Por: Paula Suárez, investigadora de Congreso Visible
A lo largo del cuatrienio (2014-2018) el Congreso de la República no logró articular la estrategia de lucha contra los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y el microtráfico propuesta por el Gobierno Nacional, clave en la implementación del proceso de paz con las FARC. Sin embargo adelantó algunas leyes en los temas de Penalización, regulación y prevención del consumo de drogas.
Uno de los problemas más notables del segundo periodo en la presidencia de Juan Manuel Santos (2014-2018) fue el aumento exponencial en la número de hectáreas cultivadas de Coca, Marihuana y Opio. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) a través del programa (SIMCI) la siembra de cultivos de coca ha aumentado de 65,000 Hectáreas de Coca en el 2014 hasta cerca de 175,000 para el año 2017. (UNODC, 2017)
Aunque el aumento de cultivos de uso ilícito se debe a múltiples factores, precio de la Cocaína, caída de la minería ilegal, entre otros. Ha sido el cambio de estrategia en la lucha contra las drogas del Gobierno Nacional lo más polémica ha generado. Un primer cambio sustancial fue el cese de la aspersión aérea con glifosato desde el 2105 (UNODC, 2017) , en segundo lugar el enfoque de sustitución voluntaria, en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, ha sido uno de los cambios más importantes que ha propuesta el Gobierno Nacional en su lucha contra las drogas.
El primer acercamiento al tema, lo realizó el Senador Juan Manuel Galán Pachón, del Partido Liberal, quien presentó dos proyectos sobre la regulación del uso del cannabis medicinal. La primera iniciativa, buscaba permitir la producción y comercialización de la marihuana medicinal en el territorio colombiano, con uso terapéutico. La otra iniciativa, presentada por el Senador Galán, buscaba que el Gobierno Nacional aprobará proyectos de investigación científica con las cepas del cannabis, aunque fue retirado por su autor.
Luego de dos meses, el Senado Galán volvió a presentar una nueva iniciativa, que se convertiría ley. Esta ley derogó la reglamentación anterior y creó un “marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano”. Además adjudicó al Estado para asumir el control y la regulación de todas las actividades de producción, almacenamiento, y comercialización de las semillas y de sus productos derivados. Con ello, protege la industria nacional del cannabis y crea un mandato para los requisitos y parámetros técnicos de producción, cultivo, fiscalización, importación y exportación, etc. Esta es una de las medidas más amplias para la regulación de drogas en el país. No solo involucra elementos técnicos y diferencia entre productores y comercializadores a gran y pequeña escala, sino que también distingue entre el cannabis psicoactivo y el no psicoactivo, y regula la comercialización e investigación científica de semillas.
Por otro lado, en mayo de 2016, 17 congresistas del Centro Democrático promovieron el Proyecto de Ley 254 de 2016 por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la problemática de consumo de drogas en Colombia a través del control del porte de la dosis mínima. El proyecto se basó en la preocupación por la relación entre violencia y consumo; los niveles de crecimiento del mercado; y la diversidad de sustancias psicoactivas. La iniciativa buscaba fortalecer la política de prevención y atención integral al adicto y regular lo que se determina como “dosis mínima”. Sobre esto último, se facultaría al gobierno para determinar la cantidad que se considera como “dosis mínima” de todas las sustancias psicoactivas y estupefacientes ilícitas. Sin embargo, el proyecto fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de julio de 2016.
El Proyecto de Ley 161 de 2016 impulsado por miembros del Partido Conservador y del Centro Democrático fue radicado el 5 de octubre de 2016. Este proyecto buscó de nuevo establecer una normatividad para el porte de la dosis mínima. El Gobierno Nacional tendría la facultad de determinar qué sustancias y qué cantidad se consideran como ilegales. Se exceptuaban a los portadores cuya intención era comercializar o distribuir gratuitamente. Se abrió la discusión sobre la realización de exámenes médicos y pruebas periódicas para descartar el consumo en personas que realizaran “actividades, profesiones y oficios” que por sus implicaciones sociales podrían representar un potencial peligro a terceros. También se buscaba robustecer los componentes orientados a la prevención del consumo bajo el enfoque de riesgo social, que además incluía el desarrollo de estrategias para la inclusión laboral y social. Uno de los puntos claves de la iniciativa, se refiere al suministro terapéutico y gratuito de sustancias psicoactivas o estupefacientes como deber del Estado en el curso de tratamientos médicos de rehabilitación y en ambientes controlados. El proyecto fue retirado por al autor antes de llevarse a cabo el tercer debate.
Además, hubo en el cuatrienio dos iniciativas sobre educación en el tema. En primer lugar miembros del Partido Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Conservador, el partido de la U y el Partido Liberal impulsaron el 30 de septiembre de 2015 el Proyecto de Ley 133 de 2015, que promovía la implementación de una cátedra independiente y obligatoria de prevención de sustancias psicoactivas en todas las instituciones educativas, en los niveles de educación básica, media y superior del país. Sin embargo, la iniciativa fue archivada después del segundo debate. En septiembre de 2017 se volvió a promover un Proyecto de Ley para establecer una cátedra para la prevención de consumo de estas sustancias en las instituciones de educación básica y media del país. La iniciativa fue archivada en primer debate.
Por otro lado, Rosmery Martínez Rosales, del partido Cambio Radical, impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, específicamente el Art. 446 sobre el delito de favorecimiento en el cual también se contemplan las penas para quienes cometan delitos de tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La ponencia se encuentra publicada en primer debate. Finalmente, Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático radicó en noviembre de 2017 un Proyecto de Ley que busca agravar las multas para quienes conducen vehículos automotores bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Este proyecto está por debatirse.
Como se pudo ver, el enfoque en la legislación y las propuestas de los congresistas se basó en el tema del consumo de la “dosis mínima” como asunto de salud pública, y la prevención educativa. El trabajo legislativo que se oriente a mitigar o reglamentar el uso social y recreativo de estas sustancias, se ha dejado de lado. La excepción son las iniciativas educativas que se mencionaron en los párrafos anteriores.
En este cuatrienio no se lograron consensos sobre las estrategias para debilitar los llamados narco-cultivos, el narcotráfico y el microtráfico en las regiones y centros urbanos del país. Esto continúa generando un impacto económico y social importante en los territorios cooptados por grupos ilegales que se lucran de actividades de comercialización y producción de estupefacientes. De otro lado, la discusión en torno a la regulación implica ampliar el debate hacía el control, intervención y vigilancia económica del Estado sobre la producción de estas sustancias. La prohibición y los controles actuales no han generado resultados efectivos en la lucha contra las drogas, así que es trabajo para los nuevos senadores y representantes llegar a acuerdos que contemplen la legalización en un espectro más amplio; consideren la idea de la fiscalización de estas sustancias; y orienten la institucionalidad del Estado a fortalecer los mecanismos educativos de prevención a menores de edad y la rehabilitación consentida.
Además, es importante crear esquemas regulatorios para el uso recreativo y medicinal de estas sustancias tales como: autorización y control de proveedores, regulaciones sanitarias sobre calidad (especialmente en cuanto a componentes de los productos), e impuestos -regulaciones similares a las que hoy día se tienen con el tabaco y el alcohol-. Entre otras cosas, es importante evaluar la experiencia internacional y los avances de “las políticas sociales y de salud pública para el control y tratamiento de la drogadicción implementadas en varios países europeos y Canadá” (Schultze-Kraft, 2008), como los tribunales de drogas.
Así, al nuevo Congreso le queda por delante la discusión de muchos temas relacionados con la problemática de las drogas. Tendrá que llevar a cabo discusiones que lleven a soluciones prácticas y eficientes que vayan más allá de la criminalización y la prohibición de las drogas. Eso sin dejar de lado la importancia sobre el fortalecimiento de la rama judicial para llevar con éxito los procesos penales y de investigación de las personas que comercializan y que están vinculadas con otros delitos.
Bibliografía
Animal Político (2014). Propuestas para la regulación de las drogas en el Distrito Federal. Tomado el 25 de 05 de 2018 de: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/02/13/propuestas-para-la-regulacion-de-las-drogas-en-el-distrito-federal/
Schultze-Kraft, M. (2008). Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional por Markus Política Exterior. Nº 126. Tomado de: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/13074621-narcotrafico-en-america-latina-un-nuevo-consenso-internacional.pdf
Galán, J., Thoumi, F., Ramírez, W., Vargas, R. (2008). La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la opción?, Ed. Intermedio, Bogotá.