Por: Carlos Augusto Rojas Ortiz
Mientras el gobierno, a través de sus delegados, y los flamantes comandantes de la Guerrilla de las Farc se solazan en la Habana desarrollando reuniones estériles y conversaciones sin eco ni destinatario alguno, acá en Colombia nuestros conciudadanos vuelven a sentir el temor y la zozobra que genera el terrorismo salvaje de esa organización ilegal traducido en atentados y secuestros contra la fuerza pública y el indefenso pueblo colombiano.
No pueden pretender gobierno y guerrilla que los colombianos nos comamos entero el cuento de la consecución de la paz cuando se sigue asesinando y secuestrando policías y soldados como ayer en el Municipio de Nataga, poniendo bombas en los caminos de los campesinos, destruyendo de una manera aleve albergues escolares, como ocurrió también el fin de semana en Caquetá, o mientras los cabecillas se siguen llenado con los millones de dólares que genera el narcotráfico que ellos mismos auspician y cuidan en las regiones montañosas del país.
Creo que por un lado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe demostrarle a los colombianos que sus fuerzas militares están en condiciones de enfrentar y derrotar el terrorismo que cada que quieren ordenan las cabecillas de la insurgencia, ahora desde sus escritorios en la habana, y que ejecutan al pie de la letra sus lugartenientes en las regiones colombianas.
Debe el gobierno crear la sensación en el país de que la autoridad y el monopolio de las armas están en manos de la constitucionalidad y no de los grupos al margen de la ley hacen y deshacen a lo largo y ancho del territorio sin que las fuerzas regulares tomen el control y asuman la protección de los colombianos como está consagrado en la carta política y en los postulados misionales de cada uno de nuestros organismos de seguridad.
Por su parte la organización guerrillera debe demostrarnos a los colombianos que realmente tienen intenciones de abandonar la delincuencia como forma de lucha y realmente quieren reincorporarse a la sociedad civil en las condiciones en que vivimos la mayoría de los habitantes de este país, es decir, trabajando para subsistir.
También deben los cabecillas de las Farc demostrar estar dispuestos a someterse a la justicia colombiana para responder por las atrocidades, crímenes y violaciones a los derechos humanos que durante más de medio siglo han cometido en Colombia so pretexto de una justicia social que solamente los ha beneficiado a ellos y a sus cuentas en el exterior.
Mientras el Doctor De la Calle, Iván Márquez y compañía siguen hablando durante largas jornadas con más resultados mediáticos que reales allá en los salones condicionados de la capital cubana, acá en nuestro país los familiares de los miles de desaparecidos y secuestrados se preguntan qué fue de la suerte de sus seres queridos y claman por su libertad o al menos se les diga donde están sus tumbas buscar sus restos y rezar por la salvación de sus almas.
El tema debe abordarse pensando más en las miles de víctimas del terrorismo guerrillero que la coyuntura de una reelección presidencial y en el beneficio judicial, económico y social de quienes por años han asesinado, secuestrado y extorsionado al pueblo colombiano.
Martes 5 de Febrero de 2013
