Manizales, junio 22 de 2015.- Terminando esta legislatura, en la Comisión Quinta del Senado se pudo adelantar un debate del cual fui citante y en el que se pretendía debatir el Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura. El ministro de Agricultura reconoció que esta Misión y el Gobierno no han oficializado conclusiones de este informe y por lo tanto se aprovechó para que los congresistas planteáramos todas nuestras inquietudes y además hiciéramos observaciones al informe.

Lo primero que enfaticé en el debate, es que los cafeteros colombianos no son ningunos ricos, que por el contrario las más de 600 mil familias cafeteras de las cuales dependen 3 millones de colombianos directamente, apenas alcanzan niveles de subsistencia en predios menores a cinco hectáreas, y que por la distribución geográfica de los municipios cafeteros, un 60% de la población colombiana está relacionada directa e indirectamente de la irrigación de los más de 5 billones de pesos que representa una cosecha cafetera para la economía nacional.

Sobre el informe de la Misión, lo que más ha indignado al sector cafetero es que se trate de desconocer los 80 años de labor institucional posicionando el Café de Colombia como el mejor del mundo y se recomiende exportar pasilla, con el argumento de bajarle la calidad al café para exportar más. Este informe en los apartes que se refiere a la exportación, más parece estar haciéndole un favor a los exportadores privados que exportan el 75% de la producción a través de dos o tres multinacionales.

Dice la Misión que hay que acabar con la garantía de compra. Esta garantía es un bien público esencial para el cafetero, el cual garantizan las cooperativas con recursos del Fondo en cualquier parte del país cafetero, comprando al precio mínimo establecido si cumple con la calidad. Recomienda también la Misión, que el PIC no se debe volver a aplicar, y que el gobierno no tiene porqué intervenir en el negocio. Todos los productos agrícolas por su especificidad son sujetos de subsidios en Colombia y también en los países desarrollados, dejar a los cafeteros a la deriva sin subsidios es atentar contra la verdadera paz y la democracia. Hoy de este PIC se les deben a los cafeteros 800 mil millones, que podrían servir para crear en el nuevo contrato cafetero un mecanismo permanente de estabilización de precios, que además de operar automáticamente cuando bajen los precios se eviten los periódicos paros y protestas reclamando apoyos del Gobierno.

Recomendé además revisar, y en esto puede tener mucha razón el informe, el tema de la eficiencia administrativa de la Federación, no puede ser posible que mientras el Servicio de Extensión cueste $70 mil millones, la burocracia y el funcionamiento de la oficina central de Federación cueste $75 mil millones, y así mismo muchos asuntos de carácter administrativo deben ser revisados en la institucionalidad.

Que el Gobierno sea más agresivo e intervenga con más plata y masivamente el mercado de los fertilizantes, le pedí al Ministro de Agricultura. Condicionando este subsidio a que se realicen análisis de suelos y a su aplicación efectiva, para reducir significativamente los costos de producción; no sólo en café en todo el sector agropecuario.

El Gobierno y la Federación deben volver tema prioritario en el nuevo contrato una política de relevo generacional en la caficultura colombiana y garantizar la seguridad social integral de los jornaleros y recolectores del café, que por su calidad de itinerantes merecen un trato diferencial en salud, pensión y riesgo laboral. Y el más importante, concentrar esfuerzos económicos y de todo tipo en políticas de incentivos y promoción de la transformación del café, es en el valor agregado con certificaciones de calidad y de origen y en apostarle a la masiva exportación de café transformado, como se podrá mejorar ostensible y sostenidamente los ingresos de los cafeteros colombianos.

Lo que sí queda claro es que de aplicarse los puntos centrales de la recomendación de la Misión: acabar con la garantía de compra, prohibir a la Federación y a las Cooperativas la posibilidad de exportar y prohibir que el gobierno utilice recursos del presupuesto en la caficultura; significa ni más ni menos que acabar con la caficultura colombiana y generar una crisis social de enormes proporciones en los más de 600 municipios que dependen de una u otra manera de la caficultura. Es decir el caos total.