Así quedó manifiesto durante el debate de control político que adelantó esta semana la Comisión Segunda de la Cámara, por citación de la Representante por el Centro Democrático Tatiana Cabello.
Según la congresista, la demanda desborda en un 54.6% la capacidad carcelaria, siendo el norte y el occidente del país, las regiones que presentan mayores índices de hacinamiento, con 82.3 y 79.0% respectivamente.
Sostuvo Cabello que las inadecuadas políticas criminales del Estado que no orientan su accionar a la resocialización para bajar los índices de reincidencia y la corrupción, que absorbe los recursos destinados para atender la situación, llevaron a que la declaratoria de urgencia manifiesta hecha hace 3 años se mantuviera en el tiempo, cuando es un mecanismo expedito para subsanar una situación puntual.
Para el representante vallecaucano por Cambio Radical, José Luis Pérez, la caótica situación tiene su origen en que se le cargó a las entidades territoriales la responsabilidad de los sindicados, quienes están siendo atendidos con el mismo presupuesto destinado a los condenados, cuando los sindicados alcanzan a constituir el 40% de la población carcelaria.
Coincidieron los parlamentarios en la necesidad de revisar la legislación del régimen penitenciario para revaluar la pertinencia de que sean los entes territoriales quienes asuman esta responsabilidad y ajustar el presupuesto teniendo en cuenta la totalidad de la población carcelaria.
