Bogotá D.C., febrero 2 de 2017. Quizá desde las grandes ciudades no hemos sido aún suficientemente concientes del enorme paso que para la sociedad colombiana significa el tener a miles de insurgentes llegando a las zonas veredales transitorias con el ánimo de dejar sus armas y de emprender el camino de la reincorporación a una sociedad que mucha veces los privó de medios y de alternativas para llevar una vida digna en el campo.

Es pertinente reconocer la voluntad política y ánimo de cumplimiento de la organización guerrillera, que de conformidad con los acuerdos suscritos, está movilizando a la guerrillerada a los sitios donde en las siguientes semanas, deberá avanzar con ellos el proceso de inclusión como ciudadanos en la vida social, económica y política del país. Estas marchas de hombres y mujeres cuya cotidianidad durante medio siglo era la guerra, nos alegra, y reafirma la esperanza de que seamos capaces de construir una historia donde las armas no sean herramientas políticas.

Mucho se ha dicho que este proceso de negociación para la terminación del conflicto armado interno es singular en muchos aspectos, y no podría ser de otra manera si queremos que sea sostenible y duradero. Queremos creer que estamos recogiendo las lecciones aprendidas de otros procesos y sobretodo de sus errores. Particularmente en la fase inicial de desmovilización, dejación de armas e incorporación a la sociedad tenemos experiencias fallidas que nos deben ser útiles.

Nos preocupa entonces que en los últimos días se señalen de manera recurrente los atrasos en el montaje y adecuación de las zonas de transición a la normalización, que pueden estar generando dudas entre la guerrillerada. Nos preocupa que no hayamos avanzado mucho en la difícil coordinación interinstitucional, que en esta fase exige cambios en las lógicas y procedimientos institucionales, tan poco acostumbrados a coordinar acciones y a poner el máximo de sus esfuerzos en tareas comunes y urgentes.

Sabemos que estos procesos están cruzados por dificultades de distinta índole pero tambien estamos convencidos que si existe una real voluntad política para superarlas, se podrá avanzar al ritmo y en las condiciones de complementariedad que se requiere.

De otro lado volvemos a insistir en la necesidad de comprometer a las entidades territoriales (gobernaciones y municipios) que no pueden reducirse solo a hacer el monitoreo. Su primer compromiso debe estar dirigido a impedir que se recicle la violencia en las regiones y a garantizar la presencia y acción institucional, en concurso con la nación.

Así mismo las organizaciones sociales y gremiales en los territorios, son actores claves para dar sostenibilidad al proceso de reincorporación de los centenares de hombres y mujeres que quieren tener una vida digna y en paz.