Aprobado en primer debate el Proyecto de Ley 091 de 2011 en la Comisión I Constitucional de la Cámara de Representantes, el cual busca fortalecer la protección a la integridad personal de quienes han sido violentados con sustancias químicas, tales como el ácido.
Según el Representante Liberal Antioqueño, autor del proyecto, Óscar de Jesús Marín se busca no sólo castigar severamente a quienes atentan contra la integridad personal de manera dolosa o gravemente culposa; sino que además, pretende acabar con la indiferencia e indolencia que ha venido caracterizando a la sociedad colombiana, contemplando estas acciones como un delito contundentemente tipificado, pues no puede convertirse, en una actuación cotidiana el perjuicio a la integridad, estabilidad, equilibrio y salud, así como a la vida propia en términos sociales, familiares, económicos, sexuales y sentimentales; ya que dicho actuar transforma tanto la apariencia física de la víctima que queda completamente desfigurada, como su vida en sociedad.
En este sentido, que haya sido aprobado en primer debate, demuestra el interés por proteger los derechos de las victimas de ataque con ácido en rostro y cuello. Ya es hora de ponerle un freno a estos actos atroces y empezar a salvaguardar la integridad personal de quienes padecen hoy, el sinsabor de no contar con fallos que equiparen la atrocidad del delito con la pena impuesta; y a su vez, de no poder contar con la capacidad económica para enfrentarse a este tipo de lesión, pues en la mayoría de los casos se carece de dinero y medios, por lo que aún es más grave la lesión realizada sobre la persona.
Adicionalmente, en pro de impulsar esta iniciativa, originada con la radicación del proyecto el 7 de septiembre de 2011, se concertó el articulado del proyecto de ley y se realizó una enmienda al mismo sin desamparar las victimas y sin afectar la iniciativa inicial. En este orden de ideas, el articulado inicial pretendía una condena mínima de 10 y una máxima de 20 años y tras la concertación y como fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara, la norma actual pasará en su pena mínima de 2 años y 8 meses a 5 años y 4 meses y en su máxima pasará de 10 años y 6 meses a 14 años.
Finalmente, el Representante Marín confía en que durante la discusión en la Plenaria de la Cámara se puedan endurecer aún más estas penas, fortaleciendo así la protección y reparación de las víctimas de estos ataques, pues como lo denota en la exposición de motivos del proyecto “Colombia, es un país que ya tiene suficiente sufrimiento con tanta agresión social, interpersonal como nacional, para dejar pasar inadvertidos estos actos que terminan de sumir a la sociedad colombiana en miedo y dolor”.
