Mayor efectividad y un procedimiento preferencial para resolver judicialmente en corto tiempo los casos de abusos sexuales que involucren a niños o mujeres, es el objetivo del proyecto de ley que radicó el Partido de la U.
La iniciativa pretende que el operador judicial le dé prioridad y un trato preferencia a estos procesos en los que , lamentablemente, sean víctimas los menores de edad. El proyecto busca que la indagación o investigación anterior a la audiencia de imputación de cargos, no supere los seis meses para los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio, donde la víctima sea un menor de 14 años o de 18 años con discapacidad.
Y es que es bien sabido que un proceso de estos tarda hasta años para ser resuelto sino es que muchos, o la gran mayoría, quedan en la impunidad.
“Hoy la norma dice que los procesos donde hay niños se pueden demorar hasta 3 años en etapa de investigación, existen procesos de más de 10 años o que nunca se determinan sus culpables, con esta norma las investigaciones no pueden tardar más de 6 meses”, dijo Mauricio Lizcano, presidente del Senado, quien junto con otros congresistas radicó el proyecto en la Secretaría del Senado.
El proyecto busca también evitar ‘marruñas’ y dilaciones de los procesos por parte de los abogados defensores de los implicados.
Y es que las cifras entregadas por los organismos de control generan preocupación. En los últimos diez años se recibieron 544.991 denuncias por delitos contra la vida e integridad personal de menores y tan sólo se registraron 18.528 condenas.
La radicacion del proyecto se da en momentos en los que el país es sacudido con el vil asesinato, tortura y abuso sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, ocurrido en Bogotá. Este hecho puso nuevamente en la palestra pública el candente tema de la prisión perpetua para los violadores y asesinos de niños. También se intenta imponer la castración química para los autores de estas atrocidades.
Anotó Lizcano que con la aprobación de esta iniciativa se agilizarán los procesos de delitos contra menores, también se brindan herramientas y garantías a las autoridades judiciales para la invetigación y el juzgamiento frente a estos procesos, y se da cumplimiento al artículo 44 de la Constitución Política que establece que los derechos de los menores prevalencen sobre los derechos de los demás.
