La iniciativa busca proteger los derechos de los ciudadanos en los debates electorales, evitando la censura a la información, pero protegiendo el derecho a la información veraz.
El proyecto, que cursa en Comisión Primera, establece la creación de una Comisión Consultiva que evalúe las denuncias sobre fraude o manipulación de las encuestas, la cual estará integrada por Magistrados del Consejo Electoral, periodistas, académicos de la estadística y de la investigación social.
También habrá representantes del Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación y del Ministro del Interior.
De la misma forma, fija los pasos que deben darse a las denuncias formales de fraude o manipulación de encuestas, y señala el término para que este organismo rinda dictamen de las denuncias presentadas.
Así mismo, establece las sanciones que serán impuestas a las empresas encuestadoras que se les compruebe su responsabilidad en fraude o manipulación de encuestas publicadas por medios de comunicación.
Se reunirán por convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando existan denuncias formales de fraude o manipulación de encuestas que hayan sido publicadas por medios de comunicación, y sus conclusiones y dictámenes deberán ser publicadas por el mismo medio que emitió la encuesta.
También se reunirán por convocatoria del CNE como organismo de consulta para la regulación de publicación, realización, métodos y herramientas que deben tener en cuenta los autores de las encuestas electorales y las firmas encuestadoras.
Desde la fecha de presentación de la denuncia, la Comisión tendrá una semana para emitir su dictamen, y éste será vinculante.
El CNE determinará, dependiendo del dictamen de la Comisión, la sanción a que hubiere lugar para la firma encuestadora. La sanción será comunicada públicamente a la firma encuestadora.
El ponente del proyecto es el senador Hemel Hurtado (PIN).
