Por: Daniela Moreno, voluntaria en Congreso Visible
Si bien el Congreso pudo aprovechar la tragedia coyuntural del asesinato de la menor para sacar adelante la iniciativa, el Fast Track y la urgencia de aprobar de manera expedita las reformas pactadas para el acuerdo no permitieron el efectivo desarrollo de la ley Yuliana Samboní.
Los temas sobre feminicidio y cadena perpetua para violadores de niños fueron continuamente debatidos en el Congreso de la República debido a diferentes crímenes perpetuados en los últimos años que conmovieron a la opinión pública y reactivaron el debate sobre penas ejemplares.
A continuación se presenta un balance del cuatrienio enfocado en un análisis sobre dos casos comparados en los que, por un lado se aprueba la ley de feminicidio, y en el otro caso, la legislación en pro de la cadena perpetua para violadores de niños queda archivada.
El jueves 24 de mayo del 2012 Colombia fue testigo de uno de los homicidios más escandalosos y resonados en la opinión pública: Rosa Elvira Cely había sido torturada y asesinada en el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá. Los medios de comunicación cubrieron la noticia de forma tal que el país entero supiera la vulnerabilidad a la cual estaban expuestas las mujeres en el país. A partir de dicho escándalo mediático y luego de la captura del victimario, el debate sobre el feminicidio y el maltrato a las mujeres volvió a activarse con más contundencia en Colombia.
Tras el escándalo nacional por la visibilización de una de las muchas mujeres asesinadas en el país, el Congreso asumió una postura en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, y así procedió a formular una iniciativa a favor de las penas ejemplares para quienes atentaran contra la integridad de las mujeres. En el año 2013, el debate inició en el Congreso. Partidos como el Polo Democrático Alternativo, Partido Liberal, Partido Conservador, Opción Ciudadana y Unidad Nacional, fueron las organizaciones políticas que promovieron -a través del activismo femenino de sus militantes- la iniciativa legislativa que reconoció el asesinato de mujeres como un crimen que debía ser castigado con severidad. Luego de 64 votos y 30 abstenciones, la Ley logró aprobarse: Ley 1761 de 2015.
Por otro lado, el 4 de diciembre de 2016 el arquitecto Rafael Uribe Noguera secuestró, torturó y asesinó a Yuliana Samboní, una menor de edad proveniente de una familia de escasos recursos. Una vez más, el país quedó atónito ante un nuevo caso de feminicidio a una menor de edad que desató la furia entre los ciudadanos del país.
El debate en la opinión pública volvió a poner sobre la mesa la iniciativa legislativa de aplicar la cadena perpetua a aquellos violadores y asesinos de niños. Dicha iniciativa no era del todo nueva. De hecho, la senadora Gilma Jiménez (q.e.p.d.) había emprendido la lucha por dicho proyecto desde el 2011 (El País, 2011). En ese momento, la senadora Jiménez no consiguió aprobar el proyecto de ley y así, éste quedó archivado entre las iniciativas del Congreso. Sin embargo, debido al delito de Uribe Noguera, el debate volvió a la opinión pública, tal como pasó con el asesinato de Rosa Elvira Cely. La diferencia fue que mientras el proyecto en pro de considerar el feminicidio como delito inspirado en Rosa Elvira fue aprobado, un año más tarde la iniciativa legislativa para dar cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, quedó archivada en el Congreso nuevamente.
El caso de Yuliana representó un escándalo para la opinión pública y generó cierto margen de presión en las instituciones del país para movilizarse en pro de la justicia. Mauricio Lizcano del Partido de la U, fue el nuevo promotor de la iniciativa de la senadora Gilma Jiménez para lograr impulsar y liderar la protección de los derechos de los menores, terminó archivando el proyecto una vez más en el Congreso por cuestiones de “falta de tiempo” en los debates para aprobar la ley. Así, el proyecto terminó guardado entre las iniciativas legislativas a pesar de la presión social generada por el macabro hecho.
Ambos casos conmovieron a la opinión pública; y a pesar de eso, la iniciativa legislativa sobre el feminicidio pasó, mientras que la Ley Yuliana Samboní se hundió. El análisis del cuatrienio en materia de la lucha por el reconocimiento de derechos a poblaciones vulnerables y la búsqueda de la justicia, termina con un interesante interrogante: ¿Acaso la presión social ejercida por los ciudadanos colombianos impacta en la manera en que el Congreso decide aprobar o rechazar iniciativas legislativas?
El entonces presidente del Congreso y promotor de la Ley Yuliana Samboní, Mauricio Lizcano dijo: “Es un proyecto de ley que se ha presentado en varias ocasiones, pero no se ha presentado en un momento más especial donde todo el país está consternado e indignado y sentimos que hoy con la indignación nacional va a motivar el Congreso para que hoy por fin luego de 4 veces este Congreso lo apruebe” (Lizcano, 2016). En dicha declaración, el presidente del Congreso reconoció que la coyuntura nacional era la precisa para impulsar la iniciativa en el Congreso y lograr la movilización de diferentes sectores en pro de lograr sacar adelante dicho proyecto de ley.
En marzo del presente año, Diana Durán, en un artículo para El Espectador recordaba el asesinato de Rosa Elvira Cely y declaró que “le tomaron el pulso a la coyuntura y entendieron que la muerte de Rosa Elvira Cely debía significar mucho más que un momento de indignación colectiva” (Durán, 2018). Dicho pronunciamiento, y tras observar en la gaceta del Congreso del año 2015 en el cual fue aprobada la ley penalizando el feminicidio y verificando el caudaloso apoyo electoral y partidista que tuvo el proyecto de ley, demuestra que no es suficiente la explicación de la falta de tiempo que sustentó Mauricio Lizcano para explicar por qué la Ley Yuliana Samboní tuvo que achivarse. Para tratar de comprender si, en efecto, la presión social y la coyuntura nacional afectan en la aprobación o archivo de las leyes en el Congreso, hay que también tener en cuenta el contexto nacional.
En el año 2016, a diferencia del 2012 (fecha de asesinato de Cely), el país vivía una coyuntura política fundamental para el proceso de paz. El contexto del 2016 tuvo una convergencia de eventos de peso para el cuerpo legislativo. Por un lado estaba el feminicidio de Yuliana Samboní, crimen que la opinión pública repudió y conllevó al debate sobre la cadena perpetua para violadores de niños; y por otra parte, el país vivía un momento crucial para aprobar las iniciativas que dieran comienzo al tránsito de la guerra a la paz.
Mientras el crimen de Rosa Elvira Cely sucedió en un contexto de relativa normalidad legislativa y política, el crimen de Yuliana se coló en la agenda legislativa que pretendía dar prioridad al Fast Track. Es importante resaltar que el Congreso de la República no es impermeable a la coyuntura nacional, pero el contexto de finales de 2016 demandaba una ejecución eficiente y sistemática de la agenda de la paz que se promulgaba en el Congreso.
Ahora bien, el costo político de emprender iniciativas tales como la cadena perpetua en un momento de turbulencia legislativa para los acuerdos de paz, pudo ser otro de los factores que se encontraba presente a la hora de decidir abstenerse de debatir por “cuestiones de tiempo” la Ley Yuliana Samboní. Si bien el Congreso pudo aprovechar la tragedia coyuntural del asesinato de la menor para sacar adelante la iniciativa, el Fast Track y la urgencia de aprobar de manera expedita las reformas pactadas para el acuerdo no permitieron el efectivo desarrollo de la ley Yuliana Samboní. Se prefirió dar prioridad a la agenda estipulada favoreciendo el debate de los acuerdos, que abrir los diálogos entorno a esta norma.
El estudio riguroso sobre lo permeable que puede ser el Congreso ante presiones sociales permitiría comprender si la presión social puede ser una condición suficiente para activar en esta corporación los debates que la coyuntura nacional le demanda; o si por el contrario los factores estructurales tales como: la presión del gobierno, la prioridad de la agenda, las instituciones formales, y la representación democrática, pueden ser los principales factores que afectan la aprobación de leyes que demanda la sociedad colombiana.
Referencias:
El País (2011). División por referendo de cadena perpetua para los violadores. Encontrado en: http://www.elpais.com.co/colombia/division-por-el-referendo-de-cadena-perpetua-para-los-violadores.html
Caicedo, M (2016). Presidente del Senado radica proyecto de “Ley Yuliana” para dar cadena perpetua a violadores. Encontrado en: http://www.senado.gov.co/legales/item/26230-presidente-del-senado-radica-proyecto-de-ley-yuliana-para-dar-cadena-perpetua-a-violadores
Durán, D (2018). La importancia de la Ley Rosa Elvira Cely. El Espectador. Encontrado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-importancia-de-la-ley-rosa-elvira-cely-articulo-745519
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Homicidios.pdf (Medicina legal, informe de mujeres asesinadas en 2015).
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (2015). Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: enterremos las armas para que florezca la vida. Encontrado en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Homicidios.pdf
Congreso Visible. Votación Nominal: “Aprobación del informe de Conciliación del proyecto de Ley número 107 de 2013 Senado, 217 de 2014 Cámara”. Encontrado en: http://www.congresovisible.org/votaciones/12670/
