Desde hace algunos meses, el Movimiento MIRA puso en la agenda pública, la problemática en la que el Ministerio de Transporte, ha colocado a más de 4 millones de colombianos, al exigirles un cobro por la renovación de sus licencias de conducción, cuando la ley indica que este trámite debe ser gratuito.

En efecto, la ley 1383 de 2010, en su artículo 4, ordenó expresamente que adelantar la renovación de "los pases", no debía generarle ningún costo a los colombianos, y además, determinó cuáles debían ser las fuentes de financiación a cargo del Estado.

Sin embargo, el Ministerio insiste en buscar "interpretaciones" y" alternativas", para seguir cobrándoles a los colombianos por la expedición de este documento.

Esta postura es bastante preocupante, porque no sólo se hace a un lado lo que la ley dice claramente, sino que pasa por alto, cuando menos, tres Sentencias de la Corte Constitucional, que en los años 2003, 2006 y 2009, respaldaron la gratuidad de estos procedimientos.

Por otro lado, hace caso omiso a decisiones judiciales que sobre este asunto ya han emitido los Tribunales de Santander y del Valle del Cauca, con base en acciones de cumplimiento que la comunidad instauró, fallaron a favor de la gratuidad.

Incluso, ignora los conceptos de finales del año anterior, en los que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República se pronunciaron diciéndole sí a la renovación gratis de las licencias.

Nos resistimos a pensar que la obstinación en cumplir la ley, tenga que ver con los 1.3 billones de pesos que estarían involucrados en este trámite, los cuales beneficiarían no sólo al mismo Ministerio, sino al RUNT, a los Centros de Reconocimiento de Conductores, o los concesionarios que expiden las licencias. Otro tanto podría decirse de los 5.2 millones de colombianos que, sin necesitarlo, tendrían que ir a practicarse los exámenes médicos, todo porque el Ministerio insiste en no reconocer la gratuidad en el trámite.

Lo cierto, es que estamos hablando de 12 millones de colombianos que se podrían beneficiar directamente, si se respeta la ley.

Pedimos la intervención del Presidente de la República y la ciudadanía se está movilizando y rechazando esta arbitrariedad. Esperamos entonces que pronto el Gobierno entre en razón, y no se haga más el de los oídos sordos, ignorando la ley y el clamor popular.