Los que hoy aplauden delirantemente al gobierno, a las mayorías de éste en el Congreso y a la Corte Constitucional, serán los mismos que más temprano que tarde se quejarán por el descuadernamiento institucional al que se ha sometido nuestro país.

La aprobación arbitraria que la Corte hizo del procedimiento abreviado –fast track-, tendrá efectos demoledores para el futuro de Colombia.

Cuando los constituyentes de 1991 establecieron las rigurosas reglas para la aprobación de normas modificatorias de la Constitución lo hicieron pensando, precisamente, en proteger la integridad de la Carta. Un país serio no puede alterar su ley superior al vaivén de las emociones. Se requiere de 8 debates para efectos de que los cambios se lleven a cabo luego de muchas deliberaciones y reflexiones.

Ahora, con la decisión adoptada por la Corte se abrió una puerta tenebrosa que pone a nuestro país al borde del abismo institucional.

Acá se ha cometido toda suerte de abusos en nombre de la paz. Santos desconoció el sentir del pueblo que mayoritariamente se pronunció en contra del acuerdo suscrito por él y Timochenko. El Congreso se abrogó una facultad que no tiene para ratificar el documento que después del 2 de octubre fue maquillado y presentado como si fuera algo totalmente nuevo.

Ahora la Corte Constitucional, que en principio había dicho de manera clara y sin espacio para interpretaciones que el fast track sólo podía implementarse si el acuerdo era validado popularmente de manera directa, sale con la exótica y pintoresca tesis de que la refrendación a través del congreso es una modalidad de refrendación directa.

Aquello es una manipulación y una bofetada a la inteligencia. Pero va más allá, pues elimina el poder del ciudadano y de su capacidad de incidir en las decisiones que lo afecta. Así de sencillo: la Corte Constitucional le ha dado sepultura de quinta categoría a los mecanismos de participación popular.

Los colombianos dijimos NO y Santos, sus mayorías parlamentarias y los magistrados de la Corte lo desconocieron de manera alevosa y flagrante, llegando al extremo de ponerle una demoledora carga de explosivos a las bases sobre las que se erige nuestra institucionalidad constitucional.

Este episodio nos demuestra lo que vendrá en adelante. La construcción de ese nuevo Estado de transición que anuncia Timochenko y que Santos bendice con complicidad, no será otra cosa que un régimen arbitrario que se impondrá de manera ilegal, por encima de la voluntad popular. La pregunta que hoy todos nos hacemos es: ¿Santos y las Farc van a respetar el resultado electoral de 2018? Con el precedente que tenemos, no es descabellado pensar que la coalición Santos-Farc que tendrá un reducido número de votos, se pase por la faja el resultado de las urnas y, en nombre de la paz, haga otro fraude.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que el gobierno, la unidad nacional y la Corte Constitucional hicieron es dictatorial. Borraron a las físicas patadas un veredicto democrático.

El pueblo ha sido desafiado. La campaña política de 2018 arranca ya mismo. Cerraremos filas en torno a la defensa de la democracia. Será en las urnas donde nos volveremos a ver las caras, a ver si son tan caraduras de volver a hacer otro fraude.