Se trata del parágrafo tercero de la Ley 1779 de 2016, que reglamenta las zonas de concentración de las Farc y que debió tramitarse como una ley orgánica y no ordinaria -como en realidad sucedió.
Así lo dejó plasmado Ramos en la demanda radicada ante la Corte Constitucional en la que solicita que se declare la inexequibilidad de este punto relacionado con la ubicación temporal de miembros del grupo narcotraficante terrorista Farc o, en su defecto, que se declare la exequibilidad condicionada a una consulta popular en los municipios en los cuales se impusieron estas zonas. Para tal efecto, el legislador antioqueño elevó una solicitud para que se convoque a una audiencia pública, “dada la trascendencia de la actual demanda y la importancia de que tanto ciudadanos como organizaciones no gubernamentales puedan ser oídas en audiencia”, lo anterior ya que temas como estos tocan sensiblemente la seguridad nacional y el libre albedrío de los mandatarios regionales.
Teniendo en cuenta que ya han pasado más de tres meses de sancionada la iniciativa y el Gobierno Nacional no ha tomado los correctivos pertinentes, Ramos también solicitó que se realice una consulta popular “en las áreas y extensiones a delimitar para establecer en las entidades territoriales las denominadas Zonas Veredales de Normalización Transitoria”. Es decir, que no solo se pregunte a los entes territoriales en dónde se ubicarán dichas zonas, sino que se tenga en cuenta, y por sobre todas las cosas, la opinión de los habitantes de las mismas y que sean ellos quienes decidan si así lo quieren.
La demanda antecedió una constancia radicada en la plenaria del Senado que justamente denuncia lo sucedido en uno de los municipios en donde se ubicará una de estas zonas de concentración guerrillera, Dabeiba, Antioquia. Allí se viene presentando un fenómeno particular: “pareciera que el Estado colombiano no hiciera presencia. Y basta con hablar con la ciudadanía para darse cuenta de que el Gobierno y las instituciones legítimas brillan por su ausencia”. Lo anterior ya que recientemente “se realizó una marcha pagada por las Farc en el casco urbano de Dabeiba, la cual fracasó, pero quedó en evidencia que la comunidad fue obligada a trasladarse desde sus veredas para participar de la movilización”. Esto sin contar con que las Farc, con el aval del Gobierno, “impuso desde La Habana varias mini zonas de despeje – una por ejemplo en la vereda Llanogrande - en donde no podrán entrar ni la Policía Nacional ni el Ejército. Es decir, los campesinos estarán bajo la protección de nadie y simplemente se hará allí lo que las armas de las Farc permitan y obliguen”.
Precisamente para advertir sobre las peligrosas consecuencias de estas decisiones, Ramos dialogó con los habitantes del municipio de Dabeiba el fin de semana pasado cuando les explicó que pueden exigir una consulta popular para oponerse a la decisión de ubicar allí una zona de concentración. Dicha visita hace parte de la gira denominada “#QueremosConsultaPopular”, considerada como una cruzada nacional pedagógica en la que se aclara que los ciudadanos “tienen el derecho de decidir libremente en una consulta popular si quieren o no que miembros de esta organización narcotraficante y terroristas estén en su territorio”.
