Ayer martes 30 de agosto en Plenaria del Senado de la República, el Senador Jorge Iván Ospina adelantó debate de control político al Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria y al Superintendente de Salud Norman Julio Muñoz por la fallida intervención de Saludcoop.
 

El médico y Senador del Partido Alianza Verde enfatizó en la imperante necesidad de implementar un modelo de salud que dignifique la vida y catalogó como inaceptable que continúe muriendo gente a causa de la ineficiente prestación del servicio.
 

Ospina cuestionó la facultad que tiene el Estado de intervenir empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales, cuando se ejerce de manera irresponsable y sin control como en los casos de  CAPRECOM y Saludcoop, donde el Estado ha sido incapaz de garantizar la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios de salud para sus afiliados.


Según el Senador de la Alianza Verde "el gobierno nacional intervino Saludcoop de manera codiciosa, negligente y corrupta, generando muerte, tragedia y dolor, disminuyendo la vida y acabando con el patrimonio cooperativo y solidario de nuestro país". 

 

A través de diferentes documentos probatorios como informes y contratos, el Senador Ospina demostró  que durante la intervención del gobierno nacional a Saludcoop se disminuyó notablemente su patrimonio (específicamente un detrimento patrimonial de $1.58 billones) y se incrementaron los pasivos (por cuantía de 1,31 billones).

 

“La intervención de Saludcoop no tuvo fundamento, no hubo análisis, no hubo gestión, no se cumplió lo establecido en la ley y en la constitución, no se logró que la administración pública garantizara el derecho a la vida y a la salud de miles de colombianos” aseguró el Senador del Partido Verde.
 

Igualmente, Ospina denunció que durante la intervención del gobierno nacional aumentaron los gastos administrativos en un 91,11%, especialmente en gastos de personal y honorarios, y contratos multimillonarios adjudicados a dedo por el agente interventor, como el caso del contrato con la cuestionada empresa Ortohand o un contrato de transporte de $45.466.380.000, adjudicado a la empresa Unión Temporal SASO que carecía de autorización del Ministerio de Transporte, la cual subcontrato con quienes anteriormente prestaban el servicio.
 

El Senador también evidencio la existencia de contratos que “dejó amarrados” el saliente interventor de Saludcoop Guillermo Grosso con empresas como IPS Evaluamos de Montería (por $101.000 millones de pesos), Empresa Sistemas y Computadores (por $90.000 millones) y Dumian Medical SAS (por 89.000 millones de pesos) sin realizar previamente ningún tipo de convocatoria o licitación pública.


Asimismo, Ospina catalogó las acciones de los interventores de Saludcoop como la “Ruta de la Maldad” considerando el deterioro de la red propia, la ruptura del sistema de control, la adquisición de servicios y medicamentos a mayor costo, la burocratización y las cuentas por pagar sin una política clara; incumpliendo todas las responsabilidades que tiene un agente interventor en una EPS.

 

Finalmente, el Senador cerró el debate con los siguientes titulares:

-       “Señor Ministro es una irresponsabilidad de su parte decir que este debate es un refrito, no me falta el respeto a mí, le falta el respeto a los colombianos que no tienen atención en salud ni la acción del Estado para privilegiar lo más sagrado: la vida”.

-        “Señor Ministro usted es muy mal administrador, Saludcoop y Caprecom estallaron en sus manos, más de 6 millones de colombianos que estaban bajo esa cobertura hoy no tienen servicio y excusarse diciendo que usted proyectó la liquidación de las mismas no es la respuesta”.

-       La economía solidaria, el movimiento cooperativo y los pacientes no merecen a Palacinos, pero menos merecen a interventores del Estado que acaban con su patrimonio y contratan irresponsablemente.

-       El accionar de la Superintendencia demuestra la falta de responsabilidad y de criterio con que no debe ser administrado un recurso de todos. La austeridad debía ser el criterio para administrar.

-       La fiscalía debe investigar si existió complicidad por parte de funcionarios de la Superintendencia de Salud con los desaciertos, negligencia y corrupción con la que Grosso gestionó a Saludos

-       No sirven funcionarios de la Superintendencia de Salud porque realizan cifras maquilladas para posibilitar su accionar.