Mientras en la agenda pública el tema de la intervención de la Fundación Universitaria San Martín -Fusm-, es superado en importancia por otras realidades nacionales, los actores públicos no podemos dejarnos llevar por el vértigo informativo y tenemos la responsabilidad de concentrarnos en buscar alternativas para las verdaderas víctimas de este lamentable proceso, los estudiantes y sus familias, quienes hoy se encuentran en la más compleja situación de incertidumbre frente a su presente y su futuro.
A la ministra de Educación Gina Paradoy le valoramos la responsabilidad con la que actuó al intervenir la Fusm, pero debemos apoyarla desde el Congreso y los actores y personas expertas del sector, con propuestas y alternativas de solución para que esta decisión no afecte de manera grave la parte académica a más de 21.000 estudiantes que confían en el Estado colombiano como garante del goce efectivo del derecho fundamental de la educación y de la continuidad de sus estudios para lograr las metas trazadas como futuros profesionales.
En tal sentido, como miembro de la comisión accidental que se creópara acompañar este proceso desde la Comisión VI del Senado de la República, propongo con respeto, algunas ideas en lo académico, lo administrativo, lo logístico y de infraestructura, que paralelamente con la intervención de la Fusm y la deliberación urgente en el Congreso de la República sobre el fortalecimiento institucional en inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional -Men-, avancemos en una ruta de transición inmediata para Garantizar la terminación con estándares de calidad de los más de 21 mil estudiantes de la Fusm.
Parece necesaria una fórmula mixta que diseñada y estructurada con las diferentes comunidades académicas existentes en las regiones del país que tienen estudiantes activos, para que se permita por ejemplo que los jóvenes matriculados en los dos últimos años de formación terminen su proceso en la Fusm, con la vigilancia y control necesarios y los demás sean recibidos en otras Instituciones de Educación Superior -IES-.
En lo académico se debe posibilitar la transferencia a otras IES, mediante la revisión por parte de los académicos de ambas instituciones, de los planes de estudios de manera que, comparándolos, puedan determinar las equivalencias que hagan posible homologar asignaturas y así reconocer lo cursado en Fusm para continuar la carrera en la nueva IES.
Para garantizar el éxito de este ejercicio se deben realizar comités curriculares concertados entre las dos instituciones, enfocados en lo nuclear de cada profesión y sus saberes, para permitir definir por ejemplo, unas tablas de equivalencias. Así las solicitudes de transferencia y el correspondiente proceso de homologación se atendería según esos criterios. Esto supone también que el MEN, en los casos pertinentes, amplíe los cupos de admisión que han sido autorizados para el programa receptor.
En lo administrativo una opción realista es compartir la docencia cuando no existan profesores en algunas asignaturas en la Fusm, permitir que los estudiantes las cursen en otra universidad. Las calificaciones obtenidas serán reconocidas por ésta y los estudiantes podrán completar sus planes de estudios. Incluye, compartir la docencia, el uso de laboratorios y demás espacios destinados para la enseñanza de esas asignaturas.
En la parte logística y de infraestructura, en caso de que no existan los espacios con los requerimientos necesarios para adelantar los procesos de enseñar y aprender, permitir que profesores y estudiantes de la Fusm usen los de otra IES. Compartir espacios incluye aulas, laboratorios, espacios lúdicos, etc.
Invito al Ministerio y a las comunidades académicas existentes en las diferentes regiones del país donde tiene estudiantes activos la Fusm para que se unan y solidariamente nos ayuden a encontrar fórmulas creativas para enfrentar esta situación, que por la cantidad de estudiantes y programas en diferentes regiones y por las dificultades operativas y administrativa y de tipo legal, se hace más compleja para garantizar la continuidad del servicio público de la educación.
Soy consciente que estas propuestas demandan un trabajo arduo del MEN y gran solidaridad de la comunidad académica de las diferentes universidades del país, pero es el momento de mostrarle a Colombia que ese concepto de comunidad es una realidad y opera en función de los verdaderos protagonistas de la educación: los estudiantes.
