El Gobierno Nacional, ha puesto en marcha el proceso de socialización del Proyecto de Ley sobre “Ordenamiento Social de la Propiedad y Territorios Rurales” o proyecto de ley Tierras, que por vía del fast-track, pretende impulsar una contra reforma agraria por decreto presidencial, a espaldas del Congreso de la Republica y de las organizaciones campesinas.
Pretende el Gobierno con este Proyecto de Ley de Tierras, dar cumplimiento al punto uno de los acuerdos de paz, sobre Reforma Rural Integral, presentándolo como una estrategia de formalización de tierras y de acceso a los baldíos de la nación para los campesinos; pero en lo sustancial significa una contra reforma agraria que viola la constitución, no solo porque desconoce al campesinado en todo su articulado, sino porque además, no le brinda las garantías como sujeto de especial protección, no protege su cultura, su arraigo y permanencia en los territorios y niega las formas tradicionales de producción agrícola, como la economía campesina.
La intención de este proyecto, es la de favorecer la visión empresarial del campo, la subordinación del campesinado a la inversión extranjera, convertir al campesino en mano de obra rural para la implementación y extensión de la agroindustria. Todo ello como consecuencia de reducir a su mínima expresión la Unidad Agrícola Familiar al desarrollo de un proyecto productivo que supere escasamente 2 smlv de ingresos.
Contrario de garantizar el acceso progresivo a la tierra a favor del campesinado y de ampliar la Unidad Agricola Familia,r para mejorar las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión socioeconómica que sufre el campo colombiano, este Proyecto de ley de tierras, brinda un marco jurídico que se refuerza el modelo ZIDRES, de acumulación de baldíos de la nación, otorgando concesiones hasta por 20 años a través de contratos de uso o de superficie a favor de grandes inversionistas, desconociendo por completo el mandado constitucional de acceso progresivo y a favor de los trabajadores agrarios por parte del Estado.
Por esta y otras razones, hago un llamado para que un tema de esta trascendencia, que modifica en su integridad la ley de reforma agraria (L. 160 de 1994) tenga su lugar en el Congreso de la Republica y se construya de la mano con las organizaciones campesinas, étnicas y conjunto de la población rural, pues la paz implica transformaciones profundas para el campo y éstas no se pueden hacer de espaldas a las comunidades rurales, que han sido las más afectadas por el conflicto armado que aún está por terminarse.
