidad. 24 barrios resultaron afectados, siete veredas anegadas, y hubo pérdidas millonarias aún sin cuantificar.

Además, resultaron afectadas las instalaciones de dos instituciones educativas, la sede de la única clínica que cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos en el municipio, el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, la Casa de la Cultura y el Palacio de Justicia. Por el momento la Alcaldía ha dispuesto de recursos para atender a los afectados con 12 albergues temporales y veintiséis ollas comunitarias.

Los efectos en todo Caldas son numerosos. En La Trinidad hay peligro de deslizamiento por las enormes grietas. Ha habido desprendimientos en diversas zonas que han llevado a pasos restringidos o cierres totales en la vía a la Enea, la Panamericana, la Avenida Centenario, la vía Tres Puertas-Puente la Libertad, entre otras. Ha habido afectación del terreno de la Universidad Autónoma y son diversos los colegios del departamentos que se encuentran en riesgo o donde no se puede dar clase.

Persiste la amenaza alta por deslizamientos de tierra en áreas inestables en los municipios de Villamaría, Manizales, Marulanda, Manzanares, Riosucio, Marquetalia, Victoria, Samaná, La Dorada, Neira, Aranzazu, Pácora, Aguadas, Salamina, Norcasia y Filadelfia.

Hay alerta rojo en la cuenca media del Magdalena aunque hay habido un pequeño descenso en los últimos días. Las crecientes registradas continuarán afectando zonas bajas de la Dorada en particular en la zona de la Vuelta del Conejo.

Este ha sido el panorama a lo largo del territorio nacional. Históricamente abril da inicio a la primera temporada de lluvias del año pero no ha sido el caso del 2011 cuando sólo hubo una corta tregua a comienzos en Enero, y el Magdalena ya está por encima de los niveles máximos que suelen observarse en Junio.

La amenaza por deslizamientos de tierra persiste en la región Andina, incluido el piedemonte oriental de la cordillera oriental particularmente en sectores de ladera de los Santanderes, Antioquia, Caldas, Cauca, Casanare y Huila.

Las proyecciones del Ideam es que en mayo continúe el fenómeno de "La Niña" incidiendo en los patrones de lluvias en todo el país. Lo anterior parece evidente y todo parece indicar que en los próximos dos meses las precipitaciones serán superiores al promedio histórico.

Según diversos indicadores Colombia es uno de los países más vulnerables en materia de cambio climático por lo que se requiere de un importante esfuerzo de adaptación. Para el cuatrienio se destinarán recursos por 26 billones de pesos para atender la emergencia causada por el fenómeno de la Niña. De éstos, 1,2 billones irán para la atención humanitaria de emergencia, 5,4 billones a obras de rehabilitación, y más de 19 billones a obras de prevención y mitigación de riesgos. Se incluyen proyectos estratégicos como lo que se harán en La Mojana y en el Canal del Dique, y el dragado del río Magdalena. La clave en esto será su adecuada y rápida ejecución.

Los municipios más afectados, como es el caso de la Dorada, deben presentar la documentación oficial para la declaratoria de emergencia y facilitar el flujo de recursos. Además, el gobernador debe estudiar la necesidad de declarar la urgencia manifiesta. Por lo pronto, la atención debe estar centrada en la atención humanitaria de los damnificados, realizando los censos correspondientes y garantizando el flujo de recursos.

Por definición, los desastres naturales exceden la capacidad de reacción de los estados, lo anterior no es excusa para que la administración pública sea inferior al reto que enfrenta. La gestión del gobierno nacional y de los gobiernos locales debe ser lo más eficiente y transparente posible, y por ello abogaré como senador.

 

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¿Hasta cuándo?

 

La vía Manizales fue una de las carreteras más afectadas en el país por los derrumbes en la pasada temporada invernal y todo parece indicar que la situación será la misma con el recrudecimiento del fenómeno de La Niña que se ha observado en las últimas semanas.

El pasado miércoles murieron veinte personas que se transportaban en un bus intermunicipal, el cual fue arrastrado por una avalancha originada por la crecida del río Chinchiná en el sector de Sabinas que se ha convertido en una amenaza constante. Mi sentido pésame a las familias de estas personas. El invierno no va dar tregua por el momento por lo que se hace necesario y urgente una mayor atención a este sector o de lo contrario vendrán más tragedias.

Esta zona ha requerido la atención permanente de Invías y la Policía de Carreteras, y se han hecho frecuentes las labores de limpieza de lodo, piedras y palos. Situación similar vivió la semana pasada el sector de Maltería. Bajo estas circunstancias la vía Manizales-Bogotá se configura como una de las vías más peligrosas del país, con unas inadecuadas especificaciones técnicas y como una de las carreteras de la red primaria más vulnerables frente al invierno.

En particular la gente de la región ha comenzado a asociar Sabinas con los cierres de la vía, y cuando los deslizamientos no se dan en el kilómetro 10 lo hacen unos kilómetros más arriba o más abajo.

En octubre del año pasado en el kilómetro 15, una persona que despejaba con una retroexcavadora la vía que había sido obstruida parcialmente por un pequeño derrumbe en la noche anterior, murió cuando un deslizamiento más grande lo arrastró. En el kilómetro 14, también en la pasada ola invernal, cuatro pasajeros de un vehículo resultaron heridos luego de que el carro cayera a una quebrada. Esta situación es el común cada vez que llega un invierno fuerte, pero la muerte de los pasajeros del bus de Bolivariano la semana pasada obliga a reflexionar sobre la urgencia de las medidas necesarias para evitar más muertos.

El año pasado el trayecto Fresno-Manizales, el único alterno a la Línea para conectar a Bogotá con el sur occidente del país, estuvo más de 15 días cerrado totalmente. Lo anterior con las obvias consecuencias en términos económicos que esto tiene. Así mismo, todo el transporte debe desplazarse por la Línea lo que genera unos sobrecostos no solo para el tráfico a Manizales sino a Buenaventura.

Una solución definitiva en Sabinas sería la construcción de un viaducto de 120 metros que eluda el paso cerca de las laderas inestables. La obra tendría un costo entre 9 mil y 10 mil millones de pesos según el Invías, y su construcción se debería contratar en el menor tiempo posible para evitar que la temporada de fin de año tenga la acostumbrada cuota de muertos.

El ministerio de Transporte y el Plan Nacional de Desarrollo contemplan un trazado alterno para la vía Manizales-Mariquita en el desarrollo de la transversal Manizales-Bogotá. Esta nueva vía por la cual he abogado como coordinador ponente del Plan de Desarrollo promete ser una solución definitiva a la inaceptable incomunicación de la ciudad y mortalidad de la vía.

Por lo pronto, la declaratoria de emergencia por parte de la Alcaldía permitiría la asignación de recursos y la Policía de Carreteras debería tener una presencia constante en la zona. Se está en mora de diseñar un sistema de alertas. ¿Hasta cuándo tendremos que ver esas imágenes dolorosas y más familias de luto?

 

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Amenaza terrorista

 

Durante los últimos meses los colombianos nos hemos visto enfrentados nuevamente a la amenaza terrorista, y titulares de prensa que hace años no veíamos vuelven a circular en nuestros periódicos. "Segundo día sin energía en tres municipios de Arauca por atentado" titulaba El Tiempo el viernes pasado, y las "Las FARC se reacomodan en Meta" y "Cauca, el departamento más golpeado por las FARC" eran los titulares de noticias la semana pasada en este periódico.

Es un hecho notorio que existe miedo de que retornen las pescas milagrosas, las tomas guerrilleras a las poblaciones y los secuestros colectivos. Como un ciudadano más creo que lo que hoy se vive es más inseguridad. Desde la situación en las ciudades hasta el ataque cada vez más frecuente a la población y a la fuerza pública.

La guerrilla ha reaparecido en varias poblaciones del país, y la situación se deteriora en algunos departamentos como Córdoba, Huila y Cauca. El mismo ministro de Defensa ha reconocido que hay graves problemas en San Andrés, Cauca, el Nudo del Paramillo, Guajira, Catatumbo y Nariño. Las Farc muestran un avance desde el Caquetá hacia el centro del Huila, Tolima y Cundinamarca.

Uno de los puntos con mayores dificultades de seguridad es el corregimiento de Vegalarga, en el área rural de Neiva, donde en los últimos tres meses se han presentado dos ataques con explosivos de las Farc y el más reciente terminó con la destrucción total de la única escuela que allí funcionaba. En los últimos días ha habido ataques en Norte de Santander con cilindros bomba. En Nariño, Huila, Cauca y Arauca también ha habido ataques y víctimas dentro de la población civil.

La BACRIM también ha sido un motivo de preocupación en otras zonas de país. Éstas ya que actúan en 360 municipios del país, frente a 278 que existían en el 2009. Estas organizaciones, dedicadas al tráfico de cocaína y armas y a la apropiación ilegal de minería, han ocasionado en los últimos cinco años el desplazamiento de decenas de miles de personas, reclutamiento más de tres mil menores según la Fiscalía y la desaparición forzada de unas cuarenta mil personas aproximadamente y miles de asesinatos en masacres colectivas. Según la ONU, el año pasado aumentaron en 40 por ciento las masacres en el país, cometidas en su mayoría por esos grupos. En el departamento de Córdoba se realizaron 10 masacres en ocho meses.

Hay voces como las del analista Alfredo Rangel que se preguntan si no hemos llegado a un punto de inflexión, es decir, que las cosas estén cambiando pero en sentido negativo para los colombianos. Una de las posibles explicaciones sería la baja moral en la tropa y la crisis de la justicia penal militar, que ha hecho que sean numerosos los miembros del ejército que se ven envueltos en procesos judiciales con la sola intención de afectarlos.

En centros urbanos como Manizales se mantiene la sensación de inseguridad que es necesario atacar para darle confianza al ciudadano. También hay que reforzar los operativos en las zonas centro y oriente de Caldas. Los hechos violentos en Neira merecen la atención de las autoridades y han sucedido atracos en la vía en Petaqueros, en el norte del departamento, y en Aguadas.

Hace diez años se debatía si el país era un estado fallido. Sin embargo, los gobiernos de Álvaro Uribe garantizaron un proceso de aumento en la seguridad con pocos precedentes en el mundo. La seguridad es un patrimonio del país, y los colombianos somos cada vez más exigentes en esta materia. La nación no puede dar un paso atrás por lo que se hace necesario cuestionar al Ministro de Defensa, quien no ha logrado motivar a las fuerzas militares y no termina de convencer por su falta de liderazgo en materia de seguridad.

 

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El Plan de Desarrollo

 

Como parte de la Alianza para el Progreso se estableció la necesidad de Planes Nacionales de Desarrollo para los países de América Latina. Aunque en el país se han realizado Planes de Desarrollo desde 1958 no fue hasta la Constitución del 91 cuando tuvieron carácter de ley.

El Plan consta de una parte general que incluye los propósitos nacionales de largo plazo y las prioridades de la acción estatal a mediano plazo. Una segunda parte incluye el plan de inversiones que contiene los principales programas y proyectos, y un articulado que tienen prelación sobre las demás leyes.

El inciso tercero del artículo 341 de la Constitución afirma que sus mandatos "constituirán mecanismos idóneos para su ejecución (del plan) y suplirán las existentes sin la necesidad de la expedición de leyes posteriores". Lo anterior creó un incentivo a que el Plan de desarrollo contuviera disposiciones variadas, que no estaban directamente relacionadas con los fundamentos del Plan.

Es indudable que después de la Constitución las bases del Plan se convirtieron en un documento desarticulado sin una idea central clara a ser desarrollada durante el cuatrienio.

Sin embargo, el PND es una herramienta que atiende realidades políticas y medidas urgentes y por lo tanto es una pieza fundamental de la labor del Congreso y del gobierno.

Se ha dicho que la mayoría de los artículos deberían ser desarrollados mediante proyectos de ley autónomos. No obstante, los más de 220 artículos que incluye el proyecto de ley aprobado en las comisiones requerirían un número parecido de leyes puesto que tratan los más diversos asuntos.

El gobierno presenta una docena de proyectos en cada legislatura que requieren de un amplio debate. Esto no quiere decir que el Congreso de Colombia sea especialmente lento, solo basta comparar la discusión de la reforma a la salud en Estados Unidos que tomó casi veinte años de discusión y dos de aprobación, con la expedición el semestre pasado de la reforma en el país.

El Congreso se ha convertido en un chivo expiatorio de las cosas que van mal en el país, pero es parte de la naturaleza de los congresos el debate. Por lo tanto, el PND es una respuesta efectiva a esta realidad.

El actual PND, del que he participado como coordinador ponente, incluye entre otras medidas la creación de los proyectos especiales agropecuarios, que permite el otorgamiento a terrenos baldíos a propiedades superior a las 10 UAF, lo que redundará en el desarrollo de la Orinoquia. Habrá exenciones tributarias para los proyectos de desarrollo científico y tecnológico, lo que impulsará la locomotora de la innovación. Se definirán recursos para la identificación, pre inversión e identificación de los proyectos de carácter estratégico, lo que facilitará la participación del sector privado en la financiación de los principales proyectos para el desarrollo del país.

Se subsidiará la energía para los distritos de riego, se financiará a través del programa Caminos para la Prosperidad el mantenimiento de la red terciaria, se incluirá a las cajas de compensación dentro del Sistema de Protección Social del país aumentando su efectividad, a los trabajadores independientes de bajos ingresos no se les cobrará la retención en la fuente, y se apoyará la descongestión judicial. Además, se incrementará el impuesto predial para las propiedades ociosas de alto valor, lo que será una pieza fundamental de la transformación productiva del campo colombiano.

La anterior no pretende ser una taxonomía de los artículos incluidos, es solo una muestra de su importancia. El Plan Nacional de Desarrollo obliga al gobierno a estructurar su plan de desarrollo y le ofrece una herramienta jurídica para identificar junto al Congreso cuellos de botella para el desarrollo. Esto no quiere decir que el gobierno y el Congreso pierdan su ímpetu reformador, pero permite centrar los esfuerzos en temas que llegarán al Congreso como las reformas tributaria, pensional, al sistema de concesiones, y el estatuto agrícola.

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¡No más alzas!

 

Entre las trece principales ciudades del país Manizales es la que tiene la tasa de pobreza más alta. En Bucaramanga es 18,5% y en Bogotá es 22%, en tanto que en Manizales es 45,4%. Es decir, es superior al promedio del país aún cuando se incluye la zona rural y los departamentos menos desarrollados.

La línea de pobreza refleja el costo de vida mínimo y si éste aumenta se incrementa el número de personas pobres. En enero la inflación en la ciudad fue de 1,52%, la más alta entre las 23 ciudades que incluye el DANE en sus cálculos. El precio de la gasolina ha subido por los aumentos en el precio del petróleo y el último anuncio fue que el valor de referencia de la gasolina corriente y del ACPM aumentaría 200 pesos. La eliminación del subsidio a los combustibles hace que cualquier aumento del precio del petróleo se traslade a los consumidores.

Además, el invierno ha comenzado a recrudecer lo que podría resultar en una situación similar en el precio de los alimentos a la observada el año pasado. Por lo tanto, el costo de vida ha enfrentado tanto un aumento del precio de los alimentos como de los costos de transporte, un hecho que las autoridades deben tener en consideración en sus decisiones.

No parece ser ese el caso pues la actualización del avalúo catastral ha llevado a que haya incrementos que alcanzan cifras que superan el 300%. El IGAC realizó la actualización de 119 mil predios en la ciudad, incrementando en 57% el valor catastral de la ciudad que pasó de 4.7 a 7.4 billones de pesos.

El impuesto predial, como la mayoría de los impuestos directos, es un impuesto progresivo por lo que algunas personas podrían argumentar a favor del incremento. Sin embargo, hay una cuestión que debe ser considerada en esta discusión, y es que la reforma que contempla el Plan de Desarrollo al predial llevaría a que los aumentos que se vieron este año, se podrían repetir para los estratos bajos en los próximos años.

La Ley 44 de 1990 estableció el impuesto predial unificado situando la tarifa entre el 1 y 16 por mil del valor catastral, dejando la posibilidad de gravar con una tarifa de hasta el 33 por mil los lotes urbanizables no urbanizados. Aunque el impuesto ha sufrido algunos cambios la tarifa ha permanecido constante. El Plan de Desarrollo aumentaría la tarifa mínima a siete por mil.

Se afirma que los aumentos en el cobro del predial no podrán ser superiores al 20% de un año a otro y que la vivienda de interés social seguirá teniendo una tarifa máxima de tres por mil sobre el valor catastral del inmueble. Sin embargo, la realidad es que los bienes inmuebles que no son vivienda de interés social a los que se les cobra una tarifa inferior a siete por mil, llegarán a esta cifra de manera escalonada hasta el 2014. La reforma en el Plan de Desarrollo sería totalmente regresiva.

Las actualizaciones deberían hacerse de forma constante y por censo y no por muestreo, puesto que esto resulta en que haya valoraciones que no corresponden con el valor comercial de los inmuebles. El aumento exagerado del pago del predial refleja una falta de planeación por parte de las autoridades que debieron prever el efecto de la labor del IGAC. Dado que las valoraciones catastrales no cambiarán la mejor alternativa es reducir las tarifas contenidas en el estatuto tributario y hacer una actualización regular que no lleve a aumentos abruptos del pago de predial. De igual manera me opongo a la propuesta de aumentar el mínimo del impuesto predial contemplada en el Plan de Desarrollo porque la considero regresiva e injusta.

 

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Colombia un país desigual

Como lo muestra el Banco Mundial, la desigualdad reduce la efectividad del crecimiento económico para disminuir la pobreza.

Colombia, es el tercer país con mayor desigualdad de América Latina después de Honduras y Guatemala, y aunque no ha mostrado una tendencia creciente en este indicador durante los últimos años, sí ha sido persistente este fenómeno. Entre el 2002 y el 2009, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú tuvieron descensos del Gini que oscilaron entre 5 y 10 puntos porcentuales. En Colombia el declive fue de sólo un punto.

La desigualdad está asociada con la percepción de qué tan justa es una sociedad. Si Colombia fuera un país rico, en el cual las condiciones de vida de la población más pobre fueran consideradas dignas por toda la sociedad, y además la movilidad social garantizara igualdad de oportunidades, la discusión sobre la distribución de la riqueza sería menos relevante.

Como lo muestra el Banco Mundial, la desigualdad reduce la efectividad del crecimiento económico para disminuir la pobreza. Un aumento de un punto porcentual del Gini requeriría de un crecimiento del producto del doble de esta cifra para que la pobreza no aumentara. Además, Según el ‘latinobarómetro’, en América Latina la movilidad es percibida como muy baja; más del 70 por ciento de los encuestados opina que las oportunidades para salir de la pobreza no son iguales para todo el mundo y que el éxito depende de las conexiones, y la mitad de la población no cree que el esfuerzo garantice el éxito. Colombia es uno de los países en la región donde la movilidad social es más baja.

La alta desigualdad y la baja movilidad tienen efectos sobre la estabilidad del sistema político y atentan en contra de la búsqueda ulterior de una sociedad que se auto percibe como justa.

En el país, el gasto público social como porcentaje del PIB es superior al promedio de la región y ha aumentado en casi ocho puntos del PIB desde la Constitución de 1991. Según la Cepal, las transferencias reducen la pobreza en Colombia en casi 20 puntos porcentuales, el país tiene una cobertura casi universal en salud y en educación primaria, y la tutela permite la exigencia de los derechos fundamentales de la población.

No obstante, existen problemas estructurales en la economía colombiana que evitan una mejor distribución de la riqueza. Entre estos uno de los que más se destaca es la escasez relativa de trabajo calificado que hace que los profesionales tengan un ingreso muy superior a las personas con un nivel básico de educación. Otro, es la baja capacidad redistributiva del sistema tributario en Colombia. Un tercer elemento que es necesario considerar son las vastas diferencias regionales.

Para aliviar esta situación, el país debe hacer una significativa inversión en educación que se concentre en la calidad y la pertinencia, debe emprender una reforma tributaria que aumente los impuestos para las personas naturales así como revisar el gasto público en términos de su focalización, y aumentar tanto el monto como la eficiencia de la inversión en las regiones periféricas del país.

Mientras Colombia invierte 645 dólares anuales por estudiante de primaria y secundaria, Argentina destina 2.348 y Chile 1.890. Lo anterior explica en parte, los pobres resultados del país en términos de calidad. Debe mejorarse la formación de los maestros y buscarse que la educación técnica del Sena responda a las necesidades de la demanda laboral en el país. Para lograr la universalización de la educación para los menores de 18 de años se necesita invertir 0,64 por ciento del PIB adicionales.

Luchar contra la desigualdad es una manera de atacar la pobreza. Al mismo tiempo, una sociedad desigual con falta de oportunidades, es percibida como injusta reduciendo la confianza de las personas en su capacidad de triunfar. El país está en mora de comprometerse con una sociedad más justa.

 

MAURICIO LIZCANO.

Senador 


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¿Ya no somos el Eje Cafetero?

En los últimos doce meses, hasta enero, la producción del grano en Colombia alcanzó 9,3 millones de sacos, por encima de los 7,4 millones de sacos registrados en igual período hasta enero del 2010. Las exportaciones de café en enero fueron de 815 mil sacos y la producción fue de 908 mil frente a 876 mil el año pasado. Si el fenómeno de la Niña no se recrudece la producción puede ser superior este año frente a lo observado en los dos años anteriores. 

La estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros comprende la necesidad de erradicar la roya en cinco años y fortalecer planes de renovación de cafetales, con incentivos solo a las variedades resistentes a este hongo. La meta es que durante los próximos tres años se hayan renovado las 300 mil hectáreas de cafetales envejecidos. La producción del país podría llegar a 14 millones de sacos en el 2014, solo con la renovación de cafetales. 

Además, se ha establecido aumentar el área sembrada en 200 mil hectáreas de un potencial de tres millones entre las zonas con una altitud y latitud adecuada para el cultivo. 

Nariño, Huila y Cauca son los departamentos más dinámicos en la producción de café. El área sembrada en Caldas ha disminuido 10,4%; 15,76% en Quindío, y 14,78% en Risaralda. En tanto la producción en Nariño ha crecido 63,6%, y en Huila 54,8% en los últimos 13 años. 

No es problemático que otras regiones del país incrementen su participación en la producción de café, pero sí lo es que el Eje Cafetero pierda su vocación en un momento de bonanza en los precios. 

Las principales causas para explicar el pobre desempeño del sector en la región se relacionan con el fenómeno global del aumento del precio de los insumos, el insuficiente reemplazo por variedades resistentes a la roya, la migración de la población rural y el aumento de los ingresos laborales promedio que reduce la cantidad de personas dispuestas a recoger café. Además, las ciudades han crecido aumentando el costo de la tierra y por tanto reduciendo la rentabilidad del negocio. 

En el mundo existe un crecimiento vegetativo del consumo de café y se estima que la tasa de crecimiento es de 2% anual. Sin embargo, la demanda ha crecido y la oferta ha tenido choques negativos lo que ha agotado las reservas. Las existencias de granos según la OIC se encuentran en 13 millones de sacos, el menor nivel desde que lleva registro en 1960. Algunos países asiáticos han cambiado su patrón de consumo, en particular entre la población joven, aumentando el consumo de café frente al té y mejorando las perspectivas del sector. 
Las variedades especiales ofrecen una ventaja frente a otros tipos de café puesto que su consumo tiende a crecer más rápido en la medida en que crece la clase media mundial y demanda bienes que no son de primera necesidad. El éxito de la producción de bienes básicos en los países desarrollados es la apropiación de los segmentos de la cadena productiva con un mayor valor agregado. 

En la actualidad, más del 50% del grano en el país tiene algún valor agregado y el 35% son cafés especiales. Deben otorgarse más créditos como los entregados el año pasado para renovación y debe hacerse más asistencia técnica para que los cafés especiales ocupen un porcentaje mayor de la producción y apoyarse la formación de jóvenes rurales. El acompañamiento, la asistencia técnica, la investigación y la asesoría comercial son parte esencial de la estrategia que deben liderar el Ministerio y la Federación. 

Por lo tanto, el país debe consolidar su producción de cafés especiales, renovar las variedades, y llegar de forma directa a los consumidores obteniendo un mayor valor agregado. Además, debe completarse la renovación de cafetales por variedades resistentes, y tecnificar la producción. Las anteriores son fórmulas conocidas, el éxito está en su gestión. El Eje Cafetero debe ser pionero en esta estrategia u otras regiones lo harán.

http://www.lapatria.com/story/%C2%BFya-no-somos-el-eje-cafetero

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"Empleo, vivienda, educación y obras, materias esenciales en nuevas sesiones"

El congresista de la U advierte que apoyará decididamente el Plan Nacional de Desarrollo, que es la “carta de navegación” del actual Gobierno.

 

“Empleo, vivienda, educación, desarrollo de grandes obras de infraestructura y la terminación de las dobles calzadas, son los temas en los que se hará énfasis, durante las sesiones que comienzan este lunes, en el marco del debate del Plan Nacional de Desarrollo", aseguró el senador Mauricio Lizcano (La U).

En su opinión, el Plan que el Gobierno Nacional radicará, en las próximas horas en el Congreso, le da importancia a la seguridad, pero se “enfoca mucho más en las locomotoras”.

Asimismo, anticipó que acompañarán la iniciativa gubernamental ya que es la carta de navegación del presidente Santos. "Nosotros lo acompañamos en su campaña y no tendría presentación hundirle su principal estrategia”.

"La nueva versión del documento, que incluye un capítulo especial para atender las consecuencias de la emergencia de la ola invernal, vislumbra algunas diferencias entre el presentado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante su mandato,  y su sucesor, el hoy Presidente Juan Manual Santos", explicó el profesor y experto de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla.

“El ex mandatario enfocó el desarrollo del país y de la economía, a partir de la  política de Seguridad Democrática, mientras que el Gobierno de Santos se centrará más en áreas sociales y asuntos económicos”, agregó.

El momento político y económico de ambos Gobiernos es el principal motivo de las diferencias en sus prioridades, de acuerdo con el decano de la  Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien explicó que “el Plan de Desarrollo de Santos se hace en otro momento, en una economía que se ha recuperado, y tiene menos crisis”.

Cabe resaltar que una de las principales metas de esta iniciativa es la reducción de las tasas de desempleo a 9 por ciento en el 2014.

 

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