Antes del año 1993, en Colombia existía un incipiente sistema de protección en salud, función desempeñada por el Instituto de los Seguros Sociales, que afiliaba solo a trabajadores formales y a su grupo familiar alcanzando una cobertura de escasos 2 millones de colombianos, institución que vimos desaparecer en el gobierno anterior debido a una insostenible madeja de corrupción, des-administración, y endeudamiento sin control; las clases menos favorecidas eran atendidas por el Sistema Nacional de Salud, a través de la figura de oferta y demanda, en centros de atención que dependían directamente del Estado, por médicos del Estado, herramientas del Estado y la Salud Publica era una política estatal que entregaba los recursos para sostener programas como la inmunización (vacunas) en niños y adultos, atención de enfermedades como la tuberculosis, lepra, malaria, enfermedad diarreica y todas aquellas que diezman en forma endémica y epidémica la población.
Luego del 93, se da inicio a la famosa Ley 100 que fundamenta su existencia en preceptos de universalización, equidad, priorización, cobertura, oportunidad y calidad permitiendo el ingreso al sistema de la participación “impoluta” de unos actores privados, llamadas Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) con el sofisma de que ellas si realizarían una atención de calidad, fundamentada en conceptos de autorregulación y sana competencia.
Todas éstas maravillas para el servicio de los más pobres y actuarían bajo la figura del aseguramiento de la población identificada y priorizada por un sistema de identificación de beneficiarios llamado SISIBEN, que identificaría a “LOS MÁS POBRES DE LOS POBRES” y a los trabajadores, bajo la figura de la contribución y su carta de navegación se llamaría el Plan Obligatorio de Salud (POS).
18 años después, esta bonita historia toma ribetes de historia macabra por introducir conceptos nuevos como “el paseo de la Muerte”, tratamientos y autorizaciones post-mortem, negación sistemática y agremiada de medicamentos, procedimientos, exámenes y servicios; con un desenlace por muchos anunciado y un gobierno que no sabe si esconderse o llorar ante semejante engendro. Una red de Atención Pública, en su mayoría colapsada y sin recursos, con el falso argumento de las “autonomías”, que sólo llevan a la quiebra y en contadas excepciones, lujosos centros hospitalarios construidos con recursos públicos, pero al servicio de los ricos, un gremio de la salud seriamente golpeado en su dignidad salarial y laboral.
Nunca antes el Estado colombiano había destinado tan abundantes recursos para la atención en salud de su población, pasamos de escasos 3 billones de pesos en el año 1993 a 34 billones de pesos dieciocho años después, pero “el queso lo cuidaba el ratón”, estas susodichas entidades llamadas EPS aprovecharon las falencias de éste complejo sistema, para realizar un sistemático y sofisticado robo continuo de recursos, utilizando incluso de manera irrespetuosa a los jueces de la República, como instrumento para convertir la herramienta de la tutela en un perverso método de reclamación de derechos; lograron que los recobros por servicios “no POS”, algunos no prestados, otros prestados a muertos y otros prestados a personas que no corresponde o lo peor facturados y no prestados, fuesen pagados dos veces, vía UPC y vía recobro a través del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA); botín que enriqueció a entidades como Saludcoop y sus socios a través de maniobras non-sanctas, como punta visible del gigantesco iceberg del desfalco de los recursos públicos de los más pobre de Colombia.
Luego de tan desalentador panorama, solo queda esperar con la fe puesta en la Ley 1438 del 2011, que el Gobierno representado en la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social y las Entidades de Control actúen y re-direccionen el aberrante curso que los actores privados le dieron a la salud de los colombianos.
OFICINA HR. VICTOR YEPES
