Fuente Oficina de Prensa HR. Oscar Marín.
El caso de una joven de 16 años de edad, a quien su ex pareja pagó a un niño de tan solo 12 años para que le arrojara ácido en el rostro de la joven, después de que días atrás terminara su relación sentimental con el victimario, deja perpleja a toda la comunidad colombiana. Las mujeres una vez más sufren la violación de sus derechos por falta de protección judicial referente a estos casos; la situación de esta joven, es una de las pocas en las que ha existido una condena para el responsable de estos actos delincuenciales.
Atendiendo ésta problemática, el Representante a la Cámara y Presidente de la Comisión Segunda Oscar Marín radicó el 7 de Septiembre del 2011, la iniciativa para tomar medidas de protección a la integridad de víctimas de crímenes con ácido, con el fin de dar solución a la grave situación de violencia que afecta principalmente a las mujeres, teniendo en cuenta que estos delitos no se encuentran debidamente tipificados en el Código Penal vigente y que las penas en cárceles son mínimas para los responsables a pesar de los graves y permanentes daños a la integridad física, emocional y psicológica del afectado.
El Parlamentario advirtió la necesidad de combatir estos actos de violencia, agravando a través del proyecto las penas por esta clase de conductas y ofreciendo mecanismos de protección para las víctimas y sus familias, además de establecer mecanismos de control para la comercialización de estas sustancias.
El proyecto se encamina en eliminar los espacios normativos que permiten eludir la responsabilidad por estos actos y en donde los requerimientos de las personas afectadas sean plenamente satisfechos, por esa razón, incluye además del aumento de las penas de prisión y del establecimiento de multas para el victimario, se implementa una ruta integral de atención para las víctimas de ataques con ácido y se ordena que los tratamientos médicos y psicológicos, los procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán ningún costo y serán asumidos en su totalidad por el Estado.
Con la aprobación de este Proyecto de Ley, las familias y las personas directamente afectadas también se les brindarán mecanismos para proporcionar ocupación laboral o continuidad de la misma.
