Deja muchas inquietudes la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el pasado 6 de mayo. 267 artículos aprobados en 10 horas (un promedio de 1 artículo cada 2 minutos), con mínimo debate de cara al país, con una conciliación que permitió la introducción de enormes exabruptos en nuestra legislación y la entrega de facultades extraordinarias a un gobierno burocratizad. Todo esto es síntoma de un fracaso frente a la opinión pública de un Congreso que se niega a darle la cara al país y que se empeña en continuar con su imagen desfavorable, debido a la gran desconfianza que producen sus decisiones, actuaciones y, especialmente, omisiones.
Las reformas exprés aprobadas a pupitrazo limpio, silenciosas, sospechosas, a sectores tan importantes como el de telecomunicaciones, minas e hidrocarburos, entre otros, fueron la principal apuesta del gobierno en lo que entendemos serían los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas para los próximos años por parte del Gobierno. Sin que las comisiones especializadas constitucionalmente definidas para hacer el debate de estos temas fundamentales fueran las protagonistas en un debate a consciencia y de cara al país, dichas reformas nada aportan al propósito del propio plan de generar “paz”, “equidad” o “educación”, los pilares que dice atender.
Genera gran escozor en la opinión pública la introducción en el PND artículos que atienden intereses privados, degenerando el propósito fundamental de legislar en aras del bienestar general. Causa especial atención, y una gran indignación, lo ocurrido en la conciliación del texto con el aprobado artículo 262. Este artículo hace referencia a la cesión gratuita de permisos de uso del espectro radioeléctrico.
Dicho artículo jamás fue discutido en las comisiones económicas conjuntas que fuimos llamadas a sesiones extraordinarias, y apareció como nuevo artículo en la plenaria de Cámara, a última hora y con un inquietante aval del saliente Ministro TIC y el gobierno nacional.
No obstante, y a pesar de la transparencia, coherencia y honestidad que deberían revestir los actos de los legisladores, nos encontramos aquí con lo que podría llegar a costarle a la Nación más 200 mil millones de pesos en ingresos a los que se tendría derecho.
Los hechos los detallo a continuación:
El parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009 o Ley General de Comunicaciones, consagraba la posibilidad de ceder el uso del espacio radio eléctrico entre privados, previa autorización del Ministerio de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la misma ley, el cual obligaba al pago de contraprestaciones a favor de la Nación.
En agosto de 2014, la Resolución No. 24527 del 15 de abril, selló la fusión UNE-Millicom (TIGO), aprobando la operación de integración bajo ciertas condiciones, toda vez que en Colombia la ley impide a cualquier operador superar el tope legal de 85 MHz de espacio radioeléctrico. En este caso, el resultado de la fusión dejaba a los intervinientes con 135 MHz y por tanto debían devolver a la Nación el excedente.
Esta resolución fue objeto de recurso de reposición, en tanto los interesados buscaron la posibilidad de ceder dicho espacio en lugar de devolverlo a la Nación. El recurso fue resuelto a favor de los peticionarios mediante Resolución 32199 del 20 de mayo de 2014. El texto indica:…“Para dar cumplimiento al condicionamiento y viabilidad a la fusión de UNE MILLICOM los intervinientes podrían optar por dos vías: la devolución o la cesión del espectro excedente.” Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, y en virtud de lo señalado por el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009, esta operación generaba contraprestación a favor de la Nación.
La Cámara de Representantes, sin que se hubiese discutido en las comisiones conjuntas, con mucho afán, silencio y agilidad, logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el siguiente artículo: “Artículo Nuevo. Cesión de permisos de uso del espacio radioeléctrico. La cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico NO generará contraprestación alguna a favor de la Nación. El negocio jurídico que, para este propósito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetará al derecho privado, y a la aprobación del Ministerio de las TICS.”
Este artículo, como es evidente, permite ahora a UNE-Millicom vender directamente 50 MHz de espacio radioeléctrico a quien le interese, al precio que le interese sin que por ello el Estado reciba centavo alguno como contraprestación. Así, sin pudor y sin reparo, se introducen los micos en el Congreso: artículos de última hora, votados a última hora, sin debate y sin proceso de asimilación por los colombianos. Eso sí, avalados por un gobierno que en medio de una crisis fiscal enorme no tuvo reparo en meterle al bolsillo cientos de miles de millones de pesos a intereses particulares internacionales, en lugar de legislar para más de 45 millones de colombianos. Para dimensionar lo ocurrido, los más de $200 mil millones que dejaría de recibir la Nación por este favorcito que le acaba de hacer el legislativo alcanzaría para construir más de 4.500 viviendas de interés social gratuitas y dignas.
Funcionarios de Une-Millicom se han acercado a explicar la posición de su empresa, muy respetable. Puesto en sus zapatos, comprendo su misión, para ello son contratados. Sin embargo, nuestra labor de legisladores debe ser la de defender los intereses de los colombianos, y no cambiaremos de posición. Sería de gran responsabilidad social que esta empresa desistiera de este propósito y, si considera injusta la actual legislación, proponga un debate de cara al país que se inicie en la opinión pública y en las comisiones constitucionales especializadas en los temas de telecomunicaciones. No es el PND la herramienta ni el pupitrazo de última hora la manera para tomar este tipo de decisiones.
El Gobierno Nacional deberían reflexionar sobre su actuación, y objetar este artículo del PND por inconveniente. Son muchos millones de pesos los que están en juego y debería defender a los más vulnerables.
