Se necesitó de otra denuncia de la justicia norteamericana, como la que desenmascaró al Fiscal Anticorrupción corrupto Luis Gustavo Moreno, para que en Colombia se supiera de las componendas de este con dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, con quienes, según su cómplice Leonardo Pinilla, usaban los procesos judiciales para extorsionar a poderosos dirigentes políticos acusados de actos ilegales. Otra muestra, además de la escandalosa corrupción de Odebrecht, de la profunda descomposición a la que han llevado al país las fuerzas que han monopolizado el Poder Ejecutivo, poder que tiene sometido al Legislativo y en mucho al Judicial, al igual que en últimas impone la manera de actuar –¡no más engaños sobre esto!– de los jefes políticos regionales.

Al mismo tiempo, hay que recordar lo principal del prontuario sobre el caso Odebrecht –que por objetividad debe llamarse Odebrecht-Corficolombiana–, no resulte que los detalles le sirvan al encubrimiento y no a la verdad total. Se ha informado que Odebrecht financió tres campañas presidenciales, dos de Santos y una de Zuluaga, en 2010 y 2014. Pero continúa la alcahuetería del Consejo Nacional Electoral al respecto y nada se dice sobre cómo fue que las platas corruptas sirvieron para arrear electores a las urnas, su objetivo primordial.

Los sobornos para los dos contratos de la Ruta del Sol II –Odebrecht-Corficolombiana– pasaron de 11 a 38 millones de dólares, suma que los de la trasnacional reconocen haber pagado en proporción a su parte en el negocio, pero no así los de Corficolombiana, que defienden la increíble teoría de que su socio los subsidió en el cohecho. Mientras tanto, adelantan una arbitraria campaña publicitaria para hacernos creer que José Elías Melo –el ex jefe de Corficolombiana tras las rejas– es víctima inocente. Y no se ha dicho nada sobre cómo fue que lavaron, para volverlos pesos, los dólares de Odebrecht.

Todavía se desconocen los nombres de los altos funcionarios que decidieron la vía Ocaña-Gamarra –incluso por encima del director de la ANI–, cuyo poder fue capaz de definir un enorme contrato ilegal y hasta un Documento Conpes –con Santos y Germán Vargas a bordo– para financiarlo. ¿Hasta cuándo insistirán en meternos la mentira de que un negocio de este calibre lo definieron, ellos solos, unos pinches senadores?

También salió a bailar el cabildeo de Odebrecht a favor de Navelena, además del crédito irregular y en mora de los 120 mil millones de pesos del Banco Agrario, a cuya junta directiva la Fiscalía se ha abstenido de investigar (http://bit.ly/2gOt780). Y se silencia que la Procuraduría impidió el sospechoso arreglo entre el gobierno y la Ruta del Sol II –Odebrecht-Corficolombiana–, que entre otras gabelas los premiaba con 700 mil millones de pesos.

Además de que deben establecerse legalmente los hechos mencionados hasta aquí, apenas unos cuantos entre muchos, el Fiscal Martínez sigue negándose a explicarle al país por qué nombró en un altísimo cargo en la Fiscalía a Luis Gustavo Moreno, el cargo soñado de este delincuente y desde el que, está probado, sí actuó en el proceso Odebrecht-Corficolombiana. ¿Y por qué Leonidas Bustos, socio de Moreno según las acusaciones, fue en la Corte Suprema de Justicia el jefe de la campaña que eligió Fiscal a Martínez, verdad sobre la cual este tampoco da la cara con la que, cada día, sí manipula al país por la televisión?

Mas lo peor es si podrá establecerse, legalmente, lo ocurrido. Porque no es creíble que lo vayan a hacer el Consejo Electoral, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y menos va a ir hasta el fondo, caiga quien caiga, el Fiscal Martínez Neira, más que untado por sus vínculos con los protagonistas de estos escándalos y a quien sostienen en el cargo –todos a una o ya se habría caído– Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Germán Vargas y Luis Carlos Sarmiento Angulo, cada uno con intereses en unas investigaciones que pueden quedarse en pedacitos de verdad calculados para el engaño y que no lleguen a toda la verdad. Colombia asiste a otro en extremo destructivo pacto de denegación de justicia.

Bogotá, 8 de septiembre de 2017.