Hace algunos meses los terroristas de las Farc anunciaron con bombos y platillos la liberación de 13 niños que tenían en su poder. Aquella desvinculación se produjo en medio de un gran secretismo y sin que se nos hubiera entregado detalles de dicho procedimiento de devolución de menores.

Luego de varios meses de espera, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- tuvo a bien responder un derecho de petición que envié solicitando información relevante sobre los 13 niños. De todo lo dicho por el ICBF llama poderosamente la atención el hecho de que 12 de los 13 menores sean oriundos de Antioquia.

Y esa cifra es la prueba de que alias Timochenko mintió en días pasados cuando dijo que en las Farc había 23 menores de edad. Es absolutamente inverosímil que si en una sola entrega aparecen 12 niños nacidos en Antioquia, entonces los 11 restantes sean del resto del país, cuando hay evidencias de que las Farc han reclutado menores en por lo menos 28 departamentos de Colombia. En el derecho de petición en cuestión, el ICBF asegura que desde 1999 hasta la fecha, 3663 niños se han desvinculado de las Farc.

Los números indican que las Farc están mintiendo respecto de los menores que tienen en su poder. Y me preocupa que los miles de niños que tienen en sus filas sean asesinados o vendidos a otro grupo armado organizado al margen de la ley. Los colombianos debemos ejercer presión ante el Gobierno para que abandone su actitud cómplice con las Farc y pase a la ofensiva. El proceso de paz no puede ser utilizado como tapadera para que los terroristas se deshagan de los menores.

Preocupan las versiones que andan circulando en el sentido de que los menores que fueron desvinculados hubieran llegado a las zonas en las que están siendo atendidos por el Bienestar Familiar con millones de pesos en su poder. ¿Por qué la guerrilla los devolvió con tanto dinero? Así mismo, he conocido que algunos de los menores mantienen comunicación permanente con quienes fueran sus “comandantes” en la banda terrorista de las Farc.

Hago un llamado para que el ICBF esté más atento y cuide con mayor seriedad a esos menores. Al preguntarles sobre los contactos telefónicos de los niños con los cabecillas del terrorismo, la desdeñada respuesta del instituto es indignante: “El ICBF carece de información para responder esta pregunta”.

Es desafortunado el manejo que el gobierno de Santos le está dando a la tragedia de los niños que las Farc tienen en su poder. La actitud del Ejecutivo obliga a creer que estamos frente a una reprochable operación de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. Es hora de que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le ponga la cara al país. Recordarle a ese funcionario que su oficina no es inmune ni está blindada para responder las preguntas que tiene el país.

Acá están ocurriendo cosas muy graves y es hora de que se conozca exactamente qué está sucediendo con los niños que las Farc esclavizaron.