La tan publicitada reforma a la justicia lleva implícita la reflexión sobre diferentes temas que inciden sustancialmente en todo el ordenamiento constitucional. Entre otros aspectos de importante relevancia, es necesario pensar en el sistema de fuentes del derecho que tradicionalmente han dado supremacía a la ley como la principal y más importante de ellas.

En efecto, los procesos de globalización han incidido principalmente en el derecho, hoy no es posible hablar de un ordenamiento jurídico absolutamente aislado y autónomo, por lo menos en el mundo occidental, y es precisamente la discusión sobre si actualmente existen otras fuentes del derecho más importantes, o por lo menos con más incidencia en las sociedades contemporáneas, que la ley.

Sin duda, la jurisprudencia y los tratados internacionales son fuentes que adquieren la misma relevancia que la tradicional norma, quizá la influencia del Common Law ha trascendido las fronteras y nos confronta con nuevas y apasionantes realidades.

El precedente judicial será un tema para discutir en esta reforma, se hace necesario una referencia taxativa a su regulación y un posterior estudio serio y reposado. El control constitucional se aborda en este debate, tradicionalmente se ha planteado que existen cuatro formas: el difuso, el concentrado y el mixto. El primero, cuenta con un tribunal especializado que se ocupa de vigilar la guarda de la Constitución, el segundo con varias instancias, el tercero es una mezcla de los dos y el cuarto, que es el colombiano y que, en palabras del exmagistrado boyacense Manuel Gaona Cruz, se denominaría integral debido a su particular y excelente manera íntegra de guardar la Constitución.

¿Cuál será el organismo que, en últimas, definirá una acción de tutela? Este es el grueso problema que nos confronta con el tipo de control de constitucionalidad que se adopte. Sin embargo, estos grandes temas de discusión jurídica no agotan el universo de todo lo que es urgente para lograr una verdadera justicia: el acceso a ella es difícil y se requieren más recursos para que funcione dignamente. Si la justicia es un valor social, hay que asumirlo seriamente y darle la prioridad que se merece lo que implica que el Estado deba hacer gran esfuerzo para posicionarla. Toda reforma cuesta y eso debe calcularse antes de implementarla.

En fin, el debate hasta ahora inicia y como dicen los sabios montañeros: amanecerá y veremos.

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