A la senadora Gilma Jiménez, la misma que ha enarbolado como bandera política la defensa y protección de los derechos de los niños, no le sorprende que el país comience el año escandalizado por el secuestro de una bebé con tan solo 17 días de vida. No le sorprende porque –asegura- el maltrato contra los menores se ha convertido en pan de cada día en el país. 

El caso de Brigitte Franco, que ha convulsionado al país, lo define la congresista como “emblemático”. Porque más allá dejar al descubierto otras conductas de violencia contra los menores, refleja que en Colombia el ser padre de familia se está convirtiendo en un derecho sin deberes, cuando esa función tiene deberes y obligaciones que el Estado debe garantizar su cumplimiento. 

Por eso Jiménez no descarta llevar el debate sobre las obligaciones de los padres de familia al Congreso. Lo tiene en mente a pesar de haber sido derrotada en dos oportunidades con el referendo que pretendía establecer prisión perpetua a los violadores y abusadores de menores. Ahora advierte que el Congreso legisle para que en Colombia los padres de familia cumplan con sus deberes y responsabilidades. 

Responsabilidades que los implicados como víctimas y victimarios en el caso de Brigitte han vulnerado, dice la congresista. El padre de la bebé, Jhon Franco, tiene 27 años. La madre, una niña de 14, no está con sus padres, las autoridades tienen información de antecedentes de consumo de drogas de ella, y que por esos días se encontraba buscando una visa a Estados Unidos. El más comprometido con la justicia puede resultar siendo precisamente Jhon Franco, el padre, pues incurrió en un presunto abuso sexual a menores, por la edad que tiene su esposa. 

De otro lado está Liliana Marcela Castillo, la secuestradora. Tiene 23 años. Su esposo, Fabián Clavijo, tiene 18 años. Han admitido que tienen una relación desde hace cuatro años, es decir cuando Liliana tenía 19 años y Fabián 14. La mujer dijo que había secuestrado a Brigitte para hacerla pasar por la hija que perdió durante su embarazo y no decepcionar a su esposo. 

Ante esta situación la congresista dice que además de otro caso de abuso sexual de menor, que compromete a una mujer de 19 años con un niño de 14 años. Eso es delito, asegura Jiménez. 
La historia de Brigitte también demuestra un móvil recurrente en el secuestro de menores en Colombia. “Secuestros para retener al marido” los define la congresista. “Es impresionante la cantidad de mujeres dependientes de los hombres que si no tienen pareja al lado se enloquecen. Este es uno de esos casos”. 

Pero lo que la congresista advierte es que los delitos y la violencia contra los menores tienen una causa fundamental: la irresponsabilidad paterna y materna. 

Cuando los gobiernos sacan pecho de la reducción de homicidios, dice Jiménez, no se dan cuenta que la tasa de homicidios y violencia contra menores va en ascenso. 

Según datos de Medicina Legal, analizados por la congresista, la tasa de homicidios en el 2003 era de 50 por cada 100.000 habitantes, y se redujo en el 2001 a 38 por cada 100.000. Pero la tasa de homicidios de niños pasó de 2,5 menores por cada 100.000 habitantes a 3,1. “En promedio, según cifras oficiales, en Colombia mueren tres niños al día de forma violenta”.

Una investigación propia de la congresista, que el año pasado cogió 127 casos emblemáticos de muertes violentas de menores, descubrió que 37 casos comprometió a personas conocidas o del entorno familiar de los niños; 32 fueron víctimas de delincuencia común, en su mayoría por venganza contra los padres. 26 murieron a manos de sus propios padres; 12 murieron por acción de los grupos armados. 

Esta muestra revela que 49 niños perdieron la vida por armas de fuego; 19 por arma blanca, 30 por maltrato o violencia física, y 10 por explosivos (minas antipersona en su mayoría). 
De estos 127 casos emblemáticos de violencia contra menores, 26 eran menores de 14 años; 15, menores de un año de edad; ocho de 11 años y 11 de siete años. 

Estas investigaciones han llevado a la congresista a llevar la discusión sobre la responsabilidad de los padres de familia al Congreso de la República. Por eso diseña el Códogo de responsabilidad paterna y materna, que entre otras pretende identificar que ciudadanos tienen la condición para ejercer como padres. 

Esta será la nueva batalla política de Jiménez dentro del discurso que siempre ha defendido en el Congreso: prevalecer los derechos de los niños, como dice la Constitución. La senadora, que no consiguió apoyo político para establecer la prisión perpetua a agresores de menores, ahora cambia de estrategia. De momento, antes que insistir en sanciones, a las cuáles no ha renunciado, pretende políticas para que los padres asuman y cumplan sus responsabilidades. 

Tomado de Revista Semana