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“Se conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas subordinadas(…) En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF. Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o de terceros, cada UAF que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas”. Esto reza en la carta enviada al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, por el representante legal de la multinacional brasilera Mónica Semillas, Ricardo Cambruzzi, el 27 de marzo de 2009. Sorprende entonces que el exmandatario, en declaraciones dadas a la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, haya manifestado que se vino a enterar a través de los medios de comunicación del fraccionamiento de predios que hicieran diferentes empresas para acceder a subsidios (Ver:aquí ). En otra comunicación dirigida a la Alta Consejería Presidencial, Cambruzzi celebra la instalación de una mesa de trabajo conformada por los gremios y el gobierno para discutir el contenido de un Decreto que buscaba modificar las limitaciones en materia de prohibición de acaparamiento de baldíos. Es claro entonces que, además de comunicarle al alto gobierno que estaban violando la ley, el Grupo Mónica Semillas incidió directamente en la formulación de la política pública, que legalizaba sus adquisiciones de tierras violando el límite de la UAF. Mónica Semillas es una multinacional agrícola de capital brasilero, que se dedica a la siembra de soya y maíz. Solo en Bolivia siembra alrededor de 160 mil hectáreas por año y tiene presencia en otros países de sur América como Paraguay y Brasil. En el año 2008 Mónica Semillas, compró en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) las primeras 13 mil hectáreas para la siembra de soya. Las seis empresas a las que se refiere Cambruzzi en su carta a Uribe, y que sirvieron para acumular predios son las siguientes: Monica Colombia Ltda., Agrocaxias Ltda., Agromarchett Ltda., Catanaribo Ltda., Manacacias Ltda., Tilava Ltda. y Monicol Ltda. (Ver predios restantes: aquí ). De la composición societaria de estas firmas se evidencia que en realidad se trata de una misma persona, un mismo inversionista – Mónica Semillas–, como lo reconoce Cambruzzi en su carta, cuyo propósito al fraccionarse era lograr la concentración de la propiedad de la tierra (9.745 hectáreas), acción prohibida expresamente por la ley 160 de 1994. Esto también lo describe el representante legal de la multinacional brasilera a Uribe, cuando afirma que: Los predios a los que se hace referencia son:
Sobre estos predios, además se ha podido establecer que, previo a la adquisición por parte de Mónica Semillas, se incurrió al parecer en delitos tales como suplantación, falsedad en firmas, entre otros (Ver: aquí ). Además de violar los límites a la tenencia de tierras con antecedentes de baldío por encima de la UAF, tal mecanismo de fraccionamiento mediante la creación de empresas de fachada, sirvió como vehículo para la adquisición irregular de recursos públicos no reembolsables, mediante subsidios de Agro Ingreso Seguro. Así lo confiesan en otro de los apartes de la carta: “(…) De acuerdo con la normativa vigente para créditos de fomento, se han obtenido de FINAGRO préstamos para seis proyectos, con su correspondiente incentivo. Vale reconocer el apoyo oportuno recibido del Director del Fondo, doctor Luis Fernando Críales.” De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de las siete empresas conocidas en que se fraccionó Mónica Semillas, hasta ahora cuatro de ellas, a saber, MONICA COLOMBIA LTDA; AGROCAXIAS; MONICOL LTDA y TILAVA LTDA, tramitaron y obtuvieron entre 2009 y 2010, subsidios no reembolsables del programa Agro Ingreso Seguro por valor de $3.659.777.121 millones de pesos, situación especialmente grave si se tiene en cuenta que los socios de cada una de dichas empresas son siempre las mismas personas, con lo cual, un mismo individuo en la práctica recibió varios subsidios a los cuales, en su condición de inversionista extranjero en el agro colombiano, no tenía derecho. De hecho, después del escándalo del programa AIS, se prohibió entregar subsidios a grandes inversionistas, pero como lo muestra el siguiente cuadro, aún en 2010, Mónica Semillas a través de Tilava Ltda., recibió casi 700 millones en subsidios.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). La comunicación de la multinacional con la institucionalidad colombiana fue fluida. Cartas dirigidas, tanto al propio presidente de la República como a otras entidades oficiales (Ministerio del Interior e INCODER), reuniones y mesas de trabajo para formular política pública, entre otras formas de comunicación, así lo denotan. ¿Cómo es posible entonces que el expresidente Uribe ahora se atreva a sostener que conoció de este tipo de fraudes, solamente a través de los medios de comunicación? Digámoslo con todas sus letras: estamos frente a una “omisión” presidencial que en realidad buscaba evitar la parálisis de una de las primeras avanzadas de inversionistas extranjeros en la altillanura. El exceso de trámites, la limitante de la UAF, el acceso particionado a los subsidios, entre otras, eran entendidos por la multinacional como “serias trabas burocráticas” para la inversión, al punto de considerarlas como “exigencia salida de Macondo”. Ante esta queja de distintos inversionistas, que no sólo de Mónica, la respuesta del gobierno nacional ha sido una adecuación paulatina de la normatividad para suprimir dichas “trabas”. Ejemplo de ello, los constantes intentos, tanto de Uribe como de Santos, por eliminar la Unidad Agrícola Familiar (Ver: aquí ) Los más recientes intentos de la actual administración por darle seguridad jurídica a estas compras masivas de tierras con antecedentes de baldíos, son: el proyecto de Ley número 164, que actualmente surte su trámite en el Senado de la República (Ver: aquí ); el decreto 1465 de 2013 (Ver: aquí ); y el proyecto que están cocinando gobierno e inversionistas, y que ya anunció el mismo presidente Santos, se radicará el próximo 20 de julio (Ver: aquí). Son distintos los entes de control que tienen conocimiento del caso de Mónica Semillas. He interpuesto denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los representantes legales de la multinacional en Colombia, los exministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández Acosta. De igual manera, la investigación del caso Mónica que se puso en conocimiento con toda la documentación de rigor al Ministerio de Agricultura y al INCODER, derivó en que esta entidad interpusiera la demanda de nulidad sobre estas transacciones, y de hecho según el Instituto, es la única demanda que fue aceptada por el juez del circuito. El caso Mónica Semillas es paradigmático puesto que, de un lado, en su momento prendió las alarmas sobre los peligros de la extranjerización de la tierra en Colombia, particularmente en la zona de la altillanura, fenómeno que ya muestra resultados catastróficos en otras regiones del mundo, como el África Subsahariana. De otro lado, da cuenta claramente de la forma como el gobierno colombiano ha sido complaciente con los grandes inversionistas, bien sea ignorando o tolerando sus rampantes violaciones a la legislación nacional o bien tratando de adecuarla, para facilitar proyectos agroindustriales de gran escala en detrimento de la economía campesina y el deber constitucional de permitir el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. A este caso se le suman otros que hemos denunciado, como la ítalo – española Poligrow, que compró predios a pesar de estar en zona con declaración de desplazamiento forzado; Riopaila y su Holding en Luxemburgo (conocido paraíso fiscal); y Cargill, Goliat entre las multinacionales de alimentos, por mencionar algunos. Por lo señalado atrás, en particular la omisión de denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado 12 de febrero de 2012 interpuse denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y se está a la espera que éste ente encargado por la Constitución de impartir justicia a los jefes de Estado, cumpla con su deber. La ciudadanía debe estar atenta de estos desarrollos. Carta remisoria de la presidencia en respuesta a derecho de petición (aquí)
Wilson Arias Castillo
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