De acuerdo con la congresista los alcaldes han sido negligentes en hacer cumplir la Ley de No Violencia contra la Mujer.
"No podemos dejar en libertad a un agresor que maltrató a su esposa y la mató, pero debido a la no aplicación de la ley 1257 de 2008 de violencia contra la mujer, eso es lo que está ocurriendo en el país", aseveró la senadora Dilian Francisca Toro (Partido de la U), quien señaló que las estadísticas no han disminuido y por el contrario la violencia contra las mujeres ha empeorado debido a que las autoridades municipales no hacen cumplir la ley.
Explicó que ha encontrado una actitud negligente en los gobiernos locales a la hora de formalizar las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia, las cuales fueron creadas precisamente para garantizar la protección y atención del Estado. "Estas rutas son esenciales para que la víctima conozca a donde debe ir, cuáles son sus derechos y de qué manera el Estado la protege, sino existen, por supuesto no hay compromiso de las entidades involucradas y las violaciones, golpes y asesinatos se convierten en una estadística más".
Cuando la violencia o maltrato pueda repetirse, la autoridad competente está obligada a ordenar una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere; por eso no debemos admitir que las mujeres por miedo opten por no denunciar. ¡NO HAY QUE CALLAR!, enfatizó la senadora Toro.
De acuerdo con lo establecido por la Ley, las mujeres tienen derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia, pues el Estado deberá garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor.
A su vez, el Estado deberá realizar programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de policía, pues este problema de violencia contra la mujer se ha convertido en un problema no solo de salud pública sino de interés general que debe recibir una respuesta inmediata e integral, concluyó la senadora Toro.
